Agrónomo
Oscar Guillermo Nava
LA
CADENA VICIOSA DEL RIESGO
[ 13-dic-01] - Es generalizada la idea de que
la actividad agropecuaria es
de alto riesgo, y ésta no es una percepción subjetiva.
A diferencia de otras actividades, en el agro
hay cuatro componentes del
riesgo en vez de dos. Al riesgo financiero y
al comercial, que también
poseen la industria y los servicios, deben
agregarse el climático y el
biológico que son inherentes al sector
agropecuario y frecuentemente de
naturaleza menos controlable. Esto genera
precauciones, a veces
excesivas y otras justificadas, por parte de
empresas y bancos
proveedores de insumos físicos y financieros
que atienden al sector, y
tiene una consecuencia última muy clara: la
restricción al desarrollo
productivo.
Por su parte, la banca
comercial exige mayores requisitos de
rentabilidad y garantías para disminuir la
incertidumbre en el recupero de
los créditos que otorga y se ha vuelto muy
cautelosa ante las
refinanciaciones que solicitan los clientes
morosos. Otro tanto ocurre
con los proveedores de insumos que operan con
su cartera de clientes
de acuerdo a los antecedentes de los mismos
referidos al cumplimiento
de los compromisos de pagos.
En este sentido, esos proveedores administran
sus riesgos
seleccionando a los productores que por su
tamaño, productividad y
tecnología tienen producción y costos acordes
con un perfil menos
incierto de los ingresos que obtienen. Por lo
tanto hay un buen número
de productores que no ingresan en el circuito
financiero y comercial o
que lo hacen en condiciones inadecuadas. Todo
estaría indicando que
los productores argentinos que tienen niveles
de eficiencia productiva
muy competitivos diluyen parte de esta
competitividad en levantar las
restricciones mencionadas y esto no es otra
cosa más que asumir
mayores costos.
Esta secuencia en cascada que genera el riesgo
climático y biológico
es la que justifica la gran preocupación de
los gobiernos de todo el
mundo por buscar mecanismos para que los
productores compartan sus
riesgos con terceros. Aquí es donde entran a
jugar las leyes de
emergencia, las empresas de seguros y los
reaseguros.
En este camino, uno de los emprendimientos más
importantes es tener
una correcta valorización del riesgo. Sólo con
esta información cada
actor puede definir cómo y en cuánto quiere
participar. Cuando esta
información falta o es deficitaria, además de
una tendencia natural a
sobredimensionar el riesgo, no quedan claros los
roles, las funciones y
las responsabilidades de cada interesado. Esto
es: de qué se debe
hacer cargo el productor, de qué el asegurador
y qué porción le compete
a los gobiernos provinciales y al gobierno
nacional. Así que el primer
desafío importante en el caso de la Argentina
es valorizar el riesgo,
dimensionarlo para cada cultivo, para cada
región y para cada fenómeno
climático.
El segundo paso es definir quién compra cada
porción de ese riesgo y a
qué costo. El tercer paso consiste en
establecer reglas claras para
compartir el riesgo, que deben ser elaboradas
con la responsabilidad de
generar alternativas viables que no quiebren
el delicado equilibrio de la
responsabilidad privada y pública. Actualmente
está vigente la Ley
22.913 de Emergencia Agropecuaria sancionada
en septiembre de 1983,
que reconoce en emergencia al productor cuando
su producción o
capacidad productiva está afectada en un 50% y
en desastre cuando el
grado de afectación es del 80%. El objetivo de
esta ley es concurrir a la
ayuda de los productores afectados por
contingencias naturales para
normalizar la producción y posibilitar la
recuperación económica de las
explotaciones. Con este
fin contempla la adopción de una serie de
medidas que, sintéticamente expuestas, son las
siguientes:
- área crediticia: refinanciación de las
obligaciones pendientes,
otorgamiento de créditos
a tasa de interés bonificadas al 25% para
emergencia y 50% para desastre a través de
bancos oficiales y
suspensión de juicios. La Ley aclara que esas
líneas se implementan a
través de redescuentos
especiales del Banco Central;
- área impositiva: faculta al Poder Ejecutivo
Nacional a eximir de
impuesto a las ganancias y a los activos, y a
prorrogar impuestos
nacionales;
- área transporte: establece un descuento de
un 25% en los fletes que
se realizan en transportes de empresas
estatales.
También prevé la asistencia para reparación y
construcción de obras
públicas afectadas por fenómenos naturales.
Obviamente en los
aspectos reglamentarios, a todas luces la
letra quedó desactualizada: el
Banco Central ya no tiene la facultad de
habilitar líneas de redescuento
y la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación asume
con su presupuesto el costo de la bonificación
de las tasas tanto de la
refinanciación como de
préstamos frescos. Este aspecto por sí solo
amerita una modificación de la reglamentación.
Pero lo más importante es que también quedó
desactualizada la filosofía
que anima la ley de
emergencia. Si bien el objetivo que se explicita es
lograr un productor recuperado después de una
adversidad, el beneficio
que otorga la ley es meramente una
postergación financiera con
disminución de costo, pero no resarce la
pérdida. En este sentido, es
aconsejable contemplar las restricciones que
tiene el presupuesto
nacional y los provinciales para sincerar qué
se puede cubrir y cuál es la
mejor asignación para ello o por el contrario
ajustar los objetivos para no
prometer lo imposible. Esta situación
visualizada a nivel nacional
también se registra en algunas provincias como
Buenos Aires y Santa Fe.
En la mayoría de los países que tienen un
sector agropecuario relevante,
las emergencias ocasionadas por fenómenos
impredecibles y
sistémicos tienen respuestas por parte de los
gobiernos que garantizan
en principio una indemnización básica en
función de las pérdidas reales,
y como complemento prevén otros beneficios que
pueden ser
refinanciaciones, subsidio de tasas de
créditos, o prórrogas de
impuestos, pero sólo como complemento.
La Organización Mundial del Comercio admite
una protección a las
rentas de los productores en emergencia; el
Acuerdo de la Ronda
Uruguay pone especial énfasis en garantizarla
y se inclina en que debe
existir una asistencia en el caso de
catástrofes. A tono con este
pronunciamiento la Unión Europea actúa en ese
sentido a través de
diferentes mecanismos de seguros de
catástrofes. Lo mismo hacen
EE.UU., Canadá y algunos países
latinoamericanos.
En la Argentina la recaudación de primas
agropecuarias es del orden de
$ 54 millones, correspondientes a
aproximadamente 675 millones de
pesos de monto asegurado, el cual no llega a
alcanzar el 6% del valor
de producción agrícola y representa cerca del
3% del valor de
producción agropecuario total.
En cambio, en EE.UU. la suma asegurada
representa el 19% del
producto bruto agropecuario, en Canadá el 21%
y en España el 27%,
cubriendo riesgos y montos más amplios que los
seguros en la
Argentina. Los países desarrollados con una
agricultura importante
utilizan mecanismos estabilizadores que
conllevan una elevada
intervención de los gobiernos, los que actúan
estrechamente
relacionados con el sector asegurador privado,
subsidiando fuertemente
el sistema. El espectro de cobertura es
amplio, apuntando a los
ingresos afectados por variaciones de precios
de los productos, al
recupero de las pérdidas de producción
ocasionadas por fenómenos
naturales y a la reconstitución de la
capacidad productiva. En síntesis,
estos países llevan adelante políticas para
cubrir márgenes brutos o
costos de inversión y garantizar el recupero
de los préstamos al sector.
En cambio en la Argentina el sistema de
emergencia agropecuaria y los
seguros privados no forman parte de un sistema
integrado. Los seguros
privados agropecuarios garantizan al
productor, en general, los costos
de inversión. En tanto la Ley de emergencia no
está garantizando ni
márgenes brutos, ni costos de inversión, ni es
garantía de préstamos,
entraría en el rango de aquellas leyes cuyos
beneficios no son
indemnizatorios. Esto constituye una de las
principales diferencias con
los países que tienen una producción
agropecuaria tan desarrollada
como la nuestra. Obviamente existen
explicaciones para el bajo nivel de
coberturas verificado en la
Argentina:
- la larga historia de inestabilidad económica
donde los efectos de los
seguros -que básicamente son una herramienta
financiera- se anulan
ante desmesuradas
fluctuaciones de las variables monetarias;
- el fluctuante peso de los costos de los
seguros y su impacto en los
resultados ante las fuertes variaciones de los
precios agropecuarios;
- el autoaseguramiento del
productor a través de la diversificación de su
producción o de aplicación de diferentes
tecnologías;
- la evaluación subjetiva del propio riesgo
que realiza intuitivamente el
productor y cómo evalúa, en términos de
beneficios, las coberturas que
le ofrecen.
Los sistemas integrales en distintos países
nacieron, en algunos casos,
basados en registros confiables y, en otros,
en base a simulaciones que
cubrían baches de información. En todos los
casos transitaron y
transitan caminos de prueba y error, por lo
tanto ninguno ha eludido los
ajustes
que significan cambios de leyes. Pero el rasgo común es que
para promoverlos se necesita una buena cuota
de seriedad, audacia y
mucho trabajo y consenso.
Autor
Ing. Agrónomo Oscar Guillermo Nava
IICA (instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura)
EL PRESENTE ARTICULO HA SIDO FACILITADO POR: E-CAMPO.COM