REPÚBLICA ARGENTINA
CONCURSOS Y QUIEBRAS
Ley 25.563
Declárase la
emergencia productiva y crediticia hasta el 10 de diciembre de 2003. Deudores
en Concurso Preventivo. Modificación de la Ley Nº 24.522. Deuda del sector
privado e hipotecario. Disposiciones complementarias.
Sancionada:
Enero 30 de 2002.
Promulgada
parcialmente: Febrero 14 de 2002.
El Senado y
Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan
con fuerza de Ley:
CAPITULO I
DE LA
EMERGENCIA
ARTICULO 1º
- Declárase la emergencia productiva y crediticia originada en la situación de
crisis por la que atraviesa el país, hasta el 10 de diciembre de 2003. Las
modificaciones que por la presente se introducen a las leyes que aquí se
mencionan, regirán mientras dure la emergencia salvo que se establezca un plazo
menor, sin perjuicio de cumplirse y mantenerse hacia el futuro los efectos
correspondientes de los actos perfeccionados al amparo de su vigencia.
CAPITULO II
DE LOS
DEUDORES EN CONCURSO
PREVENTIVO
ARTICULO 2º
- Modifícase el artículo 43 de la Ley 24.522 el que queda redactado de la
siguiente forma:
Artículo 43:
Período de Exclusividad. Propuestas de Acuerdo. Dentro de los ciento ochenta
(180) días, desde que quede notificada por ministerio de la ley la resolución
prevista en el artículo anterior, o dentro del mayor plazo que el Juez
determine en función al número de acreedores o categorías el que no podrá
exceder los ciento ochenta (180) días del plazo ordinario establecido, el
deudor gozará de un período de exclusividad para formular propuestas de acuerdo
preventivo por categorías a sus acreedores y obtener de éstos la conformidad
según el régimen previsto en el artículo 45. Las propuestas pueden consistir en
quita o espera o ambas; entrega de bienes a los acreedores; constitución de
sociedad con los acreedores quirografarios, en las que éstos tengan calidad de
socios; reorganización de la sociedad deudora; administración de todos o parte
de los bienes en interés de los acreedores; emisión de obligaciones negociables
o debentures; emisión de bonos convertibles en acciones; constitución de
garantías sobre bienes de terceros; cesión de acciones de otras sociedades;
capitalización de créditos, inclusive de acreedores laborales, en acciones o en
un programa de propiedad participada, o en cualquier otro acuerdo que se
obtenga con conformidad suficiente dentro de cada categoría, y en relación con
el total de los acreedores a los cuales se les formulara la propuesta.
Las
propuestas deben contener cláusulas iguales para los acreedores dentro de cada
categoría, pudiendo diferir entre ellas. El deudor puede efectuar más de una
propuesta respecto de cada categoría, entre las que podrán optar los acreedores
comprendidos en ellas. El acreedor deberá optar en el momento de dar su
adhesión a la propuesta.
Las
propuestas no pueden consistir en prestación que dependa de la voluntad del
deudor.
Cuando no
consista en una quita o espera, deberá expresar la forma y tiempo en que serán
definitivamente calculadas las deudas en moneda extranjera que existiesen, con
relación a las prestaciones que se estipulen.
Los
acreedores privilegiados que renuncien expresamente al privilegio, deben quedar
comprendidos dentro de alguna categoría de acreedores quirografarios. La
renuncia no puede ser inferior al treinta por ciento de su crédito. A estos
efectos, el privilegio que proviene de la relación laboral es renunciable,
debiendo ser ratificada en audiencia ante el juez del concurso, con citación a
la asociación gremial legitimada. Si el trabajador no se encontrare alcanzado
por el régimen de convenio colectivo, no será necesaria la citación de la
asociación gremial. La renuncia del privilegio laboral no podrá ser inferior al
veinte por ciento del crédito, y los acreedores laborales que hubieran
renunciado a su privilegio se incorporarán a la categoría de quirografarios
laborales por el monto del crédito a cuyo privilegio hubieran renunciado. El
privilegio a que hubiera renunciado el trabajador que haya votado
favorablemente el acuerdo renace en caso de quiebra posterior con origen en la
falta de existencia de acuerdo preventivo, o en el caso de no homologarse el
acuerdo.
El deudor
deberá hacer pública su propuesta presentando la misma en el expediente con una
anticipación no menor a veinte (20) días del vencimiento del plazo de
exclusividad. Si no lo hiciere será declarado en quiebra.
El deudor
podrá presentar modificaciones a su propuesta original hasta el momento de
celebrarse la junta informativa prevista en el artículo 45 penúltimo párrafo.
ARTICULO 3º
- Modifícase el artículo 49 de la Ley 24.522 el que queda redactado de la
siguiente forma:
Artículo 49.
- Existencia de acuerdo. Dentro de los tres (3) días de presentadas las
conformidades correspondientes, por parte del deudor, dentro del período de
exclusividad, el Juez dictará resolución, haciendo saber la existencia de
acuerdo preventivo.
ARTICULO 4º
- Modifícase el inciso 5 del artículo 50 de la Ley 24.522, el que queda
redactado de la siguiente forma:
Inobservancia
de formas esenciales para la celebración del acuerdo. Esta causal sólo puede
invocarse por parte de acreedores que no hubieran presentado conformidad a las
propuestas del deudor.
ARTICULO 5º
- Modifícase el artículo 51 de la Ley 24.522 el que queda redactado de la
siguiente forma:
Artículo 51.
- Resolución. Tramitada la impugnación, si el Juez la estima procedente, en la
resolución que dicte debe declarar la quiebra.
Si la juzga
improcedente, debe proceder a la homologación del acuerdo preventivo.
Ambas
decisiones son apelables, al solo efecto devolutivo, en el primer caso por el
concursado y en el segundo por el acreedor impugnante.
ARTICULO 6º
- Modifícase el artículo 53 de la Ley 24.522, el que queda redactado de la
siguiente forma:
Artículo 53.
- Medidas para la ejecución. La resolución que homologue el acuerdo debe
disponer las medidas judiciales necesarias para su cumplimiento. Si consistiese
en la reorganización de la sociedad deudora, o la constitución de sociedades
con los acreedores, o con alguno de ellos, el juez debe disponer las medidas
conducentes a su formalización y fijar plazo para su ejecución, salvo lo
dispuesto en el acuerdo.
ARTICULO 7º
- Modifícase el artículo 55 de la Ley 24.522, el que queda redactado de la
siguiente forma:
Artículo 55.
- Novación. En todos los casos, el acuerdo homologado importa la novación de
todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso. Esta novación
no causa la extinción de las obligaciones del fiador ni de los codeudores
solidarios, los que quedarán obligados solamente en la extensión de la nueva
obligación nacida del acuerdo homologado.
ARTICULO 8º
- A partir de la vigencia de la presente ley se prorrogará en todos los
procesos concursales presentados con anterioridad y regidos por la Ley 24.522
el vencimiento del denominado período de exclusividad, por un plazo no menor a
ciento ochenta (180) días contados desde la fecha de vencimiento prevista o
desde la última prórroga otorgada por el Juez del concurso.
Suspéndese
desde la vigencia de la presente y por el plazo previsto en el artículo 1º de
esta ley, cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras que de
cualquier modo permitan la transferencia de control de las sociedades
concursadas o sus subsidiarias.
ARTICULO 9º
- Suspéndese por el plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la
vigencia de la presente ley en los concursos preventivos, la totalidad de las
ejecuciones judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y
prendarias de cualquier origen que éstas sean, así como también las previstas
en la Ley 24.441, en el artículo 39 del decreto-ley 15.348, en la Ley 9.643
modificada por la Ley 24.486 y las previstas en el artículo 23 de la Ley
24.522.
ARTICULO 10.
- En los casos de acuerdos concursales judiciales o extrajudiciales homologados
en los términos de la Ley 24.522, el plazo para el cumplimiento de las
obligaciones asumidas por el deudor, y sin perjuicio de lo dispuesto en el
Capítulo III se ampliará por un (1) año a contar desde que las obligaciones
homologadas en el concordato sean exigibles.
ARTICULO 11.
- Suspéndese por el plazo de ciento ochenta (180) días el trámite de los
pedidos de quiebra, dejando a salvo la posibilidad de aplicar las medidas del
artículo 85 de la ley 24.522.
ARTICULO 12.
- Acceso al crédito. El Banco Central de la República Argentina procederá a
reglamentar la eliminación de toda restricción que de cualquier modo impida,
obstaculice o encarezca el acceso al crédito de las personas físicas y/o
jurídicas concursadas. El Banco Central de la República Argentina instrumentará
una línea de redescuentos destinada a las entidades financieras que asistan a
las empresas concursadas que se encuentren en la etapa prevista en el artículo
43 de la Ley 24.522 que tenga por efecto asegurar a los concursados el acceso a
créditos y avales suficientes para formular una propuesta de acuerdo a sus
acreedores que sea considerada razonable y viable por la entidad bancaria a
cuyo cargo se encuentre la asistencia crediticia.
Las empresas
concursadas y aquellas en quiebra con continuidad empresaria, podrán contratar
libremente con el Estado nacional siempre que reúnan las condiciones exigidas
por este último.
ARTICULO 13.
- Incorpóranse como últimos párrafos del artículo 3º de la Ley 23.898, los
siguientes:
Tasa
Especial. En los procesos concursales, la tasa aplicable será del 0,75% (cero
setenta y cinco por ciento) del importe de todos los créditos verificados
comprendidos en el acuerdo preventivo. Sin embargo, cuando dicho importe supere
la suma de $ 100.000.000 la tasa aplicable será del 0,25% (cero veinticinco por
ciento) sobre el excedente.
La
Administración Federal de Ingresos Públicos concederá a los procesos
concursales, con carácter general, planes de pago de la tasa de justicia
determinada en esta ley por un plazo de hasta diez (10) años.
Invítase a
las provincias a establecer una disminución en sus respectivos regímenes
fiscales en punto a las tasas judiciales en el mismo sentido aquí normado.
ARTICULO 14.
- Incorpórase como último párrafo del artículo 266 de la Ley 24.522 el
siguiente:
Para el caso
que el monto del activo prudencialmente estimado supere la suma de cien
millones de pesos ($ 100.000.000), los honorarios previstos en este artículo no
podrán exceder el 1% del activo estimado.
CAPITULO III
DE LA DEUDA
DEL SECTOR PRIVADO E
HIPOTECARIO
ARTICULO 15.
- Las entidades financieras regidas por la Ley 21.526 y complementarias gozarán
de un plazo de noventa (90) días para proceder a la reprogramación de las
acreencias existentes al 30 de noviembre de 2001 que mantengan con los deudores
del sistema a través de un acuerdo con cada uno de ellos, celebrado en el marco
de las previsiones de la Ley 25.561.
La
reestructuración deberá contemplar los términos de quita, espera, tasa y demás
condiciones que resulten razonables a las nuevas condiciones cambiarias y de
flujo de fondos de las personas físicas o jurídicas.