Provincia
de Formosa
Constitución
de la provincia de Formosa
Sancionada
el 3 de abril de 1991
PREÁMBULO
Nos, el Pueblo de la provincia
de Formosa, a través de sus representantes, reunidos en Convención
Constituyente, con el objeto de plasmar el modelo formoseño para un proyecto
provincial, garantizar una mayor participación de los habitantes de la
Provincia, por sí y a través de las organizaciones libres del pueblo, en la
administración de la cosa pública, para constituir un estado federal moderno,
bajo la forma de gobierno representativa, republicana, democrático-participativa
y social, desde una concepción humanista y cristiana, e invocando la protección
de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos la
siguiente:
PRIMERA PARTE
CAPITULO I - Declaraciones,
derechos y garantías
ARTICULO 1º.- La provincia de Formosa, en
ejercicio de su autonomía y como parte integrante e inescindible de la Nación
Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano,
democrático-participativo y social, y se reserva para sí todos los poderes no
delegados expresamente al Gobierno Federal en la Constitución Nacional,
incluyendo a los que sean de ejercicio compartido, concurrente o
conjunto.
ARTICULO 2º.- Los límites territoriales de la Provincia son los
del ex-territorio nacional de su nombre, determinados por la ley nac. 1532, a
saber: Por el Norte, el río Pilcomayo y la línea divisoria con Bolivia; por el
Oeste, una línea con rumbo Sur, que, partiendo de la línea anterior, pase por el
Fuerte Belgrano, hasta tocar el río Bermejo, por el Sur, este río siguiéndolo
por el brazo llamado Teuco, hasta su desembocadura en el Paraguay, que la separa
de la República del mismo nombre.
Toda ley que autorice su modificación
requerirá el voto favorable de la unanimidad de los miembros que integran la
Legislatura, cuando ello signifique un desmembramiento de su
territorio.
ARTICULO 3º.- Declárase capital de la Provincia y asiento de
los órganos de su gobierno, a la ciudad de Formosa.
ARTICULO 4º.- La
soberanía reside en el pueblo de la Provincia, quien delibera y gobierna a
través de sus representantes y autoridades establecidas en esta Constitución, y
por medio del plebiscito y el referéndum, conforme con las leyes que reglamentan
su ejercicio.
ARTICULO 5º.- Los derechos, declaraciones y garantías
enumerados en la Constitución Nacional y que esta Constitución da por
reproducidos, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no
enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo, de la forma
republicana de gobierno y que corresponden al hombre en su calidad de tal, como
individuo y como integrantes de las formaciones sociales en donde desarrolla su
personalidad y busca el cumplimiento de los deberes ineludibles de solidaridad
política, económica y social.
Todo ser humano tiene derecho a la vida
desde el momento de su concepción y a su integridad física y moral. El Estado
provincial propenderá a la concientización de las responsabilidades inherentes a
la generación de la vida.
ARTICULO 6º.- El Gobierno provincial
promueve:
1. Un federalismo de integración y concertación que facilite el
desarrollo armónico de la Provincia y la Nación.
2. Una equitativa y
eficiente distribución de competencias entre el Estado provincial y el Nacional,
para afirmar el poder de decisión de éste en las facultades que le han sido
delegadas.
3. La descentralización geográfica y administrativa de las
empresas del Estado federal, su asentamiento en la Provincia o la región donde
realizan su principal actividad y la participación de éstas en la dirección y
explotación de aquéllas.
4. La federalización del sistema financiero a
fin de orientar el ahorro provincial a la inversión productiva local.
5.
La revisión de la relaciones con la Nación en materia de coparticipación
impositiva y de las políticas económicas, financieras y aduaneras.
6. La
compatibilización de las acciones que, en los ámbitos económico-social y
cultural, realicen entes públicos nacionales con las que, de igual carácter,
cumplen los organismo del Estado provincial.
7. El acceso y participación
de la Provincia en estudios, planes y decisiones de la administración federal, y
el control de su ejecución cuando se encuentren comprometidos sus legítimos
intereses.
8. La realización de gestiones y acuerdos en el orden
internacional con fines de satisfacer sus objetivos e intereses, sin perjuicio
de las facultades del gobierno federal en la materia.
ARTICULO 7º.- Todo
representante provincial ante el Gobierno, Congreso o Convención Constituyente
Nacionales, así como ante organismos federales, regionales o interprovinciales,
propenderá a desarrollar las acciones pertinentes para la defensa,
instrumentación y cumplimiento de las cláusulas federales del art. 6º y de los
principios y normas sancionados en esta Constitución.
ARTICULO 8º.- La
causa Malvinas constituye para la provincia de Formosa una causa nacional
irrenunciable e imprescriptible.
ARTICULO 9º.- Todos los habitantes de la
Provincia son, por su naturaleza, libres, independientes e iguales en dignidad y
en derecho.
Queda prohibida toda discriminación por razones de raza,
lengua o religión.
ARTICULO 10.- Es inviolable el derecho que toda
persona tiene de expresar libremente sus ideas y opiniones y de difundirlas por
cualquier medio, sin censura de ninguna clase. Ninguna ley, ni autoridad, podrán
restringir la libre expresión y difusión de las ideas, ni trabar, impedir, ni
suspender por motivo alguno, el funcionamiento de los talleres tipográficos,
difusoras radiales y medios idóneos para la emisión y propagación del
pensamiento, ni secuestrar sus maquinarias o enseres, ni clausurar sus locales.
Aquel que abusare de este derecho será responsable de los delitos comunes en que
incurriere a su amparo y de la lesión que causare a quienes resultaren
afectados.
Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho al
libre acceso a las fuentes de información.
ARTICULO 11.- Queda
terminantemente prohibido el acaparamiento de las existencias de papel y el
monopolio de cualquier medio de difusión por parte de los organismos
gubernamentales o grupos económicos de cualquier naturaleza, así como la
financiación de tales empresas, por medio de fuentes económicas que, como las
subvenciones secretas o la publicidad comercial condicionada, coarten, por
omisión o deformación de la verdad, la libre expresión de la noticia y el
comentario.
ARTICULO 12.- La libertad de expresión comprende también el
derecho de las publicaciones a obtener los elementos necesarios a tal fin y la
facultad que tiene toda persona a la réplica o rectificación ante una referente
o información susceptible de afectar su reputación personal, la que deberá
publicarse gratuitamente, en igual forma y con el mismo medio utilizado. Una ley
especial asegurará la protección debida a toda persona o entidad contra los
ataques a su honra, reputación, vida privada y familiar, cuando ésta sea
lesionada por cualquiera de los medios de difusión de las ideas del pensamiento,
determinado en el art. 10.
ARTICULO 13.- El domicilio es el asilo
inviolable de las personas; nadie podrá penetrar en él sin permiso de su dueño,
salvo por orden escrita y fundada de juez competente, y nunca después de las
diecinueve, ni antes de las siete horas, salvo para socorrer las víctimas de un
crimen o accidente. La ley determinará las formalidades y los casos en que puede
procederse al allanamiento.
ARTICULO 14.- Los papeles particulares, la
correspondencia epistolar y las comunicaciones telegráficas, telefónicas,
cablegráficas o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá
hacerse su registro, examen o interceptación, sino conforme a las leyes que se
establecieren para casos limitados y concretos.
Los que sean sustraídos o
recogidos contra las disposiciones de aquéllas no podrán ser utilizados en
procedimientos judiciales ni administrativos.
ARTICULO 15.- Ninguna
persona puede ser detenida sin orden escrita de juez competente, fundada en
semiplena prueba o indicio vehemente de la comisión de un hecho punible, salvo
caso de flagrante delito, en que podrá ser aprehendida por cualquier habitante y
conducida inmediatamente ante la autoridad respectiva. Todo arrestado o detenido
será notificado de la causa de su detención dentro de las veinticuatro horas; en
el mismo plazo deberá darse aviso al juez competente, poniéndoselo a su
disposición con los antecedentes del hecho que lo motiva.
ARTICULO 16.-
Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. La Provincia
está obligada a proveer a la defensa del habitante, sin recursos o incapacitado.
En ningún caso los defensores de quienes se hallaren amenazados en su libertad o
privados de ella podrán ser molestados con motivo del ejercicio de la defensa,
ello sin perjuicio del poder disciplinario de los jueces. Tampoco, por igual
motivo, podrán allanarse sus domicilios o locales profesionales.
ARTICULO
17.- Toda persona detenida sin orden emanada en legal forma de autoridad
competente, por juez incompetente o por cualquier o por cualquier autoridad o
individuo, o a quien arbitrariamente le negare, privare, restringiere o
amenazare en su libertad o en el ejercicio de sus derechos individuales, con
exclusión de los patrimoniales, podrá por sí o por terceros en su nombre, sin
necesidad de mandato, valiéndose de cualquier medio de comunicación y a
cualquier hora, promover acción de hábeas corpus ante un juez letrado inmediato,
sin distinción de fueros ni de instancias, y aunque formare parte del tribunal
colegiado, a fin de obtener que ordene su libertad, o que lo someta a juez
competente o que haga cesar inmediatamente la supresión, privación, restricción
o amenazas en su libertad o en el ejercicio de sus derechos individuales. El
juez del hábeas corpus ejercerá su potestad jurisdiccional por sobre todo poder
o autoridad pública. La acción del hábeas corpus podrá instaurarse sin ninguna
formalidad procesal. Toda vez que se tratare de amparar la libertad física, el
juez hará comparecer a la persona afectada y al autor de la afectación dentro de
las veinticuatro horas.
Examinará el caso y hará cesar inmediatamente la
afectación si ésta no proviniere de autoridad competente o si no cumplimentare
los recaudos constitucionales y legales. Dispondrá asimismo las medidas
correspondientes a la responsabilidad de quien expidió la orden y ejecutó el
acto. Cuando un juez tuviere conocimiento de que alguna persona se hallare
arbitrariamente detenida, confinada en su libertad por un funcionario o por un
particular, podrá expedir de oficio el mandamiento de hábeas corpus. Una ley
especial reglamentará las formas sumarísimas de hacer efectiva esta garantía.
Ningún juez podrá denegar la acción de hábeas corpus fundado en el hecho de no
haberse sancionado la ley reglamentaria, en cuyo caso deberá arbitrar las
medidas adecuadas para hacer efectiva esta garantía. Todo funcionario o
empleado, sin excepción de ninguna clase, está obligado a dar inmediato
cumplimiento a las órdenes que impartiere el juez del hábeas corpus. La ley
establecerá las penalidades que correspondiere a quienes rehusaren o descuidaren
su cumplimiento. Procederá esta acción en los casos de agravación ilegítima de
la forma y condiciones en que se cumple la privación de libertad, sin perjuicio
de las facultades propias del juez del proceso, si lo hubiere.
ARTICULO
18.- En ningún caso, la simple detención se cumplirá en las cárceles sino en
locales adecuados que se destinen a ese efecto; las mujeres y menores serán
alojados en establecimientos especiales, con miras a su preservación y
readaptación.
Las cárceles y demás establecimientos de detención serán
sanas y limpias, para la seguridad y no para mortificación de los reclusos,
debiendo constituir centros de trabajo y aprendizaje. En ningún caso los
procesados serán enviados a establecimientos fuera del territorio de la
Provincia.
ARTICULO 19.- Queda prohibida toda especie de tormentos,
torturas y vejámenes, bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las
responsabilidades penales en que incurran los funcionarios o empleados que las
apliquen, ordenen, instiguen o consientan.
ARTICULO 20.- Nadie puede ser
obligado en causa penal o penal administrativa a declarar contra sí mismo, ni
contra su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y colaterales hasta el cuarto
grado de consanguinidad, ni penado más de una vez por el mismo delitos, ni
sacado de sus nueces naturales, ni juzgado por comisiones especiales, ni
encarcelado por incumplimiento de obligaciones en causa civil.
ARTICULO
21.- Queda abolido el secreto del sumario desde el momento en que el imputado ha
prestado declaración indagatoria, la que no podrá prolongarse por un término
mayor de cinco días desde su detención si éste no se negare a prestarla. La
incomunicación de los detenidos queda limitada a cuarenta y ocho horas como
máximo, en los casos excepcionales que la ley autorice. Sólo podrán aplicarse
con efecto retroactivo las leyes penales más favorables al imputado. En ningún
caso serán de aplicación por analogía las leyes que califiquen delitos o
establezcan penas. Queda suprimido el sobreseimiento
provisional.
ARTICULO 22.- No podrán reabrirse procesos definitivamente
juzgados, salvo cuando apareciesen pruebas concluyentes de la inocencia del
condenado. Si de la revisión de una causa resultare la inocencia del condenado,
la Provincia tomará a su cargo la indemnización de los daños materiales y
morales derivados del error judicial, sin perjuicio de la responsabilidad que
pudiera recaer sobre quienes lo hubieren cometido.
ARTICULO 23.-
Procederá el recurso de amparo contra cualquier persona o autoridad que
ilegalmente impidiere, dificultare, restringiere o pusiere en peligro inminente
el ejercicio de los siguientes derechos: Entrar, permanecer, transitar o salir
del territorio de la Provincia, reunirse pacíficamente, opinar, profesar su
culto, ejercer sus derechos políticos, de prensa, de trabajar, y de enseñar y
aprender. El procedimiento será el establecido por la ley y, mientras no fuere
sancionada, podrá el juez arbitrar y abreviar trámites y términos para el
inmediato restablecimiento del ejercicio legítimo del derecho
afectado.
Este recurso no obstará el ejercicio de otras acciones legales
que correspondieren.
ARTICULO 24.- El registro del estado civil de las
personas será uniformemente llevado en toda la Provincia por la autoridades
civiles, sin distinción de nacionalidad ni creencias religiosas, y en la forma
que lo establezca la ley.
ARTICULO 25.- Todo funcionario o empleado de la
Provincia a quien se impute la comisión de un delito de acción pública en el
desempeño de su cargo, está obligado bajo pena de destitución, a promover
querella criminal contra el acusador y a continuarla hasta la sentencia. Para la
tramitación de esta querella, gozará del beneficio del proceso
gratuito.
Los funcionarios y empleados serán personalmente responsables
por los daños causados a la Provincia, o a terceros, por extralimitación o
cumplimiento irregular de sus funciones.
ARTICULO 26.- Los poderes
públicos no podrán delegar las facultades que le han sido conferidas por esta
Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente le
están acordadas por ella. Tampoco podrán renunciar a las que expresamente no
hayan sido delegadas al gobierno federal, conforme a la Constitución
Nacional.
ARTICULO 27.- Todos los habitantes de la Provincia tienen el
derecho de reunirse pacíficamente, sin más requisito que el de dar aviso a la
autoridad policial cuando la reunión se efectúe en lugares públicos a fin de que
ésta arbitre las medidas tendientes a preservar la seguridad y el orden. En
ningún caso podrá ser prohibida, sino por motivo fundado de seguridad y orden
público.
ARTICULO 28.- En ningún caso el Gobierno de la Provincia podrá
suspender, en el todo o en alguna de sus partes, la vigencia de esta
Constitución.
A partir de la sanción de la presente Constitución, toda
alteración de la misma, dispuesta por un poder no constituido regularmente, será
nula.
Todo el que se alzare contra las autoridades legítimamente
constituidas o intentare alterar, suprimir o reformar la presente Constitución,
fuera de los procedimientos en ella previstos, quedará inhabilitado a
perpetuidad para ejercer cargos públicos, sin perjuicio de las acciones civiles
y penales que le fueren aplicables.
El no acatamiento de las órdenes o
actos de usurpadores del gobierno de la Provincia será legítimo.
Todo
habitante está obligado a organizarse en defensa del orden
constitucional.
Quienes, en esas circunstancias, ejercieren las funciones
previstas para las autoridades de esta Constitución quedan inhabilitados para
ocupar cargos o empleos públicos.
A los fines previsionales, no se
computará el tiempo de sus servicios, ni los aportes que, por tal concepto,
hubieren realizado.
ARTICULO 29.- La libertad de trabajo, industria y
comercio son derechos asegurados a todos los habitantes de la Provincia, siempre
que no tengan por fin dominar los mercados provinciales, eliminar la competencia
o aumentar usurariamente los beneficios.
ARTICULO 30.- Ninguna autoridad
de la Provincia tiene facultades extraordinarias, ni puede pedirlas, ni se le
concederán por motivo alguno.
ARTICULO 31.- Es inviolable, en el
territorio de la Provincia, el derecho que toda persona tiene para rendir culto
a su Dios, libre y públicamente, según los dictados de su conciencia y sin más
limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres y el orden
público.
Las creencias religiosas no constituyen circunstancias
modificatorias de la personalidad civil o política de ninguno de los habitantes
de la Provincia. No se obligará tampoco, por motivo alguno, a declarar la
religión que profesa.
El Estado provincial mantiene relaciones de
autonomía y cooperación con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, según su
tradición histórica y cultural, y con los demás cultos reconocidos, cuyos
objetivos sean el bien común.
ARTICULO 32.- En caso de intervención del
gobierno federal, el representante nacional sólo podrá practicar válidamente
actos administrativos que estén de acuerdo con esta Constitución y con las leyes
provinciales.
ARTICULO 33.- Siempre que una ley u ordenanza imponga a un
funcionario público o corporación pública de carácter administrativo un deber
expresamente determinado, toda persona o entidad en cuyo interés deba ejecutarse
el acto y que sufriere perjuicio material, moral o político; por falta de
cumplimiento del deber, puede demandar ante los tribunales su ejecución
inmediata, y el tribunal, previa comprobación sumaria de la obligación legal y
del derecho del reclamante, dirigirá al funcionario o corporación un mandamiento
de ejecución.
ARTICULO 34.- La Provincia, como persona de derecho
,público, puede ser demandada ante sus propios tribunales, sin necesidad de
autorización del Poder Legislativo, por el procedimiento que la ley establezca,
no pudiendo exceder de noventa días perentorios los trámites administrativos
previos.
Cuando sea demandada como persona de derecho privado, lo será
por el procedimiento ordinario. No podrá trabarse embargo en bienes o fondos
indispensables para el cumplimiento de servicios públicos.
ARTICULO 35.-
No se admitirán otras inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública o
gremial que las que surjan de esta Constitución y de las leyes que en su
consecuencia se dicten.
ARTICULO 36.- La Provincia garantiza el
funcionamiento de las organizaciones libres del pueblo, sujetas a las leyes que
las reglamenten.
El Estado formoseño propende, como objetivo primordial
de su organización social, a que todos los sectores que integran la comunidad
provincial trabajen en pos de la felicidad del Pueblo y la grandeza de la
Provincia y de la Patria.
ARTICULO 37.- La Provincia podrá conferir el
gobierno de las profesiones y el control de su ejercicio a las entidades que se
organicen con el concurso de todos los profesionales de la actividad, en forma
democrática y pluralista, conforme con las bases y condiciones que establezca la
ley.
Tendrán la defensa y promoción de sus intereses específicos y
gozarán de las atribuciones que la ley estime necesarias para el desempeño de
sus funciones, con arreglo a los principios de la ética profesional, sin
perjuicio del poder de policía que compete al Estado.
ARTICULO 38.- Todos
los habitantes tienen derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona humana, así como el deber de conservarlo.
Es
obligación de los poderes públicos proteger el medio ambiente y los recursos
naturales, promoviendo la utilización racional de los mismos, ya que de ellos
dependen el desarrollo y la supervivencia humana.
Para ello se dictarán
normas que aseguren:
1. El mantenimiento de los procesos ecológicos
esenciales, la preservación de la diversidad genética, y la protección,
recuperación y mejoramiento del medio ambiente.
2. La compatibilidad de
planificación económica, social y urbanística de la Provincia, con la protección
de los recursos naturales, culturales y del patrimonio histórico y
paisajístico.
3. La absoluta prohibición de realizar pruebas nucleares, y
el almacenamiento de uranio o cualquier otro mineral radiactivo y de sus
desechos, salvo los utilizados en investigación, salud y los relacionados con el
desarrollo industrial, cuya normativa se ajustará a lo establecido por los
organismos competentes.
Todos los recursos naturales radiactivos, cuya
extracción, elaboración o utilización puedan alterar el medio ambiente, deberán
ser objeto de tratamientos específicos a efectos de la conservación del
equilibrio ecológico.
4. El correcto uso y la comercialización adecuada
de biocidas, agroquímicos y otros productos que puedan dañar el medio
ambiente.
5. La protección de la flora y la fauna silvestre, así como su
restauración.
6. El adecuado manejo de las aguas, tanto superficiales
como subterráneas, protegiéndolas de todo tipo de contaminación o degradación,
sea química o física.
7. La prevención y control de la degradación de los
suelos.
8. El derecho de gozar de un aire puro, libre de contaminantes
gaseosos, térmicos o acústicos.
9. La concientización social de los
principios ecológicos.
10. La firma de acuerdos con la Nación, provincias
o países limítrofes cuando se trate de recursos naturales
compartidos.
11. La implementación de medidas adecuadas tendientes a la
preservación de la capa de ozono.
CAPITULO II - Régimen
económico
ARTICULO 39.- El Estado regulará el proceso económico
orientando las distintas actividades, de acuerdo con los principios establecidos
en esta Constitución. A tales efectos elaborará una adecuada planificación que
será indicativa para el sector privado, e imperativa para los diversos
estamentos públicos propendiendo a un desarrollo armónico y equilibrado de la
Provincia, facilitando la integración regional y ejecutando programas y acciones
que contemplen sus potencialidades y su ubicación geopolítica.
La
Provincia participa en los sistemas de planeamiento regional, federal e
internacional.
ARTICULO 40.- El Estado encauzará la economía de la
Provincia mediante una legislación adecuada y fomentará la explotación racional
de sus recursos naturales, el crédito, las industrias, el consumo, el
intercambio al servicio de la colectividad y el bienestar social asegurando el
imperio del método democrático en la regulación planificada de la producción,
circulación y distribución de la riqueza, de acuerdo con las siguientes
bases:
1. Estímulo y protección a la iniciativa privada, en su realidad
creadora.
2. Distribución equitativa de la tierra, considerada como bien
de trabajo, a los fines de su explotación racional, a un precio justo en
relación con su rendimiento.
3. Promoción de las industrias, procurando
su diversificación y su instalación preferentemente en los centros de producción
de materia prima.
4. Fomento de las instituciones cooperativas con fines
de protección a los pequeños productores y estímulo del seguro agrario contra
todo riesgo.
5. Otorgamiento de créditos de fomento a los productores
rurales, orientados y supervisados.
6. Defensa de su producción básica
contra la acción de monopolios y trusts, pudiendo el Estado intervenir en
cualquier etapa del circuito económico, para restablecer y posibilitar el juego
armónico de las fuerzas del mercado. Fomento de su industrialización dentro de
su propio territorio, promoviendo la comercialización de sus productos, en base
a estudios de mercados regionales, nacionales e internacionales.
7.
Fijación, por ley especial, de las condiciones en que se hará la reserva, venta
o concesión de tierras que se encuentran en las zonas de influencia de obras de
aprovechamiento hídrico.
8. Gestión a nivel nacional de establecimientos
de zonas francas cuando la estrategia del desarrollo determine la
conveniencia.
ARTICULO 41. - Se dictarán leyes especiales tendientes
a:
1. El otorgamiento de créditos a los distintos sectores de la
economía, estimulando principalmente la formación y evolución de las pequeñas y
medianas empresas, Prioritariamente se utilizará el sistema de crédito de
fomento, planificado, orientado y supervisado. Se podrá crear un fondo de
promoción con carácter permanente, previéndose un porcentaje en el presupuesto
provincial.
2. La promoción industrial incentivando la radicación de
industrias de transformación de materias primas en la zona de
producción.
3. El fomento de las cooperativas, mutuales y asociaciones;
fundaciones y demás instituciones que estén basadas en principios de solidaridad
social, cualquiera sea la actividad. El Estado asegura una adecuada orientación,
asistencia y fiscalización.
4. El estímulo y promoción al
turismo.
5. Agilizar e incrementar el comercio fronterizo en coordinación
con las políticas nacionales, en búsqueda de una expansión e integración
regional e internacional.
ARTICULO 42.- La Provincia promoverá e
intensificará la construcción, consolidación y expansión de las redes
ferrocamineras, fluviales, eléctricas, de comunicaciones, de gasoductos, de
sistemas de agua, parques industriales y toda infraestructura económica básica
tendiente a afianzar su economía productiva, favoreciendo el desarrollo armónico
de su interior y la integración provincial, regional, nacional e
internacional.
ARTICULO 43.- Los servicios públicos corresponden,
originariamente, a la provincia o a los municipios, y la explotación puede ser
efectuada por el Estado, por cooperativas, sociedades con participación estatal
o por particulares. La ley establecerá la forma de explotación de los mismos y
el control de su prestación, de acuerdo con las características y naturaleza de
cada servicio y a la eficiencia en su cumplimiento.
ARTICULO 44.- La
Provincia estimulará el aumento real del ahorro y propiciará la creación o
radicación de bancos e instituciones de crédito, especialmente aquellos que
orienten sus actividades al fomento agroindustrial.
ARTICULO 45.- La
Provincia considera la tierra rural fiscal como factor de producción y fomentará
su adjudicación a quien la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la
concentración de la propiedad.
Es legítima la privatización en función
social de la tierra y constituye un derecho para todos los habitantes de acceder
a ella. Se propenderá la ejecución de planes de colonización.
La ley
establecerá las condiciones de manejo de la tierra pública como recurso natural
renovable. Promoverá la adjudicación mediante ofrecimiento público de las
tierras libres de ocupantes.
La unidad productiva máxima será de cinco
mil hectáreas, salvo excepciones que precisarán de una ley especial que las
justifique.
ARTICULO 46.- La Provincia procederá a efectuar el
relevamiento de los recursos naturales renovables y no renovables, para la
realización de los estudios que permitan la conformación de las distintas
unidades de producción zonal.
ARTICULO 47.- Las tierras rurales, urbanas
y suburbanas podrán ser expropiadas por causa de utilidad pública, calificada
por ley y previamente indemnizadas.
También podrán expropiarse aquellos
inmuebles que no cumplan con la función social que esta Constitución asigna a la
tierra. En este supuesto, la ley que lo disponga requerirá el voto de los dos
tercios de los miembros de la Legislatura.
ARTICULO 48.- Todos los
bienes, cualquiera sea su naturaleza, ubicados en el territorio de la Provincia
son del dominio de ésta, con excepción de los que pertenezcan a la Nación,
municipalidades u otras personas o entidades de derecho público o privado, y los
pertenecientes a comunidades aborígenes.
ARTICULO 49.- La Provincia
promoverá el aprovechamiento racional de los bosques, teniendo en cuenta la
necesidad de supervivencia, conservación y mejoramiento de las especies, la
reposición de aquellas de mayor interés económico y la forestación de zonas de
producción; tomando estas funciones a su cargo directo, en los casos de las
variedades que, por sus peculiaridades, difícilmente puedan estar al alcance de
la acción privada.
La ley reglamentará la entrega de las superficies
boscosas a la explotación privada, estableciendo el régimen de concesiones y
sobre superficies que en ningún caso sean mayores de dos mil quinientas
hectáreas de bosques, las que serán adjudicadas por licitación.
ARTICULO
50.- El Estado provincial y los particulares tienen la obligación de combatir
por todos los medios idóneos las plagas vegetales y animales, especialmente
aquellas que afecten el normal rendimiento de la tierra.
ARTICULO 51.- La
Provincia ejercerá la plenitud del dominio exclusivo, imprescriptible e
inalienable sobre los recursos minerales, incluyendo los hidrocarburíferos, las
fuentes de energía hidráulica, solar, eólica, geotérmica, nuclear y toda otra
que exista en su territorio, con excepción de la vegetal. El aprovechamiento
podrá realizarlo por sí o por convenio con la Nación, con otros países, con
otras provincias, con particulares, con empresas, públicas o privadas, ya sea en
lo referente a su prospección, exploración, explotación, industrialización,
transporte y comercialización, reservando para sí el derecho de fiscalizar todas
las etapas de aprovechamiento del recurso.
El Estado propiciará la
industrialización y aprovechamiento más conveniente en territorio provincial, y
que el producto de las explotaciones derivadas de hidrocarburos se destine al
desarrollo de la economía, atendiendo preferentemente las zonas afectadas por la
actividad extractiva y privilegiando la atención de los grupos humanos con
mayores necesidades sociales.
La política provincial de aprovechamiento
de hidrocarburos y demás recursos naturales será coordinada con la de la Nación,
en atención a los intereses respectivos.
ARTICULO 52.- La Provincia
ratifica los derechos de condominio público sobre los ríos limítrofes a su
territorio. En tal carácter, podrá concertar con sus similares y países
ribereños tratados sobre el aprovechamiento de las aguas de dichos ríos, sin
perjuicio de las facultades del Estado Nacional en materia de navegación y
comercio interprovincial e internacional.
ARTICULO 53.- La Provincia debe
procurar el aprovechamiento integral y el uso racional del agua, respetando las
prioridades que derivan de las necesidades de consumo de la población y el
desarrollo del sector primario e industrial. Un Código de Aguas reglamentará
todo lo atinente a este recurso.
CAPITULO III - Régimen
financiero
ARTICULO 54.- La Provincia financia los gastos de su
administración, tanto con fondos propios y con los obtenidos de la Nación, en
virtud de su participación de los impuestos y acuerdos especiales; como con los
de la actividad económica que realiza, servicios que presta y enajenación o
locación de bienes de dominio fiscal, impuestos, contribuciones y tasas que
imponga, debiendo éstos responder a los principios de equidad, igualdad,
proporcionalidad y progresividad.
ARTICULO 55.- La Legislatura, al dictar
las leyes de carácter tributario, propenderá a la eliminación de los impuestos
que incidan sobre los artículos de primera necesidad y la vivienda familiar
propia de tipo económico.
ARTICULO 56.- Las leyes de impuestos
permanentes son susceptibles de revisión anual.
ARTICULO 57.- Los fondos
provenientes de impuestos transitorios creados especialmente para cubrir gastos
determinados o amortizar operaciones de créditos, se aplicarán exclusivamente al
objeto previsto y su recaudación cesará tan pronto como éste quede
cumplido.
ARTICULO 58.- La Provincia no podrá celebrar tratados o
convenios con la Nación u otras provincias, mediante los cuales se desprenda de
sus derechos originarios de gravar o percibir impuestos que le son privativos
por su condición de tal.
ARTICULO 59.- La valuación de los bienes
inmobiliarios particulares, con fines impositivos; se hará en toda la Provincia
periódicamente y por ley especial.
ARTICULO 60.- La Provincia participará
y coordinará con la Nación la distribución de los ingresos que provengan de la
coparticipación de los gravámenes emergentes de facultades concurrentes;
sosteniendo, para una parte de la masa coparticipable, el criterio de mayor
participación en función directa a la brecha de desarrollo relativo, en todo
acuerdo o legislación tributaria.
La Provincia podrá establecer sistemas
de cooperación, administración y fiscalización conjunta de los gravámenes con el
Estado Nacional, las demás provincias y los municipios.
ARTICULO 61.- El
régimen tributario gravará, preferentemente, las tierras libres de mejoras y
aquellas que, de acuerdo con su clasificación y destino, se encuentran total o
parcialmente inexplotadas; la renta y el patrimonio, y todo otro concepto que la
ley establezca. Podrá establecer desgravaciones, por tiempo determinado, de las
actividades que coadyuven al crecimiento económico y social. Las actividades
culturales estarán exentas de gravámenes.
ARTICULO 62.- El presupuesto
general de la Provincia preverá los recursos pertinentes; explicitando sus
objetivos y finalidades, autorizará las inversiones y gastos; y fijará el número
de agentes públicos.
El presupuesto provincial se aprobará anualmente,
incluyendo el plan de obras públicas, cuya ejecución podrá proyectarse por más
de un ejercicio económico.
La falta de sanción de la ley que apruebe el
presupuesto, al fenecer la vigencia del anterior, implica la reconducción
automática de los créditos aprobados en este último, con excepción de aquéllos
cuya finalidad haya concluido.
Las empresas del Estado se rigen por sus
propios presupuestos. Las leyes especiales que dispongan o autoricen gastos
deben indicar el recurso correspondiente y ser incorporados al presupuesto
general.
El Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas
remitirán al Poder Ejecutivo sus respectivos presupuestos, con una anticipación
de treinta días del plazo fijado para la presentación del presupuesto general al
solo efecto de su incorporación.
ARTICULO 63.- Las bancas oficiales de la
Provincia de Formosa o de los municipios podrán adoptar diversas formas
jurídicas con participación mayoritaria del capital del Estado, y serán agentes
financieros de todos los entes públicos provinciales o
municipales.
Asimismo, actuarán como órganos ejecutores de la política
crediticia que fije el Estado y canalizarán el ahorro público en inversiones
para el desarrollo de la economía.
Las bancas oficiales valorarán, en los
créditos de fomento a los productores agropecuarios, su capacidad de trabajo y
solvencia moral.
ARTICULO 64.- El Estado se reserva el derecho a no
celebrar contrato alguno con co-contratantes que se encuentren en mora en el
cumplimiento de sus obligaciones, previsionales, sindicales o sociales; salvo
caso de acogimiento a planes de regularización con las modalidades que la ley
respectiva determine. En todos los casos, el tratamiento con los co-contratantes
será igualitario.
ARTICULO 65.- El Estado provincial puede contraer
empréstitos sobre el crédito general de la Provincia, emitir títulos públicos y
realizar operaciones de créditos para el financiamiento de obras públicas,
reformas agrarias, crecimiento económico y social o para atender gastos
originados por catástrofes y otras necesidades excepcionales o de extrema
urgencia.
La autorización, el destino de los fondos y los recursos
afectados para el pago de amortización del capital e intereses de la deuda serán
determinados por ley sancionada por los dos tercios de votos del total de los
miembros del Poder Legislativo; y en ningún caso podrá excederse del veinticinco
por ciento de la renta de la Provincia, a cuyo efecto se debe tener como base de
cálculo, el menor de los ingresos anuales ordinarios de los tres últimos años,
considerados a valores constantes.
No podrán aplicarse los recursos a
otros destinos que los establecidos por la ley que los autorice.
ARTICULO
66.- El Estado creará el Fondo Provincial Algodonero que promoverá dicho sector,
cuyo objetivo principal es asegurar el precio del algodón al productor y mejorar
las condiciones de su comercialización.
El Fondo se formará mediante la
aplicación del porcentaje que se establezca sobre el impuesto directo a la
comercialización del algodón en bruto, y por otros recursos de origen provincial
o nacional que establezca la ley. Será recaudado por el Banco de la Provincia y
depositado en cuenta especial, no pudiendo destinarse a otro fin.
Deberá
estar administrado por el Estado provincial con participación de los
productores.
ARTICULO 67.- El Estado propenderá a la creación del Fondo
Provincial de Colonización, cuyo destino específico será el apoyo, orientación y
planificación de la actividad primaria a efectos de lograr estabilidad en la
población rural; la incorporación de nuevas tierras a la explotación
agropecuaria mediante la compra de predios de propiedad privada o mejoras
existentes en los fiscales; la generación y transferencia de tecnología, y la
promoción de las distintas regiones por medio de adecuadas políticas
específicas, según su ubicación geográfica.
Los recursos del Fondo
Provincial de Colonización serán inembargables por causas ajenas a su actividad,
y no podrán invertirse ni distraerse para otra finalidad distinta de la de su
creación.
CAPITULO IV - Régimen social
ARTICULO 68.- La
Provincia protege a la familia como célula base de la sociedad establecida,
organizada y proyectada a través del afecto, facilitando su constitución y el
logro de sus fines culturales, sociales y económicos. A este efecto:
1.
Regulará el régimen impositivo y fiscal, para la protección del núcleo
familiar.
2. Promoverá medidas que hagan posible la formación del
patrimonio familiar.
3. Establecerá el bien de familia como institución
social, cuyo régimen será determinado por ley, sobre la base de la
inembargabilidad de la vivienda familiar, sus muebles y los demás elementos
necesarios para el trabajo intelectual o manual.
4. Permitirá a la
familia, a través de su legislación, medios e instituciones, la educación de sus
hijos de acuerdo con las propias tradiciones, valores religiosos y
culturales.
5. Preservará la estabilidad del vínculo afectivo familiar, y
su intimidad.
6. Ayudará a la familia en el ejercicio de su
responsabilidad, en el campo de la transmisión de la vida.
ARTICULO 69.-
La familia tiene el derecho y obligación de proteger al niño en forma integral.
El Estado lo ampara, especialmente, al desprotegido y carenciado.
Asume
la responsabilidad subsidiaria y preventiva, particularmente, sobre niños que se
encuentren bajo cualquier forma de discriminación o ejercicio abusivo de
autoridad familiar o de terceros.
En caso de desamparo, corresponde al
Estado proveer dicha protección, en la forma directa o a través de institutos
con personal especializado, y con vocación de servicio, u hogares sustitutos,
sin perjuicio de la obligación de subrogarse en el ejercicio de las acciones
para demandar los aportes correspondientes a los familiares obligados. El Estado
creará y estimulará la formación de asociaciones intermedias o fundaciones
destinadas a tales fines. Asimismo, resguardará al niño de los efectos
perniciosos de los medicamentos, la drogadicción, la corrupción, el alcoholismo
y el tabaquismo, y emitirá por los medios de comunicación mensajes pacíficos y
orientados a su formación, en base a los valores de la argentinidad, solidaridad
y amistad.
ARTICULO 70.- El Estado promueve el desarrollo integral de los
jóvenes, procura su perfeccionamiento y su aporte creativo.
Propende a
lograr su plena formación cultural, intelectual, cívica y laboral, que
desarrolle la conciencia nacional y facilite su participación efectiva en las
actividades comunitarias y políticas.
ARTICULO 71.- El Estado propiciará
para las personas de la tercera edad una protección integral que las revalorice
como activos protagonistas de esta sociedad.
En caso de desamparo
corresponde al Estado provincial dicha protección, ya sea en forma directa o por
intermedio de institutos y fundaciones creados o por crearse, con estos fines:
Atención de carácter familiar; establecimientos especiales organizados con fines
preventivos; hogares o centros de día; asistencia integral domiciliaria; acceso
a la vivienda a través del crédito de ampliación, de adjudicación en propiedad o
en comodato de por vida, asignando un porcentaje de las viviendas que se
construyan con fondos nacionales, provinciales y municipales; promover su
reinserción laboral con fines de laborterapia y aprovechamiento de su
experiencia y capacitación, la cual será reglamentada por una ley para el justo
goce de dicho derecho.
ARTICULO 72.- Los discapacitados tienen
derecho:
1. A la protección integral del Estado, ya sea en forma directa
o por intermedio de los institutos y fundaciones creadas o por crearse para ese
fin.
2. A la atención en establecimientos especiales de tratamiento
preventivo, teniendo el Estado el contralor de los objetivos trazados.
3.
A la promoción de políticas que desarrollen la conciencia social y la
solidaridad respecto de ellos.
ARTICULO 73.- El Estado garantiza a la
mujer y al hombre la igualdad de derechos en lo cultural, económico, político,
social y familiar, respetando sus características
sociobiológicas.
Brindará especial amparo a las madres solteras,
desprotegidas. Implementará guarderías maternales zonales en forma directa o a
través de entidades competentes.
La Provincia considera importante la
labor del ama de casa y su aporte a la comunidad, la Legislatura dictará normas
en consecuencia, y cuando éstas impliquen erogaciones se deberá prever un
financiamiento que afecte el equilibrio del tesoro provincial.
ARTICULO
74.- El Estado reconoce a los consumidores y usuarios el derecho de organizarse
en defensa de sus legítimos intereses. Los protege contra actos de deslealtad
comercial, y vela por la salubridad y calidad de los productos que se
consumen.
ARTICULO 75.- Todos los habitantes de la Provincia tiene el
derecho a disfrutar de una vivienda digna, con sus servicios conexos y a la
tierra necesaria para su asentamiento.
El Estado provincial planificará y
ejecutará una política habitacional concertada con los demás niveles
jurisdiccionales, instituciones sociales, o con el aporte solidario de los
interesados, de acuerdo con los siguientes principios:
1. Usar
racionalmente el suelo y preservar la calidad de vida, de acuerdo con el interés
general y las pautas culturales y regionales de la comunidad.
2. Impedir
la especulación.
3. Asistir a las familias de escasos recursos, para
facilitar su acceso a la vivienda propia.
4. Incluir en los planes la
construcción de viviendas familiares en predios rurales de cada
beneficiario.
ARTICULO 76.- La Provincia establecerá un régimen de
seguridad social que comprenderá a toda la población, durante el transcurso de
la existencia humana, contemplando las contingencias económico-sociales de la
desocupación, nacimiento, enfermedad, desamparo, invalidez, vejez y muerte.
Fomentará las instituciones de solidaridad social.
ARTICULO 77.- La
Legislatura dictará leyes de previsión social para funcionarios y empleados
públicos con acceso a beneficios jubilatorios con límites mínimos de edad, de
cincuenta y cinco años los varones y cincuenta las mujeres y un período mínimo
de treinta años de servicios con aportes, como condición para acceder al
beneficio de la jubilación ordinaria, salvo regímenes especiales fundados en
razones médicas de salud.
Se establecerá un haber jubilatorio móvil, no
menor al ochenta y dos por ciento de retribución del cargo o función equivalente
al del empleado en actividad.
El haber jubilatorio será integral e
irrenunciable.
Los servicios ad honorem no originarán derecho a
jubilación ni beneficio previsional alguno, ni se implementarán regímenes de
jerarquizaciones, ni voluntarios.
ARTICULO 78.- El ejercicio de los
cargos de gobernador, vicegobernador, ministro, secretario de Estado, diputado o
diputado convencional constituyente con mandato cumplido, en ningún caso dará
lugar a jubilación de privilegio.
La Legislatura dictará el régimen
respectivo sobre la base del otorgamiento de beneficios jubilatorios que
contemplen la prestación de tales servicios, si se dan las condiciones mínimas
de cincuenta y cinco años de edad en varones y cincuenta años en mujeres, con
treinta años de aportes acreditados a cualquier sistema comprendido en el
régimen de reciprocidad jubilatoria, sin perjuicio a la jubilación por invalidez
o el derecho a pensión.
En tales casos el haber jubilatorio no será menor
al ochenta y dos por ciento móvil de la remuneración asignada a los cargos en
actividad; y el haber de las jubilaciones por invalidez y pensiones será igual a
lo establecido en el régimen ordinario.
A partir de la vigencia de esta
Constitución, no se incluirán en la liquidación de los haberes obtenidos por
aplicación de las leyes especiales, los adicionales por título y antigüedad,
salvo que correspondieren por aplicación de la ley provincial
ordinaria.
ARTICULO 79.- La Provincia reconoce al aborigen su identidad
étnica y cultural, siempre que con ello no se violen otros derechos reconocidos
en esta Constitución; y asegura el respeto y desarrollo social, cultural y
económico de sus pueblos, así como su efectivo protagonismo en la toma de
decisiones que se vinculen con su realidad en la vida provincial y
nacional.
Asegura la propiedad de tierras aptas y suficientes; las de
carácter comunitario no podrán ser enajenadas ni embargas. La utilización
racional de los bosques existentes en las comunidades aborígenes requerirá el
consentimiento de éstos para su explotación por terceros y podrán ser
aprovechados según sus usos y costumbres, conforme con las leyes
vigentes.
ARTICULO 80.- El Estado reconoce a la salud como un hecho
social y un derecho humano fundamental, tanto de los individuos como de la
comunidad, contemplando sus diferentes pautas culturales.
Asumirá la
estrategia de la atención primaria de la salud, comprensiva e integral, como
núcleo fundamental del sistema de salud, conforme con el espíritu de la justicia
social.
ARTICULO 81.- El Estado asegura los medios necesarios para que,
en forma permanente, se lleven a la práctica los postulados de la atención
primaria de la salud, comprensiva para lograr el más alto nivel posible en lo
físico, mental y social de las personas y comunidades, mediante:
1. La
constante promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de la salud de
todos los habitantes de la Provincia, priorizando los grupos de alto riesgo
social, asegurando una atención igualitaria y equitativa.
2. La
capacitación permanente de los efectores de salud, en todos los niveles de
atención, como asimismo de la comunidad, para que ésta sea protagonista de su
proceso de salud.
3. La planificación y evaluación participativa de las
acciones de salud, orientadas fundamentalmente en las enfermedades y males
sociales, socio-ambientales, endemo-epidémicos y ecológico-regionales.
4.
La investigación social, biomédica y sobre los servicios de salud, orientada
hacia los principales problemas de enfermedad de la población; el uso de
tecnología apropiada científicamente válida y socialmente aceptada; y el
suministro de medicamentos esenciales.
5. El contralor de las acciones y
prestaciones médico-sanitarias, teniendo como referencia los principios éticos
del ejercicio profesional.
6. Toda otra acción del sistema de salud e
intersectorial, que convenga a los fines del bienestar de los individuos y
tendientes a mejorar la calidad de vida de la población.
7. La confección
y utilización obligatoria por los organismos efectores de un vademécum
medicamentoso básico social adecuado a las patologías regionales.
El
Estado provincial promoverá la legislación correspondiente.
ARTICULO 82.-
El trabajo es un derecho dignificante del ser humano que desaparece con la
extinción de la vida, y también es un deber. Gozará, en sus diversas formas, de
protección de las leyes, las que deberán asegurar al trabajador:
1. Libre
agremiación.
2. Libre elección; condiciones dignas y equitativas de
trabajo.
3. Retribución justa, salario mínimo, vital y móvil; igual
remuneración por igual tarea y sueldo anual complementario; retribuciones
complementarias por razones objetivas, motivadas en las características del
trabajo y el medio en que se presta, conforme con las leyes que a tal efecto se
sancionen.
Todo incremento deberá quedar incluido en el salario, sujeto a
contribuciones y aportes.
4. Jornadas limitadas de trabajo; descanso
semanal y compensatorio; vacaciones anuales remuneradas. Todo servicio
extraordinario prestado por el empleado público o privado deberá ser
enumerado.
5. Estabilidad en el trabajo y protección contra el despido
arbitrario y sin preaviso; e indemnización a cargo del
empleador.
Garantías legales contra el despido en masa.
6.
Seguridad e higiene en el trabajo. La Provincia dispondrá de un organismo de
higiene, seguridad y medicina del trabajo, con conducción
especializada.
7. Formación cultural y capacitación.
8. A la
participación en las ganancias de las empresas, que será obligatoria con un
mínimo de un cinco por ciento, con control y cogestión en la producción y
colaboración en la dirección; la ley dará operatividad a lo normado.
9.
Seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Seguro social
obligatorio prestado por entidades oficiales, con autonomía financiera y
económica o entidades privadas.
10. Gratuidad de las actuaciones
administrativas o judiciales de naturaleza laboral, profesional o
gremial.
11. Fomento de la cooperación libre.
12. Jubilación y
pensiones móviles.
13. Rehabilitación integral de los
incapacitados.
ARTICULO 83.- Se garantiza a los trabajadores el derecho
de asociarse en sindicatos independientes, en defensa de sus intereses
profesionales, lo que deben darse una organización pluralista con gestión
democrática y elección periódica de sus autoridades.
Los sindicatos
aseguran el goce efectivo de los derechos de los trabajadores y realizan
propuestas económicas y sociales a los distintos organismos del
Estado.
La ley asegura a los gremios los siguientes derechos:
1.
De organizarse libre y democráticamente.
2. De ser reconocidos y obtener
su personería gremial, sin otro requisito que la inscripción en un registro
especial.
3. De concertar los convenios colectivos de trabajo.
4.
De huelga, con fines de defensa de los intereses de los trabajadores.
5.
Garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical a los
representantes gremiales, así como las relacionadas con la estabilidad en sus
empleos y licencias gremiales.
6. A la conciliación y al
arbitraje.
7. A la fiscalización en el cumplimiento de las leyes del
trabajo.
ARTICULO 84.- Las asociaciones profesionales gozarán de plena
libertad para su constitución, funcionamiento e integración en federaciones o
confederaciones.
La legislación asegurará la plena independencia de las
asociaciones profesionales frente al Estado provincial y a las organizaciones
políticas. La ley determinará en qué casos y qué autoridades podrán intervenir
las asociaciones y sociedades, y los recursos correspondientes ante el Poder
Judicial. Ninguna asociación podrá ser disuelta compulsivamente, ni clausurados
sus locales, ni privada de su personería jurídica, sino en virtud de sentencia
judicial.
ARTICULO 85.- El Estado provincial protegerá, especialmente, el
trabajo de las mujeres y de los menores. La mujer grávida tendrá derecho al
descanso antes y después del alumbramiento y continuará percibiendo su
remuneración completa.
Queda prohibido el trabajo de los menores de
dieciséis años en actividades nocturnas y las incompatibles con su
edad.
ARTICULO 86.- El Estado garantizará al movimiento obrero organizado
de Formosa su participación institucional en sus distintos estamentos, así como
en todo ente descentralizado, autárquico o autónomo, en sociedades de economía
mixta y las sociedades con participación estatal mayoritaria, cuyas formas de
gobierno sean colegiadas, mediante la designación en ellas de sus representantes
gremiales.
La ley fijará las normas para su
cumplimiento.
CAPITULO V - Política
administrativa
ARTICULO 87.- La Administración pública provincial y
la municipal están regidas por los principios de legalidad, eficacia,
austeridad, centralización normativa, desconcentración operativa, capacidad,
equidad, igualdad, informalismo y publicidad de las normas o actos. Su actuación
tiende a lograr economía y sencillez en el trámite, celeridad, participación y
el debido procedimiento público para los administrados.
ARTICULO 88.- La
legislación establecerá el estatuto general para el empleado público provincial,
en base a las pautas normadas por esta Constitución, orientado según el
principio de igual remuneración por igual tarea, tendiente a equiparar
situaciones similares, y basado en el concepto fundamental de que el empleado
honra al cargo y no el cargo el empleado; respetando los convenios colectivos de
trabajo, estatutos, estatuto-escalafón, escalafones, acuerdos y leyes
específicas ya existentes y los que se concretaren, actualizándolos y
perfeccionándolos mediante paritarias que el Estado deberá otorgar a las
organizaciones sindicales agrupadas, asegurando sus individualidades y
modalidades específicas.
Sus preceptos serán aplicables a:
1.
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
2. Organismo de la
Constitución.
3. Entes autárquicos, descentralizados y
autónomos.
El Estado propenderá a una política de nivelación salarial del
empleado público provincial que, partiendo del orden constitucional del
equilibrio y división de los Poderes, tienda a armonizar las retribuciones de la
totalidad de las tareas que efectúa el mismo.
ARTICULO 89.- Todos los
habitantes de la Provincia, sin distinción de sexos, son admisibles en los
empleos públicos, sin otra condición que la idoneidad. Será requisito
indispensable para el ingreso la residencia previa en el territorio de la
Provincia; excepto en aquellas actividades que deban realizarse fuera de
ella.
Como criterio de selección en igualdad de condiciones, se dará
preferencia al nativo.
Aquellos cuya elección o nombramiento no prevea
esta Constitución, serán designados previo concurso de oposición y antecedentes
que aseguren su idoneidad para el cargo, conforme con las leyes respectivas.
Serán inamovibles en sus puestos mientras dure su buena conducta y capacidad; la
ley fijará un régimen de escalafón, derechos, deberes y obligaciones; y de
traslado, remoción e indemnización de los empleados.
ARTICULO 90.- Se
establece la carrera administrativa para los agentes públicos. Se promoverá a
estos efectos la capacitación de los mismos.
La ley determinará su
extensión y excepciones.
Por igual función corresponde igual
remuneración, otorgándose la garantía del sumario con intervención del afectado
para su sanción o remoción.
El Estado propenderá a que el número de
agentes de la Administración pública provincial no exceda de un seis por ciento
del total de la población.
ARTICULO 91.- No podrán acumularse dos o más
empleos públicos o sueldos en una misma persona, esté el agente en actividad,
jubilado o retirado; sean aquéllos permanentes o transitorios y aun cuando uno
de ellos sea provincial y el otro u otros nacionales o municipales; con
excepción del ejercicio de la docencia o por causas de carácter profesional o
técnico, cuando circunstancias especiales justifiquen esta
acumulación.
Es incompatible el ejercicio de cualquier cargo político con
actuaciones relacionadas directa o indirectamente con el mismo o actividades
empresarias como contratista o proveedor del Estado provincial.
Ningún
funcionario o agente público puede representar, gestionar, patrocinar o actuar
de cualquier manera en contra de los intereses del Estado provincial o de las
municipalidades, bajo sanción de destitución; salvo que actúe por derecho
propio.
CAPITULO VI - Régimen cultural y
educativo
ARTICULO 92.- La provincia de Formosa reconoce su realidad
cultural conformada por vertientes nativas y diversas corrientes inmigratorias.
Las variadas costumbres, lengua, artes, tradiciones, folklore y demás
manifestaciones culturales que coexisten, merecen el respeto y el apoyo del
Estado y de la sociedad en general. Esta pluralidad cultural marca la identidad
del pueblo formoseño. La educación bregará por afianzar:
1. Dicha
identidad cultural.
2. La conciencia de pertenencia a Formosa en un marco
nacional, latinoamericano y universal.
3. El compromiso para el
desarrollo integral de la cultura.
El Estado dictará leyes para el logro
de estos objetivos: La defensa, preservación e incremento del patrimonio
cultural; el apoyo a los creadores de cultura sin discriminación alguna; el
respeto y resguardo de los derechos de autor, inventor y propiedad intelectual.
Creará un Consejo de Cultura y Catastro de Bienes Culturales, integrados por
representantes de las instituciones artístico-culturales. Dicha área contará con
presupuesto propio y destinado en parte al apoyo material de los artistas en
todas sus manifestaciones.
ARTICULO 93.- El Estado provincial tiene la
obligación, según corresponda, de determinar, conducir, ejecutar, supervisar,
concertar y apoyar la educación del pueblo en todas sus formas, contenidos y
manifestaciones. A tal efecto, las leyes que se dicten y las políticas
educativas que se fijen deberá contemplar:
1. La libertad de enseñar y
aprender; el reconocimiento de la familia como agente natural y primigenio de la
cultura y la educación.
2. Que la educación tiene por finalidad: La
formación integral de la persona humana en su plenitud y hacia la trascendencia;
que sepa vivir en paz, en familia, en democracia participativa; en cooperación,
solidaridad y justicia; bregar por el desarrollo de la capacidad reflexiva y
espíritu crítico; la formación de una conciencia de pertenencia a la sociedad
local, provincial, regional, nacional y latinoamericana con proyección
universal; y el desarrollo de la capacidad para ejercer acciones científicas,
tecnológicas y artísticas, transformadoras de la realidad natural y cultural que
la circundan; que aspire a vivir en salud individual y colectiva; que respete y
proteja el medio ambiente en el que vive.
3. Que los planes de estudios y
lineamientos curriculares que se elaboren y concierten para todos los niveles y
modalidades del sistema educativo, dentro de los grados de complejidad de cada
uno, adopten, como pautas normativas para la elaboración de los contenidos y
metodologías, los fines fijados en el inciso anterior.
4. Que el sistema
educativo se integre por niveles, ciclos y grados; por modalidades y
especialidades adecuadamente articuladas entre sí; en forma regionalizada y
previendo la igualdad de posibilidades y de oportunidades para todos, tanto para
el ingreso como para la permanencia y la promoción a través de la asistencia de
carácter psicopedagógico y socioeconómico; con especiales adecuaciones para los
discapacitados y los educandos con coeficientes intelectuales
superiores.
5. Que el sistema educativo se complemente con los acuerdos
que se realicen con la Nación y los Estados provinciales, para asegurar la
educación nacional en cuanto a niveles, currículos, títulos y
equivalencias.
6. Que garantice la obligatoriedad y gratuidad de la
educación hasta el nivel primario, inclusive, sin perjuicio de ampliaciones que
pudiere establecer la ley.
7. Que genere y promueva formas y medios
diversos para la educación permanente; la alfabetización; la capacitación
laboral o formación profesional, presencial o a distancia para el trabajo
vinculado con el tipo de producción de cada zona, dentro del perfil de
desarrollo de la Provincia y la región, con apoyo en los medios de comunicación
social, según las necesidades locales y zonales.
8. Que promueva una
educación que resalte la cultura del trabajo, ya que éste es el medio de
realización personal y social dignificante de la persona humana que lo integra
consigo mismo y con la sociedad.
9. Que promueva el desarrollo y práctica
de actividades recreativas y deportivas, de manera sistematizada.
10. Que
la educación impartida por el Estado en las comunidades aborígenes se realice en
forma bilingüe e intercultural.
11. Que las Constituciones Nacional y
Provincial y su historia sean materia obligatoria de estudios en todos los
niveles y modalidades exaltando su espíritu y normativas.
12. Que se
provea al sistema educativo de bibliotecas, museos, comedores escolares y
recursos auxiliares didácticos.
ARTICULO 94.- Las personas, asociaciones,
municipios y confesiones religiosas reconocidas oficialmente, tienen derecho a
crear instituciones educativas ajustadas a los principios de esta Constitución.
No se reconocen más certificados de estudio que los autorizados por el Estado
nacional, provincial o municipal. La ley reglamentará la cooperación económica
del Estado en aquellas escuelas públicas de gestión privada que cumplen
funciones sociales no discriminatorias y demás requisitos que se fijen y que no
persigan fines de lucro.
ARTICULO 95.- Los fondos para la educación y la
cultura se constituyen en contribuciones y rentas propias de la Nación o de
otras provincias, con donaciones y legados particulares; con aportes
comunitarios y sectoriales, con las partidas asignadas por el presupuesto
general de recursos y gastos de la provincia, de manera que se aseguren en forma
permanente los recursos suficientes para su sostén, extensión y
mejoramiento.
Los recursos destinados a la educación y la cultura
provinciales no podrán invertirse ni distraerse en otros objetos distintos de
los de su creación, y deberán ser administrados por el área, en la forma
prevista por la ley integral de educación. En ningún caso podrá hacerse
ejecución ni trabarse embargo sobre los bienes y rentas destinados a la cultura
y a la educación.
ARTICULO 96.- El gobierno, la dirección y la
administración de la educación de la Provincia se ajustarán, entre otros, a los
siguientes principios:
1. La conducción de la educación tendrá jerarquía
ministerial, a efectos de asegurar la unidad política y normativa.
2. Se
asegurará la representación de los docentes a través de su participación
democrática y electiva en los respectivos niveles, modalidades y órganos
educativos.
3. La descentralización operativa se cumplirá de modo
regionalizado, por intermedio de organismos de conducción zonal en los niveles y
modalidades, cuando su necesidad se detecte, asegurando la participación
democrática de docentes, padres, vecinos y según corresponda, los
alumnos.
4. Las unidades escolares constituyen comunidades educativas a
los efectos de la práctica democrática y la participación en la toma de
decisiones en la planificación institucional.
5. En la asignación de
roles y funciones en los distintos estamentos descentralizados de la conducción
educativa se asegurará que, los aspectos técnico-pedagógicos, estén a cargo de
docentes. Igual criterio regirá para aquellos aspectos inherentes a la
incumbencia y autonomía profesionales.
6. Para fijar las políticas
anuales del sector, la conducción ministerial deberá dar participación a los
docentes, según el espíritu de este artículo.
ARTICULO 97.- Los docentes
provinciales contarán, por ley, con un estatuto que garantice los siguientes
principios, en todos los niveles y modalidades:
1. Régimen de concurso
para ingreso, ascensos y otros cambios de situación de revista.
2.
Escalafón y estabilidad laboral.
3. La participación en el gobierno
escolar, en las juntas de clasificación y de disciplina y en otros organismos de
educación.
4. Formación, actualización y perfeccionamiento facilitados
por el Estado con la participación de la comunidad educativa.
5. Respeto
y primacía absoluta del título docente.
6. Salarios dignos y
diferenciados por funciones y jerarquías.
7. Actualización permanente del
mencionado Estatuto con la participación libre y democrática de los
docentes.
8. Jubilación con veinticinco años de aportes, sin límite de
edad.
ARTICULO 98.- El Estado provincial podrá crear o reconocer el nivel
universitario de la educación. Las universidades se organizarán y desenvolverán
dentro del régimen jurídico de autonomía y autarquía, persiguiendo los fines
educativos previstos en esta Constitución y de acuerdo con los estatutos que
cada una dicte para sí, según las modalidades de sus pares
nacionales.
Los estatutos de las universidades que creare el Estado
provincial deberán contemplar los siguientes principios, sin perjuicio de otros
que cada uno estableciere para sí:
1. Gobierno autónomo integrado por
docentes, alumnos, egresados y no docentes, elegidos libre y
democráticamente.
2. Libertad de cátedra.
3. Periodicidad de
cátedras, provistas por concurso.
4. Cátedras paralelas.
5.
Extensión universitaria.
6. Ingreso irrestricto.
CAPITULO VII
- Ciencia y tecnología
ARTICULO 99.- Todas las personas tienen
derecho a acceder a los beneficios de la ciencia y de la tecnología.
Para
ello el Estado:
1. Crea y desarrolla servicios técnicos y de extensión
educativa y cultural, tales como planeamiento e investigación científica y
tecnológica.
2. Promueve el desarrollo de tecnologías apropiadas que
apoyen el crecimiento económico y social de la Provincia y sus intercambios con
la Nación y Latinoamérica con fines pacíficos.
3. Fomenta la cooperación
entre las instituciones de investigación científica, de desarrollo tecnológico y
de empresas productivas, públicas y privadas, evitando la dispersión y
duplicación de esfuerzos y estimulando su difusión y utilización en todos los
ámbitos de la sociedad.
4. Organiza el sistema provincial de ciencia y
tecnología con participación de científicos, tecnólogos, instituciones y
empresas.
5. Concierta con la Nación su participación en planes
federales.
Las municipalidades podrán organizar en sus respectivas
jurisdicciones el sistema municipal de ciencia y tecnología, sujeto a los
principios de este artículo, pudiendo concertar con la Provincia su
participación en planes de carácter provincial
CAPITULO VIII -
Comunicación social
ARTICULO 100.- La Provincia, partiendo del
espíritu democrático sentado en la presente Constitución, y en ejercicio de su
autonomía, reafirma el dominio público sobre el espectro de frecuencias,
reservándose el derecho de:
1. Legislar en materia de
radiodifusión.
2. Promover la instalación de emisoras en zonas de
frontera, en coordinación con la Nación.
3. Integrarse a una política
federal de radiodifusión y televisión.
SEGUNDA PARTE
PODER
LEGISLATIVO
CAPITULO I - Cámara de Representantes
ARTICULO
101.- El Poder Legislativo será ejercido por una Cámara de Diputados, elegidos
directamente por el pueblo con base en la población, no pudiendo exceder de
treinta el número de sus miembros.
ARTICULO 102.- Para ser diputado se
requiere:
1. Ser ciudadano argentino, o naturalizado con seis años en el
ejercicio de la ciudadanía.
2. Haber cumplido veintiún años de
edad.
3. Tener seis años de residencia inmediata en la Provincia, si no
se ha nacido en ella. A tales efectos no causa interrupción la ausencia motivada
por el ejercicio de funciones políticas o técnicas al servicio del Gobierno
Federal o de la Provincia.
ARTICULO 103.- Los diputados durarán cuatro
años en el ejercicio de sus mandatos y podrán ser reelectos sólo por un nuevo
período corriente. Si han sido reelectos, no podrán ser elegidos sino con el
intervalo de un período de cuatro años.
La Cámara se renovará por mitades
cada dos años. Al constituirse la Legislatura, se determinará por sorteo los
diputados que cesarán en el primer bienio.
ARTICULO 104.- La Cámara
abrirá sus sesiones por sí misma y se reunirá todos los años en sesiones
ordinarias, desde el día primero del mes de mayo hasta el día treinta y uno de
octubre, pudiendo prorrogarse sus sesiones, por resolución tomada antes de
fenecer el período, para tratar el asunto que ella determine al acordar la
prórroga. El Presidente de la Cámara, a petición suscripta por una cuarta parte
del total de diputados, debe convocarla extraordinariamente por un período no
mayor de treinta días, cuando un grave asunto de interés o de orden público lo
requiera; en las sesiones extraordinarias no se tratarán sino los asuntos
determinados en la convocatoria.
ARTICULO 105.- El presidente de la
Cámara es el jefe administrativo; designa y remueve por sí a los secretarios,
conforme con el reglamento que dicte el Cuerpo.
ARTICULO 106.- La Cámara
es juez exclusivo de las elecciones de sus miembros, sin perjuicio de la acción
de los tribunales, para castigar las violaciones de la ley electoral. El
juzgamiento del diploma deberá hacerse a más tardar dentro del mes de sesiones
posterior a su presentación. En caso contrario el interesado tiene derecho a
someter la validez de su título a la decisión del Superior Tribunal de Justicia,
el que se expedirá dentro del término de quince días, con audiencia del
interesado y de cualquier candidato reclamante que hubiere obtenido votos en la
misma elección. La resolución de la Cámara o del Superior Tribunal de Justicia
no podrá reverse.
ARTICULO 107.- Las sesiones de la Cámara serán
públicas, salvo que la naturaleza de las cuestiones por tratarse aconsejen lo
contrario, lo que deberá determinarse por mayoría de votos.
ARTICULO
108.- La Cámara necesita, para sesionar, mayoría absoluta de sus miembros, pero
en minoría podrá acordar las medidas que estime necesarias para compeler a los
inasistentes, aplicar multas y suspensiones.
ARTICULO 109.- La Cámara de
Diputados hará se reglamento, que no podrá modificar sobre tablas en un mismo
día. Podrá, con dos tercios de la votación de sus miembros, corregir y aun
excluir de su seno a cualquiera de ellos, por desorden de conducta en el
ejercicio de sus funciones o indignidad, y removerlos por inhabilidad física o
moral, o sobreviniente a su incorporación, pero bastará la mayoría de uno sobre
la mitad de los presentes para decidir acerca de la renuncia a su
cargo.
ARTICULO 110.- La Cámara, con la aprobación de un tercio de sus
miembros presentes, puede llamar a su seno a los ministros del Poder Ejecutivo
para recibir las explicaciones e informes que crea convenientes, citándolos por
lo menos con dos días de anticipación, salvo el caso de asunto grave, y
comunicándoles al citarlos los puntos sobre los cuales han de
informar.
ARTICULO 111.- La Cámara tiene facultades para nombrar
comisiones investigadoras, las que serán integradas por representantes de todos
los bloques, en forma tal que esté reflejado la composición de la Cámara,
invistiéndolas de los poderes necesarios para el ejercicio de sus funciones. Los
miembros de estas comisiones tendrán la facultad de entrar en todos los
establecimientos públicos, revisar cuentas y documentos oficiales, exigir
informes e investigar el funcionamiento de las oficinas públicas, a cuyos
efectos dispondrán del auxilio de la fuerza pública en caso
necesario.
Los diputados individualmente podrán solicitar informes con
conocimiento de la Cámara.
ARTICULO 112.- Ninguno de los miembros del
Poder Legislativo podrá ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por
las opiniones, discursos o votos que emita en el desempeño de su mandato de
legislador. Ningún diputado, desde el día de su proclamación hasta el cese de su
mandato, puede ser arrestado; excepto en el caso de ser sorprendido "in
fraganti" delito que merezca pena privativa de libertad, debiéndose dar cuenta
del arresto a la Cámara con información sumaria del hecho, para que resuelva
sobre su inmunidad personal.
ARTICULO 113.- Cuando se deduzca acusación
por delito de acción pública o privada contra cualquier diputado, podrá la
Cámara, examinando el mérito del sumario, suspender las inmunidades del acusado
poniéndolo a disposición del juez competente, por dos tercios de votos de los
presentes.
ARTICULO 114.- La Cámara podrá corregir disciplinariamente a
toda persona de fuera de su seno que viole sus prerrogativas o privilegios,
pidiendo su enjuiciamiento ante los tribunales ordinarios y poniendo
inmediatamente a su disposición a la persona que hubiere sido
detenida.
ARTICULO 115.- Es incompatible el cargo de diputado con
cualquier otro de carácter nacional, provincial o municipal, salvo el de la
docencia superior. Es también incompatible el cargo de diputado con otro de
carácter electivo nacional, municipal o de otras provincias, como asimismo
participar en empresas beneficiadas por privilegios o concesiones del Estado. El
Diputado que haya aceptado algún cargo incompatible con el suyo, quedará por ese
solo hecho, separado de la representación. Las comisiones de carácter
transitorio del Gobierno nacional, provincial o de las municipalidades, sólo
podrán ser aceptadas cuando fueren honorarias y previo acuerdo de la
Cámara.
En caso de muerte, renuncia, destitución o inhabilitación
declarada de un diputado, su reemplazo se hará conforme con el régimen
electoral.
ARTICULO 116.- Los diputados, al asumir el cargo, deberán
prestar juramento de desempeñarlo fielmente, con arreglo a los preceptos de esta
Constitución y de la Constitución Nacional, y por la fórmula que establecerá la
misma Cámara.
ARTICULO 117.- Los diputados gozarán de una remuneración
determinada por la Cámara y no podrá ser aumentada sino por sanción de dos
tercios de la totalidad de sus miembros, y entrará en vigencia después de dos
años de haber sido promulgada.
CAPITULO II -
Atribuciones
ARTICULO 118.- Corresponde al Poder Legislativo las
siguientes atribuciones:
1. Aprobar o rechazar acuerdos o tratados con la
Nación y demás provincias;
2. Prestar, en el período de sesiones
ordinarias, acuerdos para los nombramientos que esta Constitución exija,
entendiéndose prestado el acuerdo, si dentro de los treinta días de recibida la
comunicación, la Cámara no se hubiese expedido;
3. Crear recursos
permanentes o transitorios, estableciendo impuestos, tasas o contribuciones de
mejoras, cuyo monto fijará equitativa, proporcional y progresivamente, de
acuerdo con la finalidad perseguida o con el valor de los bienes o de sus
rentas;
4. Autorizar al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos basados en
el crédito de la Provincia; cuando versaren sobre emisión de títulos de deuda,
la autorización deberá ser acordada con dos tercios de votos bajo pena de
nulidad. En ningún caso el servicio de la totalidad de las deudas autorizadas y
que hubieren de autorizarse, podrá comprometer más de la cuarta parte del
promedio de los cálculos de recursos ordinarios anuales;
5. Fijar
anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la
administración, incluyendo en él todos los servicios ordinarios, aun cuando
hayan sido autorizados por leyes especiales, como los extraordinarios, las que
serán cumplidas mientras no se hubieren consignado en el presupuesto las
partidas correspondientes para su ejecución;
6. Sancionado un
presupuesto, seguirá en vigencia en sus partidas ordinarias hasta la sanción de
otro; la Cámara, al dictar esta ley, no podrá aumentar los sueldos ni gastos
parciales proyectados por el Poder Ejecutivo;
7. Aprobar y rechazar, en
sesiones ordinarias, las cuentas de inversión, que el Poder Ejecutivo remitirá
dentro de los primeros sesenta días de las mismas;
8. Conceder amnistías
por delitos políticos;
9. Otorgar subsidios a las municipalidades y
comisiones de fomento, cuyas rentas no alcancen a cubrir sus gastos ordinarios.
Acordar participación a las municipalidades o comisiones de fomento en la
coparticipación federal que perciba la Provincia por tal concepto, de
conformidad con la ley que se dicte al respecto;
10. Disponer la creación
de villas y ciudades y determinar la división y organización municipal de la
Provincia, tomando como base la población;
11. Tomar juramento al
gobernador y al vicegobernador;
12. Resolver sobre la licencia del
gobernador y del vicegobernador para salir fuera de la Provincia, cuando sus
ausencias abarquen períodos mayores de cinco días;
13. Determinar el
personal y dotación de la Cámara;
14. Crear y suprimir empleos no
establecidos en esta Constitución;
15. Disponer el uso y enajenación de
la tierra pública y demás bienes de la Provincia; declarar los casos de utilidad
pública para la expropiación;
16. Dictar la ley general de colonización,
de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y promover el fomento de la
producción, de los medios de transporte y canales navegables; estimular las
organizaciones mutualistas y cooperativas y el ahorro popular, y difundir la
vivienda económica; determinar las formas, condiciones y requisitos de la
concesión de servicios públicos provinciales, así como la introducción y
establecimiento de nuevas industrias, importación de capitales extranjeros y
explotación de sus ríos, conforme con el art. 38.;
17. Dictar la ley
integral de educación y el estatuto del docente, de acuerdo con los principios
previstos en esta Constitución;
18. Dictar el estatuto general del
empleado público provincial, conforme con los principios establecidos en esta
Constitución;
19. Autorizar la cesión gratuita de tierras de la Provincia
para objeto de utilidad pública nacional, provincial o municipal, con dos
tercios de votos; y con unanimidad de votos de la totalidad de la Cámara cuando
dicha cesión importe desmembramiento del territorio o abandono de jurisdicción
dentro de los límites prescriptos por la Constitución Nacional;
20. Crear
el Banco Oficial de la Provincia; aprobar las modificaciones de su carta
orgánica y autorizar el establecimiento de otras instituciones de
crédito;
21. Declarar la necesidad de reforma de esta Constitución en la
forma que en la misma se determina;
22. Dictar leyes de imprenta, que de
ninguna manera signifiquen restricciones a la libertad de expresión; de
procedimientos judiciales; penitenciarios, de responsabilidad de los
funcionarios públicos, de la policía, de materia rural o industrial, de
procedimiento administrativo y contencioso administrativo; códigos: De aguas,
bromatológico y de alimentos; ley de hidrocarburos, reglamentación de las
profesiones liberales y de los colegios profesionales; de represión del juego;
de elecciones, de jubilaciones y pensiones por servicios prestados a la
Provincia, y todas las que sean necesarias para hacer efectivas las
disposiciones y principios de esta Constitución;
23. Convocar a
elecciones provinciales, si el Poder Ejecutivo no lo hiciere con la anticipación
determinada por la ley;
24. Aceptar o rechazar la renuncia del gobernador
y del vicegobernador y, por dos tercios de la totalidad de sus miembros,
declarar los casos de imposibilidad física o mental de los mismo;
25.
Dictar la ley de creación del Registro del Estado Civil de las Personas y la ley
orgánica de la justicia;
26. Dictar el estatuto de los partidos
políticos, sin perjuicio del derecho de asociación y propaganda;
27.
Determinar la división política de la Provincia, fijando el número de
departamentos, de acuerdo con las siguientes bases: Población, accidentes
naturales, vías de comunicación y extensión;
28. Participar en las
licitaciones públicas con dos representantes de la Legislatura provincial; uno
por la mayoría o primera minoría, y otro por la minoría siguiente, tanto en la
etapa de preadjudicación como en el control de la ejecución; así como organizar
el control de gestión y seguimiento de los diversos actos, contratos y obras en
ejecución a través de las comisiones legislativas, las que serán integradas por
representantes de todos los bloques, en forma tal que refleje la composición de
la Cámara;
29. Otorgar acuerdo legislativo para las designaciones o
nombramientos expresamente establecidos en esta Constitución;
30.
Designar a los senadores nacionales;
31. Invitar a los diputados y
senadores nacionales para informar una vez por año y antes de que finalice el
período de sesiones ordinarias, sobre su actuación legislativa como
representantes del pueblo y del Estado provincial;
32. Crear el Consejo
de la Magistratura determinando su composición, el que tendrá a su cargo
formular la propuesta de jueces y funcionarios del Poder Judicial, cuya
designación deba efectuar la Legislatura.
CAPITULO III - Formación y
sanción de las leyes
ARTICULO 119.- Las leyes tendrán origen en
proyectos presentados por uno o más diputados, por el Poder Ejecutivo o por el
Superior Tribunal de Justicia, conforme con lo que establece el capítulo Poder
Judicial sobre colegislación de dicho poder.
ARTICULO 120.- Aprobado un
proyecto por la Cámara de Diputados, pasará al Poder Ejecutivo para su
promulgación y publicación, si estuviere éste conforme.
ARTICULO 121.-
Quedará convertido en ley todo proyecto sancionado por la Legislatura si
remitido al Poder Ejecutivo, éste no lo devolviere observado dentro del término
de diez días hábiles de su recepción.
ARTICULO 122.- Rechazado por el
Poder Ejecutivo, en todo o en parte, un proyecto de ley, volverá con sus
objeciones a la Cámara, y si ésta insiste en su sanción, con dos tercios de
votos de los presentes, será ley y pasará al Poder Ejecutivo para su
promulgación. No existiendo los dos tercios para la insistencia, ni mayoría para
aceptar las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, no podrá repetirse
en las sesiones de ese año.
ARTICULO 123.- En la sanción de las leyes se
usará esta fórmula: "La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de
ley".
CAPITULO UNICO - Reforma constitucional
ARTICULO
124.- Esta Constitución no podrá reformarse parcial ni totalmente, sino en
virtud de ley especial sancionada con acuerdo de las dos terceras partes de la
totalidad de los miembros de la Legislatura, y con especificación de los
artículos que hayan de reformarse. En este caso, la reforma no podrá producirse
sino respecto de los artículos expresamente designados en dicha ley.
La
ley que declara la necesidad de la reforma constitucional, así como la que
enmienda algún artículo del presente texto constitucional, en todos los casos
debe contar con despacho de Comisión, sin que pueda ser objeto de tratamiento de
sobre tablas.
ARTICULO 125.- Sancionada la necesidad de la reforma, ésta
se hará por una Convención Constituyente compuesta de diputados elegidos
directamente por el pueblo. Dicha Convención se compondrá de un número de
diputados igual al de los miembros de la Cámara de Representantes, exigiéndose
para ser convencional las mismas condiciones que para ser representante. A todos
los efectos, los diputados convencionales constituyentes quedarán equiparados a
los diputados provinciales.
ARTICULO 126.- La enmienda o reforma de un
artículo y sus concordantes puede ser sancionada por el voto de los cuatro
quintos de los miembros de la Legislatura; y quedará incorporada al texto
institucional si es ratificada por el voto afirmativo de la mayoría del pueblo,
que será convocado en oportunidad de la primera elección provincial que se
realice.
Para que el resultado del referéndum se considere válido, se
requiere que los votos emitidos superen el cincuenta por ciento de los electores
inscriptos en el padrón electoral de la Provincia.
Enmiendas de esta
naturaleza no pueden llevarse a cabo, sino con intervalo de dos años. Esta
reforma no es de aplicación a las prescripciones, de la primera Parte - Capítulo
I -, al presente capítulo y al instituto de la reelección que establece esta
Constitución.
TERCERA PARTE
PODER
EJECUTIVO
CAPITULO I - Naturaleza y duración
ARTICULO
127.- El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de
gobernador de la Provincia y, en su defecto, por un vicegobernador elegido al
mismo tiempo, en la misma forma y por igual período que el
gobernador.
ARTICULO 128.- Para ser elegido gobernador y vicegobernador
se requiere:
1. Ser argentino, nativo, por opción o naturalizado con
quince años en el ejercicio efectivo de la ciudadanía.
2. Haber cumplido
treinta años de edad y ocho de residencia previa, real y efectiva en la
Provincia, cuando no se hubiere nacido en ella.
ARTICULO 129.- El
gobernador y vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y
cesarán en ellos el mismo día que expire el período legal sin que evento alguno
pueda motivar su prórroga ni por un sólo días más, ni tampoco ser completado más
tarde, sea cual fuere la causa que lo hubiere interrumpido.
El gobernador
y vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo
período corriente. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no
pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un
período.
ARTICULO 130.- El vicegobernador es el presidente nato de la
Legislatura, y reemplaza al gobernador por el resto del período legal en caso de
muerte, destitución o renuncia, o hasta que haya cesado la inhabilidad en caso
de imposibilidad física o mental, suspensión o ausencia.
ARTICULO 131.-
En caso de muerte, renuncia, destitución o inhabilidad permanente o declarada
del vicegobernador, las funciones del Poder Ejecutivo serán desempeñados por el
presidente de la Legislatura hasta tanto se proceda a nueva elección para
completar el período legal, no pudiendo esta elección recaer en dicho
funcionario. No se procederá a nueva elección cuando el tiempo que falte para
completar el período gubernativo no exceda de un año. En caso de suspensión,
imposibilidad física o ausencia del vicegobernador, éste será igualmente
substituido por el presidente de la Legislatura mientras dure el
impedimento.
ARTICULO 132.- El gobernador y vicegobernador en desempeño
del Poder Ejecutivo residirán en la capital de la Provincia, y sólo podrán salir
de ella en el ejercicio de sus funciones y dentro del territorio de la Provincia
por un término que, en cada caso, no exceda de treinta días. En ningún caso
podrán ausentarse de la Provincia sin la autorización de la Cámara, por un
período superior al de cinco días. En el receso de ésta, cuando fuere necesario
permiso previo, sólo podrán ausentarse por un motivo urgente y de interés
público y por el tiempo indispensable, dando cuenta oportunamente a la
misma.
ARTICULO 133.- Al asumir sus cargos, el gobernador y el
vicegobernador prestarán juramento de desempeñarlos conforme con la Constitución
y las leyes que en su consecuencia se dicten.
ARTICULO 134.- El
gobernador y vicegobernador gozarán de remuneración a cargo de la Provincia, la
que no podrá ser alterada, salvo aumento de carácter general.
No podrán
ejercer empleo ni recibir emolumento alguno de la Nación o de otras
provincias.
Ningún funcionario del Poder Ejecutivo provincial, de sus
entes autárquicos, descentralizados, empresas del Estado o sociedades de
economía mixta con mayoría estatal, podrá percibir una remuneración mayor a la
del gobernador de la Provincia.
ARTICULO 135.- El gobernador y
vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo y a simple pluralidad
de sufragios, conforme con la ley electoral, en la fecha que lo determine, la
que no podrá ser inferior a los sesenta días ni superior a los ciento ochenta
días de su renovación.
ARTICULO 136.- La elección de gobernador y de
vicegobernador se efectuará conjuntamente con la de legisladores y demás
autoridades electivas de la Provincia, cuando circunstancias especiales no
aconsejen lo contrario. El resultado de la elección deberá ser comunicado a los
candidatos electos, y la Junta Electoral procederá a proclamar a los elegidos.
Estos comunicarán su aceptación dentro de los cinco días de recibida la
comunicación y prestarán juramento ante la Legislatura el día fijado, o ante el
Superior Tribunal de Justicia, en el supuesto caso de que aquélla no se
constituyera en término para ese efecto antes del cese del mandato del
gobernador y del vicegobernador salientes, a quienes se efectuará igual
comunicación.
ARTICULO 137.- El gobernador y vicegobernador gozarán de
iguales inmunidades que los legisladores.
CAPITULO II - Atribuciones
y deberes
ARTICULO 138.- El gobernador es el jefe de la
administración y tiene las siguientes atribuciones y deberes:
1.
Representar a la Provincia en sus relaciones con los demás poderes públicos y
con los de la Nación o de otras provincias, con los cuales podrá celebrar
convenios y tratados para fines de utilidad común, especialmente en materia
cultural, educacional, económica y de administración de justicia, con aprobación
de la Legislatura y oportuno conocimiento del Congreso Nacional.
2.
Participar en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución,
ejerciendo el derecho de iniciativa ante la Legislatura; intervenir en la
discusión por sí o por medio de sus ministros, sin voto. Promulgar y publicar, o
vetar las leyes.
3. Expedir las instrucciones, reglamentos y decretos
necesarios para la ejecución de las leyes, no pudiendo alterar su contenido ni
espíritu.
4. Convocar a sesiones extraordinarias de la Legislatura cuando
algún grave asunto de interés público lo requiera, especificando los asuntos por
tratar, o requerir la prórroga de sus sesiones.
5. Presentar, dentro de
los dos primeros meses de sesiones ordinarias de la legislatura, el proyecto de
ley de presupuesto general de la administración, acompañando el plan de
recursos, el que no podrá exceder del mayor ingreso registrado en los últimos
cinco años, salvo en los calculados por nuevos impuestos o aumento de tasas. El
plazo de presentación es improrrogable.
6. Informar a la Legislatura, al
iniciarse el período de sesiones ordinarias, el estado general de la
administración y el movimiento de los fondos que se hubiere producido dentro y
fuera del presupuesto general durante el ejercicio anterior. El balance que con
tal motivo se formule será publicado, cuando menos, en un diario local y en el
boletín oficial de la Provincia; publicará también en igual forma, al final de
cada trimestre, un resumen claro y explicativo de los ingresos e inversiones que
hayan tenido lugar durante el mismo.
7. Hacer recaudar la renta pública y
decretar su inversión con arreglo a la ley, pudiendo apremiar judicialmente a
los contribuyentes morosos, a los recaudadores y sus fiadores, y a todos los
empleados que indebidamente retengan fondos del tesoro provincial, sin perjuicio
de las sanciones que a éstos correspondan.
8. Proponer, para su
nombramiento por la Legislatura, los funcionarios y magistrados cuya forma de
designación establece esta Constitución; por sí solo nombrar los ministros y
demás empleados cuya designación no esté sometida a otra autoridad. Todo
nombramiento de funcionario cuya forma se determine expresamente y que se haga
en receso de la Legislatura, lo será sólo en comisión, cesando los mismos en sus
funciones si dentro de los treinta días de iniciación del período de sesiones
ordinarias no se solicite el acuerdo correspondiente.
9. Remover los
empleados de la Administración de acuerdo con las prescripciones de esta
Constitución y las leyes que se dicten.
10. Convocar a elecciones en los
casos y épocas determinadas en esta Constitución y las leyes
respectivas.
11. Tener bajo su inspección la policía provincial de
seguridad y vigilancia, los establecimientos públicos de la Provincia, y prestar
el auxilio de la fuerza pública a las autoridades y funcionarios que, por la
Constitución y las leyes, estén autorizados para hacer uso de ella.
12.
Celebrar contratos con empresas particulares o para objeto de utilidad
pública.
13. Conocer y resolver en las causas administrativas de su
jurisdicción, siendo sus resoluciones recurribles en el modo y forma que la ley
determine.
14. El gobernador no podrá expedir órdenes ni decretos sin la
firma, por lo menos, de un ministro. En caso de ausencia o vacancia del cargo,
firmarán el respectivo subsecretario o ministro que, previo decreto del mismo,
así lo autorice.
15. El gobernador de la Provincia es el agente natural
del gobierno de la Nación.
16. Conceder indultos y conmutar penas por
delitos sujetos a jurisdicción provincial, previo informe del Superior Tribunal,
en la forma y en los casos que determine la ley. No podrá ejercer esta
atribución cuando se trate de delitos de funcionarios públicos en el ejercicio
de sus funciones.
17. Tomar las medidas para conservar la paz y el orden
público por todos los medios que no estén expresamente prohibidos por esta
Constitución y leyes vigentes.
18. Promover lo conducente al ordenamiento
y régimen de los servicios públicos.
CAPITULO III - De los
ministros
ARTICULO 139.- El despacho de los negocios administrativos
estará a cargo de ministros-secretarios, y una ley especial fijará su número y
deslindará los ramos y funciones de cada uno de ellos.
ARTICULO 140.-
Para ser designado ministro se requieren las mismas condiciones que para ser
elegido diputado.
ARTICULO 141.- Cada ministro es responsable de los
actos que legaliza y, solidariamente, de los que resuelve con sus colegas, no
pudiendo por sí solo tomar resoluciones, con excepción de lo concerniente al
régimen administrativo y económico de su propio departamento.
ARTICULO
142.- Los ministros tienen la facultad de concurrir a las sesiones de la
Legislatura y la obligación de informar ante ella y tomar parte en los debates,
sin voto.
ARTICULO 143.- Los ministros recibirán un sueldo establecido
por la ley, que no podrá ser alterado en beneficio o perjuicio de las personas
que desempeñen los cargos, sino por otra ley.
CUARTA
PARTE
CAPITULO I - Fiscal de Estado
ARTICULO 144.- Habrá
un Fiscal de Estado nombrado y removido en la misma forma que los miembros del
Superior Tribunal de Justicia, el que deberá reunir iguales condiciones que
éstos. La ley determinará la forma en que ha de ejercer sus
funciones.
ARTICULO 145.- Corresponde al Fiscal de Estado la defensa del
patrimonio del fisco provincial y será parte necesaria y legítima en los juicios
contencioso-administrativos y en todos aquellos en que se controviertan
intereses de la Provincia.
CAPITULO II - Contador
general
ARTICULO 146.- El contador general de la Provincia será un
profesional en ciencias económicas, nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo
de la Legislatura, y removido en la forma que establece esta Constitución. Una
ley especial determinará la organización y funcionamiento de la Contaduría de la
Provincia.
CAPITULO III - Tribunal de Cuentas
ARTICULO
147.- El Tribunal de Cuentas tiene jurisdicción en toda la Provincia y estará
integrado por un presidente abogado y dos vocales contadores públicos; todos
inamovibles y designados por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo. Los
mismos podrán ser enjuiciados y removidos en la misma forma y en los mismos
casos que los jueces del Superior Tribunal de Justicia; gozando de iguales
prerrogativas y privilegios.
Tiene independencia funcional y la facultad
de proyectar su presupuesto de gastos; dictar su reglamento interno y de
procedimiento para el ejercicio de sus facultades; y la de designar y remover a
su persona, conforme con las previsiones que establezca el estatuto general para
el empleado público provincial normado en el artículo 88.
ARTICULO 148.-
El Tribunal de Cuentas tendrá las siguientes atribuciones:
1. El control
externo de la gestión económica, financiera y patrimonial de la hacienda pública
provincial y municipal; el examen de las cuentas de percepción e inversión de
las rentas públicas; aprobarlas o desaprobarlas; y el análisis de los hechos,
actos u omisiones de los que pudieren derivarse perjuicios patrimoniales para la
hacienda pública. En todos los casos, con competencia exclusiva y excluyente,
declarar las responsabilides que resulten, e indicar los responsables, los
importes y las causas, con los alcances respectivos.
2. Podrá intervenir
preventivamente, por sí o por funcionarios delegados, los actos administrativos
que se refieren a la hacienda pública, y observarlos cuando contraríen o violen
esta Constitución, o las leyes y reglamentos dictados en consecuencia. El acto
observado se suspenderá en su ejecución y sólo podrá cumplirse cuando hubiera
insistencia del Poder Ejecutivo en acuerdo de ministros, o de los respectivos
presidentes de la H. Legislatura y del Superior Tribunal de Justicia o
Intendentes, debiendo remitirse, en estos casos, los antecedentes al Tribunal de
Cuentas.
3. Inspeccionar y auditar las dependencias provinciales y
municipales, públicas, privadas o mixtas que administran fondos públicos, en las
que el Estado tenga intereses o hubiera garantizado materialmente su solvencia o
utilidad, o acordado concesiones, privilegios o subsidios para su instalación o
funcionamiento; y adoptar las medidas necesarias para prevenir cualquier
irregularidad, en la forma y condiciones que determina la ley.
Los fallos
del Tribunal de Cuentas serán recurribles en sede administrativa por ante el
mismo, y judicialmente por ante el Superior Tribunal de Justicia, con arreglo a
la ley.
Las acciones para la ejecución de las resoluciones del Tribunal
corresponderán al fiscal de Estado.
CAPITULO IV - Fiscalía de
Investigaciones Administrativas
ARTICULO 149.- Habrá un fiscal de
Investigaciones Administrativas, a quien le corresponde la promoción de la
investigación de las conductas administrativas de los funcionarios y agentes de
la administración pública de los entes descentralizados y autárquicos; y de las
empresas y sociedades del Estado o controladas por éste.
En los casos en
que intervenga, la Fiscalía controlará la existencia de beneficiarios de las
acciones imputadas y, cuando corresponda, investigará a éstos, conforme con las
circunstancias de cada caso.
La ley establecerá la organización,
funciones, competencia, procedimiento y situación institucional de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas.
Para ser designado fiscal de
Investigaciones Administrativas, se requieren las mismas exigencias y
procedimiento que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, teniendo
iguales incompatibilidades, prohibiciones, prerrogativas e
inmunidades.
CAPITULO V - Defensor del Pueblo
ARTICULO
150.- Habrá un defensor del pueblo, a quien le corresponde la defensa de los
derechos colectivos o difusos, frente a los actos, hechos u omisiones de la
administración pública provincial; la supervisión de la eficacia en la
prestación de los servicios públicos; y el control en la aplicación de las leyes
y demás disposiciones.
Sus funciones serán reglamentadas por ley, y su
actuación se fundará en los principios de informalismo, gratuidad, impulsión de
oficio, sumariedad y accesibilidad.
Su designación se efectuará por el
mismo procedimiento que para los miembros del Superior Tribunal de Justicia.
Gozará de las inmunidades y privilegios de los legisladores y deberá reunir los
mismos requisitos que éstos para ser nombrado; durará cinco años en sus
funciones y no podrá ser separado de ellas, sino por las causales y
procedimiento establecido respecto al juicio político. Podrá ser
reelecto.
CAPITULO VI - Acción de Transparencia
ARTICULO
151.- Todo magistrado, legislador o funcionario, sea por elección o por
designación, antes de jurar o asumir el cargo, deberá efectuar una declaración
jurada de bienes ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas; en caso
contrario, no podrá acceder al mismo; idéntica declaración realizará una vez
concluida su función, so pena de no poder reingresar en la administración
pública provincial en cualquier carácter , ni obtener beneficios de ninguna
índole del Estado o como consecuencia de la función cumplida.
Cualquier
ciudadano, con interés legítimo, sin que ello implique imputación de delito,
podrá solicitar ante el fiscal de Investigaciones Administrativas, por un
procedimiento sumario y gratuito que organizará la ley, que el magistrado,
legislador o funcionario que indique, dé explicación sobre el origen de sus
bienes, hasta cuatro años después de cesado en su mandato o empleo.
Se
cumplimenta con esta obligación efectuando una explicación o declaración
anual.
CAPITULO VIII - Consejo Económico Social
ARTICULO
152.- El Consejo Económico Social estará integrado por los representantes de los
sectores de la producción, del trabajo, de los profesionales, de las entidades
socio-culturales y funcionará mediante delegados designados por las
organizaciones más representativas, con personería reconocida por autoridad
competente, en la forma que determine la ley.
El Consejo es un órgano
permanente de consulta y asesoramiento de los distintos poderes públicos en el
campo social y económico.
Los municipios podrán crear en sus
jurisdicciones organismos de análogas funciones y
características.
CAPITULO VIII - Juicio político
ARTICULO
153.- Están sujetos a juicio político el gobernador, el vicegobernador y sus
ministros; los ministros y procurador general del Superior Tribunal de Justicia;
el Fiscal de Estado; el contador general; el presidente y vocales del Tribunal
de Cuentas; el fiscal de Investigaciones Administrativas y el defensor del
pueblo, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones o por presunto delito
doloso, incapacidad física o mental sobrevinientes después de haber declarado la
Cámara por dos tercios de votos de los presentes, y con citación y audiencia del
interesado, si la pidiera, haber lugar a la formación de causa. Pueden ser
denunciadas ante la Cámara de Representantes las personas sujetas a este juicio
por algunos de sus miembros o cualquier habitante de la
provincia.
ARTICULO 154.- Presentada a la legislatura la petición de
juicio político, pasará a estudio de una comisión especial que formulará
despacho, en el período de sesiones en que fuere presentado, sobre su
procedencia o rechazo.
ARTICULO 155.- Cuando el acusado fuere el
gobernador o el vicegobernador, el presidente del Superior Tribunal de Justicia
presidirá las sesiones de la Legislatura, pero no tendrá voto en el
fallo.
ARTICULO 156.- Recibida la acusación se podrá, por dos tercios de
votos, suspender al acusado en el desempeño de sus funciones. En tal caso, si el
acusado fuere el gobernador o el vicegobernador en ejercicio del Poder
Ejecutivo, será reemplazado por el presidente de la Legislatura.
ARTICULO
157.- El fallo de la Legislatura será dado dentro de los sesenta días de
iniciado el juicio, prorrogando sus sesiones ordinarias a ese solo efecto, si
fuere necesario. Vencido dicho término sin haber recaído sentencia, el acusado
quedará de hecho absuelto y reintegrado a su cargo, si hubiese sido
suspendido.
ARTICULO 158.- Si la Legislatura hallare culpable al acusado,
decretará su destitución, pudiendo además declararlo incapaz de ocupar cargo
alguno de honor o a sueldo de la Provincia, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o criminales a que hubiere lugar.
ARTICULO
159.- Para dictar sentencia condenatoria se requiere mayoría de dos tercios de
votos de la totalidad de los miembros de la Legislatura. La ley reglamentará
estas bases.
QUINTA PARTE
PODER
JUDICIAL
CAPITULO I - Naturaleza y duración
ARTICULO 160.-
El Poder Judicial de la Provincia goza de autonomía funcional, y es de su
resorte exclusivo la interpretación y aplicación de esta Constitución, y de las
leyes que en consecuencia se dicten.
ARTICULO 161.- El Poder Judicial de
la Provincia será ejercido por un Superior Tribunal de Justicia y demás
tribunales que las leyes establezcan. El Superior Tribunal estará integrado por
no menos de tres miembros y un procurador general, designados por la Legislatura
a propuesta del Poder Ejecutivo.
ARTICULO 162.- Para ser ministro o
procurador general del Superior Tribunal de Justicia se requiere ser ciudadano
argentino nativo o por opción, naturalizado, con quince años de ejercicio de la
ciudadanía, tener título de abogado expedido por universidad argentina, treinta
años de edad y seis años, por lo menos, en el ejercicio activo de la profesión o
de la magistratura y de residencia inmediata en la Provincia.
ARTICULO
163.- Los ministros del Superior Tribunal de Justicia y procurador general son
inamovibles mientras dure su buena conducta; gozan de idénticas prerrogativas e
inmunidades que los legisladores y están sujetos a juicio político en la forma
establecida por esta Constitución.
ARTICULO 164.- Los demás miembros del
Superior Tribunal de Justicia, los jueces letrados, fiscales y defensores, son
inamovibles mientras dure su buena conducta; gozan de idénticas prerrogativas e
inmunidades que los legisladores y están sujetos a remoción por jurado de
enjuiciamiento.
ARTICULO 165.- Los jueces letrados, fiscales, asesores,
defensores oficiales y de pobres, ausentes e incapaces, deberán tener
veinticinco años de edad como mínimo, tres en ejercicio activo de la profesión o
magistratura y demás condiciones exigidas para ser miembros del Superior
Tribunal de Justicia.
ARTICULO 166.- Los jueces letrados y demás
funcionarios mencionados en el artículo precedente serán designados por la
Cámara de Representantes a propuesta del Superior Tribunal de Justicia, mientras
no exista Consejo de la Magistratura creado por ley. El Superior Tribunal de
Justicia creará juzgados de paz de menor cuantía en toda la Provincia,
atendiendo a la extensión territorial de cada departamento y su población.
Determinará los requisitos que deben llenar los jueces y la remuneración que se
les asignará. Estos serán designados por el Superior Tribunal de Justicia y
removidos en caso de inconducta o impedimento, previo sumario administrativo. La
jurisdicción y competencia de los jueces de paz de menor cuantía serán
determinadas por el Superior Tribunal de Justicia, por acordada, que les podrá
asignar atribuciones administrativas. Los jueces de paz de menor cuantía durarán
en sus funciones cuatro años, pudiendo ser reelectos.
CAPITULO II -
Atribuciones
ARTICULO 167.- Son atribuciones del Superior Tribunal de
Justicia:
1. Conocer y resolver originaria y exclusivamente en las
cuestiones de competencia entre los poderes públicos de la Provincia, y en las
que susciten entre las municipalidades, entre éstas y el Estado
Provincial.
2. Ejercer la jurisdicción ordinaria y de apelación para
conocer y resolver acerca de la constitucionalidad de leyes, decretos,
ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta
Constitución y se controviertan por parte interesada.
3. Decidir en las
cuestiones de jurisdicción y competencia entre los tribunales de justicia de la
Provincia.
4. Conocer en los recursos que deduzcan contra los fallos de
los demás tribunales, en la forma que se autorice por las leyes de
procedimientos.
5. Conocer originariamente en las causas
contencioso-administrativas, cuando las autoridades administrativas denieguen o
retarden en el reconocimiento de los derechos reclamados por parte interesada.
En estas causas, el Superior Tribunal tiene la facultad de mandar cumplir sus
decisiones directamente por las oficinas o empleados correspondientes, si la
autoridad administrativa no las cumpliere en el término que le fijase la
sentencia.
Los empleados comisionados para la ejecución de las decisiones
del Superior Tribunal de Justicia quedarán personalmente obligados al mismo,
siendo responsables de la falta de cumplimiento de las órdenes que a tal fin se
les imparta.
6. Fijar los proyectos de presupuesto del Poder Judicial y
remitirlos en su oportunidad al Poder Ejecutivo, para que éste los incorpore a
los proyectos del presupuesto respectivo.
7. Dictar su propio reglamento
y ejercer la superintendencia de toda la administración de justicia.
8.
Proponer a la Legislatura cuanto estime pertinente en lo referente a la
administración de justicia, pudiendo designar a algunos de sus miembros para que
concurra al seno de las comisiones legislativas a fundar el proyecto, aportar
datos e informes relativos al mismo.
9. Nombrar y remover los
funcionarios y empleados subalternos cuya forma de designación no esté
establecida en esta Constitución, de conformidad a la ley que se
dicte.
ARTICULO 168.- Establécese el juicio oral, público y
contradictorio en los fueros penal y del trabajo, en la forma y casos que la ley
determine.
ARTICULO 169.- Ningún miembro del Poder Judicial podrá actuar
o intervenir en forma directa y ostensible en política.
ARTICULO 170.-
Los magistrados judiciales no podrán ejercer profesión o empleo alguno, salvo la
docencia superior. Gozarán durante el desempeño de su cargo de un sueldo que no
podrá ser disminuido en ningún concepto.
ARTICULO 171.- La interpretación
que el Superior Tribunal haga de esta Constitución, de las leyes, tratados y de
los convenios colectivos de trabajo provincial, es obligatoria para los jueces y
tribunales inferiores. La legislación establecerá la forma en que podrá
requerirse y procederse a la revisión de la jurisprudencia del Superior
Tribunal.
CAPITULO III - Jurado de Enjuiciamiento
ARTICULO
172.- Los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial, cuya forma de remoción
no esté expresamente determinada por esta Constitución, podrán se acusados por
presuntos delitos dolosos o por mal desempeño del cargo ante un jurado de
enjuiciamiento, compuesto por el presidente del Superior Tribunal de Justicia,
el fiscal de Estado, tres legisladores provinciales, preferentemente letrados,
dos por la mayoría y uno por la primera minoría y dos abogados de la matrícula.
Estos últimos deberán reunir las mismas cualidades exigidas para integrar el
Superior Tribunal de Justicia, quien los designa en sorteo público. Una ley
especial determinará el procedimiento y demás condiciones para el funcionamiento
de este jurado. El alcance de sus fallos será el mismo que el previsto en el
artículo 158.
ARTICULO 173.- A los fines del artículo anterior, se
considera como mal desempeño del cargo:
1. Ignorancia manifiesta del
derecho, o carencia de alguna aptitud esencial para el ejercicio de la función
judicial, reiteradamente demostradas.
2. Incompetencia o negligencia
reiteradamente demostradas en el ejercicio de sus funciones.
3. Morosidad
manifiesta y reiterada.
4. Desorden de conducta o ejercicio de
actividades incompatibles con el decoro y dignidad de la función
judicial.
5. Inhabilidad física o mental que obsten el ejercicio adecuado
del cargo.
6. Graves incumplimientos en las obligaciones de su cargo,
impuestas por la Constitución, leyes, reglamentos, acordadas o resoluciones
judiciales, o infracción reiterada de sus normas prohibitivas.
La
interpelación de estas causales será de carácter restrictivo a los efectos de la
admisibilidad del enjuiciamiento; debiéndose guardar la discreción que preserve
la dignidad del magistrado.
CAPITULO UNICO - Régimen
municipal
ARTICULO 174.- El régimen municipal de la Provincia será
organizado de manera que todo centro poblado tenga representantes de sus
intereses en las municipalidad o comisiones de fomento, cuya creación tendrá por
base la densidad de la población respectiva que para unas y otras determina esta
Constitución.
ARTICULO 175.- Los centros poblados a partir de mil
habitantes tendrán municipalidades, y los con menos de mil, comisiones de
fomento. La ley determinará sus respectivos límites y podrá aumentar la base
demográfica anteriormente mencionada después de cada censo general, para ser
considerada municipalidad.
ARTICULO 176.- La ley orgánica comunal y las
cartas orgánicas municipales se sujetarán a las siguientes bases:
1. Cada
municipalidad se compondrá de un departamento ejecutivo a cargo de un
intendente, y de otro deliberativo, desempeñado por un Concejo.
2. El
gobierno municipal deberá ser representativo, participativo y social. El Concejo
debe ser elegido conforme con lo que para los cuerpos colegiados se establece.
El intendente será elegido por el voto directo conforme con el régimen
electoral.
3. Para ser intendente se requieren cuatro años de residencia
previa, real y efectiva en el ejido municipal, si no se ha nacido en el mismo; y
las demás condiciones exigidas que para ser diputado provincial; no causa
interrupción la ausencia motivada por el ejercicio de funciones políticas al
servicio del gobierno federal o provincial.
4. El Concejo Municipal se
integrará conforme con la siguiente base poblacional:
-A partir de 1000 y
hasta 15.000 habitantes: Cuatro concejales.
-A partir de 15.001 y hasta
30.000 habitantes: Seis concejales.
-A partir de 30.001 y hasta 60.000
habitantes: Ocho concejales.
-A partir de 60.001 y hasta 100.000
habitantes: Diez concejales.
-A partir de 100.000 habitantes: Doce
concejales, más de dos por cada 80.000 habitantes, o fracción no inferior a
60.000.
Después de cada censo, la Legislatura establecerá el número de
concejales, para cada localidad, pudiendo aumentar la base demográfica
mencionada.
La Legislatura podrá establecer diversas categorías de
municipios en función de su cantidad de habitantes; y fijar las remuneraciones
máximas que podrán percibir sus autoridades electas en forma porcentual
relacionada con el tope previsto en el art. 134.
5. Para ser concejal se
requieren las mismas condiciones que para ser intendente.
6. Los concejos
municipales son jueces en cuando a la validez de la elección, derechos y títulos
de sus miembros.
7. Las autoridades municipales durarán cuatro años en
sus funciones; podrán ser reelectas sólo por un nuevo período corriente. Si han
sido reelectas, no pueden ser reelegidas sino con intervalo de un
período.
El concejal que reemplaza al titular, completa el
mandato.
8. El Concejo se renovará por mitades cada dos años. Al
constituirse el primer Concejo, se determinará por sorteo los concejales que
cesarán en el primer bienio.
9. Habiendo paridad de votos para la
designación del presidente del Concejo Deliberante, ejercerá el cargo el primer
titular de la lista de concejales pertenecientes al partido triunfante en esa
categoría.
10. El presidente del Concejo reemplaza al Intendente en caso
de muerte, renuncia, destitución, inhabilidad declarada o ausencia
transitoria.
11. El intendente hará cumplir las ordenanzas dictadas por
el Concejo y anualmente le dará cuenta de su administración.
Ejercerá la
representación de la municipalidad y tendrá las demás facultades que le acuerde
la ley.
12. La ley orgánica comunal determinará el funcionamiento de las
localidades con menos de 1000 habitantes, respetando los principios de la
representación democrática.
ARTICULO 177.- Los municipios con plan
regulador, aprobado por su Concejo Deliberante, podrán dictarse su propia Carta
Orgánica, conforme con el sistema republicano y representativo, respetando los
principios establecidos en esta Constitución.
A los efectos de citarse la
carta orgánica, se convocará a una Convención Municipal. Los miembros de la
misma serán electos por el sistema proporcional y su número no excederá del
doble de la composición del Concejo Delibertante.
La iniciativa para
convocar a la Convención Municipal corresponde al Departamento Ejecutivo, previa
ordenanza que lo autorice.
Para ser convencional comunal se requerirá
idénticas calidades que para ser concejal, con los mismos derechos y sujetos a
iguales incompatibilidades e inhabilidades.
La legislatura provincial
sancionará la ley orgánica comunal para los municipios que no tengan carta
orgánica.
ARTICULO 178.- Son recursos propios del municipio:
1. El
impuesto inmobiliario y gravámenes sobre tierras libres de mejoras.
2.
Las tasas por utilización superficial, aérea o subterránea de la vía pública o
espacios de jurisdicción del municipio.
3. Las contribuciones por mejoras
provenientes de obras municipales.
4. La renta de bienes propios y la
contraprestación por uso diferenciado de los bienes municipales.
5. La
copartición de los impuestos que recauda la Nación o la Provincia con la
alícuota que fije la ley.
6. Lo que se prevea de los recursos
coparticipados, constituyéndose un fondo compensador que adjudicará la
Legislatura por medio del presupuesto a los municipios, teniendo en cuenta la
menor densidad poblacional y mayor brecha de desarrollo relativo.
7. Los
empréstitos locales o de fuera de la Provincia, estos últimos con acuerdo de la
Legislatura.
Ningún empréstito podrá gestionarse sobre el crédito general
del municipio, cuando el total de los servicios de amortización e intereses
comprometan en más del veinticinco por ciento de los recursos ordinarios
afectados.
8. El porcentaje que establecerá la ley, originado en la
explotación de los recursos renovables y no renovables ubicados dentro del
ejido, que perciba la Provincia.
9. Los demás impuestos, tasas, patentes
u otros gravámenes o contribuciones determinadas por las normas municipales en
los límites de su competencia.
ARTICULO 179.- Son atribuciones del
gobierno municipal entender y resolver en todos los asuntos de interés comunal
que no hayan sido expresamente delegados en la Constitución Nacional o en la
presente, de conformidad con la carta orgánica del municipio.
ARTICULO
180.- En ningún caso podrá hacerse ejecución o embargo de las rentas y bienes
municipales, salvo en las primeras y en una proporción no mayor del diez por
ciento. Cuando la municipalidad fuere condenada al pago de una deuda, la
corporación arbitrará, dentro del término de los tres meses siguientes a la
notificación de la sentencia respectiva, la forma de
verificarlo.
ARTICULO 181.- La Provincia podrá intervenir la
municipalidad por ley emanada de la Legislatura, sancionada por dos tercios de
votos:
1. En caso de acefalía total, para asegurar la constitución de sus
autoridades.
2. Para regularizar sus finanzas, cuando el municipio no
cumpliere con sus empréstitos o los servicios públicos
fundamentalmente.
ARTICULO 182.- Los conflictos que se susciten entre las
autoridades del municipio serán resueltos en única instancia por el Superior
Tribunal de Justicia provincial.
ARTICULO 183.- La ley orgánica comunal
otorgará al electorado municipal el ejercicio del derecho de iniciativa y
referéndum.
Cláusulas transitorias
Sustitúyense las
disposiciones transitorias de la Constitución Provincial de 1957, por las
siguientes:
Primera: La presente Constitución entrará en vigencia el día
siguiente de su publicación, la que deberá efectuarse dentro de los quince días
de su sanción.
Los miembros de la Convención Constituyente jurarán esta
Constitución.
El gobernador, el vicegobernador de la Provincia y el
Presidente del Superior Tribunal de Justicia prestarán juramento ante la
Convención Constituyente.
Cada poder del Estado y organismo de la
Constitución dispondrán lo necesario para que los funcionarios, magistrados y
legisladores juren esta Constitución.
El 8 de abril de 1991, en homenaje
a la fundación de Formosa el pueblo de la Provincia será invitado a jurar
fidelidad a la presente en acto público.
Segunda: La Legislatura
provincial deberá dictar la ley de protección integral del menor en el plazo de
un año. En el mismo lapso legislará sobre los arts. 80; 81; 149; 150 y 151 de
esta Constitución.
Tercera: La Legislación tenderá a que el equilibrio y
armonización de la nivelación salarial a que se refiere el art. 88, se efectúe
en forma progresiva en el término de cuatro años.
A efectos de
cumplimentar el art. 90, la Provincia, las municipalidades y comisiones de
fomento, en ningún caso podrán reponer anualmente más del cincuenta por ciento
de las bajas producidas por razones de renuncia, jubilación, muerte o cualquier
otra causa legal, en su planta permanente y transitoria.
CAPITULO
UNICO - Régimen electoral
ARTICULO 184.- La representación política
tiene por base la población, y con arreglo a ella se ejercerá el derecho
electoral, a cuyo efecto la Provincia se constituirá en un solo
distrito.
ARTICULO 185.- El sufragio electoral es un derecho inherente a
la calidad de ciudadano argentino, y un deber que desempeñará con arreglo a las
prescripciones de esta Constitución y a la ley de la materia que dicte la
Legislatura.
ARTICULO 186.- El voto será universal, secreto y
obligatorio, y el escrutinio: Público, en la forma que la ley
determine.
Cuarta: La Legislatura deberá dictar la ley de adhesión al
acuerdo de reafirmación federal celebrado en Luján, el 24 de mayo de 1990, entre
los señores gobernadores de la provincia, el intendente de la ciudad de Buenos
Aires, el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
con los señores presidente y vicepresidente de la Nación.
Quinta: Las
municipalidades deberán adecuar el número de concejales conforme con el art. 176
de la presente, en la primera elección posterior al primer censo poblacional
provincial o nacional que se realice, luego de la entrada en vigencia de esta
Constitución. En ningún caso se reducirá el número de concejales que cada
municipalidad tenga actualmente en funciones.
Provisoriamente, la ciudad
de Formosa elegirá doce concejales; Clorinda: 9 concejales; Pirané y El
Colorado: 6 concejales, respectivamente. A los fines de cumplimentar la
renovación por mitades cada dos años, el Municipio de Clorinda deberá sortear
cuatro concejales, cuyos mandatos fenecerán el año 1993.
Sexta: El art.
126 no será aplicable, sino después de ocho años de entrar en vigencia esta
Constitución, salvo con el voto unánime de los miembros de la
Cámara.
Séptima: Los representantes o funcionarios de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en forma conjunta, fijarán anualmente las
pautas de corrección para mantener el valor económico de sus
remuneraciones.
Octava: En el caso de los haberes que se perciben por
aplicación de la ley 384, sus beneficiarios deben efectuar los aportes
previsionales y las sumas equivalentes a las contribuciones patronales, debiendo
adoptar como base el haber jubilatorio, hasta cumplimentar uno de los requisitos
establecidos en el segundo párrafo del art. 78; quedando la Caja de Previsión
Social de la Provincia autorizada a realizar mensualmente las retenciones
correspondientes, salvo el derecho a pensión. Nadie podrá invocar derechos
adquiridos contra las normas de orden público establecidas al respecto en esta
Constitución.
Novena: Hasta que la Legislatura dicte la ley prevista en
el inc. 4º del art. 176, las remuneraciones de las autoridades electivas de los
municipios y comisiones de fomento no podrán superar el tope finado en el art.
134, última parte.
Disposición final
Téngase por ley
fundamental de la provincia de Formosa, regístrese, publíquese y comuníquese al
poder constituido a los efectos de su cumplimiento.