Provincia de Misiones
Constitución de la Provincia de
MISIONES
REPÚBLICA
ARGENTINA
PREÁMBULO
La Honorable Convención Constituyente, en cumplimiento del mandato conferido
por el pueblo de Misiones e invocando a Dios, sanciona la presente
Constitución.
PRIMERA PARTE
SECCION PRIMERA
DECLARACIONES, DERECHOS DEBERES Y GARANTIAS
TITULO PRIMERO
Generalidades
CAPITULO UNICO
Principios generales. Forma de gobierno
Art. 1º.- La Provincia de Misiones, con los límites que históricamente y por
derecho le corresponden y como parte integrante e inseparable de la Nación
Argentina, al restituirse al ejercicio de los derechos no delegados al gobierno
de la Nación, organiza sus poderes bajo el sistema republicano, democrático y
representativo de gobierno, de acuerdo con los principios, derechos, deberes y
garantías consignados en la Constitución Nacional.
Art. 2º.- La soberanía reside en el pueblo, del cual emanan todos los poderes,
pero éste no gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades
legítimamente constituidas, sin perjuicio de los derechos de iniciativa,
referéndum y revocatoria.
Art. 3º.- Las autoridades que ejerzan el gobierno residirán en la ciudad de
Posadas, la que se declara capital de la Provincia.
Art. 4º.- En ningún caso podrán las autoridades de la Provincia suspender la
observancia de esta Constitución ni la de la Nación, ni la vigencia efectiva de
las garantías y derechos establecidos en ambas.
Art. 5º.- En caso de intervención del gobierno federal, los actos que sus
representantes ejecuten en el ejercicio de sus funciones serán de ningún valor
para la Provincia si no se hubiesen realizado de acuerdo con lo que dispone
esta Constitución y las leyes provinciales.
Si se hubiere decretado separación o cesantía de magistrados o funcionarios que
tengan asegurada inamovilidad, se les deberá promover la acción de destitución
que corresponda de acuerdo con esta Constitución dentro de los noventa días de
haberse normalizado institucionalmente la Provincia.
Si así no se hiciere serán reintegrados a sus funciones y aunque el cargo
estuviere cubierto tendrán derecho a sus remuneraciones.
Art. 6º.- Ningún magistrado o funcionario público podrá delegar sus funciones
en otra persona ni un poder delegar en otro sus facultades constitucionales,
bajo pena de nulidad, salvo en los casos expresamente previstos por esta
Constitución.
TITULO SEGUNDO
DERECHOS INDIVIDUALES
CAPITULO UNICO
Derechos y seguridad individuales
Art. 7º.- Los habitantes de la Provincia gozan de todos los derechos y
garantías reconocidos en la Constitución Nacional, con arreglo a las leyes que
reglamenten su ejercicio.
Art. 8º.- El Estado tutela la seguridad de todos y de cada uno de los
habitantes de la Provincia; a tal fin se declaran inviolables los derechos y
garantías a que se refiere el artículo precedente y los que posibiliten el
pleno desarrollo de la personalidad y dignidad humanas.
Art. 9º.- Los habitantes en la Provincia tienen idéntica dignidad social y son
iguales ante la ley, la que deberá tener acción y fuerza uniformes para todos y
asegurar igualdad de oportunidades.
Cada habitante tiene el deber de contribuir de acuerdo a sus posibilidades al
bienestar común y el correlativo derecho de participar de sus beneficios.
Art. 10.- Es inviolable en el territorio de la Provincia el derecho que toda
persona tiene de profesar su culto libre y públicamente según los dictados de
su conciencia, sin más limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas
costumbres y el orden público.
El Estado no podrá dictar leyes u otras medidas que restrinjan o protejan culto
alguno.
Nadie podrá ser obligado a declarar su religión.
Art. 11.- Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho de reunirse
pacíficamente para tratar asuntos políticos, gremiales, económicos, religiosos,
sociales, culturales o de cualquier otra índole, en locales cerrados,
particulares o públicos, sin permiso previo. Sólo cuando las reuniones se
realicen en lugares abiertos y públicos deberá preavisarse a la autoridad.
Art. 12.- Los habitantes de la Provincia gozarán de la libertad de expresar sus
pensamientos y opiniones por cualquier medio y recibir o suministrar toda clase
de informaciones. Los abusos de estos derechos serán reprimidos por la justicia
ordinaria o el jurado, conforme a la ley que dicte la Provincia. Esta no podrá
dictar leyes u otras medidas que, so pretexto de sancionar los abusos
restrinjan o limiten tales derechos, como tampoco tendientes a coartar la
difusión o libre expresión de las ideas; ni impedir o dificultar el funcionamiento
de los talleres de imprenta, difusoras radiales y demás medios idóneos para la
propagación del pensamiento; ni clausurar los locales en que ellos funcionen.
Art. 13.- Se reconoce a cada habitante de la Provincia el derecho de tener y
llevar armas para su defensa personal, conforme a las leyes que dicte la
Legislatura reglamentando su ejercicio.
Art. 14.- Salvo el caso de flagrancia en delito o contravención, nadie puede
ser detenido sin orden escrita de autoridad competente fundada en indicios
serios sobre la existencia de un hecho punible y la presunta responsabilidad de
su autor o partícipe.
La detención no podrá prolongarse por más de veinticuatro horas sin ponerse al
detenido a disposición del juez y notificársele la causa de su detención.
La autoridad a cuyo cargo esté la custodia de un detenido está obligada, sin
perjuicio de las medidas y precauciones asegurativas del caso, a llevarlo a la
presencia de cualquier persona que lo requiera.
El incumplimiento o negligente observancia de las obligaciones señaladas en la
presente disposición, ocasionan al funcionario o empleado responsable la
pérdida de su empleo, sin perjuicio de las sanciones penales que puedan
corresponderle.
Art. 15.- Las cárceles de la Provincia serán sanas, limpias y adecuadas para
facilitar la readaptación social de los detenidos, presos o reclusos. Bajo
estas mismas condiciones, La Provincia creará institutos especiales para
menores y mujeres, y establecimientos para encausados y contraventores. Ninguna
detención o arresto se hará en cárceles de penados sino en locales destinados a
ese objeto.
Art. 16.- Frente a cualquier decisión o acto arbitrario de la autoridad, en
relación tanto a la persona como a los derechos de los habitantes de la
Provincia, y ya se trate de una lesión jurídica consumada como de una amenaza
inminente, proceden los recursos de hábeas corpus o de amparo a los fines de
que cese el efecto de lo ya consumado o no se lleve a cabo lo amenazado.
Art. 17.- Los recursos a que se refiere el artículo anterior podrán ser
interpuestos por el interesado o cualquier persona, sin necesidad de observar
formas procesales, ante cualquier juez letrado de primera instancia, sin
distinción de fueros o circunscripciones.
Art. 18.- Tanto en el caso de hábeas corpus como en el de amparo de cualquier
derecho, el trámite de recurso será breve y sumarísimo, siendo responsable el
juez que en él entienda de toda dilación inconducente o injustificada.
La legislación procesal deberá prescribir las normas de sustanciación del
recurso, ajustándose estrictamente a las bases de amplitud y celeridad que esta
Constitución establece.
Art. 19.- Para el juzgamiento de las causas criminales la Provincia implantará
el juicio oral, público, continuo y contradictorio. A tal efecto la ley creará
los tribunales colegiados de derecho que sean necesarios así como los cargos
que deban complementarlos.
Art. 20.- Las causas orales se fallarán en instancia única y sólo procederá el
recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia, limitado a los casos
de violación de formas o errónea aplicación de la ley sustantiva.
Art. 21.- La acción penal en los delitos de acción pública pertenece
exclusivamente al Estado. Es indisponible y su promoción y ejercicio no pueden
ser compartidos. La ley procesal, en consecuencia, instituirá al ministerio
público como único promotor y ejecutor de la acción pública, sin perjuicio de
los damnificados por el delito puedan hacer en sede penal sus pretensiones
resarcitorias o indemnizatorias.
Art. 22.- La incomunicación de los detenidos no podrá prolongarse más de
cuarenta y ocho horas. En caso de que resultare indispensable a los fines de la
investigación, podrá ampliarse por un lapso igual, mediante decisión judicial
motivada.
Art. 23.- El sumario criminal es secreto sólo para los extraños. En caso de
evidente necesidad, que el juez motivará suficientemente, podrá decretarse el
secreto total o parcial por un lapso prudencial para la investigación, y que en
ningún caso podrá exceder de cinco días.
Art. 24.- La autoridad policial que se desempeñe en la investigación de un
hecho presuntivamente delictuoso podrá adoptar todas las medidas que le
competen a los fines del esclarecimiento de la verdad, pero no recibir
declaración indagatoria a los imputados, salvo en presencia del abogado
defensor.
Art. 25.- Nadie puede ser procesado más de una vez por el mismo hecho y en caso
de duda se estará siempre a los más favorable al reo.
Art. 26.- Nadie puede ser considerado responsable sin sentencia judicial firme
que así lo declare. Mientras ello no ocurra, todo imputado de delito goza de la
presunción constitucional de inocencia.
Art. 27.- Si por vía de revisión de una causa criminal se declarase la
inocencia de un condenado, estará a cargo de la Provincia la indemnización de
los daños emergentes de la condena y su ejecución.
Art. 28.- Ningún habitante de la Provincia puede ser penado sin juicio previo
fundado en ley anterior al hecho del proceso.
Los jueces no podrán ampliar por analogía las incriminaciones legales ni
interpretar extensivamente la ley penal en contra del procesado. Siempre se
aplicará, aun con efecto retroactivo, la ley penal más favorable al imputado.
Art. 29.- Los derechos y garantías enumerados en la Constitución Nacional y los
que ésta misma establece no serán entendidos como negación de otros no
enumerados que hacen a la esencia de la democracia, al sistema republicano de
gobierno, a la libertad, a la seguridad y a la dignidad humanas.
TITULO TERCERO
Derechos Sociales
CAPITULO PRIMERO
Trabajo
Art. 30.- El trabajo es un derecho y un deber de carácter social. La Provincia
promoverá la creación de fuentes de trabajo y asegurará al trabajador las
condiciones económicas, morales y culturales para una existencia digna.
Art. 31.- La Legislatura creará un organismo de vigilancia y aplicación de las
leyes que aseguren al trabajador, sin distinción de sexos: condiciones dignas y
equitativas de labor; jornadas limitadas, descanso y vacaciones pagados;
retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual
tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la
producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido
arbitrario; el derecho de huelga, y toda la legislación laboral.
La Legislatura organizará la justicia laboral.
Art. 32.- Sin perjuicio de los derechos que la Constitución y leyes nacionales
acuerden al trabajador, la legislación provincial establecerá la libre elección
de la ocupación; la regulación y control de los trabajos nocturnos e
insalubres; los de las mujeres y de los menores; la seguridad en el trabajo y
el derecho a la vivienda higiénica y decorosa.
Art. 33.- En la Provincia los gremios podrán organizarse libre y
democráticamente sin más requisitos que la inscripción en un registro especial;
podrán concertar contratos colectivos de trabajo y recurrir a la conciliación y
arbitraje.
Art. 34.- Los sindicatos inscriptos no serán intervenidos ni sus locales
clausurados sino por resolución judicial fundada en ley. Queda establecida la
protección para el trabajador que ejerza cargos directivos en sus
organizaciones sindicales o que invista representación conferida por éstas. La
ley reglamentará esta protección asegurando el ejercicio de sus funciones.
Art. 35.- Todos los trabajadores de la Provincia, públicos o privados, tendrán
derecho al seguro social integral e irrenunciable. A este fin se coordinará la
legislación provincial con la nacional tendiente a la creación de organismos
con autonomía financiera y económica, administrados por los interesados con
participación del Estado.
Art. 36.- Tanto las organizaciones gremiales como los trabajadores gozarán de
gratuidad en las tramitaciones ante la justicia laboral y organismos
administrativos.
CAPITULO II
Familia. Protección a la ancianidad y minoridad
Art. 37.- La Ley asegurará:
1. Protección integral de la familia, procurándole los medios que le sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones espirituales, culturales,
económicas y sociales.
2. El amparo a la maternidad, a la infancia, minoridad, incapacidad y a la
ancianidad de quienes carecen de familia.
Art. 38.- Toda mujer que esté por dar a luz o haya dado a luz, todo anciano,
todo discapacitado y todo menor de edad que se encuentren en estado de
desamparo, serán protegidos por el Estado. A tal efecto la ley creará los
organismos que asumirán esas tareas.
CAPITULO III
Salud
Art. 39.- La Provincia garantizará la atención de la salud de la población, a
cuyo fin la Legislatura dictará la ley sanitaria correspondiente que asegure la
asistencia médica integral, preventiva y asistencial. A los efectos de cumplir
más acabadamente estas obligaciones, el gobierno podrá por medio de convenios,
comprometer su colaboración con la Nación, con otras provincias, asociaciones
profesionales, entidades mutuales y cooperativas.
La actividad de los profesionales del arte de curar debe considerarse como
función social y regirse por leyes y disposiciones especiales que se dicten al
respecto.
CAPITULO IV
Educación
Art. 40.- La libertad de enseñar y de aprender las ciencias y las artes es un
derecho que no podrá coartarse con medidas limitativas de ninguna especie. Es
libre la investigación científica.
La Cámara de Representantes proveerá por ley el establecimiento de un sistema
de educación que contemple primordialmente la instruccción primaria y
secundaria, y organizará la instrucción especial y superior.
Art. 41.- Las leyes que organicen y reglamente la educación se sujetarán a los
principios y reglas siguientes:
1. La educación primaria es común y obligatoria en las condiciones y bajo las
penas que la ley establezca.
En las escuelas, institutos u organismos del Estado es, además, gratuita e
integral.
2. Será de caracteres fundamentalmente nacional y específicamente regional, y
tendrá como finalidad capacitar para dar satisfacción a las necesidades
individuales y colectivas de la vida real, orientándose a formar ciudadanos
aptos para la vida democrática y para la convivencia humana con sentido de
solidaridad social.
Juntamente con la enseñanza primaria, secundaria y especial, se impartirán
conocimientos prácticos, relacionados con los sistemas cooperativos, con las
actividades agrotécnicas e industriales, según la preponderancia de las mismas
en los respectivos lugares.
3. Podrá ser recibida en escuelas, fiscales o particulares, o en el hogar. El
Estado reconoce el derecho de todos a elegir libremente la escuela que
corresponda a su ideal educativo. Cualquier persona o entidad podrá fundar y
mantener establecimientos de enseñanza conforme a las leyes que reglamenten su
funcionamiento.
4. La Provincia creará el seguro de enseñanza primaria, secundaria y
universitaria, y asegurará una efectiva igualdad de oportunidades mediante el
otorgamiento de becas y sistemas de créditos complementarios.
Art. 42.- No se reconocerán más títulos o diplomas habilitantes para el
ejercicio de una profesión u oficio que los expedidos por los organismos
debidamente autorizados por las leyes nacionales y las de esta Provincia.
Art. 43.- La organización y dirección técnica y administrativa de la educación,
excepto la universitaria, estará a cargo de un Consejo General de Educación
autónomo compuesto de: un director general de educación, docente que ejercerá
su presidencia, y cuatro vocales.
El presidente y dos de los vocales serán nombrados por el Poder Ejecutivo con
acuerdo de la Cámara de Representantes y los restantes elegidos por los
docentes en actividad dependientes de la repartición. Durarán cuatro años en
sus funciones, son reelegibles y sólo podrán ser removidas por el jurado de
enjuiciamiento por las causas y de acuerdo al procedimiento establecido en el
artículo 158 de esta Constitución.
Art. 44.- La ley creará consejos escolares departamentales, estableciendo su
organización, atribuciones y deberes.
Art. 45.- La ley determinará las rentas propias de la educación de modo que
asegure los recursos necesarios para su sostenimiento, difusión y mejoramiento.
En ningún caso la contribución del Tesoro de la Provincia para el fomento de la
educación pública será inferior al veinte por ciento del total de las rentas
generales.
Art. 46.- La administración y disposición de los bienes y rentas escolares
estarán a cargo del Consejo General de Educación.
Art. 47.- La ley establecerá en el Estatuto del Docente, los deberes del
personal dependiente del Consejo General de Educación afectado a la enseñanza o
que colabore directamente en esta funciones con sujeción a normas pedagógicas,
y le asegurará, sin perjuicio de los reconocidos por otras leyes, los
siguientes derechos básicos: estabilidad, ascenso, traslado, vacaciones, estado
docente, participación en el gobierno escolar, perfeccionamiento cultural y
técnico, jubilación, asistencia social, agremiación y los que contribuyan a la
dignificación de la función docente.
TITULO CUARTO
Derechos Políticos
CAPITULO PRIMERO
Régimen electoral
Art. 48.- El régimen electoral para la Provincia será establecido por la ley,
que deberá ajustarse a lo siguiente:
1. La representación política tiene por base la población.
2. El sufragio es universal, directo, secreto y obligatorio.
3. Son electores los ciudadanos, de ambos sexos, inscriptos en el registro
cívico de la Nación y domiciliados en la Provincia.
Cuando el registro cívico de la Nación no se ajuste a los principios de esta
Constitución y leyes provinciales para el ejercicio del sufragio, la ley
dispondrá la formación del registro cívico de la Provincia, bajo la dirección
del Tribunal Electoral.
4. La Provincia constituye un distrito electoral único para todos los actos
electorales que no tengan un régimen especial creado por esta Constitución.
5. El sistema electoral que regirá para la integración de los cuerpos
colegiados deberá conceder, bajo pena de nulidad, representación a la minoría o
minorías, que no podrá ser inferior al tercio del total.
6. Toda elección se hará por lista de candidatos oficializada por el Tribunal
Electoral. El orden de colocación de los candidatos en la lista oficializada
determinará la proclamación de los que resultaren electos.
7. Los electores no podrán ser detenidos veinticuatro horas antes ni después de
cerrado el acto eleccionario. A la hora fijada, cada mesa receptora de votos
practicará el escrutinio provisional.
8. Durante la elección, en el radio del comicio, no habrá más autoridad que la
del presidente del mismo, cuyas órdenes y resoluciones deberán cumplir las
fuerzas de seguridad y los ciudadanos.
9. Los partidos actuantes podrán designar fiscales en todas y en cada una de
las mesas y ante el Tribunal Electoral.
10. No podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los
agentes de las seguridad nacionales y provinciales.
CAPITULO II
Justicia Electoral
Art. 49.- El Tribunal electoral, que tendrá carácter permanente, estará
integrado por un miembro del Superior Tribunal de Justicia, un juez letrado y
un miembro del ministerio público con asiento en la capital de la Provincia,
designados por sorteo. El Tribunal Electoral funcionará en el local de la
Legislatura bajo la presidencia del primero y tendrá las atribuciones que la
ley establezca.
SECCION SEGUNDA
POLITICA ECONOMICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
TITULO PRIMERO
Economía
CAPITULO PRIMERO
Generalidades
Art. 50.- El Estado provincial, mediante su legislación, formulará
planeamientos para el desarrollo económico, con la colaboración de productores,
trabajadores, empresarios y consumidores, en los modos y dentro de los límites
que la ley fije.
Art. 51.- En el territorio de la Provincia la propiedad es inviolable y cumple
una función social. La expropiación será calificada por ley especial y
previamente indemnizada.
Art. 52.- Se dictará la ley de planeamiento provincial, de carácter regional,
que fijará, con la participación activa de todos los grupos sociales y
económicos, los programas para el pleno y armónico desarrollo de la economía y
la cultura de la Provincia de Misiones.
CAPITULO II
Régimen agrario
Art. 53.- La tierra actualmente en el patrimonio de la Provincia y la que en
cualquier forma se adquiera en el futuro, deberá ser colonizada mediante
entrega en propiedad de lotes que constituyan una unidad económica familiar,
cuya superficie fijará la ley.
Art. 54.- La ley reglamentará la colonización oficial o privada, sobre las
siguientes bases:
1. Distribución por unidades económicas del tipo familiar, de acuerdo a su
calidad y destino, evitando el minifundio.
2. Explotación directa y racional por el adjudicatario.
3. Adjudicación preferencial a grupos organizados en cooperativas.
4. Trámite sumario para el otorgamiento de los títulos, una vez cumplidas las
exigencias legales.
5. Otorgamiento de crédito oficial con destino a la vivienda y producción.
Art. 55.- Se dictarán las leyes necesarias para instaurar una reforma agraria
que propicie el acceso del hombre a la propiedad de la tierra, el
fortalecimiento de la familia campesina y la vigorización de la economía
agraria.
Art. 56.- El bosque será protegido con el fin de asegurar su explotación
racional y lograr su mejor aprovechamiento social.
La Ley asegurará la reforestación.
Art. 57.- Se dictarán leyes especiales con los siguientes fines:
1. Conservación y mejoramiento de los suelos, de la flora y de la fauna.
2. Creación de escuelas especializadas para la educación agraria integral.
3. Régimen de crédito agrario tendiente a facilitar la explotación de la tierra
y el afincamiento de la familia.
4. Seguro agrario obligatorio.
5. Promoción de la vivienda digna e higiénica para el trabajador rural.
CAPITULO III
Energía y servicios públicos
Art. 58.- La Provincia tiene la plenitud del dominio, imprescriptible e
inalienable, sobre las fuentes naturales de energía existentes en el
territorio.
Es facultad de la Provincia realizar por sí o convenir con la Nación o con
otras provincias su explotación, cateo y extracción, así como su explotación,
industrialización, distribución y comercialización, fijando de común acuerdo el
monto de la regalía o contribución por percibir.
Art. 59.- Los servicios públicos corresponden originariamente a la Provincia o
a los municipios y se propenderá a que la explotación de los mismos sea
efectuada por el Estado, entes autárquicos o autónomos o cooperativas de
usuarios en los que podrán intervenir las entidades públicas. E las localidades
o centros de menor importancia podrá otorgarse la concesión a pequeñas empresas
o a particulares, debiéndose ajustar la explotación a lo que determine la ley.
Los de transporte terrestre o de la navegación por líneas regulares podrán
concederse a empresas privadas o a cooperativas, pero dicha concesión deberá
ser aprobada por la ley. También se podrán celebrar acuerdos con la Nación,
otros estados provinciales o municipios para su explotación. La ley determinará
la forma de explotación de los servicios públicos.
CAPITULO IV
Desarrollo económico
Art. 60.- Las entidades gremiales y sindicales, cooperativas y asociaciones de
productores y consumidores intervendrán en la defensa de la producción en
relación al consumo y las necesidades de inversión.
Art. 61.- La Provincia, dentro de los derechos y garantías asegurados en esta
Constitución, podrá controlar, tomar a su cargo o destinar para cooperativas o
entidades similares, cuando el bien común lo exija, aquellas actividades en que
predomine el interés público y en que la iniciativa privada sea insuficiente, monopolista
o privilegiada.
Art. 62.- La Provincia reconoce la función social del cooperativismo.
Promoverá y favorecerá su incremento por los medios más idóneos y asegurará su
carácter y finalidades y facilitará el acceso directo de las cooperativas de producción
a los mercados consumidores nacionales y extranjeros.
Art. 63.- El Estado provincial estimulará el aumento real del ahorro hasta
niveles óptimos, haciéndole cumplir su función económico-social a través de la
capitalización básica en la Provincia y asegurando su inembargabilidad.
Regulará y controlará los sistemas de crédito y reprimirá el interés usurario.
Art. 64.- La Provincia creará bancos como entidades estatales o mixtas,
debiendo en este último caso tener la mayoría absoluta del capital. Estará
representada en el gobierno del banco únicamente por los directores nombrados
por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura. También propenderá a la
creación o radicación de nuevos bancos en su territorio, especialmente los
cooperativos y de fomento agrario-industrial.
Art. 65.- El Estado promoverá y fomentará por ley u otras medidas la radicación
de industrias de elaboración de materias primas en las zonas de producción.
Art. 66.- Se dictarán leyes especiales tendientes a:
1. Fomento del crédito industrial y minero.
2. Construcción, consolidación y mejoramiento de la red vial, estimulando la
iniciativa y cooperación privada para su aplicación.
3. Instalación y mejoramiento de puertos y aeropuertos.
4. Fomento del turismo en todos sus aspectos, procurando ponerlo al alcance de
los habitantes de la Provincia y particularmente de los empleados, obreros y
escolares.
TITULO SEGUNDO
Hacienda pública
CAPITULO PRIMERO
Generalidades
Art. 67.- El gobierno de la Provincia provee a los gastos de su gestión con los
fondos del Tesoro Provincial formando: con el producido de la actividad
económica del Estado, de las contribuciones permanentes y transitorias que la
Legislatura establezca, de la venta y locación de las propiedades fiscales; de
los productos, frutos y rentas de otros bienes de su pertenencia; de la
participación que le corresponde en impuestos fijados por la Nación, de los
servicios que prestare y de los empréstitos y demás operaciones de crédito que
realizare para atender necesidades de urgencia o emprender obras de utilidad o
beneficio colectivo.
Art. 68.- Toda ley especial que disponga o autorice gastos no previstos en el
presupuesto deberá determinar el recurso especial correspondiente, salvo que
responda a una extrema necesidad pública.
Art. 69.- El gobierno no podrá disponer de suma alguna del capital de las
instituciones de crédito de la Provincia.
Art. 70.- Toda enajenación de bienes fiscales o municipales, compra, obra
pública y demás contratos se hará por el sistema de subasta o licitación
pública, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de las responsabilidades
emergentes.
La ley u ordenanza, en su caso, reglamentará este principio y sus excepciones.
Los funcionarios y empleados a sueldo del Estado no podrán intervenir como
oferentes, apoderados o intermediarios en licitaciones públicas bajo pena de
nulidad y cesantía.
CAPITULO II
Orientación impositiva
Art. 71.- El régimen tributario de la Provincia se estructurará sobre las bases
de la función económico-social de los impuestos y contribuciones.
La igualdad, proporcionalidad y progresividad constituyen la base de los
impuestos y de las cargas públicas.
Art. 72.- Los artículos superfluos o suntuarios se gravarán más intensamente y
los consumos esenciales de la población se desgravarán paulatinamente. Serán
parcialmente desgravadas las utilidades reinvertidas en el proceso productivo y
en la investigación técnico-científica hasta tanto se logre una tasa de
inversión óptima.
El impuesto directo se orientará preferentemente hacia la gravación de los
ingresos en forma progresiva, pero estableciendo que la misma no impida el
ahorro y la capitalización. El mismo criterio se aplicará en la transmisión
gratuita de bienes, sobre todo en los medios rurales de explotación, y al
patrimonio y renta mínimos que constituyan un bien individual familiar, los que
podrán llegar a ser eximidos de cargas por períodos y en la forma que
establezca la ley.
Art. 73.- En una misma fuente no podrán superponerse gravámenes de igual
naturaleza y categoría, aunque la superposición se opere entre impuestos
nacionales, provinciales y municipales.
La Provincia, a fin de evitar la múltiple imposición, convendrá con la Nación y
municipalidades la forma de aplicación y percepción de los impuestos que le
corresponde recaudar.
Art. 74.- La participación en la percepción de impuestos o contribuciones que
corresponda a las municipalidades y organismos descentralizados les será
entregada por los menos trimestralmente. Del incumplimiento de esta obligación
serán responsables el gobernador y el ministro del ramo, sin perjuicio de la
responsabilidad que incumba al contador de la Provincia.
TITULO TERCERO
Administración pública
CAPITULO PRIMERO
Agentes del Estado
Art. 75.- Todos los habitantes son admisibles en los empleos públicos sin más
requisitos que la idoneidad, no habiendo para los extranjeros otras
limitaciones que las establecidas en esta Constitución.
Art. 76.- No podrán ocupar cargos públicos los deudores de la Provincia que,
ejecutados legalmente, no hubieren pagado sus deudas, los inhabilitados por
sentencia y los quebrados fraudulentos no rehabilitados.
Art. 77.- La Legislatura dictará el estatuto del empleado público que
garantizará los siguientes derechos básicos: preferente admisión por concurso,
estabilidad, ascenso, vacaciones, asistencia social, agremiación, pensión y
jubilación móviles y todo lo que dignifique la carrera administrativa.
Art. 78.- No podrán acumularse en una persona dos o más empleos, así sean
nacionales, provinciales o municipales, con excepción de los docentes y los de
carácter profesional técnico en los casos y con las limitaciones que la ley
establezca.
Art. 79.- El funcionario o empleado a quien se impute delito cometido en el
ejercicio de su cargo está obligado a acusar judicialmente para vindicarse,
bajo pena de su destitución, y gozará del beneficio de gratuidad procesal.
CAPITULO II
Responsabilidad de la administración
Art. 80.- La Provincia y sus agentes son responsables del daño que éstos
causaren a terceros por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Art. 81.- La Provincia podrá ser ejecutada en la forma ordinaria si
transcurrido un año de la fecha en que el fallo condenatorio hubiere quedado
firme la Legislatura no arbitrare los recursos para efectuar el pago.
Exceptúanse de esta disposición las rentas o bienes especiales afectados en
garantía de una obligación de los servicios públicos.
SEGUNDA PARTE
SECCION PRIMERA
PODERES Y ENJUICIAMIENTO POLITICO
TITULO PRIMERO
Poder Legislativo
CAPITULO PRIMERO
Cámara de Representantes
Art. 82.- El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por una Cámara de
Representantes elegida directamente por el pueblo, en la proporción de uno por
cada doce mil habitantes o fracción que no baje de ocho mil quinientos, con
arreglo a la población censada. Después de cada censo nacional o provincial, la
ley determinará el número de habitantes a quienes ha de representar cada
diputado, a fin de que en ningún caso el número total exceda de cuarenta ni sea
menor de treinta.
Art. 83.- Para ser miembro de la Cámara de Representantes se requerirá haber
cumplido la edad de veinticinco años, tener ciudadanía natural en ejercicio o
legal después de cuatro años de obtenida; ser nativo de la Provincia, o tener
dos años de residencia inmediata en ella.
Art. 84.- Los diputados durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser
reelegidos. La Cámara se renovará por mitades cada bienio, a cuyo efecto los
electos para la primera Legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que
deben cesar en el primer período. Las vacantes no serán cubiertas cuando
faltare menos de un año para el término del período correspondiente, a menos
que alcancen la quinta parte del total de la Legislatura.
Art. 85.- Es incompatible el cargo de diputado con:
1. El de funcionario o empleado público a sueldo de la Nación, de las
provincias o de las municipalidades, con excepción de la docencia y de las
comisiones honorarias o eventuales, debiendo estas últimas ser aceptadas con el
consentimiento de la Cámara.
2. El de funcionario o empleado dependiente de una empresa particular que se
rija por concesiones de la Legislatura y tenga, por ese solo hecho, relaciones
con los poderes públicos de la Provincia.
3. Todo otro cargo de carácter electivo, sea nacional, provincial o municipal.
El diputado que haya aceptado algún cargo incompatible con el suyo, será
separado de la representación.
Art. 86.- No podrán celebrar contratos con la administración federal,
provincial o municipal, ni patrocinar causas contra la Nación, provincias o
municipios, ni defender intereses privados ante la administración pública.
Tampoco podrán participar en empresas beneficiadas con privilegios o
concesiones dadas por el Estado.
Art. 87.- Los diputados prestarán en el acto de su incorporación juramento de
desempeñar debidamente el cargo y de obrar en un todo de acuerdo con lo que
prescribe esta Constitución.
Art. 88.- Los diputados no podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni
molestados por las opiniones que manifiesten o votos que emitan en el desempeño
de su cargo. Gozarán de completa inmunidad en su persona desde el día de su
elección hasta el cese. Tampoco podrán ser arrestados, excepto en el caso de
ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de un delito que merezca pena
corporal, en el cual caso deberá darse cuenta de la detención dentro del plazo
de tres días a la Cámara, la que al conocer el sumario podrá allanar el fuero
del acusado con el voto de los dos tercios de sus miembros.
Art. 89.- Cuando se promueva acción penal contra un miembro de la Cámara, ésta
podrá, luego de examinar el mérito del sumario en juicio público, con los dos
tercios de votos de los miembros presentes, levantar los fueros y ponerlo a
disposición de juez competente.
Art. 90.- Con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros podrá
corregir con multa, suspensión y aun con la expulsión de su seno, a cualquiera
de sus miembros por la inasistencia reiterada y contumaz o mala conducta en el
desempeño de sus funciones y removerlos por inhabilidad física o moral,
sobrevinientes a su incorporación. Pero bastará la mayoría de uno sobre la
mitad de los presentes para decidir de la renuncia que voluntariamente
cualquiera hiciere de su cargo.
Art. 91.- La Cámara tendrá autoridad para corregir, de acuerdo con los
principios parlamentarios, con arrestos que no pasen de un mes, a toda persona
de fuera de su seno que viole sus privilegios.
Art. 92.- La Cámara dictará su reglamento, que no podrá modificar sobre tablas
ni en un mismo día.
Art. 93.- La Cámara sancionará su presupuesto fijando el número de funcionarios
y empleados que necesite y la forma en que debe proveerse dicha dotación. Esta
ley no podrá ser vetada.
Art. 94.- Los diputados gozarán de una remuneración determinada por ley. En
caso de ser aumentada, no podrá beneficiar a quienes votaron el aumento durante
el período de su mandato.
Art. 95.- La Cámara podrá hacer concurrir al recinto de sesiones a los
ministros del Poder Ejecutivo para pedirles los informes y explicaciones que
estime convenientes, citándolos con tres días de anticipación por lo menos,
salvo los casos de urgencia, comunicando en la citación los puntos sobre los
cuales deberá informar. Podrá también la Cámara o sus comisiones pedir al Poder
Ejecutivo y al Poder Judicial los datos e informes que estime necesarios y
éstos están obligados a darles en el tiempo en que le sean solicitados. Esta
facultad podrá ejercerla también cuando se trate de sesiones de prórroga o
extraordinarias.
CAPITULO II
Funcionamiento de la Cámara
Art. 96.- La Cámara se reunirá sin que sea esencial ningún requisito de
apertura. Sesionará todos los años en forma ordinaria desde el 1º de mayo hasta
el 31 de octubre.
Este término podrá ser prorrogado cuando así lo disponga la mayoría absoluta de
sus miembros.
Art. 97.- Por motivos de interés público y urgente el Poder Ejecutivo podrá
convocar a la Cámara a sesiones extraordinarias o convocarse ésta por sí misma
cuando un tercio de sus miembros lo solicitare. En ambos supuestos se considerarán
exclusivamente los asuntos que determinare la convocatoria. En caso de haber
sido convocada por petición de sus miembros, la Cámara deberá decidir si la
convocatoria se halla justificada.
Art. 98.- La Cámara no podrá sesionar sin la mayoría de los miembros que la
componen, pero después de tres citaciones especiales consecutivas sin poderse
reunir por falta de quórum podrá sesionar con la tercera parte de sus miembros,
con excepción de los casos en que por esta Constitución se exija quórum especial.
Las citaciones especiales a que se refiere este artículo se harán con un
intervalo no menor de cuarenta y ocho horas a contar desde la emisión de las
citaciones y en dichas sesiones no se podrán tratar otros asuntos que los
determinados en el orden del día.
Art. 99.- Anualmente la Cámara de Representantes de la Provincia elegirá a
pluralidad de votos su presidente y los vicepresidentes primero y segundo.
Quien ejerza la presidencia tendrá voto y decidirá en caso de empate.
Art. 100.- Durante el receso de la Cámara de Representantes funcionará una
Comisión Legislativa Permanente que intervendrá en los asuntos urgentes, las
que estará presidida por el presidente de la Cámara y cuya composición y
facultades se determinarán en el reglamento.
CAPITULO III
Atribuciones de la Cámara
Art. 101.- Corresponde a la Cámara de Representantes:
1. Aprobar o desechar los tratados con la Nación y con otras provincias.
2. Establecer los impuestos y contribuciones necesarios para atender los gastos
de servicio de la administración, seguridad y bienestar general de la
Provincia.
3. Fijar por un año o período superior hasta un máximo de tres, a propuesta del
Poder Ejecutivo, el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos.
Si el Poder Ejecutivo no remitiere los proyecto de presupuestos y leyes de
recursos para el ejercicio siguiente antes del 31 de julio, la Cámara podrá
iniciar su estudio y sancionarlo tomando como base las leyes vigentes.
Vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura hubiere sancionado
una nueva ley de gastos y recursos, se tendrán por prorrogadas las que hasta
ese momento se encuentren en vigencia.
4. Legislar sobre el uso, disposición y enajenación de las tierras e inmuebles
de propiedad provincial.
5. Calificar los casos de expropiación por causas de utilidad pública o interés
general, determinando los fondos con que debe hacerse la indemnización previa.
6. Autorizar la Poder Ejecutivo, con los dos tercios de los miembros presentes,
a contraer empréstitos o emitir fondos públicos con bases y objetos
determinados, no pudiendo ser autorizado para equilibrar los gastos ordinarios
de la administración. En ningún caso la totalidad de los servicios de los
empréstitos comprometerán más de la cuarta parte de las rentas de la Provincia.
Ni el numerario obtenido de los mismos, ni los fondos públicos que se emitan,
podrán ser aplicados a otros objetos que los determinados por la ley de su
creación.
7. Promover la colonización en las tierras fiscales o en los latifundios que no
cumplan la función social de la propiedad; fomentar la producción, la industria
y el comercio auspiciando el desarrollo de las empresas cuyo capital contribuya
al bienestar general; propender a la formación de sociedades cooperativas;
fomentar el incremento de las actividades agropecuarias; planificar una
plantación forestal que persiga una racional explotación de sus bosques y la
forestación y reforestación; auspiciar el turismo contemplando la finalidad
social de su objetivo; facilitar los medios de transporte hacia los centros de
consumo y puestos de embarque, mediante caminos, vías férreas y medios de
transporte fluvial y aéreo, y, en general, desarrollar una política legislativa
tendiente al bienestar social y a la felicidad de los habitantes de la
Provincia.
8. Arreglar el pago de las deudas de la Provincia, dictar la ley orgánica del
crédito público, autorizar el establecimiento y funcionamiento de las entidades
bancarias.
9. Disponer la creación de villas, declarar ciudades y promover la construcción
de obras públicas.
10. Acordar subsidios, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes, a las municipalidades.
11. Establecer la división política de la Provincia y los ejidos municipales,
tomando por base la extensión, población y continuidad.
12. Acordar amnistías por delitos políticos, faltas o contravenciones previstas
en la legislación provincial, excepto los de fraude electoral o contra la
libertad de sufragio.
13. Crear o suprimir empleos para la mejor administración de la Provincia, determinando
sus atribuciones y responsabilidades, evitando los excesos de la burocracia.
14. Dictar las leyes que aseguren y garanticen el ejercicio de los derechos
sociales.
15. Dictar leyes sobre jubilaciones, retiros y pensiones para el personal de la
administración provincial y municipal y aprobar los convenios que a tal fin
pudieren celebrarse con la Nación u otras provincias y municipalidades.
16. Dictar la ley de elecciones generales para toda la Provincia según los
principios enunciados en esta Constitución.
17. Dictar leyes relativas a la educación.
18. Acordar recompensas de estímulo.
19. Dictar códigos de procedimientos, rural y fiscal; leyes de organización de
la administración de justicia, del Registro Civil, orgánica municipal, de
tierras públicas, de bosques, viales y de expropiaciones, de régimen de los
partidos políticos, de estatuto del empleado y del estatuto del docente.
20. Autorizar la cesión de tierras de la Provincia para objetos de utilidad
pública, con el voto de los dos tercios de los miembros de la Cámara, cuando
esa cesión importe abandono de jurisdicción o desmembramiento territorial,
dentro de los límites prescriptos por la Constitución Nacional. En este caso la
ley deberá ser ad referéndum.
21. Crear reparticiones autárquicas, pudiendo darles facultades para designar
su personal y administrar los fondos que se les asigne, dentro de las
prescripciones de la ley de creación.
22. Ejercer la legislación exclusiva sobre los servicios públicos de la
Provincia establecidos fuera de la jurisdicción municipal.
23. Declarar intervenidos a los organismos municipales en los casos autorizados
por esta Constitución.
24. Tomar juramento al gobernador y vicegobernador y sus reemplazantes en cada
caso, concederles o negarles licencias para salir temporalmente del territorio
de la Provincia, incluso de la capital por más de 15 días consecutivos, aceptar
o rechazar sus renuncias.
25. Prestar o no acuerdo para el nombramiento de magistrados y funcionarios.
26. Elegir senadores nacionales y considerar sus renuncias cuando sean
presentadas antes de su incorporación al Senado de la Nación.
27. Autorizar, aprobar o disponer la movilización de milicias por el Poder
Ejecutivo en los casos del artículo 108 de la Constitución Nacional.
28. Dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las
anteriores atribuciones y para todo asunto de interés público y general de la
Provincia que por su naturaleza y objeto no corresponda privadamente al
Congreso Nacional.
CAPITULO IV
Formación y sanción de las leyes
Art. 102.- Las leyes tendrán origen en la Cámara de Representantes, por
iniciativa de uno o más de sus miembros o por proyectos del Poder Ejecutivo.
Ningún proyecto de ley desechado totalmente por la Cámara podrá repetirse
durante el año de su rechazo.
En la sanción de las leyes se usará la siguiente fórmula: "La Cámara de
Representantes de la Provincia sanciona con fuerza de ley".
Art. 103.- Aprobado por la Cámara de Representantes un proyecto de ley, será
pasado al Poder Ejecutivo a los efectos de su promulgación. Dentro del término
de diez días de haberlo recibido de la Legislatura, el Poder Ejecutivo podrá
devolverlo observado en todo o en parte. Si no lo hiciere, el proyecto quedará
convertido en ley y deberá promulgarse y publicarse por el Poder Ejecutivo en
el día inmediato al del vencimiento del plazo o publicarse, en su defecto, por
orden del presidente de la Cámara.
Art. 104.- Desechado en todo o en parte un proyecto de ley por el Poder
Ejecutivo, volverá con sus objeciones a la Legislatura y si ésta insiste en su
sanción con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros será ley y pasará al
Poder Ejecutivo para su promulgación. No existiendo la mayoría citada para su
insistencia ni mayoría para aceptar la modificación propuesta por el Poder
Ejecutivo, no podrá repetirse en las sesiones de ese año.
Vetado en parte un proyecto de ley el Poder Ejecutivo no podrá promulgarse la
parte no vetada, excepto respecto de la ley general de presupuesto, que, en
caso de ser vetada, sólo será reconsiderada en la parte observada, quedando el
resto en vigencia.
Si al tiempo de devolver el Poder Ejecutivo una ley observada la Cámara hubiere
entrada en receso, ésta podrá pronunciarse acerca de la aceptación o no
aceptación de las observaciones durante las sesiones de prórroga
extraordinarias u ordinarias subsiguientes.
TITULO SEGUNDO
Poder Ejecutivo
CAPITULO PRIMERO
Generalidades
Art. 105.- El Poder Ejecutivo será desempeñado por el gobernador de la
Provincia, y en su defecto por el vicegobernador elegido al mismo tiempo y por
igual período que aquél.
Art. 106.- Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere ser
argentino nativo o por opción, haber cumplido treinta años y tener tres de
domicilio inmediato en la Provincia, si no hubiere nacido en ella, salvo en
caso de ausencia por servicios prestados a la Nación o a la Provincia.
Art. 107.- El gobernador y el vicegobernador serán elegidos a simple pluralidad
de sufragios; durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y cesarán en
el mismo día que expire el período legal, sin que evento alguno pueda motivar
su prorrogación ni tampoco que se les complete más tarde.
Art. 108.- Al tomar posesión de cargos el gobernador y vicegobernador prestarán
juramento ante la Cámara de Representantes y en su defecto ante el Superior
Tribunal de Justicia, de cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución y
leyes de la Nación y de la Provincia.
Art. 109.- El gobernador y el vicegobernador gozarán de la retribución que la
ley fije. Dicha retribución no podrá ser alterada hasta el término de su
mandato.
Art. 110.- El gobernador y el vicegobernador no pueden ser reelectos sino con
el intervalo de un período legal, ni sucederse recíprocamente. Tampoco podrán
ser elegidos senadores nacionales hasta dos años después de terminado su
mandato.
Art. 111.- El gobernador y el vicegobernador en ejercicio de sus funciones
residirán en la capital de la Provincia, no podrán ausentarse de ella por más
de quince días sin permiso de la Legislatura y en ningún caso del territorio de
la Provincia sin este requisito.
La ausencia simultánea del gobernador y del vicegobernador de la capital por
más de tres días y de la Provincia por cualquier tiempo, confiere de hecho el
ejercicio del cargo a sus reemplazantes legales.
Durante el receso de la Legislatura, sólo podrán ausentarse de la Provincia por
motivos urgentes y por el tiempo estrictamente indispensable, previa
autorización de la Comisión Legislativa Permanente.
Art. 112.- En caso de ausencia temporal y simultánea del gobernador y
vicegobernador, ejercerán el Poder Ejecutivo las autoridades de la Cámara de
Representantes, por su orden, y hasta que cese la inhabilidad.
En caso de acefalía el cargo de gobernador será ejercido interinamente por el presidente
de la Cámara de Representantes, quien dentro del término de cinco días
convocará a elecciones para reemplazarlo, siempre que faltare más de dos años
para completar el período constitucional.
Si faltare menos de dos años, la Cámara de Representantes convocada
especialmente dentro del mismo plazo, procederá a elegir gobernador y
vicegobernador por mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros.
En ambos supuestos la elección será para completar el período constitucional y
no podrá recaer en la persona del presidente de la Cámara de Representantes.
En caso de acefalía total por impedimento o renuncia del gobernador y sus
substitutos legales, el Poder Ejecutivo será asumido por el presidente del
Superior Tribunal de Justicia a los efectos de la convocatoria inmediata a
elecciones.
Art. 113.- Si antes de asumir el cargo el ciudadano electo gobernador
falleciere, renunciare o no pudiere ejercer el cargo, se procederá a una nueva
elección.
Art. 114.- El gobernador y el vicegobernador gozarán de las mismas inmunidades
que los diputados.
Son incompatibles los cargos de gobernador y vicegobernador con cualquier
empleo y el ejercicio de toda profesión.
Art. 115.- El gobernador y el vicegobernador no podrán ausentarse de la
Provincia sin autorización de la Cámara de Representantes, hasta tres meses
después de haber cesado en sus funciones.
CAPITULO II
Atribuciones y deberes
Art. 116.- El gobernador es el jefe de la administración y representa a la
Provincia en sus relaciones con los poderes públicos de la Nación y con las
demás provincias y tiene los siguientes deberes y atribuciones:
1. Informar a la Cámara de Representantes al iniciarse cada período de sesiones
ordinarias del estado general de la administración, del movimiento de fondos
que se hubiere producido dentro o fuera del presupuesto general durante el
ejercicio económico anterior y de las necesidades públicas y sus soluciones
inmediatas.
2. Participar en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución,
teniendo el derecho de iniciarlas por proyectos presentados a la Legislatura y
tomar parte en su discusión por sí, por medio del vicegobernador o de los
ministros.
3. Votar total o parcialmente las leyes sancionadas por la Cámara de
Representantes, en la forma dispuesta por esta Constitución dando los
fundamentos de las observaciones que formule.
4. Presentar dentro de los tres primeros meses de iniciado el período de
sesiones ordinarias el proyecto de ley de presupuesto general de la
administración y de las reparticiones autárquicas, acompañado del plan de
recursos.
5. Hacer recaudar las rentas de la Provincia, decretar su inversión con arreglo
a la ley y dar a publicidad, por lo menos trimestralmente, el estado de la
Tesorería.
6. Convocar a elecciones conforme a esta Constitución y leyes respectivas.
7. Convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura cuando lo exija un
grave interés público, salvo el derecho de ésta para apreciar y decidir,
después de reunida, sobre los fundamentos de la convocatoria.
8. Celebrar y firmar contratos con otras provincias para fines de
administración de justicia, intereses económicos y trabajos de utilidad común
con la aprobación del Poder Legislativo, dando cuenta oportunamente al Congreso
Nacional.
9. Nombrar y remover a los ministros-secretarios y demás funcionarios y
empleados de la administración, cuyos nombramientos no estén acordados a otro
poder.
10. Nombrar con acuerdo de la Cámara de Representantes los magistrados del
Superior Tribunal de Justicia, fiscales, defensores de menores, jueces de
primera instancia, fiscal de Estado, contador, subcontador, tesorero,
subtesorero, miembros del Tribunal de Cuentas, director general de Educación y
vocales del Consejo General de Educación.
11. Nombrar y remover los funcionarios y empleados con las exigencias y
formalidades legales. Durante el receso de la Cámara de Representantes los
nombramientos que requieran acuerdos se harán "en comisión", con
cargo de dar cuenta en los primeros quince días del período de sesiones
ordinarias, bajo sanción de que si así no se hiciere los funcionarios cesarán
en sus empleos.
12. Ejercer la policía de la Provincia.
13. Prestar inexcusablemente el auxilio de la fuerza pública a los tribunales
de justicia, al presidente de la Cámara de Representantes, a las municipalidades
y demás autoridades y funcionarios que por la Constitución o por la ley puedan
hacer uso de ella.
14. Indultar o conmutar las penas impuestas, dentro de la jurisdicción
provincial, previo informe favorable del Superior Tribunal de Justicia, excepto
en los casos de delitos electorales y con respecto a los funcionarios sometidos
al procedimiento del juicio político o del jurado de enjuiciamiento.
15. Ejercer la jurisdicción administrativa en el modo y forma que la ley
determine.
16. Conceder pensiones y jubilaciones conforme a la ley de la materia.
17. Expedir decretos, instrucciones o reglamentos para la ejecución de las
leyes.
Art. 117.- El gobernador no puede expedir resoluciones ni decretos sin la firma
de los ministros respectivos, salvo el nombramiento o remoción de éstos.
Art. 118.- El gobernador o el vicegobernador, en su caso, y los ministros en
los actos que legalicen con su firma o acuerden en común, son solidariamente
responsables y pueden ser acusados ante la Cámara de Representantes.
CAPITULO III
Del vicegobernador
Art. 119.- El vicegobernador en tanto no reemplace al gobernador, sin perjuicio
de las funciones que como colaborador directo de éste puedan corresponderle,
tendrá además las de:
1. Asistir a los acuerdos de ministros, pudiendo suscribir los decretos que en
los mismos se elaboren.
2. Mantener relaciones con los demás poderes del Estado a fin de establecer una
armónica coordinación con los mismos.
3. Dedicar preferente atención a los problemas agrarios y los que, en general,
afecten al interior de la Provincia.
CAPITULO IV
De los ministros
Art. 120.- El despacho de los negocios administrativos de la Provincia estará a
cargo de ministros-secretarios, cuyo número y funciones se determinará por ley.
Art. 121.- Para ser nombrado ministro se requieren las mismas condiciones que
para ser elegido diputado y no ser pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad con el gobernador.
Gozarán de un sueldo establecido por la ley, el que no podrá ser alterado
durante el ejercicio de sus funciones.
Art. 122.- Los ministros despacharán de acuerdo con el gobernador todos los
asuntos de su competencia y refrendarán con su firma las resoluciones de éste,
sin cuyo requisito carecerán de validez. Podrán, no obstante, decidir por sí
solos todo lo referente al régimen interno de sus respectivos departamentos y
dictar resoluciones de trámite.
Art. 123.- Son responsables de todas las órdenes y resoluciones que autoricen,
sin que puedan eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de
orden del gobernador.
Art. 124.- Dentro de los treinta días posteriores a la apertura del período de
sesiones, los ministros presentarán a la Cámara de Representantes una memoria
detallada del estado de la administración correspondiente a sus respectivos
departamentos, sugiriendo las reformas e iniciativas que consideren necesarias.
Art. 125.- Los ministros deben asistir a las sesiones de la Cámara de
Representantes cuando fueren llamados por ella a suministrar informes. Pueden
también hacerlo cuando lo crean conveniente y tomar parte en sus discusiones.
Art. 126.- Los ministros están obligados a remitir a la Cámara de
Representantes las informaciones, memorias y demás datos que ésta les solicite
sobre lo relativo a los asuntos de sus respectivos departamentos.
Art. 127.- Es incompatible el cargo de ministro con cualquier empleo o el
ejercicio de toda profesión.
CAPITULO V
Fiscalía de Estado, Contaduría y Tesorería
Art. 128.- El Fiscal de Estado es el encargado de defender el patrimonio del
fisco.
Será parte legítima en los juicios contencioso-administrativos y en todos
aquellos en que se controviertan los intereses de la Provincia. Tendrá también
personería para defender la nulidad o inconstitucionalidad de la ley, decreto,
reglamento, contrato o resolución que pueda perjudicar los intereses fiscales.
Art. 129.- Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que
para ser juez de primera instancia. Será nombrado por el Poder Ejecutivo con
acuerdo de la Cámara de Representantes.
Art. 130.- La ley determinará las condiciones requeridas para ser designado
contador, subcontador, tesorero o subtesorero de la Provincia como también sus
funciones, duración y responsabilidades. Serán nombrados por el Poder Ejecutivo
con acuerdo de la Cámara de Representantes, siendo tales cargos incompatibles
con cualquier otro empleo y con el ejercicio de toda profesión, excepto de la
docencia.
Art. 131.- Sin perjuicio de lo que disponga la ley, la Contaduría no prestará
su conformidad a pago alguno que no esté autorizado por la ley general de
presupuesto o por leyes especiales.
La Tesorería no podrá ejecutar pago alguno que no haya sido previamente
autorizado por la Contaduría.
CAPITULO VI
Tribunal de Cuentas
Art. 132.- El Tribunal de Cuentas estará compuesto por un presidente, abogado,
y dos vocales, contadores públicos, todos inamovibles, nombrados por el Poder
Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Representantes. No podrán tener ningún
otro empleo ni ejercer profesión.
Art. 133.- Sin perjuicio de lo que disponga la ley, el Tribunal tendrá las
siguientes atribuciones:
1. Examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto
provinciales como municipales y de reparticiones autárquicas; aprobarlas o
desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios
responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos.
A tal fin los poderes públicos, las municipalidades, y los que administren los
caudales de la Provincia, estarán obligados a remitir anualmente las cuentas
documentadas de los dineros percibidos e invertidos, para su aprobación o
desaprobación. El Tribunal se pronunciará en el término de un año de la
presentación; de los contrario se tendrán por aprobadas sin perjuicio de la
responsabilidad de los miembros del Tribunal.
2. Inspeccionar las oficinas provinciales y municipales, que administren fondos
públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad,
en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley.
3. Fiscalizar las cuentas de las instituciones privadas que reciban subsidios
del Estado provincial.
CAPITULO VII
Policía de Seguridad y Defensa
Art. 134.- La ley organizará la Policía de Seguridad y Defensa, estableciendo
sus funciones, deberes y responsabilidades, de acuerdo con esta Constitución.
Art. 135.- La Policía de Seguridad y Defensa tendrá jurisdicción exclusiva en
toda la Provincia, y ésta no podrá admitir en su territorio otras fuerzas
similares nacionales que las de seguridad y custodia de fronteras o aquellas a
cuya admisión se obligue mediante leyes convenios.
TITULO TERCERO
Poder Judicial
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Art. 136.- El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por un Superior
Tribunal de Justicia compuesto de un número impar de magistrados y por los
demás tribunales inferiores que la ley establezca.
Art. 137.- La ley determinará el orden jerárquico y la competencia, así como
las incompatibilidades, las obligaciones y las responsabilidades de los
miembros del Poder Judicial.
Art. 138.- Para ser magistrado del Superior Tribunal de Justicia o procurador
general se requieren: ser ciudadano nativo o naturalizado con diez años de
ejercicio en la ciudadanía, tener título de abogado expedido por universidad
nacional o extranjera legalmente admitido por la Nación, treinta años de edad y
seis en el ejercicio activo de la profesión de abogado o de la magistratura.
Para ser miembro o fiscal de cámara bastarán cuatro años.
La Ley establecerá los requisitos para ocupar los demás cargos judiciales.
Art. 139.- Para ser juez letrado de primera instancia se requiere: ciudadanía,
tener más de veinticinco años y ser abogado con tres años de ejercicio.
Art. 140.- Los magistrados del Superior Tribunal de Justicia y de los
tribunales inferiores, así como los funcionarios judiciales que requieran
acuerdo legislativo para su designación, son inamovibles y conservarán sus
respectivos cargos mientras observan buena conducta y cumplan con sus
obligaciones. Su retribución será establecida por ley y no podrá ser
disminuida. No podrán ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento y
solamente podrán ser removidos en la forma que se determina en esta
Constitución. No podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados
por las opiniones que emitan en sus fallos, resoluciones o dictámenes, ni
arrestado, excepto en el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución
de un delito que merezca pena corporal.
Art. 141.- En ningún caso el gobernador de la Provincia u otro funcionario del
Poder Ejecutivo podrá ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento
de las causas pendientes o restablecer las fenecidas.
Art. 142.- El ministerio público es órgano del Poder Judicial.
Art. 143.- El Superior Tribunal de Justicia y los demás tribunales inferiores
de la Provincia aplicarán esta Constitución como ley suprema con relación a
leyes locales.
CAPITULO II
Atribuciones del Poder Judicial
Art. 144.- Corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de las
causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los tratados
que celebre la Provincia y por las leyes; de las causas que se susciten contra
los funcionarios y empleados que no estén sujetos a juicio político ni al
jurado de enjuiciamiento y de las regidas por los códigos enumerados en el
artículo 67, inciso 11 de la Constitución Nacional según que las cosas o
personas caigan bajo la jurisdicción provincial.
Art. 145.- El Superior Tribunal de Justicia tiene en materia judicial las
siguientes atribuciones, sin perjuicio de las demás que le confiere a la ley
conforme a su función y jerarquía.
1. Ejerce jurisdicción originaria y por apelación para conocer y resolver sobre
la constitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o
reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución.
2. Conoce y resuelve originariamente en los conflictos de jurisdicción y
competencia entre los poderes públicos de la Provincia o de sus diversas ramas
y en los que se susciten entre los tribunales de justicia.
3. Conoce y resuelve originariamente en lo contencioso-administrativo de
acuerdo a lo que establezca la ley de la materia, pudiendo mandar cumplir
directamente su sentencia por las oficinas, funcionarios o empleados
respectivos. Si la autoridad administrativa no lo hiciere dentro de los sesenta
días de notificada, incurre en responsabilidad por su incumplimiento.
4. Conoce y resuelve en los recursos extraordinarios que la ley de procedimientos
acuerde contra sentencias definitivas.
5. Conoce y resuelve en las recusaciones de sus vocales y en las quejas por
denegación o retardo de justicia contra los miembros de las cámaras de
apelaciones.
Art. 146.- En materia administrativa y sin perjuicio de las demás que la ley
otorgue, tiene las siguientes atribuciones.
1. Dicta su reglamento interno y ejerce la superintendencia de toda la
administración de justicia.
2. Remite anualmente al Poder Ejecutivo y por su conducto a la Legislatura, una
memoria sobre el estado y necesidad de la administración de justicia, pudiendo
proponer en forma de proyectos las reformas de procedimientos y organización
que tiendan a mejorarla.
3. Nombra y remueve directamente a los secretarios y empleados del tribunal, y
a propuesta de los jueces y funcionarios del ministerio público, al personal de
sus respectivas dependencias.
4. Presenta anualmente al Poder Ejecutivo el presupuesto de gastos de la
administración de justicia a fin de ser incluido en el presupuesto general de
la Provincia.
5. Dispone y administra sus bienes y los fondos asignados por la ley.
Art. 147.- El Poder Judicial dispondrá de la fuerza pública para el
cumplimiento de sus decisiones.
La Legislatura propenderá a la creación y estructuración de la policía
judicial, integrada por un cuerpo de funcionarios inamovibles, con capacitación
técnica, exclusivamente dependiente del Poder Judicial.
CAPITULO III
Justicia de paz
Art. 148.- La ley establecerá orgánicamente la justicia de paz en todas las
ciudades y pueblos de la Provincia, sobre la base del procedimiento verbal y
actuado.
Art. 149.- Se propenderá a establecer la justicia de paz letrada en la capital
de la Provincia y ciudades donde su importancia lo requiera.
Los jueces de paz letrados serán nombrados de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 116, inciso 10, de esta Constitución y equiparados a los de primera
instancia en cuanto a jerarquía, estabilidad y prerrogativas.
Art. 150.- Los jueces de paz no letrados serán nombrados por el Superior
Tribunal de Justicia de una terna propuesta por la autoridad municipal local y
ejercerán sus funciones judiciales con la competencia que la ley determina.
TITULO CUARTO
Juicio político y jurado de enjuiciamiento
CAPITULO PRIMERO
Juicio político
Art. 151.- El gobernador, el vicegobernador y sus reemplazantes legales y los
magistrados del Superior Tribunal de Justicia pueden ser denunciados por
cualquier habitante de la Provincia ante la Cámara de Representantes por
incapacidad física o mental sobreviniente, por delito en el desempeño de sus
funciones o falta de cumplimiento de los deberes correspondientes a sus cargos
o por delitos comunes.
Art. 152.- La Legislatura en su primera sesión ordinaria se dividirá en dos
salas a los efectos del juicio político, realizándose un sorteo proporcional y
de acuerdo a la integración política de la Cámara.
La primera tendrá a su cargo la acusación y la segunda el juzgamiento, ambas
presididas por miembros elegidos de su seno.
Art. 153.- La sala acusadora elegirá anualmente por simple mayoría, en la misma
sesión, una comisión de investigación compuesta de cinco miembros. Dicha
comisión tendrá por objeto investigar la verdad de los hechos denunciados,
teniendo para ese efecto las más amplias facultades.
Art. 154.- La comisión terminará sus diligencias en el término perentorio de
treinta días y presentará dictamen a la sala acusadora, la que lo aceptará o
rechazará, necesitándose dos tercios de votos de los miembros presentes cuando
el dictamen fuere favorable a la acusación, y desde ese momento quedará el
acusado suspendido en el ejercicio de sus funciones y sin goce de sueldo.
Art. 155.- Admitida la acusación por la sala acusadora, ésta nombrará una
comisión de tres miembros para que la sostenga ante la segunda sala constituida
en tribunal de sentencia, previo juramento especial, en cada caso, de sus
miembros.
Art. 156.- Entablada la acusación por sala acusadora, el tribunal de sentencia
procederá a conocer la causa que fallará en el término de treinta días. El
juicio será oral y público y se garantizará la defensa y el descargo del
acusado. Si vencido dicho término no se hubiere dictado sentencia, el acusado
volverá al ejercicio de sus funciones.
Art. 157.- Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por el voto de los
dos tercios de la totalidad de los miembros de la segunda sala. La votación
será nominal, registrándose en el acta el voto que recaiga sobre cada uno de
los cargos que contenga la acusación.
El fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, quedando siempre sujeto
a la acusación, juicio o condena, conforme a la legislación represiva común.
Una ley especial determinará las demás normas para esta clase de juicios.
CAPITULO II
Jurado de enjuiciamiento
Art. 158.- Los miembros del Poder Judicial y los funcionarios no sujetos al
juicio político y que requieran acuerdo de la Legislatura para su nombramiento,
podrán ser acusados por cualquier habitante y por las mismas causas del
artículo 151 ante un jurado de enjuiciamiento, que estará integrado por el
Presidente del Superior Tribunal, dos ministros de éste, dos legisladores y dos
abogados de la matrícula.
Art. 159.- La ley reglamentará el procedimiento que ante él debe observarse,
determinando el modo y la forma como deben ser nombrados los miembros
componentes del jurado.
Art. 160.- El acusado continuará en el ejercicio de sus funciones, si el
jurados no resolviere lo contrario. El fallo deberá expedirse dentro de los
sesenta días a contar desde la admisión de la demanda, bajo pena de nulidad y
tendrá el mismo alcance que el finado en el artículo 157 de esta Constitución.
El jurado se pronunciará siempre en pleno y por mayoría absoluta de sus
miembros, y dará su veredicto con arreglo a derecho.
Todas las garantías y derechos reconocidos por esta Constitución y la Nacional
para el juicio de naturaleza penal, son de aplicación obligatoria. La ley no
podrá restringir el derecho del denunciante mediante impuestos, fianzas,
cauciones, gravámenes o requisitos no previstos en esta Constitución.
SECCION SEGUNDA
MUNICIPIOS
Régimen municipal
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Art. 161.- El municipio gozará de autonomía política, administrativa y
financiera, ejerciendo sus funciones con independencia de todo otro poder.
Art. 162.- La ley establecerá tres categorías de municipios, de acuerdo al
número de sus habitantes.
El gobierno de los municipios de primera y segunda categorías se ejercerá por
una rama ejecutiva y otra deliberativa.
Los municipios de tercera categoría, por comisiones de fomento.
Art. 163.- Todas las autoridades municipales son electivas en forma directa.
Los intendentes, a simple pluralidad de sufragios; los concejales y los
miembros de las comisiones de fomento, por el sistema de representación proporcional.
Art. 164.- Serán electores los ciudadanos del municipio que estén inscriptos en
el padrón provincial y los extranjeros, de ambos sexos, que se inscriban en el
registro municipal, los que deberán tener más de dieciocho años de edad, saber
leer y escribir en idioma nacional, ejercer actividad lícita, tener tres años
de residencia permanente en el municipio y acreditar además algunas de esta
condiciones:
1. Ser contribuyente directo.
2. Tener cónyuge o hijo argentino.
La ley establecerá la forma en que deberá efectuarse el registro especial de
extranjeros.
Art. 165.- Los electores del municipio tendrán los derechos de iniciativa,
referéndum y destitución.
Art. 166.- Los conflictos que se planteen entre los municipios y la Provincia
serán resueltos en única instancia por el Superior Tribunal de Justicia.
Art. 167.- Son recursos municipales, sin perjuicio de los demás que la ley
establezca:
1. El impuesto a la propiedad inmobiliaria y a las actividades lucrativas, en
concurrencia con la Provincia y en la forma que la ley determine.
2. Las tasas y patentes.
3. Las contribuciones por mejoras.
4. Las multas por contravenciones a sus disposiciones y todos los demás
recursos que la ley atribuya a los municipios.
5. Los empréstitos y demás operaciones de crédito.
Art. 168.- La Provincia sólo podrá intervenir los organismos municipales:
1. En caso de acefalía total, para asegurar la inmediata constitución de sus
autoridades.
2. Cuando no cumpliere con los servicios de empréstitos o si de tres ejercicios
sucesivos resultare un déficit susceptible de comprometer su estabilidad
financiera.
3. Para normalizar la situación institucional.
Art. 169.- La intervención se hará en virtud de ley, por tiempo determinado,
con fines a restablecer su normal funcionamiento y convocar a elecciones dentro
de un plazo no mayor de sesenta días. Si la Cámara de Representantes se
encontrare en receso, el Poder Ejecutivo podrá decretar la intervención, ad
referéndum de lo que ésta resuelva, a cuyo efecto, por el mismo decreto, deberá
convocarla a sesiones extraordinarias.
Durante el tiempo que dure la intervención, el comisionado atenderá
exclusivamente los servicios municipales ordinarios, con arreglo a las
ordenanzas vigentes.
Art. 170.- Los municipios comprendidos en la primera categoría podrán dictarse
sus respectivas cartas orgánicas para su gobierno, de acuerdo a los principios
contenidos en esta Constitución.
CAPITULO II
Atribuciones y deberes del poder municipal
Art. 171.- Son atribuciones y deberes de los municipios:
1. Convocar a elecciones municipales.
2. Sancionar anualmente su presupuesto de gastos y su cálculo de recursos.
3. Entender en todo lo relativo a edificación, tierras fiscales municipales,
abastecimiento, sanidad, asistencia social, espectáculos públicos, costumbres y
moralidad, servicios públicos urbanos, reglamentación y habilitación de las
vías públicas, paseos, cementerios y demás lugares de su dominio.
4. Establecer impuestos, tasas, contribuciones y formas de percibirlos.
5. Dar a publicidad trimestralmente el estado de sus ingresos y gastos,
anualmente el balance general, y una memoria sobre la labor desarrollada dentro
de los treinta días de vencido el ejercicio.
6. Contraer empréstitos para obras señaladas de mejoramiento, con dos tercios
de votos de la totalidad de los miembros del Concejo. En ningún caso el
servicio de la totalidad de los empréstitos podrá comprometer más de la cuarta
parte de la renta, ni el fondo amortizante aplicarse a otros fines.
7. Enajenar en subasta pública y gravar los bienes municipales con dos tercios
de votos de la totalidad de los miembros del Concejo.
8. Nombrar al personal de su dependencia y removerlo, previo sumario.
9. Realizar convenios de mutuo interés con otros entes de derecho público o privado.
10. Contratar, previa licitación, las obras que estime convenientes.
11. Fomentar la instrucción pública y la cultura artística, intelectual y
física.
12. Dictar todas las ordenanzas y reglamentos dentro de las atribuciones
conferidas por esta Constitución y por la ley orgánica de las municipalidades.
SECCION TERCERA
ENMIENDAS CONSTITUCIONALES
TITULO UNICO
Reforma de la Constitución
CAPITULO PRIMERO
De las convenciones constituyentes.
Art. 172.- Esta Constitución puede ser reformada en todo o en cualquiera de sus
partes. La necesidad de la reforma debe ser declarada por la Cámara de
Representantes con el voto de las dos terceras partes del total de sus
miembros, determinando si la reforma será total o parcial pero ésta no se
efectuará sino por una Convención Constituyente convocada al efecto, salvo lo
dispuesto en el capítulo segundo de este título.
Art. 173.- Declarada por la Legislatura la necesidad de la reforma total o
parcial, sin formalidad ulterior el Poder Ejecutivo convocará a elección de
convencionales dentro del plazo que la misma ley fijará.
Art. 174.- La Convención se compondrá de tantos miembros cuantos sean los que
formen la Cámara de Representantes y serán elegidos por el sistema de
representación proporcional.
Art. 175.- Para ser convencional se requieren las mismas condiciones que para
ser miembro de la Cámara de Representantes y gozarán de las mismas inmunidades
mientras ejerzan sus funciones.
Art. 176.- El cargo de convencional es compatible con cualquier otro cargo
público nacional o provincial que no sea el de gobernador, vicegobernador, jefe
de policía o del departamento ejecutivo de los organismos municipales.
Art. 177.- La Convención se reunirá dentro de los treinta días en que el
tribunal electoral haya proclamado a los electos, y podrá sesionar con la
tercera parte de sus miembros.
Tendrá facultad para fijar el plazo de su cometido, que no podrá exceder del
término de un año, transcurrido el cual caducará en su mandato; dictar su
propio reglamento; nombrar su personal; confeccionar su presupuesto y aprobar
sus inversiones.
CAPITULO II
Enmienda legislativa
Art. 178.- La enmienda o reforma de un solo artículo podrá ser sancionada por
el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara de
Representantes y el sufragio afirmativo del pueblo de la Provincia, convocado
al efecto en oportunidad de la primera elección de carácter provincial que se
realice, en cuyo caso la enmienda o reforma quedará incorporada al texto
constitucional.
Reformas o enmiendas de esta naturaleza no podrán llevarse a cabo sino con
intervalo de dos años.
Art. 179.- Para que un referéndum se considere válido, se requiere que los
votos emitidos hayan sobrepasado el cincuenta por ciento de los electores
inscriptos en el registro cívico provincial.
CLAUSULAS TRANSITORIAS
Art. 1º.- El Interventor Federal en la Provincia o el funcionario a cuyo cargo
esté la misma, convocará dentro de los noventa días de sancionada la presente
Constitución, a elecciones generales en todo el territorio de la Provincia,
para constituir los Poderes Ejecutivo y Legislativo y organismos municipales.
Las elecciones no podrán realizarse antes de los noventa días ni después de los
ciento veinte días de transcurrido el plazo establecido para la convocatoria.
Art. 2º.- Las autoridades electas asumirán sus cargos el 1º de mayo de mil
novecientos cincuenta y nueve, de acuerdo con lo establecido en los artículos
96 y 108 de esta Constitución.
Art. 3º.- Las elecciones para integración de los Poderes Ejecutivo y
Legislativo se realizarán con arreglo a las siguientes normas:
1. El gobernador y el vicegobernador de la Provincia serán elegidos de
conformidad a lo determinado en el artículo 107 de esta Constitución.
2. Los diputados de la primera Cámara de Representantes serán elegidos por el
sistema de representación proporcional y las bancas se distribuirán conforme al
empleado para las elecciones del veintiocho de julio de mil novecientos
cincuenta y siete.
El número de miembros de que se compondrá la primera Cámara de Representantes
de la Provincia será de treinta y dos.
3. El sorteo a que se refiere el artículo 84 de esta Constitución, se realizará
separadamente entre los diputados pertenecientes a los distintos sectores
políticos que integren la Cámara y si los sectores no fueren pares en su
composición, se sorteará previamente al diputado que ocupará la situación de
impar y así, los que resultaren impares, como los que invistieren
representaciones singulares, serán sorteados en conjunto.
4. Las autoridades de los municipios y de las comisiones de fomento serán
elegidas de acuerdo a lo establecido en el artículo 163 de esta Constitución y
además por esta vez, ajustándose a lo siguiente:
Se declaran:
1) Municipios de primera categoría:
Posadas, Departamento Capital, que elegirá nueve concejales.
Eldorado, Departamento Eldorado; Oberá, Departamento Oberá; Apóstoles,
Departamento Apóstoles; que elegirán siete concejales.
2) Municipios de segunda categoría:
Leandro N. Alem, Departamento Leandro N. Alem; San Ignacio, Departamento San
Ignacio; Cerro Azul, Departamento Leandro N. Alem: Monte Carlo, Departamento
Monte Carlo; Campo Ramón, Departamento Oberá; Libertador General San Martín,
Departamento Libertador General San Martín; San Javier, Departamento San
Javier; Dos Arroyos, Departamento Leandro N. Alem; Concepción de la Sierra,
Departamento Concepción; Corpus, Departamento San Ignacio; Santo Pipó,
Departamento San Ignacio; San José, Departamento Apóstoles; Los Helechos,
Departamento Oberá; Guaraní, Departamento Oberá; Campo Grande, Departamento
Cainguás; Jardín América, Departamento San Ignacio; Candelaria, Departamento
Candelaria; Santa Ana, Departamento Candelaria; Gobernador Roca, Departamento
San Ignacio; Garupá, Departamento Capital; San Martín, Departamento Oberá;
Azara, Departamento Apóstoles; Gobernador López, Departamento Leandro N. Alem;
Cerro Corá, Departamento Leandro N. Alem; Olegario V. Andrade, Departamento
Leandro N. Alem; Bonpland, Departamento Candelaria; Mártires, Departamento Candelaria;
Campo Viera, Departamento Oberá; Santa María, Departamento Concepción;
Aristóbulo del Valle, Departamento Cainguás; Itacaruaré, Departamento San
Javier; que elegirán cinco concejales.
3) Comisiones de fomento:
San Pedro, Departamento San Pedro; Libertad, Departamento Iguazú; Hipólito
Yrigoyen, Departamento San Ignacio; El Soberbio, Departamento Guaraní; Colonia
Polana, Departamento San Ignacio; Mojón Grande, Departamento San Javier; Alba
Posse, Departamento 25 de Mayo; General Alvear, Departamento Oberá; Colonia
Wanda, Departamento Iguazú; Florentino Ameghino, Departamento San Javier;
Piray, Departamento Monte Carlo; Tres Capones, Departamento Apóstoles; Colonia
Alberdi, Departamento Oberá; General Urquiza, Departamento San Ignacio; Caa
Yarí, Departamento Leandro N. Alem; Caraguatay, Departamento Monte Carlo;
Capioví, Departamento Libertador General San Martín; Puerto Esperanza,
Departamento Iguazú; 25 de Mayo, Departamento 25 de Mayo; Almafuerte,
Departamento Leandro N. Alem; Colonia Victoria, Departamento Eldorado; 2 de
Mayo, Departamento General San Martín; 9 de Julio, Departamento Eldorado;
Bernardo de Yrigoyen, Departamento Manuel Belgrano; Panambí, Departamento
Oberá; Loreto, Departamento Candelaria; Arroyo del Medio, Departamento Leandro
N. Alem; Santiago de Liniers, Departamento Eldorado; Puerto Iguazú,
Departamento Iguazú; Ruiz de Montoya, Departamento Libertador General San
Martín; Profundidad, Departamento Candelaria; Fachinal, Departamento Capital;
General Manuel Belgrano, Departamento Manuel Belgrano; que elegirán cinco
miembros.
Asimismo por esta vez se establecen las siguientes normas para el régimen
municipal.
Para ser intendente o concejal se requiere tener veinticinco años de edad y ser
vecino del municipio con dos años de residencia inmediata.
Los extranjeros, además, deberán saber leer o escribir en idioma nacional,
ejercer alguna actividad lícita, estar inscriptos en el registro municipal
electoral y tener por lo menos una residencia inmediata de cinco años, siendo
incompatible el cargo con el de legislador o empleado público, excepto los
docentes.
Art. 5º.- El superior Tribunal de Justicia, procederá a la inmediata
integración del tribunal electoral de la Provincia, el que, hasta tanto se
dicte la ley electoral, deberá regirse y aplicar, en lo que sea pertinente, las
disposiciones del Decreto Nacional 4.034/57.
Dicho tribunal procederá a confeccionar el registro cívico de la Provincia y
dentro de los ciento veinte días de la fecha, el padrón municipal de
extranjeros.
Art. 6º.- La Legislatura sancionará a la brevedad posible y preferentemente las
leyes: orgánica municipal; orgánica del Poder Judicial; del juicio político;
organización de ministerios; del Tribunal de Cuentas; de Contabilidad; de
Educación; reglamentaria de los derechos sociales; del Estatuto del Empleado
Público; del docente; y de bosques y tierras públicas.
Art. 7º.- A partir de la sanción de esta Constitución, los actuales magistrados
en ejercicio componentes del Superior Tribunal de Justicia, gozarán de las garantías,
derechos y prerrogativas establecidas en esta Constitución.
Art. 8º.- Hasta tanto se constituya la Legislatura, el Jurado de Enjuiciamiento
funcionará sin los representantes de la misma y serán de aplicación en la
Provincia las disposiciones de las leyes nacionales en la materia.
Mientras no se dicte la ley que reglamente el trámite de los recursos de hábeas
corpus y de amparo, los tribunales y jueces arbitrarán el procedimiento
aplicable, ajustándose estrictamente a las bases de celeridad y amplitud
consagrados por esta Constitución.
Art. 9º.- Quedan derogadas en el orden provincial las inhabilitaciones
previstas en el artículo primero del decreto ley seis mil cuatrocientos del
veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco y en el artículo
primero del decreto cuatro mil doscientos cincuenta y ocho del seis de marzo de
mil novecientos cincuenta y seis, excluyéndose expresamente los casos previstos
en el artículo segundo del último decreto mencionado. Deróganse en la misma
forma todas las inhabilitaciones gremiales que no se funden en la comisión de
delitos de derecho común.
Art. 10.- Una comisión compuesta por el señor presidente y dos señores
convencionales, revisarán la fidelidad del registro del texto de esta
Constitución hecho lo cual, la firmarán el presidente, el convencional
secretario y los señores convencionales que deseen hacerlo y, sellada con el
sello de la Convención, se entregará el original al Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia y se remitirán copias a los poderes nacionales.
Art. 11.- La presente Constitución regirá a partir del día de la fecha.
Art. 12.- Téngase por Ley Fundamental de la Provincia de Misiones. Regístrese y
publíquese para que se cumpla.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CONVENCION CONSTITUYENTE, EN LA
CIUDAD DE POSADAS, CAPITAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES, A LOS VEINTIUN DIAS DEL
MES DE ABRIL DE AÑO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO.