LA ECONOMÍA SOCIAL: AGENTE DE CAMBIO ESTRUCTUAL EN EL ÁMBITO RURALl

Resumen en español

Las economías rurales se enfrentan a la competitividad internacional con unas limitaciones medioambientales, formativas y de conectividad física y empresarial que recortan sus posibilidades de éxito. En este sentido, la Economía Social es uno de los principales agentes para lograr la transformación socioeconómica necesaria para competir en los mercados internacionales con el resto de territorios.

Palabras clave: Economía Social, Desarrollo Local, Cooperativismo

 

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente se han concebido las áreas rurales como territorios destinados a proporcionar productos agrícolas para los espacios urbanos y como garantes del equilibrio ambiental. Sin embargo, en las últimas décadas, la agricultura ha experimentado cambios trascendentales que han provocado alteraciones socio–económicas en el ámbito rural, lo que ha permitido cambiar la percepción sobre la forma de concebir el desarrollo económico en estas zonas. Los problemas a los que se enfrentan las áreas rurales vienen derivados, en general, de la propia crisis del sistema productivo agrario, que ha dejado de servir de apoyo central a los procesos de desarrollo industrial y urbano, ya que la economía rural ha ido abandonando su carácter monosectorial, basado en la agricultura y la artesanía, para diversificarse cada vez más, lo que provoca que los procesos de globalización económica le afecten de forma significativa, sometiéndola a profundos y, cada vez más, acelerados procesos de cambio –sobre todo desde la incorporación de España a la Comunidad Europea– que han generado desajustes productivos ocasionados por los procesos de reestructuración, no sólo en la agricultura, sino también en las incipientes industrias que han surgido en las áreas rurales, dedicadas a la fabricación de productos maduros, que se encuentran especialmente amenazadas por la división internacional del trabajo.

Las consecuencias de estos procesos han sido preocupantes: estructuras de producción escasamente adaptadas a la demanda global, lento crecimiento del empleo rural y paro más elevado, reducido crecimiento o incluso declive de la población, carencias persistentes en el desarrollo de los recursos humanos. Estos problemas han reclamado la atención de las instituciones desde todos los ámbitos, para corregir los desequilibrios productivos y garantizar la cohesión social y la sustentabilidad del desarrollo económico. Entre las opciones que habitualmente se han barajado está la potenciación del cooperativismo. Sin embargo, dentro de las entidades de economía social no sólo las sociedades cooperativas se pueden considerar elemento de transformación, sino que, también pueden desempeñar un papel relevante otras formas de economía social como las sociedades agrarias de transformación, sociedades laborales, asociaciones y fundaciones, por su capacidad para fomentar el cambio, generar empleo, engendrar actividad e, indudablemente, por las interacciones que se pueden derivar de la integración de estas organizaciones en redes nacionales e internacionales.

El objetivo de este artículo es presentar al conjunto de entidades de economía social como agentes de cambio y transformación socioeconómica en el medio rural. Para ello, hemos revisado la bibliografía específica en materia de economía social y desarrollo local y repasamos algunos de los casos que han logrado transformar la estructura productiva y reactivar económica, y con frecuencia, socialmente algunos de los municipios o comarcas andaluzas donde se asientan.

 

 

LA ECONOMÍA SOCIAL COMO AGENTE DEL DESARROLLO LOCAL

La transformación en que está inmersa, desde hace algunas décadas, la sociedad mundial ha ocasionado una reacción en cadena de procesos de cambio en las estructuras económicas, sociales e institucionales. Las manifestaciones más relevantes de ésta se reflejan en la globalización de la economía, a través de la cual están perdiendo peso los mercados regionales y nacionales en favor de los internacionales; el paro masivo y de larga duración, provocado principalmente por la incorporación intensiva de la tecnología a la empresa y la descualificación de los trabajadores; la proliferación de depresiones profundas en áreas de antigua industrialización; la desregulación de los mercados y la crisis del Estado del Bienestar, que han agudizado los problemas de marginación social (Tomás et al., 1998).

Las entidades de economía social han reaccionado con una evolución paralela a la mutación que ha sufrido la sociedad, los sistemas económicos y los institucionales, cubriendo carencias y/o deficiencias a las que el Estado no ha podido dar respuestas. Actualmente, estas organizaciones sorprenden, no sólo por su número y la rapidez con las que se crean, sino también por las áreas de actuación a las que consiguen llegar. Sin duda, hoy se puede indicar que estas entidades alcanzan a todas las actividades económicas, desempeñan labores sociales de las que difícilmente podrían responsabilizarse las diferentes administraciones y se pueden encontrar en cualquier pueblo, ciudad o aldea, ya que su ubicación geográfica sólo depende de la decisión de sus fundadores (Mozas, 1999a).

Además de lo expuesto anteriormente, la economía social ha demostrado ser decisiva en la generación de empleo estable (García, 1997), en el incremento del bienestar social y en el desarrollo local. En efecto, la capacidad de generación de actividad y empleo por parte de estas organizaciones, aun en épocas de crisis, es una realidad probada (Tomás et al., 1998), es decir, crea empleo a contracorriente y, por supuesto, también en etapas de reactivación económica, por lo que desde las diferentes administraciones públicas su promoción, impulso y apoyo deben considerarse como una prioridad (Mozas, 1999a). Incluso la Unión Europea las reconoce como entidades que crean más empleo estable que las de otras figuras jurídicas (García, 1997).

Por otra parte, estas entidades destacan igualmente por su contribución a la integración social, ayudando a los marginados, inmigrantes, desfavorecidos, enfermos o discapacitados a mejorar sus condiciones de vida, a acceder a un puesto de trabajo, a obtener unos servicios asistenciales mínimos, y en definitiva a sumarse a las filas de los "ciudadanos de primera". La labor de las entidades de economía social respecto la integración social no se reduce a lo anteriormente expuesto, sino que desempeñan una función aún más importante si cabe, de prevención, formación e información de los problemas que acechan a jóvenes, las enfermedades, la drogadicción, etc. Estas organizaciones están emergiendo con una fluidez asombrosa en todos los rincones de nuestra sociedad y tienen una característica que no debemos olvidar: estas entidades de economía social "solidaria no tienen a sus promotores como beneficiarios" (Vidal, 1996), sino que están abiertas a aquellas personas que precisen de sus servicios o atenciones, lo que demuestra, sobradamente, la capacidad de reacción de la sociedad misma en la resolución de sus problemas.

Si bien consideramos de especial relevancia la labor desempeñada por la economía social respecto al empleo y el bienestar, no menos importante es la función impulsora del desarrollo local –entendido como proceso no sólo de crecimiento sino también de transformación socioeconómica– que lleva a cabo. Indudablemente, estas entidades, a través de sus múltiples fórmulas organizativas se consideran una fuente inagotable con capacidad para crear un tejido empresarial en "... zonas rurales en despoblación donde lo que está en peligro no es sólo la posibilidad de muchas personas de vivir en su lugar de origen, sino también el abandono y degradación de espacios y de recursos de gran valor social y ecológico. Las cooperativas agro–turísticas–artesanales, el desarrollo comunitario de servicios colectivos y las asociaciones para la autoconstrucción y la generación de una oferta organizada de habitaciones y servicios de turismo rural, constituyen referentes importantes de las funciones que la economía social viene cumpliendo en áreas rurales donde existe un amplio campo de posibilidades de desarrollo" (Tomás et al., 1998).

 

 

LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DURADERO

El fomento de la actividad económica de las regiones o comunidades, mediante la creación de un tejido empresarial autóctono representa uno de los objetivos prioritarios de cualquier política de desarrollo rural. En este contexto, la economía social juega un papel clave que, previsiblemente, irá adquiriendo mayor relevancia durante los próximos años. Sin embargo, no debemos olvidar que a los espacios rurales se les viene exigiendo la necesidad de considerar los impactos ambientales de su actividad productiva más que en cualquier otro lugar y, como consecuencia, deben integrar las estrategias de conservación con las de desarrollo. Este esfuerzo exige introducir variables económicas, sociales y ambientales que sean compatibles. En este sentido, para definir estas actuaciones de desarrollo económico, podemos utilizar la definición de Valcárcel (1996), quien explica que el desarrollo de carácter local en el ámbito rural es un proceso localizado de cambio social y crecimiento económico sostenible, que tiene por finalidad el progreso permanente de la comunidad y de cada individuo integrado en ella. No obstante, a menudo se entiende que el adjetivo sostenible implica ciertas restricciones al concepto de desarrollo, lo que lleva a planteamientos prácticos que entran en colisión con los intereses de los pobladores del territorio que se quiere proteger. Con todo, los espacios rurales deben invertir esta percepción y activar las limitaciones: el objetivo de garantizar el equilibrio ambiental a largo plazo no puede ser un impedimento, sino una fuente de riqueza y empleo.

Consecuentemente, la necesidad de mantener la biodiversidad, no sólo debe asumirse por compromisos globales, sino antes bien porque de ella depende, en gran medida, una parte del empleo futuro de los habitantes de estos territorios, sobre todo en el escenario probable que se va a desenvolver en los próximos años la explotación agrícola. Por otro lado, la importancia estratégica que tienen los recursos naturales de los espacios rurales andaluces es suficiente para que, sin atenerse a rentabilidades económico–financieras a corto plazo, se destinen recursos que garanticen su supervivencia. No hay que olvidar que los bosques, reservas de agua, bellos rincones naturales y la diversidad de flora y fauna constituyen un patrimonio que hemos heredado de nuestros antepasados y que nuestros descendientes tienen derecho a admirar y disfrutar. Por esto, es necesario poner de manifiesto que, además del valor económico de los recursos rurales, existen también otros valores que debemos considerar, como son los valores de opción y legado. De hecho, las funciones que realizan estos recursos van más allá de la propia rentabilidad económica, ya que la neutralización de la contaminación por los árboles o los lugares de esparcimiento que ofrecen forman parte de una necesidad vital. Por ejemplo, al analizar el papel de la agricultura desde un punto de vista integral, es decir, no sólo su componente como producto agrario, sino también como parte del medio natural, es necesario plantearse la existencia de externalidades ambientales, escénicas y culturales de carácter positivo, que justificarían la subvención que recibe.

En cualquier caso, la consideración de estos factores hace que nos planteemos tener en cuenta la cuantificación, en la medida de lo posible, de los valores de no uso de los recursos naturales, cuando así lo aconsejen los riesgos de deterioro o desaparición que entrañen su explotación. En este sentido, es necesario hacer extensivo este planteamiento al patrimonio cultural, que además también puede suponer generación de riqueza y empleo a través de su explotación turística. Esta es, huelga decirlo, una de las razones económicas de la conservación del patrimonio rural, ya sea natural o cultural, ya que permitir que un recurso quede ocioso –masas forestales sin explotar, fauna sin cazar, edificios sin uso económico– no es sino, en estos casos, una forma de revalorizar los recursos disponibles, si es que su valor de no uso actual es inferior a su valor de opción como producto turístico o cultural. Aún más, el valor de opción turística futura no es la única rentabilidad que genera la no explotación inmediata de un recurso, se debe valorar también el incremento en la capacidad de cada territorio para atraer residentes de alto poder adquisitivo que consideren entre sus factores de localización la calidad ambiental y cultural de los espacios que piensan habitar, a lo que hay que añadir el valor de legado para las generaciones futuras, al que antes hemos hecho referencia, que, si bien es sumamente difícil de cuantificar, no cabe duda de que existe. Así las cosas, si se considerase que el valor de uso es superior al de opción pero inferior al de legado, sería conveniente evaluar el importe que estarían dispuestas a pagar las instituciones de los distintos ámbitos públicos y privados a los habitantes rurales, para garantizarles la equidad social, al negarles la eficiencia productiva en aras de mantener el equilibrio ambiental.

Sin embargo, la puesta en valor de los recursos ociosos de carácter endógeno –cualificación de la población, inversión empresarial del capital local, aprovechamiento más amplio de las hileras productivas locales, aprovechamiento de los recursos naturales como atracción de turistas y residentes– pueden contribuir a la obtención de rendimientos crecientes en la función de producción territorial (Romer, 1986, 1990 y 1994; Grossman et al., 1994), aprovechando economías de diversificación, lo que puede convertir el valor de opción en superior al de uso, de manera que sea eficiente económicamente garantizar el equilibrio ambiental y, a largo plazo, quede asegurada la equidad social por la autogeneración del ingreso suficiente para aumentar el nivel de empleo y, consecuentemente, el nivel de vida de la población, en un entorno natural y productivo integrado. En este último sentido, algunos estudios recientes (Vázquez et al., 1997) revelan que la calidad del entorno es uno de los factores emergentes que están empezando a considerar las empresas para sus futuras localizaciones, lo que contribuye de manera significativa a aumentar el valor de opción de los recursos naturales, ya que abre una vía de desarrollo exógeno que, aunque no sea la estrategia principal, no debe obviarse como potencialidad.

Para llevar a la práctica los planteamientos de desarrollo regional y local duradero, hay que tener en cuenta las especificidades de cada territorio, por lo que desde distintas instancias se aconseja un enfoque diferenciado para cada estrategia integral de desarrollo –IPTS, CE, OCDE–. Y es que las acciones que se pongan en marcha deben contar con el apoyo expreso o tácito de la sociedad local. Por esto, el proyecto de desarrollo debe llevarse a cabo de acuerdo con las organizaciones locales que correspondan, sobre todo son especialmente útiles las de economía social, implicándolas en las acciones que sea necesario llevar a cabo y participando en la negociación o diálogo con los centros de decisión sociales, económicos y políticos de los que dependan.

 

 

algunos referentes andaluces del desarrollo local a través de la economía social

Del conjunto de entidades de economía social se han señalado, casi con exclusividad, a las sociedades cooperativas como las entidades más competentes para abanderar, en el medio rural, las oportunidades de desarrollo. En ese sentido, Coque (1999) sugiere que las sociedades cooperativas se relacionan de una manera innegable con el desarrollo local. Así argumenta, son empresas surgidas a partir de colectivos de personas y capitales en cada zona, lo que las vincula al tejido local; que además de satisfacer las necesidades locales, promocionan a los agentes implicados –socios– y pueden extenderse mediante ramificaciones
–integración y creación de redes– desde los niveles locales a los regionales e internacionales.

Sin embargo, defendemos que, además de las sociedades cooperativas, se pueden considerar también otras entidades de economía social como transformadoras del entorno socioeconómico local. Así, tanto las sociedades agrarias de transformación, las sociedades laborales –anónimas y limitadas– y las sociedades cooperativas que tratan de maximizar el beneficio económico para sus socios, como aquellas entidades que aparecen sin buscar un fin de lucro, como las fundaciones, asociaciones y federaciones de asociaciones, pueden contribuir, igualmente, al desarrollo duradero de las localidades y regiones.

En general, todas las entidades de economía social se caracterizan por un funcionamiento peculiar, basado en la participación de la toma de decisiones de forma democrática. Esto conlleva que los socios que participan en la toma de decisiones fijen y controlen los objetivos con base en su condición de productores y/o consumidores (García–Gutiérrez, 1995). De este modo, como recoge Buendía (1999), las entidades de economía social se configuran como elementos de democratización económica y social, resultando este factor uno de los valores fundamentales del desarrollo local (Friedmann, 1992).

Si nos referimos a las sociedades cooperativas, la adecuación de éstas a los procesos de desarrollo rural se acentúa por el cumplimiento de dos principios específicos de este tipo de empresas: la intercooperación y el interés por la comunidad (Buendía, 1999). El principio de intercooperación, intenta fomentar acuerdos entre este colectivo de empresas para mejorar su desarrollo y los intereses de los socios, creando redes de empresas a nivel local, regional, nacional e internacional, mecanismo fundamental del desarrollo económico territorial en los nuevos procesos de crecimiento y cambio estructural (Vázquez, 1999). A través del segundo de los principios, "interés por la comunidad", las sociedades cooperativas, se conciben como verdaderas defensoras del desarrollo sostenible, pues cada economía local depende a largo plazo de que las actividades realizadas se puedan seguir explotando permanentemente, aunque bajo distintas condiciones tecnológicas y organizativas.

De otro lado, las entidades de economía social, con o sin fin de lucro, se constituyen allí donde existe una iniciativa o una convicción que reside en personas que son capaces de materializar su convencimiento en estas entidades. Por tanto, estas organizaciones se crean por un conjunto de emprendedores de un ámbito geográfico concreto, con el fin de mejorar su bienestar, actuando directamente sobre los factores que pueden afectarles, lo que deriva en una fuerte interrelación entre desarrollo, bienestar y defensa del territorio.

Entre los modelos de sociedades cooperativas que se pueden citar en el ámbito andaluz destacamos entre otras, COVAP, empresa que, con 7700 socios, se considera el auténtico revulsivo de la zona que se extiende por el valle de Alcudia, los Pedroches y el valle de la Serena. Otras experiencias cooperativas que sirven de ejemplo son las sociedades cooperativas dedicadas al cultivo y comercialización de productos agroalimentarios, en especial productos hortofrutícolas que han aparecido en la costa granadina, como La Palma, SCA y en la costa almeriense, como CASI SCA y VICASOL SCA. Son igualmente conocidas las sociedades cooperativas que en Huelva se dedican a la producción de la fresa y cítricos, como CORA SCA. Concretamente, en la provincia de Jaén, además de las múltiples sociedades cooperativas oleícolas que en muchos casos lideran la actividad económica de las localidades en las que se asientan, encontramos otros ejemplos de sociedades cooperativas como Mágina Hortofrutícola SCA, dedicada a la producción, transformación y comercialización de espárrago y pimiento del piquillo fundamentalmente. En este sentido, es de destacar que desde su constitución en 1992 y su puesta en funcionamiento en 1995 ha desarrollado, además de grandes beneficios, una importantísima labor social en la comarca. Otra experiencia parecida es la que protagoniza la sociedad cooperativa Horticamp en la localidad de Campillo del Río. Además de estas experiencias cooperativas, se pueden citar otras que están más vinculadas a la conservación y explotación de la naturaleza como aquéllas dedicadas a la reforestación en las sierras, al ofrecer servicios de hostelería en general en áreas rurales, servicios turísticos, camping, etc.

Sin embargo, además de este tipo de entidades generadoras de beneficio para los socios que las integran, se encuentran otras entidades sin fin de lucro que contribuyen al desarrollo local. Nos referimos a las asociaciones, federaciones de asociaciones y fundaciones encaminadas a mejorar la situación mediambiental, como las asociaciones ecologistas y forestales. Igualmente, estas organizaciones, que se generan en aras del desarrollo duradero de los territorios, tienen otros objetivos que contribuyen a la mejora de la competitividad local, como la búsqueda de la diversificación productiva equilibrada, entre las que destacan las asociaciones de desarrollo rural y de fomento de las actividades económicas de carácter endógeno. En todas las provincias andaluzas, según datos a diciembre de 1999 proporcionados por las Delegaciones de Gobierno de la Junta, el total de asociaciones dedicadas a actividades ecologistas y defensa del medio ambiente ascendía a 888. Además, a este número hay que sumarle aquéllas dedicadas al fomento del desarrollo de actividades, municipios, áreas rurales, etc. Sólo en las provincias de Jaén y Sevilla se han localizado a 135 asociaciones constituidas para estos fines. Las actuaciones de estas entidades sin fin de lucro exceden de su ámbito local/rural, ya que a través de las federaciones y confederaciones de asociaciones son capaces de generar redes de ámbito provincial, regional, nacional e internacional. En Andalucía, en relación a los dos tipos anteriores de asociaciones existen un total de 8 federaciones/confederaciones que las agrupan y coordinan su actuación.

Por otra parte, otras entidades sin fin de lucro son las fundaciones. Éstas se dedican a actividades diversas, como el desarrollo socieoconómico, defensa del medio ambiente, fomento de la economía, promoción del voluntariado, promoción cultural, asistencial, etc. A pesar de ello, el Centro de Fundaciones las clasifica en ocho grupos entre el que destaca en los últimos tiempos por su crecimiento el grupo de desarrollo comunitario, que engloba a algunos de los grupos citados anteriormente. En Andalucía, con fecha de octubre de 1999, existían un total de 18 fundaciones dedicadas al desarrollo comunitario, a las que habría que sumar algunas dedicadas, fundamentalmente, a la investigación con el fin de diseñar vías de actuación conjuntas para provocar el desarrollo de un pueblo, comarca, o provincia, como la Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Jaén.

 

 

CONCLUSIONES

Los espacios rurales son áreas de desarrollo integral. Hoy en día ya no es posible pensar en la actividad agraria tradicional como único mecanismo de crecimiento económico, sino que es necesario articular nuevas vías de desarrollo que tengan en cuenta todos los aspectos del entorno local. Para mantener los ingresos de las actividades a lo largo del tiempo se requiere compatibilizar los intereses económicos y los sociales, especialmente aquéllos que tienen que ver con la conservación del medio natural y el mantenimiento de la población. En este sentido, la economía social constituye un referente de cooperación y de interacción real entre los espacios rurales y las poblaciones autóctonas para activar los procesos de transformación socioeconómica de los territorios. En suma, defendemos que las características organizativas de las empresas de economía social, por su capacidad de creación y desarrollo de redes sociales y económicas en el propio territorio y con otros ámbitos, constituyen uno de los principales motores del potencial de desarrollo en los espacios rurales.

 

 

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Notas a pié

(1) La Economía Social ha sido definida por muchos investigadores. Entre ellos, Ballestero (1990) la delimita como el sector de empresas donde no hay una división especializada de las funciones entre el empresario y el trabajador. La responsabilidad e iniciativa empresarial, por un lado, y la ejecución de tareas, por otro, son asumidas por las mismas personas. En el mismo sentido, Barea et al. (1995) las define como aquellas entidades no pertenecientes al sector público que, con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de los beneficios, empleando los excedentes de las ganancias para el crecimiento de las entidades y la mejora de los servicios a los socios y a la sociedad. Luego, las empresas de Economía Social son entidades con estatutos jurídicos diversos, pero con características comunes: el funcionamiento democrático de su gestión y la subordinación del capital a las finalidades sociales. Entre otros investigadores que definen a la economía Social destacamos a Vara (1994), Pérez (1993), Arranz et al. (1996), García–Gutiérrez (1991), Barea (1991), Monzón (1994), Barrera (1994) y Vienney (1994).

(2) Para calcular el valor integral del sistema ambiental, algunos autores han elaborado métodos que consideran los distintos valores de uso, opción y legado, como por ejemplo el Valor Económico Total (Calatrava, 1997).

(3) Véase a modo de ejemplo (García Gutiérrez, 1999, Buendía, 1999; Coque, 1999 y Prevost, 1996).

(4) El principio de cooperación entre cooperativas dice: "Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales" (ACI, 1995, pp. 38 y 39).

(5) El principio de interés por la comunidad indica: "Al mismo tiempo que se centra en las necesidades y los deseos de los socios, las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades, según los criterios aprobados por los socios" (ACI, 1995, pp. 38 y 39).

(6) Los habitantes del pueblo (Bedmar) se veían obligados a emigrar a Navarra para la recolección de espárragos, pimientos del piquillo, alcachofas, etc. Para solucionar este grave problema surgió esta iniciativa, de forma que, en la actualidad, la cooperativa genera unos 35.000 jornales al año, evitando de esta forma, la emigración masiva y permitiendo que los habitantes obtengan e inviertan sus rentas en su pueblo natal.

(7) Para el resto de provincias andaluzas, las diferentes Delegaciones de Gobierno de la Junta nos proporcionaron datos de esas asociaciones agregados a asociaciones de otros fines, por lo que nos ha sido imposible cuantificar el número de estas entidades en Andalucía.

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