ANTOLOGÍA

"ENSAYO FILOSÓFICO SOBRE NUESTRA
REVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL"

Cunctas notiones et urbes, populus aut priores,
aut singulis regunt. Delecta ex his, et constituta
reipublicae forma, laudari facilius quam evenire.
Tacit., Ann., lib. IV.

El arreglo de los poderes públicos y la combinación de estos mismos en una constitución más o menos detallada, ha sido en todos tiempos el asunto más importante que ha fatigado el ingenio de los hombres. Hace más de dieciocho siglos que Tácito se ocupaba de esta materia y ya en su tiempo se sospechaba que la forma más perfecta de gobierno, sería aquella que reuniese la unidad, la popularidad y la aristocracia; aunque entonces se tenia casi por imposible este feliz resultado. La observación que con paso seguro aunque lento todo lo alcanza; la constancia que todo lo vence y el tiempo a quien nadie resiste, hicieron conocer a los hombres que esta feliz combinación, lejos de ser una quimera que deba relegarse a los países imaginarios, es una cosa muy posible y realizable; y que aquél famoso político de la antigüedad no se había engañado cuando presumió seria el invento más feliz que hubiese podido producir el ingenio de los hombres.

En efecto, el sistema representativo debido a una serie casi infinita de casualidades imprevistas, apareció ya casi en toda su perfección en las islas británicas a fines del siglo diecisiete y desde entonces ha desterrado de mucha y aun acaso de la mayor parte del mundo civilizado, las antiguas clasificaciones y formas de gobierno, fundiéndolas todas, por decirlo así, en una tercera, que libre de los inconvenientes a que estaba sujeta cada una de ellas, reunió todas sus ventajas. Cuando estas ideas se hicieron populares en el continente de Europa por la revolución francesa, las voces de aristocracia, democracia y monarquía perdieron toda su fuerza; nadie se fatigó en sostenerlas ni atacarlas; los gobiernos se clasificaron en absolutos y representativos y sólo se peleó ya por erigir los segundos sobre las ruinas de los primeros. Que el mundo haya adelantado hasta un grado que no parece concebible con esta clase de gobiernos, sólo podrá dudarlo quien se halle muy poco versado en la historia de los tiempos que precedieron a su establecimiento. Esta es ya una verdad que ha pasado a ser axioma entre los filósofos y políticos y no entra en nuestro plan el demostrarla. Baste decir, que si las naciones que han pretendido adoptar este sistema no han reportado desde luego todos los saludables efectos que eran de esperarse, esto no ha dependido del sistema mismo, sino de las alteraciones substanciales que en él se han hecho por el prurito de mejorarla.

Francia fue la primera que dio este paso indiscreto y los resultados fueron lo que deberían temerse: el trastorno de todo el orden social y la más furibunda y sanguinaria anarquía. Los desengaños que esto produjo la hicieron retroceder sucesiva y gradualmente hasta fijarse en las verdaderas bases del sistema y ahora camina a pasos agigantados, avanzándose rápidamente en la carrera hasta hoy indefinida de la grandeza y prosperidad social. España, que jamás ha hecho otra cosa que imitar en todo a Francia, a pesar de los desengaños que la revolución debía producir en ella, adoptó todos sus principios antisociales, copiando casi a la letra la Constitución de la Asamblea Constituyente y empeorándola en todo aquello que las Cortes pusieron de suyo. Sucedió lo que debía suceder y estaba en la naturaleza de las cosas; en las dos distintas épocas que se ha intentado hacer ley fundamental este código imperfectísimo, la anarquía más desenfrenada ha hostigado de tal manera a los pueblos, que se han arrojado como por un impulso maquinal en los brazos del más absoluto despotismo.

Por desgracia de las antiguas colonias de América, su revolución de Independencia coincidió con el reinado de la Constitución en la metrópoli y como era consiguiente, imitaron los errores de sus padres por más que detestasen su dominio. Diez años han pasado en las que menos, y veinte en las que más, que se hallan en revolución constitucional todas las nuevas Repúblicas de América. Ninguna ha podido establecer un gobierno sólido; hacen hoy una Constitución para que muera mañana y sea reemplazada por otra tercera y ésta desaparece como un fantasma que apenas se ha dejado ver; se han reconocido y ensayado todas las combinaciones conocidas de los poderes públicos; se han imaginado y procurado realizar muchas nuevas, exóticas y extravagantes; todas han dado el mismo resultado, despotismo y anarquía. ¿En qué pues consiste esto? ¿Y cuál es el origen de la inestabilidad e insubsistencia de los gobiernos creados y sistemas recientemente establecidos en las nuevas repúblicas? La respuesta es demasiado fácil: en que no han adoptado del sistema representativo otra cosa que sus formas y su aparato exterior; en que han pretendido combinar y unir estrechamente las leyes y hábitos despóticos y mezquinos del viejo absolutismo con los principios de un sistema que todo debe ser libertad y franqueza; en una palabra, consiste en que abandonando los principios acreditados por la razón y la experiencia, han querido ser inventores, amalgamar cosas que dicen entre si una mutua oposición y son por su naturaleza discordantes.

No es de nuestro propósito el tejer la historia de los desaciertos en que han incurrido los pueblos de la lengua castellana que han pretendido constituirse republicanamente en América; nuestras reflexiones serán contraidas a México, de cuya revolución constitucional tenemos algún conocimiento, por haber tenido en ella una parte muy activa y haber estado en muchos de sus secretos. En honor de la verdad, es preciso confesar que México ha marchado con más regularidad y constancia en la carrera constitucional que una vez emprendió; y desde luego ha tenido la imponderable ventaja de que jamás se ha pensado seriamente en un cambio de sistema de gobierno. Decimos seriamente, para no excluir algunos proyectos de patriotas exaltados, bisoños y poco reflexivos, que con el mayor candor se persuaden ser esto cosa muy fácil y aun lo anuncian por escrito; pero el proyecto es tan irrealizable que no merece la pena de ocuparnos. México, pues, que ha contado con la estabilidad de sus instituciones, ha adoptado muy pocos principios del sistema representativo y aun en ellos no ha sido siempre constante.

Los autores políticos de más crédito y las instituciones públicas de los pueblos regidos por el sistema representativo, abrazan bajo este nombre la limitación del poder público y su distribución en los tres principales ramos, las elecciones periódicas y populares, la libertad de opiniones, la de la imprenta y la de la industria, la inviolabilidad de las propiedades, el derecho de acordar las contribuciones por los representantes de la Nación y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Ahora bien, ¿se podrá asegurar que en nuestra República se han adoptado estos principios y garantizado su efectivo cumplimiento por leyes que estén en consonancia con ellos? ¿0 serán acaso entre nosotros sólo nombres vanos destituidos de sentido con que se ha pretendido alucinar al público? En lo general no podemos dejar de reconocer que así ha sido y pasamos a demostrarlo.

Desde luego se advierte entre nuestros conciudadanos un error bien común e igualmente perjudicial sobre la naturaleza y extensión de la soberanía. La idea que hasta aquí se ha tenido del poder supremo, es la del absolutismo, es decir, el derecho de hacer todo lo que se quisiere; y nosotros al variar de gobierno y hacernos independientes, no hemos hecho otra cosa que trasladar este poder formidable de uno a muchos, o lo que es lo mismo, del rey a los Congresos. Desde el año de 1823 se está ejerciendo este despotismo, así en el Gobierno general como en el de los Estados con el nombre de facultades extraordinarias, de un modo más o menos duro, según el carácter de las revoluciones que se han sucedido y el temple de los que las regenteaban. A pesar de haberse reprobado repetidas veces en el Congreso general constituyente el artículo que la comisión proponía para que se pudiese por facultad del Congreso el concederlas extraordinarias al Gobierno; a pesar de haberse tenido presente para desecharlo, que esto sería entronizar el absolutismo y destruir con una mano la Constitución que con la otra se edificaba; este mismo Congreso al cerrar sus sesiones, invistió al Gobierno de aquellas mismas facultades extraordinarias bajo cuyo yugo había estado la Nación por dos años y apenas habían cesado por la reciente publicación de la ley fundamental. Desde entonces el Gobierno las ha reclamado constantemente como una prenda de seguridad y aunque se ha logrado arrancarlos algunas veces de sus manos, ha sido para volver a ellas dentro de muy poco tiempo.

En las más de las Constituciones de los Estados se ha puesto por facultad de los Congresos el concederlas extraordinarias al Gobierno, y a ejemplo de los poderes supremos se han concedido de facto con muchísima frecuencia. Lo que ha resultado de esto bien claro y patente ha sido a la Nación toda; basta volver los ojos a los últimos meses que precedieron al pronunciamiento del Ejército de Reserva, para convencerse de los inmensos desórdenes que se cometieron por el Gobierno general y los de los Estados; se puede asegurar que no hubo propiedad ni persona segura y que los derechos más sagrados sufrieron frecuentemente los golpes más terribles de este absolutismo espantoso.

Que en todo nuestro período constitucional no haya existido entre nosotros la división de poderes, es igualmente una verdad demostrada. Si en las Constituciones se halla escrita, los Congresos se creen con facultades superiores a las mismas Constituciones; unas veces dictan leyes de proscripción, e imponen penas muy graves por sí y ante sí, en usurpación de las funciones judiciales; y otras por decretos contrarios al tenor y letra de la misma Constitución, autorizan las comisiones militares. De lo primero son ejemplo los decretos de estrañamiento y proscripción de los generales Iturbide, Bravo y Santa Ana, y los de estrañamiento de españoles; por ellos se han impuesto y llevado a efecto penas durísimas sin forma ni aparato de proceso y sin audiencia de los interesados en contravención de la ley fundamental, y avocándose el Cuerpo Legislativo las funciones judiciales; lo segundo está acreditado por ese bárbaro decreto de 27 de septiembre de 1823 contra ladrones y conspiradores, que para eterna ignominia de la República existe aún entre nosotros. Esta fue la poderosa arma que creada por un partido se convirtió contra él mismo, cuando se apoderó de ella su enemigo; de ella se valió el ministerio Pedraza para proscribir en el año de 27 a una multitud de inocentes, envolviéndolos en la causa seguida a los revolucionarios; y ella finalmente amenaza todavía a las libertades públicas mientras no quede derogada.

Si del absolutismo, que como hemos probado no ha podido salir todavía de nuestros hábitos e ideas, ni mucho menos del Gobierno, pasamos a las elecciones populares, ramo tan importante en el sistema representativo; hallaremos que, en lo general, ni éstas han sido conformes a las leyes que las sisteman, ni las leyes de la materia son las que convienen a la libertad pública. Nuestras elecciones desde sus primeros pasos han estado viciadas con notorias nulidades que han ido en progreso hasta hacerse muy notables, y llamar la atención del público, de un modo que ya ha sido necesario reclamarlas. Por sentado que jamas se ha verificado en ellas el número de los votos ni el nombre y circunstancias de las personas que los emitían, y de aquí ha resultado que votasen muchos excluidos por la ley y que lo hiciesen no una sino muchas veces; así han aparecido mayorias que en la realidad no existían y han entrado a funcionar a virtud de estas maniobras muchos que con nada menos contaban que con la voluntad de los pueblos. Al principio se hacían estas cosas con algún disimulo; más poco a poco se fue perdiendo el respeto al público y a las leyes, hasta venir a parar en fraudes no disimulados y manifiestas usurpaciones.

Que estos excesos hayan dependido de las leyes mismas, es una cosa muy clara; ellas han prodigado el derecho de ciudadanía con una profusión escandalosa, haciéndolo descender contra lo que han enseñado la razón y la experiencia, hasta las clases más ínfimas de la sociedad; así a fuerza de consultar a lo que se llama libertad, se ha venido a colocar el derecho más precioso y delicado en personas que por su pobreza, ignorancia y falta de independencia, ni conocen ni saben apreciar su importancia, convirtiéndose con suma facilidad en instrumentos ciegos de los que pretenden seducirlos y tienen intereses en abusar de su candor.

Además, no se ha tomado precaución alguna para que los colegios electorales no se sobrepongan a las leyes, ni sigan ejerciendo la autoridad omnipotente de que se han apoderado; lejos de eso se han sancionado todos sus procedimientos y este ha sido un nuevo motivo para que los continúen. De esta manera las juntas electorales han venido a convertirse en reuniones de facciosos, que han dado por el pie al sistema representativo, llevando violentamente al santuario de las leyes hombres sin misión, y cuyo menor defecto era el ser verdaderamente intrusos. Así ha pasado entre nosotros, desde el año de 1826, especialmente en casi todas las elecciones de ayuntamiento, Cuerpos Legislativos de los Estados, Gobernadores de los mismos, Cámaras de la Unión, Juntas Preparatorias y, hasta en la última elección de Presidente, se han violado, se han hollado y despreciado todas las leyes. Cada autoridad cuando le ha tocado obrar lo han hecho sin sujeción a regla alguna y aun contraviniendo a las que limitaban su acción; en una palabra, ha sido despótica en su esfera.

Otro principio capital del sistema representativo es la libertad absoluta de pensar y escribir. ¿Se puede asegurar que esta libertad bien garantizada basta por sí misma para hacer libre el sistema más despótico? y que sin ella todas las demás son y serán siempre ilusorias; y entre nosotros ¿ha tenido alguna garantía el pensamiento y la imprenta que es un modo de manifestarlo? Nada menos; siempre se ha hallado oprimido por las leyes, las preocupaciones y los partidos: no queremos ya hablar de la intolerancia religiosa que se ha procurado asegurar por las precauciones más calculadas y nos fijaremos por ahora en la política.

Entre nosotros ha habido doctrinas a las cuales no ha sido lícito tocar; por mucho tiempo se ha repetido, y aun se ha estado en el concepto de que era un crimen atacar lo que se llaman bases del sistema, manifestando los convenientes verdaderos o supuestos a que están sujetas; es verdad que jamás ha sido esto terminantemente prohibido por ley alguna, pero se ha hecho un delito de los ataques indirectos y bajo este nombre han sido comprendidas las simples e inocentes impugnaciones; díganlo si no esos fallos del jurado que tantas veces han declarado subversivo y sedicioso un escrito, sólo porque no era conforme a las ideas de los que eran llamados a fallar.

Las facciones y partidos han atacado también diversas veces y con el mayor furor la libertad del pensamiento; ellas han formado su símbolo político y han trazado un circulo alrededor de sus artículos, declarando guerra a muerte al que ha tenido la osadía de traspasarlo. Como entre nosotros han alternado los triunfos de los partidos sucediéndose sin intermisión, el vencedor ha impuesto casi siempre al vencido la obligación de respetar sus principios; muchas veces se ha hallado medio de hacer ilusorios estos preceptos, pero siempre se han corrido grandes riesgos y esto, si no ha destruido del todo la libertad del pensamiento, ha entorpecido su marcha.

Los resultados de semejantes violencias han sido los más funestos; jamás se ha podido formar la opinión pública, ni las leyes han sido efecto de esta opinión. Cuando la discusión no es enteramente libre, nadie se interesa en ella, ni existe un espíritu público verdadero; la propensión de presentar un proyecto útil, se apaga del todo cuando se teme fundadamente que se coloque en el número de los crímenes una proposición inocente y tal vez verdaderamente laudable y, ¿qué opinión puede ser aquella que se pretende formar, sin tener a la vista el pro y contra de la materia que se discute? Pero nuestros partidos lo que han intentado siempre, es sacar como por sorpresa las leyes que les acomoda, sin cuidarse para nada de la opinión del público, y llamar después sedicioso a cualquiera que se atreve a hacer reparos sobre ellas.

En todas las naciones en que es conocido el sistema representativo, el Cuerpo Legislativo y el Gobierno siguen muy de lejos a la opinión; es decir, no sancionan sino lo que se ha discutido primero por la imprenta y de palabra y adoptan la medida o el concepto que se ha fijado en el público; de aquí proviene que sus leyes sean entendidas por todos y tengan una base solidísima, pues cuentan tantos apoyos cuantos son los que se hallan convencidos de la necesidad de dictarlas. Si un proyecto es desechado en un año, se repite en el siguiente; y si es de una utilidad real, va continuamente ganando votos hasta llegar a ser ley.

La libertad de los negros, la emancipación de los católicos y la destrucción del sistema prohibitivo en Inglaterra, han sido todos triunfos de la opinión en este siglo y desechados no una sino muchas veces cuando estaban en clase de proyectos. Pero nosotros, que tenemos tino para errarlo todo, hemos procedido constantemente de un modo inverso; si se desecha por primera vez un proyecto en las Cámaras, todos los dan por perdido para siempre y nadie vuelve a acordarse de él; lejos de presentarlo al público para que se discuta libremente, lo escondemos de sus miradas, no se procura convencer de su oportunidad, conveniencia o justicia, sino a los que han de votarlo, y si esto no se consigue, se procura intimidarlos o comprometerlos para que lo hagan. De esta manera aunque las leyes sean justas, cosa que no siempre sucede, jamas son efecto de la opinión; los legisladores nunca la conocen y están siempre llenos de temores para adoptar ciertas medidas, por el riesgo de contrariarla. Trátense las materias con la debida libertad y anticipación en los escritos y discusiones públicas y entonces ni se perpetuarán los errores a pretexto de que se les teme, ni se harán leyes inoportunas y que choquen peligrosamente con las preocupaciones populares.

No nos han perjudicado menos ni son menos contrarias a los principios de una constitución verdaderamente libre, las ideas mezquinas que hemos recibido de nuestros padres sobre economía pública; hablamos del sistema prohibitivo, o lo que es lo mismo, de las trabas puestas a la industria de los particulares, bajo el pretexto de fomentar la prosperidad nacional. Sin la libertad de la industria, la creación de capitales es muy lenta y tardía; las facultades activas del hombre carecen de estímulo y ésto lejos de fomentar atrasa considerablemente a una Nación. Además, toda prohibición de comprar, vender o producir es un ataque formal al derecho de propiedad, es un privilegio exclusivo a favor de los productores, que siempre son los menos y contra los consumidores, que son los más. Estos ataques no son menos injustos y destructores por ser más paliados, ni nación alguna ha progresado, sino a proporción que se han disminuido las trabas que encadenaban la producción en sus tres ramos de agricultura, manufacturas y comercio. Nosotros, sin embargo, nos hemos empeñado en que hemos de adelantar a fuerza de prohibiciones y en este punto hemos retrogradado muchísimo; no hay año en que no se promueva sobre las ya existentes una nueva prohibición y de esta manera, sin conseguir llevarla a efecto, porque la razón y la experiencia han acreditado ser imposible, se destruyen algunos medios de subsistir, se desmoraliza la Nación por el tráfico fraudulento y clandestino y se aumentan las bancarrotas de los ciudadanos honrados, que por haber satisfecho fielmente derechos subidísimos, los artículos de su comercio no se hallan en estado de competir con los de su misma clase introducidos por alto.

Si de los ataques indirectos a la propiedad pasamos a los directos, no podremos menos de asombrarnos al ver que en la última mitad del año próximamente anterior, después de un período tan dilatado de Constitución, se volviese a los préstamos forzosos, se amenazase con penas muy graves a los ciudadanos que se negaban a franquear las cantidades pedidas y se procediese como en tiempo de los últimos virreyes. México y la República entera han visto los inmensos atentados que sobre este punto ha habido, cometidos impunemente por el Ministerio y más que todo por los gobernadores de los Estados investidos de facultades extraordinarias; las personas en éstos han sido atropelladas de mil maneras, sus bienes secuestrados y hasta los aperos de labranza han sido ocupados y vendidos en hasta pública, sin respetar las autoridades constitucionales, lo que siempre fue respetado por el gobierno absoluto de los virreyes.

Pero el origen más fecundo de nuestros males en todo el período que ha transcurrido de la Independencia acá, ha consistido en la administración de la hacienda pública, especialmente en el Gobierno general. Este punto importantísimo merece ocuparnos más detenidamente y por ahora sólo haremos mérito de algunos vicios muy notables que sobre esto advertimos. El primero y principal objeto de sistema representativo, es acordar las contribuciones por medio de los representantes de la Nación, y tomar cuenta de la inversión de los caudales públicos. Todo pueblo conservará su libertad mientras tenga en su poder los cordones de su bolsa. Esta expresión del célebre autor de las Cartas de un Colono de Pensilvania, se ha hecho un axioma de legislación constitucional en todos los pueblos libres. Nosotros, sin embargo, hemos visto este punto cardinal con el mayor abandono. Por las leyes vigentes y por la naturaleza misma del sistema se debe presentar el presupuesto anual que abrace todos los gastos nacionales y rendir la cuenta de inversión de caudales públicos en el año anterior. ¿Y se ha practicado así? Nada menos, ni era posible que se hiciese en el desorden sumo en que han estado las cosas; un solo año que fue el de 27, se acordó el presupuesto y se presentó un fárrago que se llamaba cuenta, contrario a lo establecido por las leyes en la substancia y en el modo. Ni cómo se ha de presentar una cuenta, cuando no existe tesorería general sino en el nombre, pues la que se llama tal, ni se carga, ni se data todos los productos de las rentas públicas.

De esto ha resultado que ni las Cámaras ni el publico han podido jamás enterarse del estado de la hacienda, que ésta se ha vuelto presa del que de ella ha querido apoderarse, que jamás se ha podido saber a punto fijo los medios de cubrir los empeños pecuniarios y que el agiotaje haya hecho tantos progresos en perjuicio de los intereses del erario.

Por otra parte, las Cámaras están acordando gastos todo el año, sin tomar una vez y en grande, en consideración el negociado de hacienda, y caminando siempre a ciegas en unas cosas, que siendo ya por sí mismas muy difíciles, se hacen más en un estado de desorden y confusión de muchos años atrás. De semejante estado se aprovechan, y con mucha ventaja, todos los que especulan sobre las rentas públicas; los que se malversan en ellas para efectuar y ocultar sus dilapidaciones y fraudes, conduciendo al erario más rico a la más grande miseria, desacreditando en sumo grado y reduciendo al estado más abatido la reputación de un República, tan bien sentada hace tres anos.

Uno de los pocos y eficaces medios que podrían haber evitado este desorden, es la responsabilidad llevada a debido efecto. ¿Mas ha existido entre nosotros aquella tenacidad y valentía tan necesaria en el caso? ¿Se ha procedido en este punto con la imparcialidad que es debida para no hacer sospechosa la acusación? Es necesario confesar que ha sido todo lo contrario; que la responsabilidad ha sido entre nosotros las más veces negocio de partido y de consiguiente ineficaz. El común de los hombres procura evitar el convertirse en instrumento de facciones, y así es que están prevenidos contra todo lo que aparece marcado con el sello odioso de la parcialidad. Aunque los Ministros hayan sido las más veces muy culpables, como no se les ha acusado porque lo son, sino por las ofensas hechas a la facción o al partido, la responsabilidad se ha hecho ilusoria y ha continuado la impunidad. Mas cualquiera que hay sido el motivo, es cierto que no la ha habido entre nosotros y que el general Pedraza ha infringido impunemente las leyes protectoras de la seguridad individual, y don José Ignacio Esteva y don Lorenzo Zavala han abusado de los caudales públicos convirtiéndolos en provecho propio.

Estas son, a nuestro juicio, las principales causas de los males de la República, enteramente extrañas al sistema federativo. Hemos procurado fijarlas con la mayor precisión y exactitud, para que acertando con el origen del mal, no se aplique por remedio lo que tal vez podrá agravarlo. Tener el aparato y formas exteriores de un Gobierno libre y constitucional sin la realidad de sus principios y garantías, es lo que nos ha perdido. Todavía no hemos hecho ensayo ninguno, ni de la federación, ni del sistema representativo, porque no hemos tenido lo uno ni lo otro; ¿cómo pues podremos asegurar que no nos conviene? ¡Mexicanos! El juicio y la cordura es lo que más importa en momentos de efervescencia; vosotros lo habéis mostrado muy grande en los últimos sucesos; mostradlo igualmente en las reformas saludables que deben preparar en los siglos venideros la felicidad de la Patria.

"Discurso sobre la necesidad de fijar el derecho
de ciudadanía en la República y hacerlo esencialmente
afecto a la propiedad"

Entre la democracia arreglada y la que no lo está,
hay la diferencia de que en la primera son todos
iguales sólo como miembros de la sociedad;
y en la segunda lo son también como magistrados,
como senadores, como jueces, como padres,
como maridos, como amos.

Montesquieu,
Espíritu de las Leyes, lib. 8, cap. 2.

La igualdad mal entendida ha sido siempre uno de los tropiezos más peligrosos para los pueblos inexpertos que por primera vez han adoptado los principios de un sistema libre y representativo. Alucinados con esta idea seductora y halagüeña, se han persuadido que para serlo todo, bastaba el título de hombre, sin otras disposiciones que las precisas para pertenecer a la especie humana; de esto ha resultado que todos y cada uno de los miembros del cuerpo social, cuando en él se han puesto en boga estas ideas, han aspirado a ocupar todos los puestos públicos, pretendiendo que se les hace un agravio en excluirlos por su falta de disposiciones y que éste no es más que un pretexto para crear una aristocracia ofensiva de la igualdad.

Con sólo volver los ojos y echar una ojeada rápida sobre los sucesos y períodos más notables de nuestra revolución, nos convenceremos de que esta decantada igualdad, entendida en todo el rigor de la letra, ha sido entre nosotros un semillero de errores y un manantial fecundísimo de desgracias. Por la igualdad, se han confundido el sabio con el ignorante, el juicioso y moderado con el inquieto y bullicioso, el honrado y virtuoso ciudadano con el díscolo y perverso; por la igualdad, han ocupado todos los puestos públicos una multitud de hombres sin educación ni principios, y cuyo menor defecto ha sido carecer de las disposiciones necesarias para desempeñarlos; últimamente, por la igualdad, se ha perdido el respeto a todas las autoridades, aun cuando funcionan de tales, haciéndose cada uno la obligación, no sólo de despreciarlas, sino también de hacerles insultos positivos ajenos hasta de la urbanidad y moderación.

El mayor de los males que en nuestra República ha causado esta peligrosa y funesta palabra, ha consistido en la escandalosa profusión con que se han prodigado los derechos políticos, haciéndolos extensivos y comunes hasta las últimas clases de la sociedad. Si se examina atentamente el origen de nuestras desgracias, se verá que todas ellas han dependido inmediatamente de la mala administración, y que ésta no ha tenido otro principio que las fatales elecciones en que han disfrutado de la voz activa y pasiva, o lo que es lo mismo, de los derechos políticos, personas que debían estar alejadas de ellos por su notoria incapacidad para desempeñar con acierto y pureza las funciones anexas a ellos. El Congreso general se descuidó en fijar las bases generales para ejercer en toda la República el precioso derecho de ciudadanía y los Estados, por conservar la igualdad, no acertaron con las que deberían ser; la falta de experiencia les hizo presumir bien de la multitud, y este favorable concepto nos perdió a todos. Para reedificar pues el edificio social, es necesario precaver los descuidos que entonces hubo y zanjar los cimientos que entonces faltaron; en una palabra, es necesario que el Congreso general fije las condiciones para ejercer el derecho de ciudadanía en toda la República y que por ellas queden excluidos de su ejercicio todos los que no pueden inspirar confianza ninguna, es decir, los no propietarios.

Que deba existir un derecho de ciudadanía de la República distinto del de los Estados, es una cosa muy clara; la ciudadanía, en general, no es otra cosa que el derecho de voz activa y pasiva y así como a cada Estado le toca designar las condiciones necesarias para que sus miembros hayan de disfrutar de ella, de la misma manera corresponde a la federación hacer se exijan las que se reputen convenientes para la ocupación de sus puestos y la elección de sus poderes. Para ser presidente o vicepresidente, diputado o senador al Congreso general, ministro de la Corte Suprema de Justicia, etc., etc., se exige por condición necesaria ser ciudadano en el ejercicio de los derechos de tal; ahora bien, ¿que ciudadanía es ésta, la de un Estado o de la República? Notoriamente la segunda, pues la de un Estado, por la naturaleza de la cosa, no puede tener efecto sino respecto de él y dentro del mismo; cualquier Estado, en cuanto a las disposiciones de su Gobierno interior, se tiene respecto de la República como una nación extranjera, entendiendo por estas disposiciones las que no se hayan reservado, o en lo sucesivo se reservaron por las reformas de Constitución los poderes generales. Ahora bien, así como la República no debe dejar a una nación extranjera fije las bases de su derecho de ciudadanía, de la misma manera tampoco lo debe dejar, ni hasta ahora ha querido dejarlo al cuidado de los Estados. Ni se diga que éstos, por la Constitución federal, deben fijar las condiciones de los electores y de consiguiente las de los ciudadanos de la República; la disposición constitucional es muy compatible con lo que proponemos, pues muy bien puede ser que las condiciones del derecho de ciudadano sean fijadas por los poderes generales y las de los electores por los de los Estados; la palabra elector y la palabra ciudadano no explican un mismo concepto ni significan lo mismo; así bien puede ser que se fijen distintas bases y que partan de diversas autoridades para el arreglo de cosas que tanto difieren entre sí.

Queda pues demostrado que los poderes de la federación pueden desde ahora arreglar el derecho de ciudadanía por una ley para toda la República, en todo aquello que diga relación a sus elecciones y al desempeño de los puestos y empleos que les son propios.

Con esto, sin embargo, se habría adelantado muy poco; este precioso derecho de cuyo arreglo depende la estabilidad de las instituciones libres de los pueblos, no puede ni debe quedar confiado, a lo menos en su totalidad, a las condiciones que para su ejercicio quieran exigir los Estados. Enhorabuena que estos exijan lo que estimen necesario para que los habitantes de su territorio sean y puedan llamarse ciudadanos de su Estado y puedan disfrutar en él de la voz activa y pasiva, pero nadie deberá ser ciudadano de ningún Estado sin serio previamente de la República; más claro, los habitantes de un Estado, para ser ciudadanos del mismo, deberán tener las condiciones que se hayan fijado para serlo de la República y además las que los poderes del Estado respectivo hayan exigido para los suyos.

Nuestra federación se ha hecho de un modo inverso a la de los Estados Unidos del Norte de nuestro continente; aquella partió de la circunferencia al centro; la nuestra del centro a la circunferencia; en aquella los Estados crearon al gobierno federal; en la nuestra el gobierno federal dio existencia política a los Estados; en el Norte, muchos Estados independientes se constituyeron en una sola Nación; en México, una Nación indivisa y única, se dividió en Estados independientes hasta cierto punto. Supuestos estos principios, ¿quién podrá dudar, que si en el Norte los Estados dieron la ley al Gobierno federal, en México el Gobierno federal debe dársela a los Estados? Ahora bien, ¿qué cosa más justa, oportuna y conveniente para la aplicación de este principio que los derechos de ciudadanía? Los miembros actuales de esta sociedad que se llama República Mexicana, primero han sido miembros de la Nación y pertenecido antes a ésta que a los Estados; ¿su ser político depende pues más bien de ésta que de aquéllos? ¿Y cuál es el ser político de un miembro del cuerpo social sino el derecho de ciudadanía? Luego es fuera de duda, que éste lo deben recibir, primero, del cuerpo entero de la sociedad, que de las fracciones erigidas posteriormente en Estados independientes. Luego si los Estados pueden exigir condiciones para que sus respectivos habitantes disfruten en su territorio de la voz activa y pasiva, éstas han de ser, supuestas ya las que los poderes supremos hayan fijado para el ejercicio del derecho de ciudadanía en toda la República, o, lo que es lo mismo, que el derecho de éstos debe presuponer al de aquélla y lejos de contrariarlo, debe subordinarse a él.

Pero se nos podrá decir: todos estos principios serían muy buenos cuando se estableció entre nosotros la federación, para que se hubiesen tomado estas medidas, mas no ahora que se han acordado las contrarias. ¿Y dónde están esos acuerdos contrarios a los principios enunciados? ¿qué artículo de la Constitución prohíbe a los poderes generales fijar las bases del derecho de ciudadanía en toda la República? Desafiamos a cualquiera a que nos lo enseñe bien seguros de que no lo encontrará; todo lo contrario, por el artículo 31 de esta ley fundamental, el Congreso de la Unión puede dictar todas las leyes y decretos que estime conducentes a mantener el orden público en lo interior de la federación; y ¿cuál es más necesaria al efecto, que la que arreglando de un golpe las elecciones va a cortar para siempre todos los motivos de disturbios y asonadas que periódicamente han desgarrado el seno de la República?

En efecto, la época de las elecciones ha sido siempre una calamidad pública para la Nación por el ningún arreglo del importante derecho de ciudadanía; si éste pues llega a conseguirse por una ley general, se habrá ocurrido a todo y dado cumplimiento al artículo citado. Ni se nos diga que en ese mismo artículo se previene que las leyes que a virtud del mismo se dicten, no sean entrometiéndose en la administración interior de los Estados, pues ya hemos probado no se halla en este caso el proyecto que proponemos; puesto que no hay disposición ninguna que designe esta facultad a los Estados y existen muchas que autorizan para ello a los poderes generales.

Sentados estos principios, debemos examinar qué otras condiciones sobre las ya fijadas por las leyes deberán exigirse para el ejercicio del derecho de ciudadanía y sin vacilar aseguramos desde luego que la propiedad; ésta sola suple los defectos de las demás que pudieran exigirse y la falta de ésta no puede ser compensada por ninguna de las otras. Para proceder con acierto y evitar cuestiones inútiles que provienen siempre de palabras indefinidas, debemos fijar lo que entendemos por esta palabra; propiedad a nuestro juicio no es otra cosa que la posesión de los bienes capaces de constituir por sí mismos una subsistencia desahogada e independiente; al que tiene estos medios de subsistir le llamamos propietario y de él decimos que debe ejercer exclusivamente los derechos políticos. Como los medios de subsistir pueden depender del dominio o usufructo de fincas o capitales, lo mismo que de la industria de cada uno, se ve bien claro que no tratamos de fijar exclusivamente en los dueños de tierras el derecho de ciudadanía, sino que antes al contrario, lo extendemos a todas las profesiones, puesto que en todas ellas sus productos pueden ser tales que lleguen a constituir una suerte independiente y una subsistencia cómoda y desahogada.

Desde luego es una presunción muy fundada en favor de la propiedad, que todas las naciones que la han puesto por base del derecho de ciudadanía hayan caminado pacífica y tranquilamente por la senda constitucional, cuando las que no la han exigido no les ha sido posible fijar una marcha regularizada, estable ni duradera. Para conocer la justicia de esta observación, basta volver la vista a todas las naciones de Europa y aun de América, Francia, Inglaterra, Polonia, Suecia, los ducados de Alemania Holanda, la Confederación Suiza y la de los Estados Unidos del norte de nuestro continente, que han hecho esencialmente afecto a la propiedad el derecho de ciudadanía, en lo general han caminado, desde que se dio este importante paso, sin trastornos ni vaivenes y sin grandes ni fuertes sacudimientos, por la senda constitucional, llegando a consolidar el sistema representativo de un modo sólido y duradero; cuando España, Portugal, Nápoles y todas las repúblicas nuevas de América, que adoptando los principios de la Constitución española extendiendo a los no propietarios el ejercicio de los derechos políticos, han caminado sin interrupción de una revolución en otra sin acertar a fijarse en nada, no obstante haber ensayado todas las combinaciones conocidas de los poderes públicos y haber procurado realizar muchas desconocidas, exóticas y sin ejemplo.

Pero entremos ya a examinar la cuestión en sí misma. A la Nación le conviene sobre todo, que los que la gobiernen e influyan en los negocios públicos, sean personas virtuosas, prudentes y de carácter pacífico y que sean excluidos de tan augustas funciones los ligeros, inquietos y revoltosos. ¿Cómo pues se evitará lo segundo y se conseguirá lo primero? Haciendo que sólo los propietarios disfruten de voz activa y pasiva; por el orden común sólo éstos tienen verdaderas virtudes cívicas; la beneficencia, el decoro en las personas y modales y el amor del bien público, son virtudes casi exclusivas de los propietarios. ¿Cómo ha de pensar en socorrer a sus semejantes ni en fomentar la ilustración y piedad pública, aquel a quien apenas basta el día para pensar en el modo de ocurrir a las necesidades más urgentes? ¿Ni qué amor al bien público ni al orden establecido será el de aquel que como el asno de Fedro nada tiene que sufrir porque éste sea perturbado? Seamos francos; la miseria y las escaseces fomentan y son una tentación muy fuerte para todos los vicios antisociales, tales como el robo, la falta de fe en las estipulaciones y promesas y sobre todo la propensión a alterar el orden público.

En los sistemas despóticos que comprimen todas las clases de la sociedad, no son temibles los que se hallan en estado tan infeliz; pero en los representativos, si las ínfimas clases disfrutan de la voz activa, tienen una arma muy poderosa para turbar la tranquilidad pública, en razón de sus escaseces están muy expuestos a consentir en la tentación de vender sus votos por puestos o dinero; pueden ser fácilmente engañados por su ignorancia y seducidos por su ninguna práctica en la táctica de elecciones. Otro riesgo mayor se corre con ellos y es el de que elijan personas ineptas para la administración, cosa por cierta muy factible; a esta clase de hombres es muy fácil hacerlos entrar en celos de los que, por la superioridad de sus luces o talentos, se han hecho notables en el público y acreedores a todas las consideraciones sociales. Una vez que esto haya sucedido, es evidente que las elecciones recaerán en personas de poco mérito, que por su ignorancia dictarán leyes absurdas y perjudiciales al bien público, al mismo tiempo que por su ningún interés en conservar el orden no se detendrán en acordar reformas precipitadas poniendo en peligro y haciendo odioso al sistema por la masa considerable de descontentos, que sus imprudencias han creado. Todo esto es en la suposición de que sus intenciones sean rectas, pues en la contraria, que no dejará de ser frecuente, los resultados serán infinitamente peores.

¿Y podrá temerse esto de los propietarios? Nada menos, el interés y el orden público están íntimamente enlazados con el suyo personal, así es que evitarán todo aquello que pueda turbarlo; lejos de alejar de la administración pública por celos y rivalidades ridículas a las personas capaces de encargarse de ella, se harán una obligación de colocarlas en estos puestos, a fin de que puedan dirigir con tino y acierto los negocios del Estado; como que las contribuciones han de recaer inmediatamente sobre ellos, no perdonarán diligencia para ahorrar gastos, tomar cuenta y sistemar la administración de la hacienda, evitando por precauciones y retrayendo por castigos, el absoluto abandono y las escandalosas dilapidaciones que entre nosotros ha habido; el cargo de representante de la Nación dejará de ser un objeto de especulación y de lucro, pues componiéndose de propietarios la representación nacional, deberán cesar las dietas, con lo que no sólo se ahorrará un ramo muy considerable de gastos, sino que también este cargo perderá el atractivo que tiene para los más, cesando o disminuyendo muy considerablemente los conatos y con ellos las intrigas y violencias que ahora se ponen en juego para obtenerlo; habiendo menos aspirantes a estos puestos cesará también la difamación pública tan contraria a la moral y a la decencia y con la que se procura alejar a los que son o se suponen competidores, consultándose de esta manera a la paz que debe reinar entre las familias y las personas que componen una misma sociedad; últimamente, así los que eligen como aquellos en quienes recaiga la elección, serán personas respetables por su condición y rango social, por una educación esmerada, o regular, que sólo se puede recibir en el seno de la abundancia, o de una suerte desahogada y por el concepto a que se hayan hecho acreedores en el público. Ni se nos diga que de esta manera quedan excluidas de influir en la administración pública personas de mucho mérito, cuando se llama a otras que han dado repetidas pruebas de su mala conducta e ineptitud, unos y otros serán excepciones de la regla general y las leyes se han de establecer no por las excepciones sino por la regla misma; habrá si se quiere propietarios ineptos y perversos, pero nadie se atreverá a decir que esto sea propio de la mayoría de su clase; lo mismo decimos de los proletarios, no faltarán algunos tal vez que tengan la capacidad necesaria para desempeñar los puestos públicos y sufragar para ellos; pero la generalidad siempre carecerá de estas prendas y las leyes no deben atenerse a lo que sucede por un fenómeno o caso raro, sino a lo que, siendo común y frecuente, está en la naturaleza de las cosas.

¿Mas cuál será la cuota de la propiedad que debe exigirse? ¿Ante quién y por qué medios deberá hacerse la prueba? ¿A quién deberá correrle? Estas son otras tantas cuestiones que debemos resolver. Como lo que se debe pretender es que los que influyan en la cosa pública tengan una subsistencia independiente y desahogada, y los medios de constituirse en este estado son comunes a todas las profesiones, ninguna de ellas debe ser excluida de nuestro proyecto, supuesto que como es claro todas pueden rendir los productos necesarios al efecto. Así pues, los dueños o usufructuarios de capitales o fincas, los empleados, los profesores de las artes o ciencias, los que tengan cualquier género de industria permitido por las leyes; si de su ocupación reportan la cuota de utilidades que se estime bastante, pueden y deben disfrutar del derecho de ciudadanía

La cuota debe ser diversa según sea de diversa naturaleza la propiedad que se disfruta; en la propiedad raíz se debe atender al capital, en lo demás a la renta. La razón de esta diferencia está en la naturaleza de las cosas; las fincas tienen un valor más fijo, al mismo tiempo que sus productos son más constantes y menos sujetos a las alteraciones considerables de valor que son tan frecuentes en los de la industria; por otra parte, la propiedad territorial así por la naturaleza de sus trabajos creadores de hábitos pacíficos, como por la dificultad de deshacerse de ella con ventaja, adhiere al dueño a su Patria con más fuerza y tenacidad y excluye la facilidad que tienen los que subsisten de la industria para salir de su país llevando su caudal en una cartera. Por estas consideraciones nos parece que a los propietarios territoriales bastará exigirles una finca del valor de seis mil pesos, atendiendo lo que es tan frecuente entre nosotros, de hacer que en la escritura de venta aparezca el valor mucho menos de lo que es, para el ahorro de la alcabala que debe regularse por el precio; así pues, una finca que suena vendida en seis mil pesos ha de valer por lo menos otro tanto y siendo así es ya bastante para el ejercicio del derecho de ciudadanía.

En cuanto a la renta, comprendiendo bajo este nombre los productos de la industria, profesión o capitales, nos parece que nadie puede tener un verdadero desahogo, y de consiguiente la necesaria independencia, si la que disfruta no llega por lo menos a mil pesos; tiéndase la vista por los habitantes de las grandes poblaciones y dígasenos francamente si se puede vivir en ellas disfrutando de algunas comodidades con menos de mil pesos anuales; nosotros estamos persuadidos que semejante cuota es la más moderada que se puede exigir en el estado actual de las cosas a los habitantes de las grandes poblaciones, en que las necesidades sociales son más que el duplo de las de los habitantes de la campaña; y esta misma razón nos obliga a proponer se exija de éstos una mitad menos de lo que para aquéllos se ha pedido en la propiedad territorial y en la renta.

Nada se habría conseguido con exigir la propiedad como condición indispensable para el derecho de ciudadanía, si no se procura alguna prueba que acredite respecto de los que deban ejercer este precioso derecho, hallarse en el caso de la ley; nuestros legisladores han conocido hace algún tiempo la necesidad de que ciertas funciones y cargos recaigan precisamente en propietarios y así lo han exigido para ser jurado y miembro de la Milicia cívica; mas como no se ha reglamentado el modo de hacer constar esta condición, a lo menos de una manera que si no precave del todo aleje mucho los fraudes, no se han reportado todos los buenos resultados que deberían esperarse de tan sabias disposiciones.

A nuestro juicio, no es el Gobierno el que debe tener la obligación de inquirir cuáles son los propietarios, sino éstos los que deben probarlo ante la autoridad que se tenga por conveniente; semejante obligación es muy gravosa respecto de aquél y muy sencilla con relación a éstos, aquél con todos sus esfuerzos siempre la desempeñaría mal, éstos a muy poca costa pueden llenarla cumplidamente. Si al Gobierno o a cualquier funcionario se le invistiese con una autoridad semejante, se le daría un motivo o pretexto para que se ingiriese en el sagrado de las fortunas de los ciudadanos y les causase mil vejaciones, cosa que debe evitarse en toda sociedad, especialmente si se ha adoptado un sistema libre. Estas consideraciones nos persuaden deben imponerse a los particulares la obligación de probar.

Esta prueba debe calificarla el juez de distrito de la federación, recibiéndola los alcaldes de las municipalidades respectivas; la formación de instrumentos que acrediten tal o cual hecho, es un acto por su naturaleza judicial; mas como no hay jueces que puedan desempeñar el de que tratamos por ser casi simultáneo en todos los pueblos de la República y los alcaldes estén en posesión de formarlos, parece muy conforme a razón valerse de ellos para esto, aunque sujetándolos a la calificación del juez de distrito, quien, como funcionario de la federación, debe encargarse de un acto por el cual deben constar los que son sus ciudadanos, formar las listas que resultan de semejantes instrumentos, remitirlas al Gobierno general y al de los Estados y oír en primera instancia las demandas que sobre esto puedan entablarse.

Estas informaciones de prueba y estas listas, deben darse y formarse a lo menos cada dos años en los meses de marzo y abril, pues este período, además de ser el constitucional para la renovación de las Cámaras, es más que bastante para que muchos hayan perdido y otros adquirido de nuevo las condiciones a que está legalmente afecto el derecho de ciudadanía, todo lo cual se conseguirá extendiéndose y calificándose la información en marzo y abril; así habrá tiempo para oír en mayo y junio las demandas que estos instrumentos provoquen y formar, remitir y publicar las listas en julio, para que de esta manera en agosto se halle todo concluido, en términos de que pueda procederse a las elecciones.

En cuanto a los medios de prueba, ellos deben ser los comunes y ordinarios, excluyendo sólo la de testigos; si ésta se admitiera, estamos seguros de que aparecerían propietarios que nada tienen y, de este modo, nada se habría conseguido; las cosas permanecerían en el estado de desorden en que por desgracia se hallan y se trata de precaver. Excluido pues este medio de prueba por su inconducencia, debemos indicar los otros, aunque sea muy ligeramente. Las escrituras de venta y las de imposición de los capitales, con la certificación de hallarse los réditos en corriente y disfrutarlos el interesado, serán bastantes a acreditar la propiedad raíz o el usufructo de los capitales impuestos; la cuota de sueldos podrá hacerse constar por los certificados de las tesorerías, oficinas o personas que verifican los respectivos pagos; todo esto es llano y sencillo y no ofrece dificultad; mas no sucede así con los productos de la industria: los comerciantes podrán acreditarlos con los libros de asiento que deben llevar conforme a la ordenanza de Bilbao; éstos son bastante constancia de sus pérdidas y utilidades; pero, para las otras profesiones, es necesario apelar a los gastos públicos y conocidos que tienen los que pertenecen a ellas, a fin de deducir por sus rentas; sin duda que este medio es algo falible y no deja de estar sujeto a inconvenientes; mas en absoluta falta de otros, es necesario hacer uso de él.

Entre los gastos públicos que puede hacer una persona, ninguno está más a la vista, ni es más seguro, constante y conocido que el de la casa que habita. Según el cálculo más aproximado, el gasto de la casa es sobre poco más o menos la octava parte del total de los de una persona; con multiplicar pues por ocho el valor del arrendamiento, se sabrá con bastante aproximación lo que consume anualmente y de consiguiente lo que gana, y una vez obtenido este resultado, es fácil conocer si los productos de su industria constituyen la renta anual exigida. Un fraude puede caber en esto y es que al tiempo de darse la información se tome para pocos días una casa que sirva para el intento; mas se podrá fácilmente evitar si se previene que la finca deberá haberse ocupado a lo menos por una año, pues sólo de este modo podrá probar la renta anual.

Contra las indicaciones que hemos hecho, sólo se puede proponer una objeción, que tiene más de especiosa que de sólida; a saber, que una ley acordada conforme a los puntos indicados, sería una verdadera adición a la Constitución general, pues exige para ser Diputado o Senador calidades que no están prescritas en ella. A esto se pueden contestar varias cosas: la misma Constitución exige, para el desempeño de semejantes cargos, el ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos y no prohíbe a los poderes generales el fijar las condiciones de este derecho por una ley secundaria, como lo es la que ahora promovemos. Además, para que una medida legislativa se estime adición constitucional, no basta que se extiendan y expliquen los puntos que se han fijado en esta ley fundamental; de lo contrario no podría haber leyes secundarias que reglamentaran los principios de la Constitución; lo que se requiere, pues, es que se incluya en el texto de este Código y se le dé el mismo carácter de estabilidad que al resto de sus artículos; esto es lo que caracteriza las adiciones constitucionales; los demás acuerdos que no contrarían su letra, aunque induzcan nuevas obligaciones y fijen nuevos conceptos sobre los cuales no ha recaído resolución y quedaron indecisos, no merecen otro nombre que el de leyes secundarias, que puede acordar el Congreso general en todo tiempo.

Como ciudadanos amantes de la Patria e interesados en sus progresos, presentamos al público, a la consideración de las Cámaras y de los Estados, nuestras reflexiones sobre tan importante materia; ellas son el fruto de muchos años de reflexión y de las lecciones amargas pero saludables de la experiencia; estamos persuadidos de que la opinión y deseos públicos se han explicado ya bastante sobre la necesidad del importante arreglo del derecho de ciudadanía, haciéndolo esencialmente afecto a la propiedad; léanse con atención los periódicos que merecen el nombre de tales, de todos los partidos, y se verá desde el año próximo pasado con mucha anticipación al pronunciamiento de Jalapa, el clamor uniforme para que así se haga y el íntimo convencimiento de no poderse obtener por otros medios el arreglo de las elecciones.

Hemos creído de nuestro deber presentar las dificultades que podrían pulsarse, e indicar el modo de salvarlas; nos lisonjeamos de que nuestras reflexiones, aunque imperfectas, no dejarán de esparcir luces sobre materia tan obscura y llamar la atención del público, que, fijando su discusión sobre ella, perfeccionará y adelantará nuestros trabajos. Para mayor claridad, y presentar bajo un solo golpe de vista todas las ideas expuestas, será muy del caso reducirlas a sencillas proposiciones, que segregadas de las razones en que se apoyan, den lugar al análisis en el siguiente proyecto de ley.

• 1° La voz activa y pasiva pertenece exclusivamente a los ciudadanos.
• 2° Ninguno podrá ser ciudadano de los Estados sin serio previamente de la República.
• 3° Es ciudadano de la República el nacido o naturalizado en ella, mayor de veinticinco años, que tiene una de las condiciones siguientes: Propiedad raíz, cuyo valor no baje de seis mil pesos. Renta corriente que llegue a mil.

Las cuotas que se exigen en el artículo anterior deberán reducirse a la mitad, respecto de los habitantes de la campaña y de las poblaciones que tengan menos de diez mil almas.

• 4° Bajo el nombre general de renta, se comprenden los frutos de la industria, profesión o capitales.
• 5° Sólo se entiende que tienen todas o alguna de estas condiciones, los que lo hayan acreditado en los períodos y ante la autoridad que esta ley prescribe.
• 6° La propiedad raíz se acreditará por la escritura de venta, la mueble por información de testigos, la renta proveniente de capitales, por exhibir las escrituras de reconocimiento y certificación de estar los réditos en corriente, la de los empleos y profesiones por certificaciones de las tesorerías en que son pagados, la de industria por los libros de caja y, en su defecto, por la casa que se ocupa, entendiéndose que sólo podrá probar la cuota de renta que se exige en el artículo 3, si el valor de su arrendamiento pagado por un año fuere la octava parte de dicha cuota.
• 7° Los jueces del distrito, en el lugar de su residencia, recibirán cada dos años en los meses de abril y mayo, las informaciones que acrediten la ciudadanía de las personas existentes en él.
• Los alcaldes de los pueblos que no sean de la residencia del juez, recibirán la prueba y la remitirán al juez para su calificación.
• 8° En el mes de mayo se publicarán las listas de los que resultaren ciudadanos.
• 9°Hay acción popular, para reclamar la inclusión en las listas, de los que se hayan omitido, o la exclusión de los puestos indebidamente.
• 10° Esta acción fenecerá en todo el mes de junio siguiente.
• 11° Los jueces de distrito remitirán en todo julio listas de los ciudadanos de su territorio al supremo Gobierno y a los gobernadores de los Estados.
• 12° Ninguno que no esté incluido en estas listas, podrá votar ni ser votado para nada en toda la República, so pena de nulidad.
• 13° No será obstáculo para que continúen en sus puestos, por el tiempo que las leyes previenen, los que antes de esta ley hayan entrado a funcionar en ellos.
• 14° Las bases de esta ley se elevarán al rango de constitucionales a su tiempo y en la forma que previene la Constitución.

"Discurso sobre la libertad de pensar,
hablar y escribir"

Época extraordinariamente feliz en que es lícito
pensar como se quiera, y decir lo que se piensa.
Tácito, Hist. Lib. 1.

Si en los tiempos de Tácito era una felicidad rara la facultad de pensar como se quería y hablar como se pensaba, en los nuestros sería una desgracia suma, y un indicio poco favorable a nuestra nación e instituciones, si se tratase de poner límites a la libertad de pensar, hablar y escribir. Aquel escritor y sus conciudadanos se hallaban al fin bajo el régimen de un señor, cuando nosotros estamos bajo la dirección de un gobierno, que debe su existencia a semejante libertad, que no podrá conservarse sino por ella, y cuyas leyes e instituciones la han dado todo el ensanche y latitud de que es susceptible, no perdonando medio para garantir al ciudadano este precioso e inestimable derecho.

Tanto cuanto hemos procurado persuadir antes la importancia y necesidad de la escrupulosa, fiel y puntual observancia de las leyes, nos esforzaremos ahora para zanjar la libertad entera y absoluta en las opiniones; así como aquéllas deben cumplirse hasta sus últimos ápices, éstas deben estar libres de toda censura que preceda o siga a su publicación, pues no se puede exigir con justicia que las leyes sean fielmente observadas, si la libertad de manifestar sus inconvenientes no se halla perfecta y totalmente garantida.

No es posible poner límites a la facultad de pensar; no es asequible, justo ni conveniente impedir se exprese de palabra o por escrito lo que se piensa.

Precisamente porque los actos del entendimiento son necesarios en el orden metafísico, deben ser libres de toda violencia y coacción en el orden político. El entendimiento humano es una potencia tan necesaria como la vista, no tiene realmente facultad para determinarse por esta o por la otra doctrina, para dejar de deducir consecuencias legítimas o erradas, ni para adoptar principios ciertos o falsos. Podrá enhorabuena aplicarse a examinar los objetos con detención y madurez, o con ligereza y descuido; a profundizar las cuestiones más o menos, y a considerarlas en todos o solamente bajo alguno de sus aspectos; pero el resultado de todos estos preliminares siempre será un acto tan necesario, como lo es el de ver clara y confusamente, o con más o menos perfección, el objeto que tenemos a distancia proporcionada. En efecto, el análisis de la palabra conocer, y el de la idea compleja que designa, no puede menos de darnos este resultado.

El conocimiento en el alma es lo que la vista en el cuerpo, y así como cada individuo de la especie humana tiene, según la diversa construcción de sus órganos visuales, un modo necesario de ver las cosas, y lo hace sin elección; de la misma manera, según la diversidad de sus facultades intelectuales lo tiene de conocerlas. Es verdad que ambas potencias son susceptibles de perfección y de aumento; es verdad que se pueden corregir o precaver sus extravíos, ensanchar la esfera dentro de que obran y dar más actividad o intención a los actos que les son propios; no es uno, sino muchos e infinitamente variados los medios de conseguirlo. Uno, muchos o todos se podrán poner en acción, darán a su vez resultados perfectos, medianos, y acaso ningunos, pero siempre será cierto que la elección no ha tenido parte alguna en ellos, ni debe contarse en el orden de los medios de obtenerlos.

Los hombres serían muy felices, o a lo menos no tan desgraciados, si los actos de su entendimiento fuesen parte de una elección libre; entonces los recuerdos amargos y dolorosos de lo pasado no vendrían a renovar males que dejaron de existir, y no salen de la nada sino para atormentarnos; entonces la previsión de lo futuro no nos anticiparía mil pesares, presentándonos antes de tiempo personas, hechos y circunstancias que, o no llegarán a existir, o si así fuere, dan anticipadamente una extensión indefinida a nuestros padecimientos; entonces, finalmente, no pensaríamos ni profundizaríamos por medio de la reflexión, las causas y circunstancias del mal presente, ni agravaríamos con ella su peso intolerable. No hay ciertamente un solo hombre que no desee alejar de sí todo aquello que pueda causarle disgusto y hacerlo desgraciado; y al mismo tiempo no hay, ha habido ni habrá alguno que no haya padecido mucho por semejantes consideraciones. ¿Y esto qué prueba? Que no le es posible poner límites a sus pensamientos, que necesaria e irresistiblemente es conducido al conocimiento de los objetos, bien o mal, perfecta o defectuosamente aprendidos; que la elección propia o ajena no tiene parte ninguna en los actos de las facultades mentales, y que de consiguiente el entendimiento no es libre considerado en el orden metafísico.

¿Cómo, pues, imponer preceptos a una facultad que no es susceptible de ellos? ¿Cómo intentar se cause un cambio en lo más independiente del hombre, valiéndose de la violencia y la coacción? ¿Cómo. finalmente, colocar en la clase de los crímenes y asignar penas a un acto que por su esencia es incapaz de bondad y de malicia? El hombre podrá no conformar sus acciones y discursos con sus opiniones; podrá desmentir sus pensamientos con su conducta o lenguaje, pero le será imposible prescindir ni deshacerse de ellos por la violencia exterior. Este medio es desproporcionado y al mismo tiempo tiránico e ilegal.

Siempre que se pretenda conseguir un fin, sea de la clase que fuere, la prudencia y la razón natural dictan, que los medios de que se hace uso para obtenerlo le sean naturalmente proporcionados; de lo contrario. se frustrará el designio pudiendo más la naturaleza de las cosas que el capricho del agente. Tal sería la insensatez del que pretendiese atacar las armas de fuego con agua, e impedir el paso de un foso llenándolo de metralla. Cuando se trata, pues, de cambiar nuestras ideas y pensamientos, o de inspirarnos otras nuevas, y para esto se hace uso de preceptos, prohibiciones y penas, el efecto natural es que los que sufren semejante violencia, se adhieran más tenazmente a su opinión y nieguen a su opresor la satisfacción que pudiera caberle en la victoria. La persecución hace tomar un carácter funesto a las opiniones sin conseguir extinguirlas, porque esto no es posible. El entendimiento humano es tan noble en sí mismo, como miserable por la facilidad con que es ofuscado por toda clase de pasiones. Los primeros principios innegables para todos, son pocos en número, pero las consecuencias que de ellos se derivan, son tan diversas como multiplicadas, porque es infinitamente variado el modo con que se aprenden sus relaciones. Los hábitos y costumbres que nos ha inspirado la educación, el género de vida que hemos adoptado, los objetos que nos rodean, y sobre todo las personas con que tratamos, contribuyen, sin que ni aun podamos percibirlo, a la formación de nuestros juicios, modificando de mil modos la percepción de los objetos, y haciendo aparezcan revestidos tal vez de mil formas, menos de la natural y genuina. Así vemos que para éste es evidente y sencillo lo que para otro es oscuro y complicado; que no todos los hombres pueden adquirir o dedicarse a la misma clase de conocimientos, ni sobresalir en ellos; que unos son aptos para las ciencias, otros para la erudición, muchos para las humanidades, y algunos para nada; que una misma persona, con la edad varía de opinión, hasta tener por absurdo lo que antes reputaba demostrado; y que nadie mientras vive es firme e invariable en sus opiniones, ni en el concepto que ha formado de las cosas. Como la facultad intelectual del hombre no tiene una medida precisa y exacta del vigor con que desempeña sus operaciones, tampoco la hay de la cantidad de luz que necesita para ejercerlas. Pretender, pues, que los demás se convenzan por el juicio de otro, aun cuando éste sea el de la autoridad, es empeñarse, dice el célebre Spedalieri, en que vean y oigan por ojos y oídos ajenos; es obligarlos a que se dejen llevar a ciegas y sin más razón que la fuerza a que no pueden resistir; es, para decirlo en pocas palabras, secar todas las fuentes de la ilustración pública y destruir anticipada y radicalmente las mejores que pudieran hacerse en lo sucesivo.

En efecto; ¿qué sería de nosotros y de todo el género humano, si se hubieran cumplido los votos de los que han querido atar el entendimiento y poner límites a la libertad de pensar? ¿Cuáles habrían sido los adelantos de las artes y ciencias, las mejoras de los gobiernos, y de la condición de los hombres en el estado social? ¿Cuál sería en particular la suerte de nuestra nación? Merced, no a los esfuerzos de los genios extraordinarios que en todo tiempo han sabido sacudir las cadenas que se han querido imponer al pensamiento, las sociedades, aunque sin haber llegado al último grado de perfección, han tenido adelantos considerables. Los gobiernos, sin exceptuar sino muy pocos entre los que se llaman libres, siempre han estado alerta contra todo lo que es disminuir sus facultades y hacer patentes sus excesos. De aquí es que no pierden medio para encadenar el pensamiento, erigiendo en crímenes las opiniones que no acomodan, y llamando delincuentes a los que las profesan. ¿Mas han tenido derecho para tanto? ¿Han procedido con legalidad cuando se han valido de estos medios? O más bien ¿han atropellado los derechos sagrados del hombre arrogándose facultades que nadie les quiso dar ni ellos pudieron recibir? Este es el punto que vamos a examinar.

Los gobiernos han sido establecidos precisamente para conservar el orden público, asegurando a cada uno de los particulares el ejercicio de sus derechos y la posesión de sus bienes, en el modo y forma que les ha sido prescrito por las leyes, y no de otra manera. Sus facultades están necesariamente determinadas en los pactos o convenios que llamamos cartas constitucionales, y son el resultado de la voluntad nacional. Los que las formaron y sus comitentes no pudieron consignar en ellas disposiciones, que por la naturaleza de las cosas estaban fuera de sus poderes, tales como la condenación de un inocente, el erigir en crímenes acciones verdaderamente laudables como el amor paternal; ni mucho menos sujetar a las leyes acciones por su naturaleza incapaces de moralidad, como la circulación de la sangre, el movimiento de los pulmones, etcétera. De aquí es que para que una providencia legislativa, ejecutiva o judicial sea justa, legal y equitativa, no basta que sea dictada por la autoridad competente, sino que es también necesario que ella sea posible en sí misma, e indispensable para conservar el orden público. Veamos, pues, si son de esta clase las que se han dictado o pretendan dictarse contra la libertad del pensamiento.

Que las opiniones no sean libres y de consiguiente incapaces de moralidad, lo hemos demostrado hasta aquí; réstanos sólo hacer ver que jamás pueden trastornar el orden público, y mucho menos en el sistema representativo, En efecto, el orden público se mantiene por la puntual y fiel observancia de las leyes, y ésta es muy compatible con la libertad total y absoluta de las opiniones. No hay cosa más frecuente que ver hombres a quienes desagradan las leyes y cuyas ideas les son contrarias; pero que al mismo tiempo no sólo las observan religiosamente, sino que están íntimamente convencidos de la necesidad de hacerlo. Decir "esta ley es mala", "tiene estos y los otros inconvenientes", no es decir, "no se obedezca ni se cumpla"; la primera es una opinión, la segunda es una acción; aquélla es independiente de todo poder humano, ésta debe sujetarse a la autoridad competente. Los hombres tienen derecho para hacer leyes, o lo que es lo mismo, para mandar que se obre de este o del otro modo; pero no para erigir las doctrinas en dogmas, ni obligar a los demás a su creencia. Este absurdo derecho supondría o la necesidad de un símbolo o cuerpo de doctrina comprensivo de todas las verdades, o la existencia de una autoridad infalible a cuyas decisiones debería estarse. Nada hay, sin embargo, más ajeno de fundamento que semejantes suposiciones.

Mas ¿cómo podría haberse formado el primero, ni quién sería tan presuntuoso y audaz que se atreviese a arrogarse lo segundo? "Un cuerpo de doctrina", dice el célebre Daunou, "supone que el entendimiento humano ha hecho todos los progresos posibles, le prohibe todos los que le restan, traza un círculo alrededor de todos los conocimientos adquiridos, encierra inevitablemente muchos errores, se opone al desarrollo de las ciencias, de las artes y de todo género de industria". Ni ¿quién sería capaz de haberlo formado? Aun cuando para tan inasequible proyecto se hubiesen reunido los hombres más célebres del universo, nada se habría conseguido; regístrense si no sus escritos, y se hallarán llenos de errores a vuelta de algunas verdades con que han contribuido a la ilustración pública. La mejora diaria y progresiva que se advierte en todas las obras humanas, es una prueba demostrativa de que la perfectibilidad de sus potencias no tiene término, y de lo mucho que se habría perdido en detener su marcha, si esto hubiera sido posible.

Estamos persuadidos que ninguno de los gobiernos actuales hará alarde de su incapacidad de errar. Ellos y los pueblos confiados a su dirección están demasiado ilustrados para que puedan pretenderse y acordarse semejantes prerrogativas. Mas si los gobiernos están compuestos de hombres tan falibles como los otros, ¿por qué principio de justicia, o con qué título legal se adelantan a prescribir o prohibir doctrinas? ¿Cómo se atreven a señalarnos las opiniones que debemos seguir, y las que no nos es permitido profesar? ¿No es este un acto de agresión de efecto inasequible, y que nada puede justificarlo? Sin duda. Él, sin embargo, es común, y así siempre sirve de pretexto para clasificar los ciudadanos y perseguirlos en seguida. Se les hace cargo de las opiniones que tienen o se les suponen; y éstas se convierten en un motivo de odio y detestación. De este modo se perpetúan las facciones, puesto que el dogma triunfante algún día llega a ser derrocado y entonces pasa a ser crimen el profesarlo. Así es como se desmoralizan las naciones y se establece un comercio forzado de mentiras que obliga a los débiles a disimular su conceptos, y a los que tienen alma fuerte los hace el blanco de los tiros de la persecución.

Pues qué, ¿será lícito manifestar todas las opiniones? ¿No tiene la autoridad derecho para prohibir la enunciación de algunas? ¿Muchas de ellas que necesariamente deben ser erradas no serán perjudiciales? Sí, lo decimos resueltamente, las opiniones sobre doctrinas deben ser del todo libres. Nadie duda que el medio más seguro, o por mejor decir el único, para llegar al conocimiento de la verdad, es el examen que produce una discusión libre; entonces se tienen presentes no sólo las propias reflexiones sino también las ajenas, y mil veces ha sucedido que del reparo y tal vez del error u observación impertinente de alguno, ha pendido la suerte de una nación. No hay entendimiento por vasto y universal que se suponga, que pueda abrazarlo todo ni agotar materia alguna; de aquí es que todos y en todas materias, especialmente las que versan sobre gobierno, necesitan del auxilio de los demás, que no obtendrán ciertamente, si no se asegura la libertad de hablar y escribir, poniendo las opiniones y sus autores a cubierto de toda agresión que pueda intentarse contra ellos por los que no las profesan. El gobierno, pues, no debe proscribir ni dispensar protección a ninguna doctrina; esto es ajeno de su instituto, él solamente está puesto para observar y hacer que sus súbditos observen las leyes.

Es verdad que entre las opiniones hay y debe haber muchas erróneas, lo es igualmente que todo error en cualquiera línea y bajo cualquier aspecto que se le considere es perniciosísimo; pero no lo es menos que las prohibiciones no son medios de remediarlo; la libre circulación de ideas y el contraste que resulta de la oposición, es lo único que puede rectificar las opiniones. Si a alguna autoridad se concediese la facultad de reglamentarlas, ésta abusaría bien pronto de semejante poder; ¿Y a quién se encargaría el prohibirnos el error? ¿Al que está exento de él? Mas los gobiernos no se hallan en esta categoría. Muy al contrario, cuando se buscan las causas que más lo han propagado y contribuido a perpetuarlo, se encuentran siempre en las instituciones prohibitivas. Por otra parte, si los gobiernos estuviesen autorizados para prohibir todos los errores y castigar a los necios, bien pronto faltaría del mundo una gran parte de los hombres, quedando reducidos los demás a eterno silencio. Se nos dirá que no todas las opiniones deben estar bajo la inspección de la autoridad; pero si una se sujeta, las demás no están seguras; las leyes no pueden hacer clasificación precisa ni enumeración exacta de todas ellas. Así es que semejante poder es necesariamente arbitrario y se convertirá las más veces en un motivo de persecución. Estas no son sospechas infundadas; vuélvanse los ojos a los siglos bárbaros y se verá a las universidades, a los parlamentos, a las cancillerías y a los reyes empeñados en proscribir a los sabios que hacían algunos descubrimientos físicos, y atacaban las doctrinas de Aristóteles. Pedro Ramos Tritemío, Galilei y otros infinitos, padecieron lo que no sería creíble a no constarnos de un modo indudable. ¿Y cuál fue el fruto de semejantes procedimientos? ¿Consiguieron los gobiernos lo que intentaban? Nada menos. Los prosélitos se aumentaban de día en día, acaso por la misma persecución.

En efecto, si se quiere dar crédito a una doctrina, no se necesita otra cosa que proscribirla. Los hombres desde luego suponen, y en esto no se engañan, que no se puede combatirla por el raciocinio, cuando es atacada por la fuerza. Como el espíritu de novedad, y el hacerse objeto de la expectación pública, llamando la atención de todos, es una pasión tan viva, los genios fuertes y las almas de buen temple, se adhieren a las doctrinas proscritas más por vanidad que por convicción, y en último resultado un despropósito, que tal vez habría quedado sumido en el rincón de una casa, por la importancia que le da la persecución, declina en secta que hace tal vez vacilar las columnas del edificio social.

¿Pero el descrédito de las leyes no las hace despreciables, y anima a los hombres a infringirlas, privándolas de su prestigio? ¿Y no es éste el resultado de la crítica libre que se hace de ellas? Cuando las leyes se han dictado con calma y detención, cuando son el efecto de una discusión libre y cuando el espíritu de partido y los temores que él infunde en los legisladores no han contribuido a su confección, haciendo se pospongan los intereses generales a los privados por motivos que les son extrínsecos, es muy remoto el temor de semejantes resultados; mas para precaverlo los gobiernos deben estar muy alerta y no perder de vista la opinión pública, secundándola en todo. Esta no se forma sino por una discusión libre, que no puede sostenerse cuando el gobierno o alguna facción se apoderan de la imprenta y condenan sin ningún género de pudor a todos los que impugnan los dogmas de la secta, o ponen en claro sus excesos y atentados. Por el contrario, cuando se procede sin prevención y de buena fe, cuando se escucha con atención e imparcialidad, todo lo que se dice o escribe a favor o en contra de las leyes, se está ciertamente en el camino de acertar. Jamás nos cansaremos de repetirlo: la libertad de opiniones sobre la doctrina nunca ha sido funesta a ningún pueblo; pero todos los sucesos de la historia moderna acreditan hasta la última evidencia los peligros y riesgos que han corrido las naciones, cuando alguna facción ha llegado a apoderarse de la imprenta, ha dominado el gobierno, y valiéndose de él, ha hecho callar por el terror a los que podían ilustrarlo.

Pero los gobiernos no escarmientan a pesar de tan repetidos ejemplos. Siempre fijos en el momento presente descuidan del porvenir. Su principal error consiste en creer que todo lo pueden, y que basta insinuar su voluntad para que sea pronta y fielmente obedecida. Tal vez vuelvan sobre sí cuando no hay remedio, cuando se han desconceptuado y precipitado a la nación en un abismo de males.

Concluimos pues nuestras reflexiones recomendando a los depositarios del poder se persuadan, que cuando erigen las opiniones en crímenes, se exponen a castigar los talentos y virtudes, a perder el concepto y a hacer ilustre la memoria de sus víctimas.

"Discurso sobre la libertad civil del ciudadano"

La libertad política consiste en la seguridad,
o por lo menos en la opinión de la propia seguridad
. . . Cuando no está segura la inocencia de los ciudadanos,
tampoco lo está la libertad.

Montesquieu,
Espíritu de las leyes, 1. 12, c. 4.

En una sociedad bien constituida y en la que se intenta destruir todos los abusos que han perpetuado la existencia de un régimen arbitrario, es necesario acostumbrar a los miembros que la componen a no pagarse de voces insignificantes y sí a ocuparse de la realidad de las cosas. El abuso de las voces indefinidas, especialmente en materias políticas, ha sido desde la extinción del feudalismo el origen de todos los males de los pueblos, que no salieron del dominio de los señores sino para hacerse esclavos de los gobiernos. La palabra libertad que tanto ha servido para la destrucción de su sentido mismo, ha sido el pretexto ordinario de todas las revoluciones políticas del globo; los pueblos se han conmovido con sólo oírla pronunciar y han extendido las manos para abrazar este genio tutelar de las sociedades, que sus conductores han hecho desaparecer como un fantasma en el momento mismo que dejó de ser necesario para la consecución y feliz éxito de sus miras ambiciosas. En vano los filósofos amantes de la humanidad han levantado la voz contra semejante conducta; los pueblos han sido y serán frecuentemente engañados si se pagan de formas de gobierno y descuidan de asegurar el punto más importante de todo gobierno libre, la libertad civil del ciudadano, o lo que es lo mismo, la facultad de hacer sin temor de ser reconvenido ni castigado todo lo que la ley no prohibe expresamente.

El precioso derecho de hacer lo que a otro no perjudica, por desgracia no puede hacerse efectivo en el estado de naturaleza en que reducido el hombre a sus fuerzas individuales, sería necesariamente déspota o esclavo, según que éstas fuesen bastantes para oprimir a los demás, o insuficientes para resistir sus agresiones. Los hombres se han visto pues precisados a crear las sociedades y a organizar una fuerza pública que siendo superior a la de cada particular, pudiese reprimirlo y contener los atentados del crimen prepotente contra la inocencia desvalida. Pero muy en breve los gobiernos y la fuerza que se puso a su disposición, desconociendo su origen y desentendiéndose del objeto y fines con que habían sido instituidos, cometieron por sí mismos aquellos crímenes que debían evitar o reprimir en los particulares. Entonces fue necesario poner límites a su poder, pedir y buscar seguridades de que éstos no se traspasarían jamás y de que la autoridad se ejerciera solamente en ciertos y determinados casos y bajo de reglas o condiciones fijas, que cuando se han observado bien y religiosamente, han formado en los hombres aquella confianza de que pueden obrar como gusten dentro de los términos legales sin temor de ser ofendidos ni molestados, y que conocemos bajo el nombre de seguridad individual. Por desgracia esta conducta franca y honrada en los agentes del poder ha sido muy rara, y su falta ha dado lugar a mil disturbios por la lucha que depende de los diversos intereses que animan a los unos y a los otros, y son el móvil de sus diversos y opuestos modos de obrar.

Está en la naturaleza de los que dominan, cualquiera que sea su número y el nombre que se les dé, procurar que el ejercicio del poder les sea lo más útil posible; y está igualmente en la naturaleza de los que se ven sometidos, hacer que la dominación llegue a ser una carga pesada para los que la ejercen y lo más ligera que ser pueda para los que la sufren. Cualquiera que sea el nombre de los que gobiernan, la cuestión es para ellos siempre la misma; que se les llame presidentes, directores, emperadores o reyes; que sean cinco o que sean tres, que haya dos o que exista solamente uno; que sean electivos o hereditarios, usurpadores o legítimos, su interés siempre es el mismo; disponer del modo más absoluto de las personas, no hallar ningún obstáculo al ejercicio de su autoridad y sacudir la sujeción a toda responsabilidad o censura. Por el contrario, los que están sometidos al poder, cualquiera que sea su forma y denominación, se hallan interesados en ponerse a cubierto de toda arbitrariedad y que ninguno pueda disponer sin regla ni medida de sus personas; son igualmente interesados en llegar a ser libres y permanecer tales en todo lo que no ofenda el derecho y la seguridad ajena. De estas dos propensiones opuestas resulta un conflicto que debe tener por último término el establecimiento del despotismo, sea cual fuere la forma de gobierno, o la destrucción de todo poder arbitrario. No habrá reposo entre los pueblos sino cuando alguno de estos resultados haya llegado a ser de tal modo preciso e inalterable, que se haya extinguido en el corazón de los hombres toda esperanza de alteración o mudanza.

No hay duda, los pueblos serán libres bajo cualquiera forma de gobierno, si los que los mandan, aunque se llamen reyes y sean perpetuos, se hallan en verdadera impotencia de disponer a su antojo y sin sujeción a regla alguna de la persona del ciudadano; y nada servirán las formas republicanas, que el jefe de la nación se llame presidente o dure por cierto tiempo, si la suerte del ciudadano pende de su voluntad omnipotente.

El sabio Montesquieu, que analizó los poderes políticos y haciendo patentes sus principios motores y conservadores, sentó la primera piedra del edificio consagrado a la libertad civil, no vacila en asegurar que si bien la forma de gobierno influye algo en su existencia, ella no es su verdadero y esencial constitutivo. A juicio de este grande hombre, la libertad del ciudadano consiste única y exclusivamente en la seguridad individual y en la quietud, reposo y tranquilidad que la convicción de su existencia produce en cada uno de los asociados. En efecto, estas pocas palabras abrazan todo lo que puede desear y pedir de la sociedad un hombre pacífico y exento de ambición; y cuando se obra de buena fe y con ánimo de acertar, es demasiado fácil y sencillo acordar semejantes seguridades.

¿De qué dependen pues las quejas continuas y amargas que se oyen con tanta frecuencia contra los agentes del poder? ¿Por qué se aplican con tanta frecuencia las voces de apatía, indolencia, arbitrariedad, despotismo y tiranía a los actos que emanan de los depositarios de la autoridad? ¿Cómo es que son acusados por los mismos que tienen un interés vivísimo en la represión de los crímenes que se cometen o pueden cometerse contra la seguridad individual y pública? Para resolver con acierto estas cuestiones, es necesario advertir que todos los depositarios de la autoridad en cualquiera de los poderes políticos, tiene la obligación más estrecha de evitar las agresiones injustas de los particulares y de abstenerse ellos mismos de cometerlas. Siempre que el ciudadano padezca o sufra alguna violencia exterior sin haber infringido ley alguna, o, lo que es lo mismo, siendo inocente, el Gobierno debe ser responsable y está en el caso de dar una satisfacción pública, pues no siendo otra cosa que un mandatario de la nación, establecido precisamente con el solo y único objeto de asegurar el ejercicio de los derechos públicos y privados, faltar por agresión u omisión a tan sagrados como importantes deberes, es hacerle reo de lesa-nación. Así pues, cuando los salteadores y asesinos hallan un apoyo en la autoridad, o a lo menos un disimulo culpable; cuando los libelistas despedazan impunemente la reputación del honrado ciudadano y faltan al decoro debido a la moral pública, alimentando y dando pábulo a la detracción maligna por la publicación de defectos privados, verdaderos o supuestos, sin que la autoridad use de medio alguno represivo; finalmente, cuando se permite o tolera que sean ultrajados impunemente hombres que no tienen otro delito que su nacimiento o las opiniones que profesan, es evidente que no existe la seguridad individual y que un gobierno apático o coludido, con semejantes agresores, es a buen librar una carga inútil para la nación que lo creó y gravosa para el pueblo que lo mantiene, sin que de nada pueda servirle. En efecto, desde el momento en que uno o algunos miembros de la sociedad tienen motivos justos y fundados para temer que no pueden contar con la protección del Gobierno y éste se escuda para no impartirla, con su falta de vigor o con el pretexto ridículo de que la opinión pública es contraria a los perseguidos y no es prudencia arrostrarla, desde este punto, repetimos, acabó la seguridad individual y quedaron socavadas las bases de la autoridad.

Esta inercia indolente, o esta conducta parcial, no es perniciosa solamente a los infelices que la sufren; lo es a los mismos perseguidores y sobre todo al Gobierno. Los que hoy atacan impunemente los derechos ajenos, atropellando con la reputación y personas de sus contrarios, fundados en que la autoridad, por su complicidad o el temor que le han inspirado, no puede o no quiere reprimir sus excesos, mañana que les sea la fortuna adversa y su desgracia los constituya en blanco de la persecución, tampoco deberán esperar nada que los favorezca con seguridad y fijeza de parte de los agentes del poder. Por los mismos principios que ha sido frío espectador de los atentados cometidos por una fracción, lo será a la vez de todos los de las otras y a su sombra le irá formando el imperio de la fuerza y de la anarquía, que más tarde o más temprano dará en tierra con el edificio social, envolviendo en sus ruinas a los depositarios de la autoridad. La Francia, en su revolución, nos ministra comprobantes decisivos de esta verdad; desde la instalación de los Estados Generales, se desató el espíritu perseguidor, que no acabó ni aun con la Restauración. En aquella nación la destrucción de un partido antes vencedor, arrastraba consigo constantemente al Gobierno. Los constitucionalistas proscribieron a los realistas, los republicanos a los constitucionales, los Girondinos lo fueron por las comisiones de salud pública y seguridad general, los que componían estos cuerpos fueron sucesivamente al cadalso por las órdenes de Dantón y Robespierre; estos famosos antropófagos cayeron al golpe de los termidorianos y en todas estas convulsiones la Francia se inundó en sangre, la anarquía lo taló todo, y el Gobierno, que no supo o no quiso hacer efectivas las garantías tutelares de la seguridad personal, fue siempre víctima del torrente de las facciones.

Estos han sido hasta aquí y serán siempre los resultados deplorables de la criminal indiferencia y abandono con que ven los ataques a la seguridad individual los que están encargados de reprimirlos. Un Gobierno que merezca el nombre de tal debe sacudir el temor y no permitir que se proscriba, debe permanecer firme e impasible en medio de los partidos. Abandonar los principios de justicia por buscar el apoyo en la facción dominante, es perderse, es cometer un crimen sobre atroz, ineficaz e inconducente al fin que se pretende alcanzar. En efecto, cuando el Gobierno no piensa en gobernar, sino en existir por condescendencias criminales, se concilia indefectiblemente el odio de los que padecen y el desprecio de los que persigue; los primeros no pueden dejar de irritarse sobremanera, especialmente al ver que son sacrificados a la existencia de una autoridad que crearon para buscar en ella un apoyo a su seguridad; los segundos, íntimamente convencidos de que las condescendencias que con ellos se tienen no son debidas sino a la fuerza real o aparente de su facción y que mañana se tendrán iguales con otra que al mismo tiempo que los reemplace los oprima, ven con desprecio desdeñoso a un poder tan degradado que pierde el mérito de una justa severidad, sin evitar lo odioso de una condescendencia criminal. ¡Infeliz pueblo confiado a tal Gobierno! Los intereses públicos serán mezquinamente sacrificados a los de los agentes del poder, los ciudadanos pacíficos no tendrán un momento de tranquilidad ni reposo, viéndose obligados a buscar en sí mismos y por precauciones debidas a sus fuerzas individuales, la seguridad que no puede o no quiere acordarles una autoridad que no piensa en ellos, sino para entregarlos indefensos a la voracidad de sus enemigos. En vano invocarán los principios de justicia, los sentimientos de compasión natural para sí y para sus familias, o la justa retribución debida a sus servicios. No les queda otro recurso que apurar el sufrimiento y redoblar sus esfuerzos para colocar a su tiempo el depósito sagrado de las libertades públicas en manos más fieles, y confiar las riendas del gobierno a personas expertas y de probidad conocida.

Otro mal mucho mayor tienen que temer los pueblos de los gobiernos y es, que saliendo éstos de su apatía, entren en tal actividad que cometan por sí mismos los crímenes que debían evitar; más claro, que conviertiéndose de tutelares en agresores, ataquen la seguridad individual y vuelvan contra los ciudadanos las mismas armas que recibieron para su defensa. Este abuso es tanto más temible, cuanto que la naturaleza misma de los poderes políticos da lugar a equivocaciones frecuentes en materia tan delicada. La autoridad del Gobierno, dice el sabio Bentham, no es otra cosa que la excepción de la regla general que deben observar los particulares. No matarás, no privarás a nadie de su libertad: he aquí la obligación de un particular. El juez condenará a muerte al asesino; prenderá al delincuente; el Gobierno hará ejecutar su sentencia: he aquí las facultades de la autoridad. Aunque el primer beneficio de la sociedad es procurarnos la seguridad individual reprimiendo las agresiones de los demás, es evidente que esto no es posible obtenerlo sino cuando la persona de cada súbdito queda sometida a la acción de la autoridad pública en el caso de atentar a la seguridad ajena. En esta sumisión es puntualmente donde se corre el riesgo, pues aquí es donde el Gobierno finge obrar como tutelar cuando realmente se convierte en agresor; y como la línea divisoria entre estas dos especies de actos es tan delicada, como poco perceptible al común de los ciudadanos, no es extraño que se consiga alucinarlos. Nosotros pues nos esforzaremos a poner en claro materia tan importante por sus efectos y resultados.

Desde el momento en que el poder está facultado para disponer de la suerte de los súbditos sin sujeción a regla alguna, todos ellos son sus esclavos. El estado de súbdito es el de gobernado, el de esclavo de poseído y es inmensa la distancia que separa tan opuestas condiciones. ¿Qué es pues ser poseído? Es estar entera y absolutamente a disposición de otro y dependiente de su voluntad. ¿Y qué es ser gobernado? Es ser protegido contra todo género de agresiones, reprimido uno mismo cuando las comete y obligado a concurrir a los medios de evitarlas. Cualquier otro sacrificio que se exija de parte del ciudadano y cualquier otro influjo que pretenda tener el Gobierno sobre su persona, es un acto de opresión y tiranía. Un súbdito, pues, no tiene motivo para quejarse cuando su arresto lo ha provocado un hecho cometido por él, declarado criminal por una ley anterior que le asigna pena determinada y cuando a la detención sigue inmediatamente el juicio. Estas medidas de ninguna manera pueden llamarse atentatorias a la seguridad individual; ellas, por el contrario, contribuyen a mantener este precioso derecho y son indispensablemente necesarias para afianzarlo. Procedimiento semejante no causa alarma ni desconfianza sino a los malhechores y esto, lejos de ser un mal digno de precaverse, es para la sociedad un bien que siempre debe intentar el legislador.

No son de esta clase los actos de la autoridad de que se quejan los súbditos y que con tanta justicia llaman opresores y tiránicos. Son los que derraman el luto y consternación en la familia del pacífico ciudadano, cuya inocencia se afecta desconocer; son las persecuciones judiciales sin juicios regulares, cuando el poder público arresta y aprisiona a quien le acomoda, prolonga indefinidamente las detenciones, destierra y, en fin, dispone de las personas según su arbitrio, obra como señor sobre esclavos que posee y no como un jefe sobre súbditos que gobierna; son finalmente aquellos por los cuales la autoridad misma atenta a la seguridad que ha prometido y estaba obligada a mantener, y por los cuales comete los desórdenes que debía reprimir.

La autoridad pública en una nación que por primera vez ha cambiado de instituciones, pasando del absolutismo a la libertad, es constantemente retrógrada, no tiene otra idea de gobierno que la que pudo recibir del régimen anterior, ni se persuade ser fácil reprimir los crímenes y precaver la ruina del Estado por otros medios que los que se aprendieron en la escuela del despotismo; como los principios de éste están en oposición abierta con las nuevas instituciones, los reclamos no sólo son frecuentes y repetidos, sino justos, fundados e incontestables. No hallando pues los agentes del poder camino por donde evadirse de ellos, apelan a la conservación de la República, a este dios tutelar de los tiranos y de los opresores, para lo cual procuran persuadir el riesgo que corre el gobierno, si no se atropella con la seguridad individual.

Es cierto que la primera necesidad de un pueblo es la existencia de su Gobierno; pero no lo es igualmente que ésta sea incompatible con el sostén de tan sagrado derecho, como el de la seguridad individual.

No son los intereses de la autoridad, sino los de los funcionarios los que se trata de poner en salvo; porque ¿qué es lo que entienden por interés del Gobierno? Las cosas que no son susceptibles de sentimiento no pueden tener interés en nada. Es pues claro que cuando se usa esta expresión no se quiere dar a entender otra cosa que la impotencia en que se hallan los agentes del poder para desfogar pasiones viles y rateras, oprimiendo a los que les hacen sombra o ponen de manifiesto sus maldades. Ciertamente sería tan raro como difícil el persuadir a los que ni ocupan puestos públicos, ni pueden sacar utilidad de ellos, que precisamente en su provecho ha sido establecido el régimen arbitrario, para disponer de sus personas sin sujeción a regla alguna. La verdad es que agrada mucho a los que mandan, digan lo que quisieren ciertas gentes, el constituirse en señores del pueblo que ha sido confiado a su dirección y el poder disponer de los miembros que lo componen, sin obligación de dar cuenta a nadie, ni temor de responder a ninguno. Todo el mal de que se quejan está pues reducido a que algunos no mandan todo lo que quisieran; pero este mal que lo es para ellos, es un gran beneficio para el resto de los ciudadanos que componen la sociedad.

Confesemos pues francamente que las prisiones ilegales y arbitrarias sumen al hombre en la esclavitud, y al mismo tiempo preparan una serie interminable de desventuras a un pueblo que por estos actos se constituye en un estado de revolución permanente.

La historia de todos los tiempos, así antiguos como modernos, demuestra hasta la evidencia que los atentados del poder arbitrario terminan por necesidad en turbaciones públicas. Inútil será buscar en estas oscilaciones políticas el restablecimiento de la seguridad individual; ellas la habrán tenido por objeto, mas no se conseguirá mientras duren. Unas veces la ambición, otras el odio y la venganza y siempre las más violentas pasiones, se enseñorean y apoderan de semejantes movimientos y en este violento torbellino son envueltos y sofocados y caen sucesivamente vencedores y vencidos. Entonces se abandonan los principios y se erige un trono al imperio de las circunstancias. Estas se hacen el pretexto común para destruir las leyes regulares que podrían hacerlas cesar y de este modo se renuevan periódicamente la injusticia y el desorden, que serán constantemente reclamados, como una prenda de seguridad pública. Ved aquí, dice un célebre escritor, cómo las generaciones contemporáneas a estas catástrofes no recogen jamás sino frutos amargos y cómo es raro que las generaciones siguientes los hereden más felices. Buscar la seguridad en el centro de las convulsiones, es el más grosero de los errores; pero un pueblo activo y sensible es invenciblemente impelido a él, cuando la opresión ha apurado su paciencia. Todo sistema político que permite arrestar y desterrar sin proceso, lleva en sí mismo el germen de las turbaciones, que tarde o temprano estallarán con estrépito.

Se engañan pues y engañan a los demás los Gobiernos cuando intentan persuadir que el medio de contenerlas es atropellar con las fórmulas tutelares de la seguridad individual. La indignación pública, que es el precursor de todas ellas, se excita de un modo tan positivo, que a nadie puede ocultarse. En un pueblo medianamente culto, desde que se sospecha que un inocente padece, se toma el interés más vivo por esta víctima de la arbitrariedad y las iniquidades particulares del poder son pública y enérgicamente censuradas. Cuando esto pasa, el descontento y alarma se difunden rápidamente por todos los miembros de la sociedad, que desde este momento se pone en guerra abierta con el Gobierno; guerra justísima, pero al mismo tiempo la más peligrosa y perjudicial que puede emprenderse, pues por ella quedan del todo destruidos los vínculos sociales y los hombres en el estado bárbaro de la naturaleza.

Nosotros jamás aconsejaríamos a los pueblos que tomasen un partido semejante, pero ellos se mueven a adoptarlo como por instinto y sin deliberación, cuando los atentados del poder se han multiplicado hasta tal punto, que han destruido toda esperanza de remedio en el corazón de los hombres. Entonces el odio y la venganza, impelidos fuertemente por el furor que causa la opresión, alientan a los más cobardes y colocan el puñal aun en las manos más débiles. La ira irresistible de un pueblo amotinado causa los más horrendos estragos; ella se explica en el santuario de las leyes, arrojando de él tan violenta como ignominiosamente, así a los que han usurpado la facultad más augusta y a los pérfidos mandatarios que, haciendo traición a sus deberes, en nada menos han pensado que en sostener las libertades públicas vilmente sacrificadas a los intereses de un despreciable y criminal favorito; como a los hombres honrados, sus fieles representantes, que han sabido sacrificarlo todo y hasta su existencia y reputación política, a la utilidad pública, a la utilidad nacional. El solio del rey y el sillón del presidente que no quisieron o pudieron sostener la libertad civil del ciudadano, o que atacaron su seguridad individual, se ven desplomarse salpicados por todas partes de la sangre vertida por el odio y venganza nacional. Los asesinos que se erigieron en tribunales contra la expresa voluntad de la ley constitutiva, convirtiéndose en instrumentos de la tiranía y opresores de la inocencia desvalida, exhalan el último suspiro en manos del furor y sus cadáveres horrorosos cubiertos de sangre y heridas son paseados por las calles y colocados en las plazas públicas, sin que, para evitar catástrofe tan funesta como horrorosa, hayan sido poderosas las promesas y seguridades que sus señores dieron a estos viles y despreciables esclavos. Mas si sólo padecieran los criminales que han provocado tantos excesos, pero los inocentes y aun los beneméritos ciudadanos son en lances tan apurados víctimas desgraciadas del poder de la anarquía.

Escarmentad pues, oh vosotros los que presidís a los destinos de los pueblos. Hay un momento en que, apurado el sufrimiento de éstos los hace romper como un torrente, que despedaza, destruye y arrastra tras sí todo lo que antes contenía su fuerza y refrenaba su espíritu. Si vosotros abrís algún portillo en las barreras legales, por él se precipitará esa masa inmensa, que no seréis bastantes a resistirla. La revolución francesa es un ejemplo práctico y reciente que no debéis perder de vista; ella os enseña que jamás la autoridad pública ha atentado impunemente a los derechos del hombre libre y que el primer paso que se da contra la seguridad individual, es el precursor indefectible de la ruina de la nación y del gobierno.

"Pensamientos sueltos sobre educación pública"

Eruditio inter prospera ornamentum
inter adversa refugium.

Uno de los grandes bienes de los gobiernos libres es la libertad que tiene todo ciudadano para cultivar su entendimiento. El más firme apoyo de las leyes es aquel convencimiento íntimo que tiene todo hombre de los derechos que le son debidos, y de aquel conocimiento claro de sus deberes y obligaciones hacia sus conciudadanos y hacia la patria. En el sistema republicano, más que en los otros, es de necesidad absoluta proteger y fomentar la educación; éste requiere para subsistir mejores y más puras costumbres, y es más perfecto cuando los ciudadanos poseen en alto grado todas las virtudes morales; así el interés general exige que leyes sabias remuevan los obstáculos que impiden la circulación de las luces. La mano protectora de un gobierno benéfico debe extenderse sobre la gran familia que ha puesto en sus manos el bienestar común, debe penetrarse de que para hacer la felicidad de todos es indispensable esparcir hasta la más pequeña choza los rayos de luz que vivifican el espíritu. Para convencer la verdad de estas proposiciones, presentaremos al público nuestro modo de pensar en materia tan importante.

§ 1.
Estado de nulidad en que se halla nuestra educación

Bajo la dominación de un gobierno que contemplaba en sus intereses el mantener a sus vasallos en la más profunda ignorancia de sus derechos, se ponían obstáculos al cultivo de las ciencias sociales. El temor de perder la posesión de un país rico, ofuscó a la España hasta el grado de desconocer su propia utilidad; creyó que la ignorancia era el medio más seguro de impedir la emancipación de la América y que para oprimir sin dejar arbitrio a reclamos, debía poner trabas a la cultura de las facultades mentales y acostumbrar a los americanos a obedecer ciegamente las órdenes de una autoridad lejana, presentándoseles como emanación de una divinidad. El único período en tres siglos en que se comenzó a vislumbrar en América un rayo de razón, duró poco y la Constitución de Cádiz nos llegó cuando ya habíamos levantado el estandarte de la independencia. Los pocos conocimientos que entonces teníamos sobre materias políticas, las preocupaciones en que yacía sumergida la mayoría de la nación y la falta de un plan combinado para llevar adelante la gloriosa empresa de nuestra independencia, nos impidieron el lograr no sólo la separación de la metrópoli, sino aprovechar la pequeña libertad que debiéramos haber gozado. En aquellas circunstancias sólo sirvió la Constitución para inferirnos el agravio de no verla planteada en nuestro país y bajo el especioso pretexto de que de hacerlo se daba margen a que sacudiésemos el yugo que nos agobiaba. En 1814 destruyó Fernando el código que había contribuido a salvar a la península; restableció el funesto sistema que antes existía y una persecución desenfrenada contra los más ilustres españoles y americanos marcaron el período que corrió desde aquella época hasta 1820. En este año inmortal para la historia de México se corrió el velo que cubría los sentimientos de los mexicanos; la nación entera proclamó unísonamente la Independencia; el plan que entonces se presentó conciliaba todos los intereses y garantizaba a los españoles sus vidas y haciendas; no hubo más que una voz, no se oyó más que un grito y todos los habitantes de la República, sin distinción del lugar de su nacimiento, se prestaron gustosos a trabajar para formar una nación de lo que antes fue una colonia. Los ilustres diputados que la opinión pública sentó en el Congreso que era un focus de civilización, se hallaron en posesión muy crítica para dar el impulso que merecía la educación pública. Apenas tuvieron tiempo para salvar a la patria de la ruina en que se intentaba sepultarla; de aquella augusta reunión quedaron leyes que harán honor eterno a sus autores y la posteridad sabrá colocarlos con justicia en la memoria de las generaciones futuras; sensible nos es que no hubieran tenido tiempo para dictar las que imperiosamente reclama una nueva República para el arreglo de la instrucción pública. De ahí es que como antes de la Independencia no la había, cual debía ser, ni después de proclamada ésta se ha dado un paso adelante en la materia y sí muchos retrógrados en nuestro concepto; en el día podemos decir que la educación está reducida a cero.

§ II.
Sin instrucción es difícil lograr en una república
todos los bienes que promete este gobierno

Para entender la Constitución y las leyes es indispensable saber leer; para pesar las razones alegadas en la tribuna nacional, sea para la formación o reforma de la una y las otras, se requiere tener algunos conocimientos generales, a lo menos haber adquirido algunas reglas en el arte de pensar, para sujetar el juicio; de lo contrario no es posible que las reglas morales que deben servir de guía al hombre social, tengan todo el buen resultado que desean los filósofos y los legisladores. ¿Cómo puede aguardarse la religiosa aplicación de ellas no entendiéndolas? Un individuo dotado de un regular

talento será siempre un déspota, que gobernará a su salvo a un puñado de hombres que no tienen voluntad propia, ni son capaces de juzgar de las cosas por sí mismos.

Los hombres grandes se conocen por sus escritos o por sus acciones, la imprenta es el canal por donde se transmiten sus nombres; siendo entre nosotros tan corto el número de los que saben leer y escribir, ¿será posible que la mayoría de la Nación elija para sus representantes a los que por su saber y virtudes debían ocupar las sillas de legisladores? ¿Los pueblos no sufragarán siempre motivos por un intrigante y no se correrá el riesgo de que depositen sus más preciosos intereses entre las manos de un hombre que sólo aspira a hacer su fortuna? ¿No es tanto más temible este peligro cuanto el ciudadano honrado y virtuoso por lo regular no se mezcla en ambicionar ni pretender empleos? El riesgo es de mayor trascendencia si consideramos que un cuerpo legislativo puede estar formado de miembros inmorales, sin conocimientos, sin virtudes cívicas y que únicamente buscan ocasión en qué hacer un tráfico de sus sufragios.

El Poder Ejecutivo a cambio de un empleo logrará de ellos leyes que le convengan a sus fines particulares; ¿y podrá decirse que las ha dictado la sana razón y el bien de los pueblos? Los infelices que sencillamente dieron su voto, serán las primeras víctimas; sobre ellos gravitará el peso de la opresión; sobre ellos caerá el torrente de todos los males. No es preciso agotar las razones, tenemos en apoyo de nuestra opinión a la experiencia; no necesitamos ocurrir a lo que ha sucedido en otros tiempos y en otros países, basta tender la vista a lo que pasa en el continente americano; los sujetos que reúnen la opinión de los hombres de bien, los sujetos que por su literatura y virtudes debían ser la columna de la República, se han retirado de los negocios públicos, cansados de sufrir groseras injusticias y desmerecidos insultos. No es cosa difícil extraviar a un pueblo que en lo general carece de ilustración y de experiencia; en los momentos en que arde en los pechos el amor sagrado de la patria y de la libertad, es cuando se puede conocer la opinión pública. En Francia la Asamblea Constituyente vio en su seno a los más ilustrados ciudadanos; las Cortes constituyentes de Cádiz presentaron igual ejemplar; y si volvemos la vista a los primeros cuerpos legislativos de toda la América, encontraremos que han estado en ellos los hombres únicos que con desinterés deseaban la felicidad de la patria. Lejos de nosotros querer desacreditar los Congresos posteriores; han tenido y tienen en su seno hombres cuyo nombre honrará nuestra historia y que serán un modelo a las generaciones futuras, libres ya del espíritu de partido y en disposición de poder juzgar sin pasiones. Hablamos únicamente con el objeto de manifestar que cuando la opinión pública se declara libremente, que cuando los habitantes de un país que ha gemido bajo la opresión y que acaba de sacudir el yugo buscan los medios de remediar los males que antes sufrieran, entonces las elecciones son el resultado del deseo de mejorar y de establecer la felicidad sobre bases sólidas.

Para sacudir un yugo no se requiere más que sentir; una carga pesada agobia; pero para establecer el sistema que reemplace al duro despotismo, es indispensable tener conocimientos de la ciencia social; para llevar a cabo la obra de la regeneración es preciso formar un espíritu público, es preciso grabar en el corazón de cada individuo que sus leyes deben respetarse como dogmas; en una palabra, es preciso que las luces se difundan al máximum posible. ¿No debía, pues, llamar muy particularmente la atención de los legisladores la enseñanza pública? ¿No será más duradero el edificio social sentado sobre buenos cimientos? ¿De qué sirven, no decimos ya mil leyes de circunstancias, sino buenas, si no se ha de conocer el bien que han de producir? Desengañémonos; de nada sirve un edificio por majestuoso que aparezca, si no tiene base sobre qué descansar. Por sí mismo vendrá a tierra y sepultará bajo sus ruinas a los desgraciados que lo habitan.

§ III.
El objeto de un gobierno es proporcionar a los gobernados
la mayor suma de bienes y ésta no puede obtenerse sin educación

Ninguno llena más este objeto que el republicano; en él son los mismos interesados los que se dan leyes. Como cada individuo tiene su deseo de mejorar su suerte, si es que la disfruta mala, de aumentar su felicidad y de conservarla, debe necesariamente buscar los medios para lograr sus fines. Careciendo de instrucción ¿no será muy difícil que acierte a fijar las reglas que deben sujetar sus acciones y que al mismo tiempo que garantizan derechos también imponen obligaciones? ¿No sería muy difícil que guiado por su interés personal, desconociese el bien de sus conciudadanos? Se requiere algo más que la luz natural para conocer que el bienestar de la comunidad redunda en beneficio propio; y la ignorancia jamás extiende la vista a lo futuro; no calcula sobre las diferentes edades del hombre; cree que es eterna la juventud, o a lo menos los placeres de esta época de la vida. El amor a las ciencias es casi en nosotros la sola pasión duradera, las demás nos abandonan a medida que nuestra máquina comienza a decaer y a medida que sus resortes se relajan. La juventud impaciente vuela de uno en otro placer; en la edad que la sigue los sentidos pueden proporcionar deleites pero no placeres; en esta época es cuando conocemos que nuestra alma es la parte principal de nosotros; entonces es cuando conocemos que la cadena de los sentidos se ha roto, que todos nuestros goces son ya independientes de ellos y que quedan reducidos a la meditación.

En este estado el alma que no apela a sus propios recursos, que no se ocupa de sí misma, experimenta un hastío cruel que le hace amarga la vida. Si intenta buscar placeres que no le son ya propios, tiene el dolor de verlos huir cuando cree acercarse a ellos. La imagen de la juventud nos hace más dura la vida, como que no podemos gozar; el estudio sólo nos cura de este mal y el placer que nos causa nos hace olvidar que caminamos al sepulcro. Es muy útil proporcionarnos goces que nos sigan en todas las edades; es un consuelo tener recursos que nos alivien en la adversidad. Las ciencias solas son las que nos sirven en todas las épocas de la vida, en todas las situaciones en que podemos encontrarnos.

La cultura del espíritu suaviza el carácter, reforma las costumbres. La razón ilustrada es la que sirve de freno a las pasiones y hace amar la virtud. ¿Y no es en el sistema que nos rige donde se requiere más moralidad, más desprendimiento del propio interés? Por eso decía y con razón, el profundo filósofo ginebrino, que si los hombres examinasen de cerca todas las virtudes que se necesitan en un gobierno popular, se confundirían del enorme peso que cargaría sobre ellos. Ser soberano y ciudadano, juez y parte al mismo tiempo, requiere una virtud heroica para desprenderse de los sentimientos del hombre y adornarse en algunos momentos de las cualidades propias de la divinidad ¿Cómo será posible que la naturaleza sola baste en estos casos? ¿No será indispensable que la filosofía haya ganado el corazón para que éste obre con arreglo a lo que exige el bien comunal, independiente del propio?

Estas cortas reflexiones nos parecen suficientes para convencer la necesidad que tenemos de educación pública. Legisladores: a vosotros toca dictar las leyes que la conveniencia nacional exige a fin de proteger la enseñanza. En vuestras manos está remover los obstáculos que contienen en su marcha los adelantos del entendimiento. Nada haréis si vuestro edificio queda sentado sobre cimientos movedizos; vuestra obra caerá por sí misma y todos seremos sepultados bajo sus ruinas.