Provincia
de Entre Ríos
Constitución de la provincia de Entre Ríos
18-08-1933
La Convención
Constituyente de Entre Ríos, sanciona y ordena la presente Constitución
:
SECCIÓN I
Declaraciones, derechos y
garantías
Artículo 1º.- La provincia de Entre Ríos, como parte integrante
de la Nación Argentina, organiza su gobierno bajo la forma republicana
representativa, como lo establece esta Constitución y en el ejercicio de su
soberanía no reconoce más limitación que la Constitución Federal que ha jurado
obedecer y las leyes y disposiciones que en su conformidad se
dictaren.
Artículo 2º.- El territorio de la Provincia queda dividido en
catorce departamentos denominados: Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay,
Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Concordia, La Paz, Villaguay, Tala, Nogoyá, San
José de Feliciano y Federación, con los límites que les acuerdan las leyes
vigentes y sin perjuicio de la facultad legislativa de crear otros y modificar
la jurisdicción territorial y administrativa.
Artículo 3º.- Las
autoridades que ejercen el gobierno residirán en la ciudad de Paraná, capital
del la Provincia.
Artículo 4º.- Todo poder público emana del pueblo; pero
éste no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes y con arreglo
a lo que esta Constitución establece. Todos los habitantes de la provincia gozan
de los derechos de petición y reunión pacífica. Es nula cualquier disposición
adoptada por las autoridades a requisición de fuerza armada o de reunión
sediciosa.
Artículo 5º.- Los habitantes de la provincia, gozan en su
territorio de todos los derechos y garantías declarados por la Constitución
Nacional, con arreglo a las leyes que reglamenten su ejercicio.
Artículo
6º.- Los derechos, declaraciones y garantías enumerados en la Constitución
Nacional y que esta Constitución da por reproducidos, no serán entendidos como
negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del
principio de la soberanía del pueblo, de la forma republicana de gobierno y que
corresponden al hombre en su calidad de tal.
Artículo 7º.- El Estado no
podrá dictar leyes y otras medidas que restrinjan o protejan culto alguno. Es
inviolable en el territorio de la provincia el derecho que todo hombre tiene
para profesar su culto libre y públicamente, según los dictados de su conciencia
sin más limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres y el
orden público.
Artículo 8º.- El registro del estado civil de las personas
será uniformemente llevado en toda la provincia por las autoridades civiles, sin
distinción de creencias religiosas, en la forma que lo establezca la
ley.
Artículo 9º.- Todos los habitantes de la provincia gozan del derecho
de enseñar y aprender conforme a las leyes que reglamenten su
ejercicio.
Artículo 10.- La libertad de la palabra escrita o hablada es
un derecho asegurado a los habitantes de la provincia, sin que en ningún caso
puedan dictarse medidas preventivas para el uso de esta libertad, ni
restringirla ni limitarla en manera alguna.
Los que abusen de esta
libertad serán responsables ante la justicia ordinaria o ante el jurado, en la
forma que lo prescriba la ley.
El procedimiento será siempre sumario y la
ley que lo reglamente fijará un término máximo para su duración.
Artículo
11.- La Legislatura dictará la ley especial sobre los delitos de imprenta,
estableciendo las penas, procedimientos ante el jurado o la justicia ordinaria,
según los casos, y la procedencia de la apertura a prueba, debiendo admitirla
siempre que se trate de la conducta oficial o de la capacidad de los
funcionarios públicos.
Artículo 12.- Los argentinos nativos o
nacionalizados, sin distinción de sexos, son admisibles a los cargos públicos
provincias o municipales, sin perjuicio de las cualidades especiales exigidas
por esta Constitución.
Los extranjeros domiciliados en Entre Ríos, son
admisibles a los cargos municipales y a todos los empleos para los que esta
Constitución no exija cualidades especiales.
Artículo 13.- Todo ciudadano
domiciliado en la provincia tiene la obligación de armarse a requisición de las
autoridades constituidas, salvo las excepciones que las leyes de la materia
determinen.
Artículo 14.- Ningún magistrado o empleado público podrá
delegar , in autorización legal, sus funciones en otra persona; ni un poder
delegar en otro sus facultades constitucionales , siendo nulo, por consiguiente,
lo que cualquiera de ellos obrase a nombre de otro ya sea por autorización cuya
o con cargo de dar cuenta, excepto los casos previstos por esta
Constitución.
Artículo 15.- En ningún caso podrán las autoridades de la
provincia suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación, ni
la efectividad de las garantías y derechos establecidos en
ambas.
Artículo 16.- Los funcionarios y empleados públicos, no sujetos al
juicio político ni al Jurado de Enjuiciamiento, son enjuiciables ante los
tribunales ordinarios, sin que puedan excusarse alegando orden o aprobación
superior.
Artículo 17.- El funcionario o empleado público a quien se
impute delito cometido en el desempeño de sus funciones, está obligado a acusar
para vindicarse, bajo pena de destitución y gozará del beneficio del proceso
gratuito.
Artículo 18.- No podrán acumularse en una misma persona dos o
más empleos, aunque el uno sea de la provincia y el otro de la Nación o
municipal, con excepción de los del magisterio y los de carácter profesional
técnico cuando la escasez del personal haga necesaria la acumulación. Fuera de
estos casos, la aceptación de nuevo empleo hace caducar el
anterior.
Artículo 19.- Los funcionarios y empleados permanentes,
provinciales y municipales, o en su caso, los herederos que determine la ley de
la materia, tendrán derecho a jubilación, pensión o seguro. La ley será dictada
con sujeción a normas técnicas que tengan en cuenta el principio de la
proporcionalidad entre los aportes y beneficios, el tiempo de los servicios y la
edad de los beneficiados, sin excluir los aportes del Estado y de las
municipalidades. La ley establecerá bases especiales para el caso de accidentes
ocurridos con motivo de la prestación de servicios.
Artículo 20.- La
Legislatura no podrá acordar pensiones ni jubilaciones por leyes
especiales.
Artículo 21.- Ningún empleado de la provincia o de las
municipalidades con más de un año consecutivo de servicio, podrá ser separado de
su cargo mientras dure su buena conducta, sus aptitudes física y mental, y su
contracción eficiente para la función encomendada, a excepción de aquellos para
cuyo nombramiento o cesantía se haya previsto, por esta Constitución o por las
leyes respectivas, normas especiales. La ley reglamentará esta garantía y los
deberes y responsabilidades del empleado o funcionario y determinará las bases y
tribunales administrativos para regular el ingreso, los ascensos, remociones,
traslados e incompatibilidades.
Artículo 22.- No podrán ser empleados,
funcionarios, ni legisladores, los deudores de la provincia, que ejecutados
legalmente no hayan pagado sus deudas, los inhabilitados por sentencia, los
quebrados fraudulentos no rehabilitados y los afectados por incapacidad física o
mental.
Artículo 23.- Las atribuciones de los funcionarios y empleados de
la provincia y municipalidades están limitadas por la ley suprema de la Nación,
por esta Constitución y por las leyes que en su virtud dicte la Legislatura. Los
funcionarios y empleados son individualmente responsables de los daños causados
a terceros o al Estado por extralimitación o cumplimiento irregular de sus
funciones.
La provincia no es responsable de los actos que los
funcionarios y empleados practiquen fuera de sus atribuciones, salvo los casos
que la ley determine.
Artículo 24.- Ninguna persona puede ser detenida
sin orden escrita emanada de autoridad competente y sin que preceda indagación
sumaria que acredite indicio de su intervención en un hecho punible, salvo el
caso de in fraganti delito, en que podrá ser aprehendida por cualquier habitante
y conducida inmediatamente ante la autoridad respectiva. En ningún caso la
simple detención ni la prisión preventiva se cumplirá en las cárceles públicas
destinadas a penados, no podrá prolongarse por más de veinticuatro horas sin ser
comunicada al juez o autoridad competente, poniendo a su disposición al detenido
y los antecedentes del hecho.
Artículo 25.- Toda persona detenida sin
orden en forma de juez competente; por juez incompetente o por cualquier
autoridad o individuo; o a quien se le niegue alguna de las garantías
establecidas en la Constitución Nacional o provincial o las leyes, podrá
ocurrir, por sí o por conducto de otro, y valiéndose de cualquier medio de
comunicación, ante el juez letrado inmediato, sin distinción de fueros ni
instancias, para que se ordene su inmediata libertad, se lo someta al juez
competente, o se le acuerde la garantía negada, según el caso. El juez o
tribunal ante quien se presente este recurso queda facultado para requerir toda
clase de informes, para hacer comparecer al detenido a su presencia y deberá
resolver en definitiva en un término sumarísimo que fijará la
ley.
Artículo 26.- Siempre que una ley u ordenanza imponga a un
funcionario o corporación pública de carácter administrativo un deber
expresamente determinado, todo aquel en cuyo interés deba ejecutarse el acto o
que sufriere perjuicio material, moral o político, por la falta de cumplimiento
del deber, puede demandar ante los tribunales su ejecución inmediata, y el
tribunal, previa comprobación sumaria de la obligación legal y del derecho del
reclamante, dirigirá al funcionario o corporación un mandamiento de
ejecución.
Artículo 27.- Si un funcionario o corporación pública de
carácter administrativo ejecutase actos que le fueran expresamente prohibidos
por las leyes y ordenanzas, el perjudicado podrá requerir de los tribunales, por
procedimiento sumario, un mandamiento prohibitivo dirigido al funcionario o
corporación.
Artículo 28.- No podrán reabrirse procesos fenecidos,, salvo
en materia criminal cuando la revisión sea favorable al reo y el caso esté
autorizado por la ley. La prueba en juicio se producirá públicamente con las
limitaciones que la ley establezca. La ley no podrá atribuir a la confesión
hecha ante la policía, mayor valor probatorio que el de un indicio. El sumario
será público, excepción hecha de la incomunicación que no podrá exceder de tres
días.
Artículo 29.- Queda prohibida toda especie de tormentos y
vejámenes, bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las
responsabilidades en que incurran los empleados o funcionarios que los apliquen,
ordenen o consientan. Las cárceles y colonias penales agrícolas de la provincia
serán sanas y limpias, para seguridad y no para mortificación de los recluidos,
debiendo constituir centros de trabajo.
Artículo 30.- La provincia como
persona civil puede ser demandada ante … … los tribunales, sin perjuicio de lo
dispuesto por las leyes de competencia federal, sin necesidad de autorización
previa del Poder Legislativo y sin privilegio alguno.
Si fuera condenada
al pago de una deuda, podrá ser ejecutada en la forma ordinaria y embargadas sus
rentas, si transcurrido un año, desde la fecha en que el fallo condenatorio
quedó firme, la Legislatura no arbitró los recursos para efectuar el pago.
Exceptúanse de esta disposición las rentas o bienes especialmente afectados en
garantía de una obligación.
Artículo 31.- Los actos oficiales de la
administración, y en especial, los que se relacionen con la percepción e
inversión de la renta, deberán publicarse periódicamente en la forma que la ley
lo establezca.
Artículo 32.- No podrá dictarse ley ni decreto que tenga
por objeto acordar remuneraciones extraordinarias a miembros de los poderes
públicos y ministros secretarios, por servicios hechos o que se les encargaren
durante el ejercicio de sus funciones.
Artículo 33.- Es de ningún valor
toda ley de la provincia que viole o menoscabe las prescripciones establecidas
por la ley suprema de la Nación y por esta Constitución, así como todo acto,
contrato, decreto u ordenanza que contravenga a las mismas o a las leyes
dictadas en su consecuencia, pudiendo los interesados demandar o invocar su
inconstitucionalidad o invalidez ante los tribunales
competentes.
Artículo 34.- En caso de intervención del Gobierno federal,
los actos administrativos que el representante practique durante el desempeño de
su función, serán válidos para la provincia, si hubieren sido realizados de
acuerdo con esta Constitución y las leyes de la provincia.
Artículo 35.-
Los derechos y garantías consagrados por esta Constitución no serán alterados
por las leyes que reglamenten su ejercicio, ni limitados por más restricciones
que las indispensables para asegurar la vida del Estado, el derecho de terceros,
la moral y el orden público.
SECCIÓN II
Régimen
económico y del trabajo
Artículo 36.- El Estado, mediante su legislación,
promoverá el bienestar económico y social de la colectividad.
Artículo
37.- El Estado fomentará y protegerá la producción y, en especial, las
industrias madres y las transformadoras de la producción rural; a cuyo objeto
podrá conceder, con carácter temporario, primas, recompensas de estímulo,
exoneración de impuestos y contribuciones y otros beneficios compatibles con
esta Constitución; o concurrir a la formación de sus capitales, al de los ya
existentes, participando de la dirección y de la distribución de sus
beneficios.
Igualmente fomentará y orientará la aplicación de todo
sistema, instrumento o procedimiento, que tienda a facilitar la comercialización
de la producción aunque para ello deba acudir con sus recursos o
crédito.
Artículo 38.- Promoverá la inmigración, la colonización la
construcción de ferrocarriles, canales y otros medios de comunicación y de
transporte, y la implantación y explotación de industrias o empresas que
interesen al bien público.
Artículo 39.- Intensificará la construcción y
mejoramiento progresivo de los caminos e incitará la iniciativa y cooperación
privadas para la prosecución de la obra vial.
Artículo 40.- Estimulará la
inversión de los capitales privados y en especial de los ahorros populares, en
las empresas que exploten servicios públicos, en las entidades
económicofinancieras, en el establecimiento de las industrias que se asienten en
la provincia, e iniciará esta evolución sometiendo las explotaciones oficiales
al régimen mixto y fortaleciendo las iniciativas particulares con la
participación y el aporte del Estado.
Artículo 41.- Estimulará la
tendencia cooperativista y protegerá las organizaciones de ese
carácter:
Artículo 42.- Reglamentará por leyes especiales las condiciones
de trabajo de los obreros y empleados residentes en la
provincia.
Reglamentará especialmente:
a) La jornada y seguridad
del trabajo con relación a la exigencia de la vida higiénica y a las condiciones
del trabajo industrial y de las faenas agropecuarias;
b) Los seguros y el
socorro mutuo en caso de enfermedad, maternidad, muerte, niñez desvalida, vejez
o invalidez;
c) Las otras formas de previsión y asistencia
social;
d) El salario mínimo para los obreros del Estado, el que se
fijará en base al costo de vida;
e) La inembargabilidad del hogar de
familia;
f) El fomento de la construcción de viviendas higiénicas, con el
concurso del Estado, sea en forma de desembolsos directos, de otorgamiento de
créditos o garantías o de liberación de gravámenes;
g) El asociacionismo
gremial, debiendo fomentarlo y orientarlo;
h) El funcionamiento de
tribunales de arbitraje, de los que formarán parte representantes de
asociaciones patronales y gremiales, legalmente autorizadas, para resolver
conflictos, suscitados entre patrones y obreros.
Artículo 43.- La
Legislatura, al dictar las leyes de carácter tributario, propenderá a la
eliminación paulatina de los impuestos que pesen sobre los artículos de primera
necesidad, debiendo evolucionar hacia la adopción de un régimen impositivo
basado en los impuestos directos y en los que recaigan sobre los artículos
superfluos.
Artículo 44.- Toda enajenación de los bienes del fisco o del
municipio; compras y demás contratos susceptibles de licitación, se harán en
esta forma y de un modo público, bajo pena de nulidad y sin perjuicio de las
responsabilidades emergentes.
Artículo 45.- Cuando para la fundación de
colonias o para otros fines de utilidad pública, se considere necesario la
enajenación de los bienes del fisco en venta directa o la cesión gratuita, podrá
la Legislatura, con dos tercios de votos presentes, autorizar estas formas de
enajenación, tomando en cuenta cada caso y dictando una ley especial para cada
uno. El Poder Ejecutivo dará cuenta del uso que habrá hecho de cada autorización
una vez cumplida la ley respectiva.
Artículo 46.- La adquisición que haga
la provincia de bienes raíces con fines de colonización o para otros objetos,
deberá ser autorizada por el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes de cada Cámara.
SECCIÓN III
Régimen
Electoral
Artículo 47.- La Legislatura dictará la ley electoral que será
uniforme para toda la provincia y reconocerá por base las prescripciones
siguientes:
1º El sufragio electoral será universal, secreto y
obligatorio.
2º Tendrán voto en las elecciones provinciales los
ciudadanos argentinos mayores de dieciocho años que se hallen inscriptos en el
padrón electoral de la Nación, por el que deberán celebrarse las elecciones de
la provincia. Cuando el padrón electoral de la Nación no se ajuste a los
principios fundamentales establecidos en esta Constitución para el ejercicio del
sufragio, la Legislatura mandará confeccionar el registro cívico de Entre Ríos,
bajo la dirección del tribunal electoral.
3º El reconocimiento del
derecho de sufragio a la mujer, en el orden provincial o municipal, o en ambos a
la vez, podrá ser hecho por la Legislatura con carácter facultativo u
obligatorio.
4º Se considerará que ha habido elección en un círculo,
distrito o sección y la elección se reputará válida, cuando haya sido legal en
la mayoría de las mesas receptoras de votos. A pedido de cualesquiera de los
partidos políticos y dentro del plazo que la ley señale, en toda clase de
elecciones, se convocará a nueva elección, en las mesas no constituidas o
anuladas, cuantas veces sea necesario, hasta que haya una elección
válida.
5º Ningún ciudadano podrá inscribirse sino en el distrito de su
domicilio.
6º Las elecciones ordinarias se verificarán en las fechas que
fije la ley y las extraordinarias en cualquier tiempo, previa convocatoria que
se publicará con treinta días, por lo menos, de anticipación en la capital y
departamentos. Para las elecciones complementarias este término se reduce a ocho
días.
7º Las mesas receptoras de votos estarán constituidas por un
funcionario por un funcionario denominado presidente del comicio. El tribunal
electoral insaculará también dos suplentes que reemplazarán a aquél en los casos
que la ley determine.
8º Durante las elecciones y en el radio del comicio
no habrá más autoridad policial que la del presidente del mismo, cuyas órdenes y
resoluciones deberán cumplir la fuerza pública y los ciudadanos.
9º Toda
elección debe durar ocho horas como mínimo y terminar en el día, sin que las
autoridades y particulares puedan suspenderlas por motivo alguno.
10 El
escrutinio provisorio será público, debiendo hacerse en seguida de terminar la
elección y consignarse el resultado en la misma acta del comicio, firmando el
presidente y demás personas que quieran hacerlo.
11 Toda elección se hará
por listas que serán oficializadas por el tribunal electoral. Se considerarán
una sola lista las que tengan la mayoría de los candidatos comunes, aunque
difiera el orden de colocación de los mismos. A los efectos del escrutinio
definitivo, el orden de colocación de los candidatos lo determinará la lista que
tenga la mayoría de la totalidad de votos, y si ninguna la tuviera, el de la
lista oficializada.
12 Los electores no podrán ser arrestados durante las
horas de la elección, excepto en el caso de flagrante delito.
13 No podrá
votar la tropa de línea, ni la Guardia Nacional movilizada, desde sargento para
abajo, ni, hasta pasado dos meses de haber cesado en el puesto, los gendarmes de
policía terrestre, fluvial o marítima, bomberos y guardias cárceles.
14
Un Tribunal Electoral compuesto del presidente y un miembro del Superior
Tribunal de Justicia, de uno de los jueces de primera instancia de la capital,
del vicepresidente primero del Senado y del presidente de la Cámara de
Diputados, o sus reemplazantes legales, tendrá a su cargo:
a) Designar,
por sorteo público, los miembros de las mesas receptoras de votos y disponer las
medidas conducentes a la organización y funcionamiento de los
comicios;
b) Decidir, en caso de impugnación, si concurren en los electos
los requisitos constitucionales para el desempeño del cargo;
c) Practicar
los escrutinios definitivos en acto público, computando sólo los votos emitidos
a favor de las listas oficializadas por el mismo tribunal;
d) Calificar
las elecciones de gobernador y vicegobernador, de convencionales, de senadores y
diputados, juzgando definitivamente y sin recurso alguno, sobre su validez o
invalidez y otorgando los títulos a los que resulten electos;
e)
Establecer el suplente que entrará en funciones conforme a lo que se establece
en los artículos 50 y 51, debiendo comunicarlo a la Cámara respectiva.
Este
tribunal procederá como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciará con
arreglo a derecho;
f) El Tribunal Electoral deberá expedirse dentro de
los cuarenta y cinco días de sometidos a su consideración los asuntos de su
competencia, bajo pena de destitución e inhabilitación por diez años para
desempeñar empleo o función pública provincial, del miembro o miembros remisos
en el desempeño de sus funciones.
15 Toda falta grave, acto de fraude,
coacción, soborno, cohecho o intimidación, ejercido por los empleados o
funcionarios públicos, de cualquier jerarquía, como también por cualquier
persona contra los electores, antes, durante o después del acto eleccionario,
serán considerados como un atentado contra el derecho y la libertad electoral y
serán penados con arreglo a los que disponga la ley de la materia.
16 La
acción para acusar por faltas o delitos electorales será popular y se podrá
ejercer hasta tres meses después de cometidos aquéllos. La Legislatura no podrá
dictar leyes de amnistía en esta materia y los actos de procedimiento judicial
contra el acusado, interrumpirán las prescripciones de la acción y de la
pena.
17 Los funcionarios y empleados públicos deberán abstenerse, bajo
pena de destitución, de formar parte de comisiones o comités políticos, de
suscribir manifiestos de partidos, y en general, de ejecutar cualquier otro acto
público de carácter política, salvo el del voto.
18 La ley determinará
las limitaciones y prohibiciones al ejercicio del sufragio, respetando los
principios establecidos en esta Constitución.
Artículo 48.- El Poder
Ejecutivo sólo podrá suspender la convocatoria a elecciones en caso de
conmoción, insurrección, invasión o movilización de milicias.
Artículo
49.- El gobernador y vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo de
la provincia, a simple pluralidad de sufragios. En caso de empate se procederá a
nueva elección.
Artículo 50.- Los senadores serán elegidos directamente
por el pueblo a razón de uno por cada departamento y a simple pluralidad de
votos. Se elegirán suplentes por cada partido o agrupación para reemplazar a los
que cesen en su mandato por muerte, renuncia, o cualquiera otra
causa.
Artículo 51.- Los diputados serán elegidos directamente por el
pueblo de la provincia, en distrito único, por un sistema de representación
proporcional; pero que asegure al partido mayoritario la mayoría absoluta de la
representación. La ley determinará la forma de distribuir el resto de la
representación. Se elegirán también listas de suplentes por cada partido o
agrupación para reemplazar a los que cesen en su mandato por muerte, renuncia, o
cualquiera otra causa. Tratándose de los elegidos por las minorías se
incorporarán los candidatos titulares de las listas proclamadas que no hayan
resultado electos.
Artículo 52.- El mandato de los funcionarios y
representantes a que se refieren los artículos 49, 50 y 51 será de cuatro
años.
Todos serán elegidos simultáneamente en un solo acto
electoral.
SECCIÓN IV
Poder
Legislativo
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo
53.- El Poder Legislativo de la provincia será ejercido por una Legislatura
compuesta de dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores.
Artículo
54.- El mandato de los representantes durará cuatro años, a contar desde el día
que se fija para la inauguración del período de las sesiones ordinarias, y ambas
Cámaras se renovarán totalmente al final de dicho término.
En caso de
vacancia de un cargo de representante, por muerte, renuncia u otra causa,
entrará en ejercicio el suplente respectivo.
Artículo 55.- Son
incompatibles los cargos de senador y diputado:
a) Con el de funcionario
o empleado público a sueldo de la Nación, de la provincia o de las
municipalidades, con excepción del profesorado nacional y de las comisiones
honorarias eventuales, debiendo estas últimas ser aceptadas con el
consentimiento previo de la Cámara a que pertenezca;
b) Con todo otro
cargo de carácter electivo nacional, provincial, municipal o de otra
provincia;
c) Con el de funcionario o empleado dependiente de una empresa
particular que se rija por concesiones de la Legislatura y que tenga, por ese
hecho, relaciones permanentes con los poderes públicos de la
provincia.
El representante que haya aceptado algún cargo incompatible
con el suyo, quedará, por ese solo hecho, separado de la representación,
debiendo la presidencia de la Cámara respectiva comunicar la vacante, a sus
efectos, al Tribunal Electoral.
CAPITULO II
Cámara de
Diputados
Artículo 56.- La Cámara de Diputados se compondrá de veintiocho
ciudadanos.
Artículo 57.- Para ser diputado se requiere:
1º
Ciudadanía natural en ejercicio o legal después de cuatro años de
obtenida.
2º Veinticinco años de edad.
3º Ser nativo de la
provincia o tener en ella domicilio inmediato de dos años.
Artículo 58.-
Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a
los funcionarios sujetos a juicio político.
Artículo 59.- En cada período
ordinario, la Cámara de Diputados, designará un presidente, un vicepresidente
primero y un vicepresidente segundo, los cuales entrarán a desempeñar la
presidencia por su orden, y durarán en sus funciones hasta la iniciación del
período ordinario siguiente.
CAPITULO III
Cámara de
Senadores
Artículo 60.- El Senado se compondrá de un senador, elegido a
pluralidad de sufragios, por cada uno de los departamentos de la
provincia.
Artículo 61.- Para ser senador se requiere:
1º
Ciudadanía natural en ejercicio o legal, después de seis años de
obtenida.
2º Tener por lo menos treinta años de edad.
3º Haber
nacido en el departamento por el que sea elegido o tener dos años de domicilio
inmediato en él.
Artículo 62.- Es presidente del Senado el vicegobernador
de la provincia; pero no tiene voto sino en caso de empate.
En cada
período ordinario de sesiones el Senado nombrará un vicepresidente primero y un
vicepresidente segundo, los cuales entrarán a desempeñar el cargo, por su orden,
en defecto del presidente. Las autoridades elegidas durarán en sus funciones
hasta la iniciación del período ordinario siguiente.
Artículo 63.- Son
atribuciones exclusivas del senado:
1º Juzgar en juicio público a los
acusados por la Cámara de Diputados.
2º Prestar o negar acuerdo al Poder
Ejecutivo para el nombramiento de los miembros del superior tribunal, fiscal y
defensor de menores del mismo, jueces de primera instancia, fiscal de Estado,
contador, tesorero, miembro del Tribunal de Cuentas, directos de escuelas,
vocales del Consejo General de Educación, jefes militares desde teniente coronel
y los demás funcionarios para los cuales la ley establezca esta forma de
nombramiento.
CAPITULO IV
Disposiciones Comunes a ambas
Cámaras
Artículo 64.- Ambas Cámaras se reunirán en sesiones ordinarias
cada año desde el 1º de julio. El período ordinario de sesiones durará cuatro
meses y podrá ser continuo o discontinuo según lo determine la ley.
El
Poder Ejecutivo podrá convocarlas extraordinariamente siempre que el interés
público lo reclame.
Artículo 65.- Reunidas en Asamblea ambas Cámaras y
presidida por el presidente del Senado, abrirán sus sesiones
ordinarias.
En el mismo acto, el Poder Ejecutivo presentará el mensaje
dando cuenta del estado de la administración.
Artículo 66.- Pueden ser
prorrogadas las sesiones por el Poder Ejecutivo, o por sanción legislativa, con
el voto de la tercera parte de los miembros de cada Cámara.
Artículo 67.-
Cada Cámara sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros. Cuando por falta
de quórum, fracasaran dos sesiones consecutivas de las establecidas por cada
Cámara, éstas podrán sesionar con la tercera parte de sus
miembros.
Tratándose de sesiones especiales, el quórum de la tercera
parte regirá cuando la citación para las mismas, se haya hecho con anticipación
de tres días por lo menos.
Para la exclusión por ausentismo reiterado se
requiere la presencia de la cuarta parte de la totalidad de los miembros de la
Cámara.
En cualquier caso, podrán reunirse en menor número al solo efecto
de acordar las medidas necesarias para compeler a los inasistentes por la fuerza
pública y aplicar penas de multa o suspensión.
Artículo 68.- Ambas
Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones legislativas simultáneamente. Ninguna
de ellas, mientras se hallen reunidas, podrán suspender sus sesiones por más de
tres días sin consentimiento de la otra.
Artículo 69.- Para el desempeño
de las funciones privativas de cada Cámara, que no sean legislativas, podrán ser
convocadas, en todo tiempo, por el Poder Ejecutivo o por sus presidentes
respectivos y sesionar separadamente.
A pedido de la tercera parte de sus
miembros, el presidente deberá hacer la convocatoria y si se negare, los
miembros que la pidieron podrán hacerla directamente.
Artículo 70.- Cada
Cámara hará su reglamento que no podrán modificar sobre tablas y en un mismo
día.
Artículo 71.- Cada Cámara podrá, con dos tercios de la totalidad de
sus miembros, corregir y aún excluir de su seno, a cualesquiera de ellos por
desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad y
removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación; pero
bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes, para decidir de la
renuncia que hiciere de su cargo.
Artículo 72.- Al incorporarse a las
Cámaras respectivas, los diputados y senadores prestarán juramento por la patria
y sus creencias o principios.
Artículo 73.- Los miembros del Poder
Legislativo no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados,
por opiniones que emitan en el desempeño de su mandato.
Artículo 74.-
Ningún senador o diputado, desde el día de su elección, puede ser detenido
excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito que
merezca pena corporal, en cuyo caso, se dará cuenta de la detención a la Cámara
respectiva, con la información sumaria del hecho.
Artículo 75.- Cuando se
promueva juicio ante la justicia ordinaria contra cualquier senador o diputado,
examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos
tercios de votos de los presentes, levantar los fueros o suspender en sus
funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su
juzgamiento.
Artículo 76.- Cada Cámara, con aprobación de un tercio de
sus miembros presentes, puede llamar a su seno a los ministros del Poder
Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que crea convenientes,
citándolos por lo menos con un día de anticipación, salvo caso de urgente
gravedad y comunicándoles al citarlos, los puntos sobre los cuales han de
informar.
Artículo 77.- Cada Cámara, con la aprobación de tres de sus
miembros, puede también pedir al Poder Ejecutivo, en cualquier época del período
de sesiones, los datos e informes que crea necesarios para el mejor desempeño de
sus funciones.
Artículo 78.- Los servicios de los miembros de la
Legislatura serán remunerados por el tesoro de la provincia con una dotación que
fijará la ley, la que no podrá ser alterada en el período del
mandato.
Artículo 79.- Las sesiones de ambas Cámaras serán públicas, a
menos que un grave interés, declarado por ellas mismas, exigiere lo
contrario.
Artículo 80.- Cada Cámara tendrá autoridad para corregir, con
arresto que no pase de un mes, a toda persona de fuera de su seno que viole sus
privilegios, con arreglo a los principios parlamentarios, pudiendo además, pasar
los antecedentes a la justicia.
CAPITULO V
Atribuciones del Poder
Legislativo
Artículo 81.- Corresponde al Poder Legislativo:
1º
Aprobar o desechar los tratados con las otras provincias para fines de
administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad
común.
2º Legislar sobre todas las materias consignadas en la sección II,
Régimen Económico y del Trabajo, con las orientaciones determinadas en la
misma.
3º Legislar sobre la organización de las municipalidades y
policía, de acuerdo con lo que establece al respecto la presente
Constitución.
4º Dictar planes y reglamentos generales sobre enseñanza
pública.
5º Legislar sobre enseñanza y cualquier otro objeto de interés
común o municipal, dejando a las respectivas municipalidades su
aplicación.
6º Determinar las formalidades con que se han de llevar
uniformemente el registro del estado civil de las personas.
7º Dictar la
legislación impositiva observando lo dispuesto por el artículo 43 y a esos fines
y efectos, establecerá impuestos, tasas y contribuciones cuyo monto fijará, en
forma equitativa, proporcional o progresivamente, de acuerdo con el objeto
perseguido y con el valor o el mayor valor de los bienes o de sus réditos, en su
caso.
8º Fijar el presupuesto de gastos y cálculo de recursos. La ley de
presupuesto será la base a que debe sujetarse todo gasto de la administración
general de la provincia y en ella deberán figurar todos los ingresos y egresos
ordinarios y extraordinarios de la administración, aún cuando hayan sido
autorizados por leyes especiales. Si los recursos para cumplir estas leyes no se
incluyeran en la de presupuesto, se considerarán derogadas, si ni hubiesen
tenido principio de ejecución y suspendidas si lo hubiesen tenido.
En ningún
caso podrá la Legislatura aumentar el monto de las partidas del cálculo de
recursos presentado por el Poder Ejecutivo, ni autorizar por la ley de
presupuesto una suma de gastos mayor que la de recursos, salvo el derecho del
Poder Legislativo de crear nuevos impuestos o aumentar las tasas.
9º El
número de puestos y el monto de los sueldos proyectados por el Poder Ejecutivo
en la ley de presupuesto, no podrán ser aumentados en ésta y dichos aumentos
sólo se harán por medios de proyectos de ley que seguirán la tramitación
ordinaria.
10 En el caso de que el Poder Ejecutivo no remitiera el
proyecto del ley de presupuesto general de la administración antes de terminar
el tercer mes de sesiones ordinarias de la Legislatura y ésta considere
necesario modificar el que rige, procederá a hacerlo tomando éste por base.
Pronunciada tal resolución, corresponde a la Cámara de Diputados formular el
proyecto de ley de presupuesto.
Si el Poder ejecutivo no remitiera el
proyecto de ley de presupuesto general dentro de los tres primeros meses en las
sesiones ordinarias y si la Legislatura en el resto del período de dichas
sesiones, no resolviera usar de la facultad acordada precedentemente, se tendrá
el presupuesto en vigencia, como ley de presupuesto para el año
siguiente.
11 Las leyes impositivas regirán en tanto la Legislatura no
las derogue ni las modifique, debiendo estas modificaciones haberse por medio de
ley especial.
12 Crear impuestos transitorios, especificando este
carácter y determinando el objeto de su creación. Su producido se aplicará
exclusivamente al objeto que lo motiva y su recaudación cesará tan pronto como
éste quede cumplido. Pero si producida la liquidación resultare un saldo
excedente, éste pasará a rentas generales.
13 Aprobar, observar o
desechar las cuentas de inversión que le remitirá el Poder Ejecutivo en todo el
mes de julio de cada período ordinario, abrazando el movimiento administrativo
hasta el 31 de diciembre próximo anterior.
14 Crear o suprimir empleos
para la mejor administración de la provincia, siempre que no sean de los
establecidos por esta Constitución, determinando sus atribuciones,
responsabilidades y su dotación.
15 Dictar leyes estableciendo los medios
de hacer efectivas las responsabilidades civiles de los funcionarios y,
especialmente, de los recaudadores de renta, tesorero de la provincia y demás
administradores de dineros públicos.
16 Fijar las divisiones
territoriales par ala mejor administración.
17 Conceder amnistía por
delito de sedición en la provincia.
18 Autorizar la reunión y la
movilización de las milicias o parte de ellas, en los casos permitidos por la
Constitución Nacional y aprobar o desaprobar la movilización que en cualquier
tiempo hiciese el Poder Ejecutivo sin autorización previa.
19 Autorizar
la cesión de parte del territorio de la provincia, con dos tercios de votos de
los presentes en sesión, para objetos de utilidad pública nacional o provincial;
y con unanimidad de votos de la totalidad de ambas Cámaras, cuando dicha cesión
importe desmembramiento de territorio o abandono de jurisdicción dentro de los
límites prescriptos por la Constitución Nacional.
20 Legislar sobre
tierras públicas de la provincia debiendo dictarse una ley general sobre la
materia.
21 Dictar todas las leyes y reglamentos necesarios para poner en
ejercicio los poderes y autoridades que establece esta Constitución.
22
Calificar los casos de expropiación por causa de utilidad pública.
23
Autorizar la ejecución de obras públicas exigidas por el interés de la
provincia.
24 Dictar las leyes de organización y de procedimientos de los
tribunales ordinarios y la del juicio por jurados.
25 Autorizar el
establecimiento de bancos dentro de las prescripciones de la Constitución
Nacional.
26 Facultar al Poder Ejecutivo, con la mitad más uno de los
miembros de cada Cámara, para contraer empréstitos o emitir fondos públicos con
bases y objetos determinados, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los
gastos ordinarios de la administración. Los papeles de crédito público emitidos,
llevarán transcriptas las disposiciones de la ley autorizante.
En ningún
caso la totalidad de los servicios de los empréstitos comprometerán más de la
cuarta parte de las rentas de la provincia y, ni el numerario obtenido de los
mismos, ni los fondos públicos que se emitan, podrán ser aplicados a otros
objetos que los determinados por la ley de su creación.
27 Dictar la ley
de elecciones generales de la provincia.
28 Conceder o negar licencia al
gobernador y vicegobernador para salir temporalmente fuera del provincia, o de
la capital por más de quince días.
29 Crear reparticiones autárquicas
pudiendo darles facultad para designar su personal y administrar los fondos que
se les asigne, dentro de las prescripciones de la ley de creación.
30
Reglamentar el uso público de símbolos o distintivos, que no pertenezcan a la
Nación Argentina o a países extranjeros.
31 Legislar sobre asistencia
social con mira a racionalizar la administración de los diversos servicios, a
coordinarlos y a organizar el contralor de las inversiones de dineros públicos
hechos por intermedio de las asociaciones benéficas privadas.
32 Dictar
todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las anteriores
atribuciones y para todo asunto de interés público y general de la provincia,
que por su naturaleza y objeto no corresponda privativamente al Congreso
Nacional.
CAPITULO VI
Sanción, Promulgación y Publicación de las
Leyes
Artículo 82.- Las leyes pueden tener origen en cualesquiera de las
Cámaras, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder
Ejecutivo.
Artículo 83.- Para que un proyecto de ley sea sancionado sobre
tablas, será necesario dos tercios de votos de los presentes y esa sanción no
podrá recaer en general y particular en un mismo día, en ambas
Cámaras.
Artículo 84.- Aprobado un proyecto por la Cámara de su origen,
pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas pasa al Poder
Ejecutivo para su examen, y si también lo aprueba, lo promulga como
ley.
Artículo 85.- Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo
proyecto no devuelto en el término de diez días hábiles.
Artículo 86.- Si
antes del vencimiento de los diez días hubiese tenido lugar la clausura de las
Cámaras, el Poder Ejecutivo deberá, dentro de dicho término, remitir el proyecto
vetado a la Secretaría del Senado, sin cuyo requisito no tendrá efecto el
veto.
Artículo 87.- Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una
de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año, sino cuando vuelva
a presentarse y fuera apoyado, por dos tercios de votos de los miembros
presentes de la Cámara que lo rechazó. Si sólo fuera adicionado o corregido por
la Cámara revisora, volverá a la de su origen y si en ésta se aprobaran las
adiciones o correcciones por mayoría absoluta, pasará al Poder Ejecutivo. Si las
adiciones o correcciones fueran desechadas volverá por segunda vez el proyecto a
la Cámara revisora, y si aquí fuesen nuevamente sancionadas por una mayoría de
dos terceras partes de sus miembros pasará el proyecto a la otra Cámara y no se
entenderá que ésta repruebe dichas adiciones o correcciones, si no concurre para
ello el voto de dos terceras partes de sus miembros presentes.
Artículo
88.- Si el Poder Ejecutivo desechara en todo o en parte un proyecto de ley
sancionado, vuelve con sus observaciones a la Legislatura, debiendo el
presidente de la Asamblea pasarlo sin más trámite a las comisiones de ambas
Cámaras que tuvieron a su cargo el estudio del proyecto, las que constituídas en
una sola comisión, deberán estudiar las observaciones del Poder Ejecutivo,
debiendo expedirse dentro de un plazo no mayor de diez días.
Transcurrido
dicho término y aunque la comisión no se hubiere expedido, dentro de las
cuarenta y ocho horas subsiguientes, las secretarías de ambas Cámaras citarán
para un término no mayor de tres días a sesión plenaria de la Legislatura, la
que deberá pronunciarse dentro de los quince días a contar de la fecha
establecida en la primera convocatoria. A este efecto, regirán las disposiciones
contenidas en el art. 67.
Si la Asamblea no se expidiera dentro del plazo
señalado, se considerará rechazado el proyecto, en caso de veto total, y se
tendrán por aprobadas las proposiciones del Poder Ejecutivo, si el veto fuera
parcial.
Si se insiste en la primera sanción por dos tercios de votos
presentes, o se aceptan por mayoría absoluta de los presentes las observaciones
del Poder Ejecutivo, el proyecto será comunicado a éste para su
cumplimiento.
Las votaciones serán nominales y, tanto los nombres de los
sufragantes como los fundamentos que hayan expuesto y las observaciones del
Poder Ejecutivo se publicarán inmediatamente por la prensa.
En caso de veto
total, no existiendo los dos tercios para la insistencia, el proyecto no podrá
repetirse en las sesiones de aquel año.
El veto parcial no invalida el resto
de la ley que podrá ser puesta en vigor en las partes no afectadas por el
mismo.
A los efectos de este artículo y en el caso del art. 86, se
considerarán prorrogadas las sesiones por el término necesario para el
pronunciamiento de la Legislatura.
Artículo 89.- Toda ley modificada en
parte se publicará íntegra incorporando a su texto las modificaciones, con
excepción de los códigos de procedimientos u otras leyes que, por su larga
extensión hagan inconveniente la reimpresión, en cuyo caso esta prescripción se
cumplirá en cada nueva edición.
Cuando en una ley se citen o se incorporen
prescripciones de otra, las partes que se citen o incorporen se insertarán
íntegramente.
Artículo 90.- Cuando se haga la publicación oficial de las
leyes de la provincia se enumerarán ordinalmente y en adelante, se mantendrá la
numeración correlativa por fecha de promulgación.
Artículo 91.- En la
sanción de las leyes se usará la siguiente fórmula: La Legislatura de la
provincia de Entre Ríos, sanciona con fuerza de ley.
CAPITULO
VII
Asamblea General
Artículo 92.- Ambas Cámaras sólo se reunirán
para el desempeño de las funciones siguientes:
1º Apertura de las
sesiones ordinarias.
2º Recibir el juramento de ley del gobernador y
vicegobernador de la provincia.
3º Tomar en consideración la renuncia de
los mismos funcionarios.
4º Declarar, con dos tercios de los votos
presentes de cada Cámara, los casos de impedimento del gobernador,
vicegobernador o de la persona que ejerza el Poder Ejecutivo.
5º Elegir
senadores nacionales y considerar las renuncias de los electos.
6º
Realizar la elección de gobernador y vicegobernador que prevé el art.
118.
7º Considerar el veto del Poder Ejecutivo en la forma prescripta por
el art. 88.
Artículo 93.- Todos los nombramientos deberán hacerse por
mayoría absoluta de los presentes. Si hecho el escrutinio no resultare candidato
con mayoría absoluta, deberá repetirse la votación contrayéndose a los
candidatos que hubiesen obtenido más votos en la anterior, y en caso de empate,
decidirá el presidente.
Artículo 94.- De las excusaciones que se
presenten de nombramientos hechos por la Asamblea, conocerá ella misma,
procediendo según fuese su resultado.
Artículo 95.- Las reuniones de la
Asamblea General serán presididas por el vicegobernador, en su defecto, por el
vicepresidente primero del Senado o por el presidente de la Cámara de Diputados;
a falta de ambos, por el legislador que designe la Asamblea.
Artículo
96.- No podrá funcionar la Asamblea sin la mayoría de los miembros que la
forman, salvo para la apertura del período legislativo y para recibir juramento
del gobernador y vicegobernador, en cuyos casos, podrá hacerlo con la presencia
de cualquier número.
CAPITULO VIII
Juicio
Político
Artículo 97.- Están sujetos al juicio político, el gobernador,
vicegobernador, los ministros del Poder Ejecutivo y los miembros del Superior
Tribunal de Justicia y de sus salas.
Artículo 98.- La acusación de los
funcionarios sujetos a juicio político, será formulada ante la Cámara de
Diputados, por cualesquiera de sus miembros o por cualquier
particular.
Artículo 99.- La acusación se hará por escrito, determinando
con toda precisión los hechos que sirvan de fundamento a
aquélla.
Artículo 100.- Presentada la denuncia, pasará sin más trámite a
la Comisión de Investigación que nombrará la Cámara de Diputados en su primera
sesión ordinaria no pudiendo facultar al presidente para que la nombre.
Dicha
comisión tendrá por objeto investigar la verdad de los hechos en que se funda la
acusación, teniendo para ese efecto las más amplias facultades.
Artículo
101.- El acusado tendrá derecho a ser oído por la Comisión de Investigación, de
interpretar por su intermedio a los testigos y de presentar los documentos de
descargo que tuviere. Tendrá también el deber de contestar a todas las preguntas
que la comisión le dirija respecto a la acusación.
Artículo 102.- La
Comisión de Investigación consignará por escrito todas las declaraciones e
informes relativos al proceso y terminado que haya su cometido, pasará a la
Cámara, con todos sus antecedentes, un informe escrito en que hará mérito de
aquéllos y expresará su dictamen en favor o en contra de la acusación.
La
Comisión de Investigación deberá terminar su diligencia en el perentorio término
de treinta días.
Artículo 103.- La Cámara decidirá sin más trámite si
acepta o no el dictamen de la Comisión de Investigación, necesitando para
aceptarlo dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, cuando el
dictamen fuere favorable a la acusación. El quórum para esta sesión se compondrá
de tres cuartos de los miembros de la Cámara.
Artículo 104.- Desde el
momento en que la Cámara haya aceptado la acusación contra un funcionario
publico, éste quedará de hecho suspendido en el ejercicio de sus funciones,
gozando de medio sueldo.
Artículo 105.- Admitida la acusación por la
Cámara de Diputados, nombrará ésta una comisión de cinco de sus miembros para
que la sostenga ante la Cámara de Senadores, juez de la causa, a la cual le será
comunicado dicho nombramiento y la aceptación de la acusación.
Artículo
106.- El Senado se constituirá en Corte de Justicia, prestando cada uno de sus
miembros un juramento especial de fallar conforme a los dictados de su
conciencia.
Artículo 107.- El Senado constituido en Corte de Justicia,
será presidido por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, o por su
suplente legal, cuando el acusado sea el gobernador, el vicegobernador o un
ministro del Poder Ejecutivo, y por el vicepresidente primero del Senado o por
el vicepresidente segundo en su defecto, cuando el acusado sea un miembro del
Poder Ejecutivo.
Artículo 108.- Ante el Senado los términos serán fijos y
perentorios, el proceso verbal y la sentencia por votación nominal, todo ello,
de conformidad a lo que la ley de la materia establezca.
Artículo 109.-
El Senado no podrá funcionar como Corte de Justicia con menos de los dos tercios
de la totalidad de sus miembros, ni pronunciar sentencia condenatoria sino por
la mayoría de los votos de esa misma totalidad. Deberá reunirse para tratar la
acusación a los cinco días de presentada ésta y finalizar el juicio dentro del
perentorio término de noventa días.
Artículo 110.- La pena en el juicio
político deberá concretarse a la separación del funcionario acusado, y aún a la
inhabilitación para ejercer cargos públicos por tiempo determinado. Pero cuando
del proceso resulte constatado un crimen o delito común, el reo será entregado a
la justicia ordinaria con todos los antecedentes de su causa, para que le
aplique la pena respectiva.
Artículo 111.- Vencido el término legal sin
que medie un pronunciamiento del Senado, tal
omisión crea una presunción,
que no admite prueba en contrario, en favor de la inocencia del acusado. quien
se reintegrará a la posesión de su cargo, sin que se le puedan oponer los
efectos de una condena dictada con posterioridad.
Artículo 112.- Siendo
absuelto el funcionario acusado, reasumirá inmediatamente las funciones de su
cargo, debiendo en tal caso, como en el previsto por el artículo anterior,
integrársele su sueldo por el tiempo de suspensión.
Artículo 113.-
Cualquiera que sea la sentencia del Senado, será inmediatamente
publicada.
SECCIÓN V
Poder Ejecutivo
CAPITULO
I
Gobernador y vicegobernador
Artículo 114.- El Poder Ejecutivo
será desempeñado por un ciudadano con el título de gobernador de la
provincia.
Al mismo tiempo y por el mismo período que se elige aquél, se
nombrará un vicegobernador.
Artículo 115.- Para ser elegido gobernador o
vicegobernador, se requiere:
1º Tener treinta años de edad.
2º Ser
ciudadano natural o hijo de argentino que haya optado por la ciudadanía de sus
padres.
3º Estar domiciliado en la provincia, el ciudadano no nacido en
ésta, cuando menos dos años inmediatos a la elección, a no ser que la ausencia
hubiese sido por servicios de la Nación o de la provincia.
Artículo 116.-
El gobernador y vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus
funciones y cesarán en ellas el mismo día que expire el período legal, sin que
evento alguno pueda ser motivo para su prorrogación por un día más, ni tampoco
para que se le complete más tarde, cuando el período haya sido
interrumpido.
Artículo 117.- En caso de acefalía del cargo de gobernador,
sus funciones serán desempeñadas por el vicegobernador, que las ejercerá durante
el resto del período constitucional. Cuando se trate de un impedimento temporal,
hasta que cese dicho impedimento.
En caso de impedimento temporal del
vicegobernador, éste será reemplazado por el vicepresidente primero del Senado,
presidente de la Cámara de Diputados o presidente del Superior Tribunal de
Justicia, por su orden.
Artículo 118.- En caso de acefalía simultánea del
gobernador y vicegobernador, el Poder ejecutivo, será ejercido por el
vicepresidente primero del Senado y, en defecto de éste por el presidente de la
Cámara de Diputados y, en el de ambos, por el presidente del Superior Tribunal
de Justicia, quienes convocarán a elección para reemplazarlos, dentro de tres
días, siempre que faltaran más de dos años para terminar el período
constitucional. Si faltara menos de dos años, aquellos funcionarios asumirán el
Poder Ejecutivo interinamente y la Legislatura, reunida en Asamblea, por mayoría
absoluta de los presentes, designará gobernador y vicegobernador, pudiendo ser
electo un miembro de la Legislatura o cualquier ciudadano que reúna las
condiciones del art. 115. A este objeto, la Asamblea deberá ser citada
especialmente por su presidente en ejercicio con anticipación de cinco días por
lo menos y para un plazo no mayor de diez días.
En ambos casos, la elección
se hará para completar el período constitucional y no podrá recaer en la persona
que ejerce el Poder Ejecutivo.
Artículo 119.- En el primer caso del
artículo anterior, la elección se practicará reduciendo a la mitad los términos
del proceso eleccionario, con excepción del plazo de la convocatoria, y los
electos tomarán posesión de sus cargos dentro de los quince días de verificado
el escrutinio y hecha la proclamación.
Artículo 120.- El gobernador y
vicegobernador no pueden ser reelectos sino con el intervalo de un período
legal, ni sucederse recíprocamente.
Artículo 121.- El tratamiento oficial
del gobernador y vicegobernador, cuando desempeñen el Poder Ejecutivo, será el
de excelencia.
Artículo 122.- El gobernador y el vicegobernador en
ejercicio de sus funciones, residirán en la capital y no podrán ausentarse del
territorio de la provincia sin permiso de la Legislatura, o de la capital por
más de quince días.
En el receso de las Cámaras, sólo podrán ausentarse por
un motivo urgente y por el tiempo indispensable, dando cuenta a aquéllas
oportunamente.
Artículo 123.- Al tomar posesión del cargo de gobernador y
vicegobernador prestarán juramento por la patria y sus creencias o principios,
ante el presidente de la Asamblea Legislativa, en los términos
siguientes:
Yo, N.N., juro por la patria y ... cumplir y hacer cumplir la
Constitución Nacional y la de la provincia y desempeñar con lealtad y honradez
el cargo de gobernador (o vicegobernador). Si así no lo hiciera, la patria y ...
me lo demanden.
Artículo 124.- Los servicios del gobernador y del
vicegobernador, serán remunerados por el tesoro de la provincia y esta
remuneración no podrá ser alterada en el período de su nombramiento. Durante
éste, no podrán ejercer otro empleo ni recibir otro emolumento de la Nación o de
la provincia. El sueldo del gobernador y del vicegobernador será fijado por la
ley.
Artículo 125.- El gobernador y vicegobernador deberán recibirse el
día designado por la ley, considerándose dimitentes si no lo hicieran.
En
caso de encontrarse fuera de la República o de mediar impedimento legal, podrán
hacerlo hasta seis meses después.
Artículo 126.- El gobernador y
vicegobernador no podrán ausentarse de la provincia sin permiso de la
Legislatura hasta tres meses después de haber cesado en el ejercicio de sus
funciones.
CAPITULO II
Ministros Secretarios de
Estado
Artículo 127.- El despacho de los negocios administrativos de la
provincia estará a cargo de ministros secretarios que no podrán exceder de tres,
y una ley especial deslindará las ramas y las funciones adscriptas al despacho
de cada uno de los ministros.
Artículo 128.- Para ser nombrado ministro
se requiere ser ciudadano argentino y tener treinta años de
edad.
Artículo 129.- Los ministros secretarios despacharán de acuerdo con
el gobernador y refrendarán con sus firmas las resoluciones de éste, sin cuyo
requisito no tendrán efecto, ni se les dará cumplimiento.
Podrán, no
obstante, expedirse por sí solos en todo lo referente al régimen interno de sus
respectivos departamentos y dictar resoluciones de trámite.
Artículo
130.- Serán responsables de todas las órdenes y resoluciones que autoricen, sin
que puedan pretender eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud
de orden del gobernador.
Artículo 131.- Los ministros deben asistir a las
sesiones de las Cámaras cuando fueren llamados por ellas, pueden también hacerlo
cuando lo crean conveniente y tomar parte en sus discusiones, pero no tendrán
voto.
Artículo 132.- En el primer mes de sesiones ordinarias de la
Legislatura, los ministros le presentarán la memoria detallada del estado de la
administración de su respectivo departamento, indicando en ella las reformas que
más aconseje la experiencia.
Artículo 133.- Los ministros tendrán el
tratamiento de señoría y gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por
la ley, que no podrá ser alterado durante el tiempo que desempeñen sus
funciones.
CAPITULO III
Atribuciones y Deberes del
Poder Ejecutivo
Artículo 134.- El gobernador es el jefe del Estado y
comandante en jefe de las milicias de la provincia.
Artículo 135.- Son
atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo:
1º Participar de la formación
de las leyes, con arreglo a esta Constitución, iniciándolas por medio de
proyectos, proponiendo la derogación o modificación de las existentes o
concurriendo a las discusiones de la Legislatura por medio de sus
ministros.
2º Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la provincia
facilitando su cumplimiento por reglamentos y disposiciones especiales que no
alteren su espíritu.
3º Vetar las sanciones de la Legislatura, expresando
en detalle los fundamentos del veto.
4º Indultar o conmutar las penas
impuestas, dentro de la jurisdicción provincial, previo informe favorable del
superior tribunal, excepto en los casos de delitos electorales y con respecto a
los funcionarios sometidos al procedimiento del juicio político o del Jurado de
Enjuiciamiento.
5º Usar en casos de receso de las Cámaras y de no poder
ser oportunamente convocadas, de las atribuciones conferidas al Poder
Legislativo en el inc. 18 del art. 81.
6º Representar a la provincia en
las relaciones oficiales con el Poder Ejecutivo nacional y demás gobernadores de
provincia.
7º Celebrar y firmar tratados parciales con otras provincias
para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de
utilidad común, sometidos a la Legislatura para su aprobación, y oportunamente,
al Congreso de la Nación, conforme al art. 107 de la Constitución
Nacional.
8º Instruir a las Cámaras con un mensaje, a la apertura de sus
sesiones, sobre el estado general de la administración.
9º Presentar
dentro de los tres primeros meses de sesiones ordinarias de las Cámaras, el
proyecto de ley de presupuesto general de la administración y de las
reparticiones autárquicas, acompañado del plan de recursos, el que no podrá
exceder del mayor ingreso anual del último quinquenio, salvo en lo calculado por
nuevos impuestos o aumentos de tasas. Dicho plazo se considerará
improrrogable.
10 Dar cuenta a la Legislatura, dentro de los tres
primeros meses de sus sesiones ordinarias, del uso y ejercicio del presupuesto
anterior.
11 Decretar la inversión de la renta con arreglo a las leyes,
debiendo hacer público mensualmente el estado de la Tesorería.
12 Hacer
recaudar los impuestos y rentas de la provincia debiendo los funcionarios
encargados de la recaudación ejecutar administrativamente el pago en la forma
que determine la ley, quedando libre al contribuyente su acción de ocurrir a los
tribunales para la decisión del caso, previa constancia de haber
pagado.
13 Prorrogar las sesiones ordinarias de las Cámaras.
14
Convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura, especificando el objeto o
determinando los asuntos comprendidos en la convocatoria.
15 Expedir las
órdenes convenientes para toda elección popular en la oportunidad debida y sin
poder por motivo alguno diferirlas sin acuerdo de las Cámaras, salvo lo
dispuesto en el art. 48.
16 Nombrar a los ministros secretarios y demás
empleados de la administración cuyo nombramiento no esté acordado a otro poder.
Expedir títulos y despachos a los que nombre.
17 Nombrar, con acuerdo del
Senado, los miembros del Superior Tribunal, jueces de primera instancia, fiscal
de Estado, contador, tesorero, miembros del Tribunal de Cuentas, director
general de escuelas, jefes militares desde teniente coronel y los demás
funcionarios para los cuales la ley establezca esta forma de
nombramiento.
18 Exonerar a los ministros secretarios de Estado y, en la
forma que determine la ley respectiva, a los demás funcionarios y empleados
cuyos nombramientos le este atribuidos, con excepción de los sujetos a juicio
político y al Jurado de Enjuiciamiento.
19 Nombrar los jueces de paz
letrados, agentes fiscales, defensores de pobres y menores y nombrar los jueces
de paz legos a propuesta en terna de las municipalidades para los de sus
respectivas jurisdicciones.
20 Nombrar los oficiales de la Guardia
Nacional y alcaldes de campaña.
21 Prestar el auxilio de la fuerza
pública a los tribunales de justicia, a los presidentes de las Cámaras
legislativas, a las municipalidades de la provincia y demás autoridades,
conforme a la ley y cuando lo soliciten.
22 Ordenar arrestos o
detenciones con las limitaciones del art. 24.
23 Tomar las medidas
necesarias para conservar la paz y el orden público, por todos los medios que no
estén expresamente prohibidos por esta Constitución y leyes vigentes.
24
Movilizar las milicias de uno o varios puntos de la provincia durante el receso
de las Cámaras, cuando un grave motivo de seguridad y de orden lo requieran,
dando cuenta oportunamente de ello; y, aún estando en sesiones, podrá usar de la
misma atribución siempre que el caso no admita dilación, dando cuenta
inmediatamente a las Cámaras y, en uno y otro caso, al Gobierno de la
Nación.
25 Ejercer la policía de la provincia y la vigilancia e
inspección de los establecimientos públicos de la misma.
26 Ejercer
inspección sobre las oficinas del registro del estado civil de las personas,
exigiendo y promoviendo la corrección inmediata de las irregularidades y
deficiencias que se noten.
27 Conceder pensiones y jubilaciones conforme
a la ley de la materia.
28 Conocer originariamente y resolver en las
causas contenciosoadministrativas, siendo sus resoluciones apelables para ante
el superior tribunal.
Artículo 136.- Es agente inmediato y directo del
Gobierno nacional para hacer cumplir en la provincia la Constitución, leyes y
disposiciones de la Nación.
Artículo 137.- No puede expedir resoluciones
ni decretos sin la firma del ministro respectivo. Podrá, no obstante, en caso de
impedimento autorizar por decreto a un empleado caracterizado para refrendar sus
actos, en su caso, quedando éste sujeto a las responsabilidades de los
ministros.
Artículo 138.- El Gobernador y el vicegobernador, en su caso,
y los ministros en los …os que legalicen con su firma o acuerdos en común, son
solidariamente responsables, y pueden
ser acusados ante el
Estado.
CAPITULO IV
Fiscal de Estado, Contador y
Tesorero de la Provincia
Artículo 139.- Habrá un fiscal de Estado
encargado de defender el patrimonio del fisco, que será parte legítima en los
juicios contenciosoadministrativos y en todos aquellos en que se controviertan
intereses del Estado.
La ley determinará los casos y la forma en que ha
de ejercer sus funciones, siendo inamovible en ellas mientras dure su buena
conducta.
Para desempeñar este puesto se requieren las mismas condiciones
exigidas para ser fiscal del Superior Tribunal de Justicia.
El fiscal de
Estado podrá recurrir, para ante el Superior Tribunal de Justicia, de las
resoluciones del Poder Ejecutivo, cuando a su juicio sean contrarias a los
intereses del Estado, en los casos que den lugar a la acción
contenciosoadministrativa.
Artículo 140.- Para ser contador o tesorero de
la provincia se requiere ser ciudadano argentino y tener treinta años de
edad.
Artículo 141.- El contador y el tesorero serán nombrados en la
forma prescripta por el art. 135, inc. 17 y durarán ocho años, pudiendo ser
reelectos.
Artículo 142.- La Contaduría intervendrá preventivamente en
las órdenes de pago y las que autoricen gastos, sin cuyo visto bueno no podrán
cumplirse, salvo en lo que se refiere a los últimos, cuando hubiere insistencia
por acuerdo de ministros, debiendo la Contaduría, en el caso de mantener sus
observaciones, dar inmediatamente publicidad a su resolución y dentro de los
quince días subsiguientes a la misma, poner todos los antecedentes en
conocimiento del Tribunal de Cuentas.
CAPITULO
V
Tribunal de Cuentas
Artículo 143.- Sin perjuicio de las
atribuciones conferidas por el inc. 13 del art. 81 de esta Constitución, la
aprobación o desaprobación de la percepción e inversión de caudales públicos,
hecha por todos los funcionarios y administradores de la provincia y de las
municipalidades, estará a cargo de un Tribunal de Cuentas, cuya ley orgánica
debe sancionar la Legislatura en el primer período de sesiones que celebre
después de la sanción de esta reforma.
El Tribunal de Cuentas estará
compuesto de un presidente, el que deberá tener título de abogado y dos vocales,
que deberán tener título de contador, nombrados por el Poder Ejecutivo con
acuerdo del Senado y serán inamovibles.
Las sanciones a que dieran lugar los
fallos de este tribunal y serán deducidas por el presidente del mismo ante quien
corresponda.
Los miembros del Tribunal de cuentas son enjuiciables en la
misma forma y en los mismos casos que los jueces de primera
instancia.
CAPITULO VI
Organización
Policial
Artículo 144.- La policía de la ciudad y campaña, estará, en
cada departamento, a las órdenes de un jefe de policía nombrado por el Poder
Ejecutivo.
Artículo 145.- Para ser jefe de policía se requiere:
1º
Ciudadanía natural o legal después de seis años de obtenida.
2º Tener por
lo menos treinta años de edad.
3º No estar en servicio militar
activo.
Artículo 146.- Un reglamento general de policía determinará las
funciones y responsabilidades de los empleados, así como la organización que
deben tener las policías
CAPITULO IV
Poder
Judicial
Disposiciones Generales
Artículo 147.- El Poder Judicial
de la provincia será ejercido por un Superior Tribunal de Justicia y demás
tribunales o jurados que las leyes establezcan.
Artículo 148.- El
superior tribunal se compondrá, por lo menos, de seis miembros. Se dividirá en
salas que entenderán en las distintas materias del derecho, en el número que lo
requieran las necesidades judiciales. En caso de creación de nuevas salas, la
ley determinará su jurisdicción y competencia y la forma en que se distribuirá
el trabajo entre las de la misma materia y la de la constitución y
funcionamiento del tribunal, en los casos previstos por esta Constitución cuando
deba actuar como tribunal pleno.
Artículo 149.- Para ser miembro del
superior tribunal, fiscal o defensor del mismo, se requiere ser ciudadano
argentino, tener título nacional de abogado, treinta años de edad, seis por lo
menos en el ejercicio de la profesión de abogado o de la
magistratura.
Artículo 150.- Los miembros del superior tribunal serán
inamovibles mientras dure su buena conducta y sólo podrán ser removidos mediante
el juicio político, en la forma establecida en esta
Constitución.
Artículo 151.- Para ser juez de primera instancia se
requiere ser ciudadano argentino, tener título de abogado nacional, veintisiete
años de edad, y cinco por lo menos, en el ejercicio activo de la profesión o en
la magistratura.
Artículo 152.- La justicia de paz será ejercida por un
juez letrado en la capital de los departamentos en que no existan juzgados de
primera instancia.
Artículo 153.- Podrán crearse, además, juzgados de paz
letrados en las ciudades asiento de juzgados de primera instancia y centros de
población importantes, previo informe favorable del superior
tribunal.
Artículo 154.- Los miembros del superior tribunal fiscal y
defensor de menores del mismo, y los jueces de primera instancia, serán
designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
Artículo 155.-
Los funcionarios letrados de la administración de justicia serán inamovibles
mientras dure su buena conducta, y los no sujetos a juicio político, sólo podrán
ser removidos por el Jurado de Enjuiciamiento, en la forma establecida en esta
Constitución.
Artículo 156.- Los funcionarios judiciales letrados,
percibirán por sus servicios, una compensación que determinará la ley, la cual
será pagada en época fija y no podrá ser disminuida mientras permaneciesen en
sus funciones.
Artículo 157.- Los funcionarios judiciales y los empleados
de la justicia no podrán formar parte de corporación o centro político,
inmiscuirse, en grado o en forma alguna, en actividades políticas, en
actividades políticas, no podrán ejercer su profesión en ningún foro ni ante
ningún tribunal.
La violación de estas normas implicará una falta grave a
los efectos de su enjuiciamiento en la forma prevista en esta
Constitución.
Artículo 158.- Todo funcionario judicial, antes de entrar
en el ejercicio de sus funciones, deberá prestar juramento en la forma y ante la
autoridad que la ley determine, so pena de nulidad de lo que actuare sin llenar
esta formalidad.
Artículo 159.- El tratamiento del superior tribunal y de
sus salas será el de excelencia, y el de cada uno de los miembros de dicho
tribunal y de los jueces de primera instancia, el de señoría.
Artículo
160.- Los magistrados y funcionarios de la justicia federal no podrán ejercer su
profesión ante la jurisdicción provincial.
Artículo 161.- No podrán ser
simultáneamente miembros del superior tribunal los parientes o afines dentro del
cuarto grado civil, ni conocer en asuntos que hayan resuelto como jueces,
parientes o afines dentro de dicho grado. En caso de parentesco sobreviniente,
el que lo causare, abandonará el cargo.
Artículo 162.- Los representantes
del ministerio fiscal y ministerio pupilar en todas las instancias, quedarán
equiparados a los miembros del Poder Judicial, en cuanto a las garantías
establecidas en su favor y en cuanto a las obligaciones especiales que les
impone esta Constitución, no pudiendo ser removidos sino por el Jurado de
Enjuiciamiento, en la forma prevista en la misma.
Artículo 163.- Toda
vacante en la magistratura deberá ser provista dentro del término de treinta
días de producida. En caso contrario, el superior tribunal proveerá a la
designación en carácter provisorio.
Artículo 164.- La Legislatura podrá
establecer la instancia única, en base al juicio oral en el plenario, en las
causas criminales que determine la ley.
CAPITULO
II
Atribuciones del Poder Judicial
Artículo 165.- El Poder
Judicial, conoce y decide en los casos contenciosos o voluntarios del derecho
común, en las causas criminales, en las contenciosoadministrativas y en los
demás casos previstos en esta Constitución, siendo su potestad, en tal sentido,
exclusiva, no pudiendo el Poder Legislativo o Ejecutivo, en ningún caso,
arrogarse atribuciones judiciales ni hacer revivir procesos fenecidos, ni
finalizar los existentes
Artículo 166.- El Superior Tribunal de Justicia
tendrá las siguientes atribuciones generales, conforme a la reglamentación de
las leyes respectivas:
a) Representar al Poder Judicial de la provincia y
ejercer la superintendencia general de la administración de justicia;
b)
Nombrar y remover los empleados inferiores del Poder Judicial;
c) Remover
los jueces de paz legos;
d) Dictar su reglamento interno y el de los
juzgados de primera instancia;
e) Hacer saber al Poder Ejecutivo las
necesidades que se señalen en el ejercicio de la administración de justicia, a
efecto de que se solicite de la Legislatura la sanción de las leyes
respectivas;
f) Evacuar con carácter obligatorio los informes relativos a
la administración judicial que le requiriesen el Poder Ejecutivo o cualesquiera
de las Cámaras.
Artículo 167.- En materia judicial, el Superior Tribunal
de Justicia tiene las siguientes atribuciones, de conformidad a las normas que
establezcan las leyes de la materia:
1º Ejercerá jurisdicción, originaria
y exclusiva, en los siguientes casos:
a) En las causas que le fueran
sometidas sobre competencia o conflictos entre los poderes públicos de la
provincia o entre las ramas de un mismo poder;
b) En los conflictos
internos de las municipalidades y en los que se susciten entre ellas, y entre
éstas y las autoridades de la provincia;
c) En las gestiones acerca de la
constitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o
reglamentos que estatuyan en materia regida por esta Constitución, que se
promuevan directamente ante el mismo por vía de acción;
d) En los
recursos de revisión de causas fenecidas cualquiera sea la pena
impuesta;
e) En las cuestiones de competencia o de jurisdicción entre sus
salas;
f) En los recursos por retardo o denegación de justicia
interpuestos contra sus salas;
g) En las gestiones sobre libertad
condicional;
h) En la recusación de sus miembros;
i) En las
acciones de responsabilidad civil contra sus miembros y contra los jueces de
primera instancia;
j) En los asuntos administrativos o gestiones de
jurisdicción voluntaria que se deriven del ejercicio de la
superintendencia.
2º Ejercerá jurisdicción como tribunal de ultima
instancia:
a) En las causas sobre constitucionalidad e
inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos
que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y que se hayan
promovido ante los juzgados de primera instancia;
b) En los demás casos
establecidos en las leyes respectivas.
3º Conocerá y resolverá en las
causas contenciosoadministrativas, previa denegación o retardación de la
autoridad administrativa competente, al reconocimiento de los derechos
gestionados por parte interesada, en la forma en que lo determine la ley
respectiva.
En tales causas, el superior tribunal tendrá facultad para
mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados
respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciere dentro del plazo que
establezca la sentencia.
Los empleados a que alude este artículo serán
responsables por la falta de cumplimiento de las resoluciones del superior
tribunal.
Artículo 168.- La administración de justicia se regirá por
leyes especiales que deslinden las atribuciones respectivas de todos los
tribunales y determinen el orden de sus procedimientos.
Los tribunales y
jueces de la provincia están obligados a publicar mensualmente la lista de los
juicios pendientes de resolución o sentencia
definitiva.
SECCIÓN VII
Jurado de
Enjuiciamiento
Artículo 169.- Los funcionarios judiciales letrados a que
se refieren los arts. 155 y 162, no sujetos a juicio político, podrán ser
acusados, por faltas o delitos cometidos en el desempeño de sus funciones, ante
el Jurado de Enjuiciamiento, que estará integrado por tres miembros del Superior
Tribunal, dos legisladores y dos abogados inscriptos en la matrícula de la
provincia y domiciliados en la misma, que reúnan las cualidades requeridas para
ser miembro del Superior Tribunal de Justicia; todos ellos, sorteados o
designados con la antelación suficiente para que el tribunal esté constituido el
1 de enero de cada año.
Artículo 170 - El fiscal de Estado, el contador,
el tesorero de la provincia, los miembros del Tribunal de Cuentas, el director
general de escuelas y vocales del Consejo General de Educación, quedan sometidos
al régimen del Jurado de Enjuiciamiento.
Artículo 171 - La ley respectiva
determinará los delitos y faltas de los funcionarios que autoricen la acusación
de los mismos ante el jurado y reglamentará el procedimiento a que debe
ajustarse la substanciación de las causas promovidas.
Artículo 172 - Los
miembros del jurado podrán ser recusados y excusarse por causa fundada,
debiendo, en tal caso, integrarse en la forma que prescriba la ley
respectiva.
Artículo 173 - El funcionario acusado podrá ser suspendido en
su cargo por el jurado durante el curso de la substanciación de la
causa.
Artículo 174 - El jurado pronunciará su veredicto dentro de un
término perentorio de treinta días desde que la causa quedare en estado,
absolviendo o destituyendo al empleado. En el primer caso, el funcionario
quedará restablecido en la posesión de su cargo y, en el segundo, separado
definitivamente del mismo, sujeto a la ley ordinaria, debiendo el jurado
comunicar tal hecho a la autoridad correspondiente a efectos de que se provea a
la designación de su reemplazante, en la forma prevista en esta
Constitución.
Artículo 175 - Vencido el término legal sin que medie un
pronunciamiento del jurado, tal omisión crea una presunción, que no admite
prueba en contrario, en favor de la inocencia del acusado, quien se reintegrará
a la posesión de su cargo, sin que se le puedan oponer los efectos de una
condena dictada con posterioridad.
Artículo 176 - Cada uno de los
miembros del jurado, remiso en el desempeño de su cargo, se hará pasible de una
multa de dos mil pesos moneda nacional.
Artículo 177 - La ley respectiva
determinará la forma en que se proveerá a la designación de los miembros del
jurado y suplentes.
Artículo 178 - Los funcionarios judiciales
enjuiciables ante el jurado, acusados de delitos ajenos a sus funciones, serán
juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la provincia, no pudiendo
ser detenidos sin suspensión previa, decretada por el jurado, salvo el caso de
in fraganti delito.
Artículo 179 - El pronunciamiento definitivo de la
justicia ordinaria será comunicado al jurado a los efectos del restablecimiento
o separación definitiva del funcionario acusado.
SECCIÓN
VIII
Régimen Municipal
CAPITULO I
Disposiciones
Generales
Artículo 180.- Todo centro de población de más de mil
quinientos habitantes dentro del ejido, constituye un municipio, que será
gobernado por una corporación municipal, con arreglo a las prescripciones de
ésta Constitución y de la Ley Orgánica que, en su consecuencia, se dicte por la
Legislatura.
Artículo 181.- Los municipios serán de dos categorías, a
saber: primera, ciudades de más de cinco mil habitantes; y segunda, villas o
pueblos de menos de cinco mil habitantes y más de mil quinientos dentro de sus
ejidos respectivos.
Los censos nacionales, provinciales o municipales,
legalmente practicados y aprobados, determinarán la categoría de cada
municipio.
Artículo 182.- Los municipios de la primera categoría, serán
gobernados por municipalidades, las que estarán compuestas de dos departamentos:
uno deliberante y otro ejecutivo, cuyos miembros serán elegidos directamente por
el pueblo. Los municipios de segunda categoría, estarán gobernados por juntas de
fomento electivas. Las municipalidades y juntas de fomento tendrán jurisdicción
sobre sus respectivos ejidos.
Artículo 183.- Formarán el cuerpo electoral
de los municipios:
1º Los electores del municipio inscriptos en el
registro cívico provincial.
2º Los extranjeros inscriptos, que sepan leer
y escribir en idioma nacional, mayores de dieciocho años, con dos por lo menos
de residencia inmediata en el municipio al tiempo de su inscripción y que
comprueben, además, algunas de las siguientes cualidades:
a) Ser
contribuyente, por pago de impuestos directos o contribuciones;
b) Estar
casado con mujer argentina;
c) Ser padre de hijos argentinos;
d)
Ejercer profesión liberal.
Al efecto, se confeccionará un padrón
suplementario de extranjeros.
Artículo 184.- Las funciones municipales
serán cargas públicas de las que nadie podrá excusarse sino por excepción
establecida
Artículo 185.- Para ser vocal de las municipalidades o juntas
de fomento será necesario tener veintidós años, ser vecino del municipio con
residencia anterior mínima de dos años, saber leer y escribir y pagar impuesto o
ejercer alguna profesión o industria lucrativa.
Artículo 186.- La rama
deliberativa de las municipalidades, se compondrá del número de miembros,
titulares y suplentes, que establezca la ley orgánica de los municipios y serán
elegidos según el principio de la representación proporcional, en la forma que
establece el art. 51. Será presidida por uno de sus miembros y éstos durarán
cuatro años en el ejercicio de sus funciones. Su renovación se hará totalmente
pudiendo ser reelectos.
Artículo 187.- Las municipalidades tendrán rentas
y bienes propios, siendo exclusiva su facultad de imposición respecto de
personas, cosas o forma de actividad sujeta a jurisdicción municipal, la que
ejercitará conforme a su ley orgánica y con las limitaciones que ella
establezca, respecto de sus bases o para impedir se sanciones gravámenes
incompatibles con los nacionales o provinciales.
Artículo 188.-
Dispondrán también como recursos, de los impuestos fiscales que se perciban en
su jurisdicción, en la proporción que fijará la ley.
Artículo 189.- Las
municipalidades y juntas de fomento no podrán establecer impuestos directos ni
indirectos sobre la producción y frutos del país, ni sobre los establecimientos
industriales y sus productos, con excepción de los de seguridad, higiene u otro
de carácter esencialmente municipal y de las tasas por retribución de
servicios.
Artículo 190.- Las municipalidades y juntas de fomento, como
personas civiles, pueden ser demandadas ante los tribunales ordinarios, sin
perjuicio de lo dispuesto por las leyes de competencia federal, sin necesidad de
autorización previa y sin privilegio alguno.
Si fueran condenadas al pago
de una deuda, podrán ser ejecutadas en la forma ordinaria y embargadas sus
rentas, si transcurrido un año desde la fecha que el fallo condenatorio quedó
firme, los respectivos cuerpos deliberantes no arbitrarán los recursos para
efectuar el pago. Exceptúanse de esta disposición, las rentas o bienes
especialmente afectados en garantía de una obligación.
Artículo 191.- El
presidente y miembros de las municipalidades, son responsables civilmente por
los daños que causaren con sus faltas u omisiones en el ejercicio de su
mandato.
Artículo 192.- Todos los vecinos tienen el derecho de provocar
el castigo de los municipales y empleados por faltas en el cumplimiento de sus
deberes y la ley determinará las reglas a que ha de someterse la represión de
esas faltas.
Artículo 193.- La ley orgánica de las corporaciones
municipales podrá otorgar al electorado de cada municipio, y para casos
expresamente enumerados, los derechos de iniciativa, referéndum y destitución de
los funcionarios electivos.
Artículo 194.- En los casos de acefalía de
cualquiera de las ramas del gobierno municipal, la ley orgánica de las
municipalidades adoptará un procedimiento breve para la suplencia de sus
autoridades, no pudiendo ejercer, las que lo hagan provisoriamente, sino los
actos indispensables para llenar las necesidades urgentes del
servicio.
CAPITULO II
Municipios de Primera
Categoría
Artículo 195.- Los municipios de primera categoría, serán
gobernados por municipalidades, las que funcionarán con arreglo a las siguientes
bases:
1º Las municipalidades se compondrán de un Concejo Deliberante y
un Departamento Ejecutivo. El primero, tendrá por objeto sancionar ordenanzas y
dictar resoluciones en los asuntos contenciosoadministrativos que ante la
municipalidad se promuevan. El Departamento Ejecutivo, tendrá por objeto hacer
cumplir las ordenanzas y resoluciones de la municipalidad y representar a ésta
en todos sus actos externos.
2º El Departamento Ejecutivo estará a cargo
de una sola persona con el título de presidente de la municipalidad, el que
durará cuatro años en sus funciones y gozará de una remuneración, pagada por el
tesoro municipal, que no podrá ser alterada en el período de su
nombramiento.
3º Para ser nombrado presidente de la municipalidad, se
requiere tener treinta años de edad y las demás condiciones exigidas para ser
vocal del Concejo Deliberante, siendo incompatible el cargo de presidente con el
de miembro del concejo y con el de empleado o legislador nacional o
provincial.
4º Corresponde a las municipalidades:
a) Convocar los
comicios para la elección de su presidente y miembros del Concejo Deliberante y
sus suplentes y juzgar la validez o nulidad de las elecciones;
b)
Proponer ternas al Poder Ejecutivo de la provincia para el nombramiento de los
jueces de paz legos de su jurisdicción;
c) Nombrar los funcionarios y
empleados municipales y alcaldes del municipio;
d) Tener a su cargo las
obras de salubridad y ornamento, los establecimientos de beneficencia, la
vialidad vecinal, los cementerios y demás objetos que por su naturaleza caigan
bajo su jurisdicción. Inspeccionar y exigir que se mantengan en las debidas
condiciones de salubridad e higiene todo establecimiento público o
industrial;
e) Votar su presupuesto de gastos y cálculo de
recursos;
f) Establecer o aumentar el monto de los impuestos,
contribuciones o de las tasas sobre los servicios a su cargo;
g) Contraer
empréstitos con objetos determinados, con dos tercios de votos de la totalidad
de los miembros del concejo. En ningún caso el servicio de la totalidad de los
empréstitos podrá comprometer más de la cuarta parte de la renta, ni el fondo
amortizante aplicarse a otros objetos;
h) Enajenar en subasta pública y
gravar los bienes municipales, con dos tercios de votos de la totalidad de los
vocales;
i) Adquirir o construir, previa licitación, las obras que estime
conveniente;
j) Fomentar la enseñanza común y especial, estableciendo
dentro del municipio las escuelas que sus recursos les permitan, con sujeción a
las leyes y planes generales de la materia;
k) Todas las demás
atribuciones y facultades que se derivan de las enumeradas, o que sean
indispensables para hacer efectivos los fines de las instituciones
municipales.
Artículo 196.- La ley orgánica determinará las atribuciones
que competen al Concejo Deliberante y al Departamento Ejecutivo, según la
naturaleza de cada uno.
CAPITULO III
Municipios de
Segunda Categoría
Artículo 197.- Los municipios de segunda categoría,
estarán gobernados por juntas de fomento compuestas del número de miembros,
titulares y suplentes, que establezca la ley orgánica. Su presidente será
elegido por los mismos miembros del seno de la junta.
Artículo 198.- Las
juntas de fomento tendrán, en general, las mismas atribuciones y obligaciones
que las municipalidades, no pudiendo contraer empréstitos.
Artículo 199.-
La ley orgánica de los municipios, establecerá el personal que las juntas de
fomento podrán nombrar para sus servicios.
Artículo 200.- Las juntas de
fomento someterán su presupuesto, cuentas de inversión de sus rentas y
ordenanzas impositivas, a la aprobación legislativa.
Si la Legislatura no
se manifestara sobre la aprobación o desaprobación de las ordenanzas a que se
refiere este capítulo, cuarenta días después de haberle sido sometidas, podrá
dárseles ejecución. Dicho término, se contará desde la entrada del asunto a la
Secretaría de la Cámara respectiva.
CAPITULO
IX
Educación Común
Artículo 201.- Es obligación primordial del
Estado proveer lo conducente al establecimiento y organización de un sistema de
educación que comprenderá la enseñanza primaria común. Podrá también organizar y
sostener escuelas primarias, complementarias de perfeccionamiento e institutos
especiales.
Artículo 202.- El mínimo de enseñanza primaria que el Estado
se obliga a dar y los habitantes están obligados a recibir, deberá impartirse en
las escuelas oficiales o particulares que ofrezcan garantías de estabilidad y
eficiencia educacional, las que estarán sujetas al mínimo de enseñanza oficial y
a las leyes escolares.
Artículo 203.- La obligación escolar se extiende a
todo el ciclo de enseñanza primaria común, en las condiciones y bajo las penas
que la ley establezca. La enseñanza en las escuelas del Estado será gratuita,
laica y obligatoria. La gratuidad puede extenderse a las demás enseñanzas dadas
por el Estado.
Artículo 204.- El Estado fomentará el establecimiento de
escuelas municipales y particulares y contribuirá al sostenimiento de las
mismas, siempre que funciones en las condiciones y con las garantías previstas
en el art. 202.
Artículo 205.- La enseñanza común será de carácter
esencialmente nacional y se propondrá, como fin primordial, dirigir y
fortalecer, gradual y sistemáticamente, el desarrollo moral, intelectual y
físico del educando
Artículo 206.- La organización y dirección técnica y
administrativa de la enseñanza común, será confiada a un Consejo General de
Educación, autónomo en sus funciones, compuesto de un director general de
escuelas, que ejercerá su presidencia y de cuatro vocales, nombrados, unos y
otros, por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, por un período de cuatro
años.
Sus atribuciones serán deslindadas por la ley.
Artículo
207.- El director general de escuelas, es el jefe del Departamento de Educación.
Aparte de las condiciones que se establezcan por la ley, deberá ser argentino
nativo o naturalizado con cinco años de ejercicio y tener por lo menos, treinta
años de edad.
Las mismas condiciones deberán reunir los vocales del
Consejo General de Educación.
Artículo 208.- Habrá en cada departamento
un consejo escolar compuesto de cinco miembros nombrados, ad-honórem, por el
Consejo General de Educación, de una lista de diez vecinos formulada por las
corporaciones municipales. Tendrán las atribuciones que determine la
ley.
Artículo 209.- La enseñanza será confiada, siempre que fuese
posible, a maestros titulados, para los que se dictarán leyes de escalafón y
estabilidad.
Artículo 210.- El fondo de la educación común estará formado
por el veinticinco por ciento, como mínimo, de las rentas generales de la
provincia y con los demás recursos que se establezcan.
Artículo 211.- Las
rentas escolares de toda la provincia serán administradas por el Consejo General
de Educación, a cuyo efecto, los recaudadores deberán depositarla directamente a
su orden en el banco que designe el Poder Ejecutivo.
Los recaudadores
serán civilmente responsables por el incumplimiento de esta disposición, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales en que pudieran
incurrir.
Artículo 212.- La renta destinada al sostenimiento de la
educación común, no podrá tener otra aplicación que la de pagar los gastos y
sueldos que aquélla demande, comprendidos en el presupuesto del
ramo.
Artículo 213.- El Consejo General de Educación rendirá cuenta, cada
año, conforme a la ley, ante el Tribunal de Cuentas, de la administración e
inversión de los fondos que le fueren entregados para sus
gastos.
Artículo 214.- La obligación escolar se considerará subsistente,
mientras no se haya acreditado poseer el mínimo de enseñanza que la ley
exija.
Artículo 215.- La Legislatura dictará leyes fomentando las
bibliotecas fijas o circulantes y subvencionando a toda persona que fuera de los
radios urbanos diera a los niños en edad escolar, el mínimo de enseñanza
elemental.
CAPITULO X
Reforma de la
Constitución
Artículo 216.- La presente Constitución, no podrá ser
reformada, en todo o en parte, sino por una Convención especialmente nombrada
para ese efecto por el pueblo de la provincia, en elección
directa.
Artículo 217.- La Convención será convocada por una ley en que
se declare la necesidad o conveniencia de la reforma, expresándose al mismo
tiempo, si ésta debe ser general o parcial y determinando, en caso de ser
parcial, los artículos o la materia sobre los cuales ha de versar la reforma. La
ley que se dé con ese objeto, deberá ser sancionada con dos tercios de votos del
número total de los miembros de cada Cámara; y, si fuese vetada, será necesario
para su promulgación, que la Asamblea insista con igual número de
votos.
Artículo 218.- La Convención no podrá comprender en la reforma
otros puntos que los especificados en la ley de convocatoria; pero no estará
tampoco obligada a variar, suprimir o complementar, las disposiciones de la
Constitución, cuando considerara que no existe la necesidad o conveniencia de la
reforma declarada por la ley.
Artículo 219.- En el caso del artículo
anterior, la Legislatura no podrá insistir, dictando una nueva ley de reforma,
mientras no hayan transcurrido por lo menos dos períodos legislativos sin contar
el que correspondiera a la ley de la reforma.
Artículo 220.- Para ser
convencional se requiere: ser argentino, con ciudadanía natural en ejercicio o
legal después de cuatro años de obtenida y tener veinticinco años de edad. El
cargo de convencional, es compatible con cualquier otro cargo público nacional o
provincial, que no sea el de gobernador, vicegobernador, ministro, presidentes
de municipalidades, o jefe de policía.
Artículo 221.- La Convención se
compondrá de un número de miembros igual al de la totalidad de senadores y
diputados. Serán elegidos en la misma forma que estos últimos y gozarán de las
mismas inmunidades y remuneración mientras ejerzan su cargo.
Artículo
222.- La Convención funcionará en la capital de la provincia y se instalará en
el local de la Honorable Legislatura o en el que ella misma pueda
determinar.
Tendrá facultades para designar su personal y confeccionar su
presupuesto.
Artículo 223.- La Convención funcionará durante el término
de un año, a contar desde la fecha de la solemne instalación, debiendo ésta
producirse dentro de los noventa días de la elección de
convencionales.
Podrá, asimismo, fijar el término de sus sesiones, el cual
será prorrogable, no pudiendo exceder del año antes
establecido.
CAPITULO XI
Disposiciones
transitorias
Artículo 224.- El actual período gubernativo, terminará el
30 de junio de 1935.
En los períodos subsiguientes, regirán los términos
de duración, establecidos en esta Constitución, a contar desde el 1º de julio de
1935.
Artículo 225.- Los senadores actualmente en ejercicio, continuarán
en el desempeño de sus cargos hasta completar el período para el que han sido
electos, y las renovaciones se harán en la siguiente forma:
a) En los
departamentos Victoria, Gauleguaychú, Uruguay, La Paz, Federación, cuya
representación es el Senado debe renovarse en 1934, deberán elegir reemplazantes
hasta el 30 de junio de 1935;
b) Los departamentos Paraná, Gualeguay,
Colón y Villaguay, cuya representación en el Senado debe renovarse en 1936,
deberán elegir reemplazantes hasta el 30 de junio de 1939;
c) Los
departamentos Diamante, Nogoyá, Tala, Concordia y San José de Feliciano, cuya
representación en el Senado debe renovarse en 1938, elegirán reemplazantes hasta
el 30 de junio de 1939.
Artículo 226.- Los diputados cesarán en su
mandato el 30 de junio de 1935, con excepción de los representantes de los
círculos Paraná-Campaña, Villaguay y Diamante, cuya renovación debe realizarse
en 1934. La elección de estos diputados, se hará por el régimen electoral
vigente en la anterior Constitución y el mandato durará para los electos hasta
el 30 de junio de 1935.
Artículo 227.- La Legislatura sancionará las
leyes orgánicas y las reformas a las leyes existentes que fueran menester para
el funcionamiento de las instituciones creadas por esta Constitución y las
modificaciones introducidas por la misma. Si transcurriera más de un año sin
sancionarse algunas de esas leyes o reformas, el Poder Ejecutivo quedará
facultado para dictar, con carácter provisorio, los decretos reglamentarios que
exija la aplicación de los nuevos preceptos constitucionales. Dichos reglamentos
quedarán sin efecto con la sanción de las leyes respectivas que producirán la
derogación automática de aquéllos.
Artículo 228.- Las actuales leyes
orgánicas continuarán en vigencia, en lo que sea compatibles con esta
Constitución, hasta que la Legislatura sanciones las que correspondan a las
disposiciones de este estatuto constitucional.
Artículo 229.- Hasta tanto
no se dicte la ley que organice el Jurado de Enjuiciamineto, los jueces serán
enjuiciables por el procedimiento del juicio político.
Artículo 230.-
Mientras no se dicte la ley de los delitos de imprenta, regirá el Código Penal y
el procedimiento ordinario.
Cuando se opte por el jurado, su composición
y funcionamiento se regirán por lo dispuesto por la actual Constitución y la ley
de imprenta de 1887, en lo que fuera aplicable.
Artículo 231.- Los
actuales miembros de los Concejos Deliberantes y de las comisiones municipales,
constituidos en Comisión Administradora, desempeñarán las funciones de aquéllos,
con todas las facultades que la ley orgánica les confiere, hasta el 1 de abril
de 1935.
La integración de las comisiones administradoras se hará de
acuerdo con la actual ley orgánica de las corporaciones municipales.
La
elección municipal, se hará juntamente con las de renovación de los poderes
Ejecutivo y Legislativo.
Artículo 232.- La Legislatura prolongará sus
sesiones de 1933, hasta el 30 de junio de 1934, en la forma que lo estime
conveniente, a fin de dictar las leyes que fueren necesarias para responder a
esta Constitución.
Artículo 233.- Una comisión, compuesta del señor
presidente y de dos señores convencionales, revisará la forma en que se ha
recogido y registrado la sanción de esta Convención, hecho lo cual, la firmarán
el presidente, los secretarios y los convencionales que deseen hacerlo y,
sellada con el sello de la Convención, se pasará al Archivo de la Legislatura,
remitiéndose copias, al Poder Ejecutivo y al Superior Tribunal de
Justicia.
Artículo 234.- La presente Constitución regirá desde el 15 de
setiembre de 1933.
Artículo 235.- Téngase por ley fundamental de la
provincia, publíquese , regístrese y comuníquese para que se cumpla.
DADA
EN LA SALA DE SESIONES DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE, EN LA CIUDAD DE PARANÁ,
CAPITAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE
1933.