Juan
Bautista Alberdi
INTRODUCCION.
América ha sido
descubierta, conquistada y poblada por las razas
civilizadas de Europa, a
impulsos de la misma ley que sacó de su suelo
primitivo a los pueblos de
Egipto para atraerlos a Grecia; más tarde a los
habitantes de ésta para
civilizar las regiones de la Península Itálica; y
por fin a los bárbaros
habitadores de Germania para cambiar con los restos
del mundo romano la
virilidad de su sangre por la luz del cristianismo.
Así, el fin providencial de
esa ley de expansión es el mejoramiento
indefinido de la especie
humana, por el cruzamiento de las razas, por la
comunicación de las ideas y
creencias, y por la nivelación de las
poblaciones con las
subsistencias.
Por desgracia su ejecución
encontró en la América del Sur un obstáculo en
el sistema de exclusión de
sus primeros conquistadores. Monopolizado por
ellos durante tres siglos
su extenso y rico suelo, quedaron esterilizados
los fines de la conquista
en cierto modo para la civilización del mundo.
Las trabas y prohibiciones
del sistema colonial impidieron su población en
escala grande y fecunda por
los pueblos europeos, que acudían a la América
del Norte, colonizada por
un país de mejor sentido económico; siendo esa
una de las principales
causas de su superioridad respecto de la nuestra.
El acrecentamiento de la
población europea y los progresos que le son
inseparables datan allí en
efecto desde el tiempo del sistema colonial.
Entonces, lo mismo que hoy,
se duplicaba la población cada veinte años, al
paso que las Leyes de
Indias condenaban a muerte al americano español del
interior que comunicase con
extranjeros.
Quebrantadas las barreras
por la mano de la revolución, debió esperarse
que este suelo quedase
expedito al libre curso de los pueblos de Europa;
pero, bajo los emblemas de
la libertad, conservaron nuestros pueblos la
complexión repulsiva que
España había sabido darles, por un error que hoy
hace pesar sobre ella misma
sus consecuencias.
Nos hallamos, pues, ante
las exigencias de una ley, que reclama para la
civilización el suelo que
mantenemos desierto para el atraso.
Esta ley de dilatación del
género humano se realiza fatalmente, o bien por
los medios pacíficos de la
civilización, o bien por la conquista de la
espada. Pero nunca sucede
que naciones más antiguas y populosas se ahoguen
por exuberancia de
población, en presencia de un mundo que carece de
habitantes y abunda de
riquezas.
El socialismo europeo es el
signo de un desequilibrio de cosas, que tarde
o temprano tendrá en este
continente su rechazo violento, si nuestra
previsión no emplea desde
hoy los medios de que esa ley se realice
pacíficamente y en provecho
de ambos mundos. Ya Méjico ha querido probar
la conquista violenta de
que todos estamos amenazados para un porvenir más
o menos remoto, y de que
podemos substraernos dando espontáneamente a la
civilización el goce de
este suelo, de cuya mayor parte la tenemos
excluida por una injusticia
que no podrá terminar bien.
Europa, lo mismo que América,
padece por resultado de esta violación hecha
al curso natural de las
cosas. Allá sobreabunda, hasta constituir un mal,
la población de que aquí
tenemos necesidad vital. ¿Llegarán aquellas
sociedades hasta un
desquicio fundamental por cuestiones de propiedad,
cuando tenemos a su alcance
un quinto del globo terráqueo deshabitado?
El bienestar de ambos
mundos se concilia casualmente; y mediante un
sistema de política y de
instituciones adecuadas, los Estados del otro
continente deben propender
a enviarnos, por inmigraciones pacíficas, las
poblaciones que los
nuestros deben atraer por una política e instituciones
análogas.
Esta es la ley capital y
sumaria del desarrollo de la civilización
cristiana y moderna en este continente; lo fue desde su
principio, y será
la que complete el trabajo
que dejó embrionario la Europa española.
De modo que sus
constituciones políticas no serán adecuadas a su destino
progresista, sino cuando
sean la expresión organizada de esa ley de
civilización, que se
realiza por la acción tranquila de Europa y del mundo
externo.
Me propongo en el presente
escrito bosquejar el mecanismo de esa ley,
indicar las violaciones que
ella recibe de nuestro sistema político actual
en la América del Sur, y
señalar la manera de concebir sus instituciones,
de modo que sus fines
reciban completa satisfacción.
El espacio es corto y la
materia vasta. Seré necesariamente incompleto,
pero habré conseguido mi
propósito, si consiguiese llevar las miradas de
los estadistas de
Sudamérica hacia ciertos fines y horizontes, en que lo
demás será obra del estudio
y del tiempo...
Valparaíso, 1 º de mayo de
1852.
BASES Y PUNTOS DE PARTIDA
PARA LA ORGANIZACIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
I
Situación constitucional
del Plata.
La victoria de Monte
Caseros (1) por sí sola no coloca a la República
Argentina en posesión de
cuanto necesita. Ella viene a ponerla en el
camino de su organización y
progreso, bajo cuyo aspecto considerada, esa
victoria es un evento tan
grande como la Revolución de Mayo, que destruyó
el gobierno colonial
español.
Sin que se pueda decir que
hemos vuelto al punto de partida (pues los
Estados no andan sin
provecho el camino de los padecimientos), nos
hallamos como en 1810 en la
necesidad de crear un gobierno general
argentino, y una
constitución que sirva de regla de conducta a ese
gobierno. Toda la gravedad
de la situación reside en esta exigencia. Un
cambio obrado en el
personal del gobierno presenta menos inconvenientes
cuando existe una
constitución que pueda regir la conducta del gobierno
creado por la revolución.
Pero la República Argentina carece hoy de
gobierno, de constitución y
de leyes generales que hagan sus veces. Este
es el punto de diferencia
de las revoluciones recientes de Montevideo y
Buenos Aires: existiendo
allí una constitución, todo el mal ha
desaparecido desde que se
ha nombrado el nuevo gobierno.
La República Argentina,
simple asociación tácita e implícita por hoy,
tiene que empezar por crear
un gobierno nacional y una constitución
general que le sirva de
regla.
Pero ¿cuáles serán las
tendencias, propósitos o miras, en vista de los
cuales deba concebirse la
venidera constitución? ¿Cuáles las bases y punto
de partida del nuevo orden
constitucional y del nuevo gobierno, próximos a
instalarse? He aquí la
materia de este libro, fruto del pensamiento de
muchos años, aunque
redactado con la urgencia de la situación argentina.
En él me propongo ayudar a
los diputados y a la prensa constituyentes a
fijar las bases de criterio
para marchar en la cuestión constitucional.
Ocupándome de la cuestión
argentina, tengo necesidad de tocar la cuestión
de la América del Sur, para
explicar con más claridad de dónde viene,
dónde está y adónde va la
República Argentina, en cuanto a sus destinos
políticos y sociales.
II
Carácter histórico del
derecho constitucional sudamericano: su división
esencial en dos períodos.
Todo el derecho constitucional
de la América antes española es incompleto
y vicioso, en cuanto a los
medios que deben llevarla a sus grandes
destinos.
Voy a señalar esos vicios y
su causa disculpable, con el objeto de que mi
país se abstenga de incurrir
en el mal ejemplo general. Alguna ventaja ha
de sacar de ser el último
que viene a constituirse.
Ninguna de las
constituciones de Sudamérica merece ser tomada por modelo
de imitación, por los
motivos de los que paso a ocuparme.
Dos períodos esencialmente
diferentes comprende la historia constitucional
de nuestra América del Sur:
uno que principia en 1810 y concluye con la
guerra de la Independencia
contra España, y otro que data de esta época y
acaba en nuestros días.
Todas las constituciones
del último período son reminiscencia, tradición,
reforma muchas veces
textual de las constituciones dadas en el período
anterior.
Esas reformas se han hecho
con miras interiores: unas veces de robustecer
el poder en provecho del
orden, otras de debilitarlo en beneficio de la
libertad; algunas veces de
centralizar la forma de su ejercicio, otras en
localizarlo: pero nunca con
la mira de suprimir en el derecho
constitucional de la
primera época lo que tenía de contrario al
engrandecimiento y progreso
de los nuevos Estados, ni de consagrar los
medios conducentes al logro
de este gran fin de la revolución americana.
¿Cuáles son, en qué
consisten los obstáculos contenidos en el primer
derecho constitucional? Voy
a indicarlos.
Todas las constituciones
dadas en Sudamérica durante la guerra de la
Independencia fueron
expresión completa de la necesidad dominante de ese
tiempo. Esa necesidad
consistía en acabar con el poder político que Europa
había ejercido en este
continente, empezando por la conquista y siguiendo
por el coloniaje; y como
medio de garantizar su completa extinción, se iba
hasta arrebatar
le cualquier clase de ascendiente en estos países. La
independencia y la
libertad exterior eran los
vitales intereses que preocupaban a los
legisladores de ese tiempo.
Tenían razón: comprendían su época y sabían
servirla.
Se hacía consistir y se
definía todo el mal de América en su dependencia
de un gobierno conquistador
perteneciente a Europa; se miraba por
consiguiente todo el
remedio del mal en el alejamiento del influjo de
Europa. Mientras
combatíamos contra España disputándole palmo a palmo
nuestro suelo americano, y
contra el ejemplo monárquico de Europa
disputándole la soberanía
democrática de este continente, nuestros
legisladores no veían nada
más arriba de la necesidad de proclamar y
asegurar nuestra
independencia, y de sustituir los principios de igualdad
y libertad como bases del
gobierno interior, en lugar del sistema
monárquico que había regido
antes en América y subsistía todavía en
Europa. Europa nos era
antipática por su dominación y por su monarquismo.
En ese período, en que la
democracia y la independencia eran todo el
propósito constitucional,
la riqueza, el progreso material, el comercio,
la población, la industria,
en fin, todos los intereses económicos, eran
cosas accesorias,
beneficios secundarios, intereses de segundo orden, mal
conocidos y mal estudiados,
y peor atendidos por supuesto. No dejaban de
figurar escritos en
nuestras constituciones, pero sólo era en clase de
pormenores y detalles
destinados a hermosear el conjunto.
Bajo ese espíritu de
reserva, de prevención y de temor hacia Europa, y de
olvido y abandono de los
medios de mejoramiento por la acción de los
intereses económicos,
diéronse las constituciones contemporáneas de San
Martín, de Bolívar y
O'Higgins, sus inspiradores ilustres, repetidas más
tarde casi textualmente y
sin bastante criterio por las constituciones
ulteriores, que aún subsisten.
Contribuía a colocarnos en
ese camino el ejemplo de las dos grandes
revoluciones, que servían
de modelo a la nuestra: la Revolución francesa
de 1789 y la revolución de
los Estados Unidos contra Inglaterra. Indicaré
el modo de su influjo para
prevenir la imitación errónea de esos grandes
modelos, a que todavía nos
inclinamos los americanos del sur.
En su redacción nuestras
constituciones imitaban las constituciones de la
República Francesa y de la
República de Norteamérica.
Veamos el resultado que
esto producía en nuestros intereses económicos, es
decir, en las cuestiones de
comercio, de industria, de navegación, de
inmigración, de las que
depende todo el porvenir de la América del Sur.
El ejemplo de la Revolución
francesa nos comunicaba su nulidad reconocida
en materias económicas.
Sabido es que la Revolución
francesa, que sirvió a todas las libertades,
desconoció y persiguió la
libertad de comercio. La Convención hizo de las
aduanas una arma de guerra,
dirigida especialmente contra Inglaterra,
esterilizando de ese modo
la excelente medida de la supresión de las
aduanas provinciales,
decretada por la Asamblea nacional. Napoleón acabó
de echar a Francia en esa
vía por el bloqueo continental, que se convirtió
en base del régimen
industrial y comercial de Francia y de Europa durante
la vida del Imperio. Por
resultado de ese sistema, la industria europea se
acostumbró a vivir de
protección, de tarifas y prohibiciones.
Los Estados Unidos no eran
el mejor ejemplo para nosotros en política
exterior y en materias
económicas, aunque esto parezca extraño.
Una de las grandes miras
constitucionales de la Unión del Norte era la
defensa del país contra los
extranjeros, que allí rodeaban por el norte y
sur a la República
naciente, poseyendo en América más territorio que el
suyo y profesando el
principio monárquico como sistema de gobierno.
España, Inglaterra, Francia, Rusia y casi todas las naciones
europeas
tenían vastos territorios
alrededor de la Confederación naciente. Era tan
justo, pues, que tratase de
garantirse contra el regreso practicable de
los extranjeros a quienes
venció sin arrojar de América, como hoy sería
inmotivado ese temor de
parte de los Estados de Sudamérica que ningún
gobierno europeo tienen a
su inmediación.
Desmembración de un Estado
marítimo y fabril, los Estados Unidos tenían la
aptitud y los medios de ser
una y otra cosa, y les convenía la adopción de
una política destinada a
proteger su industria y su marina contra la
concurrencia exterior, por
medio de exclusiones y tarifas. Pero nosotros
no tenemos fábricas, ni
marina, en cuya atención debamos restringir con
prohibiciones y reglamentos
la industria y la marina extranjeras, que nos
buscan por el vehículo del
comercio.
Por otra parte, cuando
Washington y Jefferson aconsejaban a los Estados
Unidos una política
exterior de abstención y de reserva para con los
poderes políticos de
Europa, era cuando daba principio la Revolución
francesa y la terrible
conmoción de toda Europa, a fines del último siglo,
en cuyo sentido esos hombres célebres daban un excelente consejo a
su
país, apartándolo de ligas
políticas con países que ardían en el fuego de
una lucha sin relación con
los intereses americanos. Ellos hablaban de
relaciones políticas, no de
tratados y convenciones de comercio. Y ano en
este último sentido, los
Estados Unidos, poseedores de una marina y de
industria fabril, podían
dispensarse de ligas estrechas con la Europa
marítima y fabricante. Pero
la América del Sur desconoce completamente la
especialidad de su
situación y circunstancias, cuando invoca para sí el
ejemplo de la política
exterior que Washington aconsejaba a su país, en
tiempo y bajo
circunstancias tan diversos. La América del Norte por el
liberalismo de su sistema
colonial siempre atrajo pobladores a su suelo en
gran cantidad, ano antes de
la independencia; pero nosotros, herederos de
un sistema tan
esencialmente exclusivo, necesitamos de una política
fuertemente estimulante en lo exterior.
Todo ha cambiado en esta
época: la repetición del sistema que convino en
tiempos y países sin
analogía con los nuestros, sólo serviría para
llevarnos al
embrutecimiento y a la pobreza.
Esto es sin embargo lo que
ofrece el cuadro constitucional de la América
del Sur: y para hacer más
práctica la verdad de esta observación de tanta
trascendencia en nuestros
destinos, voy a examinar particularmente las más
conocidas constituciones
ensayadas o vigentes de Sudamérica, en aquellas
disposiciones que se
relacionan a la cuestión de población, v. g., por la
naturalización y el
domicilio; a nuestra educación oficial y a nuestras
mejoras municipales, por la
admisión de extranjeros a los empleos
secundarios; a la
inmigración, por la materia religiosa; al comercio, por
las reglas de nuestra
política comercial exterior; y al progreso, por las
garantías de reformas.
Empezaré por las de mi país
para dar una prueba de que me guía en esta
crítica una imparcialidad
completa.
III
Constituciones ensayadas en
la República Argentina.
La Constitución de la
República Argentina, dada en 1826, más espectable
por los acontecimientos
ruidosos que originó su discusión y sanción que
por su mérito real, es un
antecedente que de buena fe debe ser abandonado
por su falta de armonía con
las necesidades modernas del progreso
argentino.
Es casi una literal
reproducción de la Constitución que se dio en 1819,
cuando los españoles
poseían todavía la mitad de esta América del Sur. "No
rehusa confesar (decía la
Comisión que redactó el proyecto de 1826), no
rehusa confesar que no ha
hecho más que perfeccionar la Constitución de
1819." Fue dada esta
Constitución de 1819 por el mismo Congreso que dos
años antes acababa de
declarar la independencia de la República Argentina
de España y de todo otro
poder extranjero. Todavía el 31 de octubre de
1818 ese mismo Congreso
daba una ley prohibiendo que los españoles
europeos sin carta de
ciudadanía pudiesen ser nombrados colegas ni
árbitros juris. El aplicaba
a los españoles el mismo sistema que éstos
habían creado para los
otros extranjeros. El Congreso de 1819 tenía por
misión romper con Europa en
vez de atraerla; y era esa la ley capital de
que estaba preocupado. Su
política exterior se encerraba toda en la mira
de constituir la independencia
de la nueva República, alejando todo
peligro de volver a caer en
manos de esa Europa, todavía en armas y en
posesión de una parte de
este suelo.
Ninguna nación de Europa
había reconocido todavía la independencia de
estas Repúblicas.
¿Cómo podía esperarse en
tales circunstancias, que el Congreso de 1819 y
su obra se penetrasen de
las necesidades actuales, que constituyen la vida
de estos nuevos Estados, al
abrigo hoy día de todo peligro exterior?
Tal fue el modelo confesado de la Constitución de 1826. Veamos
si ésta, al
rectificar aquel trabajo,
lo tocó en los puntos que tanto interesan a las
necesidades de la época
presente. Veamos con qué miras se concibió el
régimen de política
exterior contenido en la Constitución de 1826. No
olvidemos que la política y
el gobierno exteriores son la política y el
gobierno de regeneración y
progreso de estos países, que deberán a la
acción externa su vida
venidera, como le deben toda su existencia
anterior.
"Los dos altos fines
de toda asociación política—decía la Comisión que
redactó el proyecto de
1826—son la seguridad y la libertad."
Se ve, pues, que el
Congreso Argentino de 1826 estaba todavía en el
terreno de la primera época
constitucional. La independencia y la libertad
eran para él los dos
grandes fines de la asociación. El progreso material,
la población, la riqueza,
los intereses económicos, que hoy son todo, eran
cosas secundarias para los
legisladores constituyentes de 1826.
Así la Constitución daba la
ciudadanía (art. 4°) a los extranjeros que han
combatido o combatiesen en
los ejércitos de mar y tierra de la República.
Eran sus textuales
palabras, que ni siquiera distinguían la guerra civil
de la nacional. La
ocupación de la guerra, aciaga a estos países desolados
por el abuso de ella, era
título para obtener ciudadanía sin residencia; y
el extranjero benemérito a
la industria y al comercio, que había importado
capitales, máquinas, nuevos
procederes industriales, no era ciudadano a
pesar de esto si no se
había ocupado en derramar sangre argentina o
extranjera.
En ese punto la
Constitución de 1826 repetía rutinariamente una
disposición de la de 1819,
que era expresión de una necesidad del país, en
la época de su grande y
difícil guerra contra la corona de España.
La Constitución de 1826,
tan reservada y parsimoniosa en sus condiciones
para la adquisición de
nuevos ciudadanos, era pródiga en facilidades para
perder los existentes.
Hacía cesar los derechos de ciudadanía, entre
muchas otras causas, por la
admisión de empleos, distinciones o títulos de
otra nación. Esa disposición copiada, sin bastante examen, de
constituciones europeas, es
perniciosa para las Repúblicas de Sudamérica
que, obedeciendo a sus
antecedentes de comunidad, deben propender a formar
una especie de asociación
de familias hermanas. Naciones en formación,
como las nuestras, no deben
tener exigencias que pertenecen a otras ya
formadas; no deben decir al
poblador que viene de fuera: "Si no me
pertenecéis del todo, no me
pertenecéis de ningún modo". Es preciso
conceder la ciudadanía sin
exigir el abandono absoluto de la originaria.
Pueblos desiertos, que se
hallan en el caso de mendigar población, no
deben exigir ese
sacrificio, más difícil para el que lo hace que útil para
el que lo recibe.
La Constitución unitaria de
1826, copia confesada de una constitución del
tiempo de la guerra de la
Independencia, carecía igualmente de garantías
de progreso. Ninguna
seguridad, ninguna prenda daba de reformas fecundas
para lo futuro. Podía haber
sido como la Constitución de Chile, v. g., que
hace de la educación
pública (art. 153) una atención preferente del
gobierno, y promete
solemnemente para un término inmediato (disposiciones
transitorias) el arreglo electoral, el código administrativo
interior, el
de administración de
justicia, el de la guardia nacional, el arreglo de la
instrucción pública. La
Constitución de California (art. 9º) hace de la
educación pública un punto
capital de la organización del Estado. Esa alta
prudencia, esa profunda
previsión, consignada en las leyes fundamentales
del país, fue desconocida
en la Constitución de 1826, por la razón que
hemos señalado ya.
Ella no garantizaba por una
disposición especial y terminante la libertad
de la industria y del
trabajo, esa libertad que Inglaterra había exigido
como principal condición en
su tratado con la República Argentina,
celebrado dos años antes.
Esa garantía no falta, por supuesto, en las
Constituciones de Chile y
Montevideo.
No garantizaba
bastantemente la propiedad, pues en los casos de
expropiación por causa de
utilidad pública (art. 176) no establecía que la
compensación fuese previa,
y que la pública utilidad y la necesidad de la
expropiación fuesen
calificadas por ley especial. Ese descubierto dejado a
la propiedad afectaba el
progreso del país, porque ella es el aliciente
más activo para estimular
su población.
Tampoco garantizaba la
inviolabilidad de la posta, de la correspondencia
epistolar, de los libros de
comercio y papeles privados por una
disposición especial y
terminante.
Y, lo que es más notable,
no garantizaba el derecho y la libertad de
locomoción y tránsito, de
entrar y salir del país.
Se ve que en cada una de
esas omisiones, la ruidosa Constitución
desatendía las necesidades
económicas de la República, de cuya
satisfacción depende todo
su porvenir.
Dos causas concurrían a
eso: primera, la imitación, la falta de
originalidad, es decir, de
estudio y de observación; y segunda, el estado
de cosas de entonces.
La falta de originalidad en
el proyecto (es decir, su falta de armonía con
las necesidades del país)
era confesada por los mismas legisladores. La
Comisión redactora, decía
en su informe "no ha pretendido hacer una obra
original. Ella habría sido
extravagante desde que se hubiese alejado de lo
que en esa materia está
reconocido y admitido en las naciones más libres y
más civilizadas. En materia
de constituciones ya no puede crearse".
Estas palabras contenidas
en el informe de la Comisión redactora del
proyecto sancionado sin
alteración dan toda la medida de la capacidad
constitucional del Congreso
de ese tiempo.
El Congreso hizo mal en no
aspirar a la originalidad. La constitución que
no es original es mala,
porque debiendo ser la expresión de una
combinación especial de
hechos, de hombres y de cosas, debe ofrecer
esencialmente la
originalidad que afecte esa combinación en el país que ha
de constituirse. Lejos de
ser extravagante la Constitución argentina, que
se desemejare de las
constituciones de los países más libres y más
civilizados, habría la
mayor extravagancia en pretender regir una
población pequeña
malísimamente preparada para cualquier gobierno
constitucional, por el
sistema que prevalece en los Estados Unidos o en
Inglaterra, que son los
países más civilizados y más libres.
La originalidad
constitucional es la única a que se pueda aspirar sin
inmodestia ni pretensión:
ella no es como la originalidad en las bellas
artes. No consiste en una
novedad superior a todas las perfecciones
conocidas, sino en la
idoneidad para el caso especial en que deba tener
aplicación. En este
sentido, la originalidad en materia de asociación
política es tan fácil y
sencilla como en los convenios privados de
asociación comercial o
civil.
Por otra parte, el estado
de cosas de 1826 era causa de que aquel Congreso
colocase la seguridad como
el primero de los fines de la Constitución.
El país estaba en guerra
con el Imperio del Brasil, y bajo el influjo de
esa situación se buscaba en
el régimen exterior más bien seguridad que
franquicia. "La
seguridad exterior llama toda nuestra atención y cuidado
hacia un gobierno vecino,
monárquico y poderoso", decía en su informe la
Comisión redactora del
proyecto sancionado. Así la Constitución empezaba
ratificando la
independencia declarada ya por actos especiales y solemnes.
Rivadavia mismo, al tomar
posesión de la presidencia bajo cuyo influjo
debía darse la
Constitución, se expresaba de este modo: "Hay otro medio
(entre los de arribar a la
Constitución) que es otra necesidad, y no puede
decirse por desgracia,
porque rivaliza con esa desgracia una fortuna; ella
es del momento, y por lo
mismo urge con preferencia a todo... Esta
necesidad es la de una
victoria. La guerra en que tan justa como
noblemente se halla
empeñada esta nación, etc.".
Cuando se teme del
exterior, es imposible organizar las relaciones de
fuera sobre las bases de la
confianza y de una libertad completas.
Rivadavia mismo, a pesar de
la luz de su inteligencia y de su buen
corazón, no veía con
claridad la cuestión constitucional en que inducía al
país. Su programa era
estrecho, a juzgar por sus propias palabras vertidas
en la sesión del Congreso
Constituyente del 8 de febrero de 1826, al tomar
posesión del cargo de
presidente de la República. "El (el Presidente,
decía) se halla ciertamente
convencido de que tenéis medios de constituir
el país que representáis y
que para ello bastan dos bases: la una que
introduzca y sostenga la
subordinación recíproca de las personas, y la
otra que concilie todos los
intereses, y organice y active el movimiento
de las cosas."
Precisando la segunda base, añadía lo siguiente: "Esta base
es dar a todos los pueblos
una cabeza, un punto capital que regle a todos
y sobre el que todos se apoyen.
. . al efecto es preciso que todo lo que
forme la capital sea
exclusivamente nacional". "El Presidente debe
advertiros (decía a los
diputados constituyentes) de que si vuestro saber
y vuestro patriotismo
sancionan estas dos bases, la obra está hecha; todo
lo demás es reglamentario,
y con el establecimiento de ellas habréis dado
una Constitución a la
nación."
Tal era la capacidad que
dominaba la cuestión constitucional, y no eran
más competentes sus colaboradores.
Un eclesiástico, el señor
deán Funes, había sido el redactor de la
Constitución de 1819; y
otros de su clase, como el canónigo D. Valentín
Gómez y el clérigo D.
Julián Segundo Agüero, ministro de la Presidencia
entonces, influyeron de un
modo decisivo en la redacción de la
Constitución de 1826. El
deán Funes traía con el prestigio de su talento y
de sus obras conocidas al
Congreso de 1826, de que era miembro, los
recuerdos y las
inspiraciones del Congreso que declaró y constituyó la
independencia, al cual
había pertenecido también. Muchos otros diputados
se hallaban en el mismo
caso. El clero argentino, que contribuyó con su
patriotismo y sus luces de
un modo tan poderoso al éxito de la cuestión
política de la
independencia, no tenía ni podía tener, por su educación
recibida en los seminarios
del tiempo colonial, la inspiración y la
vocación de los intereses
económicos, que son los intereses vitales de
esta América, y la aptitud
de constituir convenientemente una República
esencialmente comercial y
pastora como la Confederación Argentina. La
patria debe mucho a sus
nobles corazones y espíritus altamente cultivados
en ciencias morales; pero
más deberá en lo futuro, en materias económicas,
a simples comerciantes y a
economistas prácticos, salidos del terreno de
los negocios.
No he hablado aquí de la
Constitución de 1826, sino de un modo general, y
señaladamente sobre el
sistema exterior, por su influjo en los intereses
de población, inmigración y
comercio exterior.
En otro lugar de este libro
tocaré otros puntos capitales de la
Constitución de entonces,
con el fin de evitar su imitación.
IV
Constitución de Chile.
Defectos que hacen peligrosa su imitación.
La Constitución de Chile,
superior en redacción a todas las de Sudamérica,
sensatísima y profunda en
cuanto a la composición del Poder Ejecutivo, es
incompleta y atrasada en
cuanto a los medios económicos de progreso y a
las grandes necesidades
materiales de la América española.
Redactada por Mariano
Egaña, más que una reforma de la Constitución de
1828, como dice su
preámbulo, es una tradición de las Constituciones de
1813 y 1823, concebidas por
su padre y maestro en materia de política,
Juan Egaña, que eran una
mezcla de lo mejor que tuvo el régimen colonial y
de lo mejor del régimen
moderno de la primera época constitucional. Esta
circunstancia, que explica
el mérito de la actual Constitución de Chile,
es también la que hace su
deficiencia.
Los dos Egañas, hombres
fuertes en teología y en legislación, acreedores
al respeto y agradecimiento
eterno de Chile por la parte que han tenido en
su organización
constitucional, comprendían mal las necesidades económicas
de la América del Sur; por
eso sus trabajos constitucionales no fueron
concebidos de un modo
adecuado para ensanchar la población de Chile por
condiciones que facilitasen
la adquisición de la ciudadanía. Excluyeron
todo culto que no fuese el
católico, sin advertir que contrariaban
mortalmente la necesidad
capital de Chile, que es la de su población por
inmigraciones de los
hombres laboriosos y excelentes que ofrece la Europa
protestante y disidente.
Excluyeron de los empleos administrativos y
municipales y de la
magistratura a los extranjeros y privaron al país de
cooperadores eficacísimos
en la gestión de su vida administrativa.
Las ideas económicas de
Juan Egaña son dignas de mención, por haber sido
el preparador o promotor
principal de las instituciones, que hasta hoy
rigen, y el apóstol de
muchas convicciones que hasta ahora son obstáculos
en política comercial y
económica para el progreso de Chile.
"Puesto (Chile) a los
extremos de la tierra, y no siéndole ventajoso el
comercio de tráfico o
arriería, no tendrá guerras mercantiles, y en
especial la industria y
agricultura, que casi exclusivamente le conciernen
y que son las sólidas, y
tal vez las únicas profesiones de una
república...".
En materia de empréstitos,
que serán el nervio del progreso material en
América, como lo fueron de
la guerra de su independencia, Juan Egaña se
expresaba de este modo
comentando la Constitución de 1813: "No tenemos
fondos que hipotecar, ni
créditos: luego no podemos formar una deuda".
"Cada uno debe pagar
la deuda que ha contraído por su bien. Las
generaciones futuras no son
de nuestra sociedad, ni podemos obligarlas."
"Las naciones
asiáticas no son navegantes." "La localidad de este país no
permite un arrieraje y
tráfico útil." "La marina comerciante excita el
genio de ambición,
conquista y lujo, destruye las costumbres y ocasiona
celos, que finalizan en
guerras." "Los industriosos chinos sin navegación,
viven quietos y servidos de
todo el mundo".
En materia de tolerancia
religiosa, he aquí las máximas de Juan Egaña:
"Sin religión uniforme
se formará un pueblo de comerciantes, pero no de
ciudadanos".
"Yo creo que el
progreso de la población no se consigue tanto con la gran
libertad de admitir
extranjeros, cuanto con facilitar los medios de
subsistencia y comodidad a
los habitantes; de suerte que sin dar grandes
pasos en la población,
perdemos mucho en el espíritu religioso."
"No condenemos a
muerte a los hombres que no creen como nosotros; pero no
formemos con ellos una
familia (2)".
He aquí el origen alto e
imponente de las aberraciones que tanto cuesta
vencer a los reformadores
liberales de estos días en materias económicas
en la República de Chile.
V
Constitución del Perú. Es
calculada para su atraso.
A pesar de lo dicho, la
Constitución de Chile es infinitamente superior a
la del Perú, en lo relativo
a población, industria y cultura europea.
Tradición casi entera de la
Constitución peruana dada en 1823, bajo el
influjo de Bolívar, cuando
la mitad del Perú estaba ocupada por las armas
españolas, se preocupó ante
todo de su independencia de la monarquía
española y de toda
dominación extranjera.
Como la Constitución de
Chile, la del Perú consagra el catolicismo como
religión de Estado,
"sin permitir el ejercicio público de cualquier otro
culto" (art. 3°). Sus
condiciones para la naturalización de los
extranjeros parecen
calculadas para hacer imposible su otorgamiento. He
aquí los trámites que el
extranjero tiene que seguir para hacerse natural
del Perú:
Demandar la ciudadanía al
Prefecto;
Acompañarla de documentos
justificativos de los requisitos que legitimen
su concesión;
El Prefecto la dirige con
su informe al Ministro del Interior;
Este al Congreso;
La Junta del Departamento
da su informe;
El Congreso concede la
gracia;
El Gobierno expide al agraciado
la carta respectiva;
El agraciado la presenta al
Prefecto del departamento, en cuya presencia
presta el juramento de
obediencia al Gobierno;
Se presenta esta carta ante
la Municipalidad del domicilio, para que el
agraciado sea inscripto en
el registro cívico (Ley de 30 de septiembre de
1821). Esta inscripción
pone al agraciado en la aptitud feliz de poder
tomar un fusil y verter, si
es necesario, su sangre en defensa de la
hospitalaria República.
El art. 6° de la
Constitución reconoce como peruano por naturalización al
extranjero admitido al
servicio de la República; pero el art. 88 declara
que el Presidente "no
puede dar empleo militar civil, político ni
eclesiástico a extranjero
alguno", sin acuerdo del Consejo de Estado. Ella
exige la calidad de
"peruano por nacimiento" para los empleos de
Presidente, de ministro de
Estado, de senador, de diputado, de consejero
de Estado, de vocal o
fiscal de la Corte Suprema o de una corte superior
cualquiera, de juez de
primera instancia; de prefecto, de gobernador,
etc., etc.; y lleva el
localismo a tal rigor, que un peruano de Arequipa
no puede ser prefecto en el
Cuzco. Pero esto es nada.
Las garantías individuales
sólo son acordadas al peruano, al ciudadano,
sin hablar del extranjero,
del simple habitante del Perú. Así un
extranjero, como ha
sucedido hace poco con el general boliviano José de
Ballivián, puede ser
expelido del país sin expresión de causa, ni
violación del derecho
público peruano.
La propiedad, la fortuna,
es el vivo aliciente que estos países pobres en
tantos goces ofrecen al
poblador europeo; sin embargo la Constitución
actual del Perú dispone
(art. 168) que: "Ningún extranjero podrá adquirir,
por ningún título,
propiedad territorial en la República, sin quedar por
este hecho sujeto a las
obligaciones de ciudadano, cuyos derechos gozará
al mismo tiempo". Por
este artículo, el inglés, o alemán, o francés, que
compra una casa o un pedazo
de terreno en el Perú está obligado a pagar
contribuciones, a servir en
la milicia, a verter su sangre, si es
necesario, en defensa del
país, a todas las obligaciones de ciudadano en
fin, y al goce de todos sus
derechos, con las restricciones, se supone,
del art. 88 arriba
mencionado, y sin perjuicio de los años de residencia y
demás requisitos exigidos
por el artículo 6°.
Por ley de 10 de octubre de
1828, está prohibido a los extranjeros la
venta por menudeo en
factorías, casas y almacenes. Esa ley impone multas
al extranjero que abra
tienda de menudeo sin estar inscripto en el
Registro Cívico. Infinidad
de otras leyes y decretos sueltos reglamentan
aquel art. 168 de la
Constitución.
En 1830 se expidió un
decreto que prohibe a los extranjeros hacer el
comercio interior en el
Perú.
Por el art. 178 de la
Constitución peruana sólo se concede el "goce de los
derechos civiles al
extranjero, al igual de los peruanos, con tal que se
sometan a las mismas cargas
y pensiones que éstos": es decir, que el
extranjero que quiera
disfrutar en el Perú del derecho de propiedad, de
sus derechos de padre de familia, de marido, en fin de sus
derechos
civiles, tiene que
sujetarse a todas las leyes y pensiones del ciudadano.
Así el Perú, para conceder
al extranjero lo que todos los legisladores
civilizados le ofrecen sin
condición alguna, le exige en cambio las cargos
y pensiones del ciudadano.
Si el Perú hubiese
calculado su legislación fundamental para obtener por
resultado su despoblación y
despedir de su seno a los habitantes más
capaces de fomentar su
progreso, no hubiera acertado a emplear medios más
eficaces que los contenidos
hoy en su Constitución repelente y exclusiva,
como el Código de Indias,
resucitado allí en todos sus instintos. ¿Para
qué más explicación que
esta del atraso infinito en que se encuentra aquel
país?
VI
Constitución de los Estados
que formaron la República de Colombia. Vicios
por los que no debe
imitarse.
Inútil es notar que los
Estados que fueron miembros de la disuelta
República de
Colombia—Ecuador, Nueva Granada y Venezuela—han conservado el
tipo constitucional que
recibieron de su libertador el general Bolívar en
la Constitución de agosto
de 1821, inspiración de este guerrero, que
todavía debía destruir los ejércitos españoles, amenazantes a
Colombia
desde el suelo del Perú.
"Estamos—decía la
Gaceta de Colombia de esa época—en contacto con dos
pueblos limítrofes, el uno
erigido en monarquía y el otro vacilante en el
sistema político que debe
adoptar: un congreso de soberanos ha de reunirse
en Verona, y no sabemos si
Colombia o la América toda será uno de los
enfermos que ha de quedar
desahuciado por esta nueva clase de médicos, que
disponen de la vida
política de los pueblos; un ejército respetable
amenaza todavía la
independencia de los hijos del Sol y sin duda la de
Colombia."
Y sin duda que en el
Congreso de los potentados de Europa reunidos en
Verona debía figurar la
cuestión de la suerte de las colonias españolas en
América. El 24 de noviembre
de 1822 el duque de Wellington presentó al
Congreso un memorándum, en
el que anunciaba la intención del Gobierno
británico de reconocer los
poderes de hecho del Nuevo Mundo. Mr. de
Chateaubriand,
plenipotenciario francés en ese Congreso, patrocinando los
principios del derecho
monárquico, indicó la solución que, según el
espíritu de su gobierno,
podía conciliar los intereses de la legitimidad
con las necesidades de la
política. Esta solución, confesada por más de un
publicista francés leal a
su país, era el establecimiento de príncipes de
la casa de Borbón en los
tronos constitucionales de la América española.
Francia obtuvo el apoyo de
esa declaración, en la que dieron al memorándum
británico, en el mismo
Congreso, Austria, Prusia y Rusia, concebidas en
sentido análogo. Eso
sucedía por los años en que Colombia se daba la
Constitución a que hemos
aludido.
Las ideas de Bolívar en
cuanto a Europa son bien conocidas. Eran las que
correspondían a un hombre
que tenía por misión el anonadamiento del poder
político de España, y de
cualquier otro poder monárquico europeo de los
ligados por intereses y
sangre con España en este continente. Ellos
presidieron a la
convocatoria del Congreso de Panamá, que tenía por
objeto, entre otros,
establecer un pacto de unión y de liga perpetua
contra España, o contra
cualquier otro poder que procurase dominar la
América; y ponerse en
aptitud de impedir toda colonización europea en este
continente y toda
intervención extranjera en los negocios del Nuevo Mundo.
Para honor de Rivadavia y
de Buenos Aires, se debe recordar que él se
opuso al Congreso de Panamá
y a sus principios, porque comprendió que
favoreciéndolo aniquilaba
desde el origen sus miras de inmigración europea
y de estrechamiento de este
continente con el antiguo, que había sido y
debía ser el manantial de
nuestra civilización y progreso (3).
El art. 13 de la
Constitución del Ecuador excluye del Estado toda religión
que no sea la católica. Las
garantías de derecho público, contenidas en su
título 11, no son
extensivas al extranjero de un modo terminante e
inequívoco. El art. 51 con
que terminan dispone que: “Todos los
extranjeros serán admitidos
en el Ecuador, y gozarán de seguridad
individual y libertad,
siempre que respeten y obedezcan la Constitución y
las leyes". Con esta
reserva se deja al extranjero perpetuamente expuesto
a ser expulsado del país
por una contravención de simple policía.
VII
De la Constitución de
Méjico, y de los vicios que originan su atraso.
Méjico, que debía
estimularse con el grande espectáculo de la nación
vecina, ha presentado
siempre al extranjero, que debía ser su salvador
como poblador mejicano, una
resistencia tenaz y una mala disposición, que,
además de su atraso, le han
costado guerras sangrientas y desastrosas. Por
el art. 3° de su
Constitución vigente, que es la de 4 de octubre de 1824,
está prohibido en Méjico el
ejercicio público de cualquier religión que no
sea la católica romana. Hasta hoy mismo, la República en Méjico
aparece
más preocupada de su
independencia y de sus temores hacia el extranjero
que de su engrandecimiento
interior, como si la independencia pudiera
tener otras garantías que
la fuerza inherente al desarrollo de la
población, de la riqueza y
de la industria en un grado poderoso.
Por la ley constitucional
mejicana (art. 23), el extranjero no puede
adquirir en la República
propiedad raíz, si no se ha naturalizado en ella,
casado con mejicana, y
arreglándose a lo demás que la ley prescribe
relativamente a estas
adquisiciones. Tampoco podrá trasladar a otro país
su propiedad mobiliaria,
sino con los requisitos y pagando la cuota que
establecen las leyes. Allí rige la ley española (nota XIII,
tít. 18, lib.
V, Nov. Recop.) sobre que
los extranjeros domiciliados o con casa de trato
por más de un año pagan
todos los derechos y contribuciones que los demás
ciudadanos.
Una ley de febrero de 1822
abre las puertas de Méjico a la naturalización
de los extranjeros, con tal
que llenen los requisitos exigidos por la ley
de 14 de abril de 1828.
Esos requisitos, entre otros, son: que el
postulante exprese un año
antes al Ayuntamiento su deseo de radicarse, y
que después acredite, con
citación del síndico, que es católico apostólico
romano, que tiene tal giro
e industria, buena conducta y otros requisitos
más.
Ese sistema ha conducido a
Méjico a perder a Tejas y California, y lo
llevará quizás a
desaparecer como nación.
El poblador extranjero no
es un peligro para el sostén de la nacionalidad.
Montevideo, con su
Constitución expansiva y abierta hacia el extranjero,
ha salvado su independencia
por medio de su población, extranjera, y
camina a ser la California
del Sur.
VIII
Constitución del Estado
Oriental del Uruguay. Defectos que hacen peligrosa
su imitación.
Sin embargo, es menester
reconocer que el buen espíritu, el espíritu de
progreso, más que en su
Constitución, reside para Montevideo en el modo de
ser de sus cosas y de su
población, en la disposición geográfica de su
suelo, de sus puertos, de
sus costas y ríos. Conviene tener esto presente,
para no dejarse alucinar
por el ejemplo de su Constitución escrita, que
tiene menos acción que lo
que parece en su progreso extraordinario.
Posee ventajas, sin duda
alguna, que la hacen superior a muchas otras;
pero adolece de faltas, que
son resabios del derecho constitucional
sudamericano de la primera
época.
Sancionada el 10 de
septiembre de 1829, es decir tres años después de la
Constitución unitaria argentina,
a la que también concurrió Montevideo
como provincia argentina en
aquella época, no pudo escapar al imperio de
su ejemplo.
Por otra parte, expresión
de la necesidad de constituir a Montevideo en
Estado independiente de los
países extranjeros que lo rodeaban y que lo
habían disputado, conforme
al tratado de 1828, entre el Plata y el Brasil,
como lo dice su preámbulo,
sus disposiciones obedecían al influjo de ese
designio, que no es
ciertamente el que debe ser espíritu de nuestras
constituciones ac
tuales.
La Constitución de que nos
ocupamos empieza definiendo el Estado Oriental.
Toda definición es
peligrosa, pero la de un Estado nuevo como ninguna. Esa
definición que debía pecar
por lata (si puede serlo bastantemente) es
inexacta a expensas del
Estado Oriental. "El Estado—dice su art. 1°—es la
asociación política de
todos sus ciudadanos comprendidos en su
territorio." No es
exacto; el Estado Oriental es algo más que esto en la
realidad. Además de la
reunión de sus ciudadanos, es Laffond, es Esteves,
v. g., son los 20.000
extranjeros avecindados allí que, sin ser
ciudadanos, poseen ingentes
fortunas y tienen tanto interés en la
prosperidad del suelo
oriental como sus ciudadanos mismos.
En vez de empezar por una
declaración de derechos y garantías privados y
públicos, la Constitución
oriental empieza como la Constitución argentina
de 1826, que le ha servido
de modelo, con mezquinas distinciones,
declarando quiénes son
orientales y quiénes no, quiénes son de casa y
quiénes de fuera:
distinciones inhospitalarias y poco discretas de parte
de países que no tienen
población propia y que necesitan de la ajena.
Ciertamente que la
Constitución de California no empieza por definiciones
ni distinciones de ese
género.
Como la Constitución
argentina de 1826, la oriental es difícil y
embarazosa para adquirir
ciudadanos y pródiga para enajenarlos. También da
la ciudadanía al que
combate en el país, sin previa residencia; pero al
extranjero que trae
riquezas, ideas, industrias, elementos de orden y de
progreso, le exige
residencia y otros requisitos para hacerlo ciudadano.
Tampoco se contenta con
medios ciudadanos, con ciudadanos a medias, y
expulsa del seno de su
reducida familia política al oriental que acepta
empleos o distinciones de
Chile o de la República Argentina, v. g.
La Constitución oriental
carece de garantías de progreso material e
intelectual. No consagra la
educación pública como prenda de adelantos
para lo futuro, ni sanciona
estímulos y apoyos al desarrollo inteligente,
comercial y agrícola, de
que depende el porvenir de esa república. La
constitución americana que
desampara el porvenir, lo desampara todo,
porque para estas
repúblicas de un día, el porvenir es todo, el presente
poca cosa.
IX
Constitución del Paraguay.
Defectos que hacen aborrecible su ejemplo.
La Constitución oriental es
la que más se aproxima al sistema conveniente,
y la del Paraguay la que
más dista.
Aunque no haya peligro de
que la República Argentina quiera constituirse a
ejemplo del Paraguay, entra
en mi plan señalar los obstáculos que
contrarían la ley del
progreso en esa parte de la América del Sur, tan
ligada a la prosperidad de
las Repúblicas vecinas.
La Constitución del
Paraguay, dada en la Asunción el 16 de marzo de 1844,
es la Constitución de la
dictadura o presidencia omnipotente en
institución definitiva y
estable; es decir que es una antítesis, un
contrasentido
constitucional.
Por cierto que la
Constitución del Paraguay, para ser discreta, no debía
ser un ideal de libertad
política. La dictadura inaudita del doctor
Francia no había sido la
mejor escuela preparatoria del régimen
representativo republicano.
La nueva Constitución estaba llamada a señalar
algunos grados de progreso
sobre lo que antes existía; pero no es esto lo
que ha sucedido. Es peor
que eso; ella es lo mismo que antes existía,
disfrazado con una máscara
de constitución, que oculta la dictadura
latente.
El título 1º consagra el principio liberal de la división de los
poderes,
declarando exclusiva
atribución del Congreso la facultad de hacer leyes.
Pero de nada sirve eso,
porque el artículo 4º lo echa por tierra,
declarando que la "autoridad
del Presidente de la República es
extraordinaria cuantas
veces fuese preciso para conservar el orden" (a
juicio y por declaración
del Presidente, se supone).
El Presidente es juez
privativo de las causas reservadas por el estatuto
de administración de
justicia.
Hace ejércitos y dispone de
ellos sin dar cuenta a nadie.
Crea fuerzas navales con la
misma irresponsabilidad.
Hace tratados y concordatos
con igual omnipotencia.
Promueve y remueve todos los
empleados, sin acuerdo alguno.
Abre puertos de comercio.
Es árbitro de la posta, de
los caminos, de la educación pública, de la
hacienda, de la policía,
sin acuerdo de nadie.
Reúne además todas las
atribuciones inherentes al poder ejecutivo de los
gobiernos regulares, sin
ninguna de sus responsabilidades.
Dura en sus funciones diez
años, durante los cuales sólo dos veces se
reúne el Congreso. Sus
sesiones ordinarias tienen lugar cada cinco años.
Si en países que están
regenerándose y que tienen que rehacerlo todo, son
cortas por lo mismo las
sesiones anuales de seis meses, ¿se diría que son
escasas las sesiones del
Congreso del Paraguay? Tal vez no, pues retiene
tan escaso poder legislativo
el Congreso, que su reunión es casi
insignificante.
El Congreso tiene el poder
de elegir el Presidente; pero los diputados del
Congreso, ¿cómo son
elegidos? "En la forma hasta aquí acostumbrada", dice
el art. 1°, tít. 2 de la
Constitución. La costumbre electoral a que alude
es naturalmente la del
tiempo del doctor Francia, de cuyo liberalismo se
puede juzgar por eso solo.
Es decir en buenos términos, que el Presidente
elige y nombra al Congreso,
como éste elige y nombra al Presidente. Dos
poderes que se procrean uno
a otro de ese modo no pueden ser muy
independientes.
El poder fuerte es
indispensable en América, es verdad; pero el del
Paraguay es la exageración
de ese medio, llevada al ridículo y a la
injusticia, desde luego que
se aplica a una población célebre por su
mansedumbre y su disciplina
jesuítica de tradición remota.
Nada sería la tiranía
presente si al menos diera garantías de libertades y
progresos para tiempos
venideros. Lo peor es que las puertas del progreso
y del país continúan
cerradas herméticamente por la Constitución, no ya
por el doctor Francia; de
modo que la tiranía constitucional del Paraguay
y el reposo, inmóvil, que
es su resultado, son estériles en beneficios
futuros y sólo ceden en
provecho del tirano, es decir, hablando
respetuosamente, del
Presidente constitucional. El país era antes esclavo
del doctor Francia; hoy lo
es de su Constitución. Peor es su estado actual
que el anterior, si se
reflexiona que antes la tiranía era un accidente,
era un hombre mortal; hoy
es un hecho definitivo y permanente, es la
Constitución.
En efecto, la Constitución
(art. 4º, tít. 10) permite salir libremente del
territorio de la República,
llevando en frutos el valor de sus propiedades
y observando además las
leyes policiales.
Pero el artículo 5º declara
que 'para entrar en el territorio de la
República se observarán las
ordenanzas anteriormente establecidas,
quedando al Supremo
Gobierno ampliarlas según las circunstancias". Si se
recuerda que esas
ordenanzas anteriores son las del doctor Francia, que
han hecho la celebridad de
su régimen de clausura hermética, se verá que
el Paraguay continúa
aislado del mundo exterior, y todavía su Constitución
da al Presidente el poder
de estrechar ese aislamiento.
Según esas disposiciones,
la Constitución paraguaya, que debiera estimular
la inmigración de
pobladores extranjeros en su suelo desierto, provee al
contrario los medios de
despoblar el Paraguay de sus habitantes
extranjeros, llamados a
desarrollar su progreso y bienestar. Ese sistema
garantiza al Paraguay la
conservación de una población exclusivamente
paraguaya, es decir, inepta
para la industria y para la libertad.
Por demás es notar que la
Constitución paraguaya excluye la libertad
religiosa.
Excluye además todas las
libertades. La Constitución tiene especial
cuidado en no nombrar una
sola vez, en todo su texto, la palabra libertad,
sin embargo de titularse
Ley de la República. Es la primera vez que se ve
una Constitución
republicana sin una sola libertad. La única garantía que
acuerda a todos sus
habitantes es la de quejarse ante el Supremo Gobierno
de la Nación. El derecho de
queja es consolador sin duda, pero supone la
obligación de experimentar
motivos de ejercitarlo.
Ese régimen es egoísta, escandaloso, bárbaro, de funesto
ejemplo y de
ningún provecho a la causa
del progreso y cultura de esta parte de la
América del Sur. Lejos de
imitación, merece la hostilidad de todos los
gobiernos patriotas de
Sudamérica.
X
Cuál debe ser el espíritu
del nuevo derecho constitucional en Sudamérica.
Por la reseña que precede
vemos que el derecho constitucional de la
América del Sur está en
oposición con los intereses de su progreso
material e industrial, de que depende hoy todo su porvenir.
Expresión de
las necesidades americanas
de otro tiempo, ha dejado de estar en armonía
con las nuevas exigencias
del presente. Ha llegado la hora de iniciar su
revisión en el sentido de
las necesidades actuales de América. ¡Ojalá
toque a la República
Argentina, iniciadora de cambios fundamentales en ese
continente, la fortuna de
abrir la era nueva por el ejemplo de su
constitución próxima!
De hoy en más los trabajos
constitucionales deben tomar por punto de
partida la nueva situación
de la América del Sur.
La situación de hoy no es
la de hace 30 años. Necesidades que en otro
tiempo eran accesorias, hoy
son las dominantes.
La América de hace 30 años
sólo miró la libertad y la independencia; para
ellas escribió sus
constituciones. Hizo bien, era su misión de entonces.
El momento de echar la
dominación europea fuera de este suelo no era el de
atraer los habitantes de
esa Europa temida. Los nombres de inmigración y
colonización despertaban
recuerdos dolorosos y sentimientos de temor. La
gloria militar era el
objeto supremo de ambición. El comercio, el
bienestar material se
presentaban como bienes destituidos de brillo. La
pobreza y sobriedad de los
republicanos de Esparta eran realzadas como
virtudes dignas de
imitación por nuestros republicanos del primer tiempo.
Se oponía con orgullo a las
ricas telas de Europa los tejidos grotescos de
nuestros campesinos. El
lujo era mirado de mal ojo y considerado como el
escollo de la moral y de la
libertad pública.
Todas las cosas han
cambiado, y se miran de distinto modo en la época en
que vivimos.
No es que la América de hoy
olvide la libertad y la independencia como los
grandes fines de su derecho
constitucional; sino que, más práctica que
teórica, más reflexiva que
entusiasta, por resultado de la madurez y de la
experiencia, se preocupa de
los hechos más que de los hombres, y no tanto
se fija en los fines como
en los medios prácticos de llegar a la verdad de
esos fines. Hoy se busca la
realidad práctica de lo que en otro tiempo nos
contentábamos con proclamar
y escribir.
He aquí el fin de las
constituciones de hoy día: ellas deben propender a
organizar y constituir los
grandes medios prácticos de sacar a la América
emancipada del estado
oscuro y subalterno en que se encuentra.
Esos medios deben figurar
hoy a la cabeza de nuestras constituciones. Así
como antes colocábamos la
independencia, la libertad, el culto, hoy
debemos poner la
inmigración libre, la libertad de comercio, los caminos
de fierro, la industria sin
trabas, no en lugar de aquellos grandes
principios, sino como
medios esenciales de conseguir que dejen ellos de
ser palabras y se vuelvan
realidades.
Hoy debemos constituirnos,
si nos es permitido este lenguaje, para tener
población, para tener
caminos de fierro, para ver navegados nuestros ríos,
para ver opulentos y ricos
nuestros Estados. Los Estados como los hombres
deben empezar por su
desarrollo y robustecimiento corporal.
Estos son los medios y las
necesidades que forman la fisonomía peculiar de
nuestra época.
Nuestros contratos o pactos
constitucionales en la América del Sur deben
ser especie de contratos
mercantiles de sociedades colectivas, formadas
especialmente para dar pobladores
a estos desiertos, que bautizamos con
los nombres pomposos de
Repúblicas; para formar caminos de fierro, que
supriman las distancias que
hacen imposible esa unidad indivisible en la
acción política, que con
tanto candor han copiado nuestras constituciones
de Sudamérica de las
constituciones de Francia, donde la unidad política
es obra de 800 años de
trabajos preparatorios.
Estas son las necesidades
de hoy, y las constituciones no deben expresar
las de ayer ni las de
mañana, sino las del día presente.
No se ha de aspirar a que
las constituciones expresen las necesidades de
todos los tiempos. Como los
andamios de que se vale el arquitecto para
construir los edificios,
ellas deben servirnos en la obra interminable de
nuestro edificio político,
para colocarlas hoy de un modo y mañana de
otro, según las necesidades
de la construcción. Hay constituciones de
transición y creación, y
constituciones definitivas y de conservación. Las
que hoy pide la América del
Sur son de la primera especie, son de tiempos
excepcionales.
XI
Constitución de California.
Tengo la fortuna de poder
citar en apoyo del sistema que propongo el
ejemplo de la última
Constitución célebre dada en América: la Constitución
de California, que es la
confirmación de nuestras bases constitucionales.
La Constitución del nuevo
Estado de California, dada en Monterrey el 12 de
octubre de 1849 por una convención
de delegados del pueblo de California,
es la aplicación simple y
fácil al gobierno del nuevo Estado del derecho
constitucional dominante en
los Estados de la Unión de Norteamérica. Ese
derecho forma el sentido
común, la razón de todos, entre los habitantes de
aquellos venturosos
Estados.
Sin universidades, sin
academias ni colegio de abogados, el pueblo
improvisado de California
se ha dado una Constitución llena de previsión,
de buen sentido y de oportunidad
en cada una de sus disposiciones. Se
diría que no hay nada de
más ni de menos en ella. Al menos no hay
retórica, no hay frases, no
hay tono de importancia en su forma y estilo:
todo es simple, práctico y
positivo, sin dejar de ser digno.
Hace cinco años eran
excluidos de aquel territorio los cultos disidentes,
los extranjeros, el
comercio. Todo era soledad y desamparo bajo el sistema
republicano de la América
española, hasta que la civilización vecina,
provocada por esas exclusiones incivilizadas e injustas, tomó
posesión del
rico suelo y estableció en
él sus leyes de verdadera libertad y
franquicia. En cuatro años
se ha erigido en Estado de la primera República
del universo el país que en
tres siglos no salió de oscurísima y miserable
aldea.
El oro de sus placeres ha
podido concurrir a obrar ese resultado; pero es
indudable que, bajo el
gobierno mejicano, ese oro no hubiera producido más
que tumultos y escándalos
entre las multitudes de todas partes agolpadas
frenéticamente en un suelo
sembrado de oro, pero sin gobierno ni ley. Su
constitución de libertad,
su gobierno de tolerancia y de progreso, harán
más que el oro, la grandeza
del nuevo Estado del Pacífico. El oro podrá
acumular miles de
aventureros; pero sólo la ley de libertad hará de esas
multitudes y de ese oro un
Estado civilizado y floreciente.
La ley fundamental de
California, tradición de la libertad de
Norteamérica, está calculada para crear un gran pueblo en pocos
años.
Ella hace consistir el
pueblo de California en todo el mundo que allí
habita, para lo que es el
goce de los derechos, privilegios y
prerrogativas del ciudadano
mismo, en lo tocante a libertad civil, a
seguridad personal, a
inviolabilidad de la propiedad, de la
correspondencia y papeles,
del hogar, del tránsito, del trabajo, etc.
(art. 1°, secciones 1 y
17).
Garantiza que no se hará
ley que impida a nadie la adquisición
hereditaria, ni disminuya
la fe y el valor de los contratos (sección 16).
Confiere voto pasivo para
obtener asiento en la legislatura y en el
gobierno del Estado, sin
más que un año y dos de ciudadanía, al extranjero
naturalizado (arts. 4° y
5°). Sabido es que las leyes generales de la
Confederación desde el
principio de la Unión abren las puertas del Senado
y de la Cámara de Diputados
a los extranjeros que se naturalizan en los
Estados Unidos. Los americanos sabían que en Inglaterra son
excluidos del
Parlamento los extranjeros
naturalizados. Pero "la situación particular de
las colonias de
América—dice Story—les hizo adoptar un sistema diferente,
con el fin de estimular las
inmigraciones y el establecimiento de los
extranjeros en el país, y
de facilitar la distribución de las tierras
desiertas". "Se
ha notado con razón, —agrega Story—, que mediante las
condiciones de capacidad
fijadas por la Constitución, el acceso al
gobierno federal queda
abierto a los hombres de mérito de toda nación,
sean indígenas, sean
naturalizados, jóvenes o viejos, sin miramiento a la
pobreza o riqueza, sea cual
fuere la profesión de fe religiosa".
La Constitución de
California declara que ningún contrato de matrimonio
podrá invalidarse por falta
de conformidad con los requisitos de
cualquiera secta religiosa,
si por otra parte fuere honestamente
celebrado. De ese modo la
Constitución hace inviolables los matrimonios
mixtos, que son el medio
natural de formación de la familia en nuestra
América, llamada a poblarse
de extranjeros y de extranjeros de buenas
costumbres. Pensar en
educación sin proteger la formación de las familias
es esperar ricas cosechas
de un suelo sin abono ni preparación.
Para completar la santidad
de la familia (semillero del Estado y de la
República, medio único
fecundo de población y de regeneración social), "la
protegerá por ley—son sus
hermosas palabras—cierta porción del hogar
doméstico y otros bienes de
toda cabeza de familia, a fin de evitar su
venta forzosa " (art.
9º, sección 15).
La Constitución obliga a la
legislatura a estimular por todos los medios
posibles el fomento de los
progresos intelectuales, científicos, morales y
agrícolas.
Aplica directa e
inviolablemente para el sostén de la instrucción pública
una parte de los bienes del
Estado, y garantiza de ese modo el progreso de
sus nuevas generaciones
contra todo abuso o descuido del Gobierno. Hace de
la educación una de las
bases fundamentales del pacto político. Le
consagra todo el tít. 10.
Establece la igualdad del impuesto
sobre todas las propiedades del Estado,
y echa las bases del
sistema de contribución directa, que es el que
conviene a países llamados
a recibir del exterior todo su desarrollo, en
lugar del impuesto
aduanero, que es un gravamen puesto a la civilización
misma de estos países.
En apoyo del verdadero
crédito, prohibe a la legislatura dar privilegios
para establecimiento de
bancos; prohibe terminantemente la emisión de todo
papel asimilable a dinero
por bancos de emisión, y sólo tolera los bancos
de depósito (secciones 31 y
35, art. 4º).
No se ha procurado analizar
la Constitución de California en todas sus
disposiciones protectoras
de la libertad y del orden, sino en aquellas que
se relacionan con el progreso de la población, de la industria y
de la
cultura. Las he citado para
hacer ver que no son novedades inaplicables
las que yo propongo, sino
bases sencillas y racionales de la organización
de todo país naciente, que
sabe proveer, ante todo, a los medios de
desenvolver su población,
su industria y su civilización, por
adquisiciones rápidas de
masas de hombres venidos de fuera, y por
instituciones propias para
atraerlas y fijarlas ventajosamente en un
territorio solitario y
lóbrego.
XII
Falsa posición de las
Repúblicas hispanoamericanas. La monarquía no es el
medio de salir de ella,
sino la República posible antes de la República
verdadera.
Sólo esos grandes medios de
carácter económico, es decir, de acción
nutritiva y robustecedora
de los intereses materiales, podrán ser capaces
de sacar a la América del
Sur de la posición falsísima en que se halla
colocada.
Esa posición nace de que
América se ha dado la república por ley de
gobierno; y de que la
república no es una verdad práctica en su suelo.
La república deja de ser
una verdad de hecho en la América del Sur, porque
el pueblo no está preparado
para regirse por este sistema, superior a su
capacidad.
Volver a la monarquía de
otro tiempo, ¿sería el camino de dar a esta
América un gobierno
adecuado a su aptitud? De que la república en la
condición actual de nuestro
pueblo sea impracticable, ¿se sigue que la
monarquía sería más
practicable?
Decididamente, no.
La verdad es que no estamos
bastante sazonados para el ejercicio del
gobierno representativo,
sea monárquico o republicano.
Los partidarios de la monarquía
en América no se engañan cuando dicen que
nos falta aptitud para ser
republicanos; pero se engañan más que nosotros,
los republicanos, cuando
piensan que tenemos más medios de ser
monarquistas. La idea de
una monarquía representativa en la América
española es pobrísima y
ridícula; carece, a mi ver, hasta de sentido
común, si nos fijamos sobre
todo en el momento presente y en el estado a
que han llegado las cosas.
Nuestros monarquistas de la primera época
podían tener alguna
disculpa en cuanto a sus planes dinásticos: la
tradición monárquica
distaba un paso, y todavía existía ilusión sobre la
posibilidad de
reorganizarla. Pero hoy día es cosa que no ocurriría a
ninguna cabeza de sentido
práctico. Después de una guerra sin término para
convertir en monarquía lo
que hemos cambiado en repúblicas por una guerra
de veinte años, volveríamos
andando muy felices a una monarquía más
inquieta y turbulenta que
la república.
El bello ejemplo del Brasil
no debe alucinarnos; felicitemos a ese país de
la fortuna que le ha
cabido, respetemos su forma, que sabe proteger la
civilización, sepamos
coexistir con ella y caminar acordes al fin común de
los gobiernos de toda
forma, la civilización. Pero abstengámonos de
imitarlo en su manera de
ser monárquico. Ese país no ha conocido la
república ni por un solo
día; su vida monárquica no se ha interrumpido por
una hora. De monarquía
colonial pasó sin interregno a monarquía
independiente. Pero los que
hemos practicado la república por espacio de
40 años, aunque
pésimamente, seríamos peores monarquistas que
republicanos, porque hoy
comprendemos menos la monarquía que la república.
¿Tomaría raíz la nueva
monarquía de la elección? Sería cosa nunca vista:
la monarquía es por esencia
de origen tradicional, procedente del hecho.
¿Nosotros elegiríamos para
condes y marqueses a nuestros amigos iguales a
nosotros? ¿Consentiríamos buenamente en ser inferiores a nuestros
iguales?
Yo desearía ver la cara del
que se juzgase competente para ser electo rey
en la América republicana.
¿Aceptaríamos reyes y nobles de extracción
europea? Sólo después de
una guerra de reconquista: ¿y quién concebiría,
ni consentiría en ese
delirio?
El problema del gobierno
posible en la América antes española no tiene más
que una solución sensata,
que consiste en elevar nuestros pueblos a la
altura de la forma de
gobierno que nos ha impuesto la necesidad; en darles
la aptitud que les falta
para ser republicanos; en hacerlos dignos de la
república, que hemos
proclamado, que no podemos practicar hoy ni tampoco
abandonar; en mejorar el
gobierno por la mejora de los gobernados; en
mejorar la sociedad para
obtener la mejora del poder, que es su expresión
y resultado directo.
Pero el camino es largo y
hay mucho que esperar hasta llegar a su fin. ¿No
habría en tal caso un gobierno conveniente y adecuado para andar
este
período de preparación y
transición? Lo hay, por fortuna, y sin necesidad
de salir de la república.
Felizmente, la república,
tan fecunda en formas, reconoce muchos grados, y
se presta a todas las
exigencias de la edad y del espacio. Saber
acomodarla a nuestra edad
es todo el arte de constituirse entre nosotros.
Esa solución tiene un
precedente feliz en la República sudamericana, y es
el que debemos a la
sensatez del pueblo chileno, que ha encontrado en la
energía del poder del
Presidente las garantías públicas que la monarquía
ofrece al orden y a la paz,
sin faltar a la naturaleza del gobierno
republicano. Se atribuye a
Bolívar este dicho profundo y espiritual: "Los
nuevos Estados de la
América antes española necesitan reyes con el nombre
de presidentes".
Chile ha resuelto el
problema sin dinastías y sin dictadura militar, por
medio de una constitución
monárquica en el fondo y republicana en la
forma: ley que anuda a la
tradición de la vida pasada la cadena de la vida
moderna. La república no
puede tener otra forma cuando sucede
inmediatamente a la
monarquía; es preciso que el nuevo régimen contenga
algo del antiguo; no se
andan de un salto las edades extremas de un
pueblo. La República
francesa, vástago de una monarquía, se habría salvado
por ese medio; pero la
exageración del radicalismo la volverá por el
imperio a la monarquía.
¿Cómo hacer, pues, de
nuestras democracias en el nombre, democracias en la
realidad? ¿Cómo cambiar en
hechos nuestras libertades escritas y
nominales? ¿Por qué medios
conseguiremos elevar la capacidad real de
nuestros pueblos a la
altura de sus constituciones escritas y de los
principios proclamados?
Por los medios que dejo
indicados y que todos conocen; por la educación
del pueblo, operada
mediante la acción civilizante de Europa, es decir por
la inmigración, por una
legislación civil, comercial y marítima sobre
bases adecuadas; por
constituciones en armonía con nuestro tiempo y
nuestras necesidades; por
un sistema de gobierno que secunde la acción de
esos medios.
Estos medios no son
originales, ciertamente; la revolución los ha conocido
desde el principio, pero no
los ha practicado, sino de un modo incompleto
y pequeño.
Yo voy a permitirme decir
cómo deben ser comprendidos y organizados esos
medios, para que puedan dar
por resultado el engrandecimiento apetecido de
estos países y la verdad de
la república en todas sus consecuencias.
XIII
La educación no es la
instrucción.
Belgrano, Bolívar, Egaña y
Rivadavia comprendieron desde su tiempo que
sólo por medio de la
educación conseguirían algún día estos pueblos
hacerse merecedores de la
forma de gobierno que la necesidad les impuso
anticipadamente. Pero ellos
confundieron la educación con la instrucción,
el género con la especie.
Los árboles son susceptibles de educación; pero
sólo se instruye a los
seres racionales. Hoy día la ciencia pública se da
cuenta de esta diferencia
capital, y no dista mucho la ocasión célebre en
que un profundo pensador,
M. Troplong, hizo sensible esta diferencia
cuando la discusión sobre
la libertad de la enseñanza en Francia.
Aquel error condujo a otro:
el de desatender la educación que se opera por
la acción espontánea de las
cosas, la educación que se hace por el ejemplo
de una vida más civilizada
que la nuestra; educación fecunda, que Rousseau
comprendió en toda su
importancia y llamó educación de las cosas.
Ella debe tener el lugar
que damos a la instrucción en la edad presente de
nuestras Repúblicas, por
ser el medio más eficaz y más apto de sacarlas
con prontitud del atraso en
que existen.
Nuestros primeros
publicistas dijeron: "¿De qué modo se promueve y fomenta
la cultura de los grandes
Estados europeos? Por la instrucción,
principalmente: luego éste
debe ser nuestro punto de partida".
Ellos no vieron que
nuestros pueblos nacientes estaban en el caso de
hacerse, de formarse, antes
de instruirse, y que si la instrucción es el
medio de cultura de los
pueblos ya desenvueltos, la educación por medio de
las cosas es el medio de
instrucción que más conviene a pueblos que
empiezan a crearse.
En cuanto a la instrucción
que se dio a nuestro pueblo, jamás fue adecuada
a sus necesidades. Copiada
de la que recibían pueblos que no se hallan en
nuestro caso, fue siempre
estéril y sin resultado provechoso.
La instrucción primaria
dada al pueblo más bien fue perniciosa. ¿De qué
sirvió al hombre del pueblo
el saber leer? De motivo para verse ingerido
como instrumento en la
gestión de la vida política, que no conocía; para
instruirse en el veneno de
la prensa electoral, que contamina y destruye
en vez de ilustrar; para
leer insultos, injurias, sofismas y proclamas de
incendio, lo único que pica
y estimula su curiosidad inculta y grosera.
No pretendo que deba
negarse al pueblo la instrucción primaria, sino que
es un medio impotente de
mejoramiento comparado con otros, que se han
desatendido.
La instrucción superior en
nuestras Repúblicas no fue menos estéril e
inadecuada a nuestras
necesidades. ¿Qué han sido nuestros institutos y
universidades de
Sudamérica, sino fábricas de charlatanismo, de ociosidad,
de demagogia y de
presunción titulada?
Los ensayos de Rivadavia,
en la instrucción secundaria, tenían el defecto
de que las ciencias morales
y filosóficas eran preferidas a las ciencias
prácticas y de aplicación,
que son las que deben ponernos en aptitud de
vencer esta naturaleza
selvática que nos domina por todas partes, siendo
la principal misión de
nuestra cultura actual el convertirla y vencerla.
El principal
establecimiento se llamó colegio de ciencias morales. Habría
sido mejor que se titulara
y fuese colegio de ciencias exactas y de artes
aplicadas a la industria.
No pretendo que la moral
deba ser olvidada. Sé que sin ella la industria
es imposible; pero los
hechos prueban que se llega a la moral más presto
por el camino de los
hábitos laboriosos y productivos de esas nociones
honestas, que no por la
institución abstracta. Estos países necesitan más
de ingenieros, de geólogos
y naturalistas que de abogados y teólogos. Su
mejora se hará con caminos,
con pozos artesianos, con inmigraciones, y no
con periódicos agitadores o
serviles, ni con sermones o leyendas.
En nuestros planes de
instrucción debemos huir de los sofistas, que hacen
demagogos, y del
monaquismo, que hace esclavos y caracteres disimulados.
Que el clero se eduque a sí
mismo, pero no se encargue de formar nuestros
abogados y estadistas, nuestros
negociantes, marinos y guerreros. ¿Podrá
el clero dar a nuestra
juventud los instintos mercantiles e industriales
que deben distinguir al
hombre de Sudamérica? ¿Sacará de sus manos esa
fiebre de actividad y de
empresa que lo haga ser el yankee
hispanoamericano?
La instrucción, para ser
fecunda, ha de contraerse a ciencias y artes de
aplicación; a cosas
prácticas, a lenguas vivas, a conocimientos de
utilidad material e
inmediata.
El idioma inglés, como
idioma de la libertad, de la industria y del orden,
debe ser aún más
obligatorio que el latín; no debiera darse diploma ni
título universitario al
joven que no lo hable y escriba. Esa sola
innovación obraría un
cambio fundamental en la educación de la juventud.
¿Cómo recibir el ejemplo y
la acción civilizadora de la raza anglosajona
sin la posesión general de
su lengua?
El plan de instrucción debe
multiplicar las escuelas de comercio y de la
industria, fundándolas en
pueblos mercantiles.
Nuestra juventud debe ser
educada en la vida industrial, y para ello ser
instruida en las artes y
ciencias auxiliares de la industria. El tipo de
nuestro hombre sudamericano
debe ser el hombre formado para vencer al
grande y agobiante enemigo
de nuestro progreso: el desierto, el atraso
material, la naturaleza
brota y primitiva de nuestro continente.
A este fin debe propenderse
a sacar a nuestra juventud de las ciudades
mediterráneas, donde
subsiste el antiguo régimen con sus hábitos de
ociosidad, presunción y
disipación, y atraerla a los pueblos litorales,
para que se inspire de la
Europa, que viene a nuestro suelo, y de los
instintos de la vida
moderna.
Los pueblos litorales, por el hecho de serlo, son liceos más
instructivos
que nuestras pretenciosas
universidades.
La industria es el único
medio de encaminar la juventud al orden. Cuando
Inglaterra ha visto arder
Europa en la guerra civil, no ha entregado su
juventud al misticismo para
salvarse; ha levantado un templo a la
industria y le ha rendido
un culto, que ha obligado a los demagogos a
avergonzarse de su locura.
La industria es el calmante
por excelencia. Ella conduce por el bienestar
y por la riqueza al orden,
por el orden a la libertad: ejemplos de ello
son Inglaterra y los
Estados Unidos. La instrucción en América debe
encaminar sus propósitos a
la industria.
La industria es el gran
medio de moralización. Facilitando los medios de
vivir, previene el delito,
hijo las más veces de la miseria y del ocio. En
vano llenaréis la
inteligencia de la juventud de nociones abstractas sobre
religión; si la dejáis ociosa
y pobre, a menos que no la entreguéis a la
mendicidad monacal, será
arrastrada a la corrupción por el gusto de las
comodidades que no puede
obtener por falta de medios. Será corrompida sin
dejar de ser fanática.
Inglaterra y los Estados Unidos han llegado a la
moralidad religiosa por la
industria; y España no ha podido llegar a la
industria y a la libertad
por simple devoción. España no ha pecado nunca
por impía; pero no le ha
bastado eso para escapar de la pobreza, de la
corrupción y del
despotismo.
La religión, base de toda
sociedad, debe ser entre nosotros ramo de
educación, no de
instrucción. Prácticas y no ideas religiosas es lo que
necesitamos. Italia ha
llenado de teólogos el mundo; y tal vez los Estados
Unidos no cuentan uno solo.
¿Quién diría, sin embargo, que son más
religiosas las costumbres
italianas que las de Norteamérica? La América
del Sur no necesita del
cristianismo de gacetas, de exhibición y de
parada; del cristianismo académico de Montalembert, ni del
cristianismo
literario de Chateaubriand.
Necesita de la religión el hecho, no la
poesía; y ese hecho vendrá
por la educación práctica, no por la prédica
estéril y verbosa.
En cuanto a la mujer,
artífice modesto y poderoso que, desde su rincón,
hace las costumbres
privadas y públicas, organiza la familia, prepara el
ciudadano y echa las bases
del Estado, su instrucción no debe ser
brillante. No debe
consistir en talentos de ornato y lujo exterior, como
la música, el baile, la
pintura, según ha sucedido hasta aquí. Necesitamos
señoras y no artistas. La
mujer debe brillar con el brillo del honor, de
la dignidad, de la modestia
de su vida. Sus destinos son serios; no ha
venido al mundo para ornar
el salón, sino para hermosear la soledad
fecunda del hogar. Darle
apego a su casa, es salvarla; y para que la casa
la atraiga, se debe hacer
de ella un Edén. Bien se comprende que la
conservación de ese Edén
exige una asistencia y una laboriosidad
incesantes, y que una mujer
laboriosa no tiene el tiempo de perderse, ni
el gusto de disiparse en
vanas reuniones. Mientras la mujer viva en la
calle y en medio de las
provocaciones, recogiendo aplausos, como actriz,
en el salón, rozándose como
un diputado entre esa especie de público que
se llama la sociedad,
educará los hijos a su imagen, servirá a la
República como Lola Montes,
y será útil para sí misma y para su marido
como una Mesalina más o
menos decente.
He hablado de la
instrucción.
Diré ahora cómo debe
operarse nuestra educación.
XIV
Acción civilizadora de
Europa en las Repúblicas de Sudamérica.
Las Repúblicas de la
América del Sur son producto y testimonio vivo de la
acción de Europa en
América. Lo que llamamos América independiente no es
más que Europa establecida
en América; y nuestra revolución no es otra
cosa que la desmembración
de un poder europeo en dos mitades, que hoy se
manejan por sí mismas.
Todo en la civilización de
nuestro suelo es europeo; la América misma es
un descubrimiento europeo.
La sacó a luz un navegante genovés, y fomentó
el descubrimiento una soberana de España. Cortés, Pizarro,
Mendoza,
Valdivia, que no nacieron
en América, la poblaron de la gente que hoy la
posee, que ciertamente no
es indígena.
No tenemos una sola ciudad
importante que no haya sido fundada por
europeos. Santiago fue
fundada por un extranjero llamado Pedro Valdivia y
Buenos Aires por otro
extranjero que se llamó Pedro de Mendoza.
Todas nuestras ciudades
importantes recibieron nombres europeos de sus
fundadores extranjeros. El
nombre mismo de América fue tomado de uno de
uno de esos descubridores
extranjeros, Américo Vespucio, de Florencia.
Hoy mismo, bajo la
independencia, el indígena no figura ni compone mundo
en nuestra sociedad política
y civil.
Nosotros, los que nos
llamamos americanos, no somos otra cosa que europeos
nacidos en América. Cráneo,
sangre, color, todo es de fuera.
El indígena nos hace
justicia; nos llama españoles hasta el día. No
conozco persona distinguida
de nuestra sociedad que lleve apellido
pehuenche o araucano. El
idioma que hablamos es de Europa. Para
humillación de los que
reniegan de su influencia, tienen que maldecirla en
lengua extranjera. El
idioma español lleva su nombre consigo.
Nuestra religión cristiana
ha sido traída a América por los extranjeros. A
no ser por Europa, hoy
América estaría adorando al sol, a los árboles, a
las bestias, quemando
hombres en sacrificio y no conocería el matrimonio.
La mano de Europa plantó la
cruz de Jesucristo en la América antes gentil.
¡Bendita sea por esto sólo
la mano de Europa!
Nuestras leyes antiguas y
vigentes fueron dadas por reyes extranjeros, y a
favor de ellos tenemos hasta
hoy códigos civiles, de comercio y
criminales. Nuestras leyes
patrias son copias de leyes extranjeras.
Nuestro régimen
administrativo en hacienda, impuestos, rentas, etc., es
casi hoy la obra de Europa.
¿Y qué son nuestras constituciones políticas
sino adopción de sistemas
europeos de gobierno? ¿Qué es nuestra gran
revolución, en cuanto a
ideas, sino una faz de la Revolución de Francia?
Entrad en nuestras
universidades, y dadme ciencia que no sea europea; en
nuestras bibliotecas, y dadme un libro útil que no sea extranjero.
Reparad en el traje que
lleváis, de pies a cabeza, y será raro que la
suela de vuestro calzado
sea americana. ¿Qué llamamos buen tono, sino lo
que es europeo? ¿Quién lleva
la soberanía de nuestras modas, usos
elegantes y cómodos? Cuando
decimos confortable, conveniente, bien, comme
il faut, ¿aludimos a cosas
de los araucanos?
¿Quién conoce caballero
entre nosotros que haga alarde de ser indio neto?
¿Quién casaría a su hermana o a su hija con un infanzón de la
Araucania, y
no mil veces con un
zapatero inglés?
En América todo lo que no
es europeo es bárbaro: no hay más división que
ésta: 1°, el indígena, es
decir, el salvaje; 2°, el europeo, es decir,
nosotros, los que hemos
nacido en América y hablamos español, los que
creemos en Jesucristo y no
en Pillán (dios de los indígenas).
No hay otra división del
hombre americano. La división en hombre de la
ciudad y hombres de las
campañas es falsa, no existe; es reminiscencia de
los estudios de Niebuhr
sobre la historia primitiva de Roma. Rosas no ha
dominado con ganchos, sino
con la ciudad. Los principales unitarios fueron
hombres del campo, tales
como Martín Rodríguez, los Ramos, los Miguens,
los Díaz Vélez: por el
contrario, los hombres de Rosas, los Anchorena, los
Medrano, los Dorrego, los
Arana, fueron educados en las ciudades. La
mazorca no se componía de
gauchos.
La única subdivisión que
admite el hombre americano español es en hombre
del litoral y hombre de
tierra adentro o mediterráneo. Esta división es
real y profunda. El primero
es fruto de la acción civilizadora de la
Europa de este siglo, que
se ejerce por el comercio y por la inmigración,
en los pueblos de la costa.
El otro es obra de la Europa del siglo XVI, de
la Europa del tiempo de la
conquista, que se conserva intacto como en un
recipiente en los pueblos interiores
de nuestro continente, donde lo
colocó España, con el
objeto de que se conservase así.
De Chuquisaca a Valparaíso
hay tres siglos de distancia: y no es el
instituto de Santiago el
que ha creado esta diferencia en favor de esta
ciudad. No son nuestros
pobres colegios los que han puesto el litoral de
Sudamérica trescientos años
más adelante que las ciudades mediterráneas.
Justamente carece de
universidades el litoral. A la acción viva de la
Europa actual, ejercida por
medio del comercio libre, por la inmigración y
por la industria, en los
pueblos de la margen, se debe su inmenso progreso
respecto de los otros.
En Chile no han salido del
Instituto los Portales, los Rengifo y los
Urmeneta, hombres de Estado que han ejercido alto influjo. Los
dos Egañas,
organizadores ilustres de
Chile, se inspiraron en Europa de sus fecundos
trabajos. Más de una vez
los jefes y los profesores del Instituto han
tomado de Valparaíso sus
más brillantes y útiles inspiraciones de
gobierno.
Desde el siglo XVI hasta
hoy no ha cesado Europa un sólo día de ser el
manantial y origen de la
civilización de este continente. Bajo el antiguo
régimen, Europa desempeñó
ese papel por conducto de España. Esta nación
nos trajo la última
expresión de la Edad Media, y el principio del
renacimiento de la
civilización en Europa.
Con la revolución americana
acabó la acción de la Europa española en este
continente; pero tomó su lugar la acción de la Europa
anglosajona y
francesa. Los americanos de
hoy somos europeos que hemos cambiado de
maestros: a la iniciativa
española ha sucedido la inglesa y francesa. Pero
siempre es Europa la obrera
de nuestra civilización. El medio de acción ha
cambiado, pero el producto
es el mismo. A la acción oficial o
gubernamental ha sucedido
la acción social, de pueblo, de raza. La Europa
de estos días no hace otra
cosa en América que completar la obra de la
Europa de la Edad Media,
que se mantiene embrionaria, en la mitad de su
formación. Su medio actual
de influencia no será la espada, no será la
conquista. Ya América está
conquistada, es europea y por lo mismo
inconquistable. La guerra
de conquista supone civilizaciones rivales,
Estados opuestos—el salvaje
y el europeo, v. g. Este antagonismo no
existe; el salvaje está
vencido, en América no tiene dominio ni señorío.
Nosotros, europeos de raza
y de civilización, somos los dueños de América.
Es tiempo de reconocer esta
ley de nuestro progreso americano, y volver a
llamar en socorro de
nuestra cultura incompleta a esa Europa, que hemos
combatido y vencido por las
armas en los campos de batalla, pero que
estamos lejos de vencer en
los campos del pensamiento y de la industria.
Alimentando rencores de
circunstancias, todavía hay quienes se alarman con
el solo nombre de Europa;
todavía hay quienes abrigan temores de perdición
y esclavitud.
Tales sentimientos
constituyen un estado de enfermedad en nuestros
espíritus sudamericanos,
sumamente aciago a nuestra prosperidad, y digno
por lo mismo de estudiarse.
Los reyes de España nos
enseñaron a odiar bajo el nombre de extranjero a
todo el que no era español.
Los libertadores de 1810, a su vez, nos
enseñaron a detestar bajo
el nombre de europeo a todo el que no había
nacido en América. España
misma fue comprendida en este odio. La cuestión
de guerra se estableció en
estos términos: Europa y América, el viejo
mundo y el mundo de Colón.
Aquel odio se llamó lealtad y éste patriotismo.
En su tiempo esos odios
fueron resortes útiles y oportunos; hoy son
preocupaciones aciagas a la
prosperidad de estos países.
La prensa, la instrucción,
la historia, preparadas para el pueblo, deben
trabajar para destruir las
preocupaciones contra el extranjerismo, por ser
obstáculo que lucha de
frente con el progreso de este continente. La
aversión al extranjero es
barbarie en otras naciones; en las de América
del Sur es algo más, es
causa de ruina y de disolución de la sociedad de
tipo español. Se debe
combatir esa tendencia ruinosa con las armas de la
credulidad misma y de la
verdad grosera que están al alcance de nuestras
masas. La prensa de
iniciación y propaganda del verdadero espíritu de
progreso debe preguntar a
los hombres de nuestro pueblo si se consideran
de raza indígena, si se
tienen por indios pampas o pehuenches de origen,
si se creen descendientes
de salvajes y gentiles, y no de las razas
extranjeras que trajeron la
religión de Jesucristo y la civilización de
Europa a este continente,
en otro tiempo patria de gentiles.
Nuestro apostolado de
civilización debe poner de bulto y en toda su
desnudez material, a los
ojos de nuestros buenos pueblos envenenados de
prevención contra lo que constituye
su vida y progreso, los siguientes
hechos de evidencia
histórica. Nuestro santo papa Pío IX, actual jefe de
la Iglesia Católica, es un
extranjero, un italiano, como han sido
extranjeros cuantos papas
lo han precedido, y lo serán cuantos lo sucedan
en la santa silla.
Extranjeros son los santos que están en nuestros
altares y nuestro pueblo
creyente se arrodilla todos los días ante esos
beneméritos santos
extranjeros, que nunca pisaron el suelo de América, ni
hablaron castellano los
más.
San Eduardo, Santo Tomás,
San Galo, Santa Ursula, Santa Margarita y muchos
otros santos católicos eran
ingleses, eran extranjeros a nuestra nación y
a nuestra lengua. Nuestro
pueblo no los entendería si los oyese hablar en
inglés, que era su lengua,
y los llamaría gringos, tal vez.
San Ramón Nonato era
catalán, San Lorenzo, San Felipe Benicio, San Anselmo
y San Silvestre eran
italianos, iguales en origen a esos extranjeros que
nuestro pueblo apellida con desprecio carcamanes, sin recordar
que tenemos
infinitos carcamanes en
nuestros altares. San Nicolás era suizo y San
Casimiro era húngaro.
Por fin, el Hombre Dios,
Nuestro Señor Jesucristo, no nació en América,
sino en Asia, en Belén,
ciudad pequeña de Judá, país dos veces más
distante y extranjero de
nosotros que Europa. Nuestro pueblo, escuchando
su divina palabra, no lo
habría entendido, porque no hablaba castellano;
lo habría llamado
extranjero, porque lo era en efecto: pero ese divino
extranjero, que ha
suprimido las fronteras y hecho de todos los pueblos de
la Tierra una familia de
hermanos, ¿no consagra y ennoblece, por decirlo
así, la condición del extranjero,
por el hecho de ser la suya misma?
Recordemos a nuestro pueblo
que la patria no es el suelo. Tenemos suelo
hace tres siglos, y sólo
tenemos patria desde 1810. La patria es la
libertad, es el orden, la
riqueza, la civilización organizados en el suelo
nativo, bajo su enseña y en
su nombre. Pues bien; esto se nos ha traído
por Europa: es decir,
Europa nos ha traído la noción del orden, la ciencia
de la libertad, el arte de
la riqueza, los principios de la civilización
cristiana. Europa, pues,
nos ha traído la patria, si agregamos que nos
trajo hasta la población,
que constituye el personal y el cuerpo de la
patria.
Nuestros patriotas de la
primera época no son los que poseen ideas más
acertadas del modo de hacer
prosperar esta América que con tanto acierto
supieron sustraer al poder
español. Las nociones del patriotismo, el
artificio de una causa
puramente americana de que se valieron como medio
de guerra conveniente a
aquel tiempo, los dominan y poseen todavía. Así
hemos visto a Bolívar hasta
1826 provocar ligas para contener a Europa,
que nada pretendía, y al
general San Martín aplaudir en 1844 la
resistencia de Rosas a
reclamaciones accidentales de algunos Estados
europeos. Después de haber
representado una necesidad real y grande de la
América de aquel tiempo,
desconocen hoy hasta cierto punto las nuevas
exigencias de este
continente. La gloria militar, que absorbió su vida,
los preocupa todavía más
que el progreso.
Sin embargo, a la necesidad
de gloria ha sucedido la necesidad de provecho
y de comodidad, y el
heroísmo guerrero no es ya el órgano competente de
las necesidades prosaicas
del comercio y de la industria, que constituyen
la vida actual de estos
países.
Enamorados de su obra, los
patriotas de la primera época se asustan de
todo lo que creen
comprometerla.
Pero nosotros, más fijos en
la obra de la civilización que en la del
patriotismo de cierta
época, vimos venir sin pavor todo cuanto América
puede producir en
acontecimientos grandes. Penetrados de que su situación
actual es de transición, de
que sus destinos futuros son tan grandes como
desconocidos, nada nos
asusta y en todo fundamos sublimes esperanzas de
mejora. Ella no está bien;
está desierta, solitaria, pobre. Pide
población, prosperidad.
¿De dónde le vendrá esto en
lo futuro? Del mismo origen de que vino antes
de ahora: de Europa.
XV
De la inmigración como
medio de progreso y de cultura para la América del
Sur. Medios de fomentar la
inmigración. Tratados extranjeros. La
inmigración espontánea y no
la artificial. Tolerancia religiosa.
Ferrocarriles. Franquicias.
Libre navegación fluvial.
¿Cómo, en qué forma vendrá
en lo futuro el espíritu vivificante de la
civilización europea a
nuestro suelo? Como vino en todas épocas: Europa
nos traerá su espíritu
nuevo, sus hábitos de industria, sus prácticas de
civilización, en las
inmigraciones que nos envíe.
Cada europeo que viene a
nuestras playas nos trae más civilizaciones en
sus hábitos, que luego
comunica a nuestros habitantes, que muchos libros
de filosofía. Se comprende
mal la perfección que no se ve, toca ni palpa.
Un hombre laborioso es el
catecismo más edificante.
¿Queremos plantar y
aclimatar en América la libertad inglesa, la cultura
francesa, la laboriosidad
del hombre de Europa y de los Estados Unidos?
Traigamos pedazos vivos de
ellas en las costumbres de sus habitantes y
radiquémoslas aquí.
¿Queremos que los hábitos
de orden, de disciplina y de industria
prevalezcan en nuestra
América? Llenémosla de gente que posea hondamente
esos hábitos. Ellos son
comunicativos; al lado del industrial europeo
pronto se forma el
industrial americano. La planta de la civilización no
se propaga de semilla. Es
como la viña, prende de gajo.
Este es el medio único de
que América, hoy desierta, llegue a ser un mundo
opulento en poco tiempo. La
reproducción por sí sola es medio lentísimo.
Si queremos ver agrandados
nuestros Estados en corto tiempo, traigamos de
fuera sus elementos ya
formados y preparados.
Sin grandes poblaciones no
hay desarrollo de cultura, no hay progreso
considerable; todo es
mezquino y pequeño. Naciones de medio millón de
habitantes, pueden serlo
por su territorio; por su población serán
provincias, aldeas; y todas
sus cosas llevarán siempre el sello mezquino
de provincia.
Aviso importante a los
hombres de Estado sudamericanos: las escuelas
primarias, los liceos, las
universidades, son, por sí solos, pobrísimos
medios de adelanto sin las
grandes empresas de producción, hijas de las
grandes porciones de
hombres.
La población—necesidad
sudamericana que representa todas las demás—es la
medida exacta de la capacidad
de nuestros gobiernos. El ministro de Estado
que no duplica el censo de
estos pueblos cada diez años, ha perdido su
tiempo en bagatelas y
nimiedades.
Haced pasar el roto, el
gaucho, el cholo, unidad elemental de nuestras
masas populares, por todas
las transformaciones del mejor sistema de
instrucción; en cien años
no haréis de él un obrero inglés, que trabaja,
consume, vive digna y
confortablemente. Poned el millón de habitantes, que
forma la población media de
estas Repúblicas, en el mejor pie de educación
posible, tan instruido como
el cantón de Ginebra en Suiza, como la más
culta provincia de Francia:
¿tendréis con eso un grande y floreciente
Estado? Ciertamente que no:
un millón de hombres en territorio cómodo para
50 millones, ¿es otra cosa
que una miserable población?
Se hace este argumento:
educando nuestras masas, tendremos orden; teniendo
orden vendrá la población
de fuera.
Os diré que invertís el
verdadero método de progreso. No tendréis orden ni
educación popular, sino por
el influjo de masas introducidas con hábitos
arraigados de ese orden y
buena educación.
Multiplicad la población
seria, y veréis a los vanos agitadores,
desairados y solos, con sus
planes de revueltas frívolas, en medio de un
mundo absorbido por
ocupaciones graves.
¿Cómo conseguir todo esto?
Más fácilmente que gastando millones en
tentativas mezquinas de
mejoras interminables.
Tratados extranjeros.
Firmad tratados con el extranjero en que deis
garantías de que sus
derechos naturales de propiedad, de libertad civil,
de seguridad, de
adquisición y de tránsito, les serán respetados. Esos
tratados serán la más bella
parte de la Constitución; la parte exterior,
que es llave del progreso
de estos países, llamados a recibir su
acrecentamiento de fuera.
Para que esa rama del derecho público sea
inviolable y duradera,
firmad tratados por término indefinido o
prolongadísimo. No temáis
encadenaros al orden y a la cultura.
Temer que los tratados sean
perpetuos es temer que se perpetúen las
garantías individuales en
nuestro suelo. El tratado argentino con la Gran
Bretaña ha impedido que
Rosas hiciera de Buenos Aires otro Paraguay.
No temáis enajenar el
porvenir remoto de nuestra industria a la
civilización, si hay riesgo
de que la arrebaten la barbarie o la tiranía
interiores. El temor a los
tratados es resabio de la primera época
guerrera de nuestra
revolución: es un principio viejo y pasado de tiempo,
o una imitación indiscreta
y mal traída de la política exterior que
Washington aconsejaba a los
Estados Unidos en circunstancias y por motivos
del todo diferentes de los
que nos cercan.
Los tratados de amistad y
comercio son el medio honorable de colocar la
civilización sudamericana
bajo el protectorado de la civilización del
mundo. ¿Queréis, en efecto,
que nuestras constituciones y todas las
garantías de industria, de
propiedad y libertad civil, consagradas por
ellas, vivan inviolables
bajo el protectorado del cañón de todos los
pueblos, sin mengua de
nuestra nacionalidad? Consignad los derechos y
garantías civiles, que
ellas otorgan a sus habitantes, en tratados de
amistad, de comercio y de
navegación con el extranjero. Manteniendo,
haciendo él mantener los
tratados, no hará sino mantener nuestra
Constitución. Cuantas más
garantías deis al extranjero, mayores derechos
asegurados tendréis en
vuestro país.
Tratad con todas las
naciones, no con algunas, conceded a todas las mismas
garantías, para que ninguna
pueda subyugaros, y para que las unas sirvan
de obstáculo contra las aspiraciones de las otras. Si Francia
hubiera
tenido en el Plata un
tratado igual al de Inglaterra, no habría existido
la emulación oculta bajo el
manto de una alianza, que por diez años ha
mantenido el malestar de
las cosas del Plata, obrando a medias y siempre
con la segunda mira de
conservar ventajas exclusivas y parciales.
Plan de inmigración. La
inmigración espontánea es la verdadera y grande
inmigración. Nuestros
gobiernos deben proveerla, no haciéndose ellos
empresarios, no por
mezquinas concesiones de terreno habitables por osos,
en contratos falaces y
usurarios, más dañinos a la población que al
poblador, no por puñaditos
de hombres, por arreglillos propios para hacer
el negocio de algún
especulador influyente; eso es la mentira, la farsa de
la inmigración fecunda;
sino por el sistema grande, largo y desinteresado,
que ha hecho nacer a
California en cuatro años por la libertad prodigada,
por franquicias que hagan olvidar su condición al extranjero,
persuadiéndolo de que
habita su patria; facilitando, sin medida ni regla,
todas las miras legitimas,
todas las tendencias útiles.
Los Estados Unidos son un
pueblo tan adelantado porque se componen y se
han compuesto
incesantemente de elementos europeos. En todas épocas han
recibido una inmigración
abundantísima de Europa. Se engañan los que creen
que ella sólo data desde la
época de la Independencia. Los legisladores de
los Estados propendían a
eso muy sabiamente; y uno de los motivos de su
rompimiento perpetuo con la
metrópoli fue la barrera o dificultad que
Inglaterra quiso poner a
esta inmigración que insensiblemente convertía en
colosos sus colonias. Ese
motivo está invocado en el acta misma de la
declaración de la
independencia de los Estados Unidos. Véase según eso, si
la acumulación de
extranjeros impidió a los Estados Unidos conquistar su
independencia y crear una
nacionalidad grande y poderosa.
Tolerancia religiosa. Si
queréis pobladores morales y religiosos, no
fomentéis el ateísmo. Si
queréis familias que formen las costumbres
privadas, respetad su altar
a cada creencia. La América española, reducida
al catolicismo con
exclusión de otro culto, representa un solitario y
silencioso convento de
monjes. El dilema es fatal: o católica
exclusivamente y
despoblada; o poblada y próspera, y tolerante en materia
de religión. Llamar la raza anglosajona y las poblaciones de
Alemania, de
Suecia y de Suiza, y
negarles el ejercicio de su culto, es lo mismo que no
llamarlas, sino por
ceremonia, por hipocresía de liberalismo.
Esto es verdadero a la
letra: excluir los cultos disidentes de la América
del Sur, es excluir a los
ingleses, a los alemanes, a los suizos, a los
norteamericanos, que no son
católicos; es decir, a los pobladores de que
más necesita este
continente. Traerlos sin su culto es traerlos sin el
agente que los hace ser lo
que son; a que vivan sin religión, a que se
hagan ateos.
Hay pretensiones que
carecen de sentido común, y es una de ellas querer
población, familias,
costumbres y al mismo tiempo rodear de obstáculos el
matrimonio del poblador
disidente: es pretender aliar la moral y la
prostitución. Si no podéis
destruir la afinidad invencible de los sexos,
¿qué hacéis con arrebatar
la legitimidad a las uniones naturales?
Multiplicar las concubinas
en vez de las esposas; destinar a nuestras
mujeres americanas a ser
escarnio de los extranjeros; hacer que los
americanos nazcan
manchados; llenar toda nuestra América de guachos, de
prostitutas, de
enfermedades, de impiedad, en una palabra. Eso no se puede
pretender en nombre del
catolicismo sin insulto a la magnificencia de esta
noble Iglesia, tan capaz de
asociarse a todos los progresos humanos.
Querer el fomento de la
moral en los usos de la vida y perseguir iglesias
que enseñan la doctrina de
Jesucristo, ¿es cosa que tenga sentido recto?
Sosteniendo esta doctrina
no hago otra cosa que el elogio de una ley de mi
país que ha recibido la
sanción de la experiencia. Desde octubre de 1825
existe en Buenos Aires la
libertad de cultos, pero es preciso que esa
concesión provincial se
extienda a toda la República Argentina por su
Constitución, como medio de
extender al interior el establecimiento de la
Europa inmigrante. Ya lo
está por el tratado con Inglaterra, y ninguna
constitución local,
interior, debe ser excepción o derogación del
compromiso nacional
contenido en el tratado de 2 de febrero de 1825.
España era sabia en emplear
por táctica el exclusivismo católico, como
medio de monopolizar el
poder de estos países, y como medio de civilizar
las razas indígenas. Por
eso el Código de Indias empezaba asegurando la fe
católica de las colonias.
Pero nuestras constituciones modernas no deben
copiar en eso la
legislación de Indias, porque es restablecer el antiguo
régimen de monopolio en
beneficio de nuestros primeros pobladores
católicos, y perjudicar las
miras amplias y generosas del nuevo régimen
americano.
Inmigración mediterránea.
Hasta aquí la inmigración europea ha quedado en
los pueblos de la costa, y
de ahí la superioridad del litoral de América,
en cultura, sobre los
pueblos de tierra adentro.
Bajo el gobierno independiente ha continuado el sistema de la
legislación
de Indias que excluía del
interior al extranjero bajo las más rígidas
penas. El título 27 de la
Recopilación Indiana contiene 38 leyes
destinadas a cerrar herméticamente
el interior de la América del Sur al
extranjero no peninsular.
La más suave de ellas era la ley 7a, que imponía
la pena de muerte al que
trataba con extranjeros. La ley 9a mandaba
limpiarla tierra de
extranjeros, en obsequio del mantenimiento de la fe
católica.
¿Quién no ve que la obra
secular de esa legislación se mantiene hasta hoy
latente en las entrañas del
nuevo régimen? ¿Cuál otro es el origen de las
resistencias que hasta hoy
mismo halla el extranjero en el interior de
nuestros países de
Sudamérica?
Al nuevo régimen le toca
invertir el sistema colonial, y sacar al interior
de su antigua clausura,
desbaratando por una legislación contraria y
reaccionaria de la de Indias
el espíritu de reserva y de exclusión que
había formado ésta en
nuestras costumbres.
Pero el medio más eficaz de
elevar la capacidad y cultura de nuestros
pueblos de situación
mediterránea a la altura y capacidad de las ciudades
marítimas es aproximarlos a
la costa, por decirlo así, mediante un sistema
de vías de transporte
grande y liberal, que los ponga al alcance de la
acción civilizante de
Europa.
Los grandes medios de
introducir Europa en los países interiores de
nuestro continente, en
escala y proporciones bastante poderosas para obrar
un cambio portentoso en
pocos años, son el ferrocarril, la libre
navegación interior y la
libertad comercial. Europa viene a estas lejanas
regiones en alas del
comercio y de la industria, y busca la riqueza en
nuestro continente. La
riqueza, como la población, como la cultura, es
imposible donde los medios
de comunicación son difíciles, pequeños y
costosos.
Ella viene a América al
favor de la facilidad que ofrece el océano.
Prolongad el Océano hasta
el interior de este continente por el vapor
terrestre y fluvial, y
tendréis el interior tan lleno de inmigrantes
europeos como el litoral.
Ferrocarriles. El
ferrocarril es el medio de dar vuelta al derecho lo que
la España colonizadora
colocó al revés en este continente. Ella colocó las
cabezas de nuestros Estados
donde deben estar los pies. Para sus miras de
aislamiento y monopolio,
fue sabio ese sistema; para las nuestras de
expansión y libertad
comercial, es funesto. Es preciso traer las capitales
a las costas, o bien llevar
el litoral al interior del continente. El
ferrocarril y el telégrafo
eléctrico, que son la supresión del espacio,
obran este portento mejor
que todos los potentados de la tierra. El
ferrocarril innova, reforma
y cambia las cosas más difíciles, sin decretos
ni asonadas.
El hará la unidad de la
República Argentina mejor que todos los congresos.
Los congresos podrán
declarar una e indivisible; sin el camino de fierro
que acerque sus extremos
remotos, quedará siempre divisible y dividida
contra todos los decretos
legislativos.
Sin el ferrocarril no
tendréis unidad política en países donde la
distancia hace imposible la
acción del poder central. ¿Queréis que el
gobierno, que los
legisladores, que los tribunales de la capital litoral,
legislen y juzguen los
asuntos de las provincias de San Juan y Mendoza,
por ejemplo? Traed el
litoral hasta esos parajes por el ferrocarril, o
viceversa; colocad esos
extremos a tres días de distancia, por lo menos.
Pero tener la metrópoli o
capital a 20 días es poco menos que tenerla en
España, como cuando regia
el sistema antiguo, que destruimos por ese
absurdo especialmente. Así,
pues, la unidad política debe empezar por la
unidad territorial, y sólo
el ferrocarril puede hacer de dos parajes
separados por quinientas leguas un paraje único.
Tampoco podréis llevar
hasta el interior de nuestros países la acción de
Europa por medio de sus
inmigraciones, que hoy regeneran nuestras costas,
sino por vehículos tan
poderosos como los ferrocarriles. Ellos son o serán
a la vida local de nuestros
territorios interiores lo que las grandes
arterias a los extremos
inferiores del cuerpo humano, manantiales de vida.
Los españoles lo conocieron
así, y en el último tiempo de su reinado en
América se ocuparon
seriamente en la construcción de un camino carril
interoceánico al través de
los Andes y del desierto argentino. Era eso un
poco más audaz que el canal
de los Andes, en que pensó Rivadavia,
penetrado de la misma necesidad. ¿Por qué llamaríamos utopía la
creación
de una vía que preocupó al
mismo Gobierno español de otra época, tan
positivo y parsimonioso en
sus grandes trabajos de mejoramiento?
El virrey Sobremonte, en 1804,
restableció el antiguo proyecto español de
canalizar el río Tercero,
para acercar los Andes al Plata; y en 1813, bajo
el Gobierno patrio, surgió
la misma idea. Con el título modesto de la
navegación del río Tercero,
escribió entonces el coronel don Pedro Andrés
García un libro que daría
envidia a Mr. Miguel Chevalier, sobre vías de
comunicación como medios de
gobierno, de comercio y de industria.
Para tener ferrocarriles,
abundan medios en estos países. Negociad
empréstitos en el
extranjero, empeñad vuestras rentas y bienes nacionales
para empresas que los harán
prosperar y multiplicarse. Seria pueril
esperar a que las rentas
ordinarias alcancen para gastos semejantes;
invertid esa orden, empezad
por los gastos, y tendréis rentas. Si
hubiésemos esperado a tener
rentas capaces de costear los gastos de la
guerra de la independencia
contra España, hoy seríamos colonos. Con
empréstitos tuvimos
cañones, fusiles, buques y soldados, y conseguimos
hacernos independientes. Lo
que hicimos para salir de la esclavitud, debe
mas hacer para salir del
atraso, que es igual a la servidumbre: la gloria
no debe tener más títulos
que la civilización.
Pero no obtendréis
préstamos si no tenéis crédito nacional, es decir, un
crédito fundado en las
seguridades y responsabilidades unidas de todos los
pueblos del Estado. Con
créditos de cabildos o provincias, no haréis
caminos de hierro, ni nada grande.
Uníos en cuerpo de nación, consolidad
la responsabilidad de
vuestras rentas y caudales presentes y futuros, y
tendréis quien os preste
millones para atender a vuestras necesidades
locales y generales; porque
si no tenéis plata hoy, tenéis los medios de
ser opulentos mañana.
Dispersos y reñidos, no esperéis sino pobreza y
menosprecio.
Franquicias, privilegios.
Proteged al mismo tiempo empresas particulares
para la construcción de
ferrocarriles. Colmadlas de ventajas, de
privilegios, de todo el
favor imaginable, sin deteneros en medios.
Preferid este expediente a
cualquier otro. En Lima se ha dado todo un
convento y 99 años de
privilegio al primer ferrocarril entre la capital y
el litoral: la mitad de todos los conventos allí existentes habría
sido
bien dada, siendo
necesario. Los caminos de fierro son en este siglo lo
que los conventos eran en
la Edad Media: cada época tiene sus agentes de
cultura. El pueblo de la
Caldera se ha improvisado alrededor de un
ferrocarril, como en otra
época se formaba alrededor de una iglesia; el
interés es el mismo:
aproximar al hombre de su Creador por la perfección
de su naturaleza;
¿Son insuficientes nuestros
capitales para esas empresas? Entregadlos
entonces a capitales
extranjeros. Dejad que los tesoros de fuera como los
hombres se domicilien en
nuestro suelo. Rodead de inmunidad y de
privilegios el tesoro
extranjero, para que se naturalice entre nosotros.
Esta América necesita de
capitales tanto como de población. El inmigrante
sin dinero es un soldado
sin armas. Haced que inmigren los pesos en estos
países de riqueza futura y
pobreza actual. Pero el peso es un inmigrado
que exige muchas
concesiones y privilegios. Dádselos, porque el capital es
el brazo izquierdo del
progreso de estos países. Es el secreto de que se
valieron los Estados Unidos
y Holanda para dar impulso mágico a su
industria y comercio. Las Leyes de Indias para civilizar este
continente,
como en la Edad Media por
la propaganda religiosa, colmaban de privilegios
a los conventos, como medio
de fomentar el establecimiento de estas
guardias avanzadas de la
civilización de aquella época. Otro tanto deben
hacer nuestras leyes
actuales, para dar pábulo al desarrollo industrial y
comercial, prodigando el
favor a las empresas industriales que levanten su
bandera atrevida en los
desiertos de nuestro continente. El privilegio a
la industria heroica es el
aliciente mágico para atraer riquezas de fuera.
Por eso los Estados Unidos
asignaron al Congreso general, entre sus
grandes atribuciones, la de
fomentar la prosperidad de la Confederación
por la concesión de
privilegios a los autores e inventores; y aquella
tierra de libertad se ha
fecundado, entre otros medios, por privilegios
dados por la libertad al
heroísmo de empresa, al talento de mejoras.
Navegación interior. Los
grandes ríos, esos caminos que andan, como decía
Pascal, son otro medio de
internar la acción civilizadora de Europa por la
imaginación de sus
habitantes en lo interior de nuestro continente. Pero
los ríos que no se navegan
son como si no existieran. Hacerlos del dominio
exclusivo de nuestras
banderas indigentes y pobres es como tenerlos sin
navegación. Para que ellos
cumplan el destino que han recibido de Dios,
poblando el interior del
continente, es necesario entregarlos a la ley de
los mares, es decir, a la
libertad absoluta. Dios no los ha hecho grandes
como mares mediterráneos
para que sólo se naveguen por una familia.
Proclamad la libertad de
sus aguas. Y para que sea permanente, para que la
mano inestable de nuestros
gobiernos no derogue hoy lo que acordó ayer,
firmad tratados perpetuos
de libre navegación.
Para escribir esos
tratados, no leáis a Wattel ni a Martens, no recordéis
el Elba y el Mississippi.
Leed en el libro de las necesidades de
Sudamérica, y lo que ellas
dicten, escribidlo con el brazo de Enrique
VIII, sin temer la risa ni
la reprobación de la incapacidad. La América
del Sur está en situación
tan critica y excepcional que sólo por medios no
conocidos podrá escapar de
ella con buen éxito. La suerte de Méjico es un
aviso de lo que traerá el
sistema de vacilación y reserva.
Que la luz del mundo
penetre en todos los ámbitos de nuestras Repúblicas.
¿Con qué derecho mantener
en perpetua brutalidad lo más hermoso de
nuestras regiones? Demos a
la civilización de la Europa actual lo que le
negaron nuestros antiguos
amos. Para ejercer el monopolio, que era la
esencia de su sistema, sólo
dieron una puerta a la República Argentina; y
nosotros hemos conservado
en nombre del patriotismo el exclusivismo del
sistema colonial. No más
exclusión ni clausura, sea cual fuere el color
que se invoque. No más
exclusivismo en nombre de la patria.
Nuevos destinos de la
América mediterránea. Que cada caleta sea un puerto;
cada afluente navegable
reciba los reflejos civilizadores de la bandera de
Albión; que en las márgenes
del Bermejo y del Pilcomayo brillen
confundidas las mismas
banderas de todas partes, que alegran las aguas del
Támesis, ría de Inglaterra
y del universo.
¡Y las aduanas!, grita la
rutina. ¡Aberración! ¿Queréis embrutecer en
nombre del fisco? ¿Pero hay
nada menos fiscal que el atraso y la pobreza?
Los Estados no se han hecho
para las aduanas, sino éstas para los Estados.
¿Teméis que a fuerza de
población y de riqueza falten recursos para
costear las autoridades,
que son indispensables para hacer respetar esas
riquezas? ¡Economía idiota,
que teme la sed entre los raudales dulces del
río del Paraná! ¿Y no
recordáis que el comercio libre con Inglaterra desde
el tiempo del gobierno
colonial tuvo un origen rentístico o fiscal en el
Río de la Plata, es decir,
que se creó la libertad para tener rentas?
Si queréis que el comercio
pueble nuestros desiertos, no matéis el tráfico
con las aduanas interiores.
Si una sola aduana está de más, ¿qué diremos
de catorce aduanas? La
aduana es la prohibición; es un impuesto que
debiera borrarse de las
rentas sudamericanas. Es un impuesto que gravita
sobre la civilización y el
progreso de estos países, cuyos elementos
vienen de fuera. Se debiera
ensayar su supresión absoluta por 20 años, y
acudir al empréstito para
llenar el déficit. Eso seria gastar, en la
libertad, que fecunda, un
poco de lo que hemos gastado en la guerra, que
esteriliza.
No temáis tampoco que la
nacionalidad se comprometa por la acumulación de
extranjeros, ni que
desaparezca el tipo nacional. Ese temor es estrecho y
preocupado. Mucha sangre
extranjera ha corrido en defensa de la
independencia americana.
Montevideo, defendido por extranjeros, ha
merecido el nombre de Nueva
Troya. Valparaíso, compuesto de extranjeros,
es el lujo de la
nacionalidad chilena. El pueblo inglés ha sido el pueblo
más conquistado de cuantos
existen; todas las naciones han pisado su suelo
y mezclado a él su sangre y
su raza. Es producto de un cruzamiento
infinito de castas; y por
eso justamente el inglés es el más perfecto de
los hombres, y su
nacionalidad tan pronunciada que hace creer al vulgo que
su raza es sin mezcla.
No temáis, pues, la
confusión de razas y de lenguas. De la Babel, del caos
saldrá algún día brillante
y nítida la nacionalidad sudamericana. El suelo
prohija a los hombres, los
arrastra, los asimila y hace suyos. El emigrado
es como el colono; deja la
madre patria por la patria de su adopción. Hace
dos mil años que se dijo
esta palabra que forma la divisa de este siglo:
Ubi bene, ibi patria.
Y ante los reclamos
europeos por inobservancia de los tratados que
firméis, no corráis a la
espada ni gritéis: ¡Conquista! No va bien tanta
susceptibilidad a pueblos
nuevos, que para prosperar necesitan de todo el
mundo. Cada edad tiene su
honor peculiar. Comprendamos el que nos
corresponde. Mirémonos mucho antes de desnudar la espada: no
porque seamos
débiles, sino porque
nuestra inexperiencia y desorden normales nos dan la
presunción de culpabilidad
ante el mundo en nuestros conflictos externos;
y sobre todo porque la paz
nos vale el doble que la gloria.
La victoria nos dará
laureles; pero el laurel es planta estéril para
América. Vale más la espiga
de la paz, que es de oro, no en la lengua del
poeta, sino en la lengua
del economista.
Ha pasado la época de los héroes; entramos hoy en la edad del
buen
sentido. El tipo de la
grandeza americana no es Napoleón, es Washington; y
Washington no representa
triunfos militares, sino prosperidad,
engrandecimiento, organización
y paz. Es el héroe del orden en la libertad
por excelencia.
Por sólo sus triunfos
guerreros hoy estaría Washington sepultado en el
olvido de su país y del
mundo. La América española tiene generales
infinitos que representan
hechos de armas más brillantes y numerosos que
los del general Washington.
Su título a la inmortalidad reside en la
constitución admirable que
ha hecho de su país el modelo del universo, y
que Washington selló con su
nombre. Rosas tuvo en su mano cómo hacer eso
en la República Argentina,
y su mayor crimen es haber malogrado esa
oportunidad.
Reducir en dos horas una
gran masa de hombres a su octava parte por la
acción del cañón: he ahí el
heroísmo antiguo y pasado.
Por el contrario,
multiplicar en pocos días una población pequeña es el
heroísmo del estadista
moderno: la grandeza de creación, en lugar de la
grandeza salvaje de
exterminio.
El censo de la población es
la regla de la capacidad de los ministros
americanos.
Desde la mitad del siglo
XVI la América interior y mediterránea ha sido un
sagrario impenetrable para
la Europa no peninsular. Han llegado los
tiempos de su franquicia
absoluta y general. En trescientos años no ha
ocurrido período más
solemne para el mundo de Colón.
La Europa del momento no
viene a tirar cañonazos a esclavos. Aspira sólo a
quemar carbón de piedra en
lo alto de los ríos, que hoy sólo corren para
los peces. Abrid sus
puertas de par en par a la entrada majestuosa del
mundo, sin discutir si es
por concesión o por derecho; y para prevenir
cuestiones, abridlas antes
de discutir. Cuando la campana del vapor haya
resonado delante de la
virginal y solitaria Asunción, la sombra de Suárez
quedará atónita a la
presencia de los nuevos misioneros, que visan
empresas desconocidas a los
jesuitas del siglo XVIII. Las aves, poseedoras
hoy de los encantados
bosques, darán un vuelo de espanto; y el salvaje del
Chaco, apoyado en el arco
de su flecha, contemplará con tristeza el curso
de la formidable máquina
que lo intima el abandono de aquellas márgenes.
Resto infeliz de la
criatura primitiva: decid adiós al dominio de vuestros
pasados. La razón despliega
hoy sus banderas sagradas en el país que no
protegerá ya con asilo
inmerecido la bestialidad de la más noble de las
razas.
Sobre las márgenes
pintorescas del Bermejo levantará algún día la gratitud
nacional un monumento en
que se lea: Al Congreso de 1852, libertador de
estas aguas, la posteridad
reconocida.
XVI
De la legislación como
medio de estimular la población y el desarrollo de
nuestras Repúblicas.
La legislación civil y comercial, los reglamentos de policía
industrial y
mercantil no deben rechazar
al extranjero que la Constitución atrae. Poco
importaría que encontrase
caminos fáciles y ríos abiertos para penetrar en
lo interior, si habla de
ser para estrellarse en leyes civiles repelentes.
Lo que se avanzaría por un
lado, se perdería por otro.
Más noble fuera excluirle
abiertamente, como hacían las Leyes de Indias,
que internarle con promesas
falaces, para hacerle víctima de un estado de
cosas enteramente colonial
y hostil. El nuevo régimen en el litoral y el
antiguo en el interior, la
libertad en la Constitución y las cadenas en
los reglamentos y las leyes
civiles, es medio seguro de desacreditar el
nuevo sistema de gobierno y
mantener el atraso de estos países.
Será preciso, pues, que las
leyes civiles de tramitación y de comercio se
modifiquen y conciban en el
sentido de las mismas tendencias que deben
presidir a la Constitución;
de la cual, en último análisis, no son otra
cosa que leyes orgánicas
las varias ramas del derecho privado.
Las exigencias económicas e
industriales de nuestra época y de la América
del Sur deben servir de
base de criterio para la reforma de nuestra
legislación interior, como
servirán para la concepción de su derecho
constitucional.
La Constitución debe dar
garantías de que sus leyes orgánicas no serán
excepciones derogatorias de
los grandes principios consagrados por ella,
como se ha visto más de una
vez. Es preciso que el derecho administrativo
no sea un medio falaz de
eliminar o escamotear las libertades y garantías
constitucionales. Por
ejemplo: La prensa es libre, dice la Constitución;
pero puede venir la ley
orgánica de la prensa y crear tantas trabas y
limitaciones al ejercicio
de esa libertad, que la deje ilusoria y
mentirosa. Es libre el
sufragio, dice la Constitución; pero vendrá la ley
orgánica electoral, y a fuerza de requisitos y limitaciones
excepcionales,
convertirá en mentira la
libertad de votar. El comercio es libre, dice la
Constitución; pero viene el
fisco con sus reglamentos, y a ejemplo de
aquella ley madrileña de
imprenta, de que hablaba Fígaro, organiza esa
libertad, diciendo:
"Con tal que ningún buque fondee sin pagar derechos de
puerto, de anclaje, de
faro; que ninguna mercadería entre o salga sin
pagar derechos a la aduana;
que nadie abra casa de trato sin pagar su
patente anual; que nadie
comercie en el interior sin pagar derechos de
peaje; que ningún documento
de crédito se firme sino en papel sellado; que
ningún comerciante se mueva
sin pasaporte, ni ninguna mercadería sin guía,
competentemente pagados al
fisco; fuera de éstas y otras limitaciones, el
comercio es completamente
libre, como dice la Constitución".
En la promulgación de
nuestras leyes patrias, hasta aquí hemos seguido por
modelo favorito la
legislación francesa. Los Códigos Civil y de Comercio
franceses tienen muchísimo
de bueno, y merecen la aplicación que de ellos
se ha hecho en la mitad de
Europa. Pero se ha notado con razón que no
están en armonía con las
necesidades económicas de esta época, tan
diferente de la época en
que se dio la legislación romana, de que son
imitación el Código Civil
moderno de Francia lo mismo que nuestro antiguo
derecho civil español.
El derecho romano, patricio
por inspiración, contrajo sus disposiciones a
la propiedad raíz más bien
que a la mobiliaria, que prevalece en nuestro
siglo comercial. Recargó
con una mira sabia para aquel tiempo de
formalidades infinitas la
adquisición y transmisión de la propiedad raíz,
y esas formalidades,
copiadas por nuestros Códigos modernos y aplicadas a
la circulación da la
propiedad mobiliaria, la despojan de la celeridad
exigida por las operaciones
del comercio. El derecho civil sudamericano
debe dar facilidades a la
industria y al comercio, simplificando las
formas y reduciendo los
requisitos de la adquisición y transmisión de la
propiedad mobiliaria,
abreviando el sistema probatorio de los actos
originarios de las
propiedades dudosas, reglando el plan de enjuiciamiento
sobre bases anchas de
publicidad, brevedad y economía.
Donde la justicia es cara,
nadie la basca, y todo se entrega al dominio de
la iniquidad. Entre la injusticia
barata y la justicia cara, no hay
término que elegir.
La propiedad, la vida, el
honor, son bienes nominales, cuando la justicia
es mala. No hay aliciente
para trabajar en la adquisición de bienes que
han de estar a la merced de
los pícaros.
La ley, la Constitución, el
gobierno, son palabras vacías, si no se
reducen a hechos por la
mano del juez, que, en último resultado, es quien
los hace ser realidad o
mentira.
La ley de enjuiciamiento
sudamericano debe admitir al extranjero a formar
parte de los juzgados
inferiores.
En la administración como
en la industria, la cooperación del extranjero
es útil a nuestra educación
práctica.
En provecho de la población
de nuestras Repúblicas, por inmigraciones
extranjeras, nuestras leyes
civiles deben contraerse especialmente:
1. A remover las trabas e
impedimentos de tiempos atrasados que hacen
imposibles o difíciles los
matrimonios mixtos;
2. A simplificar las
condiciones civiles para la adquisición del
domicilio;
3. A conceder al extranjero
el goce de los derechos civiles, sin la
condición de una
reciprocidad irrisoria;
4. A concluir con el
derecho de albinagio, dándole los mismos derechos
civiles que al ciudadano
para disponer de sus bienes póstumos por
testamento o de otro modo.
En provecho de la
industria, nuestro derecho civil debe contraerse a la
reforma del sistema
hipotecario, sobre las bases de publicidad,
especialidad e igualdad,
reduciendo el número de los privilegios e
hipotecas en favor de los
incapaces, como causa de prelación en los
concursos formados a
deudores insolventes.
La ley debe buscar
seguridades para los incapaces, no a expensas del
crédito privado, que hace
florecer la riqueza nacional, sino en medios
independientes.
El crédito privado debe ser
el niño mimado de la legislación americana;
debe tener más privilegios
que la incapacidad, porque es el agente heroico
llamado a civilizar este
continente desierto. El crédito es la
disponibilidad del capital;
y el capital es la varilla mágica que debe
darnos población, caminos,
canales, industria, educación y libertad. Toda
ley contraria al crédito
privado es un acto de leso América.
El comercio de Sudamérica,
tan original y peculiar por la naturaleza de
los objetos que son materia
de él, y por las operaciones de que consta
ordinariamente, pide leyes
más adecuadas que la Ordenanza local, que hace
doscientos años se dio en
España a la villa de Bilbao, compuesta entonces
de catorce mil almas.
La legislación debe también
retocarse, en beneficio de la seguridad,
moralidad y brevedad de los
negocios mercantiles. Donde la insolvencia
culpable es tolerada, o
morosa la realización de los bienes del fallido,
no hay desarrollo de
comercio, no hay apego a la propiedad, falta la
confianza en los negocios,
y con ella el principio en que descansa la vida
del comercio. El Código de
Comercio es el código de la vida misma de estos
países, y sobre todo de la
República Argentina, cuya existencia en lo
pasado y en la actualidad
está representada por la industria mercantil.
En provecho del comercio
marítimo interior y externo, nuestras leyes
mercantiles deben facilitar
al extranjero la adquisición, en su nombre, de
la propiedad de buques
nacionales, la transmisión de las propiedades
navales, y permitir la
tripulación por marineros extranjeros de los buques
con bandera nacional,
renunciando cualquier ventaja de ese género que por
tratados se hubiese
obtenido en países europeos bajo condición de
restringir nuestra marina.
Para obrar estos cambios
tan exigidos por nuestro adelantamiento, no es
menester pensar en códigos
completos.
Las reformas parciales y
prontas son las más convenientes. Es la manera de
legislar de los pueblos
libres. La manía de los códigos viene de la
vanidad de los emperadores.
Inglaterra no tiene un solo código, y raro es
el interés que no esté
legislado.
La legislación civil y
comercial argentina debe ser uniforme como ha sido
hasta aquí. No seria
racional que tuviésemos tantos códigos de comercio,
tantas legislaciones
civiles, tantos sistemas hipotecarios, como
provincias. La uniformidad
de la legislación, en esos ramos, no daña en lo
mínimo las atribuciones de
soberanía local y favorece altamente el
desarrollo de nuestra
nacionalidad argentina.
Hasta aquí he señalado las
miras o tendencias generales en vista de las
cuales deberían concebirse
las constituciones y leyes de Sudamérica.
Contrayéndome ahora a la
República Argentina, voy a indicar las bases en
que, según mi opinión, debe
apoyarse la constitución que se proyecta.
XVII
Bases y puntos de partida
para la constitución del gobierno de la
República Argentina.
"Confraternidad y fusión de todos los partidos
políticos." Justo J. de
Urquiza
Hay una fórmula, tan vulgar
como profunda, que sirve de encabezamiento a
casi todas las
constituciones conocidas. Casi todas empiezan declarando
que son dadas en nombre de
Dios, legislador supremo de las naciones. Esta
palabra grande y hermosa
debe ser tomada, no en su sentido místico, sino
en su profundo sentido
político.
Dios, en efecto, da a cada
pueblo su constitución o manera de ser normal,
como la da a cada hombre.
El hombre no elige
discrecionalmente su constitución gruesa o delgada,
nerviosa o sanguínea; así
tampoco el pueblo se da por su voluntad una
constitución monárquica o
republicana, federal o unitaria. El recibe estas
disposiciones al nacer: las
recibe del suelo que le toca por morada, del
número y de la condición de
los pobladores con que empieza, de las
instituciones anteriores y
de los hechos que constituyen su historia: en
todo lo cual no tiene más
acción su voluntad que la dirección dada al
desarrollo de esas cosas en
el sentido más ventajoso a su destino
providencial.
Nuestra revolución tomó de
la francesa esta definición de Rousseau: "La
ley es la voluntad
general". En contraposición al principio antiguo de que
la ley era la voluntad de
los reyes, la máxima era excelente y útil a la
causa republicana. Pero es
definición estrecha y materialista en cuanto
hace desconocer al
legislador humano el punto de partida para la
elaboración de su trabajo
de simple interpretación, por decirlo así. Es
una especie de sacrilegio
definir la ley, la voluntad general de un
pueblo. La voluntad es
impotente ante los hechos, que son obra de la
Providencia. ¿Seria ley la
voluntad de un Congreso, expresión del pueblo,
que, teniendo en vista la
escasez y la conveniencia de brazos, ordenase
que los argentinos nazcan
con seis brazos? ¿Seria ley la voluntad general,
expresada por un Congreso
constituyente, que obligase a todo argentino a
pensar con sus rodillas y
no con su cabeza? Pues la misma impotencia, poco
más o menos, le asistiría
para mudar y trastornar la acción de los
elementos naturales que
concurren a formar la constitución normal de
aquella nación. "Fatal
es la ilusión en que cae un legislador, decía
Rivadavia, cuando pretende
que su talento y voluntad pueden mudar la
naturaleza de las cosas, o
suplir a ella sancionando y decretando
creaciones"(4).
La ley, constitucional o
civil, es la regla de existencia de los seres
colectivos que se llaman
Estados; y su autor, en último análisis, no es
otro que el de esa existencia
misma regido por la ley.
El Congreso Argentino
constituyente no será llamado a hacer la República
Argentina, ni a crear las
reglas o leyes de su organismo normal; él no
podrá reducir su
territorio, ni cambiar su constitución geológica, ni
mudar el curso de los
grandes ríos, ni volver minerales los terrenos
agrícolas. El vendrá a
estudiar y a escribir las leyes naturales en que
todo eso propende a
combinarse y desarrollarse del modo más ventajoso a
los destinos providenciales
de la República Argentina.
Este es el sentido de la
regla tan conocida, de que las constituciones
deben ser adecuadas al país
que las recibe; y toda la teoría de
Montesquieu sobre el
influjo del clima en la legislación de los pueblos no
tiene otro significado que
éste.
Así, pues, los hechos, la
realidad, que son obra de Dios y existen por la
acción del tiempo y de la
historia anterior de nuestro país, serán los que
deban imponer la constitución
que la República Argentina reciba de las
manos de sus legisladores
constituyentes. Esos hechos, esos elementos
naturales de la
constitución normal, que ya tiene la República por la obra
del tiempo y de Dios,
deberán ser objeto del estudio de los legisladores,
y bases y fundamentos de su
obra de simple estudio y redacción, digámoslo
así, y no de creación. Lo
demás es legislar para un día, perder el tiempo
en especulaciones ineptas y
pueriles.
Y desde luego, aplicando
ese método a la solución del problema más difícil
que haya presentado hasta
hoy la organización política de la República
Argentina—que consiste en
determinar cuál sea la base más conveniente para
el arreglo de su gobierno
general, si la forma unitaria o la federativa—,
el Congreso hallará que
estas dos bases tienen antecedentes tradicionales,
en la vida anterior de la
República Argentina, que ambas han coexistido y
coexisten formando como los
dos elementos de la existencia política de
aquella República.
El Congreso no podrá menos
que llegar a ese resultado si, conducido por un
buen método de observación
y experimentación, empieza por darse cuenta de
los hechos y clasificarlos
convenientemente, para deducir de ellos el
conocimiento de su poder
respectivo.
La historia nos muestra que
los antecedentes políticos de la República
Argentina, relativos a la
forma del gobierno general, se dividen en dos
clases, que se refieren a
los dos principios federativo y unitario.
Empecemos por enumerar los
antecedentes unitarios.
Los antecedentes unitarios
del gobierno argentino se dividen en dos
clases: unos que
corresponden a la época del gobierno colonial y otros que
pertenecen al periodo de la
revolución.
He aquí los antecedentes
unitarios pertenecientes a nuestra anterior
existencia colonial:
Unidad de origen español en
la población argentina.
Unidad de creencias y de culto
religioso.
Unidad de costumbres y de
idioma.
Unidad política y de
gobierno, pues todas las provincias formaban parte de
un solo Estado.
Unidad de legislación
civil, comercial y penal.
Unidad judiciaria, en el
procedimiento y en la jurisdicción y competencia,
pues todas las Provincias
del virreinato reconocían un solo tribunal de
apelaciones, instalado en
la capital, con el nombre de Real Audiencia.
Unidad territorial, bajo la
denominación de Virreinato de la Plata.
Unidad financiera o de
rentas y gastos públicos.
Unidad administrativa en
todo lo demás, pues la acción central partía del
virrey, jefe supremo del
Estado, instalado en la capital del virreinato.
La ciudad de Buenos Aires,
constituida en Capital del virreinato, es otro
antecedente unitario de
nuestra antigua existencia colonial.
Enumeremos ahora los
antecedentes unitarios del tiempo de la revolución:
Unidad de creencias
políticas y de principios republicanos. La Nación ha
pensado como un solo hombre
en materia de democracia y de república.
Unidad de sacrificios en la
guerra de la Independencia. Todas las
Provincias han unido su
sangre, sus dolores y sus peligros en esa empresa.
Unidad de conducta, de esfuerzos y de acción en dicha guerra.
Los distintos pactos de
unión general celebrados e interrumpidos durante
la revolución, constituyen
otro antecedente unitario de la época moderna
del país, que está consignado
en sus leyes y en sus tratados con el
extranjero. El primero de
ellos es el acto solemne de declaración de la
independencia de la
República Argentina del dominio y vasallaje de los
españoles. En ese acto, el
pueblo argentino aparece refundido en un solo
pueblo, y ese acto está y
estará perpetuamente vigente para su gloria.
Los Congresos,
Presidencias, Directorios supremos y generales que, con
intermitencias más o menos
largas, se han dejado ver durante la
revolución.
La unidad diplomática,
externa o internacional, consignada en tratados
celebrados con Inglaterra,
con el Brasil, con Francia, etc., cuyos actos
formarán parte de la
constitución externa del país, sea cual fuere.
La unidad de glorias y de
reputación.
La unidad de colores
simbólicos de la República Argentina.
La unidad de armas o de
escudo.
La unidad implícita,
intuitiva, que se revela cada vez que se dice sin
pensarlo: República
Argentina, Territorio Argentino, Pueblo Argentino y no
República Sanjuanina,
Nación Porteña, Estado Santafesino.
La misma palabra argentina
es un antecedente unitario.
En fuerza de esos
antecedentes, la República Argentina ha formado un solo
pueblo, un grande y solo
Estado consolidado, una colonia unitaria, por más
de doscientos años, bajo el
nombre de Virreinato de la Plata; y durante la
revolución en que se apeló
al pueblo de las Provincias, para la creación
de una soberanía
independiente y americana, los antecedentes del
centralismo monárquico y
pasado, ejercieron un influjo invencible en la
política moderna, como lo
ejercen hoy mismo, impidiéndonos pensar que la
República Argentina sea
otra cosa que un solo Estado, aunque Federativo y
compuesto de muchas
provincias, dotadas de soberanía y libertades
relativas y subordinadas.
Guardémonos, pues, de creer
que la unidad de gobierno haya sido un
episodio de la vida de la
República Argentina; ella, por el contrario,
forma el rasgo distintivo
de su existencia de más de dos siglos.
Pero veamos ahora los
antecedentes también normales y poderosos que hacen
imposible por ahora la
unidad indivisible del gobierno interior argentino,
y que obligarán a todo
sistema de gobierno central, a dividir y conciliar
su acción con las
soberanías provinciales, limitadas a su vez como el
gobierno general en lo
relativo a la administración interior.
Son antecedentes
federativos de la República Argentina, tanto coloniales
como patrios, los
siguientes hechos, consignados en su historia y
comprobados por su
notoriedad:
1. Las diversidades, las
rivalidades provinciales, sembradas
sistemáticamente por la
dominación colonial, y renovadas por la demagogia
republicana.
2. Los largos interregnos
de aislamiento y de independencia provincial,
ocurridos durante la
revolución.
3. Las especialidades
provinciales, derivadas del suelo y del clima, de
que se siguen otras en el
carácter, en los hábitos, en el acento, en los
productos de la industria y
del comercio, y en su situación respecto del
extranjero.
4. Las distancias enormes y
costosas que separan unas Provincias de otras,
en el territorio de
doscientas mil leguas cuadradas, que habita nuestra
población de un millón de
habitantes.
5. La falta de caminos, de
canales, de medios de organizar un sistema de
comunicaciones y transportes,
y de acción política y administrativa pronta
y fácil.
6. Los hábitos ya
adquiridos de legislaciones, de tribunales de justicia y
de gobiernos provinciales.
Hace ya muchos años que las leyes argentinas no
se hacen en Buenos Aires,
ni se fallan allí los pleitos de los habitantes
de las provincias, como
sucedía en otra época.
7. La soberanía parcial que
la Revolución de Mayo reconoció a cada una de
las Provincias, y que
ningún poder central les ha disputado en la época
moderna.
8. Las extensas franquicias
municipales y la gran latitud dada al gobierno
provincial, por el antiguo
régimen español, en los pueblos de la República
Argentina.
9. La imposibilidad de
hecho para reducir sin sangre y sin violencia a las
Provincias o a sus
gobernantes al abandono espontáneo de un depósito que,
conservado un solo día,
difícilmente se abandona en adelante: el poder de
la propia dirección, la
soberanía o libertad local.
10. Los tratados, las ligas
parciales, celebradas por varias Provincias
entre sí durante el periodo
de aislamiento.
11. El provincialismo
monetario, de que Buenos Aires ha dado el
antecedente más notable con
su papel moneda de provincia.
12. Por fin,, el acuerdo de
los gobiernos provinciales de la
Confederación, celebrado en
San Nicolás el 31 de mayo de 1852, ratificando
el pacto litoral de 1831,
que consagra el principio federativo de
gobierno.
Todos los hechos que quedan expuestos pertenecen y forman parte
de la vida
normal y real de la
República Argentina, en cuan
to a la base de su gobierno
general; y ningún Congreso constituyente
tendría el poder de
hacerlos desaparecer instantáneamente por decretos o
constituciones de su mano.
Ellos deben ser tomados por bases y consultados
de una manera discreta en
la constitución escrita, que ha de ser expresión
de la constitución real,
natural y posible.
El poder respectivo de esos
hechos anteriores, tanto unitarios como
federativos, conduce la
opinión pública de aquella República al abandono
de todo sistema exclusivo y
al alejamiento de las dos tendencias o
principios, que habiendo
aspirado en vano al gobierno exclusivo del país,
durante una lucha estéril
alimentada por largos años, buscan hoy una
fusión parlamentaria en el
seno de un sistema mixto, que abrace y concilie
las libertades de cada
Provincia y las prerrogativas de toda la Nación:
solución inevitable y
única, que resulta de la aplicación a los dos
grandes términos del
problema argentino—la Nación y la Provincia—, de la
fórmula llamada hoy a
presidir la política moderna, que consiste en la
combinación armónica de la
individualidad con la generalidad del localismo
con la nación, o bien de la
libertad con la asociación; ley natural de
todo cuerpo orgánico, sea
colectivo o sea individual, llámese Estado o
llámese hombre; según la
cual tiene el organismo dos vidas, por decirlo
así, una de la localidad y
otra general o común, a semejanza de lo que
enseña la fisiología de los
seres animados, cuya vida reconoce dos
existencias, una parcial de
cada órgano, y a la vez otra general de todo
el organismo...
XVIII
Continuación del mismo
asunto. Fines de la Constitución Argentina.
Del mismo modo que el
Congreso debe guiarse por la observación y el
estudio de los hechos normales,
para determinar la base que más conviene
al Gobierno general
argentino, así también debe acudir a la observación y
al estudio de los hechos
para estudiar los fines más convenientes de la
Constitución.
Todo el presente libro no
está reducido más que a la exposición de los
fines que debe proponerse
el nuevo derecho constitucional sudamericano;
sin embargo, vamos a
enumerarlos con más precisión en este capitulo, a
propósito de la
constitución de la República Argentina.
En presencia del desierto,
en medio de los mares, al principio de los
caminos desconocidos y de
las empresas inciertas y grandes de la vida, el
hombre tiene necesidad de
apoyarse en Dios, y de entregar a su protección
la mitad del éxito de sus miras.
La religión debe ser hoy,
como en el siglo XVI, el primer objeto de
nuestras leyes
fundamentales. Ella es a la complexión de los pueblos lo
que es la pureza de la
sangre a la salud de los individuos. En este
escrito de política, sólo
será mirada como resorte de orden social, como
medio de organización
política; pues, como ha dicho Montesquieu, es
admirable que la religión
cristiana, que proporciona la dicha del otro
mundo, haga también la de
éste.
Pero en este punto, como en
otros muchos, nuestro derecho constitucional
moderno debe separarse del
derecho indiano o colonial, y del derecho
constitucional de la
primera época de la revolución.
El derecho colonial era
exclusivo en materia de religión, como lo era en
materia de comercio, de
población, de industria, etc. El exclusivismo era
su esencia en todo lo que
estatuía, pues baste recordar que era un derecho
colonial, de exclusión y monopolio.
El culto exclusivo era empleado en el
sentido de esa política
como resorte de Estado. Por otra parte, España
excluía de sus dominios los
cultos disidentes, en cambio de concesiones
que los Papas hacían a sus
revés sobre intereses de su tiempo. Pero
nuestra política moderna
americana, que en vez de excluir debe propender a
atraer, a conceder, no
podrá ratificar y restablecer el sistema colonial,
sobre exclusión de cultos,
sin dañar los fines y propósitos del nuevo
régimen americano. Ella
debe mantener y proteger la religión de nuestros
padres, como la primera
necesidad de nuestro orden social y político; pero
debe protegerla por la
libertad, por la tolerancia y por todos los medios
que son peculiares y propios del régimen democrático y liberal, y
no como
el antiguo derecho indiano
por exclusiones y prohibiciones de otros cultos
cristianos. Los Estados
Unidos e Inglaterra son las naciones más
religiosas de la Tierra en
sus costumbres, y han llegado a ese resultado
por los mismos medios
precisamente que deseamos ver adoptados por la
América del Sur.
En los primeros días de la
revolución americana, nuestra política
constitucional hacía bien
en ofrecer al catolicismo el respeto de sus
antiguos privilegios y
exclusiones en este continente, como procedía con
igual discreción
protestando al trono de España que la revolución era
hecha en su provecho. Eran
concesiones de táctica exigidas por el éxito de
la empresa. Pero América no
podría persistir hoy en la misma política
constitucional, sin dejar
ilusorios e ineficaces los fines de su
revolución de progreso y de
libertad. Será necesario, pues, consagrar el
catolicismo como religión
de Estado; pero sin excluir el ejercicio público
de los otros cultos
cristianos. La libertad religiosa es tan necesaria al
país como la misma religión
católica. Lejos de ser inconciliables, se
necesitan y completan
mutuamente. La libertad religiosa es el medio de
poblar estos países. La
religión católica es el medio de educar esas
poblaciones. Por fortuna,
en este punto, la República Argentina no tendrá
sino que ratificar y extender
a todo su territorio lo que ya tiene en
Buenos Aires hace 25 años.
Todos los obispos recibidos en la República de
veinte años a esta parte
han jurado obediencia a esas leyes de libertad de
cultos. Ya seria tarde para
que Roma hiciese objeciones sobre ese punto a
la moderna constitución de
la nación.
Los otros grandes fines de
la Constitución argentina no serán hoy, como se
ha demostrado en este
libro, lo que eran en el primer periodo de la
revolución.
En aquella época se trataba de afianzar la independencia por las
armas;
hoy debemos tratar de
asegurarla por el engrandecimiento material y moral
de nuestros pueblos.
Los fines políticos eran
los grandes fines de aquel tiempo; hoy deben
preocuparnos especialmente
los fines económicos.
Alejar la Europa, que nos
había tenido esclavizados, era el gran fin
constitucional de la
primera época; atraerla para que nos civilice libres
por sus poblaciones, como
nos civilizó esclavos por sus gobiernos, debe
ser el fin constitucional
de nuestro tiempo. En este punto nuestra
política constitucional
americana debe ser tan original como es la
situación de la América del
Sur, que debe servirle de regla. Imitar el
régimen externo de naciones
antiguas, ya civilizadas, exuberantes de
población y escasas de
territorio, es caer en un grosero y funesto
absurdo; es aplicar a un
cuerpo exhausto el régimen alimenticio que
conviene a un hombre
sofocado por la plétora y la obesidad. Mientras la
América del Sur no tenga
una política constitucional exterior suya y
peculiar a sus necesidades
especialísimas, no saldrá de la condición
oscura y subalterna en que
se encuentra. La aplicación a nuestra política
económica exterior de las
doctrinas internacionales que gobiernan las
relaciones de las naciones
europeas ha dañado nuestro progreso tanto como
los estragos de la guerra
civil.
Con un millón escaso de
habitantes por toda población en un territorio de
doscientas mil leguas, no
tiene de nación la República Argentina sino el
nombre y el territorio. Su
distancia de Europa le vale el ser reconocida
nación independiente. La
falta de población que le impide ser nación, le
impide también la
adquisición de un gobierno general completo.
Según esto, la población de
la República Argentina, hoy desierta y
solitaria, debe ser el
grande y primordial fin de su Constitución por
largos años. Ella debe
garantizar la ejecución de todos los medios de
obtener ese vital
resultado. Yo llamaré estos medios garantías públicas de
progreso y de
engrandecimiento. En este punto la Constitución no debe
limitarse a promesas; debe
dar garantías de ejecución y realidad.
Así, para poblar el país,
debe garantizar la libertad religiosa y
facilitar los matrimonios
mixtos, sin lo cual habrá población, pero
escasa, impura y estéril.
Debe prodigar la ciudadanía
y el domicilio al extranjero sin imponérselos.
Prodigar, digo, porque es
la palabra que expresa el medio de que se
necesita. Algunas
constituciones sudamericanas han adoptado las
condiciones con que
Inglaterra y Francia conceden la naturalización al
extranjero, de que esas
naciones no necesitan para aumentar su población
excesiva. Es la imitación
llevada al idiotismo y al absurdo.
Debe la Constitución
asimilar los derechos civiles del extranjero, del que
tenemos vital necesidad, a
los derechos civiles del nacional, sin
condiciones de una
reciprocidad imposible, ilusoria y absurda.
Debe abrirles acceso a los
empleos públicos de rango secundario, más que
en provecho de ellos, en beneficio
del país, que de ese modo aprovechará
de su aptitud para la
gestión de nuestros negocios públicos y facilitará
la educación oficial de
nuestros ciudadanos por la acción del ejemplo
práctico, como en los
negocios de la industria privada. En el régimen
municipal será
ventajosísimo este sistema. Un antiguo municipal inglés o
norteamericano, establecido
en nuestros países e incorporado a nuestros
cabildos, o consejos
locales, seria el monitor más edificante o
instructivo en ese ramo, en
que los hispanoamericanos nos desempeñamos de
un modo tan mezquino y
estrecho de ordinario, como en la policía de
nuestras propias casas
privadas.
Siendo el desarrollo y la
explotación de los elementos de riqueza que
contiene la República
Argentina el principal elemento de su
engrandecimiento y el
aliciente más enérgico de la inmigración extranjera
de que necesita, su
Constitución debe reconocer, entre sus grandes fines,
la inviolabilidad del
derecho de propiedad y la libertad completa del
trabajo y de la industria.
Prometer y escribir estas garantías, no es
consagrarlas. Se aspira a
la realidad, no a la esperanza. Las
constituciones serias no
deben constar de promesas, sino de garantías de
ejecución. Así la
Constitución argentina no debe limitarse a declarar
inviolable el derecho
privado de propiedad, sino que debe garantizar la
reforma de todas las leyes
civiles y de todos los reglamentos coloniales
vigentes, a pesar de la
República, que hacen ilusorio y nominal ese
derecho. Con un derecho
constitucional republicano y un derecho
administrativo colonial y
monárquico, la América del Sur arrebata por un
lado lo que promete por
otro: la libertad en la superficie y la esclavitud
en el fondo.
Debe pues dar garantías de
que no se expedirá ley orgánica o civil que
altere, por excepciones
reglamentarias, la fuerza del derecho de propiedad
consagrado entre sus
grandes principios, como hace la Constitución de
California.
Nuestro derecho colonial no
tenía por principal objeto garantizar la
propiedad del individuo
sino la propiedad del fisco. Las colonias
españolas eran formadas
para el fisco, no el fisco para las colonias. Su
legislación era conforme a
su destino: eran máquinas para crear rentas
fiscales. Ante el interés
fiscal era nulo el interés del individuo. Al
entrar en la revolución,
hemos escrito en nuestras constituciones la
inviolabilidad del derecho
privado; pero hemos dejado en presencia
subsistente el antiguo
culto del interés fiscal. De modo que, a pesar de
la revolución y de la
independencia, hemos continuado siendo Repúblicas
hechas para el fisco. Es
menester otorgar garantías de que esto será
reformado, y de que las
palabras de la Constitución sobre el derecho de
propiedad se volverán
realidad práctica por leyes orgánicas y
reglamentarias, en armonía
con el derecho constitucional moderno.
La libertad del trabajo y
de la industria consignada en la constitución no
pasará de una promesa, si
no se garantiza al mismo tiempo la abolición de
todas las antiguas leyes
coloniales que esclavizan la industria, y la
sanción de leyes nuevas
destinadas a dar ejecución y realidad a esa
libertad industrial
consignada en la Constitución, sin destruirlas con
excepciones.
De todas las industrias
conocidas, el comercio marítimo y terrestre es la
que forma la vocación
especial de la República Argentina. Ella deriva esa
vocación de la forma,
producciones y extensión de su suelo, de sus
portentosos ríos, que hacen
de aquel país el órgano de los cambios de toda
la América del Sur, y de su
situación respecto de Europa. Según esto, la
libertad y el desarrollo
del comercio interior y exterior, marítimo y
terrestre, deben figurar
entre los fines del primer rango de la
Constitución argentina.
Pero este gran fin quedará ilusorio, si la
Constitución no garantiza
al mismo tiempo la ejecución de los medios de
verlo realizado. La
libertad del comercio interior sólo será un nombre,
mientras haya catorce
aduanas interiores, que son catorce desmentidos
dados a la libertad. La
aduana debe ser una y nacional, en cuanto al
producto de su renta; y en
cuanto a su régimen reglamentario, la aduana
colonial o fiscal, la
aduana inquisitorial, iliberal y mezquina de otro
tiempo, la aduana
intolerante, del monopolio y de las exclusiones, no debe
ser la aduana de un régimen
de libertad y de engrandecimiento nacional. Es
menester consignar
garantías de reforma a este doble respecto, y promesas
solemnes de que la libertad
de comercio y de industria no será eludida por
reglamentos fiscales.
La libertad de comercio sin
libertad de navegación fluvial es un
contrasentido, porque
siendo fluviales todos los puertos argentinos,
cerrar los ríos a las
banderas extranjeras es bloquear las Provincias y
entregar todo el comercio a
Buenos Aires.
Esas reformas deben ser
otros tantos deberes impuestos por la Constitución
al Gobierno general, con
designación de un plazo perentorio, si es
posible, para su ejecución,
y con graves y determinadas responsabilidades
por su no ejecución. Las
verdaderas y altas responsabilidades
ministeriales residen en el
desempeño de esos deberes del poder, más que
en otro lugar de la
constitución de países nacientes.
Esos fines que en otra
época eran accesorios, o más bien desatendidos,
deben colocarse hoy a la
cabeza de nuestras constituciones como los
primordiales propósitos de
su instituto.
Después de los grandes
intereses económicos, como fines del pacto
constitucional, entrarán la
independencia y los medios de defenderla
contra los ataques
improbables o imposibles de las potencias europeas. No
es que estos fines sean
secundarios en importancia, sino que los medios
económicos son los que
deben llevarnos a su consecución. Vencida y alejada
la Europa militar de todo
nuestro continente del Sur, no debemos
constituirnos como para
defendernos de sus remotos y débiles ataques. En
este punto no debemos
seguir el ejemplo de los Estados Unidos de
Norteamérica, que tienen en
su vecindad Estados europeos con más
territorio que el suyo, los
cuales han sido enemigos en otro tiempo, y hoy
son sus rivales en
comercio, industria y navegación.
Como el origen antiguo,
presente y venidero de nuestra civilización y
progreso reside en el
exterior, nuestra Constitución debe ser calculada,
en su conjunto y pormenores,
para estimular, atraer y facilitar la acción
de ese influjo externo, en
vez de contenerlo y alejarlo. A este respecto,
la República Argentina sólo
tendrá que generalizar y extender a todas las
naciones extranjeras los
antecedentes que ya tiene consignados en su
tratado con Inglaterra. No
debe haber más que un derecho público
extranjero; toda distinción
y excepción son odiosas. La Constitución
argentina debe contener una
sección destinada especialmente a fijar los
principios y las reglas del
derecho público referido a los extranjeros en
el Río de la Plata, y esas
reglas no deben ser otras que las contenidas en
el tratado con Inglaterra,
celebrado el 2 de febrero de 1825. A todo
extranjero deben ser
aplicables las siguientes garantías, que en ese
tratado sólo se establecen
en favor de los ingleses. Todos deben disfrutar
constitucionalmente, no
precisamente por tratados:
De la libertad de comercio;
De la franquicia de llegar
seguros y libremente con sus buques y
cargamentos a los puertos y
ríos, accesibles por la ley a todo extranjero;
Del derecho
de alquilar y ocupar casas a los fines de su
tráfico;
De no ser
obligados a pagar derechos diferenciales;
De gestionar y practicar en
su nombre todos los actos de comercio, sin ser
obligados a emplear
personas del país a este efecto;
De ejercer todos los
derechos civiles inherentes al ciudadano de la
República;
De no poder
ser obligados al servicio militar;
De estar libres de
empréstitos forzosos, de exacciones o requisiciones
militares;
De mantener en pie todas
estas garantías, a pesar de cualquier rompimiento
con la nación del
extranjero residente en el Plata;
De disfrutar de entera
libertad de conciencia y de culto, pudiendo
edificar iglesias y
capillas en cualquier paraje de la República
Argentina.
Todo eso y algo más está
concedido a los súbditos británicos en la
República Argentina por el
tratado de plazo indefinido, celebrado el 2 de
febrero de 1825; y no hay
sino muchas razones de conveniencia para el país
en extender y aplicar esas
concesiones a los extranjeros de todas las
naciones del mundo, tengan
o no tratados con la República Argentina. La
República necesita conceder
esas garantías, por una exigencia imperiosa de
su población y cultura, y
debe concederlas espontáneamente, por medio de
su Constitución, sin
aspirar a ilusorias, vanas y pueriles ventajas de una
reciprocidad sin objeto por
larguísimos años.
Hoy más que nunca fuera
provechosa la adopción de ese sistema, calculado
para recibir las
poblaciones, que arrojadas de Europa por la guerra civil
y las crisis industriales
atraviesan por delante de las ricas regiones del
Plata, para buscar en
California la fortuna que podrían encontrar allí con
más facilidad, con menos
riesgos y sin alejarse tanto de Europa.
La paz y el orden interior
son otro de los grandes fines que debe tener en
vista la sanción de la
Constitución argentina; por que la paz es de tal
modo necesaria al
desarrollo de las instituciones, que sin ella serán
vanos y estériles todos los
esfuerzos hechos en favor de la prosperidad
del país. La paz, por sí
misma, es tan esencial al progreso de estos
países en formación y
desarrollo, que la constitución que no diese más
beneficio que ella seria
admirable y fecunda en resultados. Más adelante
tocaré este punto de
interés decisivo para la suerte de estas Repúblicas,
que marchan a su
desaparición por el camino de la guerra civil, en que
Méjico ha perdido ya la
mitad más bella de su territorio.
Finalmente, por su índole y
espíritu la nueva Constitución argentina debe
ser una constitución
absorbente, atractiva, dotada de tal fuerza de
asimilación, que haga suyo
cuanto elemento extraño se acerque al país, una
constitución calculada
especial y directamente para dar cuatro o seis
millones de habitantes a la
República Argentina en poquísimos años; una
constitución destinada a
trasladar la ciudad de Buenos Aires a un paso de
San Juan, de La Rioja y de
Salta, y a llevar estos pueblos hasta las
márgenes fecundas del
Plata, por el ferrocarril y el telégrafo eléctrico
que suprimen las
distancias; una constitución que en pocos años haga de
Santa Fe, del Rosario, de
Gualeguaychú, del Paraná y de Corrientes otras
tantas Buenos Aires en
población y cultura, por el mismo medio que ha
hecho la grandeza de ésta,
a saber, por su contacto inmediato con la
Europa civilizada y civilizante;
una constitución que arrebatando sus
habitantes a Europa, y
asimilándolos a nuestra población, haga en corto
tiempo tan populoso a
nuestro país que no pueda temer a la Europa oficial
en ningún tiempo.
Una constitución que tenga
el poder de las hadas, que construían palacios
en una noche.
California, improvisación
de cuatro años, ha realizado la fábula y hecho
conocer la verdadera ley de
formación de los nuevos Estados en América,
trayendo de fuera grandes
piezas de pueblo, ya formadas, acomodándolas en
cuerpo de nación y dándoles
la enseña americana. Montevideo es otro
ejemplo precioso de esta
ley de población rapidísima. Y no es el oro que
ha obrado ese milagro en
Norteamérica: es la libertad, que antes de
improvisar a California,
improvisó los Estados Unidos, cuya existencia
representa un solo día en
la vida política del mundo, y una mitad de él en
grandeza y prosperidad. Y
si es verdad que el oro ha contribuido a la
realización de ese
portento, mejor para la verdad del sistema que
ofrecemos, que la riqueza
es el hada que improvisa los pueblos.
Convencido de la necesidad
de que éstos y no otros más limitados deben ser
los fines de la
constitución que necesita la República Argentina, no puedo
negar que me ha parecido
apocado el programa enunciado en el preámbulo del
acuerdo de San Nicolás, que
declara como su objeto la reunión del Congreso
que ha "de sancionar la
Constitución política que regularice las
relaciones que deben
existir entre todos los pueblos argentinos, como
pertenecientes a una misma
familia; que establezca y defina los altos
poderes nacionales, y
afiance el orden y prosperidad interior y la
respetabilidad exterior de
la Nación".
Estos fines son excelentes
sin duda; la Constitución que no los tuviera en
mira sería inservible; pero
no son todos los fines esenciales que debe
proponerse la Constitución
argentina.
No pretendo que la
Constitución deba abrazarlo todo; desearía más bien que
pecase por reservada y
concisa. Pero será necesario que en lo poco que
comprenda, no falte lo que
constituye por ahora la salvación de la
República Argentina.
XIX
Continuación del mismo
asunto. Del gobierno y su forma. La unidad pura es
imposible.
Acabamos de ver cuáles
serán los fines que haya de proponerse la
Constitución. Pero no se
buscan fines sin emplear los medios de
obtenerlos; y para
obtenerlos seria y eficazmente es menester que los
medios correspondan a los
fines.
El primero de ellos será la
creación de un gobierno general como los
objetos o fines tenidas en
vista, y permanente como la vida de la
Constitución.
La Constitución de un país
supone un gobierno encargado de hacerla
cumplir: ninguna
constitución, ninguna ley se sostiene por su propia
virtud.
Así, la Constitución en sí
misma no es más que la organización del
gobierno considerado en los
sujetos y cosas sobre que ha de recaer su
acción, en la manera como
ha de ser elegido, en los medios o facultades de
que ha de disponer y en las
limitaciones que ha de respetar.
Según esto, la idea de
constituir la República Argentina no significa otra
cosa que la idea de crear
un gobierno general permanente, dividido en los
tres poderes elementales
destinados a hacer, a interpretar y a aplicar la
ley tanto constitucional
como orgánica.
Los artículos de la
Constitución, decía Rossi, "son como cabezas de
capitales del derecho
administrativo". Toda constitución se realiza por
medio de leyes orgánicas.
Será necesario, pues que haya un poder
legislativo permanente,
encargado de darlas.
Tanto esas leyes como la
Constitución serán susceptibles de dudas en su
aplicación. Un poder
judiciario permanente y general será indispensable
para la República
Argentina.
De las tres formas
esenciales de gobierno que reconoce la ciencia, el
monárquico, el
aristocrático y el republicano, este último ha sido
proclamado por la
revolución americana como el gobierno de estos países.
No hay, pues, lugar a
cuestión sobre forma de gobierno.
En cuanto al fondo, éste
reside originariamente en la Nación, y la
democracia, entre nosotros,
más que una forma, es la esencia misma del
gobierno.
La federación o unidad, es
decir, la mayor o menor centralización del
gobierno general, son un
accidente, un accesorio subalterno de la forma de
gobierno. Este accesorio,
sin embargo, ha dominado toda la cuestión
constitucional de la
República Argentina hasta aquí.
Las cosas han hecho prevalecer
el federalismo como regla del gobierno
general.
Pero la voz federación
significa liga, unión, vínculo.
Como liga, como unión, la
federación puede ser más o menos estrecha. Hay
grados diferentes de
federación según esto. ¿Cuál será el grado
conveniente a la República
Argentina? Lo dirán sus antecedentes históricos
y las condiciones normales
de su modo de ser físico y social.
Así en este punto de la
Constitución, como en los anteriores y en todos
los demás, la observación
de los hechos y el poder de los antecedentes del
país deberán ser la regla y
punto de partida del Congreso constituyente.
Pero, desde que se habla de
Constitución y de gobierno generales, tenemos
ya que la federación no
será una simple alianza de Provincias
independientes.
Una constitución no es una
alianza. Las alianzas no suponen un gobierno
general, como lo supone
esencialmente una constitución.
Quiere decir esto que las
ideas y los deseos dominantes van por buen
camino.
Estando a la ley de los
antecedentes y al imperio de la actualidad, la
República Argentina será y
no podrá menos que ser un Estado federativo,
una República nacional,
compuesta de varias provincias, a la vez
independientes y
subordinadas al gobierno general creado por ellas.
Gobierno federal, central o
general significa igual cosa en la ciencia del
publicista.
Una federación concebida de
ese modo tendrá la ventaja de reunir los dos
principios rivales en el
fondo de una fusión, que tiene su raíz en las
condiciones naturales e
históricas del país, y que acaba de ser proclamada
y prometida a la Nación por
la voz victoriosa del general Urquiza. El
acuerdo de San Nicolás ha
venido últimamente a sacar de dudas este punto.
La idea de una unidad pura
debe ser abandonada de buena fe, no por vía de
concesión, sino por
convencimiento. Es un hermoso ideal de gobierno; pero
en la actualidad de nuestro
país, imposible en la práctica. Lo que es
imposible no es del dominio
de la política, pertenece a la universidad, o
si bello, a la poesía.
El enemigo capital de la
unidad para en la República Argentina no es don
Juan Manuel de Rosas, sino
el espacio de doscientas mil leguas cuadradas
en que se deslíe, como gota
de carmín en el río Paraná, el puñadito de
nuestra población de un
millón escaso.
La distancia es origen de
soberanía local, porque ella suple la fuerza.
¿Por qué es independiente
el gaucho? Porque habita la pampa. ¿Por qué la
Europa nos reconoce como
nación, teniendo menos población que la antigua
provincia de Burdeos?
Porque estamos a tres mil leguas. Esta misma razón
hace ser soberanas a su
modo a nuestras Provincias interiores, separadas
de Buenos Aires, su antigua
capital, por trescientas leguas de desierto.
Los unitarios de 1826 no
conocían las condiciones prácticas de la unidad
política; no las conocían
tampoco sus predecesores de los Congresos
anteriores.
Como lo general de los
legisladores de la América del Sur, imitando las
constituciones de la
Revolución francesa, sancionaron la unidad
indivisible en países vastísimos
y desiertos que, si bien son susceptibles
de un gobierno, no lo son
de un gobierno indivisible. El señor Rivadavia,
jefe del partido unitario
de esa época, trajo de Francia y de Inglaterra
el entusiasmo y la
admiración del sistema de gobierno que había visto en
ejercicio con tanto éxito
en esos viejos Estados. Pero ni él ni sus
sectarios se daban cuenta
de las condiciones a que debía su existencia el
centralismo en Europa, y de
los obstáculos para su aplicación en el Plata.
Los motivos que ellos
invocaban en favor de su admisión son precisamente
los que lo hacían
imposible: tales eran la grande extensión del
territorio, la falta de
población, de luces, de recursos. Esos motivos
podían justificar su
conveniencia o necesidad, pero no su posibilidad.
"La seguridad interior
de nuestra República—decía la Comisión redactora
del proyecto de
Constitución unitaria—, nunca podrá consultarse
suficientemente en un país
de extensión inmensa y despoblado como el
nuestro, sino dando al
poder del gobierno una acción fácil, rápida y
fuerte, que no puede tener
en la complicada y débil organización del
sistema federal." Si;
¿pero cómo daríais al poder del gobierno una acción
fácil, rápida y fuerte
sobre poblaciones escasísimas diseminadas en la
superficie de un país de
extensión inconmensurable? ¿Cómo concebir la
rapidez y facilidad de
acción a través de territorios inexplorados,
extensísimos, destituidos
de población, o de caminos y de recursos?
No tenemos luces ni
riquezas en los pueblos para ser federales, decían.
¿Pero creéis que la unidad
sea el gobierno de los ignorantes y de los
pobres? ¿Será la pobreza la
que ha originado la consolidación de los tres
reinos de la Gran Bretaña
en un solo gobierno nacional? ¿Será la
ignorancia de Marsella, de
Lyon, de Dijon, de Burdeos, de Rouen, etc., el
origen de la unidad
francesa?
No, ciertamente. Lo cierto
es que la Francia es unitaria por la misma
razón que hace existir a la
Unión de Norteamérica: por la riqueza, por la
población, la
practicabilidad del territorio y la cultura de sus
habitantes, que son la base
de todo gobierno general. Nosotros somos
incapaces de federación y
de unidad perfectas, porque somos pobres,
incultos y pocos.
Para todos los sistemas
tenemos obstáculos, y para el republicano
representativo tanto como
para otro cualquiera. Sin embargo estamos
arrojados en él, y no
conocemos otro más aplicable, a pesar de nuestras
desventajas. La democracia
misma se aviene mal con nuestros medios, y sin
embargo estamos en ella y
somos incapaces de vivir sin ella. Pues esto
mismo sucederá con nuestro
federalismo o sistema general de gobierno; será
incompleto pero inevitable
a la vez.
Por otra parte, ¿la unidad
pura es acaso hija del pacto?
¿Qué es la unidad o
consolidación del gobierno? Es la desaparición, es la
absorción de todos los
gobiernos locales en un solo gobierno nacional.
Pero ¿qué gobierno
consiente en desaparecer? El sable, la conquista, son
los que lo suprimen. Así se
formó la consolidación del Reino Unido de la
Gran Bretaña; y la espada ha agregado una por una las provincias
que hoy,
después de ocho siglos de
esfuerzos, componen la unidad de la República
francesa, más digna de
reforma que de imitación en ese punto, según
Thierry y Armando Carrel.
Nuestra unidad misma, bajo el antiguo régimen,
la unidad del virreinato de
la Plata, ¿cómo se formó?, ¿por el voto libre
de los pueblos? No,
ciertamente; por la obra de los conquistadores y del
poder realista y central
del que dependían.
¿Sería éste el medio de
formar nuestra unidad? No, porque sería injusto,
ineficaz y superfluo, desde
que hay otro medio posible de organización. Si
el poder local no se abdica
hasta desaparecer, se delega al menos en parte
como medio de existir fuerte y mejor. Este será el medio
posible de
componer un gobierno
general, sin que desaparezcan los gobiernos locales.
La unidad no es el punto de
partida, es el punto final de los gobiernos;
la historia lo dice, y la
razón lo demuestra. "Por el contrario, toda
confederación—decía
Rossi—es un estado intermediario entre la
independencia absoluta de
muchas individualidades políticas y su completa
fusión en una sola y misma
soberanía. "
Por ese intermedio será
necesario pasar para llegar a la unidad patria.
Los unitarios no han
representado un mal principio, sino un principio,
impracticable en el país,
en la época y en la medida que ellos deseaban.
De todos modos ellos
servían a una tendencia, a un elemento que será
esencial en la organización
de la República. "Los paros teóricos, como
hombres de Estado, no
tienen más defecto que el ser precoces -ha dicho un
escritor de genio-:falta
honorable que es privilegio de las altas
inteligencias."
XX
Continuación del mismo
asunto. Origen y causas de la descentralización del
gobierno de la República
Argentina.
La descentralización
política y administrativa de la República reconoce
dos orígenes: uno mediato y
anterior a la revolución; otro inmediato y
dependiente de este cambio.
El mediato origen es el
antiguo régimen municipal español, que en Europa
como en América era
excepcional y sin ejemplo por la extensión que daba al
poder de los Cabildos o
representaciones elegidos por los pueblos. Esa
institución ha sido la
primera forma, el primer grado de existencia del
poder representativo
provincial entre nosotros, como lo ha sido en España
misma; siendo de notar que
su poder es más extenso en los tiempos menos
cercanos del nuestro, de
modo que también ha podido aplicarse a nosotros
el dicho de Madame Staël,
de que "la libertad es antigua, y el despotismo
es moderno".
España no fue más
centralista en el arreglo que dio a sus virreinatos de
América, que lo había sido
en el de su monarquía peninsular. Con doble
motivo el localismo
conservó aquí mayor latitud que la conocida en las
provincias de España con el
nombre de fueros y privilegios.
Nunca los esfuerzos
ulteriores de centralización pudieron destruir el
germen de libertad y de
independencia locales depositado en las costumbres
de los pueblos españoles
por las antiguas instituciones de libertad
municipal. Los cabildantes
conservaron siempre el nombre de padres de la
República, y los Cabildos
el tratamiento de excelentísimo. Por una ley de
Juan I de Castilla, las
decisiones de los Cabildos no podían ser revocadas
por el rey. La ley 1ª, tít.
4, partida 3a hacia de elección popular el
nombramiento de regidores,
que eran jueces y administradores del gobierno
local. Varias leyes del
libro VII de la Novísima Recopilación disponían
que las ciudades se
gobernasen por las ordenanzas dadas por sus Cabildos,
y se reuniesen éstos en
casas grandes y bien hechas, "a entender de las
cosas cumplideras de la
República que han de gobernar". (Palabras de la
ley 1ª, tít. 2, lib. 7ª,
Novísima Recopilación.)
Las leyes españolas
aplicables directamente al gobierno de América, lejos
de modificar, confirmaron
esos antecedentes peninsulares. La unidad del
gobierno de los virreinatos
no excluía la existencia de gobiernos de
provincia dotados de un
poder extenso y muchas veces peculiar.
Tanto los gobernadores o
intendentes de provincia como el virrey, del que
dependían en parte,
recibían del rey inmediata y directamente su
nombramiento. Los
gobernadores eran nombrados en España, no en Buenos
Aires, y tanto ellos como
el virrey, su jefe, recibían del soberano sus
respectivas facultades de
gobierno. Era extenso el poder que los
gobernadores de provincia
ejercían en los ramos de hacienda, policía,
guerra y justicia; tenían
un sueldo anual de seis mil pesos y los honores
de mariscal de campo. El
virrey estaba obligado a cooperar a su gobierno
local (Ordenanza de
intendentes para el virreinato del Plata).
Vemos, pues, que el
gobierno local o provincial es uno de nuestros
antecedentes
administrativos, que remonta y se liga a la historia de
España y de su gobierno
colonial en América: por lo cual constituye una
base histórica que debe
servir de punto de partida en la organización
constitucional del país.
La Revolución de Mayo de
1810, el nuevo régimen republicano, lejos de
alterar, confirmó y
robusteció ese antecedente más de lo que convenía a
las necesidades del país.
Es digno de examen este origen moderno e
inmediato de la
descentralización del gobierno en la República Argentina.
El gobierno colonial del
Río de la Plata era unitario, a pesar de la
extensión de los gobiernos
locales. Residía en un solo individuo que, con
el titulo de virrey,
gobernaba todo el virreinato en nombre del rey de
España y de las Indias.
La revolución de 1810,
operada contra el Gobierno español, tuvo lugar en
Buenos Aires, capital del
virreinato.
El pueblo de esa ciudad
peticionó al Cabildo local para que instalara una
Junta encargada del
gobierno provisorio, compuesta de los individuos
indicados por el pueblo.
El Cabildo de Buenos Aires
accedió a la petición popular y nombró una
Junta de gobierno,
compuesta por nueve individuos, que reemplazó al
virrey. Este gobierno de
muchos, en lagar del gobierno de uno, ya era un
paso a la relajación del
poder central.
El Cabildo de Buenos Aires
que, no teniendo poder sobre los Cabildos de
las otras provincias, no
podía imponerles un gobierno creado por él, se
limitó a participarles el
cambio, invitándolos a reproducirlo en sus
respectivas jurisdicciones.
La Junta gubernativa, que
reconocía su origen local y provincial, y que
aun suponiéndose sucesora
del virrey, conocía no tener el poder, de que
este mismo había carecido,
para crear los gobiernos nuevos de provincia,
dirigió el 26 de mayo una circular
a las provincias, convocándolas a
enviar sus diputados para
tomar parte en la composición de la Junta y en
el gobierno ejecutivo de
que estaba encargada. Esta circular, atribuida al
doctor Castelli, miembro de
la Junta, fue un paso de imprevisión de
inmensa consecuencia, como
lo reconoció oficialmente este mismo cuerpo en
la sesión del 18 de
diciembre de 1810, que dio por resultado la
incorporación de nueve
miembros más a la Junta gubernativa, quedando el
poder ejecutivo compuesto de dieciséis personas desde ese día.
No hubo
forma de impedir ese
desacierto. Los diputados provinciales, constituidos
en Buenos Aires, pidieron
un lugar en la Junta gubernativa. Ellos eran
nueve; la Junta constaba
entonces de siete miembros, por la ausencia de
los señores Castelli y
Belgrano. La Junta se oponía a la incorporación,
observando con razón que un
número tan considerable de vocales seria
embarazoso para el
ejercicio del poder ejecutivo. Los diputados invocaron
la circular de 26 de mayo
en que la misma Junta les ofreció parte de su
poder. Esta reconoció y
confesó aquel acto de inexperiencia de su parte.
La decisión estuvo a pique
de ser entregada al pueblo; pero se convino en
que fuese producto de la
votación de los nueve diputados reunidos a los
siete individuos de la
Junta. Los nueve no podían ser vencidos por los
siete, y la Junta quedó
compuesta de dieciséis personas. Desde ese momento
empezó la disolución del
poder ejecutivo instalado en mayo, que no alcanzó
a vivir un año entero.
Ese resultado estaba
preparado por desavenencias que hablan tenido lugar
entre el presidente y los
vocales de La Junta primitiva. Difícil era que
un gobierno confiado a
tantas manos dejase de ser materia de discordia. Se
confió el poder a una Junta
de varios individuos, siguiendo el ejemplo que
acababa de dar la madre
patria con motivo del cautiverio del rey Fernando
VII; pero la Junta de
Buenos Aires no imitó el ejemplo de la Junta de
Sevilla, que se hizo
obedecer de las Andalucías, ni el de la de Valencia,
que dominó todo el reino.
Colocado el gobierno en
manos de uno solo, habría sido más fácil sustituir
la autoridad general del
virrey por un gobierno general revolucionario;
pero la exaltación del
liberalismo naciente era un obstáculo invencible a
la concentración del poder
en manos de uno solo. El presidente de la
Junta, Cornelio Saavedra,
había sido revestido de los mismos honores del
virrey, por orden expedida
el 28 de mayo. La Junta misma decretó eso,
convencida de la necesidad
de dar fuerza moral y prestigio al nuevo
gobierno, desempeñado por
hombres que el pueblo podía considerar
inferiores al virrey,
viéndolos en su ordinaria sencillez. Pero esos
honores, usados tal vez
indiscretamente por el presidente, no tardaron en
despertar emulaciones
pequeñas en el seno del gobierno múltiplo. Un
militar que tenía el don de
la trova, saludó emperador, en un banquete, al
presidente Saavedra: y este
asomo de la idea de concentrar el poder en uno
solo, que debía de haberse
alentado, dio lagar a un decreto en que se
quitaron al presidente de
la Junta los honores conferidos el 28 de mayo.
El art. 11 de ese decreto
da la medida de la exaltación de las ideas del
doctor Moreno, émulo de
Saavedra, secretario de la Junta y redactor de
aquel acto, cuyo art. 11 es como sigue: "Habiendo echado un
brindis don
Antonio Duarte, con que
ofendió la probidad del presidente y atacó los
derechos de la patria,
debía perecer en un cadalso; por el estado de
embriaguez en que se
hallaba se le perdona la vida; pero se le destierra
perpetuamente de esta
ciudad, porque un habitante de Buenos Aires ni ebrio
ni dormido debe tener
inspiraciones contra la libertad de su país".
Ese decreto contra el
presidente fue dado el 6 de diciembre de 1810.
Doce días después, una idea
de represalia hizo incorporar en el personal
de la Junta los diputados
de las provincias, obligando al doctor Moreno a
dimitir el cargo de
secretario y de vocal del Gobierno provisorio, que no
tardó él mismo en
disolverse.
Otras causas concurrían con
éstas para el desquicio del poder central.
Desde que se trató de
destituir al virrey en Buenos Aires, el partido
español pensó en los
gobernadores de las Provincias para apoyar la
reacción contra el Gobierno
de mayo. De ahí vino que los revolucionarios
exigieron, como condición
precisa, la expedición de quinientos hombres en
el término de quince días
para proteger la libertad de las Provincias. Esa
condición figura en el acta
del 25 de mayo, y muestra que el Gobierno
revolucionario venía al
mundo armado de recelos contra los gobiernos
provinciales. El Gobierno
de Montevideo fue el primero en desconocer la
nueva autoridad de Buenos
Aires, su capital entonces. Los jefes de las
otras Provincias no
tardaron en seguir el mismo ejemplo, armándose contra
la Junta de Buenos Aires.
Elío en Montevideo y Liniers en Córdoba abrieron
desde esa época la carrera
en que más tarde han figurado Artigas, Francia,
López y Quiroga, creando un
estado de cosas más fácil de mejorar que de
destruir.
No viene, pues, de 1820,
como se ha dicho, el desquicio del Gobierno
central de la República Argentina,
sino de los primeros pasos de la
Revolución de Mayo, que
destruyó el gobierno unitario colonial deponiendo
al virrey y no acertó a
reemplazarlo por otro gobierno patrio de carácter
central.
Derrocado el virrey, porque
representaba a un monarca que no existía ya en
el trono de España, y
porque había debido su promoción a la Junta Central,
que no existía tampoco, no
quedaba poder alguno central en la extensión de
los dominios españoles. En
América hizo el pueblo lo mismo que en la
Península: viéndose sin su
legitimo soberano, asumió el poder y lo delegó
en Juntas o gobiernos
locales.
La soberanía local tomó
entonces el lugar de la soberanía general acéfala;
y no es otro, en resumen,
el origen inmediato del federalismo o localismo
republicano en las
Provincias del Río de la Plata (5).
XXI
Continuación del mismo
asunto. La federación pura es imposible en la
República Argentina. Cuál
federación es practicable en aquel país.
Pero la simple federación,
la federación pura, no es menos irrealizable,
no es menos imposible en la
República Argentina, que la unidad pura
ensayada en 1826.
Una simple federación no es
otra cosa que una alianza, una liga eventual
de poderes iguales e
independientes absolutamente. Pero toda alianza es
revocable por una de las
partes contratantes, pues no hay alianzas
perpetuas e indisolubles.
Si tal sistema fuese aplicable a las provincias
interiores de la República
Argentina, seria forzoso reconocer en
cualquiera de ellas el
derecho de revocar la liga federal por su parte, de
separarse de ella y de
anexarse a cualquiera de las otras Repúblicas de la
América del Sur; a Bolivia,
a Chile, a Montevideo, v. g. Sin embargo, no
habría argentino, por
federal que fuera, que no calificase ese derecho de
herejía política o crimen
de leso nación. El mismo Rosas, disputando al
Paraguay su independencia,
ha demostrado que veía en la República
Argentina algo más que una
simple y pura alianza de territorios
independientes.
La simple federación
excluye la idea de un gobierno general y común a los
confederados, pues no hay
alianza que haga necesaria la creación de un
gobierno para todos los
aliados. Así, cuando algunas provincias argentinas
se han ligado parcialmente
por simples federaciones, no han reconocido por
eso un gobierno general
para su administración interior.
Excluye igualmente la
simple federación toda idea de nacionalidad o
fusión, pues toda alianza
deja intacta la soberanía de los aliados.
La federación pura en el
Río de la Plata tiene, pues, contra si los
antecedentes nacionales o
unitarios que hemos enumerado más arriba; y
además todos los elementos
y condiciones actuales que forman la manera de
ser normal de aquel país.
Los unitarios han tenido razón siempre que han
llamado absurda la idea de
asociar las provincias interiores de la
República Argentina sobre
el pie de la Confederación Germánica o de otras
Confederaciones de naciones
o estados soberanos e independientes, en el
sentido que el derecho
internacional da a esta palabra; pero se han
engañado cuando han creído
que no había más federación que las simples y
puras alianzas de poderes
independientes e inconexos.
La federación de los
Estados Unidos de Norteamérica no es una simple
federación, sino una federación
compuesta, una federación unitaria y
centralista, digámoslo así;
y por eso precisamente subsiste hasta la fecha
y ha podido hacer la dicha
de aquel país. Se sabe que ella fue precedida
de una federación pura y
simple, que en ocho años puso a esos Estados al
borde de su ruina.
Por su parte, los federales
argentinos de 1826 comprendieron mal el
sistema que querían aplicar
a su país.
Como Rivadavia trajo de
Francia el entusiasmo y la adhesión por el sistema
unitario, que nuestra
revolución había copiado más de una vez de la de ese
país, Dorrego, el jefe del
partido federal de entonces, trajo de los
Estados Unidos su devoción
entusiasta al sistema de gobierno federativo.
Pero Dorrego, aunque
militar como Hamilton, el autor de la Constitución
norteamericana, no era
publicista, y a pesar de su talento indisputable,
conocía imperfectamente el
gobierno de los Estados Unidos, donde sólo
estuvo los cuatro días de
su proscripción. Su partido estaba menos bien
informado que él en
doctrina federalista.
Ellos confundían la
Confederación de los Estados Unidos de 9 de julio de
1778 con la Constitución de
los Estados Unidos de América, promulgada por
Washington el 17 de septiembre de 1787. Entre esos dos sistemas,
sin
embargo, hay esta
diferencia: que el primero arruinó los Estados Unidos en
ocho años, y el otro los
restituyó a la vida y los condujo a la opulencia
de que hoy disfrutan. El
primero era una simple federación; el segundo es
un sistema mixto de federal
y unitario. Washington decidió la sanción de
este último sistema, y
combatió con todas las fuerzas la primera
federación simple y pura,
que dichosamente se abandonó antes de que
concluyese con los Estados
Unidos. De aquí viene que nuestros unitarios de
1826 citaban en favor de su
idea la opinión de Washington, y nuestros
federales no sabían
responder que Washington era opuesto a la federación
pura, sin ser partidario de
la unidad pura.
La idea de nuestros
federales no era del todo errónea, y sólo pecaba por
extremada y exclusiva. Como
los unitarios, sus rivales, ellos
representaban también un
buen principio, una tendencia que procedía de la
historia y de las
condiciones normales del país.
Las cosas felizmente nos
traen hoy al verdadero término, al término medio,
que representa la paz entre
la provincia y la nación, entre la parte y el
todo, entre el localismo y la idea de una República Argentina
(6).
Será, pues, nuestra forma
normal un gobierno mixto, consolidable en la
unidad de un régimen
nacional; pero no indivisible como quería el Congreso
de 1826, sino divisible y
dividido en gobiernos provinciales limitados,
como el gobierno central,
por la ley federal de la República.
Si la imitación no es por
si sola una razón, tampoco hay razón para huir
de ella cuando concurre
motivo de seguirla. No porque los romanos y los
franceses tengan en su
derecho civil un contrato llamado de venta, lo
hemos de borrar del nuestro
a fuer de originales. Hay una anatomía de los
Estados, como hay una
anatomía de los cuerpos vivientes, que reconoce
leyes y modos de ser
universales.
Es practicable y debe
practicarse en la República Argentina la federación
mixta o combinada con el
nacionalismo, porque este sistema es expresión de
la necesidad presente y
resultado inevitable de los hechos pasados.
Ha existido en cierto modo
bajo el gobierno colonial, como lo hemos
demostrado más arriba, en
que coexistieron combinados la unidad del
virreinato y los gobiernos
provinciales, emanados como aquél de la
elección directa del
soberano.
La Revolución de Mayo
confirmó esa unidad múltiple o compleja de nuestro
gobierno argentino, por el
voto de mantener la integridad territorial del
virreinato, y por la
convocatoria dirigida a las demás provincias para
crear un gobierno de todo
el virreinato.
Ha recibido también la
sanción de la ciencia argentina, representada por
ilustres publicistas. Los
dos ministros del Gobierno de mayo de 1810 han
aconsejado a la República
ese sistema.
"Puede haber una
federación de sólo una Nación", decía el Dr. Moreno. "El
gran principio de esta
clase de gobierno (decía) se halla en que los
Estados individuales,
reteniendo la parte de soberanía que necesitan para
sus negocios interiores,
ceden a una autoridad suprema y nacional la parte
de soberanía que llamaremos
eminente para los negocios generales; en otros
términos, para todos
aquellos puntos en que deben obrar como nación."
"Deseo ciertas modificaciones
que suavicen la oposición de los
pueblos—decía el Dr. Paso
en el Congreso de 1826—, y que dulcifiquen lo
que hallen ellos de amargo
en el gobierno de uno solo. Es decir, que las
formas que nos rijan sean
mixtas de unidad y federación". (7)
Los himnos populares de
nuestra revolución de 1810 anunciaban la aparición
en la faz del mundo de
"una nueva y gloriosa nación", recibiendo saludos
de todos los libres,
dirigidos "al gran pueblo argentino". La musa de la
libertad sólo veía "un
pueblo argentino", una nación argentina, y no
muchas naciones, y no
catorce pueblos.
En el símbolo o escudo de
armas argentinas aparece la misma idea,
representada por dos manos
estrechadas formando un solo nudo sin
consolidarse: emblema de la
unión combinada con la independencia.
Reaparece la misma idea en
el acta célebre del 9 de julio de 1816, en que
se lee: que preguntados los
representantes de los pueblos si querían que
las provincias de la Unión
fuesen una Nación libre e independiente,
reiteraron su voto llenos
de santo ardor por la independencia del país.
Tiene además en su apoyo el
ejemplo del primer país de América y del
mundo, en cuanto a sistema
de gobierno: los Estados Unidos de
Norteamérica.
Es aconsejado por la sana
política argentina, y es hostia de paz y de
concordia entre los
partidos, tan largo tiempo divididos, de aquel país,
ávido ya de reposo y de
estabilidad.
Acaba de adoptarse oficialmente, por el acuerdo celebrado el 31
de mayo de
1852, entre los
gobernadores de todas las Provincias argentinas en San
Nicolás de los Arroyos. Al
mismo tiempo que ese acuerdo declara llegado el
caso de "arreglar por
medio de un congreso general federativo la
administración general del
país bajo el sistema federal " (art. 2º),
declara también "que
las Provincias son miembros de la Nación» (art. 5º),
que el Congreso sancionará
una "constitución nacional "(art. 6º), y que
los diputados
constituyentes deben persuadirse de que el bien de los
pueblos no se conseguirá
"sino por la consolidación de un régimen
nacional, regalar y
justo" (art. 7º). He ahí la consagración completa de
la teoría constitucional de
que hemos tenido el honor de ser órgano en
este libro. Ahora será
preciso que la Constitución definitiva no se desvíe
de esa base.
Europa misma nos ofrece dos
ejemplos recientes en su apoyo: la
Constitución helvética de
12 de septiembre de 1848 y la Constitución
germánica ensayada en
Francfort al mismo tiempo, en que esas dos
Confederaciones de la
Europa han abandonado el federalismo puro por el
federalismo unitario, que
proponemos.
XXII
Idea de la manera práctica
de organizar el gobierno mixto que se propone,
tomada de los gobiernos
federales de Norteamérica, Suiza y Alemania.
Cuestión electoral.
El mecanismo del gobierno
general de Norteamérica nos ofrece una idea del
modo de hacer práctica la
asociación de los principios en la organización
de las autoridades
generales. Allí también, como entre nosotros, se
disputaban el poderío del
gobierno las dos tendencias, unitaria Federal, y
la necesidad de
amalgamarlas en el seno de un sistema compuesto les
sugirió un mecanismo que
puede ser aplicado a un orden de cosas semejante,
con las modificaciones
exigidas por la especialidad de cada caso. La
asimilación discreta de un
sistema adaptable en circunstancias análogas no
es la copia servil, que
jamás puede ser discreta en política
constitucional. Indicaré el
fondo del sistema sin descender a pormenores
que deben reglarse por las
circunstancias especiales del caso.
La ejecución del sistema
mixto que proponemos será realizable por la
división del cuerpo
legislativo general en dos cámaras: una destinada a
representar a las
provincias en su soberanía local, debiendo su elección,
en segundo grado, a las
legislaturas provinciales, que deben ser
conservadas; y otra que,
debiendo su elección al pueblo de toda la
República, represente a
éste, sin consideración a localidades, y como si
todas las Provincias
formasen un solo Estado argentino. En la primera
Cámara serán iguales las
Provincias, teniendo cada una igual número de
representantes en la
legislatura general; en la segunda estarán
representadas según el
censo de la población, y naturalmente serán
desiguales.
Este doble sistema de
representación igual y desigual en las dos Cámaras
que concurran a la sanción
de ley, será el medio de satisfacer dos
necesidades del modo de ser
actual de nuestro país. Por una parte es
necesario reconocer que, a
pesar de las diferencias que existen entre las
provincias bajo el aspecto
del territorio, de la población y de la
riqueza, ellas son iguales
como cuerpos políticos. Puede ser diverso su
poder, pero el derecho es el mismo. Así en la República de las
siete
Provincias Unidas, Holanda
estaba con algunos de los Estados federados en
razón de 1 a 19. Pero bajo
otro aspecto, tampoco se puede desconocer la
necesidad de dar a cada
Provincia en el Congreso una representación
proporcional a su población
desigual, pues sería injusto que Buenos Aires
eligiese un diputado por
cada setenta mil almas y que La Rioja eligiese
uno por cada diez mil. Por
ese sistema, las poblaciones más adelantadas de
la República vendrán a
tener menos parte en el gobierno y dirección del
país.
Así tendremos un Congreso
general, formado de dos cámaras, que será el eco
de las Provincias y el eco
de la Nación: Congreso federativo y nacional a
la vez, cuyas leyes serán
la obra combinada de cada Provincia en
particular y de todas en
general.
Si contra el sistema de dos
cámaras legislativas se objetase el ejemplo de
Méjico, que no ha podido
librarse de la anarquía a pesar de él, también
podría recordarse que la
República Argentina ha sido desgraciada las
cuatro veces que ha
ensayado la representación legislativa por una sola
cámara.
Para realizar la misma fusión
de principios en la composición del poder
ejecutivo nacional, deberá
éste recibir su elección del pueblo o de las
legislaturas de todas las
Provincias, en cuyo sentido será por origen y
carácter un gobierno
nacional y federativo perfectamente en cuanto al
ejercicio de sus funciones,
por la limitación que su poder recibirá de la
acción de los gobiernos
provinciales.
Igual carácter mixto
ofrecerá el poder judiciario federal, si ha de deber
la promoción de sus
miembros al Poder ejecutivo general que represente la
nacionalidad del país, y al
acuerdo de la cámara o sección legislativa que
represente las Provincias
en su soberanía particular; y si sus funciones
se limitasen a conocer de
la constitucionalidad de los actos públicos,
dejando a las judicaturas
provinciales el conocimiento de las
controversias de dominio
privado.
El Gobierno general de los
Estados Unidos no es el único que ofrezca el
mecanismo empleado para
asociar en la formación de las autoridades
generales los dos elementos
unitario y federal. No hay federación célebre
y digna de figurar como
modelo que no presente igual ejemplo en el día. Es
que todas ellas sienten la
misma necesidad inherente a su complexión de
centralizar sus medios de
libertad, de orden y de engrandecimiento. En
América, los Estados
Unidos, y en Europa, Suiza y Alemania, han abandonado
el federalismo puro por el
federalismo unitario en la constitución de su
gobierno general.
Suiza fue una federación de
Estados y no un Estado federativo hasta 1798.
Asociados sucesivamente
desde el siglo XIV con la mira de su defensa común
y no de hacer vida
solidaria, sus cantones resistieron siempre toda idea
de centralización. Medio
francesa y vecina de Francia, fue Suiza la
primera en recibir la
influencia unitaria de la revolución de 1789. La
revolución le llevó en las
puntas de las bayonetas el dogma de las
Repúblicas unas e indivisibles. Pero las tradiciones del país
resistieron
profundamente esa unidad.
Napoleón con su tacto de
estado comprendió la necesidad de respetar la
historia y los
antecedentes; y en su acta de mediación de 1802 restableció
las constituciones
cantonales, sin desatender la unidad de Suiza,
conservando el equilibrio
del poder central y de la libertad de los
cantones.
Bajo el tratado de Viena de
1815 volvió Suiza al federalismo puro. Hasta
1848 fue incesante la lucha
del Sonderbund—liga parcial de los cantones
que defendían la
descentralización—con los partidarios de la unidad
nacional.
Como en Norteamérica en
1787, los dos principios rivales de Suiza
encontraron la paz en la
Constitución de 12 de septiembre de 1848. La idea
de Napoleón de 1802 es la
base del sistema que tiene por objeto ensanchar
las prerrogativas del poder
central. Comienza la Constitución por
reconocer la soberanía de
los cantones, pero subordinándola a la del
Estado. Considera los
cantones como un elemento de la nación, pero arriba
de la consideración de los
intereses locales coloca el interés de la
patria común.
En la organización del poder
central prevalece completamente nuestra idea,
o más bien la idea
americana. La autoridad suprema de Suiza es ejercida
por una asamblea federal
dividida en dos secciones, a saber: un consejo
nacional y otro de los
Estados o cantones. El Consejo Nacional se compone
de diputados del pueblo
suizo, elegidos por votación directa, en razón de
uno por veinte mil almas; y
el Consejo de los cantones se compone de
cuarenta y cuatro miembros,
nombrados por los Estados cantonales, a razón
de dos por cada cantón. Al
favor de ese sistema, Suiza posee hoy el poder
de cohesión y de unidad,
que faltó siempre a sus adelantos, sin caer en la
unidad excesiva que le
impuso el Directorio francés, y que Napoleón tuvo
el buen sentido de cambiar
por el sistema mixto, que se ha restablecido en
1848.
Estrechar el vinculo que
une los Estados federados de Alemania y hacer de
esta federación de Estados
UN Estado federativo fue todo el propósito del
Parlamento de Francfort, al
dar la Constitución alemana de 1848. Ella
sentaba como principio la
superioridad de la autoridad general sobre las
autoridades particulares,
declarando sin embargo que los Estados conservan
su independencia en cuanto
no era limitada por la constitución del
Imperio, y guardaban sus
dignidades y derechos no delegados expresamente a
la autoridad central. Daba
el poder legislativo a un parlamento compuesto
de dos cámaras, bajo los
nombres de Cámara de los Estados y Cámara del
pueblo, elegidos por
sistemas diferentes. El poder de las tradiciones
seculares de aislamiento de
ese país y las dimensiones de los principales
reinos de que consta fueron
causa de que quedase sin efecto el ensayo
constitucional de
Francfort, que representa a pesar de eso el anhelo
ardiente y general de
Alemania por la centralización del gobierno.
Vemos, pues, que en Europa,
lo mismo que en América, las federaciones
tienden a estrechar más y
más su vínculo de unión y a dilatar la esfera de
acción civilizadora y
progresista del gobierno central o federal. Si los
países que nunca han
formado un Estado propenden a realizarlo, ¿qué no
deberán hacer los que son
fracciones de una unidad que ha existido por dos
siglos?
Sistema electoral. En
cuanto al sistema electoral que haya de emplearse
para la formación de los
poderes públicos—punto esencialísimo de la paz y
prosperidad de estas
Repúblicas—, la Constitución argentina no debe
olvidar las condiciones de
inteligencia y de bienestar material exigidas
por la prudencia en todas
partes, como garantías de la pureza y acierto
del sufragio; y al fijar
las condiciones de elegibilidad, debe tener muy
presente la necesidad que
estos países escasos de hombres tienen de ser
poco rígidos en punto a
nacionalidad de origen. Países que deben formarse
y aumentarse con
extranjeros de regiones más ilustradas que las nuestras,
no deben cerrarles
absolutamente las puertas de la representación, si
quieren que ésta se
mantenga a la altura de la civilización del país.
La inteligencia y la
fortuna en cierto grado no son condiciones que
excluyan la universalidad
del sufragio, desde que ellas son asequibles
para todos mediante la
educación y la industria.
Sin una alteración grave en
el sistema electoral de la República
Argentina, habrá que
renunciar a la esperanza de obtener gobiernos dignos
por la obra del sufragio.
Para obviar los
inconvenientes de una supresión brusca de los derechos de
que ha estado en posesión
la multitud, podrá emplearse el sistema de
elección doble y triple,
que es el mejor medio de purificar el sufragio
universal sin reducirlo ni
suprimirlo, y de preparar las masas para el
ejercicio futuro del
sufragio directo.
Todo el éxito del sistema
republicano en países como los nuestros depende
del sistema electoral. No
hay pueblo, por limitado que sea, al que no
pueda aplicarse la
República, si se sabe adaptar a su capacidad el sistema
de elección o de su
intervención en la formación del poder y de las leyes.
A no ser por eso, jamás habría
existido la República en Grecia y en Roma,
donde el pueblo sufragante
sólo constaba de los capaces, es decir, de una
minoría reducidísima en
comparación del pueblo inactivo.
Y para que la misma regla
de fusión presida la formación de los gobiernos
provinciales, la
Constitución tendrá que dejar a las Provincias sus
legislaturas, sus
gobernadores y sus jueces de primera y segunda
instancia, más o menos como
hoy existen, en cuanto a su modo de formación
o elección, se entiende, no
así en lo tocante a los objetos y extensión de
sus facultades.
Legislaturas o consejos de administración, gobernadores o
juntas económicas, ¿qué
importan los nombres? Los objetos y la extensión
de su poder es lo que ha de
verse.
XXIII
Continuación del mismo
asunto. Objetos y facultades del gobierno general.
La creación de un gobierno
general supone la renuncia o el abandono de
cierta porción de
facultades por parte de los gobiernos provinciales. Dar
una parte del gobierno
local, y pretender conservarlo integro, es como
restar de cinco dos, y
pretender que queden siempre cinco (8).
Según esto, pedir un
gobierno general es consentir en el abandono de la
parte del gobierno
provincial que ha de servir para la formación del
gobierno general; y rehusar
esa porción de poder, bajo cualquier pretexto,
es oponerse a que exista
una nación, sea unitaria o federativa. La
federación, lo mismo que la
unidad, supone el abandono de una cantidad de
poder local, que se delega
al poder federal o central.
Pero no será gobierno
general el gobierno que no ejerza su autoridad, que
no se haga obedecer en la
generalidad del suelo del país y por la
generalidad de los habitantes que lo forman, porque un gobierno
que no
gobierna es una palabra que
carece de sentido. El gobierno general, pues,
si ha de ser un hecho real
y no una mentira, ha de tener poder en el
interior de las Provincias,
que forman el Estado o cuerpo general de
nación, o de lo contrario
será un gobierno sin objeto, o por mejor decir,
no será gobierno.
De aquí resulta que
constituir o formar un gobierno general, es lo mismo
que constituir o formar
objetos generales de gobierno. En este sentido la
palabra constituir el país
quiere decir consolidar, uniformar,
nacionalizar ciertos
objetos, en cuanto a su régimen de gobierno.
Discutir ciertas cosas es
hacer dudosa su verdad y conveniencia; una de
ellas es la necesidad de
generalizar y unir ciertos intereses, medios y
propósitos de las
Provincias argentinas, para dirigirlos por un gobierno
común y general. En
política, como en industria, nada se consigue sin
unión de las fuerzas y
facultades dispersas. Esta comparación es débil por
insuficiente. En política,
no hay existencia nacional, no hay Estado, no
hay cuerpo de nación, si no
hay consolidación o unión de ciertos
intereses, medios y
propósitos, como no hay vida en el ser orgánico cuando
las facultades vitales
cesan de propender a un solo fin.
La unión argentina
constituye nuestro pasado de doscientos años y forma la
base de nuestra existencia
venidera. Sin la unión de los intereses
argentinos, habrá
Provincias argentinas, no República Argentina, ni pueblo
argentino: habrá riojanos,
cuyanos, porteños, etc., no argentinos.
Una provincia en sí es la
impotencia misma, y nada hará jamás que no sea
provincial, es decir,
pequeño, oscuro, miserable, provincial, en fin,
aunque la provincia se
apellide Estado.
Sólo es grande lo que es
nacional o federal. La gloria que no es nacional,
es doméstica, no pertenece
a la historia. El cañón extranjero no saluda
jamás una bandera que no es
nacional. Sólo ella merece respeto, porque
sólo ella es fuerte.
Caminos de fierro, canales,
puentes, grandes mejoras materiales, empresas
de colonización, son cosas
superiores a la capacidad de cualquier
provincia aislada, por rica
que sea. Esas obras piden millones; y esta
cifra es desconocida en el
vocabulario provincial.
Pero ¿cuáles objetos y
hasta qué grado serán sometidos a la acción del
gobierno general? o lo que es lo mismo, ¿cuáles serán las
atribuciones o
poderes concedidos por las
Provincias al gobierno general, creado por
todas ellas?
Para la solución de este
problema debemos acudir a nuestra fuente
favorita: los hechos
anteriores, los antecedentes, las condiciones de la
vida normal del país. Si
los legisladores dejasen siempre hablar a los
hechos, que son la voz de
la Providencia y de la historia, habría menos
disputas y menos pérdida de
tiempo. La República Argentina no es un pueblo
que esté por crearse, no se
compone de gentes desembarcadas ayer y venidas
de otro mundo para
constituirse recién. Es un pueblo con más de dos siglos
de existencia, que tiene
instituciones antiguas y modernas, desquiciadas e
interrumpidas, pero reales
y existentes en cierto modo.
Así, muchos de los que han
de ser objetos del gobierno general están ya
generalizados de antemano,
por actos solemnes y vigentes.
Uno de ellos es el
territorio argentino, sobre cuya extensión, integridad
y límites están de acuerdo
Europa, América y los geógrafos, salvo pequeñas
discusiones sobre fronteras
externas. Bajo el nombre de República o
Confederación Argentina,
todo el mundo reconoce un cierto y determinado
territorio, que pertenece a
una asociación política, que no se equivoca ni
confunde con otra.
Los colores nacionales,
sancionados por ley de 26 de febrero de 1818 del
Congreso general de las
Provincias Unidas de aquella época, se han
considerado por todos los
partidos y gobiernos como colores nacionales:
tales son el blanco y el
azul, en el modo y forma hasta ahora
acostumbrados (palabra de
la ley que sancionó la inspiración del pueblo).
El mundo exterior no conoce
otros colores argentinos que esos.
La unidad diplomática o de
política exterior es otro objeto del gobierno
general, que en cierto modo
ha existido hasta hoy en la República
Argentina, en virtud de la delegación que las Provincias
argentinas,
aisladas o no, han hecho en
el gobernador de Buenos Aires, de la facultad
de representarlas en
tratados y en diferencias exteriores, en que todas
ellas han figurado formando
un solo país. Pero ese hecho debe de recibir
una organización más
completa en la Constitución. El gobierno exterior del
país comprende atribuciones
legislativas y judiciales, cuyo ejercicio no
puede ser entregado al
poder ejecutivo de una provincia sin crear la
dictadura exterior del
país. Son objetos pertenecientes al gobierno
exterior de todo país la
paz, la guerra, la navegación, el comercio, las
alianzas con las potencias
extranjeras, y otros varios, que por su
naturaleza son del dominio
del poder legislativo; y no existiendo en
nuestro país un poder
legislativo permanente, quedará sin ejercicio ni
autoridad esa parte
exterior del gobierno de la República Argentina, de
que depende toda su
prosperidad, como se ha demostrado en todo este
escrito. Así, pues, la
vida, la existencia exterior del país, será
inevitablemente uno de los
objetos que se constituyan nacionales. En este
punto la consolidación
deberá ser absoluta e indivisible. Para el
extranjero, es decir, para
el que ve de fuera la República Argentina, ésta
debe ser una e indivisible:
múltiple por dentro y unitaria por fuera. La
necesidad y conveniencia de
este sistema ha sido reconocida
invariablemente hasta por
los partidarios del aislamiento absoluto en el
régimen interior. Todos los
tratados existentes entre la República
Argentina y las naciones
extranjeras están celebrados sobre esa base, y
sería imposible celebrarlos
de otro modo. La idea de un tratado de
comercio exterior, de una
declaración de guerra extranjera, de
negociaciones diplomáticas,
celebrados o declarados por una provincia
aislada, seria absurda y
risible (9).
Tenemos, pues, que en materia de negocios exteriores, tanto
políticos como
comerciales, la República
Argentina debe ser un solo Estado, y como Estado
único no debe tener más que
un solo gobierno nacional o federal.
La aduana exterior, aunque
no está nacionalizada, es un objeto nacional,
desde que toda la República
paga los derechos de aduana marítima, que sólo
percibe la Provincia de
Buenos Aires, exclusivo puerto de un país que
puede y debe tener muchos
otros, aunque la aduana deba ser una y nacional
en cuanto al sistema de
percepción y aplicación del producto de sus
rentas.
Los demás objetos que el
Congreso deberá constituir como nacionales y
generales, en cuanto a su
arreglo, gobierno y dirección permanente, se
hallan felizmente acordados
ya y señalados como bases futuras de
organización general en
actos públicos que envuelven compromisos solemnes.
El tratado litoral, firmado
en Santa Fe el 4 de enero de 1831 por tres
Provincias importantísimas
de la República, al que después han adherido
todas y acaba de
ratificarse por el acuerdo de San Nicolás de 31 de mayo
de 1852, señala como
objetos cuyo arreglo será del resorte del Congreso
general:
La administración general del país bajo el sistema federal.
El comercio interior y
exterior.
La navegación.
El cobro y la distribución
de las rentas generales.
El pago de la deuda de la
República.
Todo lo conveniente a la
seguridad y el engrandecimiento de la República
en general.
Su crédito interior y
exterior.
El cuidado de proteger y
garantizar la independencia, libertad y soberanía
de cada Provincia.
Estas bases son preciosas.
Ellas han hecho y formado su trabajo al
Congreso constituyente en
una parte esencialísima de su obra.
Por ellas conocemos ya
cuáles son los objetos que han de constituirse
nacionales o federales, y
sabemos que esos objetos han de depender, para
su arreglo y gobierno, del
Congreso general.
Esas bases son tan ricas y
fecundas, que el Congreso sólo tendrá que
deducir sus consecuencias
naturales, para obtener el catálogo de todos los
objetos que han de
declararse y constituirse nacionales y subordinados al
gobierno general de toda la
República.
Consignándolas una a una en
el texto de la futura Constitución federal,
tendrá señaladas las
principales atribuciones del poder legislativo
permanente. Las demás serán
deducciones de ellas.
La facultad de establecerá
reglar la administración general del país bajo
el sistema federal,
deferida al Congreso argentino por el tratado litoral
de 1831, envuelve el poder
de expedir el código o leyes, del régimen
interior general de la
Confederación. Los objetos naturales de estas
leyes, es decir, los
grandes objetos comprendidos en la materia de la
administración general,
serán el establecimiento de la jerarquía o escala
gradual de los funcionarios
y sus atribuciones, por cuyo medio reciban su
completa ejecución las
decisiones del gobierno central de la Confederación
en los ramos asignados a su
jurisdicción y competencia nacionales.
Respetando el principio de
las soberanías provinciales, admitido como base
constitucional, ese arreglo
administrativo sólo deberá comprender los
objetos generales y de
provincia a provincia, sin entrar en el mecanismo
interior de éstas. Así, el
régimen municipal y de administración interna
de cada provincia serán del
resorte exclusivo de sus legislaturas, en la
parte que no se hubiese
delegado al gobierno general.
En cuanto a los
funcionarios o agentes del gobierno general, ellos podrán
ser a la vez, según los
objetos, los mismos empleados provinciales y otros
nombrados directamente por
el gobierno general sujetos a su autoridad.
Como la administración
interior de un país abraza los ramos de gobierno,
hacienda, milicias,
comercio, industria, etc., el poder administrativo
deferido al Congreso
comprenderá naturalmente el de reglamentar todos esos
ramos en la parte que se
declaren objetos del gobierno general.
Por eso es que el tratado
de Santa Fe enumera a continuación de ese
objeto, entre los que han
de constituirse generales y reglamentarse por el
gobierno federal, el
comercio interior y exterior y la navegación.
El comercio interior y
exterior y la navegación forman un mismo objeto,
porque la navegación
consiste en el tráfico marítimo, que como el
terrestre son ramos
accesorios del comercio general.
La navegación como el
comercio se dividirá en exterior e interior o
fluvial, y ambos serán
objetos declarados nacionales, y dependientes, en
su arreglo y gobierno, de
las autoridades federales o centrales.
Asignar al gobierno general
el arreglo del comercio interior y exterior es
darle la facultad de reglar
las monedas, los correos, el peajes las
aduanas, que son cosas
esencialmente dependientes y conexas con la
industria comercial. Luego
estos objetos deben ser declarados nacionales,
y su arreglo entregado por
la Constitución exclusivamente al gobierno
general. Y no podría ser de
otro modo; porque con catorce aduanas, catorce
sistemas de monedas, pesos
y medidas, catorce direcciones diversas de
postas y catorce sistemas
de peajes seria imposible la existencia, no digo
el progreso, del comercio
argentino, de que ha de depender toda la
prosperidad de la
Confederación. El artículo 16 del acuerdo del 31 de mayo
de 1852 consagra este
principio.
Asignar al gobierno general
el arreglo del cobro y distribución de las
rentas generales es darle
el poder de establecer los impuestos generales
que han de ser fuente de
esas rentas. Hablar de rentas generales es
convenir en impuestos
generales. Es además consentir en que habrá
intereses de fondos
públicos nacionales, productos de ventas nacionales,
comisos por infracciones de
aduanas nacionales, que son otras tantas
fuentes de renta pública.
Es consentir, en una palabra, en que habrá un
tesoro nacional o federal,
fundado en la nacionalidad de aquellos objetos.
El pago de la deuda de la
República, atribuido en su arreglo al gobierno
general, supone en primer
lugar la nacionalización de ciertas deudas,
supone que hay o habrá
deudas nacionales o federales; y en segundo lugar,
supone en el gobierno común
o federal el poder de endeudarse en nombre de
la Confederación, o lo que
es lo mismo, de contraer deudas, de levantar
empréstitos a su nombre.
Supone, en fin, la posibilidad y existencia de un
crédito nacional.
Constituir un crédito
nacional o federal, es decir, unir las Provincias
para contraer deudas y
tomar dinero prestado en el extranjero, con
hipoteca de las rentas y de
las propiedades unidas de todas ellas, es
salvar el presente y el
porvenir de la Confederación.
El dinero es el nervio del
progreso y del engrandecimiento, es el alma de
la paz y del orden, como es
el agente rey de la guerra. Sin él la
República Argentina no
tendrá caminos, ni puentes, ni obras nacionales, ni
ejército, ni marina, ni
gobierno general, ni diplomacia, ni orden, ni
seguridad, ni consideración
exterior. Pero el medio de tenerlo en cantidad
capaz de obtener el logro
de estos objetos y fines (y no simplemente para
pagar empleados, como hasta
aquí ) es el crédito nacional, es decir, la
posibilidad de obtenerlo
por empréstitos garantizados con la hipoteca de
todas las rentas y
propiedades provinciales unidas y consolidadas a este
fin. Es sensatísima la idea de establecer una deuda federal o
nacional, de
entregar su arreglo a la
Confederación o unión de todas las Provincias en
la persona de un gobierno
común o general.
Asignar al Congreso de la
Confederación la facultad de proveer a todo lo
que interese a la seguridad
y engrandecimiento de la República en general,
es hacer del orden interior
y exterior uno de los grandes fines de la
Constitución, y del
engrandecimiento y prosperidad otro de igual rango. Es
también dar al gobierno
general el poder de levantar y reglamentar un
ejército federal destinado
al mantenimiento de ese orden interno y
externo; como asimismo el
de levantar fondos para la construcción de las
obras nacionales exigidas
por el engrandecimiento del país. Y en efecto,
el solo medio de obtener la
paz entre las Provincias confederadas, y entre
la Confederación toda y las
naciones extranjeras, el único medio de llevar
a cabo la construcción de
la grandes vías de comunicación, tan necesarias
a la población y al
comercio como a la acción del poder central, es decir,
a la existencia de la
Confederación, será el encargar de la vigilancia,
dirección y fomento de esos
intereses al gobierno general de la
Confederación, y consolidar
en un solo cuerpo de nación las fuerzas y los
medios dispersos del país,
en el interés de esos grandes y comunes fines.
Las más de estas bases
acaban de recibir su sanción en el acuerdo de 31 de
mayo de 1852 celebrado en
San Nicolás.
XXIV
Continuación del mismo
asunto. Extensión de las facultades y poderes del
gobierno general.
Determinados los objetos
sobre que ha de recaer la acción del gobierno
general de la
Confederación, vendrá la cuestión de saber: ¿hasta dónde se
extenderá su acción o poder
sobre esos objetos, a fin de que la soberanía
provincial, admitida
también como base constitucional, quede subsistente y
respetada?
Sobre los objetos
declarados del dominio del gobierno federal, su acción
debe ser ilimitada, o más
bien, no debe reconocer otros límites que la
Constitución y la necesidad
de los medios convenientes para hacer efectiva
la Constitución. Como poder nacional, sus resoluciones deben
tener
supremacía sobre los actos
de los gobiernos provinciales, y su acción en
los objetos de su
jurisdicción no debe tener obstáculo ni resistencia.
Así, por ejemplo, si se
trata de recursos pecuniarios para asegurar la
defensa de la Confederación
contra una agresión insolente o destructora de
su independencia, usando de
su poder de imposición el Congreso debe tener
la facultad de establecer
cuantas contribuciones creyese necesarias, en
todas juntas y en cada una
de las Provincias confederadas.
De otro modo, su poder no
será general, sino en el nombre. Siendo uno y
nacional el país en los
objetos constituidos de dominio del gobierno
federal o común, para la
acción de este gobierno nacional deben ser como
no existentes los gobiernos
provinciales. El debe tener facultad de obrar
sobre todos los individuos
de la Confederación, sobre todos los habitantes
de las Provincias, no al
favor de los gobiernos locales, sino directa e
inmediatamente, como sobre
ciudadanos de un mismo país y sujetos a un
mismo gobierno general. No
olvidemos que la Confederación ha de ser no una
simple liga de gobiernos
locales, sino una fusión o consolidación de los
habitantes de todas las
Provincias en un Estado general federativo,
compuesto de soberanías
provinciales, unidas y consolidadas para ciertos
objetos, sin dejar de ser
independientes en ciertos otros. Esta forma
mixta y compuesta, de que
no faltan ejemplos célebres en América, hace que
el país sea a la vez una
reunión de provincias independientes y soberanas
en ciertos ramos, y una
nación sola, refundida y consolidada en ciertos
otros.
La soberanía provincial,
acordada por base, quedará subsistente y
respetada en todo aquello
que no pertenezca a los objetos sometidos a la
acción exclusiva del
gobierno general, que serán por regla fundamental de
derecho público todos
aquellos que expresamente no atribuya la
Constitución al poder del
gobierno federativo o central.
Quedará subsistente, sobre
todo, el poder importantísimo de elegir sus
propias autoridades sin
injerencia del poder central de darse su
Constitución provincial, de
formar y cubrir su presupuesto de gastos
locales con la misma
independencia.
Este gobierno, general y
local a la vez, será complicado y difícil, pero
no por ello dejará de ser
el único gobierno posible para la República
Argentina. Las formas
simples y puras son más fáciles, pero todos ven que
la República Argentina es
tan incapaz de una pura y simple federación como
de una pura y simple
unidad. Necesita, por circunstancias, de una
federación unitaria o de
una unidad federativa.
Esta fórmula de solución no
es original. Es la que resolvió la crisis de
ocho años de vergüenza, de
pobreza y de desquicio por la cual pasó la
Confederación de Estados
Unidos antes de darse la forma mixta que hoy
tiene. Allí, como en la
República Argentina, luchando los dos principios
unitario y federativo, y
convencidos de la incapacidad de destruirse uno a
otro, hicieron la paz y tomaron
asiento unidos y combinados en la
Constitución admirable que
hoy los rige.
No se triunfa de un
principio por las bayonetas; se lo desarma
instantáneamente, se lo
priva de sus soldados, de su bandera, de su voz,
por un azar militar; pero
el principio, lejos de morir, se inocula en el
vencedor mismo, y triunfa
hasta por medio de sus enemigos. Así el
principio unitario de
gobierno, aunque se lo suponga muerto por algunos en
la República Argentina, no
lo está, y debe ser consignado con lealtad en
la Constitución general, en
la parte que le corresponda, y en combinación
discreta y sincera con el
principio de soberanía provincial o federal,
según la fórmula que hemos
dado.
La aplicación de esa
fórmula a nuestro país no es un expediente
artificioso para escamotear
la soberanía provincial. Yo califico de
inhábil todo artificio
dirigido a fascinar la sagacidad del espíritu
provincial, y una
constitución pérfida y falaz lleva siempre el germen de
muerte en sus entrañas. Es
la adopción leal y sincera de una solución, que
los antecedentes del país
hacen inevitable y única.
Tampoco será plagio ni
copia servil de una fórmula exótica. Deja de ser
exótica desde que es
aplicable a la organización del gobierno argentino; y
no será copia servil desde
que se aplique con las modificaciones exigidas
por la manera de ser
especial del país, a cuyas variaciones se presta esa
fórmula como todas las
fórmulas conocidas de gobierno.
Bajo el gobierno español,
nuestras Provincias compusieron un solo
virreinato, una sola
colonia. Los Estados Unidos, bajo la dominación
inglesa, fueron tantas
colonias o gobiernos independientes absolutamente
unos de otros como Estados.
Cada Estado de Norteamérica era mayor en
población que toda la
actual Confederación Argentina; cada provincia de
ésta es menor que el
condado o partido en que se subdividen aquellos
Estados. Este antecedente,
por ejemplo, hará que en la adopción argentina
del gobierno compuesto de
la América del Norte, entre más porción de
centralismo, más cantidad
de elemento nacional, que en el Sistema de
Norteamérica.
Y aunque las distancias
sean un obstáculo real para el centralismo paro,
no lo serán para el
centralismo relativo o parcial que proponemos, desde
que hemos visto en nuestra
misma América española bajo el antiguo régimen
vastísimos imperios o reinados,
administrados con más inteligencia que en
nuestro tiempo por virreyes
que apenas habitaban la provincia metrópoli.
Ni debemos olvidar, en
cuanto a esto, que las leyes civiles y criminales,
el arreglo concejil o
municipal
la planta financiera o fiscal, que hasta hoy poseen las Provincias
argentinas, fueron dados
por un gobierno que residía a dos mil leguas de
América, lo que demuestra
que la distancia no excluye absolutamente todo
centralismo.
Dije que las Provincias no
podrían dar parte de su poder al gobierno
central, y retener al mismo
tiempo ese poder que daban. De consiguiente,
todos los poderes deferidos
al gobierno general serán otros tantos poderes
de que se desprendan ellas.
Según eso, todas las cosas
que pueda hacer el gobierno general serán otras
tantas cosas que no puedan
hacer los gobiernos de provincia.
Las Provincias no podrán
injerirse en el sistema o arreglo general de
postas y correos.
No deberán expedir
reglamento, ni dar ley sobre comercio interior o
exterior, ni sobre
navegación interior, ni sobre monedas, pesos y medidas,
ni sobre rentas o impuestos
que se hubiesen declarado nacionales, ni sobre
el pago de la deuda
pública.
No podrán alterar los
colores simbólicos de la República.
No podrán celebrar tratados
con países extranjeros, recibir sus ministros,
ni declararles guerra.
No podrán hacer ligas
parciales de carácter político, y se darán por
abolidas todas las
existentes.
No podrán tener ejércitos
locales.
No podrán crear aduanas
interiores o de provincia.
No podrán levantar
empréstitos en el extranjero con gravamen de sus
rentas.
No podrán absolutamente
ejercer esos poderes, porque serán poderes
delegados al gobierno de la
Confederación, de un modo constitucional e
irrevocable, por otro medio
que no sea el establecido por la Constitución
misma.
Nada de eso pueden hacer
los Estados aislados, en la Confederación de
Norteamérica, a pesar de su
soberanía local.
Si las Provincias
argentinas rehusasen admitir un sistema semejante de
gobierno, si no
consintiesen en desprenderse de esos poderes, al mismo
tiempo que aseguran querer
un gobierno general, en tal caso se diría con
fundamento que no querían
ni federación ni unidad, ni gobierno general de
ningún género (10).
XXV
Continuación del mismo
objeto. Extensión relativa de cada uno de los
poderes nacionales. Papel y
misión del poder ejecutivo en la América del
Sur. Ejemplo de Chile.
Este sería el lagar de
hablar de las atribuciones respectivas que hayan de
tener los tres poderes,
ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno de
la Confederación. Pero
limitándose el objeto de este libro a designar las
bases y miras generales, en
vista de las cuales haya de concebirse la
nueva Constitución, sin
descender a pormenores, no me ocuparé en estudiar
los deslindes del poder
respectivo de cada una de las ramas del gobierno
general, por ser materia de
aplicación lógica, y ajena de mi trabajo sobre
bases generales.
Llamaré únicamente la
atención, sin salir de mi objeto, a dos puntos
esenciales que han de
tenerse en vista en la constitución d el poder
ejecutivo, tanto nacional
como provincial. Este es uno de los rasgos en
que nuestra Constitución
hispanoargentina debe separarse del ejemplo de la
Constitución federal de los
Estados Unidos.
"Ha de continuar el
virrey de Buenos Aires con todo el lleno de la
superior autoridad y
omnímodas facultades que le conceden mi real título e
instrucción, y las leyes de
las Indias", decía el artículo 2º de la
Ordenanza de Intendentes
para el virreinato de Buenos Aires.
Tal era el vigor del poder
ejecutivo en nuestro país antes del
establecimiento del
gobierno independiente.
Bien sabido es que no hemos
hecho la revolución democrática en América
para restablecer ese
sistema de gobierno que antes existía, ni se trata de
ello absolutamente; pero si
queremos que el poder ejecutivo de la
democracia tenga la
estabilidad que el poder ejecutivo realista, debemos
poner alguna atención en el
modo como se había organizado aquél para
llevar a efecto su mandato.
El fin de la revolución
estará salvado con establecer el origen
democrático y
representativo del poder, y su carácter constitucional y
responsable. En cuanto a su
energía y vigor, el poder ejecutivo debe tener
todas las facultades que
hacen necesarios los antecedentes y las
condiciones del país y la
grandeza del fin para que es instituido. De otro
modo, habrá gobierno en el nombre, pero no en la realidad; y
no existiendo
gobierno, no podrá existir
la Constitución, es decir, no podrá haber ni
orden, ni libertad, ni
Confederación Argentina.
Los tiempos y los hombres
que recibieron por misión proclamar y establecer
en la América del Sur el
dogma de la soberanía radical del pueblo, no
podían ser adecuados para
constituir la soberanía derivado y delegada del
gobierno. La revolución que
arrebató la soberanía a los reyes para darla a
los pueblos no ha podido
conseguir después que éstos la deleguen en
gobiernos patrios tan
respetados como los gobiernos regios; y la América
del Sur se ha visto
colocada entre la anarquía y la omnipotencia de la
espada por muchos años.
Dos sistemas se han
ensayado en la extremidad meridional de la América
antes española, para salir
de esa posición. Buenos Aires colocó la
omnipotencia del poder en
las manos de un solo hombre, erigiéndole en
hombre
ley en hombre
código. Chile empleó una
constitución en vez de la voluntad discrecional
de un hombre; y por esa
constitución dio al poder ejecutivo los medios de
hacer respetar con la
eficacia de que es capaz la dictadura misma.
El tiempo ha demostrado que
la solución de Chile es la única racional en
repúblicas que poco antes
fueron monarquías.
Chile ha hecho ver que
entre la falta absoluta de gobierno y el gobierno
dictatorial hay un gobierno
regular posible; y es el de un presidente
constitucional que pueda
asumir las facultades de un rey en el instante
que la anarquía le
desobedece como presidente republicano.
Si el orden, es decir, la
vida de la constitución, exige en América esa
elasticidad del poder
encargado de hacer cumplir la constitución, con
mayor razón la exigen las
empresas que interesan al progreso material y al
engrandecimiento del país.
Yo no veo por qué en ciertos casos no puedan
darse facultades omnímodas para vencer el atraso y la pobreza,
cuando se
dan para vencer el
desorden, que no es más que el hijo de aquellos.
Hay muchos puntos en que
las facultades especiales dadas al poder
ejecutivo pueden ser el único
medio de llevar a cabo ciertas reformas de
larga, difícil e insegura
ejecución, si se entregan a legislaturas
compuestas de ciudadanos
más prácticos que instruidos, y más divididos por
pequeñas rivalidades que
dispuestos a obrar en el sentido de un
pensamiento común.
Tales son las reformas de
las leyes civiles y comerciales, y en general
todos esos trabajos que por
su extensión considerable, lo técnico de las
materias y la necesidad de
unidad en su plan y ejecución, se desempeñan
mejor y más pronto por
pocas manos competentes que por muchas y mal
preparadas.
Yo no vacilaría en asegurar
que de la constitución del poder ejecutivo,
especialmente, depende la
suerte de los Estados de la América del Sur.
Llamado ese poder a
defender y conservar el orden y la paz, es decir, la
observancia de la
Constitución y de las leyes, se puede decir que a él
sólo se halla casi reducido
el gobierno en estos países de la América
antes española. ¿Qué importa que las leyes sean brillantes, si
no han de
ser respetadas? Lo que
interesa es que se ejecuten, buenas o malas; ¿pero
cómo se obtendrá su
ejecución si no hay un poder serio y eficaz que las
haga ejecutar?
¿Teméis que el ejecutivo
sea su principal infractor? En tal caso no habría
más remedio que suprimirlo
del todo. ¿Pero podríais vivir sin gobierno?
¿Hay ejemplo de pueblo
alguno sobre la tierra que subsista en un orden
regular sin gobierno
alguno? No: luego tenéis necesidad vital de un
gobierno o poder ejecutivo.
¿Lo haréis omnímodo y absoluto, para hacerlo
más responsable, como se ha
visto algunas veces durante las ansiedades de
la revolución? No: en vez
de dar el despotismo a un hombre, es mejor darlo
a la ley. Ya es una mejora
el que la severidad sea ejercida por la
Constitución y no por la
voluntad de un hombre. Lo peor del despotismo no
es su dureza, sino su
inconsecuencia, y sólo la Constitución es inmutable.
Dad al poder ejecutivo todo
el poder posible, pero dádselo por medio de
una constitución.
Este desarrollo del poder
ejecutivo constituye la necesidad dominante del
derecho constitucional de
nuestros días en Sudamérica. Los ensayos de
monarquía, los arranques
dirigidos a confiar los destinos públicos a la
dictadura, son la mejor
prueba de la necesidad que señalamos. Esos
movimientos prueban la
necesidad, sin dejar de ser equivocados y falsos en
cuanto al medio de
llenarla.
La división que hemos hecho
al principio del derecho constitucional
hispanoamericano en dos
épocas, es aplicable también a la organización del
poder ejecutivo. En la
primera época constitucional se trataba de
debilitar el poder hasta lo
sumo, creyendo servir de ese modo a la
libertad. La libertad
individual era el grande objeto de la revolución,
que veía en el gobierno un
elemento enemigo, y lo veía con razón, porque
así había sido bajo el régimen destruido. Se proclamaban las
garantías
individuales y privadas, y
nadie se acordaba de las garantías públicas,
que hacen vivir a las
garantías privadas.
Ese sistema, hijo de las
circunstancias, llegó a hacer imposible, en los
Estados de la América
insurrecta contra España, el establecimiento del
gobierno y del orden. Todo
fue anarquía y desorden, cuando el sable no se
erigió en gobierno por sí
mismo. Esa situación de cosas llega a nuestros
días (1852).
Pero hemos venido a tiempos
y circunstancias que reclaman un cambio en el
derecho constitucional
sudamericano, respecto de la manera de constituir
el poder ejecutivo.
Las garantías individuales
proclamadas con tanta gloria, conquistadas con
tanta sangre, se
convertirán en palabras vanas, en mentiras relumbrosas,
si no se hacen efectivas
por medio de las garantías públicas. La primera
de éstas es el gobierno, el
poder ejecutivo revestido de la fuerza capaz
de hacer efectivos el orden
constitucional y la paz, sin los cuales son
imposibles la libertad, las
instituciones, la riqueza, el progreso.
La paz es la necesidad que
domina todas las necesidades públicas de la
América del Sur. Ella no
necesitaría sino de la paz para hacer grandes
progresos.
Pero no olvidéis: la paz
sólo viene por el camino de la ley. La
Constitución es el medio
más poderoso de pacificación y de orden. La
dictadura es una
provocación perpetua a la pelea; es un sarcasmo, un
insulto sangriento a los
que obedecen sin reserva. La dictadura es la
anarquía constituida y
convertida en institución permanente. Chile debe la
paz a su Constitución, y no
hay paz durable en el mundo que no repose en
un pacto expreso,
conciliatorio de los intereses públicos y privados.
La paz de Chile, esa paz de
dieciocho años continuos en medio de las
tempestades extrañas, que
le ha hecho honor de la América del Sur, no
viene de la forma del
suelo, ni de la índole de los chilenos, como se ha
dicho; viene de su
Constitución. Antes de ella, ni el suelo ni el carácter
nacional impidieron a Chile
vivir anarquizado por quince años. La
Constitución ha dado el
orden y la paz, no por acaso, sino porque fue ése
su propósito, como lo dice
su preámbulo. Lo ha dado por medio de un poder
ejecutivo vigoroso, es
decir, de un poderoso guardián del orden, misión
esencial del poder, cuando
es realmente un poder y no un nombre. Este
rasgo constituye la
originalidad de la Constitución de Chile que, a mi
ver, es tan original a su
modo como la de los Estados Unidos. Por él se
ligó a su base histórica el
poder en Chile, y recibió de la tradición el
vigor de que disfruta.
Chile supo innovar en esto con un tacto de estado,
que no han conocido las
otras Repúblicas. La inspiración fue debida a los
Egañas, y el pensamiento
remonta a 1813. Desde aquella época escribía don
Juan: "Es ilusión un
equilibrio de poderes. El equilibrio en lo moral y lo
físico reduce a nulidad
toda potencia". "Tampoco puede formar equilibrio
la división del ejecutivo y
legislativo, ni sostener la Constitución." "Lo
cierto es que en la
antigüedad, y hoy mismo en Inglaterra, el poder
ejecutivo participa
formalmente de las facultades del legislativo." "La
presente constitución es
tan adaptable a una monarquía mixta como a una
república." "En
los grandes peligros, interiores o exteriores de la
República, pueden la
censura o el gobierno proponer a la junta
gubernativa, y ésta
decretará, que todas las facultades de gobierno o del
consejo cívico se reconcentren
y reúnan en el solo presidente,
subsistiendo todas las
demás magistraturas con sus respectivas facultades,
cuya especie de dictadura
deberá ser por un tiempo limitado y declarado
por junta gubernativa''.
He ahí la semilla, echada
en 1813, de lo que, mejor digerido y
desenvuelto, forma la
originalidad y excelencia de la Constitución vigente
de Chile, ilustrada por
veinte años de paz, debidos a sus artículos 82
(incisos 1 y 20
especialmente) y 161.
Desligado de toda conexión
con los partidos políticos de Chile, teniendo
en ambos personas de mi
afección y simpatía, hablo así de su Constitución,
por la necesidad que tengo
de proponer a mi país, en el acto de
constituirse, lo que la
experiencia ha enseñado como digno de imitación en
el terreno del derecho
constitucional sudamericano. Me contraigo a la
constitución del poder
ejecutivo, no al uso que de él hayan hecho los
gobernantes; y así en
obsequio de la institución cuya imitación
recomiendo, debo decir que
los gobernantes no han hecho al país todo el
bien que la Constitución
les daba la posibilidad de realizar. Por lo
demás, ningún cambio de
afección ha variado jamás mi manera de ver esta
Constitución; adicto de
lejos a la oposición o al poder, siempre la he
mirado del mismo modo.
Con la misma imparcialidad
señalo al principio de este libro los grandes
defectos de que esa
Constitución adolece, y con el fin útil de evitar que
mi país incurra en la
imitación de ella, en puntos en que su reforma es
exigida imperiosamente por
la prosperidad de Chile.
XXVI
De la capital de la
Confederación Argentina. Todo gobierno nacional es
imposible con la capital en
Buenos Aires.
Toco este punto como
accesorio importante de la idea de ensanchar el vigor
del poder ejecutivo
nacional, y como uno de los que hayan presentado mayor
dificultad hasta aquí en la
organización constitucional de la República
Argentina.
En las dos ediciones de
esta obra, hechas en Chile en 1852, sostuve la
opinión, entonces
perteneciente a muchos, de que convenía restablecer a
Buenos Aires como capital
de la Confederación Argentina en la constitución
general que iba a darse.
Esa opinión estaba fundada
en algunos hechos históricos y en
preocupaciones a favor de
Buenos Aires, que han cambiado y que se han
desvanecido más tarde.
Tales eran:
1. Que siendo de origen
transatlántico la civilización anterior y la
prosperidad futura de los
pueblos argentinos, convenía hacer capital del
país al único punto del
territorio argentino que en aquel tiempo era
accesible al contacto
directo con la Europa. Ese punto era Buenos Aires,
en virtud de las leyes de
la antigua colonia española, que se conservaban
intactas respecto a
navegación fluvial.
2. Opinábase que habiendo
sido Buenos Aires la capital secular del país
bajo todos los sistemas de
gobierno, no estaba en la mano del Congreso el
cambiarla de situación.
3. Que esa ciudad era la
más digna de ser la residencia del gobierno
nacional, por ser la más
culta y populosa de todas las ciudades
argentinas.
El primero de esos hechos,
es decir, la geografía política colonial, no
tardó en recibir un cambio
fundamental que arrebató a Buenos Aires el
privilegio de ser único
punto accesible al contacto directo del mundo
exterior.
La libertad de navegación
fluvial fue proclamada por el general Urquiza,
jefe supremo de la
Confederación Argentina, el 28 de agosto y el 3 de
octubre de 1852.
Situados en las márgenes de
los ríos casi todos los puertos naturales que
tiene la República
Argentina, la libertad fluvial significaba la apertura
de los puertos de las
Provincias al comercio directo de la Europa, es
decir, a la verdadera
libertad de comercio.
Por ese hecho las demás
Provincias litorales adquirirían la misma aptitud
y competencia para ser
capital de la República, por razón de la situación
geográfica que Buenos Aires
había poseído exclusivamente mientras conservó
el monopolio colonial de
ese contacto.
A pesar de ese cambio, el
Congreso constituyente declaró a Buenos Aires,
en 1853, capital de la
Confederación Argentina, respetando el antecedente
de haber sido esa ciudad
capital normal del país bajo dos sistemas de
gobierno colonial y
republicano.
Pero la misma Buenos Aires
se encargó de demostrar que el haber sido
residencia del gobierno
encargado por tres siglos de hacer cumplir las
Leyes de Indias, que
bloqueaban los ríos y las provincias pobladas en sus
márgenes, no era título
para ser mansión del gobierno que debía tener por
objeto hacer cumplir la
Constitución y las leyes, que abrían esos ríos y
esas provincias al comercio
directo, es decir, al comercio libre con
Europa.
Buenos Aires reaccionó y
protestó solemnemente contra el régimen de libre
navegación fluvial, desde
que vio que ese sistema le arrebataba los
privilegios del sistema
colonial que la habían hecho ser la única ciudad
comercial, la única ciudad
rica, la única capaz de recibir al extranjero.
Buenos Aires probó además
por su revolución de 11 de septiembre de 1852,
en que se aisló de las
otras Provincias, que el haberlas representado ante
las naciones extranjeras
durante la revolución, lejos de ser un precedente
que hiciera a Buenos Aires
digna de ser su capital, era justamente el
motivo que la constituía un
obstáculo para la institución de un gobierno
nacional. Veamos cómo y por
qué causa.
Mientras las Provincias
vivieron aisladas unas de otras y privadas del
gobierno nacional o común,
la Provincia de Buenos Aires, a causa de esa
misma falta de gobierno
nacional, recibió el encargo de representar en el
exterior a las demás
Provincias; y bajo el pretexto de ejercer la política
exterior común, el gobierno
local o provincial de Buenos Aires retuvo en
sus manos exclusivas,
durante cuarenta años, el poder diplomático de toda
la nación, es decir, la
facultad de hacer la paz y la guerra, de hacer
tratados con las naciones
extranjeras, de nombrar y recibir ministros, de
reglar el comercio y la
navegación, de establecer tarifas y de percibir la
renta de aduana de las
catorce Provincias de la Nación, sin que esas
Provincias tomasen la menor
parte en la elección del gobierno local de
Buenos Aires, que manejaba
sus intereses, ni en la negociación de los
tratados extranjeros, ni en
la regulación de las tarifas que soportaban, y
por último, ni en el
producto de las renta de la aduana, percibido por la
sola Buenos Aires, y
soportado, en último resultado, por los habitantes de
todas las Provincias.
La institución de un
gobierno nacional venía necesariamente a retirar de
manos de Buenos Aires el
monopolio de esas ventajas, porque un gobierno
nacional significa el
ejercicio de esos poderes y la administración de
esas rentas, hecho
conjuntivamente por las catorce Provincias que componen
la República Argentina.
El dictador Rosas,
conociendo eso, persiguió como un crimen la idea de
constituir un gobierno
nacional. Hizo repetir cien veces en sus prensas
una carta que había
dirigido al general Quiroga en 1833, para convencerlo
de que la Nación no tenía
medios de constituir el gobierno patrio, en
busca del cual había
derrocado el poder español en 1810. Rosas, como
gobernador local de Buenos
Aires, defendía los monopolios de la Provincia
de su mando, por que en ese momento formaban todo su
poder personal.
Después de caído Rosas,
Buenos Aires, con sorpresa de toda América, que la
observaba, siguió
resistiendo la creación de un gobierno nacional, que
naturalmente relevaba
porque tenía que relevar a su gobernador local del
rango de jefe supremo de
catorce Provincias, que no lo habían elegido ni
tenían el derecho de
hacerlo responsable. Buenos Aires resistió la
creación de un Congreso
Nacional, porque ese Congreso venía a relevar a su
legislatura de provincia de
los poderes supremos de hacer la paz y la
guerra, de reglar el
comercio y la navegación, de imponer contribuciones
aduaneras: poderes que esa
Provincia había estado ejerciendo por su
legislatura local a causa
de la falta de un Congreso común.
Cuando las Provincias
vieron que Buenos Aires resistía la instalación de
un gobierno nacional en el
interés de seguir ejerciendo sus atribuciones
sin intervención de la Nación,
como había sucedido hasta entonces, las
Provincias renunciaron a la
esperanza de tener la cooperación de Buenos
Aires para fundar un
gobierno nacional de cualquier clase que fuese, pues
todo gobierno común, ya
fuese unitario, ya federal, por el hecho de ser
gobierno común de todas las
Provincias debía exigir de la Provincia de
Buenos Aires el abandono de
las rentas y poderes nacionales, que Buenos
Aires había estado
ejerciendo en nombre de las otras Provincias con motivo
y mientras ellas carecían
de gobierno propio general. El mismo interés que
Buenos Aires ha tenido en
resistir la creación del gobierno común, que
debe destituirle, tendrá
naturalmente en lo futuro para estorbar que se
radique y afirme ese gobierno de las catorce Provincias, a
quien tendrá
que entregar los poderes y
rentas que antes administraba su Provincia
sola, con exclusión
absoluta de las otras.
Luego Buenos Aires no podrá
ser la capital o residencia de un gobierno
nacional, cuya simple
existencia le impone el abandono de los privilegios
de la provincia
nación, que ejerció
mientras las Provincias vivieron constituidas en
colonia de su capital de
otro tiempo.
Hacer a Buenos Aires cabeza
de un gobierno nacional sería lo mismo que
encargarle de llevar a
ejecución por sus propias manos la destitución de
su gobierno de provincia.
Esa es la razón por que
Buenos Aires no quiso ser capital del gobierno
unitario de Rivadavia, ni
quiere hoy ser capital del gobierno federal de
Urquiza. No querrá ser
capital de ningún gobierno común, en cambio del
papel que ha hecho durante
el desorden, a saber: de metrópoli republicana
de trece Provincias, que
vivían sin gobierno propio.
Entre dar su gobierno a
catorce Provincias o recibir el gobierno que ellas
eligen, hay la diferencia
que va de gobernar a obedecer. La Constitución
actual de Buenos Aires
confirma el principio de su derecho local, que
excluyó durante treinta
años a los argentinos de las otras Provincias del
voto pasivo para ser
gobernador de Buenos Aires. Por ese principio, la
política exterior no podía
ser ejercida jamás por el hijo de una provincia
argentina que no hubiese
nacido en Buenos Aires. El feudalismo revelado
por esa legislación hace
ver cuánto dista la Provincia de Buenos Aires de
comprender que debe
entregar su ciudad al gobierno de esos provincianos, a
quienes excluye hasta hoy
mismo de la silla de su gobierno local, si
quiere que exista una
nación bajo su iniciativa.
¡Qué contraste el de esa
política con la de Chile cuya capital de treinta
años a esta parte jamás
hospedó un presidente de la República que no fuese
hijo de provincia!
Colocar la cabeza del
gobierno nacional en la Provincia cuyo interés local
está en oposición con el
establecimiento de todo gobierno común, es
entregarlo a su adversario
para que lo disuelva de un modo u otro, en el
interés de recuperar las
ventajas que le daba la acefalía.
Si Buenos Aires ha perdido
el monopolio que hacía de las rentas y del
gobierno exterior de la
nación, por causa de la libertad fluvial y del
comercio directo de las
Provincias con Europa, es evidente que no conviene
a las libertades de la
navegación fluvial y a los intereses del comercio
directo el colocar la
cabeza del gobierno que ha nacido de esas
libertades, y que descansa
en ellas, en manos de la Provincia de Buenos
Aires, que ha soportado
aquella pérdida.
Y aunque Buenos Aires
asegure por táctica que no se opone a la libertad
fluvial, se debe dudar de
la sinceridad de un aserto, que equivale a decir
que quiere de corazón la
pérdida de sus antiguos monopolios de poder y de
renta. Si desea, en efecto
el abandono de esos monopolios, ¿por qué está
entonces separada de las
otras Provincias de su país? ¿Por qué no acepta
Constitución nacional que
le ha retirado esos monopolios?
Así, la capital de la
Nación en Buenos Aires es tan contraria a los
intereses de las naciones
extranjeras que tienen relaciones de comercio
con los pueblos argentinos,
como a los intereses de las Provincias mismas,
porque el interés de Buenos
Aires se halla en oposición con el interés
general en ese punto.
Se dirá que sólo es su
interés mal entendido, y ésa es la verdad; pero no
se debe olvidar que este
interés es el que hoy gobierna a Buenos Aires,
porque es el único que él
entiende. Buenos Aires desconoce totalmente las
condiciones de la vida de
nación, por la razón sencilla de que durante
cuarenta años sólo ha hecho
la vida de provincia. Nunca ha entendido el
modo de engrandecer sus
intereses locales, ligándolos con los intereses de
la nación, sino cuando ha
podido someter los intereses de toda la nación a
los de su provincia. Así se
explica cómo prefiere hoy romper la integridad
de la nación, antes que
respetar y obedecer el gobierno creado por sus
compatriotas, que sería el
brazo fuerte de la tranquilidad y del progreso
de la misma Buenos Aires.
Capital siempre incompleta
y a medias bajo la República, semicapital bajo
el gobierno directo de
Madrid en las Provincias argentinas, en ningún
tiempo Buenos Aires nombró
sus gobernadores. De modo que la cesación de su
rango de capital (que
perdió de derecho desde 1810) es un cambio nominal,
que no envuelve una
variación sustancial en los hechos anteriores; y por
eso es que se opera
pacíficamente, sin violencia por ninguna parte y
contra la voluntad misma
del Congreso, que dispuso lo contrario.
No se decretan las capitales de las naciones, se ha dicho con
razón. Ellas
son la obra espontánea de
las cosas.
Pues bien, las cosas del
orden colonial hicieron la capital en Buenos
Aires, a pesar de la
voluntad del rey de España; y las cosas de la
libertad han sacado de allí
la capital, a pesar de la voluntad del
Congreso Argentino.
Como en los Estados Unidos
de Norteamérica, la nueva capital del Plata ha
salido también del choque
de los intereses del norte con los intereses del
sur de las Provincias
argentinas.
El ejemplo de ese país nos
enseña que no es menester que el gobierno común
se inspire en el brillo de
las grandes ciudades, para ser ilustrado y
juicioso. Si es verdad que
Inglaterra hostilizó a sus colonias, designando
lugares solitarios para la
reunión de sus legislaturas, también es un
hecho conocido que la
República de los Estados Unidos tuvo necesidad de
instituir su gobierno
nacional en el más humilde de los lugares de ese
país, pues tuvo que formar
al efecto una ciudad que no existía, en cuyas
calles he visto todavía en
1855 vacas errantes y sueltas. Nueva York,
rival de París, no es
capital ni ano del Estado de su nombre. Un simple
alcalde es el jefe superior
de esa metrópoli del comercio americano. Su
gobierno local reside en
Albany, pueblecito interior, donde se hacen las
leyes del más brillante y
populoso Estado del Nuevo Mundo. En nombre de la
autoridad de esos ejemplos,
séanos permitido declinar de la autoridad de
Rossi, que invocamos en las
primeras ediciones de este libro.
Si la situación geográfica,
si el interés local opuesto al interés de
todos, quitan a Buenos
Aires toda competencia para ser capital de la
república, ¿cuál otro
título le resta? ¿La superioridad de su cultura? ¿Su
inteligencia en materia de
gobierno constitucional?
Séanos permitido averiguar
cuándo, cómo, con qué motivo adquirió Buenos
Aires los hábitos y la
inteligencia del gobierno libre, que le den título
para ser capital de un
gobierno nacional representativo.
Si la historia es una
escuela de gobierno, no debemos malograr sus
lecciones porque sea
mortificante su lenguaje.
Olvidemos que en dos siglos
Buenos Aires fue residencia de un virrey
armado de facultades
omnímodas y de un poder sin límites.
Prescindamos de los
primeros diez años de la revolución en que Buenos
Aires tuvo que asumir esa
misma omnipotencia para llevar a cabo la
revolución contra España.
No hablemos de las reformas locales del señor
Rivadavia, en que ese
publicista, con más bondad que inteligencia,
organizó el desquicio del
gobierno argentino.
¿Cuál ha sido la suerte de
las libertades y garantías de Buenos Aires
durante los últimos veinte
años?
La división del poder es la
primera de las garantías contra el abuso de su
ejercicio. Por veinte años
la Provincia de Buenos Aires ha visto la suma
total de sus poderes
públicos en manos de un solo hombre.
La responsabilidad de los
mandatarios es otro rasgo esencial del gobierno
libre. Rosas se conservaría
hasta hoy día de gobernador de Buenos Aires,
justificado en todos sus
actos, si no le hubiese derrocado un ejército
salido de las Provincias
contra la resistencia de un ejército salido de
Buenos Aires. La
Legislatura de esa Provincia sancionó y legalizó la
tiranía de Rosas, año por año,
durante un quinto de siglo; y rehusó
treinta y cuatro veces
admitir la renuncia que hizo el tirano de su poder
despótico. Pues bien, ni
hoy mismo ocurre a nadie en Buenos Aires que esa
legislatura sea responsable
de las violencias que legalizó.
La publicidad de los actos
del poder es otro rasgo del gobierno libre,
como preservativo de sus
abusos. Con la cabeza hubiese pagado su audacia
el que hubiera interpelado
al Gobierno para informar al país de un negocio
público, o el que hubiese opinado con su razón propia y no con
la razón
del Gobierno.
La movilidad de los
mandatarios es otro requisito de la República
representativa. Existe hoy
en Buenos Aires toda una generación de
políticos que ha venido a
conocer otro gobernador que don Juan Manuel
Rosas, después de tener
barbas.
Esa es la historia de las
garantías públicas; veamos lo que ha sido de las
garantías individuales,
bajo el gobierno que más ha influido en las
costumbres y en la
educación de Buenos Aires.
Es inútil decir que la
libertad, base y resumen de todas las garantías, no
ha podido coexistir con la
tiranía sangrienta y tenebrosa de Rosas. Por
veinte años el solo nombre
de libertad fue calificado crimen de leso
patria.
Respecto de la propiedad,
la más fecunda de las garantías para un país
naciente, ¿qué suerte tuvo
en Buenos Aires por el espacio de veinte años?
Recién después de la caída
de Rosas se han devuelto propiedades por valor
de muchos millones de
pesos, que han estado arrebatadas a sus dueños, y
entregadas a los cómplices
del despojo oficial. En ese espectáculo se ha
educado la generación de
Buenos Aires, que pretende tomar la iniciativa
constitucional de la
República.
¿Qué fue de la garantía de
la vida? Hable Rivera Indarte desde su tumba
con las tablas de sangre
que horrorizaron a Inglaterra y a Europa. El
puñal de la mazorca, rama
ambulante del Gobierno de Buenos Aires, cortó
centenares de cabezas sin
la menor resistencia de parte de esa ciudad,
cuyas iglesias, al
contrario, vieron en sus altares el retrato del tirano,
y cuyas calles vieron
paseado en carros de triunfo por las primeras gentes
ese retrato del autor de
esas matanzas.
En cuanto a la seguridad de
las personas, los habitantes de Buenos Aires
estaban más seguros en las
cárceles que en sus propias casas, y la fuga y
la ocultación fueron el
Habeas corpus de ese tiempo.
La libertad de la prensa
sólo existió para el Gobierno, quien la empleó
veinte años en insultar
impunemente al pueblo de Buenos Aires. Escribir,
publicar, leer, enseñar,
aprender, estudiar, todo estuvo prohibido 20 años
directa o indirectamente en
esa ciudad que se pretende llamada a ilustrar
a las Provincias.
Un expediente era necesario
seguir para salir de Buenos Aires, sin cuyo
requisito el viajero era
considerado y tratado como prófugo: tal fue la
suerte de la libertad de
locomoción.
¿Qué puede entender de
derecho constitucional la población de Buenos
Aires, donde el derecho
público argentino no se enseñó jamás en ninguna
escuela? Porque discutir
los principios de un gobierno nacional y dar a
conocer la usurpación que
Buenos Aires hacía de sus atribuciones y rentas
a las demás Provincias, que
forman la nación, era todo uno y la misma
cosa.
¿Qué noción puede haber de
la igualdad ante la ley? ¿Qué podrá ser esa
garantía, considerada como
idea o como práctica, en la ciudad donde por
veinte años los hombres se
dividieron ante el gobierno y ante el juez, en
salvajes unitarios y
patriotas federales, en amigos del gobernador Rosas y
en traidores de la patria
colocados fuera de la ley?
¿Qué noción de espíritu
público podrá existir en la ciudad donde por
veinte años fueron
sospechados de conspiración, y perseguidos tal vez de
muerte, cuatro individuos
que se reunían para conversar de cosas
indiferentes?
Esa es la historia de
Buenos Aires; ésa es la verdad de su pasado que
siempre es padre de la
realidad del presente. Si yo miento en ella, faltan
conmigo a la verdad todos
los publicistas de Buenos Aires que han figurado
al frente de la causa que
triunfó por el brazo de Urquiza en Monte
Caseros. Apelo a Rivera
Indarte, a Florencio Varela, a Echeverría, a
Alsina, a Wright, a Mármol,
a Frías, en sus escritos anteriores a la caída
de Rosas. Ellos son, en
resumen, lo que acabo de decir. Pues bien, ellos
han establecido de antemano
la incompetencia para llevar la libertad
constitucional a las
Provincias que componen la República, del pueblo de
Buenos Aires a quien la
República le llevó primero la victoria contra
Rosas, y más tarde la
Constitución nacional que derogaba su régimen de
barbarie habiendo resistido
sin éxito a su libertad, y después a la
Constitución, de la que
tuvo la desgracia de triunfar militarmente al
favor de un cohecho.
No queramos encubrir y
oscurecer el pasado para disculpar el presente. No
alteremos la verdad de ayer
para desfigurar la verdad de hoy.
El Gobierno que ha tenido
Buenos Aires por veinte años puede engendrar el
fanatismo, pero no la
inteligencia de la libertad.
La libertad es un arte, es
un hábito, es toda una educación; ni cae
formada del cielo, ni es un
arte infuso. El amor a la libertad no es la
república como el amor a la
plata no es la riqueza.
¿Quién puso fin a esa
triste historia de Buenos Aires? ¿Dio esa ciudad una
prueba práctica de su
aversión al despotismo y de su apego a la libertad,
derrocando por sus manos al
tirano de veinte años? Al contrario, todos
saben que un ejército de
veinte mil hombres salió de la Provincia de
Buenos Aires y peleó seis
horas en campo de batalla para defender al
opresor de sus libertades.
Buenos Aires fue libertada
contra su voluntad por la espada victoriosa del
general Urquiza.
Pero importa explicar la
anomalía, que no se explica solamente por motivos
de ignorancia o abatimiento
de la ciudad vencida.
Buenos Aires no defendía la
tiranía, aunque tampoco defendía su libertad
en la batalla de Monte
Caseros. Defendía una causa más antigua que la
dictadura de Rosas, y que
debía sobrevivir a esa dictadura: la causa del
monopolio del gobierno
exterior y del tesoro de toda la nación, que
explotó el tirano de esa
Provincia y que más tarde quisieron explotar los
sucesores de su gobierno
local.
Los revoltosos de
profesión, los que comen del sofisma, y los unitarios
cansados de luchar por la
unidad nacional, han transigido con las
preocupaciones
antinacionales del vulgo de Buenos Aires y han atacado la
integridad de la República
con la audacia que no tuvo el mismo Rosas, pues
jamás ese tirano osó
presentar aislada en el mundo a su Provincia, sino
como encargada de
representar a las demás Provincias de la Nación, de que
formaba y forma parte
integrante.
Eso acabó con el prestigio
de Buenos Aires en la opinión de las Provincias
y puso de manifiesto a los
ojos de ellas que la política de aislamiento y
de desquicio que había sido
atribuida a Rosas servía a los intereses de
Buenos Aires, los cuales
hallaron quien los comprendiera y defendiera,
como los había comprendido
y defendido el tirano; es decir, en
contradicción con los
intereses de la Nación Argentina.
Por fortuna, el poder y
superioridad que en otro tiempo hicieron a Buenos
Aires capital indispensable
de la nación y árbitro de su organización
constitucional, han salido para siempre de las manos de esa
provincia,
junto con el monopolio del
comercio y de la navegación fluvial de que
dependía; y su aislamiento
y abstención de vieja y conocida táctica han
dejado de ser un medio de
impedir la creación del gobierno nacional,
quitándole su capital de
otro tiempo.
Y ya no habrá medio de
restablecer la antigua supremacía de Buenos Aires
en las Provincias. Su
ascendiente de hecho ha caducado para siempre, por
la pérdida de los
monopolios de comercio, de navegación y de rentas, en
que tenía origen. Y como el
nuevo régimen de libertad fluvial y de
comercio directo con Europa
tiene la garantía de muchos tratados perpetuos
firmados con naciones
poderosas y del interés general de las naciones
comerciales, no habría más
medio de restituir a Buenos Aires su antigua
supremacía comercial y
política en las Provincias argentinas, que romper
los tratados firmados con
Inglaterra, Francia y Estados Unidos,
restablecer la clausura de
los ríos y atacar de frente el interés general
del comercio extranjero.
En otro tiempo, todos los
movimientos de Buenos Aires se volvían
argentinos. Buenos Aires
era a las Provincias lo que París a Francia, o
más, tal vez, por una razón
fácil de concebir. Unico puerto de todo el
país, Buenos Aires tenía el
comercio, la navegación, las aduanas, los
destinos de las catorce
Provincias en sus manos, y el menor cambio dentro
de su provincia se hacía
sentir inevitablemente hasta en la provincia más
distante.
Hoy que las Provincias han
asumido su vida propia por el nuevo sistema de
navegación que las pone en
contacto directo con el mundo, los cambios de
Buenos Aires son sin
consecuencia alguna en la República.
Cuando esa Provincia estaba
al frente de todas las demás, sus negocios
inspiraban el interés y
respeto que merecen naturalmente los asuntos de
toda una nación.
Buenos Aires sin la nación
sólo puede interesar a los que de lejos ignoran
que no significa hoy otra
cosa que una provincia de doscientos cincuenta
mil habitantes, más modesta
que el departamento del Ródano, o que el de la
Gironda, en Francia. Eso es lo que representa hoy su Asamblea
general,
compuesta de un Senado y
una Cámara de Representantes, su poder ejecutivo
con cuatro Ministerios y
con un consejo de Estado de ochenta miembros, sus
Cortes de justicia. Todo
ese aparato de gobierno no maneja hoy sino la
decimocuarta parte de los
intereses que gobernaba cuando la Confederación
Argentina encomendaba su
política exterior al Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires.
Por el contrario, la
Confederación sin Buenos Aires era en otro tiempo la
nación sin sus rentas, sin
su comercio, sin su puerto único; porque todo
esto quedaba en manos de
Buenos Aires cuando esa provincia se aislaba de
las otras, reteniendo el monopolio
de la navegación fluvial. Hoy que la
nación tiene diez puertos
abiertos al comercio exterior y el goce de sus
rentas, la Confederación
sin Buenos Aires es la nación menos una
provincia. Y aunque esta
provincia disfrace su condición subalterna con el
nombre pomposo de Estado,
su aislamiento no es ya la cabeza que se
desprende del cuerpo, sino
la peluca que se desprende de la cabeza,
reaparecida en otra parte y
rejuvenecida por la libertad.
Con sus monopolios rancios
y sus tradiciones del siglo XVI, Buenos Aires
es realmente la peluca de
la República Argentina, el florón vetusto del
sepultado virreinato, el
producto y la expresión de la colonia española de
otro tiempo, como Lima, como
Méjico, como Quito, como todas las ciudades
donde residieron los
virreyes que tuvieron por mandato inocular en los
pueblos de la América del
Sur las leyes negras de Felipe II y Carlos V. En
las paredes de sus palacios
dejaron el secreto de la corrupción y del
despotismo esos delegados
tétricos del Escorial.
Restos endurecidos del
antiguo sistema, esas ciudades grandes de
Sudamérica son todavía el
cuartel general y plaza fuerte de las
tradiciones coloniales.
Pueden ser hermoseadas en la superficie por las
riquezas del comercio
moderno, pero son incorregibles para la libertad
política. La reforma debe
ponerlas a un lado. No se inicia en los secretos
de la libertad al esclavo
octogenario, orgulloso de sus canas, de su
robustez de viejo, de sus
calidades debidas a la ventaja de haber nacido
primero, recibe el consejo
como insulto y la reforma como humillación.
Todo el porvenir de la
América del Sur depende de sus nuevas poblaciones.
Una ciudad es un sistema.
Las viejas capitales de Sudamérica son el
coloniaje arraigado,
instruido a su modo, experimentado a su estilo,
orgulloso de su fuerza
física; por lo tanto, incapaz de soportar el dolor
de una nueva educación.
Si es verdad que la actual
población de Sudamérica no es apropiada para la
libertad y para la
industria, se sigue de ello que las ciudades menos
pobladas de esa gente, es
decir, las más nuevas, son las más capaces de
aprender y realizar el
nuevo sistema de gobierno, como el niño ignorante
aprende idiomas con más
facilidad que el sabio octogenario. La República
debe crear a su imagen las
nuevas ciudades, como el sistema colonial hizo
las viejas para sus miras.
Luego el primer deber, la
primera necesidad del nuevo régimen de la
República Argentina, antes
colonia monarquista de España, es colocar la
iniciativa de su nueva
organización fuera del centro en que estuvo por
siglos la iniciativa
orgánica del régimen colonial.
Las cosas mismas, por
fortuna gobernadas por su propia impulsión, las
inclinaciones y fuerzas
instintivas del país en el sentido de su
organización moderna, han
hecho prevalecer este plan de iniciativa y de
discusión, sacando la
capital fuera del viejo baluarte del monopolio, y
fijándola en el Paraná,
cuna de la libertad fluvial, en que reposa sólo el
sistema del gobierno
nacional argentino.
XXVII
Respuesta a las objeciones
contra la posibilidad de una Constitución
general para la República
Argentina.
Sucede con la posibilidad
de un orden constitucional para aquel país, lo
que sucedía respecto de la
tiranía que ha caducado. Se hacía
ordinariamente este argumento: "¿Rosas subsiste en el
poder a pesar de
veinte años de tentativas
para destruirlo?, luego es invencible, luego es
la expresión de la voluntad
del país". A muy pocos ocurría este otro
argumento, más racional y
últimamente justificado por la experiencia:
"¿Rosas subsiste
después de veinte años de guerra?, luego no se le ha
sabido combatir".
Cuarenta años ha pasado ese
país sin poderse constituir, luego es incapaz
de constituirse, concluyen
algunos; y la verdadera conclusión es ésta:
luego no ha sabido darse la
constitución de que es muy susceptible.
En efecto, no ha sobrado el
tacto, el instinto de las cosas de Estado en
las varias tentativas de
organización general. Más de una vez se han
perdido de vista estos
puntos de partida tan sencillos y naturales.
Antes de la revolución de
1810, los gobiernos provinciales eran derivación
del gobierno central o
unitario, que existió en el antiguo régimen. Pero
la Revolución de Mayo,
negando la legitimidad del gobierno central español
existente en Buenos Aires,
y apelando al pueblo de las Provincias para la
formación del poder patrio,
creó un estado de cosas que con los años ha
prescripto cierta legitimidad: creó el régimen provincial o
local.
Este resultado debe ser el
punto de partida para la constitución del poder
general.
Tenemos, según él, que sólo
hay gobiernos provinciales en la República
Argentina, cuya existencia
es un hecho tan evidente, como es evidente el
hecho de que no hay
gobierno general.
Para crear el gobierno
general, que no existe, se ha de partir de los
gobiernos provinciales
existentes. Son éstos los que han de dar a luz al
otro.
Los pueblos, por su parte,
a menos que no se subleven a un mismo tiempo
contra sus gobiernos -lo
que es inverosímil-, han de obrar naturalmente
por el órgano de sus
gobiernos. Si un gobierno provincial toma la
iniciativa en la
convocatoria para proceder a la organización del país, no
se ha de dirigir a los
pueblos directamente, porque eso seria sedicioso,
sino por conducto de sus
respectivos gobiernos. Invertir esta orden, sería
echar el guante a todos los
gobiernos provinciales; y en vez de la paz y
del orden, que tanto
interesa a la vida del país, se tendrían catorce
guerras en vez de una.
Los gobiernos provinciales
existentes han de ser los agentes naturales de
la creación del nuevo
gobierno general.
Pero ¿hay en este mundo
gobierno chico o grande de que se abdique a sí
mismo hasta desaparecer
enteramente? Esperar eso es desconocer la
naturaleza del hombre.
Claro es, pues, que los
gobiernos provinciales no consentirán ni
contribuirán a la creación
del gobierno general, sino a condición de
continuar ellos existiendo,
con más o menos disminución de facultades. Por
gobiernos no entiendo
personas.
El gobierno de Buenos Aires
conoció esta verdad en la tentativa de
organización de 1825. El
hizo entonces lo que hoy hace el general Urquiza;
se dirigió a los gobiernos
provinciales, convocándolos a la promoción de
un gobierno general.
Un Congreso general
constituyente se instaló en Buenos Aires por resultado
de los trabajos oficiales
de los gobiernos de provincia.
El Congreso, apenas
instalado, expidió una ley fundamental el 23 de enero
de 1825, declarando
(art.3°) que "por ahora y hasta la promulgación de la
constitución que ha de
organizar al Estado, las Provincias se regirán
interinamente por sus
propias instituciones".
El general Las Heras,
gobernador de Buenos Aires entonces, al circular esa
ley en las Provincias, declaró (en nota de 28 de enero de 1825)
que el
Congreso se había salvado
por aquella declaración, que resolvía al mismo
tiempo el problema del
establecimiento de un poder ejecutivo y de un
tesoro nacional.
En efecto, mientras las Provincias conservaron sus gobiernos e
instituciones propias,
existió el Congreso y un poder ejecutivo nacional.
Pero desde que el fatal por
ahora, señalado a la existencia de los
gobiernos locales en la ley
citada, cesó en presencia de la Constitución
dada el 24 de diciembre de
1826, que consolidaba los catorce gobiernos de
la República Argentina en
uno solo, tanto el Congreso como la Presidencia
no tardaron en desaparecer.
Si el mantenimiento de los
gobiernos provinciales, en vez de ser
provisorio, hubiese sido
consignado definitivamente en la Constitución,
las cosas hubieran tenido
probablemente otro resultado.
Se pusieron la estrategia y
la habilidad de manejos al servicio de la
hermosa y honrada teoría de
la unidad nacional indivisible; pero nada fue
capaz de adormecer el
instinto de la propia conservación de los gobiernos
provinciales. El gobierno
general les prometió vida y subsistencia
mientras trabajaban en
crearlo; pero cuando ya formado quiso absorberse a
sus autores, éstos se lo
absorbieron a él primero.
Los hechos, pues, legítimos
o no, agradables o desagradables, con el poder
que les es inherente, nos
conducen a emplear los gobiernos de provincia
existentes como agentes
inevitables para la creación del nuevo gobierno
general; y para que ellos
se presten a la ejecución de esa obra
primeramente, y después a
su conservación, será indispensable que la vida
del gobierno general se
combine y armonice con la existencia de los
gobiernos locales, según la
fórmula de fusión que hemos indicado más
arriba. Por ese régimen de
transición, obra de la necesidad como son todas
las buenas constituciones, se irá mediante los años a la
consolidación,
por hoy precocísima, del
gobierno nacional argentino. Eso es proceder como
debe procederse en cosas de
Estado. Una constitución no es inspiración de
artista, no es producto de
entusiasmo; es obra de la reflexión fría, del
cálculo y del examen
aplicados al estudio de los hechos reales y de los
medios posibles.
¿Se cree que la
Constitución de Estados Unidos, tan ponderada y tan digna
de serlo, haya sido en su
origen otra cosa que un expediente de la
necesidad?
"No podría negarse que
hubiesen sido justos y fundados muchos de los
ataques que se hicieron a
la Constitución—dice Story—. La Constitución era
una obra humana, el
resultado de transacciones en que las consecuencias
lógicas de la teoría habían
debido sacrificarse a los intereses y a las
preocupaciones de algunos
Estados." (12)
XXVIII
Continuación del mismo
asunto. El sistema de gobierno tiene tanta parte
como la disposición de los
habitantes en la suerte de los Estados. Ejemplo
de ello. La República
Argentina tiene elementos para vivir constituida.
Los americanos del Norte,
después de sacudir la dominación inglesa,
malograron muchos años en
inútiles esfuerzos para darse una constitución
política. Varios de sus
hombres eminentes elevaron objeciones tan
terribles contra la
posibilidad de una constitución general para la nueva
República, que se llegó a
creer paradojal su existencia. Aunque de mejor
tela que el nuestro, ese
pueblo estuvo a pique de sucumbir bajo los mismos
males que afligen a los
nuestros hace cuarenta años. He aquí el cuadro que
hacia de los Estados Unidos
el Federalista, publicación célebre de ese
tiempo: "Se puede
decir con verdad que hemos llegado casi al último
extremo de la humillación
política. De todo lo que puede ofender el
orgullo de una nación o
degradar su carácter, no hay cosa que no hayamos
experimentado. Los
compromisos a cuya ejecución estábamos obligados por
todos los vínculos
respetados entre los hombres, son violados
continuamente y sin pudor.
Hemos contraído deudas para con los extranjeros
y para con los
conciudadanos, con el fin de servir a la conservación de
nuestra existencia
política, y el pago no está asegurado todavía por
ninguna prenda
satisfactoria. Un poder extranjero posee territorios
considerables y puertos, que
las estipulaciones expresas lo obligaban a
restituirlos hace mucho
tiempo, y continúan retenidas en desprecio de
nuestros intereses y
derechos. Nos hallamos en un estado que no nos
permite mostrarnos
sensibles a las ofensas y repelerlas; no tenemos ni
tropas, ni tesoro, ni
gobierno. No podemos ni aún quejarnos con dignidad;
seria necesario empezar por
eludir los justos reproches de infidelidad que
podría hacérsenos respecto
del mismo tratado. La España nos despoja de los
derechos que debemos a la
naturaleza sobre la navegación del Missisipi. El
crédito público es un
recurso necesario en los casos de grandes peligros,
y nosotros parecemos haber
renunciado a él para siempre. El comercio es la
fuente de las riquezas de las naciones; pero el nuestro se
halla en el
último grado de
aniquilamiento. La consideración a los ojos de los poderes
extranjeros es una
salvaguardia contra sus usurpaciones; la debilidad del
nuestro no les permite
siquiera tratar con nosotros; nuestros embajadores
en el exterior son vanos
simulacros de una soberanía imaginaria... Para
abreviar detalles... ¿cuál
es el síntoma de decrepitud política, de
pobreza y anonadamiento de
que puede lamentarse una nación favorecida, que
no se cuente en el número
de nuestras desgracias políticas?
Ese era el cuadro de los
Estados Unidos de Norteamérica ocho años después
de declarada su
independencia, y antes de sancionarse la Constitución que
rige hasta hoy; su
veracidad no debe parecernos dudosa, si advertimos que
fue trazado por la pluma
más noble que haya poseído la prensa de
Norteamérica.
Esa pintura seria
hiperbólica si la aplicáramos a la situación actual de
la República Argentina en
todas sus partes.
Luego el destino político
de los Estados no depende únicamente de la
disposición y aptitud de
sus habitantes, sino también de la buena fortuna
y acierto en la elección
del sistema de gobierno.
Por la misma razón nuestros
habitantes de la América del Sur menos bien
dispuestos que los de
Norteamérica por sus antecedentes políticos, pueden
no obstante ser capaces de
un sistema regular de gobierno, si se acierta a
elegir el que conviene a su
manera de ser peculiar.
No hay pueblo, por el hecho
solo de existir, que no sea susceptible de
alguna constitución. Su
existencia misma supone en él una constitución
normal o natural, que lo
hace ser y llamar se pueblo, y no horda o tribu.
La República Argentina
posee más elementos de organización que ningún otro
Estado de la América del
Sur, aunque se tome esto como paradoja a la
primera vista.
No es cierto que la República
Argentina se halle hoy en su punto de
partida, no es verdad que
haya vuelto a 1810. Cuarenta años no se viven en
vano, y si son de
desgracia, más instructivos son todavía.
Sobre este punto copiaré
mis palabras de hace cuatro años, confirmadas en
cierto modo por el cambio
reciente de Buenos Aires.
La guerra interior que ha
sufrido la República Argentina no es de esas
guerras indignas por sus
motivos y miras, hijas del vicio y manantiales de
la relajación.
Si los partidos argentinos han podido padecer extravío en la
adopción de
sus medios, en ello no han
intervenido el vicio, ni la cobardía de los
espíritus, sino la pasión,
que aun siendo noble en sus fines, es ciega en
el uso de sus medios.
Cada partido ha tenido
cuidado de ocultar las ventajas de su rival...
"Cuando algún
día—decía yo en 1847—, se den el abrazo de paz en que
terminan las más encendidas
luchas, ¡qué diferente será el cuadro que de
la República Argentina
tracen sus hijos de ambos campos! ¡Qué nobles
confesiones no se oirán de
boca de los frenéticos federales! Y los
unitarios, ¡con qué placer
no verán salir hombres de honor y corazón de
debajo de esa máscara
espantosa con que hoy se disfrazan sus rivales,
cediendo a las exigencias
tiránicas de la situación!"
Sin duda que la guerra es
infecunda en ciertos adelantos, pero trae
consigo otros que le son
peculiares.
La República Argentina
tiene más experiencia que todas sus hermanas del
sur, por la razón de que ha
padecido como ninguna. Ella ha recorrido el
camino que las otras
principien. Como más próxima a la Europa, recibió más
presto el influjo de sus
ideas progresivas, puestas en práctica por la
Revolución de Mayo de 1810,
y más pronto que todas recibió sus frutos
buenos y malos; siendo por
ello en todo tiempo futuro, para los Estados
menos vecinos del manantial
transatlántico de los progresos americanos, lo
que constituía el pasado de
los Estados del Plata.
Un hecho importante, base
de la organización definitiva de la República,
ha prosperado a través de
sus guerras, recibiendo servicios importantes
hasta de sus adversarios.
Ese hecho es la centralización del poder.
Rivadavia la proclamó;
Rosas ha contribuido, a su pesar, a realizarla. Del
seno de la guerra de formas
ha salido preparado el poder, sin el cual es
irrealizable la sociedad y
la libertad imposible.
El poder supone el hábito de la obediencia. Ese hábito ha
creado raíces en
ambos partidos. Dentro del
país, el despotismo ha enseñado a obedecer a
sus enemigos y a sus
amigos; fuera de él, sus enemigos ausentes, no
teniendo derecho a
gobernar, han pasado su vida en obedecer. Esa
disposición, obra
involuntaria del despotismo, será tan fecunda en
adelante puesta al servicio
de un gobierno elevado y patriota en sus
tendencias, como fue
estéril bajo el gobierno que la creó en el interés de
su egoísmo.
No hay país de América que
reúna mayores conocimientos prácticos acerca de
los otros, por la razón de
ser él el que haya tenido esparcido mayor
número de hombres
competentes fuera de su territorio, muchas veces
viviendo injeridos en los
actos de la vida pública de los Estados de su
residencia. El día que esos
hombres, vueltos a su país, se reúnan en
asambleas deliberantes,
¡qué de aplicaciones útiles, de términos
comparativos de
conocimientos prácticos y curiosas alusiones, no sacarán
de los recuerdos de su vida
pasada en el extranjero!
Si los hombres aprenden y
ganan con los viajes, ¿qué no sucederá a los
pueblos? Se puede decir que
una mitad de la República Argentina viaja en
el mundo, de diez a veinte
años a esta parte. Compuesta especialmente de
jóvenes, que son la patria
de mañana, cuando vuelva al suelo nativo,
después de su vida de
experimentación, vendrá poseedora de lenguas
extranjeras, de
legislaciones, de industrias, de hábitos, que después
serán lazos de inteligencia
con los demás pueblos del mundo. ¡Y cuántos, a
más de conocimientos, no
traerán capitales a la riqueza nacional! No
ganará menos la República
Argentina con dejar esparcidos en el mundo
algunos de sus hijos,
porque esos mismos extenderán los gérmenes de
simpatía hacia el país que
les dio la vida que transmiten a sus hijos.
La República Argentina
tenía la arrogancia de la juventud. Una mitad de
sus habitantes se ha hecho
modesta sufriendo el despotismo que ordena sin
réplica, y la otra mitad
llevando fuera la instructiva existencia del
extranjero.
Las masas plebeyas,
elevadas al poder, han suavizado su fiereza en esa
atmósfera de cultura que
las otras dejaron, para descender en busca del
calor del alma que, en lo
moral como en lo geológico, es mayor a medida
que se desciende. Este
cambio transitorio de roles ha de haber sido
provechoso al progreso de
la generalidad del país. Se aprende a gobernar
obedeciendo, y viceversa.
¿Cuál Estado de América
Meridional posee respectivamente mayor número de
población ilustrada y
dispuesta para la vida de la industria y del trabajo
por resultado del cansancio
y hastío de los disturbios anteriores?
Ha habido quien viese algún
germen de desorden en el regreso de la
emigración. La emigración
es la escuela más rica de enseñanza:
Chateaubriand, Lafayette,
Madame Stael, Luis Felipe, Napoleón III, son
discípulos ilustres
formados en ella.
Lo que hoy es emigración
era la porción más industriosa del país, puesto
que era la más rica; era la
más instruida, puesto que pedía instituciones
y las comprendía. Si se
conviene en que Chile, el Brasil, el Estado
Oriental, donde
principalmente ha residido, son países que tienen mucho
bueno en materia de
ejemplos, se debe admitir que la emigración
establecida en ellos ha
debido aprender cuanto menos a vivir quieta y
ocupada. ¿Cómo podría
retirarse, pues, llevando hábitos peligrosos?
Por otra parte, esa
emigración que salió joven casi toda ha crecido en
edad, en hábitos de reposo,
en experiencia; se comete no obstante el error
de suponerla siempre
inquieta, ardorosa, exigente, entusiasta, con las
calidades juveniles de
cuando dejó el país.
Se reproduce en todas las
Provincias lo que a este respecto pasa en Buenos
Aires. En todas existen hoy abundantes materiales de orden: como
todas han
sufrido, en todas ha echado
raíz el espíritu de moderación y tolerancia.
Ha desaparecido el anhelo
de cambiar las cosas desde la raíz: se han
aceptado muchas influencias
que antes repugnaban, y en que hoy se miran
hechos normales con los que
es necesario contar para establecer el orden y
el poder.
Los que antes eran
repelidos con el dictado de caciques, hoy son aceptados
en el seno de la sociedad
de que se han hecho dignos, adquiriendo hábitos
más cultos, sentimientos
más civilizados. Esos jefes, antes rudos y
selváticos, han cultivado
su espíritu y carácter en la escuela del mando,
donde muchas veces los
hombres inferiores se ennoblecen e ilustran.
Gobernar diez años es hacer
un curso de política y de administración. Esos
hombres son hoy otros
tantos medios de operar en el interior un arreglo
estable y provechoso.
Decir que la República Argentina
no sea capaz de gobernarse por una
Constitución, por
defectuosa que sea, es suponer que la República
Argentina no esté a la
altura de los otros Estados de la América del Sur,
que bien o mal poseen una
constitución escrita y pasablemente observada.
Las dificultades mismas que
ha presentado la caída de Rosas son una prenda
de esperanzas para el orden
venidero. El poder es un hecho profundamente
arraigado en las costumbres
de un país tan escaso en población como el
nuestro, cuando es preciso
emplear cincuenta mil hombres para cambiarlo.
Lo hemos cambiado, no
destruido en el sentido de poder. El poder, el
principio de autoridad y de
mando, como elemento de orden, ha quedado y
existe a pesar de su origen
doloroso. La nueva política debe conservarlo
en vez de destruirlo. La
disposición a la obediencia que ha dejado Rosas
puede ser uno de esos
achaques favorables al desarrollo de nuestra
complexión política si se
pone al servicio de gobiernos patriotas y
elevados. Nuestra política
nueva seria muy poco avisada y previsora si no
supiese comprender y sacar
partido en provecho del progreso del país, de
los hábitos de
subordinación y de obediencia que ha dejado el despotismo
anterior.
¿Por qué dudar, por fin, de
la posibilidad de una constitución argentina,
en que se consignen los
principios de la revolución americana de 1810? ¿En
qué consisten, qué son esos
principios representados por la Revolución de
Mayo? Son el sentido común,
la razón ordinaria aplicados a la política. La
igualdad de los hombres, el
derecho de propiedad, la libertad de disponer
de su persona y de sus
actos, la participación del pueblo en la formación
y dirección del gobierno
del país, ¿qué otra cosa son, sino reglas
simplísimas de sentido
común, única base racional de todo gobierno de
hombres? A menos, pues, que
no se pretenda que pertenezcamos a la raza de
los orangutanes, ¿qué otra
cosa puede esperamos para lo venidero que el
establecimiento de un
gobierno legal y racional? E1 vendrá sin remedio,
porque no hay poder en el
mundo que pueda cambiar a los argentinos de
seres racionales que son en
animales irreflexivos (14)
XXIX
De la política que conviene
a la situación de la República Argentina.
La política está llamada a
preparar el terreno, a disponer los hombres y
las cosas de modo que la
Constitución se sancione; a tomar parte en la
Constitución misma y a
cuidar de que su ejecución, después de sancionada,
no encuentre en el país los
tropiezos y resistencias en que han escollado
las anteriores. Veamos cuál
debe ser nuestra política en las tres épocas
que reclaman su auxilio,
antes, durante y después de la sanción de la
Constitución.
La exaltación del carácter
español, que nos viene de raza, y el clima que
habitamos, no son
condiciones que nos hagan aptos para la política, que
consta de prudencia, de
reposo y de concesión; pero debemos recordar que
ellos no han impedido a
Grecia y a Italia, ardientes como el pueblo
español, ser la cuna
antigua y moderna de la legislación y de la ciencia
del gobierno. España misma
ha debido más de una vez a su política, si no
acertada, al menos firme,
hábil y perseverante, el ascendiente que ha
ejercido sobre una parte de
Europa, y el éxito de grandes e inmortales
empresas.
Toda constitución emana de
la decisión de un hombre de espada, o bien del
sufragio libre de los
pueblos. Pertenecen a la primera clase las otorgadas
por los conquistadores,
dictadores o reyes absolutos; y también las
sancionadas en
circunstancias criticas y difíciles por un jefe investido
por la nación de un voto de
confianza. Así es la que rige en este instante
a la turbulenta República
francesa.
Las constituciones de más
difícil éxito son las emanadas del voto de los
pueblos reunidos en
convenciones o congresos constituyentes. Ellas son
producto de las
inspiraciones de Dios y de una política compuesta de
honradez, de abnegación y
de buen sentido. A este género pertenecerá la
que deba darse la República
Argentina, si, como la República francesa, no
apela a la confianza de un
hombre solo, para obtener sin anarquía y sin
pérdida de tiempo una ley
fundamental, basada en condiciones expresadas
por ella previamente. Este
expediente arriesgado, pero inevitable, en
circunstancias como las que
acaba de atravesar Francia, es susceptible de
condiciones dirigidas a
garantizar el país contra un abuso de confianza.
Pero si, como es creíble,
la República pide su constitución a un Congreso
convocado al efecto, será
necesario que la política de preparación prevea
y adopte los medios
convenientes para que no quede ilusorio y sin efecto
el fruto de sus esfuerzos,
como ha sucedido desgraciadamente repetidas
veces.
He aquí las precauciones
que a mi ver pudieran emplearse para preparar de
un modo serio los trabajos
del Congreso.
Las instrucciones de los
diputados o sus credenciales han de determinar
con toda precisión los
objetos de su mandato, para no dar lugar a
divagaciones y extravíos.
El fin y objeto de su mandato debe ser
exclusivamente
constitucional. Si posible fuere, debe determinarse un
plazo fijo para el
desempeño de ese mandato. La uniformidad en las
instrucciones o credenciales seria de grande utilidad, y se
pudiera
obtener eso al favor de
indicaciones dirigidas al efecto por la autoridad
iniciadora de la obra
constitucional a las Provincias interiores.
Los poderes de los diputados
constituyentes deben ser amplísimos y sin
limitación de facultades
para reglar el objeto especial de su mandato. Si
este objeto ha de ser el
trabajo de la Constitución, debe dejarse a su
criterio el determinar su
forma y su fondo, porque esta distinción
metafísica, que tanto ha
embarazado nuestros ensayos anteriores, no divide
en dos cosas reales y
distintas lo que en si no es más que una sola cosa.
Constitución y forma de gobierno son palabras que expresan
una misma cosa
en el sentido de la
Constitución del Estado de Massachusetts, modelo de la
Constitución de los Estados
Unidos, sancionada más tarde, y en que tal vez
se inspiró Siéyes para
escribir la declaración de los derechos del hombre.
Los poderes deben contener
la renuncia, de parte de las Provincias, de
todo derecho a revisar y
ratificar la Constitución antes de sancionarse.
Sin esa renuncia, será muy
difícil que tengamos Constitución. El deseo de
conservar integro el poder
local hallará siempre pretextos para desaprobar
una constitución que
disminuye la autoridad de los gobiernos de provincia,
y que no podrá menos de
disminuir, porque no hay gobierno general que no
se forme de porciones de
autoridad cedidas por los pueblos. Este
expediente es exigido por
una necesidad de nuestra situación especial, y
debemos adoptarlo, aunque
no esté conforme con el ejemplo de lo que se
hizo en los Estados Unidos,
donde los espíritus y las cosas estaban
dispuestos de muy distinto
modo que entre nosotros.
El Congreso constituyente
debe ser como un gran tribunal compuesto de
jueces árbitros que,
ciñéndose al compromiso contenido en sus poderes,
corte y dirima el largo
pleito de nuestra organización por un fallo
inapelable, al menos por
espacio de diez años. El país que en la
extremidad de una carrera
de sangre y de desastres no es capaz de un
sacrificio semejante en
favor de su quietud y progreso, no ama de veras
estas cosas.
Estos arreglos
preparatorios son de importancia tan decisiva que se deben
promover por la autoridad
que haya dirigido la convocatoria a las
Provincias, en cualquier
estado de la cuestión, con tal que sea antes de
la publicación del pacto
constitucional. Los arts. 6º y 12 del acuerdo
celebrado el 31 de mayo de
1852 en San Nicolás satisfacen casi
completamente esta
necesidad.
Con la instalación del
Congreso empezarán otros deberes de política o de
conducta que ese cuerpo no
deberá perder de vista.
El primero de ellos será
relativo a la dirección lógica y prudente de las
discusiones. Eso dependerá
en gran parte del reglamento interior del
Congreso. Este trabajo,
anterior a todos, es de inmensa trascendencia. No
debe ser copia de cuerpos
deliberantes de naciones versadas en la
libertad, es decir, en la
tolerancia y en el respeto de las contrarias
opiniones, sino expresión
de lo que conviene a nuestro modo de ser hispano
argentino. El reglamento
interior del Congreso debe dar extensas
facultades a su presidente,
cometiéndole la decisión de todas las
incidencias de método en
las discusiones. Imagen de la República, el
Congreso tendrá necesidad
de un gobierno interior vigoroso, para prevenir
la anarquía en su seno, que
casi siempre se vuelve anarquía nacional.
El Congreso de 1826
comprometió el éxito de su obra por graves faltas de
política en que incurrió a
causa de la indecisión de su mandato y de su
régimen interno.
Sancionó una ley
fundamental antes de la Constitución,
es decir, expidió
una Constitución previa y
provisoria antes de la Constitución definitiva.
En la Constitución
provisoria o ley fundamental dada dos años antes que la
Constitución definitiva, se
declaró uno el Estado; y sin embargo, antes de
redactar la Constitución
final, se preguntó a las Provincias si querían
formar un solo Estado o
varios. Esa cuestión de metafísica política, poco
consecuente con la ley
fundamental
de 23 de enero de 1825, fue
sometida al criterio inmediato de Provincias
que, como Santa Fe, no
tenía un solo letrado; Corrientes, que no tenían
más abogado que el doctor
Cosio; Entre Ríos, que no tenía uno solo. Los
comisionados, elegidos por
más capaces, pidieron a sus sencillos
comitentes la decisión de
un punto de metafísica política en que se
dividiría por cien años el
Instituto de Francia.
Se creó un presidente o
semigobierno general (no hubo judicatura del mismo
carácter), antes de que
existiera una constitución conforme a la cual
pudiese gobernar ese
magistrado de una República inconstituida.
Se creó un Poder ejecutivo
nacional (era el nombre) cuando todavía era
problemático para el
Congreso que lo creó si habría Nación o solamente
Federación.
Se dejó coexistiendo con
ese poder los poderes provinciales, viviendo
juntos a la vez quince
gobiernos, a saber, catorce provinciales y uno
nacional.
Creado este gobierno sin
suprimir ninguno de los que antes existían
garantidos por la ley
fundamental ¿qué resultó? Que el
gobierno nacional
reconoció su falsa posición; que no tenía de poder sino el
nombre; que no
tenía agentes, ni tesoro,
ni oficinas, ni casa a su inmediato servicio;
porque todo eso habla sido
dejado como antes estaba por la ley
fundamental, que al mismo
tiempo preveía la creación inconcebible de ese
gobierno general de un país
ya gobernado parcialmente.
El gobierno general tuvo
que pedir una capital, es decir, una ciudad para
su asiento y gobierno
inmediato, y el Congreso constituyente declaró a
Buenos Aires, con todos sus
establecimientos, capital de la Nación, cuando
todavía ignoraba ese mismo
Congreso si habría Nación o sólo Confederación.
Esto era un resultado
lógico de la creación precoz del presidente.
Así, el Congreso entró en arreglos administrativos u orgánicos
primero que
en la obra de la
Constitución. Y como el derecho administrativo no es otra
cosa que el cuerpo de las
leyes orgánicas de la Constitución y viene
naturalmente después de
ésta, se puede decir que el Congreso invirtió ese
orden, y empezó por el fin,
organizando antes de constituir.
¿Los hechos, las exigencias
de la situación del país precipitaron así las
cosas? ¿O provino ello de
falta de madurez en materias públicas? Quizá
concurrieron las dos
causas. El hecho es que esa confusión de trabajos y
esa inversión de cosas
ayudaron poderosamente a las tendencias
desorganizadoras que
existían independientemente de todo eso.
Tenemos ideas equivocadas sobre el valor de los conocimientos
constitucionales de
nuestros hombres más eminentes de ese tiempo. La nueva
generación los estima según
las impresiones y recuerdos de niñez. Sin
duda, sabían mucho comparados
con su tiempo y con los medios de
instrucción que tuvieron a
su alcance. Pero la misma ciencia europea con
que nutrían sus cabezas ha
hecho adelantos posteriores, que nos han
permitido sobrepujarlos,
sin que valgamos más que ellos como talentos, por
una ventaja debida al
progreso de las ideas. Las siguientes palabras dan a
conocer la consistencia de
las ideas constitucionales del señor canónigo
don Valentín Gómez, miembro
importantísimo de la Comisión de negocios
constitucionales. "En
mi decía debe ser muy corto el tiempo que consuma la
Comisión en formar el
proyecto de Constitución, porque mi opinión es que
si el Congreso se decide
por la federación, se adopte la Constitución de
Estados Unidos. . . y si se
declara por el sistema de unidad, que se
adopte la Constitución del
año 19..., de modo que, a mi juicio, en medio
mes podrá estar presentada
al Congreso." (Discurso pronunciado en la
sesión del 15 de abril de
1826).
El mismo orador, huyendo de
todo trabajo original, apoyó la adopción de la
Constitución unitaria de
1819, que tuvo por redactor al señor deán Funes.
Para estimar la profundidad
de los conocimientos del señor deán Funes en
materia de centralización
política podrá citarse sus propias palabras,
vertidas en la sesión del
Congreso constituyente argentino el 18 de abril
de 1826. "La Provincia
de Buenos Aires—decía el señor Funes—, no puede
tener representantes en el
Congreso elegidos por ella misma... Desde que
la Provincia de Buenos
Aires fue elevada al puesto de capital, dejó de ser
provincia, y por
consiguiente sus representantes no son representantes de
una provincia"...
"¿A quién representan estos diputados? ¿A una provincia?
No: a un territorio
nacional; y cuando decimos territorio nacional, ¿qué
entendemos? El cuerpo moral
que lo habita; los mismos habitantes que lo
habitan son nacionales, y
por consiguiente no son representantes de
ninguna provincia, sino de
un cuerpo nacional. ¿Y quién puede representar
ese cuerpo nacional? El
mismo Congreso... La Provincia de Buenos está
suficientemente
representada con el Congreso, desde que ella dejó de ser
una parte de la
Nación." El señor canónigo Gómez refutó estas
extravagancias de un modo
victorioso; y a pesar de eso apoyó la adopción
de la Constitución
unitaria, que elaboró el señor Funes en 1819.
Traigo estos recuerdos para
hacer notar la obligación que impone al
Congreso un estado tan
delicado y susceptible de cosas, de proceder con la
mayor prudencia y de
abstenerse de pasos que lo hagan participe indirecto
del desquicio del país.
Tráigolos también con el
fin de sustraer nuestros espíritus al ascendiente
que ejerce todavía el
prestigio de trabajos pasados inferiores a su
celebridad.
Tampoco debe olvidar el
Congreso la vocación política de que debe estar
caracterizada la Constitución
que está llamado a organizar. La
Constitución está llamada a
contemporizar, a complacer hasta cierto grado
algunas exigencias
contradictorias, que no se deben mirar por el lado de
su justicia absoluta, sino
por el de su poder de resistencia, para
combinarlas con prudencia y
del modo posible que los intereses del
progreso general del país.
En otro lugar he demostrado que la Constitución
de los Estados Unidos no es
producto de la abstracción y de la teoría,
sino un pacto político
dictado por la necesidad de conciliar hechos,
intereses y tendencias
opuestos por ciertos puntos, y conexos y análogos
por otros. Toda
constitución tiene una vocación política, es decir que
está llamada siempre a
satisfacer intereses y exigencias de
circunstancias. Las cartas
inglesas no son sino tratados de paz entre los
intereses contrarios.
Las dos constituciones
unitarias de la República Argentina de 1819 y 1826
han sucumbido casi al ver
la luz. ¿Por qué? Porque contrariaban los
intereses locales. ¿Del
país? No, precisamente; de gobernantes, de
influencias personales, si
se quiere. Pero con ellos se tropezará siempre
mientras que no se
consulten esos influjos en el plan constitucional.
Para el que obedece, para
el pueblo, toda constitución, por el hecho de
serlo, es buena, porque
siempre cede en su provecho. No así para el que
manda o influye. La
política—no la justicia— consulta el voto del que
manda, del que influye, no
del que obedece, cuando el que manda puede ser
y sirve de obstáculo;
respeta a la República oficial, tanto como a la
civil, porque es la más
capaz de embarazar. ¿Podéis acabar con el poder
local? No, acabaréis con el
apoderado, no con el poder; porque al
gobernante que derroquéis
hoy, con elementos que no tendréis mañana, le
sucederá otro, creado por
un estado de cosas que existe invencible al
favor de la distancia.
Y en la constitución
política de esos intereses opuestos deben presidir la
verdad, la lealtad, la
probidad. El pacto político que no se ha hecho con
completa buena fe, la
constitución que se reduce a un contrato más o menos
hábil y astuto, en que unos
intereses son defraudados por otros, es
incapaz de subsistir,
porque el fraude envuelve siempre un principio de
decrepitud y muerte. La
Constitución de los Estados Unidos vive hasta hoy
y vivirá largos años,
porque es la expresión de la honradez y de la buena
fe.
Es por demás agregar en
este lugar que la Constitución argentina será un
trabajo estéril, y poco
merecedor de los esfuerzos empleados para
obtenerlo, si no descansa
sobre bases aproximadas a las contenidas en este
libro, en que sólo soy
órgano de las ideas dominantes entre los hombres de
bien de este tiempo.
XXX
Continuación del mismo
asunto. Vocación política de la Constitución, o de
la política conveniente a
sus fines.
Si la Constitución que va a
darse ha de ser del género de las dadas o
ensayadas hasta aquí en la
América del Sur, no valdrá la pena de trabajar
mucho para conseguir su
sanción. Ya está visto lo que han dado y darán
nuestras constituciones actuales.
Sea que deba servir como
monumento a la gloria personal, o ya se considere
como medio dirigido a
salvar la República Argentina, su duración será
efímera y su resultado
insignificante. Como monumento, será lo que esas
tablillas de madera
clavadas en desvalidos sepulcros para perpetuar
ciertas memorias; como ley
de progreso, servirá para elevar nuestro país a
la altura de las otras
Repúblicas sudamericanas.
Pero lo que necesita la
República Argentina no es ponerse a la altura de
Chile, por ejemplo, no es
entrar en el camino en que se hallan el Perú o
Venezuela (15) porque la
posición de estos países, a pesar de sus ventajas
indisputables, no es
término de ambición para un país que posee los medios
de adelantamiento que la
República Argentina. Eso hubiera podido
contentarnos cuando existía
el gobierno de Rosas; todo era mejor que su
sistema. Pero hoy no
estamos en ese caso.
Con una Constitución como
la de Chile tendríamos, a lo más, un estado de
cosas semejante al de
Chile. Pero ¿qué vale un progreso semejante? El
Plata está en aptitud de
aspirar a otra cosa, que no por ser más grande es
más difícil.
Difícil, si no imposible,
es realizar constituciones como la de Chile,
como la del Perú, etc., en
la mayor parte de sus disposiciones, con los
elementos de que constan
estos países.
A fuerza de vivir por
tantos años en el terreno de la copia y del plagio
de las teorías
constitucionales de la Revolución francesa y de las
constituciones de
Norteamérica, nos hemos familiarizado de tal modo con la
utopía, que la hemos
llegado a creer un hecho normal y práctico. Paradojal
y utopista es el propósito de realizar las concepciones audaces
de Siéyes
y las doctrinas puritanas
de Massachusetts, con nuestros peones y gauchos
que apenas aventajan a los
indígenas. Tal es el camino constitucional que
nuestra América ha
recorrido hasta aquí y en que se halla actualmente.
Es tiempo ya de que
aspiremos a cosas más positivas y prácticas, y a
reconocer que el camino en
que hemos andado hasta hoy es el camino de la
utopía.
Es utopía el pensar que
nuestras actuales constituciones, copiadas de los
ensayos filosóficos que la
Francia de 1789 no pudo realizar, se practiquen
por nuestros pueblos, sin
más antecedente político que doscientos años de
coloniaje oscuro y abyecto.
Es utopía, es sueño y paralogismo puro el pensar que nuestra raza
hispanoamericana, tal como
salió formada de manos de su tenebroso pasado
colonial, pueda realizar
hoy la república representativa, que Francia
acaba de ensayar con menos
éxito que en su siglo filosófico, y que los
Estados Unidos realizan sin
más rivales que los cantones helvéticos,
patria
de Rousseau, de Necker, de Rossi, de Cherbuliez, de Dumont,
etcétera.
Utopía es pensar que
podamos realizar la república representativa, es
decir, el gobierno de la
sensatez, de la calma, de la disciplina, por
hábito y virtud más que por
coacción, de la abnegación y del desinterés,
si no alteramos o
modificamos profundamente la masa o pasta de que se
compone nuestro pueblo
hispanoamericano.
He aquí el medio único de
salir del terreno falso del paralogismo en que
nuestra América se halla
empeñada por su actual derecho constitucional.
Este cambio anterior a
todos es el punto serio de partida, para obrar una
mudanza radical en nuestro
orden político Esta es la verdadera revolución,
que hasta hoy sólo existe
en los nombres y en la superficie de nuestra
sociedad. No son las leyes
las que necesitamos cambiar; son los hombres,
las cosas. Necesitamos
cambiar nuestras gentes incapaces de libertad por
otras gentes hábiles para
ella, sin abdicar el tipo de nuestra raza
original, y mucho menos el
señorío del país; suplantar nuestra actual
familia argentina por otra
igualmente argentina, pero más capaz de
libertad, de riqueza y
progreso. ¿Por conquistadores más ilustrados que
España, por ventura? Todo
lo contrario; conquistando en vez de ser
conquistados. La América
del Sur posee un ejército a este fin, y es el
encanto que sus hermosas y
amables mujeres recibieron de su origen
andaluz, mejorado por el
cielo espléndido del nuevo mundo. Removed los
impedimentos inmorales que
hacen estéril el poder del bello sexo
americano, y tendréis
realizado el cambio de nuestra raza sin la pérdida
del idioma ni del tipo
nacional primitivo.
Este cambio gradual y
profundo, esta alteración de raza debe ser obra de
nuestras constituciones de
verdadera regeneración y progreso. Ellas deben
iniciarlo y llevarlo a cabo
en el interés americano, en vez de dejarlo a
la acción espontánea de un
sistema de cosas que tiende a destruir
gradualmente el ascendiente
del tipo español en América.
Pero, mientras no se
empleen otras piezas que las actuales para constituir
nuestro edificio político,
mientras no sean nuestras reformas políticas
otra cosa que combinaciones
y permutaciones nuevas de lo mismo que hoy
existe, no haréis nada de radical, de serio, de fecundo.
Combinad como
queráis lo que tenéis; no
sacaréis de ello una república digna de este
nombre.
Podréis disminuir el mal,
pero no aumentaréis el bien, ni será permanente
vuestra mejora negativa.
¿Por qué? Porque lo que hay
es poco y es malo. Conviene aumentar el número
de nuestra población y, lo
que es más, cambiar su condición en sentido
ventajoso a la causa del
progreso.
Con tres millones de indígenas,
cristianos y católicos, no realizaríais la
república ciertamente. No
la realizaríais tampoco con cuatro millones de
españoles peninsulares,
porque el español puro es incapaz de realizarla
allá o acá. Si hemos de
componer nuestra población para nuestro sistema de
gobierno, si ha de sernos
más posible hacer la población para el sistema
proclamado que el sistema
para la población, es necesario fomentar en
nuestro suelo la población
anglosajona. Ella está identificada con el
vapor, el comercio y la
libertad, y no será imposible radicar estas cosas
entre nosotros sin la
cooperación activa de esa raza de progreso y
civilización.
Esta necesidad, anterior a
todas y base de todas, debe ser representada y
satisfecha por la
constitución próxima y por la política, llamada a
desenvolver sus
consecuencias. La constitución debe ser hecha para poblar
el suelo solitario del país
de nuevos habitantes, y para alterar y
modificar la condición de
la población actual. Su misión, según esto, es
esencialmente económica.
Todo lo que se separe de
este propósito es intempestivo, inconducente, por
ahora, o cuanto menos
secundario y subalterno.
La constitución próxima
tiene una misión de circunstancias, no hay que
olvidarlo. Está destinada a
llenar cierto y determinado número de
necesidades y no todas.
Sería poco juicioso aspirar a satisfacer de una
sola vez todas las
necesidades de la República. Es necesario andar por
grados ese camino. Para las
más de ellas no hay medios, y nunca es
político acometer lo que es
impracticable por prematuro.
Es necesario reconocer que
sólo debe constituirse por ahora cierto número
de cosas, y dejar el resto
para después. El tiempo debe preparar los
medios de resolver ciertas
cuestiones de las que ofrece el arreglo
constitucional de nuestro
país.
La constitución debe ser
reservada y sobria en disposiciones. Cuando hay
que edificar mucho y el
tiempo es borrascoso, se edifica una parte de
pronto, y al abrigo de ella
se hace por grados el resto en las estaciones
de calma y de bonanza.
La población y cuatro o
seis puntos con ella relacionados es el grande
objeto de la Constitución.
Tomad los cien artículos —término medio de toda
Constitución—, separad
diez, dadme el poder de organizarlos según mi
sistema, y poco importa que
en el resto votéis blanco o negro.
XXXI
Continuación del mismo
asunto. En América gobernar es poblar.
¿Qué nombre daréis, qué
nombre merece un país compuesto de doscientas mil
leguas de territorio y de
una población de ochocientos mil habitantes? Un
desierto. ¿Qué nombre daréis
a la Constitución de ese país? La
Constitución de un
desierto. Pues bien, ese país es la República
Argentina; y cualquiera que
sea su Constitución no será otra cosa por
muchos años que la
Constitución de un desierto.
Pero, ¿cuál es la
Constitución que mejor conviene al desierto? La que
sirve para hacerlo
desaparecer; la que sirve para hacer que el desierto
deje de serlo en el menor
tiempo posible, y se convierta en país poblado.
Luego éste debe ser el fin
político y no puede ser otro, de la
Constitución argentina y en
general de todas las Constituciones de
Sudamérica. Las
Constituciones de países despoblados no pueden tener otro
fin serio y racional, por
ahora y por muchos años, que dar al solitario y
abandonado territorio la
población que necesita, como instrumento
fundamental de su
desarrollo y progreso.
La América independiente
está llamada a proseguir en su territorio la obra
empezada y dejada a la
mitad por la España de 1450. La colonización, la
población de este mundo,
nuevo hasta hoy a pesar de los trescientos años
transcurridos desde su
descubrimiento, debe llevarse a cabo por los mismos
Estados americanos
constituidos en cuerpos independientes y soberanos. La
obra es la misma, aunque
los autores sean diferentes. En otro tiempo nos
poblaba España; hoy nos
poblamos nosotros mismos. A este fin capital deben
dirigirse todas nuestras
constituciones. Necesitamos constituciones,
necesitamos una política de
creación, de población, de conquista sobre la
soledad y el desierto.
Los gobiernos americanos,
como institución y como personas, no tienen otra
misión seria, por ahora,
que la de formar y desenvolver la población de
los territorios de su
mando, apellidados Estados antes de tiempo.
La población de todas
partes, y esencialmente en América, forma la
sustancia en torno de la
cual se realizan y desenvuelven todos los
fenómenos de la economía
social. Por ella y para ella todo se agita y
realiza en el mundo de los
hechos económicos. Principal instrumento de la
producción, cede en su
beneficio la distribución de la riqueza nacional.
La población es el fin y es
el medio al mismo tiempo. En este sentido, la
ciencia económica, según la
palabra de uno de sus grandes órganos, pudiera
resumirse entera en la
ciencia de la población; por lo menos ella
constituye su principio y
fin. Esto ha enseñado para todas partes un
economista admirador de
Malthus, el enemigo de la población en países que
la tienen de sobra y en
momentos de crisis por resultado de ese exceso.
¿Con cuánta más razón no
será aplicable a nuestra América pobre,
esclavizada en nombre de la
libertad, e inconstituida nada más que por
falta de población?
Es pues esencialmente
económico el fin de la política constitucional y del
gobierno en América. Así,
en América gobernar es poblar. Definir de otro
modo el gobierno es
desconocer su misión sudamericana. Recibe esta misión
el gobierno de la necesidad
que representa y domina todas las demás en
nuestra América. En lo
económico, como en todo lo demás, nuestro derecho
debe ser acomodado a las necesidades especiales de Sudamérica. Si
estas
necesidades no son las
mismas que en Europa han inspirado tal sistema o
tal política económica,
nuestro derecho debe seguir la voz de nuestra
necesidad, y no el dictado
que es expresión de necesidades diferentes o
contrarias... Por ejemplo,
en presencia de la crisis social que sobrevino
en Europa a fines del
último siglo por falta de equilibrio entre las
subsistencias y la
población la política económica protestó por la pluma
de Malthus contra el
aumento de la población, porque en ello vio el origen
cierto o aparente de la
crisis; pero aplicar a nuestra América, cuya
población constituye
precisamente el mejor remedio para el mal europeo
temido por Malthus, seria
lo mismo que poner a un infante extenuado por
falta de alimento bajo el
rigor de la dieta pitagórica, por la razón de
haberse aconsejado ese
tratamiento para un cuerpo enfermo de plétora. Los
Estados Unidos tienen la palabra antes que Malthus, con su
ejemplo
práctico, en materia de
población; con su aumento rapidísimo han obrado
los milagros de progreso
que los hace ser el asombro y la envidia del
universo.
XXXII
Continuación del mismo
objeto. Sin nueva población es imposible el nuevo
régimen. Política contra el
desierto, actual enemigo de América.
Sin población y sin mejor
población que la que tenemos para la práctica de
la república representativa,
todos los propósitos quedarán ilusorios y sin
resultado. Haréis
constituciones brillantes que satisfagan completamente
las ilusiones del país,
pero el desengaño no tardará en pediros cuenta del
valor de las promesas; y
entonces se verá que hacéis papel de charlatanes,
cuando no de niños,
víctimas de vuestras propias ilusiones.
En efecto, constituid como
queráis las Provincias argentinas; si no
constituís otra cosa que lo
que ellas contienen hoy, constituís una cosa
que vale poco para la
libertad práctica. Combinad de todos modos su
población actual, no haréis
otra cosa que combinar antiguos colonos
españoles; españoles a la
derecha o españoles a la izquierda, siempre
tendréis españoles
debilitados por la servidumbre colonial, no incapaces
de heroísmo y de victorias,
llegada la ocasión, pero sí de la paciencia
viril de la vigilancia
inalterable del hombre de libertad.
Tomad, por ejemplo, los
treinta mil habitantes de la Provincia de Jujuy;
poned encima los que están
debajo o viceversa; levantad los buenos y
abatid los malos. ¿Qué
conseguiréis con eso? Doblar la renta de aduana de
seis o doce mil pesos,
abrir veinte escuelas en lugar de diez, y algunas
otras mejoras de ese
estilo. Eso será cuanto se consiga. Pues bien, eso no
impedirá que Jujuy quede
por siglos con sus treinta mil habitantes, sus
doce mil pesos de renta de
aduana y sus veinte escuelas, que es el mayor
progreso a que ha podido llegar en doscientos años que lleva de
existencia.
Acaba de tener lugar en
América una experiencia que pone fuera de duda La
verdad de lo que sostengo,
a saber: que sin mejor población para la
industria y para el
gobierno libre, la mejor constitución política será
ineficaz. Lo que ha
producido la regeneración instantánea y portentosa de
California no es
precisamente la promulgación del sistema constitucional
de Norteamérica. En todo
Méjico ha estado y está proclamado ese sistema
desde 1824; y en
California, antigua provincia de Méjico, no es tan nuevo
como se piensa. Lo que es
nuevo allí y lo que es origen real del cambio
favorable es la presencia
de un pueblo compuesto de habitantes capaces de
industria y del sistema
político no sabían realizar los antiguos
habitantes
hispanoamericanos. La libertad es una máquina, que como el
vapor requiere para su
manejo maquinistas ingleses de origen. Sin la
cooperación de esa raza es
imposible aclimatar la libertad y el progreso
material en ninguna parte.
Crucemos con ella nuestro
pueblo oriental y poético de origen, y le
daremos la aptitud del
progreso y de la libertad práctica, sin que pierda
su tipo, su idioma, ni su
nacionalidad. Será el modo de salvarlo de la
desaparición como pueblo de
tipo español, de que está amenazado Méjico por
su política terca, mezquina
y exclusiva.
No pretendo deprimir a los míos
Destituido de ambición, hablo la verdad
útil y entera, que lastima
las ilusiones, con el mismo desinterés con que
la escribí siempre. Conozco
los halagos que procuran a la ambición fáciles
simpatías; pero nunca seré
el cortesano de las preocupaciones que dan
empleos que no pretendo, ni
de una popularidad efímera como el error en
que descansa.
Quiero suponer que la
República Argentina se compusiese de hombres como
yo, es decir, de
ochocientos mil abogados que saben hacer libros. Esa
sería la peor población que
pudiera tener. Los abogados no servimos para
hacer caminos de hierro,
para hacer navegables y navegar los ríos, para
explotar las minas, para
labrar los campos, para colonizar los desiertos;
es decir, que no servimos
para dar a la América del Sur lo que necesita.
Pues bien, la población
actual de nuestro país sirve para estos fines, más
o menos, como si se
compusiese de abogados. Es un error infelicísimo el
creer que la instrucción primaria o universitaria sean lo que
pueda dar a
nuestro pueblo la aptitud
del progreso material y de las prácticas de
libertad.
En Chiloé y en el Paraguay
saben leer todos los hombres del pueblo; y sin
embargo son incultos y selváticos al lado de un obrero inglés o
francés
que muchas veces no conoce
la o.
No es el alfabeto, es el
martillo, es la barreta, es el arado, lo que debe
poseer el hombre del
desierto, es decir, el hombre del pueblo
sudamericano. ¿Creéis que
un araucano sea incapaz de aprender a leer y
escribir castellano? ¿Y
pensáis que con eso sólo deje de ser salvaje?
No soy tan modesto como
ciudadano argentino para pretender que sólo a mi
país se aplique la verdad
de lo que acabo de escribir. Hablando de él,
describo la situación de la
América del Sur, que está en ese caso toda
ella, como es constante
para todos los que saben ver la realidad. Es un
desierto a medio poblar y a
medio civilizar.
La cuestión argentina de
hoy es la cuestión de la América del Sur, a
saber: buscar un sistema de
organización conveniente para obtener la
población de sus desiertos,
con pobladores capaces de industria y
libertad, para educar sus
pueblos, no en las ciencias, no en la
astronomía—eso es ridículo
por anticipado y prematuro—, sino en la
industria y en la libertad
práctica.
Este problema está por
resolverse. Ninguna República de América lo ha
resuelto todavía. Todas han acertado a sacudir la dominación
militar y
política de España; pero
ninguna ha sabido escapar de la soledad, del
atraso, de la pobreza, del
despotismo más radicado en los usos que en los
gobiernos. Esos son los
verdaderos enemigos de la América; y por cierto
que no los venceremos como
vencimos a la metrópoli española, echando a
Europa de este suelo, sino
trayéndola para llevar a cabo, en nombre de la
América, la población
empezada hace tres siglos por España. Ninguna
República sirve a esta
necesidad nueva y palpitante por su constitución.
Chile ha escapado del
desorden, pero no del atraso y de la soledad. Apenas
posee un quinto de lo que
necesita en bienestar y progreso. Su dicha es
negativa; se reduce a estar
exento de los males generales de la América en
su situación. No está como
las otras repúblicas, pero la ventaja no es
gran cosa; tampoco está
como California, que apenas cuenta cuatro años.
Está en orden, pero
despoblado; está en paz, pero estacionario. No debe
perder, ni sacrificar el
orden por nada; pero no debe contentarse con sólo
tener orden.
Hablando así de Chile, no
salgo de mi objeto; sobre el terreno hacia el
cual se dirigen todas las
miradas de los que buscan ejemplos de imitación
en la América del Sur,
quiero hacer el proceso al derecho constitucional
sudamericano ensayado hasta
aquí, para que mi país lo juzgue a ciencia
cierta en el instante de
darse la constitución en que se ocupa.
Pero si el desierto, si la
soledad, si la falta de población es el mal que
en América representa y
resume todos los demás, ¿cuál es la política que
conviene para concluir con
el desierto?
Para poblar el desierto son
necesarias dos cosas capitales: abrir las
puertas de él para que
todos entren, y asegurar el bienestar de los que en
él penetran: la libertad a
la puerta y la libertad dentro.
Si abrís las puertas y
hostilizáis dentro, armáis una trampa en lugar de
organizar un Estado.
Tendréis prisioneros, no pobladores; cazaréis unos
cuantos incautos, pero
huirán los demás. El desierto quedará vencedor en
lugar de vencido.
Hoy es harto abundante el
mundo en lugares propicios, para que nadie
quiera encarcelarse por
necesidad y mucho menos por gusto.
Si, por el contrario,
creáis garantías dentro, pero al mismo tiempo
cerráis los puertos del
país, no hacéis más que garantizar la soledad y el
desierto; no constituís un
pueblo, sino un territorio sin pueblo, o cuanto
más un municipio, una aldea
pésimamente establecida; es decir, una aldea
de ochocientas mil almas,
desterradas las unas de las otras, a centenares
de leguas. Tal país no es
un Estado; es el limbo político y sus habitantes
son almas errantes en la
soledad, es decir, americanos del sur.
Los colores de que me valgo
serán fuertes, podrán ser exagerados, pero no
mentirosos. Quitad algunos
grados al color amarillo, siempre será pálido
el color que quede. Algunos
quilates de menos no alteran la fuerza de la
verdad, como no alteran la
naturaleza del oro. Es necesario dar formas
exageradas a las verdades
que se escapan a vista de los ojos comunes.
XXXIII
Continuación del mismo
asunto. La Constitución debe precaverse contra
leyes orgánicas que
pretendan destituirla por excepciones. Examen de la
Constitución de Bolivia,
modelo del fraude en la libertad.
No basta que la
Constitución contenga todas las libertades y garantías
conocidas. Es necesario,
como se ha dicho antes, que contenga
declaraciones formales de
que no se dará ley que, con pretexto de
organizar y reglamentar el
ejercicio de esas libertades, las anule y
falsee con disposiciones
reglamentarias. Se puede concebir una
constitución que abrace en
su sanción todas las libertades imaginables;
pero que admitiendo la
posibilidad de limitarlas por la ley, surgiera ella
misma el medio honesto y
legal de faltar a todo lo que promete.
Un dechado de esta táctica
de fascinación y mistificación política es la
Constitución vigente en
Bolivia, dada en La Paz el 20 de septiembre de
1851, bajo la
administración del general Belzu. Debo rectificar en este
lugar la equivocación que
padezco en el párrafo VI de la primera y segunda
edición, cuando digo que la
Constitución actual de Bolivia es la de 26 de
octubre de 1839. No es así, por desgracia, pues valiera más que
rigiese
esta última con todos sus
defectos, que no la dada en 1851 en nombre y en
perjuicio de la libertad al
mismo tiempo. Después de impreso lo que allí
decía, llegó a mi noticia,
y de los bolivianos que me dieron los primeros
informes, la existencia de
esta Constitución, que por lo visto vive tan
oscura como la edición
moderna de una ley sin vigencia, o lo que es igual,
de una ley sin efecto.
Después de ratificar la independencia de Bolivia muchas veces
declarada y
por nadie disputada, entra
la Constitución declarando el derecho público
de los bolivianos La
Constitución de Massachusetts, modelo de todas las
Constituciones de libertad
conocidas en este y otro Continente sobre
declaraciones de derechos
del hombre, no es tan rica y abundante como la
Constitución de La Paz, en
cuanto a garantías de derecho público. Pero
¿que importa? La garantías
son concedidas con las limitaciones y
restricciones que
establecen las leyes. Es verdad que fuera de las legales
no hay otras, según lo
declara la Constitución Pero si la ley es un medio
de derogar la constitución,
¿para qué necesita de otro el gobierno? Hace
la ley el que hace al
legislador. El pueblo en nuestra América del Sur
hace el papel de elector;
quien elige en la realidad es el poder.
La Constitución boliviana
es más explícita todavía en sus limitaciones las
garantías prometidas Cuando
declara por el art 23, que el goce de las
garantías y derechos que
ella concede a todo hombre está subordinado al
cumplimiento de este deber:
respeto y obediencia a la ley y a las
autoridades constituidas, con
cuya reserva quedan reducidas a nada las
estupendas garantías para
el desgraciado que se hace culpable de un simple
desacato.
La Constitución declara que
no hay poder humano sobre las conciencias, y
sin embargo ella misma realiza
ese Poder sobrehumano, declarando en el
mismo art. 3º que “la
religión apostólica, roma a de Bolivia, cuyo culto
exclusivo es protegido por
la ley, que al mismo tiempo excluye el
ejercicio de otro
cualquiera.
Ante la ley todos son
iguales, según el art 13. Pero en cuanto a la
admisibilidad a los
empleos, sólo son iguales los bolivianos. Son
exceptuados los empleos
profesionales que pueden ser ejercidos por los
extranjeros; pero sólo
tienen éstos, en Bolivia, los derechos que su país
concede a un boliviano.
Limitación irrisoria con
que se pretende asimilar la posición de un país
indigente en hombres
capaces a la de otros que, abundando en ellos, nada
han dispuesto para
atraerlos de afuera, y mucho menos de países que no los
tienen. ¿Por qué admitir al
extranjero solamente en los empleos
profesionales, y no en
otros muchos que, sin ser profesionales, pueden
desempeñarse por el
extranjero con más ventaja que por el nacional?
La Constitución deja en
blanco las condiciones para la adquisición de la
ciudadanía por parte de un
extranjero, pero establece los casos en que se
pierde o suspende su
ejercicio (art. 2°); provee a la pérdida, pero no a
la adquisición de ciudadanos; se ocupa más de la despoblación,
que de la
población del país. Es
verdad que el art. 76, inciso 19, da al Presidente,
y no a la ley, el poder de
expedir cartas de ciudadanía en favor de los
extranjeros que las
merezcan. Pero si el Presidente abriga por los
extranjeros la estima de
que ha dado testimonio en sus célebres decretos
el Presidente actual, pocas
cartas de ciudadanía se expedirán en Bolivia a
los extranjeros, de que
tanto necesita.
El tránsito es libre por la
Constitución; todo hombre puede entrar y salir
de Bolivia, pero se
entiende en caso que no lo prohiba el derecho de
tercero, la aduana o la
policía. Con permiso de estas tres potestades, el
derecho de locomoción es
inviolable en la República boliviana (art. 8°).
Por la Constitución es
inviolable el hogar; pero por la ley puede ser
allanado (nombre honesto
dado a la violación por el art. 14).
Por la Constitución es
libre el trabajo; pero puede no serlo por la ley
(art. 17).
Según esto, en Bolivia la
Constitución rige con permiso de las leyes. En
otras partes la
Constitución hace vivir a las leyes; allí las leyes hacen
vivir a la Constitución.
Las leyes son la regla, la Constitución es la
excepción.
Por fin, la Constitución
toda es nominal; pues por el art. 76, inciso 26,
el Presidente, oídos sus
ministros, que él nombra y quita a su voluntad,
declarada en peligro la
patria y asume las facultades extraordinarias por
un término de que él es
árbitro (inciso 27).
De modo que el derecho
público cesa por las leyes, y la Constitución toda
por la voluntad del
Presidente.
Es peor que la Constitución
dictatorial del Paraguay, porque es menos
franca: promete todas las
libertades, pero retiene el poder de
suprimirlas. Es como un
prestidigitador de teatro que os ofrece la
libertad; la tomáis, creéis
tenerla en vuestra faltriquera, metéis las
manos para usarla, y halláis cadenas en lugar de libertad. Las
leyes
orgánicas son los cubiletes
que sirven de instrumento para esa
manifestación de gobierno
constitucional.
La Constitución argentina
debe huir de ese escollo. Como todas las
Constituciones de los
Estados Unidos, es decir, como todas las
Constituciones leales y
prudentes, debe declarar que el Congreso no dará
ley que limite o falsee las
garantías de progreso y de derecho público con
ocasión de organizar o
reglamentar su ejercicio. Ese deber de política
fundamental es de
trascendencia decisiva para la vida de la Constitución.
XXXIV
Continuación del mismo
asunto. Política conveniente para después de dada
la Constitución.
La política no puede tener
miras diferentes de las miras de la
Constitución. Ella no es
sino el arte de conducir las cosas de modo que se
cumplan los fines previstos
por la Constitución. De suerte que los
principios señalados en
este libro como bases, en vista de las cuales deba
ser concebida la
Constitución, son los mismos principios en cuyo sentido
debe ser encaminada la
política que conviene a la República Argentina.
Expresión de las
necesidades modernas y fundamentales del país, ella debe
ser comercial, industrial y
económica, en lugar de militar y guerrera,
como convino a la primera
época de nuestra emancipación. La política
Rosas, encaminada a la
adquisición de glorias militares sin objeto ni
utilidad, ha sido
repetición intempestiva de una tendencia que fue útil en
su tiempo, pero que ha
venido a ser perniciosa a los progresos de América.
Ella debe ser más solícita
de la paz y del orden que convienen al
desarrollo de nuestras
instituciones y riqueza, que de brillantes y
pueriles agitaciones de
carácter político
Cada guerra, cada cuestión,
cada bloqueo que se ahorra el país, es una
conquista obtenido en favor
de sus adelantos. Un año de quietud en la
América del Sur representa
más bienes que diez años de la más gloriosa
guerra.
La gloria es la plaga de
nuestra pobre América del Sur. Después de haber
sido el aliciente
eficacísimo que nos dio por resultado la independencia,
hoy es un medio estéril de
infatuación y de extravío, que no representa
cosa alguna útil ni seria
para el país. La nueva política debe tender a
glorificar los triunfos
industriales, a ennoblecer el trabajo, a rodear de
honor las empresas de colonización, de navegación y de industria,
a
reemplazar en las
costumbres del pueblo, como estimulo moral, la
vanagloria militar por el
honor del trabajo, el entusiasmo guerrero por el
entusiasmo industrial que distingue
a los países de la raza inglesa, el
patriotismo belicoso por el
patriotismo de las empresas industriales que
cambian la faz estéril de
nuestros desiertos en lugares poblados y
animados. La gloria actual
de los Estados Unidos es llenar los desiertos
del oeste de pueblos
nuevos, formados de su raza; nuestra política debe
apartar de la imaginación
de nuestras masas el cuadro de nuestros tiempos
heroicos, que representa la
lucha contra la Europa militar, hoy que
necesita el país de
trabajadores, de hombres de paz y de buen sentido, en
lugar de héroes, y de
atraer a Europa y recibir el influjo de su
civilización, en vez de
repelerla. La guerra de la Independencia nos ha
dejado la manía ridícula y
aciaga del heroísmo. Aspiramos todos a ser
héroes, y nadie se contenta
con ser hombre. O la inmortalidad o nada, es
nuestro dilema. Nadie se
mueve a cosas útiles por el modesto y honrado
estimulo del bien público;
es necesario que se nos prometa la gloria de
San Martín, la celebridad
de Moreno. Esta aberración ridícula y aciaga
gobierna nuestros
caracteres sudamericanos. La sana política debe
propender a combatirla y
acabarla.
Nuestra política para ser
expresión del régimen constitucional que nos
conviene, deberá ser más
atenta al régimen exterior del país que al
interno. Los motivos de
ello están latamente explicados en este libro.
Debe inspirarse para su
marcha en las bases señaladas para la Constitución
en este libro.
Debe promover y buscar los
tratados de amistad y comercio con el
extranjero, como garantías
de nuestro régimen constitucional. Consignadas
y escritas en esos tratados
las mismas garantías de derecho público que la
constitución dé al
extranjero espontáneamente, adquirirán mayor fuerza y
estabilidad Cada tratado
será un ancla de estabilidad puesta a la
Constitución. Si ésta fuese
violada por una autoridad nacional, no lo será
en la parte contenida en
los tratados, que se harán respetar por las
naciones signatarias de
ellos; y bastará que algunas garantías queden en
pie para que el país
conserve inviolable una parte de su constitución, que
pronto hará restablecer la
otra. Nada más erróneo, en la política exterior
de Sudamérica, que la
tendencia a huir de los tratados.
En cuanto a su observancia,
debe de ser fiel por nuestra parte para quitar
pretextos de ser infiel al
fuerte. De los agravios debe alzarse acta, no
para vengarlos
inmediatamente, sino para reclamarlos a su tiempo. Por hoy
no es tiempo de pelear para
la América del Sur, y mucho menos de pelear
con Europa, su fuente de
progreso y engrandecimiento.
Con las Repúblicas
americanas no convienen las ligas políticas, por
inconducentes; pero sí los
tratados dirigidos a generalizar muchos
intereses y ventajas, que
nos dan la comunidad de legislación de régimen
constitucional, de culto,
de idioma, de costumbres, etc. Interesa al
progreso de todas ellas la
remoción de las trabas que hacen difícil su
comercio por el interior de
sus territorios solitarios y desiertos. Por
tratados de abolición o
reducción de las tarifas con que se hostilizan y
repelen, podrían servir a
los intereses de su población interior. Los
caminos y postas, la
validez de las pruebas y sentencias judiciales, la
propiedad literaria y de
inventos, los grados universitarios, son objetos
de estipulaciones
internacionales que nuestras repúblicas pudieran
celebrar con ventaja
recíproca.
A la buena causa argentina
convendrá siempre una política amigable para
con el Brasil. Nada más
atrasado y falso que el pretendido antagonismo de
sistema político entre el
Brasil y las Repúblicas sudamericanas. Este sólo
existe para una política
superficial y frívola, que se detiene en la
corteza de los hechos. A
esta clase pertenece la diferencia de forma de
gobierno. En el fondo, ese
país está más internado que nosotros en el
sendero de la libertad. Es
falso que la revolución americana tenga ese
camino más que andar. Todas
las miras de nuestra revolución contra España
están satisfechas allí. Fue
la primera de ellas la emancipación de todo
poder europeo; esa
independencia existe en el Brasil. El sacudió el yugo
del poder europeo, como
nosotros; y el Brasil es hoy un poder
esencialmente americano.
Como nosotros, ha tenido también su revolución de
1810. La bandera de Mayo,
en vez de oprimidos, hallarla allí hombres
libres. La esclavitud de
cierta raza no desmiente su libertad política;
pues ambos hechos coexisten
en Norteamérica, donde los esclavos negros son
diez veces más numerosos
que en el Brasil.
Nuestra revolución
persiguió el régimen irresponsable y arbitrario; en el
Brasil no existe; allí
gobierna la ley.
Nuestra revolución buscaba
los derechos de propiedad, de publicidad, de
elección, de petición, de
tránsito, de industria. Tarde iría a proclamar
eso en el Brasil, porque ya
existe; y existe, porque la revolución de
libertad ha pasado por allí
dejando más frutos que entre nosotros.
La política que observó el
Brasil después de la caída de Rosas no era
ciertamente una retribución
de la política que el autor aconsejaba a su
país respecto del Imperio
en las líneas que anteceden. El Brasil rehusó
tomar parte en los tratados
de libre navegación de 10 de julio de 1853,
firmados con Francia e
Inglaterra; y protestó en cierto modo contra el
principio de libertad
fluvial, garantizado por estos tratados. Amenazó la
independencia de la
República Oriental, ocupando su territorio con un
ejército permanente, sin
obrar de acuerdo con la Confederación Argentina,
como estaba convenido en el
tratado de 1828. Comprometió la integridad de
la República Argentina,
abriendo relaciones diplomáticas con el gobierno
interior y doméstico de la
Provincia de Buenos Aires. No por eso el autor
abandonó sus opiniones de
1844 y 1852 en favor de lo bueno que tiene el
Brasil; pero si pensó que
la Confederación debía precaverse contra las
tendencias hostiles que el
Brasil acreditaba por esos actos. Retirando más
tarde su ejército de la
Banda Oriental, y firmando el tratado de la
Confederación Argentina de
7 de marzo de 1856, en el que restablece el
pacto de 1828 y da
garantías a la integridad argentina y a la
independencia oriental, el
Brasil ha rectificado por fin las
irregularidades de su
política hacia el Plata, y dado muestra de
comprender lo que conviene
a su seguridad. Sin embargo, el tiempo
esclarecerá el sentido de
algunas cláusulas del tratado de 7 de marzo,
cuyas palabras harían creer
que el Brasil mantiene sus preocupaciones
anteriores, especialmente
en materia de navegación fluvial y de comercio
exterior.
En lo interior, el primer
deber de la política futura será el
mantenimiento y
conservación de la Constitución. Reunir un congreso y dar
una Constitución no son
cosas sin ejemplo en la República Argentina lo que
"nunca se ha
visto", allí es que haya subsistido una Constitución diez
años.
La mejor política, la más
fácil, la más eficaz para conservar la
Constitución, es la
política de la honradez y de la buena fe; la política
clara y simple de los hombres
de bien, y no la política doble y hábil de
los truhanes de categoría.
Pero entiéndase que la honradez requerida por
la sana política no es la
honradez apasionada y rencorosa del doctor
Francia o de Felipe II, que
eran honrados a su modo. La sinceridad de los
actos no es todo lo que se
puede apetecer en política se requiere además
la justicia, en que reside
la verdadera probidad.
Cuando la Constitución es
oscura o indecisa, se debe pedir su comentario a
la libertad y al progreso,
las dos deidades en que ha de tener
inspiración. Es imposible
errar cuando se va por un camino tan lleno de
luz.
El gran arte del gobierno,
como decía Platón, es el arte de hacer amar de
los pueblos la Constitución
y las leyes. Para que los pueblos la amen, es
menester que la vean
rodeada de prestigio y de esplendor.
El principal medio de
afianzar el respeto de la Constitución es evitar en
todo lo posible sus
reformas. Estas pueden ser necesarias a veces, pero
constituyen siempre una
crisis pública, más o menos grave. Son lo que las
amputaciones al cuerpo
humano; necesarias a veces, pero terribles siempre.
Deben evitarse todo lo
posible, o retardarse lo más. La verdadera sanción
de las leyes reside en su
duración. Remediemos sus defectos, no por la
abrogación, sino por la
interpretación.
Ese es todo el secreto que
han tenido los ingleses para hacer vivir siglos
su Constitución benemérita
de la humanidad entera.
Las cartas o leyes
fundamentales que forman el derecho constitucional de
Inglaterra tienen seis y
ocho siglos de existencia muchas de ellas. Del
siglo XI (1071) es la
primera carta de Guillermo el Conquistador; y la
magna carta, o gran carta,
debió su sanción al rey Juan, a principios del
siglo XIII (19 de junio de
1215). Entre los siglos XI y XIV diéronse las
leyes que hasta hoy son
base del derecho público británico.
No se crea que esas leyes
han regido inviolablemente desde su sanción. En
los primeros tiempos fueron
violadas a cada paso por los reyes y sus
agentes. Violadas han sido
también posteriormente, y no han llegado a ser
una verdad práctica, sino
con el transcurso de la edad.
Pero los ingleses no
remediaban las violaciones, sustituyendo unas
constituciones por otras,
sino confirmando las anteriormente dadas.
Sin ir tan lejos, nosotros
mismos tenemos leyes de derecho público y
privado que cuentan siglos
de existencia. En el siglo XIV, promulgáronse
las Leyes de Partidas, que
han regido nuestros pueblos americanos desde su
fundación, y son seculares
también nuestras Leyes de Indias y nuestras
Ordenanzas de comercio y de
navegación. Recordemos que, a nuestro modo,
hemos tenido un derecho
público antiguo.
Lejos de existir
inviolables esas leyes, la historia colonial se reduce
casi a la de sus
infracciones. Es la historia de la arbitrariedad. Durante
la revolución hemos
cambiado mil veces los gobiernos, porque las leyes no
eran observadas. Pero no
por eso hemos dado por insubsistentes y nulas las
siete Partidas, las Leyes
de Indias, las Ordenanzas de Bilbao, etc. Hemos
confirmado implícitamente
esas leyes, pidiendo a los nuevos gobiernos que
las cumplan.
No hemos obrado así con
nuestras leyes políticas dadas durante la
revolución. Les hemos hecho
expiar las faltas a sus guardianes. Para
remediar la violación de un
artículo, los hemos derogado todos. Hemos
querido remediar los
defectos de nuestras leyes patrias, revolcándolas y
dando otras en su lugar;
con lo cual nos hemos quedado de ordinario sin
ninguna: porque una ley sin
antigüedad no tiene sanción, no es ley.
Conservar la Constitución
es el secreto de tener Constitución. ¿Tiene
defectos, es incompleta? No
la reemplacéis por otra nueva. La novedad de
la ley es una falta que no
se compensa por ninguna perfección; porque la
novedad excluye el respeto
y la costumbre, y una ley sin estas bases es un
pedazo de papel, un trozo
literario.
La interpretación, el
comentario, la jurisprudencia, es el gran medio de
remediar los defectos de las
leyes. Es la receta con que Inglaterra ha
salvado su libertad y la
libertad del mundo. La ley es un Dios mudo: habla
siempre por la boca del
magistrado. Estela hace ser sabia o inicua. De
palabras se compone la ley,
y de las palabras se ha dicho que no hay
ninguna mala, sino mal
tomada. Honni soit qui mal y pense escribid al
frente de vuestras
constituciones, si les deseáis longevidad inglesa. Sin
fe no hay ley ni religión,
y no hay fe donde hay perpetuo raciocinio.
Cread la jurisprudencia,
que es el suplemento de la legislación, siempre
incompleta, y dejad en
reposo las leyes, que de otro modo jamás echarán
raíz.
Para no tener que retocar o
innovar la Constitución, reducidla a las cosas
más fundamentales, a los
hechos más esenciales del orden político No
comprendáis en ella
disposiciones por su naturaleza transitorias, como las
relativas a elecciones.
Si es preciso rodear la ley
de la afección del pueblo, no lo es menos
hacer agradable para el
país el ejercicio del gobierno. Gobernar poco,
intervenir lo menos, dejar
hacer lo más, no hacer sentir la autoridad, es
el mejor medio de hacerla
estimable. A menudo entre nosotros gobernar,
organizar, reglamentar, es
estorbar, entorpecer, por lo cual fuera
preferible un sistema que
dejase a las cosas gobernarse por su propia
impulsión. Temeria
establecer una paradoja, si no viese confirmada esta
observación por el
siguiente hecho que cita un publicista respetable: "El
gobierno indolente y
desidioso de Rivera—dice M. Brossard no fue menos
favorable al Estado
Oriental, en cuanto dejó desarrollarse al menos los
elementos naturales de
prosperidad que contenía el país". Y no daría tanto
asenso al reparo de M.
Brossard si no me hubiese cabido ser testigo ocular
del hecho aseverado por él.
Nuestra prosperidad ha de
ser obra espontánea de las cosas, más bien que
una creación oficial. Las
naciones, por lo general, no son obra de los
gobiernos, y lo mejor que
en su obsequio puedan hacer en materia de
administración, es dejar
que sus facultades se desenvuelvan por su propio
vitalidad. No estorbar,
dejar hacer, es la mejor regla cuando no hay
certeza de obrar con
acierto. El pueblo de California no es producto de un
decreto del gobierno de
Washington; y Buenos Aires se ha desarrollado en
muchas cosas materiales a
despecho del poder de Rosas, cuya omnipotencia
ha sido vencida por la
acción espontánea de las cosas. La libertad, por
índole y carácter, es poco
reglamentaria, y prefiere entregar el curso de
las cosas a la dirección
del instituto.
En la elección de los
funcionarios nos convendrá una política que eluda el
pedantismo de los títulos
tanto como la rusticidad de la ignorancia. La
presunción de nuestros
sabios a medias a ocasionado más males al país que
la brutalidad de nuestros
tiranos ignorantes. El simple buen sentido de
nuestros hombres prácticos
es mejor regla de gobierno que las pedantescas
reminiscencias de Grecia o
de Roma. Se debe huir de los gobernantes que
mucho decretan, como de los
médicos que prodigan las recetas. La mejor
administración, como la
mejor medicina, es la que deja obrar a la
naturaleza.
Se debe preferir, en
general, para la elección de los funcionarios, el
juicio al talento; el
juicio práctico, es decir, el talento de proceder,
al talento de escribir y de
hablar, en los negocios de gobierno.
En Sudamérica el talento se
encuentra a cada paso; lo menos común que por
allí se encuentra es lo que
impropiamente se llama sentido común, buen
sentido o juicio recto. No
es paradoja el sostener que el talento ha
desorganizado la República
Argentina. Al partido inteligente, que tuvo por
jefe a Rivadavia, pertenece
esa organización de échantillon, esa
Constitución de un pedazo
del país con exclusión de todo el país, ensayada
en Buenos
Aires entre 1820 y 1823,
que complicó el gobierno nacional argentino hasta
hacer hoy tan difícil su
reorganización definitiva.
Conviene distinguir los
talentos en sus clases y destinos, cuando se trata
de colocarlos en empleos
públicos. Un hombre que tiene mucho
talento
para hacer folletines puede
no tenerlo para administrar los negocios del
Estado.
Comprender y exponer por la
palabra o el estilo una teoría de gobierno es
incumbencia del escritor de
talento. Gobernar, según esa teoría es
comúnmente un don
instintivo que puede existir, y que a menudo existe, en
hombres sin instrucción
especial. Más de una vez el hecho ha precedido a
la teoría en la historia
del gobierno. Las cartas de Inglaterra, que
forman el derecho
constitucional de ese país modelo, no salieron de las
academias ni de las
escuelas de derecho, sino del buen sentido de sus
nobles y de sus grandes
propietarios.
Cada casa de familia es una
prueba práctica de esta verdad. Toda la
economía de su gobierno
interior, siempre complicado, aunque pequeño, está
encomendada al simple buen
sentido de la mujer, que muchas veces rectifica
también las determinaciones
del padre de familia en el alto gobierno de la
casa.
La política del buen juicio
exige formas serias y simples en los discursos
y en los actos escritos del
gobierno. Esos actos y discursos no son piezas
literarias. Nada más
opuesto a la seriedad de los negocios, que las flores
de estilo y que los adornos
de lenguaje. Los mensajes y los discursos
largos son el mejor medio
de oscurecer los negocios y de mantenerlos
ignorados del público:
nadie los lee. Los mensajes y los discursos llenos
de exageración y compostura
son sospechosos: nadie los cree. El mejor
orador de una República no
es el que más agrada a la academia, sino el que
mejor se hace comprender de
sus oyentes. Se comprende bien lo que se
escucha con atención, y el
incentivo de la atención reside todo en la
verdad trivial y ordinaria
del que expone.
En el terreno de la
industria, es decir, en su terreno favorito, nuestra
política debe despertar el
gusto por las empresas materiales, favoreciendo
a los más capaces de
acometerlas con estímulos poderosos, prodigados a
mano abierta. Una economía
mal entendida y un celo estrecho por los
intereses nacionales nos
han privado más de una vez de poseer mejoras
importantes ofrecidas por
el espíritu de empresa, mediante un cálculo
natural de ganancia en que
hemos visto una asechanza puesta al interés
nacional. Por no favorecer
a los especuladores, hemos privado al país de
beneficios reales.
La política del gobierno
general será llamada a dar ejemplo de cordura y
de moderación a las
administraciones provinciales que han de marchar
naturalm?nte sobre sus
trazas.
Al empezar la vida
constitucional en que el país carece absolutamente de
hábitos anteriores, la
política debe abstenerse de suscitar cuestiones por
ligeras inobservancias, que
son inevitables en la ejecución de toda
Constitución nueva. Las
nuevas constituciones, como las máquinas inusadas,
suelen experimentar
tropiezos, que no deben causar alarma y que deben
removerse con la paciencia
y mansedumbre que distingue a los verdaderos
hombres de la libertad. Se
debe combatir las inobservancias o violencias
por los medios de la
Constitución misma, sin apelar nunca a las vías de
hecho, porque la rebelión
es un remedio mil veces peor que la enfermedad.
Insurreccionarse por un
embarazo sucedido en el ejercicio de la
Constitución, es darle un segundo golpe por la razón de que ha
recibido
otro anterior. Las
constituciones durables son las interpretadas por la
paz y la buena fe. Una
interpretación demasiado literal y minuciosa vuelve
la vida pública inquieta y
pendenciosa Las protestas, los reclamos de
nulidad, prodigados por la
imperfección natural con que se realizan las
prácticas constitucionales
en países mal preparados para recibirlas, son
siempre de resultados
funestos. Es necesario crear la costumbre excelente
y altamente parlamentaria
de aceptar los hechos como resultan consumados,
sean cuales fueren sus
imperfecciones, y esperar a su repetición periódica
y constitucional para
corregirlos o disponerlos en su provecho. Me refiero
en esto especialmente a las
elecciones, que son el manantial ordinario de
conmociones por pretendidas
violencias de la constitución.
De las elecciones, ninguna
más ardua que la de Presidente; y como ella
debe repetirse cada seis
años por la Constitución, y como la más próxima
hace nacer dudas que
interesan a la vida de la Constitución actual, séanos
permitido emitir aquí
algunas ideas que tendrán aplicación más de una vez,
y que por hoy responden a
la siguiente pregunta, que muchos se hacen a sí
mismos: "¿Qué será de
la Confederación Argentina el día que le falte su
actual presidente?".
Será, en mi opinión, lo que es de la nave que cambia
de capitán: una mudanza que
no impide proseguir el viaje, siempre que haya
una carta de navegación y
que el nuevo capitán sepa observarla
La Constitución general es
la carta de navegación de la Confederación
Argentina. En todas las
borrascas, en todos los malos tiempos, en todos
los trances difíciles, la
Confederación tendrá siempre un camino seguro
para llegar a puerto de
salvación, con sólo volver sus ojos a la
Constitución y seguir el
camino que ella le traza, para formar el gobierno
y para reglar su marcha.
En la vida de las naciones
se han visto desenlaces que tuvieron necesidad
de un hombre especial para
verificarse. Nadie sabe cómo hubieran podido
concluir las revoluciones
francesas de 1789 y de 1848 sin la intervención
personal de Napoleón I y de
Napoleón III. Quién sabe si la Constitución
que ha hecho la grandeza de
los Estados Unidos hubiese llegado a ser una
realidad sin el influjo de
la persona de Washington; y para nadie es
dudoso que sin el influjo personal del general Urquiza, la
Confederación
Argentina no hubiera
llegado a darse la Constitución que ha sacado a ese
país del caos de cuarenta
años.
Pero llega un día en que la
obra del hombre necesario adquiere la
suficiente robustez para
mantenerse por si misma, y entonces la mano del
autor deja de serle
indispensable.
Muy peligroso es, sin
embargo, equivocarse en dar por llegada la hora
precisa de emancipar la
obra del autor, porque un error en ese punto puede
ser más desastroso al
interruptor que a la obra misma, la cual es más
poderosa en sí que el
propio autor.
Y, en efecto, las funciones
de que se compone la obra de organizar un
pueblo son el cumplimiento
de una ley providencial. Lo es igualmente el
concurso del brazo que
sirve de instrumento de ejecución. Y como éste
deriva de esa ley toda la
fuerza que lo hace el señor de la situación, se
sigue que ni él mismo puede
contrariarla sin sucumbir a su poder moral.
Para todas las creaciones
de la Providencia hay una hora prefijada en que
cesa la necesidad de la
mano que las hizo nacer. Esa hora viene por si
misma; y la señal de que ha
llegado, es que la obra puede quedar sola, sin
el auxilio de ninguna
violencia. Cuando el águila está en edad de ver la
luz, el huevo en que se
desenvolvió su existencia se rompe por la mano de
la Providencia. Si
anticipáis ese paso, matáis la existencia que queríais
abreviar.
Toda Constitución de
libertad tiene en si misma el poder de sustraerse a
su tiempo del influjo
personal que la hizo nacer; y la Constitución
argentina es excelente,
porque tiende justamente a colocar la suerte del
país fuera de la voluntad
discrecional de un hombre: servicio hermoso que
la patria debe al general
Urquiza.
La Constitución da, en
efecto, el medio sencillo de encontrar siempre un
hombre competente para
poner al frente de la Confederación. Ese medio no
consiste únicamente en
elegirlo libremente, aunque esta libertad sea el
primer resorte de una buena
elección: consiste mayormente en que una vez
elegido, sea quien fuere el
desgraciado a quien el voto del país coloque
en la silla difícil de la
presidencia, se lo debe respetar con la
obstinación ciega de la
honradez, no como a hombre, sino como a la persona
pública del Presidente de
la Nación. No hay pretexto que disculpe una
inconsecuencia del país a
los ojos de la probidad política. Cuanto menos
digno de su puesto (no
interviniendo crimen), mayor será el realce que
tenga el respeto del país
al jefe de su elección; como es más noble el
padre que ama al hijo
defectuoso, como es más hidalgo el hijo que no
discute el mérito personal
de su padre para pagarle el tributo de su
respeto.
Respetad de ese modo al
Presidente que una vez lo sea por vuestra
elección, y con eso sólo
seréis fuertes e invencibles contra todas las
resistencias a la
organización nacional; porque el respeto al Presidente
no es más que el respeto a
la Constitución en virtud de la cual ha sido
electo: es el respeto a la
disciplina y a la subordinación, que, en lo
político como en lo
militar, son la llave de la fuerza y de la victoria.
El respeto a la autoridad,
sobre todo, es el respeto del país a sus
propios actos, a su propio
compromiso, a su propia dignidad.
Una simple cosa distingue
al país civilizado del país salvaje; una simple
cosa distingue a la ciudad
de Londres de una toldería de la Pampa: y es el
respeto que la primera
tiene a su gobierno, y el desprecio cínico que la
horda tiene por su jefe.
Esto es lo que no comprende
la América, que ha vivido cuarenta años sin
salir de su revolución
contra España; y eso solo la hace objeto del
desprecio del mundo, que la
ve sumida en revoluciones vilipendiosas y
verdaderamente salvajes.
Mientras haya hombres que hagan título de vanidad de llamarse
hombres de
revolución; en tanto que se
conserve estúpidamente la creencia, que fue
cierta en 1810, de que la
sana política y la revolución son cosas
equivalentes; en tanto que
haya publicistas que se precien de saber
voltear ministros a
cañonazos; mientras se crea sinceramente que un
conspirador es menos
despreciable que un ladrón, pierde la América
española toda la esperanza
a merecer el respeto del mundo.
No prolongaré este
parágrafo con reglas y prescripciones que se deducen
fácilmente de los
principios contenidos en todo este escrito, y
presentados como las bases
aproximadas en que deban apoyarse la
Constitución y la política
argentinas, si aspiran a darnos un progreso de
que no tenemos ejemplo en
la América del Sur.
XXXV
De la política de Buenos
Aires para con la Nación Argentina.
En la segunda de las
ediciones hechas de esta obra en 1852, había un
capitulo con el epígrafe de
éste, en el cual indiqué, como medio de
satisfacer las necesidades
de orden que tenía Buenos Aires, la sanción de
una Constitución local, que
rectificase sus instituciones anteriores,
origen exclusivo de su
anarquía y de su dictadura alternativas. De ese
modo, la Constitución de
Buenos Aires debía ser al mismo tiempo una rueda
auxiliar de la Constitución
de la Nación.
Muy lejos de eso, la
Constitución que se dio Buenos Aires el 11 de abril
de 1854, en vez de
rectificar sus instituciones anteriores, las resumió y
las confirmó, viniendo a
ser obstáculo para la Constitución nacional, en
lugar de servirla de apoyo.
Buenos Aires restableció en
su Constitución actual las mismas
instituciones que habían
existido bajo el gobierno de Rosas, y su texto es
copia casi literal de un
proyecto presentado en la legislatura de Buenos
Aires, en 1833, bajo el
ascendiente de Rosas y de sus hombres. Así se
explica que el Gobierno de
Buenos Aires no es republicano según esa
Constitución, sino
meramente popular representativo, más o menos, como el
gobierno monarquista del
Brasil, o como un gobierno imperial salido de La
voluntad del pueblo. La
república se supone o subentiende por el art. 14
de la Constitución vigente
de Buenos Aires. Así se explica que su artículo
suspende los derechos del
ciudadano naturalizado por no inscribirse en la
guardia nacional. Así se explica
que por el art. 85 un argentino de Santa
Fe, de Córdoba o de Entre
Ríos no puede ser gobernador de Buenos Aires en
ningún caso.
Las leyes anteriores
compiladas en la Constitución actual de Buenos Aires
fueron ensayos erróneos,
que Rivadavia hizo entre 1820 y 1823, bajo el
influjo del más triste
estado de cosas para la Nación Argentina, pues
todas sus Provincias
estaban aisladas unas de otras. Esas instituciones
locales no hubieran quedado
subsistentes si Rivadavia hubiese logrado
hacer sancionar la
Constitución unitaria que había concebido para toda la
Nación; pues esa
Constitución asignaba a la Nación entera los mismos
poderes y rentas que las
leyes provinciales anteriores del mismo Rivadavia
habían asignado a la
provincia capital; la Constitución unitaria, venía a
ser un decreto de abolición
de esas leyes que Buenos Aires acaba de
restablecer. Esas primeras
instituciones locales de Rivadavia eran el
andamio para la
Constitución definitiva, el edificio de tablas para
abrigarse mientras se
construía la obra permanente del mismo arquitecto.
Pero Buenos Aires,
confundiendo las dos cosas, ha tomado el andamio por el
edificio.
El error de Rivadavia no
consistía en haber dado a su Provincia
instituciones inadecuadas,
como se dice vulgarmente, sino en que empezó
por atribuir a la Provincia
de Buenos Aires los poderes y las rentas que
eran de toda la Nación.
Cuando más tarde quiso retirarle esos poderes y
rentas para entregarlos a
su dueño, que es el pueblo argentino, ya no
pudo; y la obra de sus
errores fue más poderosa que la buena voluntad del
autor. En nombre de sus
propias instituciones de desquicio, Rivadavia fue
rechazado por Buenos Aires,
desde que pensó en dar instituciones de orden
nacional.
Tal es el defecto de la
actual Constitución de Buenos Aires, resumen de
los ensayos inexpertos de
Rivadavia: dando a la Provincia lo que es de la
Nación, esa Constitución va
dirigida a suplantar la Nación por la
Provincia.
He aquí lo que la hace ser
obstáculo para la organización de todo gobierno
nacional, sea cual fuere su
forma.
He aquí el motivo por que
esa Constitución arrastra fatalmente a Buenos
Aires en el camino del
desorden y de la guerra civil. Una provincia cuya
Constitución local invade y
atropella los dominios de la Constitución
nacional, ¿podrá establecer
y fundar el principio de orden dentro de su
territorio? Una provincia
que conserva una aduana doméstica como añadidura
reglamentaria de una aduana
nacional, ¿podrá jamas servir de veras la
prosperidad del comercio?
Una provincia que habla de códigos locales, de
hipotecas de provincia, de
monedas de provincia, ¿podrá representar otra
época ni otro orden de
cosas que aquellos en que estaba la Francia feudal
antes de 1789?
Arrebatando a la Nación sus
atribuciones soberanas, la Constitución local
de Buenos Aires abre una
herida mortal a la integridad de la República
Argentina y crea un pésimo
ejemplo para las Repúblicas de la América del
Sur. Los códigos civiles de
provincia son resultado lógico de una
Constitución semejante a la
que hoy tiene Buenos Aires. Para los Estados
vecinos, los códigos de que
Buenos Aires se propone dar ejemplo, tendrán
mañana imitadores que pidan
un código civil para Concepción, otro para
Santiago, otro para
Valparaíso, en Chile, código civil para la Colonia del
Sacramento, código para
Maldonado en el estado de Montevideo. No sería un
bello papel para Buenos
Aires llevar así a la América política el
desquicio, después de haberlo
intentado dentro de su propia nación.
Buenos Aires, volviendo a
los errores constitucionales de 1821, no tiene
la excusa que asistía a
Rivadavia y a los hombres de aquel tiempo.
Entonces no existía un
gobierno nacional, y la usurpación que Buenos Aires
hacía de sus poderes podía
disculparse por la necesidad de obrar como
nación delante de los
poderes extranjeros. Entonces había para Buenos
Aires el interés de
monopolizar los poderes y rentas nacionales, al favor
de la acefalía o de la
ausencia de todo gobierno general que le aseguraba
ese monopolio. Hoy Buenos
Aires renueva la usurpación de 1821 en frente de
un gobierno nacional,
constituido con aplauso de toda la nación y del
mundo exterior; y lo
renueva estérilmente, porque ya su aislamiento no le
da, como en otro tiempo,
los medios de monopolizar la soberanía de toda la
nación, desquiciada
entonces y dividida en su provecho local. Ni hay ya
poder que pueda restituirle
ese orden de cosas, pues le ha sido arrebatado
por la mano del mismo
agente que en otra época dio a Buenos Aires la
supremacía del país, a
saber: la geografía politica del territorio
fluvial. Esta ha cambiado
en el interés de todo el mundo, y ese cambio
está garantizado por
tratados internacionales que lo hacen irrevocable y
perpetuo. De modo que ni la
esperanza de una restauración puede justificar
la obstinación actual de
Buenos Aires.
En su actitud aislada nada
puede fundar de serio ni de juicioso esa
provincia, por más que se
afane en emprender reformas de progreso, en
fomentar su población y su
riqueza. Todo lo que haga, todo lo que emprenda
en ese sentido, mientras se
mantenga rebelde y aislada de su nación, todo
será estéril, efímero y
como fundado en la arena movediza. A todos sus
esfuerzos lucidos de
progreso les faltará siempre una cosa, que los hará
estériles y vanos: el
juicio, el buen sentido.
Así, por ejemplo, los
códigos civiles en que hoy se ocupa, serían la
codificación de un ángulo
de la República Argentina: nuevo obstáculo para
la unión que aparenta
desear; nuevo ataque a las prerrogativas de la
Nación, a quien corresponde
la sanción de los códigos civiles por su
Constitución vigente y por
los sanos principios de derecho público. La
capacidad personal, el
sistema de la familia civil, la organización de la
propiedad, el sistema
hereditario, los contratos civiles, los pactos de
comercio, el derecho
marítimo, el procedimiento o tramitación de los
juicios: todo esto llegando
sólo hasta el Arroyo del Medio, frontera
doméstica de la Provincia
de Buenos Aires, para encontrarse al otro lado
con leyes civiles
diferentes sobre todos esos puntos, seria el espectáculo
más triste y miserable a
que pudiera descender la República Argentina.
Sabido es que Napoleón I
sancionó sus códigos civiles con la alta mira de
establecer la unidad o
nacionalidad de Francia, dividida antes de la
revolución en tantas
legislaciones civiles como provincias. ¡Pero los
parodistas bonaerenses de
Napoleón I destruyen la antigua unidad de
legislación civil, que
hacía de todos los pueblos argentinos un solo
pueblo, a pesar del
desquicio, y dan códigos civiles de provincia para
llevar a cabo la
organización del país! La Confederación debe protestar
desde hoy contra la validez
de esos códigos locales atentatorios de la
unidad civil de la
República. No es de creer que Buenos Aires alcance a
llevar a cabo ese desorden;
pero si tal cosa hiciere, la Nación a su
tiempo debe quemarlos en
los altares de Mayo y de Julio, levantados a la
integridad de la patria por
los grandes hombres de 1810 y de 1816.
¿Por qué Buenos Aires no
colabora esas reformas con la Nación de su
sangre? Si cree que la
división es transitoria, ¿por qué la vuelve
definitiva, abriéndola en
lo más hondo de la sociedad argentina?
Sin embargo de esos actos,
los hombres de la situación en Buenos Aires
protestan estar de acuerdo
con respecto al fin de unir toda la Nación bajo
un solo gobierno, y que la
disidencia sólo reside en los medios. Esta
manera de establecer la
cuestión no adelanta en nada la solución de la
dificultad pendiente. La
objeción de los medios es un sofisma para eludir
el fin.. Rosas mismo estaba
de acuerdo con respecto al fin de que se
trata. Jamás pensó dividir
la República Argentina en dos naciones, a pesar
de la iniquidad con que la
trató. Pero se sabe que su medio de unión era
el mismo que había empleado
la España de otro tiempo; y consistía en unir
colonialmente la Nación a
la Provincia capital, y no la Provincia a la
Nación, según los
principios de un sistema regular representativo de todo
el país.
Otro sofisma es pretender
que la persona del Presidente actual sea el
obstáculo que impida la unión
de Buenos Aires con la Confederación de que
siempre formó parte.
Baje del cielo un santo a
ocupar la Presidencia de la República, y pida lo
mismo que pide y no puede
menos de pedir el general Urquiza a Buenos
Aires, para formar el
gobierno nacional; es decir, pida al Gobernador de
Buenos Aires que se
abstenga de nombrar y recibir agentes extranjeros, que
entregue al Presidente de
la República el mando del ejército local, que
ponga a su disposición la
administración de una parte de las rentas
públicas; pida el santo
legislador a la asamblea de Buenos Aires que se
guarde de legislar sobre
comercio interior y exterior, de sancionar
códigos, de atender en
tratados internacionales, etcétera; y Buenos Aires
dirá que esas exigencias la
humillan, y verá un obstáculo en el santo
mismo que las proponga como
medio único e inevitable de formar el gobierno
nacional que es esencial a
la vida de la Nación.
Luego el obstáculo para la
unión, según la mente con que resiste Buenos
Aires, es la Nación misma,
y la Nación sólo puede ser obstáculo para una
política sin patriotismo.
Por fortuna, la Nación
Argentina piensa hoy como un solo hombre en este
punto. Que Buenos Aires no
se equivoque en tomar como obstáculo al que es
llamado justamente a reunir
todo el país libertado por su brazo. Si en el
círculo egoísta que
especula con el aislamiento de Buenos Aires son mal
mirados los que hoy hablan
de unión con la República bajo su actual
gobierno, en las Provincias
serán pisoteados los que conspiren por
restituir la Nación al yugo
de una provincia, como en los años de
oprobioso recuerdo.
Cuando el Presidente actual
descienda del poder por la ley que él mismo ha
tenido la gloria de
promulgar, su influencia en la organización será mayor
desde su casa, porque será
la influencia inofensiva de la gloria, que
siempre aumenta de poder
moral, a medida que disminuye en poder directo y
material.
Entonces todo argentino que
quiera exceder en celebridad al que dio
libertad y constitución a
la República Argentina, no tendrá sino que ir
más adelante que él, por el
camino que ha trazado ala posteridad de los
gobiernos patriotas del Río
de la Plata. Consolidar la unidad definitiva
del país y de su gobierno
fue el juramento prestado en Mayo de 1810, el
pensamiento honrado de San
Martín, el sueño querido de Rivadavia, el
resumen de la gloria del
vencedor de Rosas.
Buenos Aires no tiene más
que un camino digno para salir de la situación
que se ha creado él mismo:
unirse a la Nación de que tiene el honor de ser
parte integrante, por el
único medio digno del fin que su gobernador se
haga un honor de respetar
la autoridad soberana de la Nación Argentina,
como sus virreyes se
honraron en respetar la soberanía de los reyes de
España; que acepte y
respete las leyes emanadas de la soberanía del pueblo
argentino, con el mismo
respeto con que se acepta y obedece las leyes que
recibió de los soberanos de
España en otro tiempo.
Si Buenos Aires no quiere
respetar al gobierno que se ha dado la República
independiente de los reyes
de España, prueba en tal caso que no quiere
sinceramente el objeto de
la revolución que encabezó en 1810 y de la
emancipación proclamada en
1816; y que su patriotismo decantado, es decir,
su abnegación al pueblo argentino,
compuesto hoy día de catorce
provincias, es un
patriotismo hipócrita y falaz, que pretextó para
suplantarse en el poder
metropolitano de España.
Si porque se le exige que
respete las leyes argentinas, como respetó las
leyes españolas de otro
tiempo, se da por ofendida y se llama a
vida
independiente, ¿qué motivos
serían los que alegase para la declaración
solemne de su independencia
de nación? ¿La cinta roja que el general
Urquiza recomendó a los que
fueron libertados bajo ese símbolo? ¿La
proclama en que el
libertador se quejó del primer asomo de ingratitud? Ese
pretexto como motivo de
desmembración definitiva daría lástima a los que
han visto al pueblo de
Buenos Aires vestir pacíficamente por veinte años
el color rojo que le impuso
Rosas, y leer diariamente la Gaceta en que fue
insultada impunemente su
porción más digna, por espacio de veinte años,
con los dictados de
salvajes y feroces. Que los hombres de juicio de
Buenos Aires se convenzan
bien de que el mundo exterior, observador
imparcial de los hechos de
ese país, no puede ser alucinado con
subterfugios, como los
empleados hasta aquí, ni con los gritos de una
minoría violenta que aturde
y enmudece a los que están cerca, pero que no
convence ni persuade a los
que están lejos.
¿Qué motivos tiene Buenos
Aires para no admitir la Constitución actual de
la Confederación Argentina?
¿El no haber tenido parte en su discusión y
sanción? No la tuvo, porque
no quiso tomarla, fiel a su abstención de
táctica. Rechazó primero el
Pacto de San Nicolás, preparatorio de la
Constitución, so pretexto
de que no había sido autorizado por su
Legislatura local, y de que
era ofensivo a los derechos de Buenos
Aires.
Treinta años hacia que
Buenos Aires respetaba el pacto interprovincial
llamado cuadrilátero, base
de todos los de su género, sin que su
Legislatura lo hubiese
autorizado nunca. Redactado el Pacto de San Nicolás
por un hijo de Buenos
Aires, que hace honor a la República Argentina, y
firmado por el doctor
López, hijo también y gobernador de Buenos Aires en
ese momento, uno de los
grandes patriotas de 1810, el Pacto de San
Nicolás, preparatorio de la
Constitución que rechaza Buenos Aires, no
podía ser considerado
hostil a esa Provincia, ni como inspiración personal
del general Urquiza. Buenos
Aires lo rechazó sin embargo; ¿por qué, en
realidad? Porque le retiraba la diplomacia y la renta nacional
para
colocarlas en manos de una
autoridad común de todas las Provincias. Lo
rechazó también porque ese
Pacto preparaba eficazmente la Constitución que
debía volver definitivo ese
orden regular de cosas.
Buenos Aires retiró sus
diputados que había mandado ya al Congreso
Constituyente, so pretexto
de que dos diputados no podían representarla
suficientemente en la obra
de la Constitución. Es de advertir que cada
Provincia había mandado dos
diputados al Congreso Constituyente, según lo
estipulado por el Pacto de
San Nicolás. Ese pacto empezó por ratificar
diez convenciones
domésticas celebradas durante treinta años, en las
cuales Buenos Aires había
admitido un derecho de representación igual al
de cualquier otra Provincia
argentina, para el día que se tratase de
constituir la República
toda por un Congreso nacional, siempre previsto en
esos pactos.
Si la igualdad de
representación admitida por Buenos Aires en diez pactos
anteriores era una verdad,
¿con qué derecho podía ser representado por más
de dos diputados en el
Congreso Constituyente de 1853? Si la igualdad
prometida fue sólo un artificio
para dominar mejor a las Provincias
desunidas, Buenos Aires por
decoro debió consentir en los resultados de su
falta de sinceridad.
Pero todos esos motivos
que, considerados exteriormente, se reducen a una
cuestión de forma, ¿serían
bastante causa para justificar de derecho la
separación de hecho en que
está Buenos Aires de la República Argentina?
La cuestión, pues, viene a
establecerse hoy de otro modo con respecto de
Buenos Aires: ¿la
Constitución actual de la Confederación Argentina daña a
Buenos Aires de tal modo
que la obligue a separarse de la República? ¿Qué
le exige la Nación de
injusto y de extraordinario para que se crea en el
deber de aislarse de su
país? ¿Que la ciudad de Buenos Aires sea capital
de la Confederación,
quedando la misma Provincia compuesta del resto del
territorio? Eso es lo que
dispone la Constitución que se han dado las
Provincias; pero ni eso le
exige hoy día Nadie creería que sean ellas las
que han ofrecido a Buenos
Aires ese rango, y que Buenos Aires se dé por
ofendida de las condiciones de esa oferta Sin embargo, Rivadavia,
Agüero, los Varela y muchos
hombres de bien de Buenos Aires fueron los
autores de ese pensamiento
en 1826; y lejos de ser sin ejemplo en la
historia de la América del
Sur, la ciudad de Santiago ha conservado su
rango de capital de la
República de Chile, consintiendo en desmembrar el
territorio de su provincia
para formar las provincias de Valparaíso, de
Aconcagua y de Colchagua.
Con la Constitución de la
Confederación Argentina en la mano, todo el
mundo puede ser juez de la
cuestión entre Buenos Aires y las demás
Provincias. Esta Constitución
será siempre el proceso de la separación
desleal de Buenos Aires.
No soy su desafecto, por
más que use de este lenguaje, como no lo es el
hermano que reconviene
duramente a sus hermanos, cuando tiene por mira
evitar un extravío y
prevenir una afrenta de familia. Quiero a Buenos
Aires cuanto menos como
parte integrante de mi país, pero seria querer mal
a la Nación entera el poner
en balance todo su destino con el de una de
sus partes subalternas.
El sentimiento de nación
está muerto en los argentinos que no sienten todo
el ultraje que Buenos Aires
hace a la Nación de su sangre, con sólo
guardar la actitud que hoy
tiene a su respecto, por pasiva que parezca a
los ojos de los que se han
familiarizado con el desorden.
En Francia, en Inglaterra,
en los mismos Estados Unidos, la Provincia de
Buenos Aires, considerada
en el territorio de esas naciones y formando
parte de ellas, ya hubiera
sido sometida por la fuerza de las armas, con
aplauso de todos los amigos
del orden, por tan legitima defensa de la
soberanía nacional.
Muy mal comprende las cosas
de la patria el que no sabe sentir de ese modo
el derecho de toda una
nación.
Pero, aunque la República
Argentina tenga el derecho de emplear los mismos
medios para traer a Buenos
Aires al respeto de si misma y de la Nación,
ofendida peor que por el extranjero más hostil, yo no
aprobaría jamás el
hecho de emplear medios
semejantes para remediar un desorden que no tiene
conciencia de si mismo por
haberse formado lentamente y, lo que lo hace
más excusable, en nombre
del orden mismo. En efecto, el extravío de las
opiniones y el hábito de
ese extravío se hallan de tal modo arraigados y
extendidos en Buenos Aires,
hasta en sus primeros publicistas, que se ve a
muchos de ellos sostener
con aplomo y seriedad que la Constitución actual
de Buenos Aires puede
radicar el orden de esa Provincia, a pesar de estar
hecha para desordenar la
Nación.
XXXVI
Advertencia que sirve de
prefacio y de análisis del Proyecto de
Constitución que sigue.
Para dar una idea práctica
del modo de convertir en institución y en ley
la doctrina de este libro, me he permitido bosquejar un
proyecto de
Constitución, concebido
según las bases generales desenvueltas en él.
Tiempo hace que las ideas
de reforma existen en todos los espíritus todos
convienen en que las ideas
llamadas a presidir el gobierno y la política
de nuestros días son otras
que las practicadas hasta hoy. Sin embargo, las
leyes fundamentales, que
son la regla de conducta y dirección del
gobierno, permanecen las
mismas que antes. De ahí en gran parte el origen
de las contradicciones de
la opinión dominante con la marcha de los
gobiernos de Sudamérica.
Pero no se puede exigir racionalmente política
que no emane de la
Constitución escrita. Si aspiramos, pues, a ver en
práctica un sistema de
administración basado en las ideas de progreso y
mejora que prevalecen en la
época, demos colocación a estas ideas en las
leyes fundamentales del
país, hagamos de ellas las bases obligatorias del
gobierno, de la legislación
y de la política. Un ensayo práctico de la
manera de llevar a
ejecución esta reforma de los textos constitucionales
es el proyecto de
Constitución con que termino mi trabajo.
En país extranjero,
entregado a mis esfuerzos aislados, y sin los datos
que ofrece rece la reunión
de hombres prácticos en un Congreso, no he
podido hacer otra cosa que
un trabajo abstracto, en cierto modo. He
procurado diseñar el tipo,
el molde, que deben afectar la Constitución
argentina y las
Constituciones de Sudamérica; he señalado la índole y
carácter que debe
distinguirlas y los elementos o materiales de que deben
componerse, para ser
expresión leal de las necesidades actuales de estos
países. Nada hay preciso ni determinado en él en cuanto a la
cantidad;
pero está todo en cuanto a
la sustancia, y todo es aplicable con las
modificaciones de los
casos. El molde es lo que propongo, no el tamaño ni
las dimensiones del
sistema.
El texto que presento no se
parece a las Constituciones que tenemos; pero
es la expresión literal de
las ideas que todos profesan en el día Es nuevo
respecto de los textos
conocidos; pero no lo es como expresión de ideas
consagradas por todos nuestros publicistas de diez años a esta
parte.
A esta especie de novedad
de fondo, novedad que sólo consiste te en la
aplicación a la materia
constitucional de ideas ya consagradas por la
opinión de todos los hombres
ilustrados, he agregado otra de forma o
disposición metódica del
texto.
La claridad de una ley es
su primer requisito para ser conocida y
realizada; pues no se
practica bien lo que se comprende mal.
La claridad de la ley viene
de su lógica, de su método, del encadenamiento
y filiación de sus partes.
He seguido el método más
simple, el más claro y sencillo a que
naturalmente se prestan los
objetos de una constitución.
¿Qué hay, en efecto, en una
constitución? Hay dos cosas: primero, los
principios, derechos y
garantías, que forman las bases y objeto del pacto
de asociación política;
segundo, las autoridades encargadas de hacer
cumplir y desarrollar esos
principios. De aquí la división natural de la
Constitución en dos partes.
He seguido en esta división general el método
de la Constitución de
Massachusetts, modelo admirable de buen sentido y de
claridad, anterior alas
decantadas Constituciones francesas, dadas después
de 1789, y a la misma
Constitución de los Estados Unidos.
He dividido la primera
parte en cuatro capítulos en que naturalmente se
distribuyen los objetos
comprendidos en ella, de este modo:
Cap. I. Disposiciones
generales.
Cap. II. Derecho público
argentino.
Cap. III. Derecho público
deferido a los extranjeros.
Cap. IV. Garantías públicas
de orden y de progreso.
He dividido la segunda
parte, que trata de las autoridades
constitucionales, en dos
secciones, destinadas la primera a exponer la
planta de las autoridades
nacionales, y la segunda a la exposición de las
autoridades de provincias o
interiores.
He subdividido la sección
primera en tres capítulos expositivos de las
tres ramas esenciales del gobierno: poder legislativo, poder
ejecutivo y
poder judicial. La
Constitución no contiene más.
La sinopsis que sigue hace
palpable al ojo la claridad material de este
método:
La Constitución se divide
en dos partes
PRIMERA PARTE: Principios,
derechos y garantías
Cap. I. Disposiciones
generales.
Cap. II. Derecho público
argentino.
Cap. III. Derecho público
deferido a los extranjeros.
Cap. IV. Garantías públicas
de orden y de progreso.
SEGUNDA PARTE: Autoridades
argentinas
Sección 1a: Generales
Cap. I. Poder legislativo.
Cap. II. Poder ejecutivo.
Cap. III. Poder judicial.
Sección 2a: Provinciales
Gobiernos de provincia o
interiores.
La doctrina de mi libro sirve de comento y explicación de las
disposiciones del proyecto:
así al pie de cada una hago referencia al
parágrafo que contiene la
explicación anticipada de sus motivos, cuando no
me valgo de notas especiales,
traídas al margen, para explicar los motivos
que no lo están
sobradamente en mi tratado.
En obsequio de la claridad,
he adoptado el sistema de numeración arábiga
para los artículos, en
lugar del sistema romano, usado en las
Constituciones ensayadas en la República Argentina con una
afectación de
cultura perniciosa a la
divulgación de la ley.
Invocar, para un lector del
pueblo, los artículos CLX y CXCI de la
Constitución, es dejarlo a
oscuras sobre las disposiciones contenidas en
ellos. Como la más popular
de las leyes, la Constitución debe ofrecer una
claridad perfecta hasta en
sus menores detalles.
XXXVII
Proyecto de Constitución
concebido según las bases desarrolladas en este
libro.
"Nos los
representantes de las Provincias de la Confederación Argentina,
reunidos en Congreso
general constituyente, invocando el nombre de Dios,
Legislador de todo lo
creado, y la autoridad de los pueblos que
representamos, en orden a
formar un Estado federativo, establecer y
definir sus poderes
nacionales, fijar los derechos naturales de sus
habitantes y reglar las
garantías públicas de orden interior, de
seguridad, exterior y de
progreso material e inteligente, por el aumento y
mejora de su población, por
la construcción de grandes vías de transporte,
por la navegación libre de
los ríos, por las franquicias dadas a la
industria y al comercio y
por el fomento de la educación popular, hemos
acordado y sancionado la
siguiente (16)": (continúa)
NOTAS
Nombre del lugar en que ha
sido batido Rosas el 3 de febrero de 1852 por
el general Urquiza, actual
presidente.
Ilustraciones a la
Constitución de 1813, por Juan Egaña.
El Congreso americano,
sobre cuya conveniencia diserté en la Universidad
de Chile en 1844, debía
tener miras y propósitos diametralmente opuestos a
los del Congreso de Panamá,
como puede verse en mi "Memoria", aprobada
calurosamente por Varela,
que repudió el Congreso de Panamá, como
discípulo de Rivadavia.
Discurso del 8 de febrero
de 1826, al recibirse de presidente.
La materia de este capitulo
ha sido tratada extensamente por el autor en
el escrito titulado: "De la integridad nacional de la
Confederación
Argentina".
La aplicación de esta
teoría por un convenio eventual puede facilitar la
reincorporación de Buenos
Aires.
Sesión del Congreso
nacional del 18 de julio de 1826.
Esta es, sin embargo, la
aritmética política de Buenos Aires respecto del
gobierno general de la
Nación el que se reconoce parte territorial
integrante.
Esto es, sin embargo, lo
que Buenos Aires ha pretendido más tarde.
Todas las Provincias
argentinas han entrado por este sistema en la
constitución general que se
han dado en 1853. Sólo la Provincia de Buenos
Aires ha conservado esos
poderes de feudalidad y de desquicio.
Notas que ilustran algunos
artículos de la Constitución chilena de 1813 o
leyes que pueden deducirse
de ella, por don Juan Egaña.
Story: Comentarios sobre la
Constitución de los Estados Unidos.
Federalista, cap. XV,
publicado en los Estados Unidos en 1787, por
Hamilton, Madison y Jay.
A pesar de los disturbios
de que ha sido teatro Buenos Aires después de la
caída de Rosas, la verdad
aseverada en este capítulo está confirmada por
los hechos que forman la
situación general del país, sin exceptuar a
Buenos Aires. Si no han
faltado agitadores en esa ciudad es porque el
egoísmo puede acompañar a
todas las situaciones. Pero ellos se han visto
desairados y solos,
formando una triste excepción en medio de la República
unida juiciosamente según
el voto con que se emancipó de España.
En ese momento el Perú y
Venezuela llamaban la atención por cierto estado
de prosperidad, que decayó
después.
Los estatutos
constitucionales, lo mismo que las leyes y las decisiones de
la justicia, deben ser
motivados. La mención de los motivos es una
garantía de verdad y de
imparcialidad, que se debe a la opinión, y un
medio de resolver las dudas
ocurridas en la aplicación por la revelación
de las miras que ha tenido el legislador, y de las necesidades que
se ha
propuesto satisfacer.
Conviene, pues, que el preámbulo de la Constitución
argentina exprese
sumariamente los grandes fines de su instituto.
Abrazando la mente de la
Constitución, vendrá a ser la antorcha que disipe
la oscuridad de las
cuestiones prácticas, que alumbre el sendero de la
legislación y señale el
rumbo de la política del gobierno.
CONSTITUCION DE LA
CONFEDERACION ARGENTINA
PRIMERA PARTE
Principios derechos y
garantías fundamentales
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. La República
Argentina se constituye en un Estado federativo,
dividido en provincias, que
conservan la soberanía no delegada
expresamente por esta
Constitución al Gobierno Central.
Art. 2. El Gobierno de la
República es democrático, representativo,
federal. Las autoridades
que lo ejercen tienen su asiento... ciudad que se
declara federal.
Art. 3. La Confederación
adopta y sostiene el culto católico, y garantiza
la libertad de los demás.
Art. 4. La Confederación
garantiza a las Provincias el sistema
republicano, la integridad
de su territorio, su soberanía y su paz
interior.
Art. 5. Interviene sin
requisición en su territorio al solo efecto de
restablecer el orden
perturbado por la sedición.
Art. 6. Los actos públicos
de una provincia gozan de entera fe en las
demás.
Art. 7. La Confederación
garantiza la estabilidad de las Constituciones
provinciales, con tal que
no sean contrarias a la Constitución general,
para lo cual serán
revisadas por el Congreso antes de su sanción.
Art. 9. Ninguna provincia
podrá imponer derechos de tránsito ni de
carácter aduanero sobre
artículos de producción nacional o extranjera, que
procedan o se dirijan por
su territorio a otra provincia.
Art. 10. No serán
preferidos los puertos de una provincia a los de otra,
en cuanto a regulaciones
aduaneras.
Art 11. Los buques
destinados de una provincia a otra no serán obligados a
entrar, anclar y pagar
derechos por causa del tránsito.
Art. 12. Los ciudadanos de
cada provincia serán considerados ciudadanos en
las otras.
Art. 13. La extradición
civil y criminal queda sancionada como principio
entre las Provincias de la
Confederación.
Art. 14. Dos o más
provincias no podrán formar una sola sin anuencia del
Congreso.
Art. 15. Esta Constitución,
sus leyes orgánicas y los tratados con las
naciones extranjeras son la
ley suprema de la Confederación. No hay más
autoridades supremas que
las autoridades generales de la Confederación.
CAPITULO II
Derecho público argentino
Art. 16. La Constitución
garantiza los siguientes derechos a todos los
habitantes de la
Confederación, sean naturales o extranjeros:
De libertad
Todos tienen la libertad de
trabajar y ejercer cualquier industria;
De ejercer la navegación y
el comercio de todo género;
De peticionar a todas las
autoridades;
De entrar, permanecer,
andar y salir del territorio sin pasaporte;
De publicar por la prensa
sin censura previa;
De disponer de sus propiedades
de todo género y en toda forma;
De asociarse y reunirse con
fines lícitos;
De profesar todo culto;
De enseñar y aprender.
De igualdad
Art. 17. La ley no reconoce
diferencia de clase ni persona. No hay
prerrogativas de sangre, ni
de nacimiento; no hay fueros personales; no
hay privilegios, ni títulos
de nobleza. Todos son admisibles a los
empleos. La igualdad es la
base del impuesto y de las cargas públicas. La
ley civil no reconoce
diferencia de extranjeros y nacionales.
De propiedad
Art. 18. La propiedad es
inviolable. Nadie puede ser privado de ella sino
en virtud de ley o de
sentencia fundada en ley. La expropiación por causa
de pública utilidad debe
ser calificada por ley y previamente indemnizada.
Sólo el Congreso impone
contribuciones. Ningún servicio personal es
exigible, sino en virtud de
ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor
o inventor goza de la
propiedad exclusiva de su obra o descubrimiento. La
confiscación y el decomiso
de bienes son abolidos para siempre. Ningún
cuerpo armado puede hacer
requisiciones ni exigir auxilios. Ningún
particular puede ser
obligado a dar alojamiento en su casa a un militar.
De seguridad
Art. 19. Nadie puede ser
condenado sin juicio previo fundado en ley
anterior al hecho del
proceso.
Ninguno puede ser juzgado
por comisiones especiales, ni sacado de los
jueces designados por la
ley antes del hecho de la causa.
Nadie puede ser obligado a
declarar contra si mismo.
No es eficaz la orden de
arresto que no emane de autoridad revestida del
poder de arrestar y se
apoye en una ley.
El derecho de defensa
judicial es inviolable.
Afianzado el resultado civil de un pleito, no puede ser preso el
que no es
responsable de pena
aflictiva.
El tormento y los castigos
horribles quedan abolidos para siempre y en
todas circunstancias.
Quedan prohibidos los azotes y las ejecuciones por
medio del cuchillo, de la
lanza y del fuego. Las cárceles húmedas, oscuras
y mortíferas deben ser
destruidas. La infamia del condenado no pasa a su
familia.
La casa de todo hombre es
inviolable.
Son inviolables la
correspondencia epistolar, el secreto de los papeles
privados y los libros de
comercio.
Art. 20. Las leyes reglan
el uso de estas garantías de derecho público;
pero el Congreso no podrá
dar ley que con ocasión de reglamentar u
organizar su ejercicio las disminuya, restrinja o adultere en
su esencia.
CAPITULO III
Derecho público deferido a
los extranjeros
Art. 21. Ningún extranjero
es más privilegiado que otro. Todos gozan de
los derechos civiles inherentes
al ciudadano, y pueden comprar, vender,
tocar, ejercer industrias y
profesiones, darse a todo trabajo; poseer toda
clase de propiedades y
disponer de ellas en cualquier forma; entrar y
salir del país con ellas,
frecuentar con sus buques los puertos de la
República, navegar en sus
ríos y costas. Están libres de empréstitos
forzosos, de exacciones y
requisiciones militares. Disfrutan de entera
libertad de conciencia, y
pueden construir capillas en cualquier lugar de
la República. Sus contratos
matrimoniales no pueden ser invalidados porque
carezcan de conformidad con
los requisitos religiosos de cualquier
creencia, si estuviesen
legalmente celebrados.
No están obligados a
admitir la ciudadanía.
Gozan de estas garantías
sin necesidad de tratados, y ninguna cuestión de
guerra puede ser causa de
que se suspenda su ejercicio
Son admisibles a los
empleos, según las condiciones de la ley, que en
ningún caso puede excluirlos
por sólo el motivo de su origen.
Obtienen naturalización,
residiendo dos años continuos en el país; la
obtienen sin este requisito
los colonos, los que se establecen en lugares
habitados por indígenas o
en tierras despobladas; los que emprenden y
realizan grandes trabajos
de utilidad pública; los que introducen grandes
fortunas en el país; los
que se recomienden por invenciones o aplicaciones
de grande utilidad general
para la República.
Art. 22. La Constitución no
exige reciprocidad para la concesión de estas
garantías en favor de los
extranjeros de cualquier país.
Art. 23. Las leyes y los
tratados reglan el ejercicio de estas garantías,
sin poderlas alterar ni
disminuir.
CAPITULO IV
Garantías públicas de orden
y de progresos
Art. 24. Todo argentino es
soldado de la guardia nacional. Son exceptuados
por treinta años los
argentinos por naturalización.
Art. 25. La fuerza anulada
no puede deliberar; su papel es completamente
pasivo.
Art. 26. Toda persona o
reunión de personas que asuma el título o
representación del pueblo,
se arrugue sus derechos o peticiones a su
nombre, comete sedición.
Art. 27. Toda autoridad
usurpada es ineficaz; sus actos son nulos. Toda
decisión acordada por
requisición directa o indirecta de un ejército o de
una reunión de pueblo, es
nula de derecho y carece de eficacia.
Art. 28. Declarado en
estado de sitio un lugar de la Confederación, queda
suspendido el imperio de la
Constitución dentro de su recinto. La
autoridad en tales casos ni
juzga, ni condena, ni aplica castigos por si
misma, y la suspensión de
la seguridad personal no le da más poder que el
de arrestar o trasladar las
personas a otro punto dentro de la
Confederación, cuando ellas
no prefieran salir fuera.
Art. 29. El Presidente, los
ministros y los miembros del Congreso pueden
ser acusados por haber
dejado sin ejecución las promesas de la
Constitución en el término
fijado por ella, por haber comprometido y
frustrado el progreso de la
República. Pueden serlo igualmente por los
crímenes de traición,
concesión, dilapidación y violación de la
Constitución y de las
leyes.
Art. 30. Deben prestar
caución juratoria, al tomar posesión de su puesto,
de que cumplirán lealmente
con la Constitución, ejecutando y haciendo
cumplir sus disposiciones a
la letra, y promoviendo la realización de sus
fines relativos a la
población, construcción de caminos y canales,
educación del pueblo y
demás reformas de progreso, contenidos en el
preámbulo de la
Constitución.
Art. 31. La Constitución
garantiza la reforma de las leyes civiles,
comerciales y
administrativas, sobre las bases declaradas en su derecho
público.
Art. 32. La Constitución
asegura en beneficio de todas las clases del
Estado la instrucción
gratuita, que será sostenida con fondos nacionales
destinados de un modo
irrevocable y especial a ese destino.
Art. 33. La inmigración no
podrá ser restringida, ni limitada de ningún
modo, en ninguna
circunstancia, ni por pretexto alguno.
Art. 34. La navegación de
los ríos interiores es libre para todas las
banderas.
Art. 35. Las relaciones de
la Confederación con las naciones extranjeras
respecto de comercio,
navegación y mutua frecuencia serán consignadas y
escritas en tratados, que
tendrán por bases las garantías constitucionales
deferidas a los
extranjeros. El Gobierno tiene el deber de promoverlos.
Art. 36. Las leyes
orgánicas que reglen el ejercicio de estas garantías de
orden y de progreso no
podrán disminuirlas ni desvirtuarlas por
excepciones.
Art. 37. La Constitución es
susceptible de reformarse en todas sus partes;
pero ninguna reforma se
admitirá en el espacio de diez años.
Art. 38. La necesidad de la
reforma se declara por el Congreso permanente,
pero sólo se efectúa por un Congreso o Convención convocado al
efecto.
Art. 39. Es ineficaz la
proposición de reforma que no es apoyada por dos
terceras partes del
Congreso, o por dos terceras partes de las
legislaturas provinciales.
SEGUNDA PARTE
Autoridades de la
Confederación
SECCION 1a.
AUTORIDADES GENERALES
CAPITULO I
Del Poder Legislativo
Art. 40. Un Congreso
federal compuesto de dos Cámaras, una de senadores de
las Provincias y otra de
diputados de la Nación, será investido del poder
legislativo de la
Confederación.
Art. 41. El orador es
inviolable, la tribuna es libre; ninguno de los
miembros del Congreso puede
ser acusado, interrogado judicialmente, ni
molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando
su mandato
de legislador.
Art. 42. Sólo pueden ser
arrestados por delitos contra la Constitución.
Art. 43. Sus servicios son
remunerados por el tesoro de la Confederación.
Art. 44. El Congreso se
reune indispensablemente en sesiones ordinarias
todos los años desde el 1
de agosto hasta el 31 de diciembre. Puede
también ser convocado
extraordinariamente por el Poder Ejecutivo federal.
Art. 45. Las Provincias
reglan por sus leyes respectivas el tiempo, lugar
y modo de proceder a la
elección de senadores y de representantes; pero el
Congreso puede expedir
leyes supremas que alteren el sistema locales.
Art. 46. Cada Cámara es
juez de las elecciones, derechos y títulos de sus
miembros en cuanto a su
validez.
Art. 47. Ellas hacen sus
reglamentos, compelen a sus miembros ausentes a
concurrir a las sesiones,
reprimen su inconducta con penas discrecionales,
y hasta pueden excluir un
miembro de su seno.
Art 48. Los eclesiásticos
regulares no pueden ser miembros del Congreso,
ni los gobernadores de
provincia por la de su mando.
Art. 49. En caso de
vacante, el gobierno de provincia hace proceder a la
elección legal de un nuevo
miembro.
Art. 50. Ninguna Cámara
entra en sesión sin la mayoría absoluta de sus
miembros.
Art. 51. Ambas Cámaras
empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente.
Del Senado de las
Provincias
Art. 52. El Senado
representa las Provincias en su soberanía respectiva.
Art. 53. Se compone de
catorce senadores elegidos por la legislatura de
cada provincia.
Art 54. Cada provincia
elige dos senadores, uno efectivo y otro suplente.
Art 55. Se renueva el
Senado por terceras partes cada dos años,
eligiéndose cuatro en el
tercer bienio.
Art. 56. Duran seis años en
el ejercicio de su mandato y son reelegibles
indefinidamente.
Art. 57. Son requisitos para
ser elegido senador: tener la edad de treinta
y cinco años, haber sido
cuatro años ciudadano de la Confederación,
disfrutar de una renta
anual de dos mil pesos fuertes, o de una entrada
equivalente.
Art. 58. El Senado juzga las
acusaciones entabladas por la Cámara de
Diputados. Ninguno es
declarado culpable, sino a mayoría de los dos
tercios de los miembros
presentes.
Art. 59. Su fallo no tiene
más efecto que la remoción del acusado. La
justicia ordinaria conoce
del resto.
Art. 60. Sólo el Senado
inicia las reformas de la Constitución.
Cámara de Diputados de la
Nación
Art. 61. La Cámara de
Diputados representa la Nación en globo y sus
miembros son elegidos por
el pueblo de las Provincias, que se consideran a
este fin como distritos
electorales de un solo Estado. Cada diputado
representa a la Nación, no
al pueblo que lo elige.
Art. 62. Para ser electo
diputado, se requiere haber cumplido la edad de
veinticinco años, tener dos
años de ciudadanía en ejercicio y el goce de
una renta o entrada anual
de mil pesos fuertes.
Art. 63. La Cámara de
Diputados elegirá en razón de uno por cada veinte
mil habitantes; pero
ninguna provincia dejará de tener un diputado a lo
menos.
Art. 65. A la Cámara de
Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa
de las leyes sobre
contribuciones y sobre reclutamiento de tropas.
Art. 66. Sólo ella ejerce
el derecho de acusación por causas políticas. La
ley regla el procedimiento
de estos juicios.
Atribuciones del Congreso
Art. 67. Corresponde al
Congreso, en el ramo de lo interior:
1. Reglar la administración
interior de la Confederación, expidiendo las
leyes necesarias para poner la Constitución en ejercicio.
2. Crear y suprimir
empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones,
decretar honores, conceder
amnistías generales.
3. Proveer lo conducente a
la prosperidad, defensa y seguridad del país,
al adelanto y bienestar de
todas las Provincias, estimulando el progreso
de la instrucción y de la
industria, de la inmigración, de la construcción
de ferrocarriles y canales
navegables, de la colonización de las tierras
desiertas y habitadas por indígenas, de la plantificación de
nuevas
industrias, de la
importación de capitales extranjeros, de la exploración
de los ríos navegables, por
leyes protectoras de esos fines y por
concesiones temporales de
privilegios y recompensas de estímulo.
4. Reglar la navegación y
el comercio interior.
Legislar en materia civil,
comercial y penal.
Admitir o desechar los
motivos de dimisión del Presidente, y declarar el
caso de proceder o no a
nueva elección; hacer el escrutinio y
rectificación de ella.
7. Dar facultades
especiales al Poder Ejecutivo para expedir reglamentos
con fuerza de ley, en los
casos exigidos por la Constitución.
Art. 68. El Congreso, en
materia de relaciones exteriores:
Provee lo conveniente a la
defensa y seguridad exterior del país.
Declara la guerra y hace la
paz.
Aprueba o desecha los
tratados concluidos con las naciones extranjeras.
Regla el comercio marítimo
y terrestre con las naciones extranjeras.
Art. 69. En el ramo de
rentas y de hacienda, el Congreso:
Aprueba y desecha la cuenta
de gastos de la administración de la
Confederación.
Fija anualmente el
presupuesto de esos gastos.
Impone y suprime
contribuciones, y regula su cobro y distribución.
Contrae deudas nacionales,
regla el pago de las existentes, designando
fondos al efecto, y decreta
empréstitos.
Habilita puertos mayores,
crea y suprime aduanas.
Hace sellar moneda, fija su
peso, ley, valor y tipo.
Fija la base de los pesos y
medidas para toda la Confederación
Dispone del uso y de la
venta de las tierras públicas o nacionales.
Art. 70. Son atribuciones
del Congreso en el ramo de guerra
1. Aprobar o desechar las
declaraciones de sitio, hechas durante su
receso.
2. Fijar cada año el número
de fuerzas de mar y tierra que han de
mantenerse en pie.
3. Aprobar o desechar la
declaración de guerra que hiciese el Poder
Ejecutivo.
4. Permitir la introducción
de tropas extranjeras en el territorio de la
Confederación y la salida
de las tropas nacionales fuera de él.
5. Declarar en estado de
sitio uno o varios puntos de la Confederación en
caso de conmoción interior.
Del modo de hacer las leyes
Art. 71. Las leyes pueden
ser proyectadas por cualquiera de los miembros
del Congreso o por el
Presidente de la Confederación en mensaje dirigido a
la legislatura.
Art. 72. Aprobado un
proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para
su discusión a la otra
Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo
de la Confederación para su
examen, y si también obtiene su aprobación, la
sanciona como ley.
Art. 73. Se reputa aprobado
por el Presidente de la Confederación o por la
Cámara revisora todo
proyecto no devuelto en el término de quince días.
Art. 74. Todo proyecto
desechado totalmente por la Cámara revisora o por
el Presidente es diferido
para la sesión del año venidero.
Art. 75. Desechado en
parte, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su
origen, que lo discute de
nuevo; y si lo aprueba por mayoría de dos
tercios, pasa otra vez a la
Cámara en revisión. Si ambas lo aprueban por
igual mayoría, el proyecto
es ley, y pasa al Presidente para su
promulgación. Si las
Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto
queda para la sesión del
año venidero.
Art. 76. Ninguna discusión
del Congreso es ley sin la aprobación del
presidente. Sólo él
promulga las leyes. Toda determinación rechazada por
él necesita de la sanción
de los dos tercios de ambas Cámaras para que
pueda ejecutarse.
CAPITULO II
Del Poder Ejecutivo.
Art. 77. Un ciudadano con
el título de Presidente de la Confederación
Argentina desempeña el
Poder Ejecutivo del Estado.
Art. 78. Para ser elegido
Presidente, se requiere haber nacido en el
territorio argentino o ser
hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en
país extranjero, tener
treinta años de edad y las demás calidades
requeridas para ser electo
diputado.
Art. 79. El Presidente dura
en su empleo el término de seis años y no
puede ser reelecto sino con
intervalo de un períodos.
Art. 80. Su elección se
hace del siguiente modo: cada provincia nombra
según la ley de elecciones
populares cierto número de electores, igual al
número total de diputados y
senadores que envía al Congreso. No pueden ser
electores el diputado, el
senador, ni el empleado a sueldo que depende del
Presidente de la
Confederación.
Reunidos los electores en
sus provincias respectivas, el 1 de Agosto del
año en que concluye la
presidencia anterior, proceden a elegir Presidente
conforme a su ley de
elecciones provincial.
Se hacen dos listas de
todos los individuos electos y firmadas por los
electores, se remiten
cerradas y selladas, la una al Presidente de la
Legislatura provincial, en
cuyo registro permanece cerrada y secreta, y la
otra al Presidente del
Senado general de las Provincias.
Reunido el Congreso en la
sala del Senado, procede a la apertura de las
listas, hace el escrutinio
de los votos, y el que resultase tener mayor
número de sufragios es
proclamado Presidente. Resultando varios candidatos
con igual mayoría de votos,
o no habiendo mayoría absoluta, elegirá el
Congreso entre los tres que
hubiesen obtenido mayor número de sufragios.
En este caso, los votos
serán tomados por provincia, teniendo cada
provincia un voto; y sin la
mayoría presente de todas las Provincias no
será válida esta elección.
Art. 81. En caso de muerte,
dimisión o inhabilidad del Presidente de la
Confederación, será
reemplazado por el Presidente del Senado con el titulo
de Vicepresidente de la
Confederación, quien deberá expedir
inmediatamente, en los dos
primeros casos, las medidas conducentes a la
elección de nuevo
Presidente, en la forma que determina el artículo
anterior.
Art. 82. El Presidente
disfruta de un sueldo pagado por el tesoro de
la
Confederación, que no puede
ser alterado durante el periodo de su
gobierno.
Art. 83. El Presidente de
la Confederación cesa en el poder el mismo día
en que expira su periodo de
seis años, sin que evento alguno pueda ser
motivo de que se complete
más tarde; y le sucederá el candidato electo, o
el Presidente del Senado
interinamente, si hubiese impedimentos.
Art. 84. Al tomar posesión
de su cargo, el Presidente prestará juramento
en manos del Presidente del
Senado, estando reunido todo el Congreso, en
los términos siguientes:
"Yo N.N. juro que desempeñaré el cargo de
Presidente con lealtad y
buena fe; que mi política será ajustada a las
palabras y a las
intenciones de la Constitución; que protegeré los
intereses morales del país
por el mantenimiento de la religión del Estado
y la tolerancia de las
otras y fomentaré su progreso material estimulando
la inmigración,
emprendiendo vías de comunicación y protegiendo la
libertad del comercio, de
la industria y del trabajo. Si así no lo
hiciere, Dios y la
Confederación me lo demanden".
Art. 85. El Presidente de
la Confederación tiene las siguientes
"atribuciones":
En lo interior:
Es el jefe supremo de la
Confederación y tiene a su cargo la
administración y gobierno
general del país.
Expide los reglamentos e
instrucciones que son necesarios para la
ejecución de las leyes
generales de la Confederación, cuidando de no
alterar su espíritu por
excepciones reglamentarias.
Es el jefe inmediato y
local de la ciudad federal de su residencia.
Participa de la formación
de las leyes con arreglo a la Constitución, las
sanciona y promulga.
Nombra los magistrados de
los tribunales federales y militares de la
Confederación con acuerdo del Senado de las Provincias, o sin él,
hasta su
reunión, si está en receso.
Destituye a los empleados
de su creación, por justos motivos, con acuerdo
del Senado.
Concede indultos
particulares, en la misma forma.
Concede jubilaciones,
retiros, licencias y goce de montepios, conforme a
las leyes generales de la
Confederación.
Presenta para los
arzobispados, obispados, dignidades y prebendas de las
iglesias catedrales, a
propuesta en terna del Senado.
Ejerce los derechos del
patronato nacional respecto de las iglesias,
beneficios y personas
eclesiásticas del Estado.
Concede el pase o retiene
los decretos de los concilios, las bulas, breves
Prescripto del Pontifice de
Roma, con acuerdo del Senado; requiriéndose
una ley, cuando contienen
disposiciones generales y permanentes.
Nombra y remueve por si los
Ministros del despacho, los oficiales de sus
secretarias, los ministros
diplomáticos, los agentes y cónsules destinados
a países extranjeros.
Da cuenta periódicamente al
Congreso del estado de la Confederación,
prorroga sus sesiones
ordinarias, o lo convoca a sesiones extraordinarias,
cuando un grave interés de
orden o de progreso lo requieren.
Le recuerda anualmente en
sus memorias el estado de las reformas
prometidas por la
Constitución en el capitulo decía las garantías públicas
de progreso, y tiene a su
cargo especial el deber de proponerlas.
En el ramo de hacienda:
15. Es atribución del
Presidente hacer recaudar las rentas de la
Confederación, y decretar
su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto
de gastos nacionales.
En el ramo de relaciones
extranjeras:
16. El Presidente concluye
y firma tratados de paz, de comercio, de
navegación, de alianza y de
neutralidad, concordatos y otras negociaciones
requeridas por el
mantenimiento de buenas relaciones con las potencias
extranjeras; recibe sus
ministros y admite sus cónsules.
17. Inicia y promueve los
tratados con arreglo a lo prescripto por el art.
35 de la Constitución, y
sobre las bases del derecho público deferido a
los extranjeros en el cap.
III.
En asuntos de guerra:
18. Es Comandante en jefe
de las fuerzas de mar y tierra de la
Confederación.
19. Provee los empleos
militares de la Confederación: con acuerdo del
Senado de las Provincias en
la concesión de los empleos o grados de
oficiales superiores del
Ejército y Armada; y por sí sólo en el campo de
batalla.
20. Dispone de las fuerzas
militares, marítimas y terrestres, corre con su
organización y
distribución, según las necesidades del Estado.
21. Declara la guerra con
aprobación del Congreso, concede patentes de
corso y cartas de
represalia.
22. Declara en estado de
sitio uno o varios puntos de la Confederación en
caso de ataque exterior,
por un término limitado y con acuerdo del Senado
de las Provincias.
En caso de conmoción
interior, sólo tiene esa facultad cuando el Congreso
está en receso, porque es
atribución que corresponde a este cuerpo.
El Presidente la ejerce con
las limitaciones previstas por el Art. 28 de
la Constitución.
Art. 86. El Presidente es
responsable, y puede ser acusado en el año
siguiente al periodo de su
mando, por todos los actos de su gobierno en
que haya infringido
intencionalmente la Constitución, o comprometido el
progreso del país,
retardando el aumento de la población, omitiendo la
construcción de vías,
embarazando la libertad de comercio o exponiendo la
tranquilidad del Estado. La
ley regla el procedimiento de estos juicios.
De los Ministros del Poder Ejecutivo
Art. 87. Puede ser nombrado
ministro el ciudadano que reúne las cualidades
requeridas para ser
diputado de la Confederación.
Art. 88. El ministro
refrenda y legaliza los actos del Presidente por
medio de su firma, sin cuyo
requisito carecen de eficacia; pero no ejerce
autoridad por sí solo.
Art. 89. El ministro es
responsable de los actos que legaliza; y
solidariamente de los que
acuerda con sus colegas.
Art. 90. Una ley determina
el número de ministros del Gobierno de la
Confederación, y señala los
ramos de sus despachos respectivos.
Art. 91. Los ministros
presentan anualmente al Congreso el presupuesto de
gastos de la Confederación
en sus departamentos respectivos y la cuenta de
la inversión dada a los
fondos votados el año precedente.
Art. 92. Los ministros
pueden ser acusados como cómplices de los actos
culpables del Presidente, y
como principales agentes, por los actos de su
despacho en que hubiesen
infringido la Constitución y las leyes, o
comprometido el progreso de
la población del país, la construcción de vías
de transporte, la libertad
de comercio y de navegación, la paz y la
seguridad del Estado.
Pueden serlo igualmente por los crímenes de traición
y concusión, y por haber
cooperado a que queden sin ejecución las reformas
de progreso prometidas y
garantidas por la Constitución.
CAPITULO III
Del Poder Judiciario
Art. 93. El Poder judiciario de la Confederación es ejercido por
una Corte
Suprema y por tribunales
inferiores creados por la ley de la
Confederación. En ningún
caso el Presidente de la República puede ejercer
funciones judiciales, avocarse
el conocimiento de causas pendientes o
restablecer las fenecidas.
Art. 94. Los jueces son
inamovibles y reciben sueldo de la Confederación.
Sólo pueden ser destituidos
por sentencia.
Art. 95. Son responsables
de los actos de infidencia, corrupción o tiranía
en el ejercicio de sus
funciones, y pueden ser acusados.
Art. 96. Las leyes
determinan el modo de hacer efectiva esta
responsabilidad, el número
y cualidades de los miembros de los tribunales
federales, el valor de sus
sueldos, el lugar de su establecimiento, la
extensión de sus
atribuciones y la manera de proceder en sus juicios.
Art. 97. Corresponde a la
Corte Suprema y a los tribunales federales el
conocimiento y decisión de
las causas que versen sobre los hechos regidos
por la Constitución, por
las leyes generales del Estado y por los tratados
con las naciones
extranjeras; de las causas pertenecientes a embajadores,
o a otros agentes,
ministros y cónsules de países extranjeros residentes
en la Confederación, y de
la Confederación residentes en países
extranjeros; de las causas
del Almirantazgo o de la jurisdicción marítima.
Art. 98. Conocen igualmente
de las causas ocurridas entre dos o más
provincias; entre una
provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos
de diferentes provincias;
entre una provincia y sus propios vecinos; entre
una provincia y un Estado o
un ciudadano extranjero.
SECCION 2a
AUTORIDADES O GOBIERNOS DE
PROVINCIA
Art. 99. Las Provincias
conservan todo el poder que no delegan
expresamente a la
Confederación.
Art. 100. Se dan sus
propias instituciones locales y se rigen por ellas.
Art. 101. Eligen sus
gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios
de provincia, sin
intervención del gobierno general.
Art. 102. Cada provincia
hace su Constitución; pero no puede alterar en
ella los principios
fundamentales de la Constitución general del Estado.
Art. 103. A este fin, el
Congreso examina toda Constitución provincial
antes de ponerse en
ejecución.
Art. 104. Las Provincias
pueden celebrar tratados parciales para fines de
administración, de
justicia, de intereses económicos y trabajos de
utilidad común, con
aprobación del Congreso general.
Art. 105. Las Provincias no
ejercen el poder que delegan a la
Confederación. No pueden
celebrar tratados parciales de carácter político;
no pueden expedir leyes
sobre comercio o navegación interior 0 exterior,
que afecten a las otras
Provincias; ni establecer aduanas provinciales; ni
contraer deudas gravando
sus rentas o bienes públicos, sin acuerdo del
Congreso federal; ni acuñar
moneda; ni legislar sobre peajes, caminos y
postas; ni establecer
derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra, ni
levantar ejércitos; nombrar
ni recibir agentes extranjeros.
Art. 106. Ninguna provincia
puede declarar, ni hacer la guerra a otra
provincia. Sus quejas deben
ser sometidas a la Corte Suprema y dirimidas
por ella. Sus hostilidades
de hecho son actos de guerra civil, calificados
de sedición o asonada, que
el Gobierno general debe sofocar y reprimir,
conforme a la ley.
Art. 107. Los gobernadores
de provincia y los funcionarios que dependen de
ellos son agentes naturales
del Gobierno general, para hacer cumplir la
Constitución y las leyes
generales de la Confederación.