MARIANO MORENO
SOBRE LAS MIRAS DEL CONGRESO QUE ACABA DE CONVOCARSE, Y CONSTITUCIÓN DEL ESTADO
Los progresos de nuestra expedición auxiliadora apresuran el feliz momento
de la reunión de los diputados que deben reglar el estado político de
estas provincias. Esta asamblea respetable, formada por votos de todos los
pueblos, concentra desde ahora todas sus esperanzas, y los ilustres
ciudadanos que han de formarla, son responsables a un empeño sagrado, que
debe producir la felicidad o la ruina de estas inmensas regiones. Las
naciones cultas de Europa esperan con ansia el resultado de tan memorable
congreso; y una censura rígida, imparcial e inteligente analizará sus
medidas y providencias. Elogios brillantes de filósofos ilustres, que
pesan más en una alma noble que la corona real en la cabeza de un
ambicioso, anunciarán al mundo la firmeza, la integridad, el amor a la
patria, y demás virtudes que hayan inspirado los principios de una
constitución feliz y duradera. El desprecio de los sabios, y el odio de
los pueblos precipitarán en la ignominia y en un oprobio eterno a los que
malogrando momentos, que no se repiten en muchos siglos, burlasen las
esperanzas de sus conciudadanos, y diesen principio a la cadena de males
que nos afligirían perpetuamente, si una constitución bien calculada no
asegurase la felicidad de nuestro futuro destino. Tan delicado ministerio
debe inspirar un terror religioso a los que se han encargado de su
desempeño; muchos siglos de males y desgracias son el terrible resultado
de una constitución errada; y raras veces quedan impunes la inercia o
ambición de los que forjaron el infortunio de los pueblos.
No por esto deben acobardarse los ínclitos varones encargados de tan
sublime empresa. La acreditada sabiduría de unos, la experiencia de otros,
las puras intenciones de todos, fundan una justa esperanza de que la
prosperidad nacional será el fruto precioso de sus fatigas y tareas. Pocas
veces ha presentado el mundo un teatro igual al nuestro, para formar una
constitución que haga felices a los pueblos. Si nos remontamos al origen
de las sociedades, descubriremos que muy pocas han reconocido el orden
progresivo de su formación, reducido hoy día a principios teóricos, que
casi nunca se ven ejecutados. La usurpación de un caudillo, la adquisición
de un conquistador, la accesión o herencia de una provincia, han formado
esos grandes imperios, en quienes nunca obró el pacto social, y en que la
fuerza y la dominación han subrogado esas convenciones, de que deben los
pueblos derivar su nacimiento y constitución. Nuestras provincias se
hallan en un caso muy distinto. Sin los riesgos de aquel momento peligroso
en que la necesidad obligó a los hombres errantes a reunirse en
sociedades, formamos poblaciones regulares y civilizadas; la suavidad de
nuestras costumbres anuncia la docilidad con que recibiremos la
constitución que publiquen nuestros representantes; libres de enemigos
exteriores, sofocada por la energía de la Junta la semilla de las
disensiones interiores, nada hay que pueda perturbar la libertad y sosiego
de los electores; regenerado el orden público hasta donde alcanzan las
facultades de un gobierno provisorio, ha desaparecido de entre nosotros el
estímulo principal con que agitadas las pasiones producen mil desastres al
tiempo de constituirse los pueblos; la América presenta un terreno limpio
y bien preparado, donde producirá frutos prodigiosos la sana doctrina que
siembren diestramente sus legisladores; y no ofreció Esparta una
disposición tan favorable, mientras ausente Licurgo buscaba en las
austeras leyes de Creta y en las sabias instituciones del Egipto, los
principios de la legislación sublime, que debía formar la felicidad de su
patria. Animo, pues, respetables individuos de nuestro Congreso; dedicad
vuestras meditaciones al conocimiento de nuestras necesidades; medid por
ellas la importancia de nuestras relaciones; comparad los vicios de
nuestras instituciones con la sabiduría de aquellos reglamentos que
formaron la gloria y esplendor de los antiguos pueblos de la Grecia; que
ninguna dificultad sea capaz de contener la marcha majestuosa del honroso
empeño que se os ha encomendado; recordad la máxima memorable de Foción,
que enseñaba a los atenienses pidiesen milagros a los dioses, con lo que
se pondrían en estado de obrarlos ellos mismos; animaos del mismo
entusiasmo que guiaba los pasos de Licurgo, cuando la sacerdotisa de
Delfos le predijo que su república sería la mejor del universo; y trabajad
con el consuelo de que las bendiciones sinceras de mil generaciones
honrarán vuestra memoria, mientras mil pueblos esclavos maldicen en
secreto la existencia de los tiranos ante quienes doblan la rodilla.
Es justo que los pueblos esperen todo bueno de sus dignos representantes;
pero también es conveniente que aprendan por sí mismos lo que es debido a
sus intereses y derechos. Felizmente, se observa en nuestras gentes, que
sacudido el antiguo adormecimiento, manifiestan un espíritu noble,
dispuesto para grandes cosas y capaz de cualesquier sacrificios que
conduzcan a la consolidación del bien general. Todos discurren ya sobre la
felicidad pública, todos experimentan cierto presentimiento de que van a
alcanzarla prontamente; todos juran allanar con su sangre los embarazos
que se opongan a su consecución; pero quizá no todos conocen en qué
consiste esa felicidad general a que consagran sus votos y sacrificios; y
desviados por preocupaciones funestas de los verdaderos principios a que
está vinculada la prosperidad de los estados, corren el riesgo de muchos
pueblos a quienes una cadena de la más pesada esclavitud sorprendió en
medio del placer con que celebraban el triunfo de su naciente libertad.
Algunos, transportados de alegría por ver la administración pública en
manos de patriotas, que en el antiguo sistema (así lo asegura el virrey de
Lima en su proclama) habrían vegetado en la obscuridad y abatimiento,
cifran la felicidad general a la circunstancia de que los hijos del país
obtengan los empleos, de que eran antes excluidos generalmente; y todos
sus deseos quedan satisfechos cuando consideran que sus hijos optarán
algún día las plazas de primer rango. El principio de estas ideas es
laudable; pero ellas son muy mezquinas, y el estrecho círculo que las
contiene podría alguna vez ser tan peligroso al bien público como el mismo
sistema de opresión a que se oponen. El país no sería menos infeliz, por
ser hijos suyos los que lo gobernasen mal; y aunque debe ser máxima
fundamental de toda nación no fiar el mando sino a los que por razón de su
origen unen el interés a la obligación de un buen desempeño, es necesario
recordar que Siracusa bendijo las virtudes y beneficencias del extranjero
Gelón, al paso que vertía imprecaciones contra las crueldades y tiranía
del patricio Dionisio.
Otros agradecidos a las tareas y buenas intenciones del presente gobierno,
lo fijan por último término de sus esperanzas y deseos. En nombrándoseles
la Junta, cierran los ojos de su razón, y no admiten más impresiones que
las del respeto con que la antigua Grecia miraba en sus principios al
Areópago. Nada es más lisonjero a los individuos que gobiernan, nada puede
estimularles tanto a todo género de sacrificios y fatigas, como el verse
premiados con la confianza y estimación de sus conciudadanos; y si es
lícito al hombre afianzarse a sí mismo, protestamos ante el mundo entero
que ni los peligros, ni la prosperidad, ni las innumerables vicisitudes a
que vivimos expuestos, serán capaces de desviarnos de los principios de
equidad y justicia que hemos adoptado por regla de nuestra conducta: el
bien general será siempre el único objeto de nuestros desvelos, y la
opinión pública el órgano por donde conozcamos el mérito de nuestros
procedimientos. Sin embargo, el pueblo no debe contentarse con que sus
jefes obren bien; él debe aspirar a que nunca puedan obrar mal, que sus
pasiones tengan un dique más firme que el de su propia virtud; y que
delineado el camino de sus operaciones por reglas que no esté en sus manos
trastornar, se derive la bondad del gobierno, no de las personas que lo
ejercen, sino de una constitución firme, que obligue a los sucesores a ser
igualmente buenos que los primeros, sin que en ningún caso deje a éstos la
libertad de hacerse malos impunemente. Sila, Mario, Octavio, Antonio,
tuvieron grandes talentos y muchas virtudes; sin embargo, sus pretensiones
y querellas despedazaron la patria, que habría recibido de ellos
importantes servicios si no se hubiesen relajado en su tiempo las leyes y
costumbres que formaron a Camilo y a Régulo.
Hay muchos que fijando sus miras en la justa emancipación de la América, a
que conduce la inevitable pérdida de España, no aspiran a otro bien que a
ver rotos los vínculos de una dependencia colonial, y creen completa
nuestra felicidad, desde que elevados estos países a la dignidad de
estados, salgan de la degradante condición de un fundo usufructuario, a
quien se pretende sacar toda la substancia sin interés alguno en su
beneficio y fomento. Es muy glorioso a los habitantes de la América verse
inscriptos en el rango de las naciones, y que no se describan sus
posesiones como factorías de los españoles europeos; pero quizá no se
presenta situación más crítica para los pueblos, que el momento de su
emancipación; todas las pasiones conspiran enfurecidas a sofocar en su
cuna una obra a que sólo las virtudes pueden dar consistencia; y en una
carrera enteramente, nueva cada paso es un precipicio para hombres que en
trescientos años no han disfrutado otro bien que la quieta molicie de una
esclavitud, que aunque pesada, había extinguido hasta el deseo de romper
sus cadenas.
Resueltos a la magnánima empresa, que hemos empezado, nada debe retraernos
de su continuación: nuestra divisa debe ser la de un acérrimo republicano
que decía: malo periculosam libertatem quam servitium quietum ; pero no
reposemos sobre la seguridad de unos principios que son muy débiles si no
se fomentan con energía; consideremos que los pueblos, así como los
hombres, desde que pierden la sombra de un curador poderoso que los
manejaba, recuperan ciertamente una alta dignidad, pero rodeada de
peligros que aumentan la propia inexperiencia: temblemos con la memoria de
aquellos pueblos que por el mal uso de su naciente libertad, no merecieron
conservarla muchos instantes; y sin equivocar las ocasiones de la nuestra
con los medios legítimos de sostenerla, no busquemos la felicidad general
sino por aquellos caminos que la naturaleza misma ha prefijado y cuyo
desvío ha causado siempre los males y ruina de las naciones que los
desconocieron.
¿Por qué medios conseguirá el Congreso la felicidad que nos hemos
propuesto en su convocación? La sublime ciencia que trata del bien de las
naciones, nos pinta feliz un estado que por su constitución y poder es
respetable a sus vecinos; donde rigen leyes calculadas sobre los
principios físicos y morales que deben influir en establecimiento, y en
que la pureza de la administración interior asegura la observancia de las
leyes, no sólo por el respeto que se les debe, sino también por el
equilibrio de los poderes encargados de su ejecución. Esta es la suma de
cuantas reglas consagra la política a la felicidad de los estados; pero
ella más bien presenta el resultado de las útiles tareas a que nuestro
congreso se prepara, que un camino claro y sencillo por donde pueda
conducirse.
Seremos respetables a las naciones extranjeras, no por riquezas, que
excitarían su codicia; no por la opulencia del territorio, que provocaría
su ambición; no por el número de tropas, que en muchos años no podrán
igualar las de la Europa; lo seremos solamente cuando renazcan entre
nosotros las virtudes de un pueblo sobrio y laborioso; cuando el amor a la
patria sea una virtud común, y eleve nuestras almas a ese grado de energía
que atropella las dificultades y desprecia los peligros. La prosperidad de
Esparta enseña al mundo que un pequeño estado puede ser formidable por sus
virtudes; y ese pueblo reducido a un estrecho recinto del Peloponeso fue
el terror de la Grecia, y formará la admiración de todos los siglos. ¿Pero
cuáles son las virtudes que deberán preferir nuestros legisladores? ¿Por
qué medios dispondrán los pueblos a mirar con el más grande interés, lo
que siempre han mirado con indiferencia? ¿Quién nos inspirará ese espíritu
público, que no conocieron nuestros padres? ¿Cómo se hará amar el trabajo
y la fatiga, a los que nos hemos criado en la molicie? ¿Quién dará a
nuestras almas la energía y firmeza necesarias para que el amor de la
patria, que felizmente ha empezado a rayar entre nosotros, no sea una
exhalación pasajera, incapaz de dejar huellas duraderas y profundas, o
como esas plantas que, por la poca preparación del terreno, mueren a los
pocos instantes de haber nacido?
Nuestros representantes van a tratar sobre la suerte de unos pueblos que
desean ser felices, pero que no podrán serlo, hasta que un código de leyes
sabias establezca la honestidad de las costumbres, la seguridad de las
personas, la conservación de sus derechos, los deberes del magistrado, las
obligaciones del súbdito, y los límites de la obediencia.
¿Podrá llamarse nuestro código el de esas leyes de Indias dictadas para
neófitos, y en que se vende por favor de la piedad lo que sin ofensa de la
naturaleza no puede negarse a ningún hombre? Un sistema de comercio
fundado sobre la ruinosa base del monopolio, y en que la franqueza del
giro y la comunicación de las naciones se reputa un crimen que debe
pagarse con la vida: títulos enteros sobre precedencias, ceremonias, y
autorización de los jueces; pero en que ni se encuentra el orden de los
juicios reducido a las reglas invariables que deben fijar su forma, ni se
explican aquellos primeros principios de razón, que son la base eterna de
todo el derecho, y de que deben fluir las leyes por sí mismas, sin otras
variaciones que las que las circunstancias físicas y morales de cada país
han hecho necesarias: un espíritu afectado de protección y piedad hacia
los indios, explicado por reglamentos, que sólo sirven para descubrir las
crueles vejaciones que padecían, no menos que la hipocresía e impotencia
de los remedios que han dejado continuar los mismos males, a cuya reforma
se dirigían; que los indios no sean compelidos a servicios personales, que
no sean castigados al capricho de sus encomenderos, que no sean cargados
sobre las espaldas; a este tenor son las solemnes declaratorias, que de
cédulas particulares pasaron a código de leyes, porque se reunieron en
cuatro volúmenes; y he aquí los decantados privilegios de los indios, que
con declararlos hombres, habrían gozado más extensamente, y cuyo despojo
no pudo ser reparado sino por actos que necesitaron vestir los soberanos
respetos de la ley, para atacar de palabra la esclavitud, que dejaban
subsistente en la realidad. Guárdese esta colección de preceptos para
monumento de nuestra degradación, pero guardémonos de llamarlo en adelante
nuestro código; y no caigamos en el error de creer que esos cuatro tomos
contienen una constitución; sus reglas han sido tan buenas para conducir a
los agentes de la Metrópoli en la economía lucrativa de las factorías de
América, como inútiles para regir un estado que, como parte integrante de
la monarquía, tiene respecto de sí mismo iguales derechos que los primeros
pueblos de España.
No tenemos una constitución, y sin ella es quimérica la felicidad que se
nos prometa. ¿Pero tocará al Congreso su formación? ¿La América podrá
establecer una constitución firme, digna de ser reconocida, por las demás
naciones, mientras viva el señor Don Fernando VII, a quien reconoce por
monarca? Si sostenemos este derecho, ¿podrá una parte de la América por
medio de sus legítimos representantes, establecer el sistema legal de que
carece y que necesita con tanta urgencia; o deberá esperar una nueva
asamblea, en que toda la América se dé leyes a sí misma, o convenga en
aquella división de territorios, que la naturaleza misma ha preparado? Si
nuestra asamblea se considera autorizada para reglar la constitución de
las provincias que representa, ¿será tiempo oportuno de realizarla, apenas
se congregue? ¿Comprometerá esta obra los deberes de nuestro vasallaje? ¿O
la circunstancia de hallarse el Rey cautivo armará a los pueblos de un
poder legítimo para suplir una constitución, que él mismo no podría
negarles? No nos haría felices la sabiduría de nuestras leyes, si una
administración corrompida las expusiese a ser violadas impunemente. Las
leyes de Roma, que observadas fielmente hicieron temblar al mundo entero,
fueron después holladas por hombres ambiciosos, que corrompiendo la
administración interior, debilitaron el estado, y al fin dieron en tierra
con el opulento imperio, que las virtudes de sus mayores habían formado.
No es tan difícil establecer una ley buena, como asegurar su observancia:
las manos de los hombres todo lo corrompen; y el mismo crédito de un buen
gobierno ha puesto muchas veces el primer escalón a la tiranía, que lo ha
destruido. Pereció Esparta , dice Juan Jacobo Rousseau, ¿qué estado podrá
lisonjearse de que su constitución sea duradera? Nada es más difícil que
fijar los principios de una administración interior, libre de corromperse;
y ésta es cabalmente la primera obra a que debe convertir sus tareas
nuestro congreso; sin embargo, la suerte de los estados tiene principios
ciertos, y la historia de los pueblos antiguos presenta lecciones seguras
a los que desean el acierto. Las mismas leyes, las mismas costumbres, las
mismas virtudes, los mismos vicios, han producido siempre los mismos
efectos; consultemos, pues, por qué instituciones adquirieron algunos
pueblos un grado de prosperidad que el transcurso de muchos siglos no ha
podido borrar de la memoria de los hombres; examinemos aquellos abusos con
que la corrupción de las costumbres desmoronó imperios poderosos que
parecían indestructibles; y el fruto de nuestras observaciones será
conocer los escollos, y encontrar delineado el camino, que conduce a la
felicidad de estas provincias.
Que el ciudadano obedezca respetuosamente a los magistrados; que el
magistrado obedezca ciegamente a las leyes ; éste es el último punto de
perfección de una legislación sabia; ésta es la suma de todos los
reglamentos consagrados a mantener la pureza de la administración; ésta es
la gran verdad que descubrió Minos en sus meditaciones, y que encontró
como único remedio, para reformar los licenciosos desórdenes que agobiaban
a Creta.
¿Pero cuál será el resorte poderoso que contenga las pasiones del
magistrado, y reprima la inclinación natural del mando hacia la
usurpación? ¿De qué modo se establecerá la obediencia del pueblo sin los
riesgos de caer en el abatimiento, o se promoverá su libertad sin los
peligrosos escollos de una desenfrenada licencia?
Licurgo fue el primero que, trabajando sobre las meditaciones de Minos,
encontró en la división de los poderes el único freno para contener al
magistrado en sus deberes. El choque de autoridades independientes debía
producir un equilibrio en sus esfuerzos, y pugnando las pasiones de un
usurpador, con el amor propio de otro, que veía desaparecer su rango con
la usurpación, la ley era el único árbitro de sus querellas, y sus mismos
vicios eran un garante tan firme de su observancia como lo habrían sido
sus virtudes. Desde entonces ha convencido la experiencia, que las formas
absolutas incluyen defectos gravísimos, que no pueden repararse sino por
la mezcla y combinación de todas ellas; y la Inglaterra, esa gran nación,
modelo único que presentan los tiempos modernos a los pueblos que desean
ser libres, habría visto desaparecer la libertad, que le costó tantos
arroyos de sangre, si el equilibrio de los poderes no hubiese contenido a
los reyes, sin dejar lugar a la licencia de los pueblos.
Equilíbrense los poderes, y se mantendrá la pureza de la administración:
¿pero cuál será el eje de este equilibrio? ¿Cuáles las barreras de la
horrorosa anarquía a que conduce el contraste violento de dos autoridades
que se empeñan en su recíproco exterminio? ¿Quién de nosotros ha sondeado
bastantemente el corazón humano para manejar con destreza las pasiones,
ponerlas en guerra unas con otras, paralizar su acción, y dejar el campo
abierto para que las virtudes operen libremente?
He aquí un cúmulo de cuestiones espinosas, que es necesario resolver; y en
que el acierto producirá tantos bienes, cuantos desastres serán
consiguientes a los errores de la resolución. Para analizarlas
prolijamente, sería preciso escribir un cuerpo de política que abrazase
todos los ramos de esta inmensa y delicada ciencia. Semejante obra requiere
otros tiempos y otros talentos; y estoy muy distante de incurrir en la
ridícula manía de dirigir consejos a mis conciudadanos. Mi buena intención
debe escudarme contra los que acusen mi osadía; y mis discursos no llevan
otro fin que excitar los de aquellos que poseen grandes conocimientos y a
quienes su propia moderación reduce a un silencio que en las presentes
circunstancias pudiera sernos pernicioso. Yo hablaré sobre todos los
puntos que he propuesto, no guardaré orden alguno en la colocación, para
evitar la presunción que alguno fundaría en el método, de que pretendía
una obra sistemática; preferiré en cada Gaceta la cuestión que
primeramente se presente a mi memoria, y creeré completo el fruto de mi
trabajo, cuando con ocasión de mis indicaciones hayan discurrido los
patriotas sobre todas ellas, y en los conflictos de una convulsión
imprevista, se recuerden con serenidad los remedios que meditaron
tranquilamente en el sosiego del gabinete o en la pacífica discusión de
una tertulia.
La disolución de la Junta central (que si no fue legítima en su origen,
revistió al fin el carácter de soberana, por el posterior consentimiento
que prestó la América, aunque sin libertad ni examen) restituyó a los
pueblos la plenitud de los poderes, que nadie sino ellos mismos pedían
ejercer, desde el cautiverio del Rey dejó acéfalo el Reino, y sueltos los
vínculos que lo constituían centro y cabeza del cuerpo social. En esta
dispersión no sólo cada pueblo reasumió la autoridad que de consuno habían
conferido al monarca, sino que cada hombre debió considerarse en el estado
anterior al pacto social de que derivan las obligaciones que ligan al rey
con sus vasallos. No pretendo con esto reducir los individuos de la
Monarquía a la vida errante que precedió la formación de las sociedades.
Los vínculos que unen el pueblo al rey, son distintos de los que unen a
los hombres entre sí mismos: un pueblo es pueblo, antes de darse a un rey;
y de aquí es que aunque las relaciones sociales entre los pueblos y el Rey
quedasen disueltas o suspensas por el cautiverio de nuestro monarca, los
vínculos que unen a un hombre con otro en sociedad quedaron subsistentes,
porque no dependen de los primeros; y los pueblos no debieron tratar de
formarse pueblos, pues ya lo eran, sino de elegir una cabeza que los
rigiese, o regirse a sí mismos, según las diversas formas con que puede
constituirse íntegramente el cuerpo moral. Mi proposición se reduce a que
cada individuo debió tener en la constitución del nuevo poder supremo
igual parte a la que el derecho presume en la constitución primitiva del
que había desaparecido.
El despotismo de muchos siglos tenía sofocados estos principios, y no se
hallaban los pueblos de España en estado de conocerlos; así se vio que en
el nacimiento de la revolución no obraron otros agentes que la inminencia
del peligro y el odio a una dominación extranjera. Sin embargo, apenas
pasó la confusión de los primeros momentos, los hombres sabios salieron de
la obscuridad en que los tiranos los tenían sepultados, enseñaron a sus
conciudadanos los derechos que habían empezado a defender por instinto; y
las juntas provinciales se afirmaron por la ratihabición de todos los
pueblos de su respectiva dependencia. Cada provincia se concentró en sí
misma, y no aspirando a dar a su soberanía mayores términos de los que el
tiempo y la naturaleza habían dejado a las relaciones interiores de los
comprovincianos, resultaron tantas representaciones supremas e
independientes, cuantas juntas provinciales se habían erigido. Ninguna de
ellas solicitó dominar a las otras; ninguna creyó menguada su
representación por no haber concurrido el consentimiento de las demás; y
todas pudieron haber continuado legítimamente, sin unirse entre sí mismas.
Es verdad que al poco tiempo resultó la Junta Central como representativa
de todas, pero prescindiendo de las graves dudas que ofrece la legitimidad
de su instalación, ella fue obra del unánime consentimiento de las demás
juntas; alguna de ellas continuó sin tacha de crimen en su primitiva
independencia; y las que se asociaron, cedieron a la necesidad de
concentrar sus fuerzas, para resistir un enemigo poderoso que instaba con
urgencia; sin embargo, la necesidad no es una obligación, y sin los
peligros de la vecindad del enemigo, pudieron las juntas sustituir por sí
mismas, en sus respectivas provincias, la representación soberana, que con
la ausencia del Rey había desaparecido del Reino.
Asustado el despotismo con la liberalidad y justicia de los primeros
movimientos de España, empezó a sembrar espesas sombras por medio de sus
agentes; y la oculta oposición a los imprescriptibles derechos que los
pueblos empezaban a ejercer, empeñó a los hombres patriotas a trabajar en
su demostración y defensa. Un abogado dio a luz en Cádiz una juiciosa
manifestación de los derechos del hombre, y los habitantes de España
quedaron absortos, al ver en letra de molde la doctrina nueva para ellos,
de que los hombres tenían derechos. Un sabio de Valencia describió con
energía los principios de justicia que afirmaban la instalación de las
juntas; la de Sevilla publicó repetidos manifiestos de su legitimidad; y
si exceptuamos a Galicia, que solamente habló para amenazar a la América
con 15.000 hombres, por todos los pueblos de España pulularon escritos
llenos de ideas liberales, y en que se sostenían los derechos primitivos
de los pueblos, que por siglos enteros habían sido olvidados y
desconocidos.
Fue una ventaja para la América, que la necesidad hubiese hecho adoptar en
España aquellos principios; pues al paso que empezaron a familiarizarse
entre nosotros, presentaron un contraste, capaz por sí solo de sacar a los
americanos del letargo en que yacían tantos años. Mientras se trataba de
las provincias de España, los pueblos podían todo, los hombres tenían
derechos, y los jefes eran impunemente despedazados, si afectaban
desconocerlos. Un tributo forzado a la decencia hizo decir que los pueblos
de América eran iguales a los de España; sin embargo, apenas aquéllos
quisieron pruebas reales de la igualdad que se les ofrecía, apenas
quisieron ejecutar los principios por donde los pueblos de España se
conducían, el cadalso y todo género de persecuciones se empeñaron en
sofocar la injusta pretensión de los rebeldes, y los mismos magistrados
que habían aplaudido los derechos de los pueblos, cuando necesitaban de la
aprobación de alguna junta de España para la continuación de sus empleos,
proscriben y persiguen a los que reclaman después en América esos mismos
principios. ¿Qué magistrado hay en América que no haya tocado las palmas
en celebridad de las juntas de Cataluña o Sevilla? ¿Y quién de ellos no
vierte imprecaciones contra la de Buenos Aires, sin otro motivo que ser
americanos los que la forman? Conducta es ésta más humillante para
nosotros, que la misma esclavitud en que hemos vivido; valiera más
dejarnos vegetar en nuestra antigua obscuridad y abatimiento , que
despertarnos con el insoportable insulto de ofrecernos un don que nos es
debido, y cuya reclamación ha de ser después castigada con los últimos
suplicios. Americanos: si restan aún en vuestras almas semillas de honor y
de virtud, temblad en vista de la dura condición que os espera; y jurad a
los cielos morir como varones esforzados, antes que vivir una vida infeliz
y deshonrada, para perderla al fin, con afrenta, después de haber servido
de juguete y burla a la soberbia de nuestros enemigos.
La naturaleza se resiente con tamaña injusticia, y exaltada mi imaginación
con el recuerdo de una injuria que tanto nos degrada, me desvío del camino
que llevaba en mi discurso. He creído que el primer paso para entrar a las
cuestiones, que anteriormente he propuesto, debe ser analizar el objeto de
la convocación del Congreso; pues discurriendo entonces por los medios
oportunos de conseguirlo, se descubren por sí mismas las facultades con
que se le debe considerar, y las tareas a que principalmente debe
dedicarse. Como las necesidades de los pueblos y los derechos que han
reasumido por el estado político del Reino, son la verdadera medida de lo
que deben y pueden sus representantes, creí oportuno recordar la conducta
de los pueblos de España en igual situación a la nuestra. Sus pasos no
serán la única guía de los nuestros, pues en lo que no fueron rectos,
recurriremos a aquellos principios eternos de razón y justicia, origen
puro y primitivo de todo derecho; sin embargo, en todo lo que obraron con
acierto, creo una ventaja preferir su ejemplo a la sencilla proposición de
un publicista, porque a la fuerza del convencimiento se agregará la
confusión de nuestros contrarios, cuando se consideren empeñados en
nuestro exterminio, sin otro delito que pretender lo mismo que los pueblos
de España obraron legítimamente.
Por un concepto vulgar, pero generalmente recibido, la convocación del
Congreso no tuvo otro fin que reunir los votos de los pueblos, para elegir
un gobierno superior de estas provincias que subrogase el del virrey y
demás autoridades que habían caducado. Buenos Aires no debió erigir por sí
sola una autoridad extensiva a pueblos que no habían concurrido con su
sufragio a su instalación. El inminente peligro de la demora, y la
urgencia con que la naturaleza excita a los hombres a ejecutar, cada uno
por su parte, lo que debe ser obra simultánea de todos, legitimaron la
formación de un gobierno que ejerciese los derechos que improvisamente
habían devuelto al pueblo, y que era preciso depositar prontamente, para
precaver los horrores de la confusión y la anarquía; pero este pueblo,
siempre grande, siempre generoso, siempre justo en sus resoluciones, no
quiso usurpar a la más pequeña aldea la parte que debía tener en la
erección del nuevo gobierno; no se prevalió del ascendiente que las
relaciones de la capital proporcionan sobre las provincia; y estableciendo
la Junta, le impuso la calidad de provisoria, limitando su duración hasta
la celebración del congreso, y encomendando a éste la instalación de un
gobierno firme, para que fuese obra de todos, lo que tocaba a todos
igualmente.
Ha sido éste un acto de justicia, de que las capitales de España no nos
dieron ejemplo, y que los pueblos de aquellas provincias mirarán con
envidia. En ningún punto de la Península concurrieron los provincianos a
la erección de las juntas que después obedecieron. Sevilla erigió la suya,
y la primera noticia que las Andalucías tuvieron de su celebración fue el
reconocimiento que se les exigió sin examen, y que todos prestaron
ciegamente. Unos muchachos gritaron junta en la Coruña, la grita creció
por momentos, y el gobernador, intimidado por la efervescencia de la
plebe, que progresivamente se aumentaba, adhirió a lo que se pedía, y he
aquí una junta suprema que ejerció su imperio sobre un millón de
habitantes, que no conocían los vocales, que no habían prestado su
sufragio para la elección, y que al fin conocieron a su costa el engaño
con que depositaron en ellos su confianza. Un tumulto produjo la junta de
Valencia, y ella continúa gobernando hasta ahora todo el reino, sin que
jamás tributase dependencia a la central, y sin que haya buscado otros
títulos para la soberanía que ejerce, que el nombramiento de la capital de
cien pueblos, que no tuvieron parte en su formación. Estaba reservado a la
gran capital de Buenos Aires dar una lección de justicia, que no alcanzó
la Península en los momentos de sus mayores glorias, y este ejemplo de
moderación, al paso que confunde a nuestros enemigos, debe inspirar a los
pueblos hermanos la más profunda confianza en esta ciudad, que miró
siempre con horror la conducta de esas capitales hipócritas, que
declararon guerra a los tiranos, para ocupar la tiranía que debía quedar
vacante con su exterminio.
Pero si el congreso se redujese al único empeño de elegir personas que
subrogasen el gobierno antiguo, habría puesto un término muy estrecho a
las esperanzas que justamente se han formado de su convocación. La
ratihabición de la Junta Provisional pudo conseguirse por el
consentimiento tácito de las provincias, que le sucediese, y también por
actos positivos con que cada pueblo pudo manifestar su voluntad, sin las
dificultades consiguientes al nombramiento y remisión de sus diputados. La
reunión de éstos concentra una representación legítima de todos los
pueblos, constituye un órgano seguro de su voluntad, sus decisiones, en
cuanto no desmientan la intención de sus representados, llevan el sello
sagrado de la verdadera soberanía de estas regiones. Así, pues, revestida
esta respetable asamblea de un poder a todas luces soberano, dejaría
defectuosa su obra si se redujese a elegir gobernantes, sin fijarles la
constitución y forma de su gobierno.
La absoluta ignorancia del derecho público en que hemos vivido, ha hecho
nacer ideas equívocas acerca de los sublimes principios del gobierno, y
graduando las cosas por su brillo, se ha creído generalmente el soberano
de una nación, al que la gobernaba a su arbitrio. Yo me lisonjeo que
dentro de poco tiempo serán familiares a todos los paisanos ciertos
conocimientos que la tiranía había desterrado; entretanto debo reglar por
ellos mis exposiciones, y decir francamente que la verdadera soberanía de
un pueblo nunca ha consistido sino en la voluntad general del mismo; que
siendo la soberanía indivisible, e inalienable, nunca ha podido ser
propiedad de un hombre solo; y que mientras los gobernados no revistan el
carácter de un grupo de esclavos, o de una majada de carneros, los
gobernantes no pueden revestir otro que el de ejecutores y ministros de
las leyes, que la voluntad general ha establecido.
De aquí es que, siempre que los pueblos han logrado manifestar su voluntad
general, han quedado en suspenso todos los poderes que antes los regían, y
siendo todos los hombres de una sociedad, partes de esa voluntad, han
quedado envueltos en ella misma y empeñados a la observancia de lo que
ella dispuso, por la confianza que inspira haber concurrido cada uno a la
disposición, y por el deber que impone a cada uno lo que resolvieron todos
unánimemente. Cuando Luis XVI reunió en Versalles la asamblea nacional, no
fue con el objeto de establecer la sólida felicidad del reino, sino para
que la nación buscase por sí misma los remedios que los ministros no
podían encontrar para llenar el crecido déficit de aquel erario; sin
embargo, apenas se vieron juntos los representantes, aunque perseguidos
por los déspotas, que siempre escuchan con susto la voz de los pueblos,
dieron principio a sus augustas funciones con el juramento sagrado de no
separarse jamás, mientras la constitución del reino y la regeneración del
orden público, no quedasen completamente establecidas y afirmadas. El día
20 de junio de 1789 fue el más glorioso para la Francia, y habría sido el
principio de la felicidad de toda la Europa, si un hombre ambicioso,
agitado de tan vehementes pasiones, como dotado de talentos
extraordinarios, no hubiese hecho servir al engrandecimiento de sus
hermanos la sangre de un millón de hombres derramada por el bien de su
patria.
Aun los que confunden la soberanía con la persona del monarca deben
convencerse que la reunión de los pueblos no puede tener el pequeño objeto
de nombrar gobernantes, sin el establecimiento de una constitución, por
donde se rijan. Recordemos que la ausencia del Rey y la desaparición del
poder supremo, que ejercía sus veces, fueron la ocasión próxima de la
convocación de nuestro congreso; que el estado no puede subsistir sin una
representación igual a la que perdimos en la Junta Central; que no
pudiendo establecerse esta representación sino por la transmisión de
poderes que hagan los electores, queda confirmado el concepto de suprema
potestad que atribuyo a nuestra asamblea, porque sin tenerla no podría
conferirla a otro alguno; y que debiendo considerarse el poder supremo que
resulte de la elección no un representante del Rey, que no lo nombró, sino
un representante de los pueblos, que por falta de su monarca lo han
colocado en el lugar que aquél ocupaba por derivación de los mismos
pueblos, debe recibir de los representantes que lo eligen la norma de su
conducta, y respetar en la nueva constitución que se le prefije, el
verdadero pacto social, en que únicamente puede estribar la duración de
los poderes que se le confían.
Separado Fernando VII de su reino e imposibilitado de ejercer el supremo
imperio que es inherente a la corona; disuelta la Junta Central, a quien
el reino había constituido para llenar la falta de su monarca; suspenso el
reconocimiento del Consejo de Regencia por no haber manifestado títulos
legítimos de su inauguración, ¿quién es el supremo jefe de estas
provincias, el que vela sobre los demás, el que concentra las relaciones
fundamentales del pacto social, y el que ejecuta los altos derechos de la
soberanía del pueblo? El Congreso debe nombrarlo. Si la elección recayese
en el Consejo de Regencia, entraría éste al pleno goce de las facultades
que la Junta Central ha ejercido; si recae en alguna persona de la real
familia, sería un verdadero regente del Reino; si se prefiere el ejemplo
que la España misma nos ha dado, no queriendo regentes, sino una
asociación de hombres patriotas con la denominación de Junta Central, ella
será el supremo jefe de estas povincias y ejercerá sobre ellas, durante la
ausencia del Rey, los derechos de sus personas con las extensiones o
limitaciones que los pueblos le prefijen en su institución. La autoridad
del monarca retrovertió a los pueblos por el cautiverio del Rey; pueden,
pues, aquéllos modificarla o sujetarla a la forma que más les agrade, en
el acto de encomendarla a un nuevo representante: éste no tiene derecho
alguno porque hasta ahora no se ha celebrado con él ningún pacto social;
el acto de establecerlo, es el de fijarle las condiciones que convengan al
instituyente, y esta obra es la que se llama constitución del estado.
Más adelante explicaré cómo puede realizarse esta constitución, sin
comprometer nuestro vasallaje al señor don Fernando; por ahora recomiendo
el consejo de un español sabio y patriota, que los americanos no debieran
perder de vista un solo momento. El doctor don Gaspar de Jovellanos es
quien habla y es ésta la segunda vez que publicó tan importante
advertencia. " La Nación , dice hablando de España, después de la muerte
de Carlos II, no conociendo entonces sus derechos imprescriptibles, ni aun
sus deberes, se dividió en bandos y facciones; y nuestros abuelos,
olvidados de su libertad, o de lo que se debían a sí mismos, más celosos
todavía de tener un rey, que a su antojo y anchura, los mandara que no un
gobierno o monarquía temperada, bajo la cual pudiesen ser libres, ricos y
poderosos, y cuando sólo debieran pelear para asegurar sus derechos y
hacerse así más respetables, se degollaron los unos a los otros sobre si
la casa de Borbón de Francia, o la de Austria en Alemania, habían de
ocupar el trono español ".
Yo desearía que todos los días repitiésemos esa lección sublime, para que
con el escarmiento de nuestros padres, no nos alucinemos con el brillo de
nombrar un gobierno supremo, dejando en su arbitrio hacernos tan infelices
como lo éramos antes. Si el Congreso reconoce la Regencia de Cádiz, si
nombra un regente de la familia real, si erige (como lo hizo España) una
junta de varones buenos y patriotas, cualquiera de estas formas que
adopte, concentrará en el electo todo el poder supremo que conviene al que
ejerce las veces del Rey ausente; pero no derivándose sus poderes sino del
pueblo mismo, no puede extenderlos a mayores términos que los que el
pueblo le ha prefijado. De suerte que el nuevo depositario del poder
supremo se ve precisado a la necesaria alternativa de desconfiar de la
legitimidad de sus títulos, o sujetarse a la puntual observancia de las
condiciones con que se le expidieron.
Al derecho que tienen los pueblos para fijar constitución, en el feliz
momento de explicar su voluntad general, se agrega la necesidad más
apurada. El depositario del poder supremo de estas provincias, ¿dónde
buscará la regla de sus operaciones? Las leyes de Indias no se hicieron
para un estado, y nosotros ya lo formamos: el poder supremo que se erija,
debe tratar con las potencias, y los pueblos de Indias cometían un crimen,
si antes lo ejecutaban; en una palabra, el que subrogue por elección del
Congreso la persona del Rey, que está impedido de regirnos, no tiene
reglas por donde conducirse, y es preciso prefijárselas; debe obrar
nuestra felicidad, y es necesario designarle los caminos; no debe ser un
déspota, y solamente una constitución bien reglada evitará que lo sea.
Sentemos, pues, como base de las posteriores proposiciones, que el
congreso ha sido convocado para erigir una autoridad suprema, que supla la
falta del señor don Fernando VII y para arreglar una constitución, que
saque a los pueblos de la infelicidad en que gimen.
No tienen los pueblos mayor enemigo de su libertad, que las preocupaciones
adquiridas en la esclavitud. Arrastrados de la casi irresistible fuerza de
la costumbre, tiemblan de lo que no se asemeja a sus antiguos usos; y en
lo que vieron hacer a sus padres, buscan la única regla de lo que deben
obrar ellos mismos. Si algún genio felizmente atrevido ataca sus errores,
y le dibuja el lisonjero cuadro de los derechos, que no conocen, aprecian
sus discursos por la agradable impresión que causan naturalmente, pero
recelan en ellos un funesto presente, rodeado de inminentes peligros en
cada paso que desvía de la antigua rutina. Jamás hubo una sola
preocupación popular, que no costase muchos mártires para desvanecerla, y
el fruto más frecuente de los que se proponen desengañar a los pueblos, es
la gratitud y ternura de los hijos de aquellos que los sacrificaron. Los
ciudadanos de Atenas decretaron estatuas a Phoción, después de haberle
asesinado; hoy se nombra con veneración a Galileo en los lugares que lo
vieron encadenar tranquilamente; y nosotros mismos habríamos hecho guardia
a los presos del Perú, cuyos injustos padecimientos llorarían nuestros
hijos, si una feliz revolución no hubiese disuelto los eslabones de la
gran cadena que el déspota concentraba en su persona.
Entre cuantas precauciones han afligido y deshonrado la humanidad, son sin
duda alguna las más terribles, las que la adulación y vil lisonja han
hecho nacer en orden a las personas de los reyes. Convertidos en eslabones
de dependencia los empleos y bienes, cuya distribución pende de sus manos;
comprados con los tesoros del estado los elogios de infames panegiristas,
llega a erigirse su voluntad en única regla de las acciones; y
trastornadas todas las ideas, se vincula la del honor a la exacta
conformidad del vasallo con los más injustos caprichos de su monarca. El
interés individual armó tantos defensores de sus violencias, cuantos son
los partícipes de su dominación; y la costumbre de ver siempre castigado
al que incurre en su enojo, y superior a los demás, al que consigue
agradarlo, produce insensiblemente la funesta preocupación de temblar a la
voz del rey en los mismos casos en que él debiera estremecerse a la
presencia de los pueblos.
Cuanto puede impresionar al espíritu humano ha servido para connaturalizar
a los hombres en tan humillantes errores. La religión misma ha sido
profanada muchas veces por ministros ambiciosos y venales, y la cátedra
del Espíritu Santo ha sido prostituida con lecciones que confirmaban la
ceguedad de los pueblos, y la impunidad de los tiranos. ¡Cuántas veces
hemos visto pervertir el sentido de aquel sagrado texto: dad al César lo
que es del César! El precepto es terminante, de no dar al César sino lo
que es del César; sin embargo, los falsos doctores, empeñados en hacer a
Dios autor y cómplice del despotismo, han querido hacer dar al César la
libertad que no es suya, sino de la naturaleza; le han tributado el
derecho de opresión, negando a los pueblos el de su propia defensa; e
imputando a su autoridad un origen divino, para que nadie se atreviese a
escudriñar los principios de su constitución, han querido que los caminos
de los reyes no sean investigables a los que deben transitarlos.
Los efectos de esta horrenda conspiración han sido bien palpables en el
último reinado. Los vicios más bajos, la corrupción más degradante, todo
género de delitos eran la suerte de los que rodeaban al monarca, y lo
gobernaban a su arbitrio. Un ministro corrompido, capaz de manchar él solo
toda la tierra, llevaba las riendas del gobierno; enemigo de las virtudes
y talentos cuya presencia debía serle insoportable, no miraba en las
distinciones y empleos sino el premio de sus delitos, o la satisfacción de
sus cómplices; la duración de su valimiento apuró la paciencia de todos
los vasallos, no hubo uno solo que ignorase la depravación de la corte, o
dejase de presentir la próxima ruina del Reino; pero como el Rey presidía
a todos los crímenes, era necesario respetarlo; y aunque Godoy principió
sus delitos por el deshonor de la misma familia real que lo abrigaba, la
estatua ambulante de Carlos IV los hacía superiores al discernimiento de
los pueblos; y un cadalso ignominioso habría sido el destino del atrevido
que hubiese hablado de Carlos y sus ministros con menos respeto que de
aquellos príncipes raros que formaron la felicidad de su pueblo y las
delicias del género humano. Se presentaba en América un cochero, a quien
tocó un empleo de primer rango; porque llegó a tiempo con el billete de
una cortesana; mil ciudadanos habían fletado su calesa en los caminos,
pero era necesario venerarlo, porque el Rey le había dado aquel empleo; y
el día de San Carlos concurría al templo con los demás fieles, para
justificar las preces dirigidas al Eterno por la salud y larga vida de tan
benéfico monarca.
Ha sido preciso indicar los funestos efectos de estas preocupaciones, para
que oponiéndoles el juicio sereno de la razón, obre ésta libremente, y sin
los prestigios que tantas veces la han alucinado.
La cuestión que voy a tratar es, si el Congreso compromete los deberes de
nuestro vasallaje entrando al arreglo de una constitución correspondiente
a la dignidad y estado político de estas provincias. Lejos de nosotros los
que en el nombre del Rey encontraban un fantasma terrible, ante quien los
pueblos no formaban sino un grupo de tímidos esclavos. Nos gloriamos de
tener un Rey cuyo cautiverio lloramos, por no estar a nuestros alcances
remediarlo; pero nos gloriamos mucho más de formar una nación, sin la cual
el Rey dejaría de serlo; y no creemos ofender a la persona de éste cuando
tratamos de sostener los derechos legítimos de aquélla.
Si el amor a nuestro Rey cautivo no produjese en los pueblos una visible
propensión a inclinar la balanza en favor suyo, no faltarían principios
sublimes en la política que autorizase al Congreso para una absoluta
prescindencia de nuestro adorado Fernando. Las Américas no se ven unidas a
los monarcas españoles por el pacto social, que únicamente puede sostener
la legitimidad y decoro de una dominación. Los pueblos de España
consérvense enhorabuena dependientes del Rey cautivo, esperando su
libertad y regreso; ellos establecieron la Monarquía, y envuelto el
príncipe actual en la línea, que por expreso pacto de la nación española
debía reinar sobre ella, tiene derecho a reclamar la observancia del
contrato social en el momento de quedar expedito para cumplir por sí mismo
la parte que le compete. La América en ningún caso puede considerarse
sujeta a aquella obligación; ella no ha concurrido a la celebración del
pacto social de que derivan los monarcas españoles, los únicos títulos de
la legitimidad de su imperio: la fuerza y la violencia son la única base
de la conquista, que agregó estas regiones al trono español, conquista que
en trescientos años no ha podido borrar de la memoria de los hombres las
atrocidades y horrores con que fue ejecutada, y que no habiéndose
ratificado jamás por el consentimiento libre y unánime de estos pueblos,
no ha añadido en su abono título alguno al primitivo de la fuerza y
violencia que la produjeron. Ahora, pues, la fuerza no induce derecho, ni
puede nacer de ella una legítima obligación que nos impida resistirla,
apenas podamos hacerlo impunemente; pues, como dice Juan Jacobo Rousseau,
una vez que recupera el pueblo su libertad, por el mismo derecho que hubo
para despojarle de ella, o tiene razón para recobrarla, o no la había para
quitársela .
Si se me opone la jura del Rey, diré que ésta es una de las preocupaciones
vergonzosas que debemos combatir. ¿Podrá ningún hombre sensato persuadirse
que la coronación de un príncipe en los términos que se ha publicado en
América produzca en los pueblos una obligación social? Un bando del
gobierno reunía en las plazas públicas a todos los empleados y principales
vecinos; los primeros, como agentes del nuevo señor que debía continuarlos
en sus empleos, los segundos por el incentivo de la curiosidad o por el
temor de la multa con que sería castigada su falta; la muchedumbre
concurría agitada del mismo espíritu que la conduce a todo bullicio; el
Alférez Real subía a un tablado, juraba allí al nuevo monarca, y los
muchachos gritaban: ¡viva el Rey! poniendo toda su intención en el de la
moneda, que se les arrojaba con abundancia, para avivar la grita. Yo
presencié la jura de Fernando VII, y en el atrio de Santo Domingo fue
necesario que los bastones de los ayudantes provocasen en los muchachos la
algazara, que las mismas monedas no excitaban. ¿Será éste un acto capaz de
ligar a los pueblos con vínculos eternos?
A más de esto, ¿quién autorizó al Alférez Real para otorgar un juramento
que ligue a dos millones de habitantes? Para que la comunidad quede
obligada a los actos de su representante, es necesario que éste haya sido
elegido por todos, y con expresos poderes para lo que ejecuta; aun la
pluralidad de los sufragios no puede arrastrar a la parte menor, mientras
un pacto establecido por la unanimidad no legitime aquella condición.
Supongamos que cien mil habitantes forman nuestra población, que todos
convienen en una resolución, de que disiente uno solo; este individuo no
puede ser obligado a lo que los demás establecieron, mientras no haya
consentido en una convención anterior, de sujetarse a las disposiciones de
la pluralidad. Así, pues, los agentes de la jura carecieron de poderes y
representación legítima para sujetarnos a una convención en que nunca
hemos consentido libremente, y en que ni aun se ha explorado nuestra
voluntad.
He indicado estos principios, porque ningún derecho debe ocultarse; sin
embargo el extraordinario amor que todos profesamos a nuestro desgraciado
monarca, suple cualquier defecto legal en los títulos de su inauguración.
Supongamos en Fernando VII un príncipe en el pleno goce de sus derechos, y
en nuestros pueblos una nación con derecho a todas sus prerrogativas
imprescriptibles; demos a cada uno de estos dos extremos toda la
representación, toda la dignidad que les corresponden, y mirando a un lado
dos millones de hombres congregados en sociedad, y al otro un monarca
elevado al trono por aquéllos, obligado a trabajar en su felicidad, e
impedido de ejecutarlo, por haberlo reducido a cadenas un usurpador,
preguntemos: ¿si la felicidad de la nación queda comprometida, porque
trate de establecer una constitución, que no tiene, y que su Rey no puede
darle?
Esta pregunta debería dirigirse al mismo Fernando, y su respuesta
desmentiría seguramente a esos falsos ministros, que toman la voz del Rey
para robar a los pueblos unos derechos que no pueden enajenar. ¿Podrá
Fernando dar constitución a sus pueblos desde el cautiverio en que gime?
La España nos ha enseñado que no; y ha resistido la renuncia del Reino por
la falta de libertad con que fue otorgada. ¿Pretendería el Rey que
continuásemos en nuestra antigua constitución? Le responderíamos,
justamente, que no conocemos ninguna, y que las leyes arbitrarias,
dictadas por la codicia, para esclavos y colonos, no pueden reglar la
suerte de unos hombres que desean ser libres, y a los cuales ninguna
potestad de la tierra puede privar de aquel derecho. ¿Aspiraría el Rey a
que viviésemos en la misma miseria que antes, y que continuásemos formando
un grupo de hombres a quien un virrey puede decir impunemente que han sido
destinados por la naturaleza para vegetar en la obscuridad y abatimiento ?
El cuerpo de dos millones de hombres debería responderle: ¡Hombre
imprudente! ¿Qué descubres en tu persona que te haga superior a las
nuestras? ¿Cuál sería tu imperio, si no te lo hubiésemos dado nosotros?
¿Acaso hemos depositado en ti nuestros poderes, para que los emplees en
nuestra desgracia? Tenías obligación de formar tú mismo nuestra felicidad,
éste es el precio a que únicamente pusimos la corona en tu cabeza; te la
dejaste arrebatar por un acto de inexperiencia, capaz de hacer dudar si
estabas excluido del número de aquellos hombres a quienes parece haber
criado la naturaleza para dirigir a los otros; reducido a prisiones, e
imposibilitado de desempeñar tus deberes, hemos tomado el ímprobo trabajo
de ejecutar por nosotros mismos lo que debieran haber hecho los que se
llamaron nuestros reyes; si te opones a nuestro bien, no mereces reinar
sobre nosotros; y si quieres manifestarte acreedor a la elevada dignidad
que te hemos conferido, debes congratularte de verte colocado a la cabeza
de una nación libre, que en la firmeza de su arreglada constitución
presenta una barrera a la corrupción de tus hijos, para que no se
precipiten a los desórdenes, que con ruina tuya y del reino deshonraron el
gobierno de tus padres.
He aquí las justas reconvenciones que sufriría nuestro actual monarca, si
resistiese la constitución que el congreso nacional debe establecer; ellas
son derivadas de las obligaciones esenciales de la sociedad, nacidas
inmediatamente del pacto social; y en justo honor de un príncipe, que en
los pocos instantes que permaneció en el trono no descubrió otros deseos
que los de la felicidad de su pueblo, debemos reconocer que lejos de
agraviarse por la sabia y prudente constitución de nuestro congreso,
recibirá el mayor placer por una obra que debe sacar a los pueblos del
letargo en que yacían enervados, y darles un vigor y energía que quite a
los extranjeros toda esperanza de repetir en América el degradante insulto
que han sufrido en Europa nuestros hermanos, de verse arrebatar vilmente
su independencia.
Aunque estas reflexiones son muy sencillas, no faltarán muchos que se
asusten con su lectura. La ignorancia en algunos, y el destructor espíritu
de partido en los más, acusarán infidencia, traición, y como el más grave
de todos los crímenes, que nuestros pueblos examinen los derechos del Rey,
y que se propongan reducir su autoridad a límites que jamás pueda
traspasar en nuestro daño; pero yo pregunto a estos fanáticos, ¿a qué fin
se hallan convocadas en España unas Cortes que el Rey no puede presidir?
¿No se ha propuesto por único objeto de su convocación el arreglo del
Reino, y la pronta formación de una constitución nueva, que tanto
necesita? Y si la irresistible fuerza del conquistador hubiese dejado
provincias que fuesen representadas en aquel congreso, ¿podría el Rey
oponerse a sus resoluciones? Semejante duda sería un delito. El Rey a su
regreso no podría resistir una constitución a que, aun estando al frente
de las Cortes, debió siempre conformarse; los pueblos, origen único de los
poderes de los reyes, pueden modificarlos, por la misma autoridad con que
los establecieron al principio; esto es lo que inspira la naturaleza, lo
que prescriben todos los derechos, lo que enseña la práctica de todas las
naciones, lo que ha ejecutado antes la España misma, lo que se preparaba a
realizar en los momentos de la agonía política que entorpeció sus medidas,
y lo que deberemos hacer los pueblos de América, por el principio que
tantas veces he repetido, de que nuestros derechos no son inferiores a los
de ningún otro pueblo del mundo.
Nuestras provincias carecen de constitución, y nuestro vasallaje no recibe
ofensa alguna porque el Congreso trate de elevar los pueblos que
representa, a aquel estado político que el Rey no podría negarles, si
estuviese presente. Pero, ¿podrá una parte de la América, por medio de sus
legítimos representantes, establecer el sistema legal, de que carece, y
que necesita con tanta urgencia; o deberá esperar una nueva asamblea, en
que toda la América se dé leyes a sí misma, o convenga en aquella división
de territorio que la naturaleza misma ha preparado? Si consultamos los
principios de la forma monárquica que nos rige, parece preferible una
asamblea general, que, reuniendo la representación de todos los pueblos
libres de la Monarquía, conserven el carácter de unidad, que por el
cautiverio del Monarca se presenta disuelto. El gobierno supremo que
estableciese aquel congreso, subrogaría la persona del príncipe en todos
los estados que había regido antes de su cautiverio, y si algún día
lograba la libertad por que suspiramos, una sencilla transmisión le
restituiría el trono de sus mayores, con las variaciones y reformas que
los pueblos hubiesen establecido para precaver los funestos resultados de
un poder arbitrario.
Este sería el arbitrio que habrían elegido gustosos todos los mandones,
buscando en él no tanto la consolidación de un sistema, cual conviene a la
América en estas circunstancias, cuanto un pretexto para continuar en las
usurpaciones del mando al abrigo de las dificultades que debían oponerse a
aquella medida. El doctor Cañete incitaba a los virreyes a esta
conspiración, que debía perpetuarlos en el mando; y vimos que Cisneros, en
su última proclama, adhiriendo a las ideas de su consultor, ofrece no
tomar resolución alguna acerca del estado político de estas provincias,
sin ponerse primeramente de acuerdo con los demás virreyes y autoridades
constituidas de la América.
No es del caso presente manifestar la ilegalidad y atentado de semejante
sistema. Los virreyes y demás magistrados no pudieron cometer mayor
crimen, que conspirar de común acuerdo a decidir por sí solos la suerte de
estas vastas regiones; y aunque está bien manifiesto que no les animaba
otro espíritu que el deseo de partirse la herencia de su señor, como los
generales de Alejandro, la afectada conciliación de los virreinatos de
América les habría proporcionado todo el tiempo necesario para adormecer
los pueblos y ligarlos con cadenas, que no pudiesen romper en el momento
de imponerles el nuevo yugo. ¿Quién aseguraría la buena fe de todos los
virreyes, para concurrir sinceramente, al establecimiento de una
representación soberana que supliese la falta del Rey en estas regiones?
¿Ni cómo podría presumirse en ellos semejante disposición, cuando la
desmiente su conducta en orden a la instalación de nuestro gobierno? Es
digno de observarse que entre los innumerables jefes que de común acuerdo
han levantado el estandarte de la guerra civil para dar en tierra con la
justa causa de la América, no hay uno solo que limite su oposición al
modo, o a los vicios, que pudiera descubrir en nuestro sistema; todos lo
atacan en la substancia, no quieren reconocer derechos algunos en la
América, y su empeño a nada menos se dirige, que a reducirnos al mismo
estado de esclavitud en que gemíamos bajo la poderosa influencia del ángel
tutelar de la América.
Semejante perfidia habría opuesto embarazos irresistibles a la formación
de una asamblea general, que, representando la América entera, hubiese
decidido su suerte. Los cabildos nunca podrían haber excitado la
convocación, porque el destierro, y todo género de castigos, habría sido
el fruto de sus reclamaciones; los pueblos, sin proporción para combinar
un movimiento unánime, situados a una distancia que imposibilita su
comunicación, sin relaciones algunas que liguen sus intereses y derechos,
abatidos, ignorantes, y acostumbrados a ser vil juguete de los que los han
gobernado, ¿cómo habrían podido compeler a la convocación de cortes a unos
jefes que tenían interés individual en que no se celebrasen? ¿Quién
conciliaría nuestros movimientos con los de México, cuando con aquel
pueblo no tenemos más relaciones que con la Rusia o la Tartaria?
Nuestros mismos tiranos nos han desviado del camino sencillo que afectaban
querer ellos mismos; empeñados en separar a los pueblos de toda
intervención sobre su suerte, los han precisado a buscar en sí mismos lo
que tal vez habrían recibido de las manos que antes los habían encadenado;
pero no por ser parciales los movimientos de los pueblos han sido menos
legítimos que lo habría sido una conspiración general de común acuerdo de
todos ellos. Cuando entro yo en una asociación, no comunico otros derechos
que los que llevo por mí mismo; y Buenos Aires unida a Lima, en la
instalación de su nuevo sistema, no habría adquirido diferentes títulos de
los que han legitimado su obra por sí sola. La autoridad de los pueblos en
la presente causa se deriva de la reasunción del pueblo supremo, que por
el cautiverio del Rey ha retrovertido al origen de que el monarca lo
derivaba, y el ejercicio de éste es susceptible de las nueva formas, que
libremente quieran dársele.
Ya en otra Gaceta , discurriendo sobre la instalación de las juntas de
España, manifesté que, disueltos los vínculos que ligaban los pueblos con
el monarca, cada provincia era dueña de sí misma, por cuanto el pacto
social no establecía relación entre ellas directamente, sino entre el Rey
y los pueblos. Si consideramos el diverso origen de la asociación de los
estados que formaban la monarquía española, no descubriremos un solo
título por donde deban continuar unidos, faltando el Rey, que era el
centro de su anterior unidad. Las leyes de Indias declararon que la
América era una parte o accesión de la corona de Castilla, de la que jamás
pudiera dividirse; yo no alcanzo los principios legítimos de esta
decisión; pero la rendición de Castilla al yugo de un usurpador, dividió
nuestras provincias de aquel reino; nuestros pueblos entraron felizmente
al goce de unos derechos que desde la conquista habían estado sofocados;
estos derechos se derivan esencialmente de la calidad de pueblos, y cada
uno tiene los suyos, enteramente iguales y diferentes de los demás. No
hay, pues, inconveniente en que reunidas aquellas provincias, a quienes la
antigüedad de íntimas relaciones ha hecho inseparables, traten por sí
solas de su constitución. Nada tendría de irregular, que todos los pueblos
de América concurriesen a ejecutar de común acuerdo la grande obra que
nuestras provincias meditan para sí mismas; pero esta concurrencia sería
efecto de una convención, no un derecho a que precisamente deban
sujetarse, y yo creo impolítico y pernicioso, propender a que semejante
convención se realizase. ¿Quién podría concordar las voluntades de hombres
que habitan un continente, donde se cuentan por miles de leguas las
distancias? ¿Dónde se fijaría el gran congreso, y cómo proveería a las
necesidades urgentes de pueblos de quienes no podría tener noticia, sino
después de tres meses?
Es una quimera pretender que todas las Américas españolas formen un solo
estado. ¿Cómo podríamos entendernos con las Filipinas, de quienes apenas
tenemos otras noticias que las que nos comunica una carta geográfica?
¿Cómo conciliaríamos nuestros intereses con los del Reino de México? Con
nada menos se contentaría éste, que con tener estas provincias en clase de
colonias; pero, ¿qué americano podrá hoy día reducirse a tan dura clase?
¿Ni quién querrá la dominación de unos hombres que compran con sus tesoros
la condición de dominados de un soberano en esqueleto, desconocido de los
pueblos, hasta que él mismo se les ha anunciado, y que no presenta otros
títulos ni apoyo de su legitimidad que la fe ciega de los que le
reconocen? Pueden, pues, las provincias obrar por sí solas su constitución
y arreglo; deben hacerlo, porque la naturaleza misma les ha prefijado esta
conducta, en las producciones y límites de sus respectivos territorios; y
todo empeño que les desvíe de este camino es un lazo con que se pretende
paralizar el entusiasmo de los pueblos, hasta lograr ocasión de darles un
nuevo señor.
Oigo hablar generalmente de un gobierno federativo, como el más
conveniente a las circunstancias y estado de nuestras provincias, pero
temo que se ignore el verdadero carácter de este gobierno, y que se pida
sin discernimiento una cosa que se reputará inverificable después de
conocida. No recurramos a los antiguos amphictiones de la Grecia, para
buscar un verdadero modelo del gobierno federativo; aunque entre los
mismos literatos ha reinado mucho tiempo la preocupación de encontrar en
los amphictiones la dieta o estado general de los doce pueblos que
concurrían a celebrarlos con su sufragio, las investigaciones literarias
de un sabio francés, publicadas en París el año 1804, han demostrado que
el objeto de los amphictiones era puramente religioso, y que sus
resoluciones no dirigían tanto el estado político de los pueblos que lo
formaban, cuanto el arreglo y culto sagrado del templo de Delfos.
Los pueblos modernos son los únicos que nos han dado una exacta idea del
gobierno federativo, y aun entre los salvajes de América se ha encontrado
practicado en términos que nunca conocieron los griegos. Oigamos a Mr.
Jefferson, que en las observaciones sobre la Virginia, nos describe todas
las partes de semejante asociación: "Todos los pueblos del Norte de la
América, dice este juicioso escritor, son cazadores, y su subsistencia no
se saca sino de la caza, la pesca, las producciones que la tierra da por
sí misma, el maíz que siembran y recogen las mujeres, y la cultura de
algunas especies de patatas; pero ellos no tienen ni agricultura regular,
ni ganados, ni animales domésticos de ninguna clase. Ellos, pues, no
pueden tener sino aquel grado de sociabilidad y de organización de
gobiernos compatibles con su sociedad; pero realmente lo tienen. Su
gobierno es una suerte de confederación patriarcal. Cada villa o familia
tiene un jefe distinguido con un título particular, y que comúnmente se
llama sanchem . Las diversas villas o familias que componen una tribu,
tienen cada una su jefe, y las diversas tribus forman una nación, que
tiene también su jefe. Estos jefes son, generalmente, hombres avanzados en
edad, y distinguidos por su prudencia y talento en los consejos. Los
negocios que no conciernen sino a la villa o a la familia se deciden por
el jefe y los principales de la villa y la familia; los que interesan a
una familia entera, como la distribución de empleos militares, y las
querellas entre las diferentes villas y familias, se deciden por asambleas
o consejos formados de diferentes villas o aldeas; en fin, los que
conciernen a toda la nación, como la guerra, la paz, las alianzas con las
naciones vecinas, se determinan por un consejo nacional, compuesto de los
jefes de las tribus, acompañados de los principales guerreros, y de un
cierto número de jefes de villas, que van en clase de sus consejeros. Hay
en cada villa una casa de consejo, donde se juntan el jefe y los
principales, cuando lo pide la ocasión. Cada tribu tiene también un lugar
en que los jefes de villas se reúnen para tratar sobre los negocios de la
tribu; y en fin, en cada nación hay un punto de reunión, o consejo
general, donde se juntan los jefes de diferentes naciones con los
principales guerreros, para tratar los negocios generales de toda la
nación. Cuando se propone una materia en el Consejo Nacional, el jefe de
cada tribu consulta aparte con los consejeros que él ha traído, después de
lo cual anuncia en el Consejo la opinión de su tribu, y como toda la
influencia que las tribus tienen entre sí se reduce a la persuasión,
procuran todas, por mutuas concesiones, obtener la unanimidad."
He aquí un estado admirable, que reúne al gobierno patriarcal la forma de
una rigurosa federación. Esta consiste esencialmente en la reunión de
muchos pueblos o provincias independientes unas de otras; pero sujetas al
mismo tiempo a una dieta o consejo general de todas ellas, que decide
soberanamente sobre las materias de estado, que tocan al cuerpo de nación.
Los cantones suizos fueron regidos felizmente bajo esta forma de gobierno,
y era tanta la independencia de que gozaban entre sí, que unos se
gobernaban aristocráticamente, otros democráticamente, pero todos sujetos
a las alianzas, guerras, y demás convenciones, que la dieta general
celebraba en representación del cuerpo helvético.
El gran principio de esta clase de gobierno se halla en que los estados
individuales, reteniendo la parte de soberanía que necesitan para sus
negocios internos, ceden a una autoridad suprema y nacional la parte de
soberanía que llamaremos eminente, para los negocios generales, en otros
términos, para todos aquellos puntos en que deben obrar como nación. De
que resulta, que si en actos particulares, y dentro de su territorio, un
miembro de la federación obra independientemente como legislador de sí
mismo, en los asuntos generales obedece en clase de súbdito a las leyes y
decretos de la autoridad nacional que todos han formado. En esta forma de
gobierno, por más que se haya dicho en contrario, debe reconocerse la gran
ventaja del influjo de la opinión del contento general: se parece a las
armonías de la naturaleza, que están compuestas de fuerzas y acciones
diferentes, que todas concurren a un fin, para equilibrio y contrapeso, no
para oposición; y desde que se practica felizmente aun por sociedades
incultas no puede ser calificada de difícil. Sin embargo, ella parece
suponer un pueblo vivamente celoso de su libertad, y en que el patriotismo
inspire a las autoridades el respetarse mutuamente, para que por suma de
todo se mantenga el orden interno, y sea efectivo el poder y dignidad de
la nación. Puede, pues, haber confederación de naciones, como la de
Alemania, y puede haber federación de sola una nación, compuesta de varios
estados soberanos, como la de los Estados Unidos.
Este sistema es el mejor quizá, que se ha discurrido entre los hombres,
pero difícilmente podrá aplicarse a toda la América. ¿Dónde se formará esa
gran dieta, ni cómo se recibirán instrucciones de pueblos tan distantes
para las urgencias imprevistas del estado? Yo deseara que las provincias,
reduciéndose a los límites que hasta ahora han tenido, formasen
separadamente la constitución conveniente a la felicidad de cada una; que
llevasen siempre presente la justa máxima de auxiliarse y socorrerse
mutuamente; y que reservando para otro tiempo todo sistema federativo, que
en las presentes circunstancias es inverificable, y podría ser perjudicial,
tratasen solamente de una alianza estrecha, que sostuviese la fraternidad
que debe reinar siempre, y que únicamente puede salvarnos de las pasiones
interiores, que son enemigo más terrible para un estado que intenta
constituirse, que los ejércitos de las potencias extranjeras que se le
opongan.
FIN