CLASES DOMINANTES Y CRISIS POLITICA EN LA ARGENTINA ACTUAL
Estas
notas forman parte de un intento de fundar, a partir del materialismo histórico,
la relación específica que se plantea, en la argentina actual, entre el
desarrollo de las contradicciones en el nivel económico-social y en el nivel
político-social. * El supuesto que
opera detrás del análisis es que entre ambos niveles se manifiesta una
diferencia de “tiempos” y que, por lo tanto, el “descubrimiento” de la
contradicción principal en el plano económico-social no implica encontrar a la
misma simultáneamente “desplegada” en el plano político-social. Esa diferencia
de tiempo de la contradicción sólo es eliminada a través de un proceso histórico
y esa es precisamente, la tarea a resolver por toda estrategia revolucionaria
correcta: la fusión de los tiempos disímiles de la contradicción sólo se consuma
plenamente en el período de la revolución social.
El
objeto del trabajo es, por lo tanto, el análisis de la coyuntura; el estudio de
las reacciones de fuerza política en la sociedad argentina. Su finalidad,
inscribirse en la discusión y, por medio de ella, en la práctica de constitución
de un bloque social de poder alternativo al dominante, que se consumará a través de un proceso en cuyo punto de
llegada las contradicciones tal cual se dan en el plano económico-social
coincidirán con las que aparecen en la escena política.
En
el trabajo distinguiremos dos niveles conceptuales. A uno lo llamaremos el de
las “clases sociales”; al otro, el de las “fuerzas sociales”. El segundo no
puede fundarse sino sobre el primero, pero su constitución supone un proceso
histórico relativamente autonomizado.
El
nivel que llamamos de las clases sociales marca “‘la relación de fuerzas
sociales estrechamente ligadas a la estructura objetiva, independiente de la
voluntad de los hombres”. El de las fuerzas sociales marcaría “la fase más
estrictamente política, que señala el neto pasaje de la estructura a la esfera
de las superestructuras complejas (...) la fase en la cual las ideologías ya
existentes se transforman en partido”. (1)
Con
los conceptos de clase social y fuerza social así definidos se conectan,
respectivamente, el de “alianza de clases” y el de “bloque de fuerzas”,
asociados entre sí de la misma manera que lo están los anteriores. Una alianza
de clases supone una articulación de clases y fracciones de clase que el
observador establece como “necesaria”, al margen de la voluntad de los actores,
a través de la adjudicación de “intereses objetivos” en términos de la
contradicción en el nivel de la estructura de una formación económico-social.
Las clases y fracciones así agrupadas conforman, por lo tanto, un específico
“campo de interés”.
El
bloque de fuerzas supone, en cambio, un complejo proceso de constitución en el
que interviene la conciencia y la voluntad de los actores sociales. Su escenario
es la política y su objetivo el poder; allí, las clases sociales (y aun otros
grupos que no podrían ser definidos rigurosamente como tales) actúan a través de
fuerzas sociales, es decir, como producto de un intercambio entre objetividad y
experiencia, entre estructura y superestructura, entre posición objetiva y
organización voluntaria.
Tanto
la alianza de clases como el bloque de fuerzas no son unidades indiferenciadas;
en su interior operan también las contradicciones —aunque de grado secundario— y
la relación entre los componentes no es simétrica: uno de ellos “domina” sobre
el resto. Para marcar esa dominación en el nivel de los proyectos de las fuerzas
sociales, del bloque de fuerzas, cuyo campo de constitución es, como queda
dicho, la política, reservamos el concepto de “hegemonía”. Para el nivel de los
intereses, de las clases, de la alianza de clases, cuyo campo de constitución es
la economía, reservamos el concepto de “predominio”.
En
este sentido, la clase o fracción de clase que es predominante en su campo de
intereses no es automáticamente hegemónica en el bloque de fuerzas. Esto es
válido para cualesquiera de los dos polos de la contradicción principal. Así, la
clase o fracción de clase predominante en el interior de las clases propietarias
puede no ser hegemónica de las otras clases y fracciones pertenecientes a su
mismo campo de intereses. En el otro extremo, clase o fracción de clase sobre
cuya explotación se funda principalmente la dominación puede no ser hegemónica
de las otras clases y fracciones pertenecientes a su mismo campo de intereses.
En el otro
extremo,
la clase o fracción de clase sobre cuya explotación se funda principalmente la
dominación puede no ser hegemónica de las otras clases y fracciones
pertenecientes a su mismo campo de intereses.
Toda
política orgánica de poder tiende a hacer compatible, en cada uno de los
extremos, el predominio con la hegemonía. La asincronía, en uno como en otro,
puede perdurar bastante tiempo: esa situación constituye una de las claves
principales de la coyuntura política argentina.
PREDOMINIO
ECONÓMICO Y HEGEMONÍA POLÍTICA
El
punto de partida de este análisis, al que se toma como dato, es el proceso de
monopolización operado en la estructura productiva
argentina.
En
efecto, a partir de la década del 60 culmina un proceso de monopolización de los
sectores fundamentales de la
economía y de creciente control de las actividades productivas y financieras por
parte del capital extranjero.
Dicho
proceso instala como fracción de clase predominante en el interior de los grupos
propietarios a la gran burguesía industrial, financiera y comercial monopolista,
extranjera o asociada al capital extranjero, desplazando de su predominio
tradicional a la gran burguesía agraria. Nuestra intención no es explicitar los
mecanismos que operan en el interior de la estructura económica, a los que damos
por supuestos, sino examinar la forma de inflexión de esos datos en los otros
niveles de las relaciones sociales, particularmente el
político.
El
predominio de la fracción monopolista en el terreno de la economía supone la
apertura de una nueva etapa que fija las leyes generales de movimiento y
constitución de las fuerzas sociales, al redefinir los campos de interés común
de las clases. Lo que interesa ver, precisamente, es la forma de pasaje entre
predominio económico y hegemonía política, de modo tal que lo económico funcione
efectivamente en el análisis como “determinación en última instancia”, es decir,
como serie de parámetros que fijan los límites de variación posible de las
relaciones de fuerza en los planos político e ideológico.
Una
sociedad no aparece, obviamente, como una yuxtaposición de “niveles
estructurales”, sino como un entretejido de relaciones sociales, de
comportamientos de actores sociales. Parecería redundante recordarlo, pero ante
la ola de nominalismo estructuralista que tiende —al menos en su uso vulgar— a
fetichizar los instrumentos analíticos como si fueran estructuras concretas, la
reiteración no es inútil. La sociedad, recuerda, Marx en su famosa carta de
Annenov de 1846, es “el producto de la actividad recíproca de los hombres”. En
la medida en que esa reciprocidad no está regulada por el azar sino que detrás
de la misma opera una legalidad que le otorga sentido, las distinciones
analíticas que propone el materialismo histórico tienen la finalidad de hacer
inteligible lo que en la representación aparece como un caos. Es a partir de esa
necesidad de explicación que tiene sentido postular que “la sociedad no consiste
en individuos sino que expresa la suma de las relaciones y condiciones en las
que los individuos se encuentran recíprocamente situados” (2) y que vale la
diferenciación entre los “niveles” de la realidad social (estructuras económica,
política, ideológica), entendiéndolos como categorías analíticas, como
dimensiones que ayudan a explicar la interrelación de las estructuras concretas.
La reificación de las categorías conduce, en cambio, a una revitalización del
reformismo —alimentado por una lectura autosuficiente del prefacio de Marx a la
Crítica de la Economía Política — según el cual la historia sería
“producto” de las estructuras, mientras la acción humana, la voluntad, la
experiencia, quedan reducidas a un rol subordinado.
Siguiendo
estos supuestos, la pregunta que, según Gramsci, surge como central en el
marxismo, esto es, cómo de la estructura nace el movimiento histórico, queda sin
respuesta. Paradojalmente, la “rigurosidad” en el tratamiento de las leyes que
rigen la estructura puede transformarse así en virtual indeterminación para el
campo de la política, sobre el que muy poco podría predecirse: por un camino
sinuoso, el determinismo se convierte en espontaneísmo.
El
nivel de análisis elegido para este trabajo es el de las relaciones de fuerza
política, es decir, un espacio en el que operan fuerzas sociales, en el que los
conflictos de clase aparecen transmutados como conflictos entre fuerzas, en el
que las alianzas de clase buscan constituirse como bloque de poder a través de
un proceso relativamente autónomo de la determinación estructural, de un proceso
complicado que califica la discontinuidad existente entre estructura y
superestructura.
Pero
esa distancia, que funda la autonomía de la política, no significa que ésta gire
en el vacío. El análisis en el nivel de la coyuntura supone una caracterización
científica de la etapa económica y de sus consecuencias en el nivel de las
clases sociales. El examen de lo político no puede realizarse a espaldas de lo
económico: se asocia con él, en la medida en que aparece como condición para
medir la desviación o la correspondencia entre los “tiempos” de la
contradicción.
Una
nueva etapa económica supone la definición primaria de nuevos actores sociales,
a la vez que determina reajustes en los campos de interés. En un primer momento
los nuevos protagonistas aparecen definidos objetivamente en el nivel de las
clases; su representación social y política, sin embargo, se demorará. Durante
todo un período el espacio de la política estará primordialmente ocupado por
núcleos residuales, fuerzas sociales y grupos políticos demorados cuyas
respuestas apuntan a preguntas planteadas durante la etapa anterior y que sólo
en ella podían ser satisfechas. Estos rezagos que desvían o amortiguan las
nuevas líneas de conflicto social planteadas por los cambios en la economía,
pueden ser, en el corto plazo, factor principal de las decisiones políticas:
desautorizados históricamente en el nivel estructural, “vaciados” ya de
contenido si se los observa desde el futuro, suelen manifestarse como
protagonistas principales en el plano político presente.
Una
situación en que los nuevos encuadramientos de clase no se encarnan en fuerzas
sociales que se correspondan con ellas no es excepcional: una etapa se cierra
primero en el plano económico-social que en el plano
político.
Nuestra
hipótesis central es que esa situación se da hoy en la sociedad argentina con un
arrastre de casi dos décadas: desde mediados de los años cincuenta, cuando entra
en crisis el ciclo de industrialización sustitutiva, al ritmo del cual se
desarrollaron, durante veinte años, las fuerzas productivas en el
país.
Nuestro
punto de partida para el análisis de una sociedad y de una coyuntura es la lucha
de clases. Desde la perspectiva del materialismo histórico sólo ese examen nos
permite determinar la contradicción principal, las contradicciones secundarias o
subordinadas y las relaciones entre ambas. Descubrir la contradicción principal
supone, según Mao, “descartar la arbitrariedad subjetiva”; su dilucidación se
mueve por lo tanto en el nivel objetivo, el de los campos de interés, el de las
clases, sus enfrentamientos y sus alianzas. Gramsci calificará este momento como
el primer grado en el análisis de la relación de fuerzas, “que puede ser medida
con los sistemas de las ciencias exactas o físicas”. (3)
Este
nivel es fundante pero no agota el análisis de la realidad, no nos instala aún
en el espacio político de la
lucha de clases. “El desarrollo de los aspectos contradictorios en cualquier
contradicción es siempre desigual”, señala Mao, y esa desigualdad, que marca los
aspectos principal y secundario de la contradicción, tiene que ver con la
voluntad, penetra en el nivel de las superestructuras. “En un proceso
determinado o en una etapa determinada del desarrollo de una contradicción, el
aspecto principal es A y el aspecto secundario es B, pero en otra etapa o en
otro proceso, los papeles se invierten; éste cambio está determinado por la
extensión del crecimiento o disminución de la fuerza con que cada uno de los dos
aspectos lucha contra el otro en el desarrollo de las cosas” (4). Sólo el
“esfuerzo de los revolucionarios”, anota Mao, hará que las circunstancias
desfavorables se truequen en favorables.
Estamos
ya en el segundo grado gramsciano del análisis de la relación de fuerzas, el
político que valora, de acuerdo con Gramsci, “el grado de homogeneidad,
autoconciencia y organización alcanzado por los diversos grupos sociales”. Es
decir, entramos en el nivel de las fuerzas sociales, en el de la
correspondencia, analizada como proceso, entre estructura y
superestructura.
LA
CONTRADICCION PRINCIPAL EN LA ARGENTINA
Es
a partir del análisis de esa “realidad rebelde” que, en términos gramscianos
conforma el primer grado de la relación de fuerzas, que puede determinarse
objetivamente el “tipo” de sociedad (abarcando en la definición simultáneamente
la “contradicción principal” y las “contradicciones secundarias” que operan en
el nivel estructural), así como el “tipo de revolución” que tal sociedad puede
plantearse con realismo.
Este
análisis incluye, desde el momento en que el capitalismo es un sistema mundial,
no sólo las relaciones
sociales
objetivas que predominan en el interior de cada sociedad nacional, sino los
nexos que ligan a ésta con el sistema internacional capitalista, entendiendo a
éste no como “la yuxtaposición de sistemas capitalistas nacionales”, sino como
una red integrada de relaciones cuyo eje es la acumulación a escala mundial.
(5)
La
Argentina formaría parte, así, del conjunto de sociedades capitalistas
dependientes. Decimos que es capitalista porque tanto en la ciudad como en el
campo, predominan abiertamente las relaciones capitalistas de producción,
distribución, consumo e intercambio. Partiendo de este análisis de la lucha de
clases en el plano social, la contradicción principal aparecería como
contradicción entre fuerza de trabajo y capital, entre proletariado y burguesía,
de acuerdo con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y el tipo de
relaciones de propiedad dominantes.
Pero
añadimos que la sociedad argentina es dependiente, esto es, forma parte de los
países llamados del “Tercer Mundo”, insertados en una división internacional del
trabajo establecida por las naciones imperialistas. La dependencia que oprime a
la Argentina sería así una relación de subordinación entre naciones formalmente
independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones
subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada
de la dependencia” (6). Para algunos, el significado de la dependencia sobre la
sociedad argentina como totalidad sería de tal magnitud, que la contradicción
principal se redefiniría como antagonismo entre Nación e
Imperialismo.
En
buena medida, tácita o explícitamente, la discusión de las estrategias políticas
revolucionarias gira alrededor de esas posiciones extremas que, al ubicar ambas
el eje de la lucha de clases en el marco nacional y no en el del capitalismo
como sistema mundial, disocian alternativamente a los dos componentes de la
definición, enfatizando sea el capitalismo como sistema nacional de
estratificación o a la dependencia como sistema mundial de
estratificación.
Lo
correcto parece ser encontrar el punto en que ambas variables se articulan, tal
como lo plantea la moderna teoría marxista de la dependencia: “la controversia
—señala Amin— podrá superarse únicamente si se considera que la lucha de clases
no se desenvuelve dentro de los cuadros nacionales, sino en el cuadro del
sistema mundial” (7).
Empíricamente,
para el caso argentino, que es un grado dentro de la escala de capitalismo
dependiente, ese plano de articulación sólo puede encontrarse a través del
examen de las características con que opera actualmente el capital imperialista,
superada la etapa de dependencia con relación a Gran Bretaña y de crecimiento
“hacia afuera” de las fuerzas productivas. Desde ese momento, ubicable muchas
décadas atrás, el imperialismo dejó de ser un factor primordialmente “externo”
para transformarse básicamente en “interno”, en pivote estructural de la
economía. La Argentina siempre ha sido una sociedad con escaso poder de
decisión, pero esa subordinación, actualmente, se ha “interiorizado” mucho más,
fusionando al imperialismo con la estructura productiva local más desarrollada:
no estamos enfrentando solamente a una “bomba de succión” exterior al sistema
sino a un componente interno, expresado en el control del capital extranjero
sobre los centros más dinámicos de la actividad industrial, constituido así en
factor decisivo para la expansión de las relaciones capitalistas de
producción.
A
partir de esta característica, la contradicción principal en la Argentina se
establece por el antagonismo entre dos campos de interés, dos alianzas de clase,
lideradas respectivamente por el capital imperialista enraizado en la estructura
productiva y por la fracción del proletariado directamente explotada por él.
Extendiendo
a la sociedad global la definición que Serge Mallet utiliza específicamente para
el mundo obrero, esta contradicción entre burguesía monopolista y proletariado
industrial, en el espacio de la fábrica dominada por el capital imperialista,
constituiría —claramente desde los años 60— el “nudo estructural” de la
sociedad, el terreno de constitución de las principales fuerzas en
pugna.
Ambos
sectores predominarían, a su vez, en el interior de sus campos de interés sobre
otras clases o fracciones, por lo que un segundo paso en el análisis debe lleva
a determinar empíricamente la composición específica de cada una de estas
alianzas, así como las contradicciones secundarias que operan en el interior de
cada una de ellas.
Pero
todo esto, por más refinado que resulte el análisis (y está claro que cuanto más
lo sea mejores podrán resultar a posteriori las conclusiones políticas) nos
mantendrá todavía en el examen del nivel económico-social de la contradicción,
sin relacionarlo con la diferencia de “tiempos” que lo alejan de los otros
niveles. Lo que nos marcaría es “el grado de realismo y posibilidad de
realización” (Gramsci) de las luchas políticas e ideológicas; es decir, la
“determinación en última instancia” del movimiento de lo económico sobre el
movimiento de las otras instancias.
Pasar
de ese nivel al de las relaciones de fuerza políticas supone una discontinuidad,
una ruptura: en el plano del examen de coyuntura decir que la contradicción
principal en la Argentina actual se da entre proletariado y capital imperialista
es sólo fijar un punto de partida no un punto de llegada, en tanto éste sólo
puede hallarse en el espacio de la lucha concreta por el poder político. Pero, a
la vez, la eficacia de esa lucha desde el punto de vista revolucionario no puede
fundarse sin tomar como básico como determinante, al nivel económico-social de
la contradicción. No hay, en una palabra, posibilidad de constitución de un
bloque social de alternativa destinado a reemplazar revolucionariamente al
estado actual, sin un “descubrimiento” científico de las alianzas de clases que
expresan campos de intereses antagónicos y del papel predominante que en una u
otra de ellas tiene objetivamente una fracción de esas clases. Y esto, porque la
base de toda estrategia eficaz es el logro de la correspondencia entre el nivel
económico-social de la contradicción
y el nivel político-social.
Esta
relación entre niveles no siempre aparece articulada en la discusión política e
ideológica de los grupos que en la Argentina se postulan como revolucionarios.
La trabazón entre las dos instancias de la contradicción se disocia, sea en un
socialismo que puede acertar en el pronóstico a largo plazo pero que se muestra
ineficaz para operar en la coyuntura, o en un politicismo que puede acertar en
la descripción del momento presente pero que por desconocer toda ley que opere
más allá de la realidad visible, resulta incapaz de proyectar una estrategia
ofensiva a largo plazo.
El
camino propuesto por el marxismo, cuando opera como teoría de la historia y como
principio de dirección política, es otro: relacionar los dos niveles, establecer
desde el punto de vista de la clase que lidera el campo objetivo de la
revolución cuál es el grado de correspondencia que existe entre sus intereses y
su actualización en el espacio de la política de poder. Y estudiar también el
mismo proceso en el otro campo, relacionar predominio y hegemonía en el interior
del otro bloque. Por ello, todo análisis de coyuntura (y una línea política no
es otra cosa que eso) supone integrar el examen del sistema de contradicciones
—de la lucha de clases— tal cual se da en la estructura (para definir así el
“tipo” de revolución y las condiciones de constitución de las fuerzas sociales)
con la especificación de los aspectos principal y subordinado de ese sistema de
contradicciones, esto es, con la discriminación acerca de la relación de fuerzas
políticas tal cual ella se da, que es lo que marca en definitiva la
característica de la etapa. Es en ese sentido que el análisis de coyuntura
fusiona sociología y política.
EL
EMPATE HEGEMONICO
Hemos
considerado la contradicción principal en la Argentina de hoy como aquella que
enfrenta al proletariado con el capital monopolista. Pero, especificando una
definición política de la etapa actual, agregamos ahora que las líneas generales
del proceso desde 1955 se encuadran dentro de lo que llamaríamos fase de no
correspondencia entre nueva dominación económica y nueva hegemonía
política.
Con
esta definición nos ubicamos en el plano en que ya se articulan los niveles
económico y político: el de la determinación del aspecto principal de la
contradicción. El supuesto es que dicho aspecto está desempeñado en la coyuntura
argentina por el conjunto de las clases dominantes y por las fuerzas sociales
que las representan, las cuales, aunque con dificultades para resolver dentro de
su bloque el problema de la hegemonía, se hallan en una etapa de ofensiva en la
que por momentos aparecen —como resultado de las presiones de las clases
dominadas y de las contradicciones que operan en el interior del bloque
dominante— situaciones de equilibrio de fuerzas, que, como en el presente pueden
dar lugar a un repliegue político del capital monopolista.
Todo
este período en el que la iniciativa política puede encuadrarse dentro de los
intentos de la fracción monopolista del capitalismo por transformar su
predominio económico en hegemonía, se resume en los siguientes rasgos
característicos:
1-
Situación de ofensiva general de las clases dominantes.
2-
Fragmentaciones en el interior de ese bloque como resultado de la aparición de
contradicciones de tipo secundario entre las clases y fracciones que lo
integran;
3-
Proyección de esas fragmentaciones en el plano político (lucha por la hegemonía)
a través de la aparición de proyectos alternativos y de división y reparto de
control sobre distintos aparatos sociales (Fuerzas Armadas, partidos políticos,
burocracia sindical, etc.).
4-
Situación de “empate hegemónico” —que en los momentos críticos asume formas de
“vacancia hegemónica”— en el interior del bloque, aunque a la larga el proceso
opere en favor de la fracción económicamente dominante —el capital monopolista—
a un costo mayor que el esperado.
Esta
descripción de los rasgos más característicos de la etapa está concebida a
partir de las clases dominantes, porque su ofensiva marca el aspecto principal
de la contradicción. Parecería, por lo tanto, que las clases dominadas no tienen
ninguna presencia política y no ejercen, correlativamente, ninguna influencia en
los desplazamientos que se operan en el poder, en la incapacidad que manifiesta
el sector predominante para transformarse en hegemónico.
La
situación, por supuesto, no es ésta, ni teórica ni empíricamente. Todo análisis
de coyuntura es análisis de una relación entre fuerzas dominantes y
dominadas, en que el movimiento de unas supone el desplazamiento de otras. Por
ello, si una etapa puede ser leída analíticamente desde dos ópticas, en la
perspectiva de las clases dominantes y en la de las clases dominadas siempre, en
la realidad, una aparece como reverso de la otra, como pares que se condicionan
mutuamente y que sólo analíticamente pueden ser aislados.
Cuando
caracterizamos, por ejemplo, a la situación argentina como una situación de
asimetría entre predominio económico y hegemonía política, estamos haciendo
referencia, en términos de las clases dominantes, a la existencia de una
situación de “crisis orgánica”. Pero una situación de crisis orgánica es
siempre, potencialmente, para las clases dominadas, una “situación
revolucionaria”. En este sentido, los rasgos de una y otra se
complementan.
Para
Gramsci, una crisis orgánica es aquella en que “los partidos tradicionales con
la forma de organización que presentan, con aquellos hombres que los
constituyen, representan y dirigen ya no son reconocidos como expresión propia
de su clase o de una fracción de ellas” (8). Esto origina una “crisis de
autoridad” que tiende a reforzar “la posición relativa del poder de la
burocracia (civil y militar), de las altas finanzas, de la Iglesia y en general
de todos los organismos relativamente independientes de las fluctuaciones de la
opinión pública”.
El
punto de partida de una “situación revolucionaria” según Lenin se define por
rasgos parecidos: “crisis en las alturas” y crecimiento de la movilización (9).
Pero lo que Lenin enfatiza en ese texto son las condiciones para que esa crisis
de hegemonía, que desde la perspectiva de las clases dominadas conforma una
situación revolucionaria, se transforme en crisis
revolucionaria.
Nuestro
esfuerzo se orientará hacia el enfoque de la situación en términos de crisis
orgánica, es decir, en un nivel en el que la presencia de las clases
dominadas opera sólo en un segundo plano.
En
estos términos, una caracterización particularizada de la coyuntura actual se
resumiría en estos rasgos:
1-
Mantenimiento crónico de una situación de crisis orgánica que no se resuelve
como nueva hegemonía por parte de la fracción capitalista predominante ni como
crisis revolucionaria para las clases dominadas.
2-
Predominio de soluciones de compromiso en las que “fuerzas intermedias”, que no
representan consecuentemente y a largo plazo los intereses de ninguna de las
clases polares del “nudo estructural” ocupan el escenario de la política
como alternativas principales, aun
cuando su constitución sea residual y su contenido heterogéneo inexpresivo de
las nuevas contradicciones generadas por el desarrollo del capitalismo
monopolista dependiente en la Argentina.
Con
estos alcances tendría sentido una definición de la situación de hoy en el plano
político-social como de
“empate”: “Cada uno de los grupos tiene suficiente energía como para vetar los
proyectos elaborados por los otros, pero ninguno logra reunir las fuerzas
necesarias para dirigir el país como le agradaría”.
Nuestra
hipótesis es que a raíz de esa situación se halla en que ninguna de las clases
sociales que lidera los polos de la contradicción principal (capital
monopolista/proletariado industrial) y que son por ello objetivamente dominantes
en su respectivo campo de alianzas ha logrado transformarse en hegemónica de un
bloque de fuerzas sociales.
El
golpe de Estado del 28 de junio de 1966 significa en la historia política
argentina algo más que un mero relevo de gobierno por vía de la típica
insurrección cuartelera latinoamericana: se trata del intento más decidido
realizado hasta hoy por la fracción dominante en el nivel económico-social, para
superar a su favor una situación de crisis orgánica y transformar ese predominio
en hegemonía.
Su
punto de partida es, en ese sentido, similar al del alzamiento militar ocurrido
en Brasil en 1964. Los resultados sin embargo, han sido distintos: mientras en
Brasil el capital monopolista logró, a través de la consolidación de una
oligarquía militar-industrial, superar la “crisis de autoridad” en la Argentina
la crisis hegemónica se mantiene en los términos iniciales, aun cuando en el
nivel económico el predominio del capital monopolista se haya acentuado desde
entonces.
Pero
esa potencia económica no pudo transformarse en potencia política; los nuevos
grupos dominantes en el terreno de la producción no fueron grupos dominantes en
el terreno de la producción no fueron capaces de crear nuevas fuerzas sociales
estables que los representaran o de utilizar a su favor las prexistentes. Su hegemonía sólo se
expresó en la fase en que, dentro de la relación permanente violencia-consenso,
predominó abiertamente la primera, es decir, hasta mediados de 1969. Pero cuando
esa violencia engendró su réplica, la fórmula de poder a diferencia del caso
brasileño, se desequilibró. El intento por buscar, a partir de ese fracaso,
nuevos mecanismos consensuales, tampoco tuvo éxito: hoy, en la escena política
vuelven a dominar los desalojados en 1966, con lo que la situación de crisis
orgánica que provocó el estallido de la “Revolución Argentina” sigue en pie,
agravada para el capital monopolista por la participación que en el bloque
político triunfante el 11 de marzo tienen fuerzas que representan abiertamente
tendencias socialistas, fuerzas cuya movilización fue decisiva para la victoria
electoral, pero cuyo nivel de organicidad es aún bajo.
Los
protagonistas centrales de ese movimiento pendular sin triunfadores políticos
netos son, en el primer nivel estructural, el capital monopolista extranjero o
asociado con el imperialismo; el capital nacional y una rama particularmente
importante de éste, la burguesía agraria. Políticamente estos grupos se han
expresado predominantemente a través de cuatro actores: los partidos políticos,
las Fuerzas Armadas, la burocracia sindical y una nueva conjunción que
llamaremos el “establishment”, integrado por tecnócratas y por representantes
directos de capital monopolista que al margen de los partidos, asumen roles de
élite política.
La
coyuntura arranca con una ofensiva hegemónica del capital monopolista que se
consolida, en el primer período de la Revolución Argentina durante el lapso que
podríamos personalizar en la pareja Onganía-Krieger Vasena. En esa etapa
efectivamente, el predominio del capital monopolista se transformó en hegemonía
dentro del bloque dominante, y el capital nacional y la burguesía agraria
debieron supeditarse políticamente a él. Ello se logró a través del
establecimiento de una nueva fórmula de poder que arrasó con el régimen de
partidos y lo suplantó con una coalición entre las Fuerzas Armadas y el
establishment, la que se intentó
agregar a la burocracia sindical.
Esta
fórmula aparecía como la respuesta más coherente en el nivel de las fuerzas
sociales para las necesidades que la lógica del desarrollo capitalista venía
planteando desde tiempo atrás. Queremos decir con ello que los contenidos del
movimiento de 1966 estaban ya larvadamente diseñados cuando encontró su techo, a
mediados de la década del 50, el modelo de crecimiento capitalista vigente hasta
entonces. A partir de ese momento la historia de las clases dominantes
argentinas es la historia, zigzagueante, de la búsqueda de ajustes entre las
nuevas condiciones económicas y las estructuras políticas.
Estas
nuevas condiciones económicas suponen la necesidad de un proyecto de crecimiento
a largo plazo caracterizado por cambios de orientación en la política frente al
capital extranjero, frente a la promoción industrial
y
frente a la política laboral, tendientes a favorecer un modelo de acumulación
adaptado al crecimiento de los sectores monopolistas.
Una
orientación de ese tipo en los grupos predominantes de la burguesía es posible
comenzar a detectarla, a partir de la crisis de 1952, como un intento dirigido
desde entonces a concluir con la política distribucionista y con la ineficacia
de las empresas surgidas al amparo del proteccionismo y del proceso
inflacionario y a utilizar el poder del Estado para obtener el desarrollo de las
economías externas requeridas por su propia dinámica de crecimiento, sólo
posibles a través de una acción pública que incrementase las inversiones en
obras de infraestructura y, por lo tanto, racionalizara el desempeño del Estado
mediante la eliminación de gastos improductivos.
Ese
proceso no encontró, durante años,sino ecos adormecidos en el poder político,
siendo que, como en todo salto en el desarrollo capitalista el papel a cumplir
por el Estado resultaba una variable imprescindible. Finalmente, en 1966, como
antes en 1930 y en 1943, fueron las Fuerzas Armadas quienes, encaramándose en el
proceso de desarrollo del capitalismo, disolvieron las estructuras políticas
anteriores y se transformaron en dinamizadoras de la nueva
etapa.
Las
Fuerzas Armadas completan así en 1966 un ciclo político cuya primera versión
había estallado en 1955 con el derrocamiento del nacionalismo popular peronista,
operado cuando tenían lugar los primeros síntomas de la crisis. Desde ese
momento, es decir, desde al agotamiento del tramo industrializador sustitutivo
de importaciones de manufactura liviana, se planteaban para el futuro del
capitalismo en la Argentina dos alternativas básicas. Una, forzar la marcha
llevada hasta entonces por el peronismo hacia un modelo de desarrollo basado en
una sólida alianza entre el Estado y el capital nacional para estatizar los
centros fundamentales de acumulación.
Otra,
crea las condiciones para una etapa del desarrollo capitalista en la Argentina,
mediante la implementación de políticas que, acentuando la dependencia, fueran
capaces de garantizarle a los sectores más concentrados el control de la
economía.
Quedaba,
por supuesto, una tercera y residual alternativa: la instrumentación de una
política de compromisos constantes entre las clases y fracciones de clase
dominantes por la que el Estado se transforma en una suerte de campo neutro
donde todas ellas compiten, obteniendo beneficios inmediatos según la fuerza de
su presión.
El
derrocamiento del nacionalismo popular descartó la posibilidad de un desarrollo
vía capitalismo de Estado, pero también condujo al establecimiento de una nueva
hegemonía mediante la cual el conjunto de las clases dominantes acatara la
dirección del capital monopolista.
En
primer lugar, porque en el nivel económico el proceso de predominio de capital
monopolista no estaba aún consolidado y el poder de las otras fracciones de
clase, en especial la burguesía agraria, era muy grande. En segundo lugar,
porque la fórmula de poder se construyó alrededor del consenso que podían
prestar los partidos políticos, ligados en su mayoría con los proyectos de
capital nacional y la burguesía agraria.
Esta
fórmula de poder, en la que los partidos políticos debían jugar un rol
protagónico, fracasó: la llamada “Revolución Libertadora” de 1955 fue, quizás,
el último intento orgánico de la burguesía agraria por mantener un rol
hegemónico en el bloque dominante.
Sobre
ese fracaso aparece en 1958, la alternativa de Frondizi. Básicamente el gobierno
de Frondizi es un capítulo del proceso de maduración de los intentos hegemónicos
de capital monopolista y del afianzamiento de su predominio en el terreno
económico, por el aliento dado entonces a la radicación de inversiones
extranjeras.
En
el plano político la etapa supone la emergencia, en la fórmula de poder que se
busca instaurar, de nuevas fuerzas sociales: el establishment, que comienza a
asumir roles importantes en el aparato del Estado, y la burocracia sindical.
Entretanto, el sistema de partidos políticos es relegado a un segundo plano,
hasta el punto que incluso se arrastra a una virtual disolución al propio
aparato partidario oficialista: el “frondizismo” es mucho más “desarrollismo”
que “radicalismo intransigente”.
El
intento de estabilizar una nueva fórmula de poder, sin embargo fracasó. En un
plano, porque pese a permitir el avance de capital monopolista sobre las otras
fracciones buscó constituirse en factor unificador de conjunto
de
la burguesía. La hegemonía de capital monopolista supone el sacrificio de
sectores de las clases dominantes; en la experiencia llevada a cabo entre 1958 y
1962 se trató en cambio, de articular una política que mantuviera
simultáneamente los niveles de protección para el capital nacional, que siguiera
transfiriendo ingresos a la burguesía agraria y que garantizara altos beneficios
para el capital monopolista.
Todo
ello, en los hechos, se contrarrestaba y traía como consecuencia un
acentuamiento de la ineficacia del sistema en términos de su funcionalidad para
la fracción predominante. Como modelo, el propuesto por el desarrollismo quedó
así como un intento pragmático de compromiso entre todos los grupos dominantes
locales y el capital extranjero. A diferencia del ciclo de la Revolución
Libertadora, que sólo intentó resarcir a la burguesía agraria y al imperialismo
de las pérdidas que le infligiera el nacionalismo popular, el frondizismo
proyectó ir más allá y superar los límites ya exhaustos de la industrialización
liviana, mediante el pasaje a una etapa de desarrollo de ramas industriales más
estratégicas. Pero ese objetivo sólo puede lograrse, en el cuadro de las
relaciones capitalistas, entregándole al Estado las llaves de la acumulación o
poniendo al Estado al servicio del capital monopolista. Al fracasar en sus
objetivos económicos por su incapacidad para consolidar un proyecto consistente,
el frondizismo fracasó también en la construcción del esquema del poder: no pudo
satisfacer las necesidades que planteaba la coalición con la burocracia sindical
ni con las Fuerzas Armadas, no satisfizo totalmente al establishment y no logró
construir una alternativa frente al sistema de partidos políticos que se le
oponían desde la tribuna parlamentaria. Cuando a principios de 1962 fué
desalojado, su legitimidad era nula y el vacío hegemónico se planteaba. Quedaba
como saldo, como soporte para la nueva etapa, el fortalecimiento de las
posiciones económicas del capital monopolista. Pese a ello, los primeros pasos
del régimen militar posfrondizista parecieron marcar una resurrección de la gran
burguesía agraria. Duró poco: el ministerio de Economía de Federico Pinedo, en
1962 fué como el último estallido victorioso de una ofensiva de la vieja
oligarquía.
Tras
ese episodio surge una suerte de “ensayo general” en el que dos de los
protagonistas principales del movimiento militar de 1966 aprontan sus efectivos;
la constitución de una nueva élite político-militar, el ascenso a funciones de
gobierno de una burocracia formada por tecnócratas y asesores del capital
monopolista, esto es, la coalición entre establishment y Fuerzas Armadas que
caracterizará el primer tramo de la Revolución Argentina, tiene su anticipo en
el gobierno de José María Guido, entre 1962 y 1963.
Pero
esta élite no estaba, sin embargo, lo suficientemente fortalecida en 1963 como
para otorgar salida hegemónica a un proceso que en lo económico ya estaba
maduro. Es sobre la base de esta reiteración de una vacancia, que los partidos
políticos resurgen de sus cenizas y forjan el gobierno de Arturo Illia; tras
ellos el capital nacional y la burguesía agraria, sus tradicionales soportes
históricos, recuperan posiciones perdidas y, entre 1963 y 1966, jaquean, a veces
con éxito, al capital monopolista que carecía de expresión política
estable.
Pero
este triunfo de los partidos políticos y de las clases que son expresadas por
ellos debía ser efímero: iba a contramano de la lógica del desarrollo
capitalista, suponía un desfasamiento demasiado grande entre economía y
política.
Los
partidos políticos, como categoría institucional, suponen la vigencia de un
sistema particular de toma de decisiones. Ese sistema incluye, básicamente, un
escenario y determinadas condiciones para su constitución: el escenario es el
parlamento y su condición de existencia, la consulta electoral periódica. En la
Argentina, dadas las características de reclutamiento de la “clase política”,
los partidos tienden a ser la expresión política predominante del capitalismo
nacional, urbano y rural.
El
parlamento es así una tribuna en la que confluyen múltiples intereses
“particularistas”, el único recinto en el que las clases y fracciones de clase
económicamente subordinadas en la alianza dominante pueden llegar a predominar
políticamente. En esa suma de intereses particularistas expresados en el
parlamento, se incluyen también los del capital monopolista, pero la condición
para su coexistencia es el estado de compromiso permanente. Un compromiso que
debe abarcar además, en alguna medida, a las clases populares, porque las
consultas electorales periódicas suponen la asunción, aunque fuere retórica, de
intereses “universalistas”. En el parlamento, el capital monopolista es llevado
a la mesa de negociaciones y su presencia en ella es subordinada. La elaboración
de un proyecto hegemónico no pasa por su presencia en ese escenario: se desplaza
hacia otros centros de decisión política: las Fuerzas Armadas, la tecnocracia
ubicada en el aparato del Estado y la burocracia sindical, con la que está
relacionada por el “toma y daca” del conflicto económico.
El
proceso lleva a los partidos políticos y a las instituciones en que ellos actúan
a girar en el vacío. Un resultado que en la Argentina no fue difícil de
conseguir dada, por añadidura, la situación de proscripción política de las
grandes masas populares que no se sentían representadas a través del sistema de
partidos. Este hecho, sumado a la carencia de representatividad de los intereses
económicamente predominantes, llevó en 1966 al completo desgaste
institucional.
Cuando
en junio de ese año los militares toman por asalto el poder y utilizan como una
explicación de su alzamiento el deterioro de los partidos políticos decían una
verdad: su “crisis de autoridad” era total. La acumulación de capital, el
incremento de la eficacia del sistema económico, la racionalización de las
actividades públicas, eran demandas que se asentaban sobre la lógica del
desarrollo capitalista: ellas imponían nuevas políticas, contradictorias con las
aspiraciones de las masas populares y con los intereses de las clases
económicamente subordinadas de bloque dominante. No estaba en la capacidad del
sistema de partidos asumir esas tareas: es a ese cuello de botella político de
desarrollo capitalista que el golpe de junio viene a poner
fin.
A
LA BÚSQUEDA DE UNA NUEVA HEGEMONÍA
El
plan monopolista en la economía tiene como correlato, en la política, a un
modelo de Estado autoritario que concentre el poder asociando los núcleos de
decisión económica con los de decisión política. La nueva organización del
capitalismo, en la que el Estado debe jugar un fuerte papel intervencionista
como dinamizador de la economía, obliga a concentrar el poder fragmentado. El
Parlamento —institución concurrencial en la que los partidos son portadores de
las presiones de todas las fracciones en que se divide la clase dominante—
pierde así vigencia: en ese mercado político, desfasado con respecto al mercado
económico, los desplazados suelen ser los vencedores. La lógica del desarrollo
monopolista no tolera ese desencaje entre economía y política: el Parlamento y
los partidos, por ello desaparecen
o se subalternizan y en su lugar emerge la autoridad presidencial y la presencia de los
tecnócratas y aun de los propios gerentes del capital en las cúspides de la
burocracia.
Esta
ley se expresa en cada sociedad según características particulares. En la
Argentina de 1966 fueron las Fuerzas Armadas sus agentes desencadenantes, al
tomar el poder para garantizar, de hecho, las condiciones políticas de la
dominación monopolista. Al lado de las Fuerzas Armadas, la nueva hegemonía quiso
fundarse con el agregado de otras dos fuerzas sociales: el establishment y la
burocracia sindical. En esa asociación debía encontrarse una fórmula de poder
que fuera expresiva, en el plano político, de la etapa capitalista monopolista
dependiente. Pero ese alineamiento nunca pudo estructurarse como una verdadera
coalición, con lo que el proyecto hegemónico manifestó siempre extrema
vulnerabilidad hasta estallar, por fin, en 1970: enfrentados a una fusión de
contradicciones que abarcaba a fracciones desplazadas pertenecientes a las
clases dominantes y al conjunto de las clases dominadas y que se expresaba en lo
económico, en lo político y en lo ideológico, los soportes socio-políticos del
plan monopolista vacilaron, volviendo a crear un vacío de
autoridad.
En
su discurso de marzo de 1967 anunciando la nueva política económica, Krieger
Vasena, cabeza del establishment asentado en el poder, había fijado los rasgos
del proyecto y anticipado sus consecuencias sociales: “Lo que buscan las
autoridades del país es evitar la transferencia de ingresos en gran escala de
unos sectores a otros. Dentro de cada sector se desea premiar a los más
eficientes y que este premio sea el resultado de su propio esfuerzo”.
(11)
El
reinado del capital monopolista, entendido como proyecto racionalizador del
sistema, supone —y ese era el sentido de las palabras de Krieger Vasena— la
eliminación de lo periférico, de lo “artificial”. Si la primera etapa de
industrialización, a través de la sustitución de importaciones, permitió la
coexistencia de distintas fracciones de las clases dominantes gracias a que, en
el marco de un rápido crecimiento de las fuerzas productivas, todas tuvieron
asegurado el acceso a una porción del mismo, la etapa monopolista supone, en
cambio, tensiones y rupturas graves en el interior de los sectores
propietarios.
No
repetiremos acá un análisis de la implementación del plan monopolista en cuanto
hace a sus mecanismos económicos, aspectos sobre el que existe ya una importante
bibliografía: nuestro objeto son sus consecuencias sociales y, por lo tanto, la
forma en que se redefinen campos de interés y se desplazan los puntos de ruptura
políticos.
Si
desde la perspectiva de los asalariados el plan monopolista trae apareada una
política de shock que desde sus primeros tramos rebaja brutalmente sus ingresos
reales, en el interior de las clases dominantes la hegemonía de la fracción
monopolista en la Argentina 1966 supuso una transferencia en la distribución de
la plusvalía en perjuicio de la burguesía pequeña y mediana y de la llamada
“oligarquía agropecuaria”, proceso al que se superpuso un flujo constante de
ingresos en favor del Litoral en detrimento del Interior.
Una
política de tal modo agresiva, que busca quebrar una situación de “empate”, no
puede desatarse sino a través del respaldo de la violencia desnuda, montada
sobre una estructura vertical, autoritaria del Estado. El supuesto teórico —en
la medida en que la pura violencia no puede sostenerse como una situación
“normal” en una sociedad compleja— es que los primeros “sacrificios”, tras una
etapa de disciplina forzosa pueden superarse a no muy largo plazo y crearse las
bases para una ampliación del consenso.
En
efecto, es condición para la realización política del modelo, que los reajustes
en el nivel económico lleven a una racionalización y “modernización” del sistema
social, capaz de generar una rápida expansión de las fuerzas productivas, una
acumulación de riqueza con la que se podrá “premiar” luego, selectivamente, a
distintos estratos en términos de su comportamiento
eficiente.
Este
supuesto es el que le da sentido al esquema de los “tres tiempos” formulado en
1966 por los teóricos de la Revolución Argentina. En realidad, el “tiempo
económico”, el “tiempo social” y el “tiempo político” por los que debía
atravesar ordenadamente la sociedad, pueden ser traducidos como una sucesión
ideal de dos etapas: en el modelo monopolista operaría primero un momento de
Acumulación (de riqueza y poder) que supone el sostén del autoritarismo armado a
la reestructuración económica en beneficio de los monopolios y un momento
posterior de Distribución en el cual, diferencialmente, se repartirían entre
otros sectores porciones de la riqueza acumulada y se regularían formas
controladas de participación de esos sectores en el poder.
El
plan monopolista organiza así una carrera contra el tiempo y su éxito o su
fracaso dependen de la velocidad de movimiento de dos factores: el rechazo al
proyecto por parte de los perjudicados y la recolección de los frutos del plan,
para permitir los necesarios reajustes consensuales. En la Argentina el primer
factor desbordó al segundo obligando, desde mediados de 1969, a un repliegue del
proyecto hegemónico monopolista, ante una convergencia de variables económicas,
sociales y políticas que acumularon diversos puntos de ruptura. Los principales
soportes político-sociales del plan de los monopolios, que podían acompañar al
establishment en la estructuración del nuevo proyecto hegemónico —las Fuerzas
Armadas y la burocracia sindical— vacilaron frente a la marea de contradicciones
concentradas: el “Cordobazo” hirió de muerte a esta primera versión de la
hegemonía monopolista.
LA
NUEVA CRISIS POLITICA
Efectivamente,
el Cordobazo del 29 de mayo de 1969 desnuda la fragilidad del nuevo proyecto
hegemónico e inaugura, a nuevos niveles, otra etapa de crisis política. Pero la
diferencia con 1966 es notoria: ahora la crisis es primordialmente social;
supone un estado general de movilización de las clases populares, en el que
aparecen formas orgánicas de contenido socialista como primera respuesta a las
nuevas contradicciones sociales argentinas. Es a partir del Cordobazo que la
lectura de la crisis puede caracterizarse legítimamente no sólo en término de
los conflictos en el interior de las clases dominantes, sino también
como“situación revolucionaria” en la definición leninista: cuando las masas son
empujadas “a una acción histórica independiente”.
Por
eso la crisis actual coloca en primer plano para las clases dominantes y las
fuerzas sociales que las expresan el problema del control de esa movilización,
en tanto ésta es el embrión de un nuevo movimiento social que busca aún su
expresión política orgánica. Por eso también en esta etapa “pre-política” del
nuevo movimiento social en que las fuerzas que buscan expresar los intereses de
las clases populares se hallan fragmentadas en un mosaico de experiencias, no es
“espontaneísta” considerar que la dirección socialista de un proceso se mide más
por las posibilidades objetivas que tenga el mismo de alentar la movilización
existente en el interior de las
masas explotadas por el sistema capitalista dependiente, que por la perfección
de los programas o la prolijidad de los métodos de
organización.
Para
las clases populares, la crisis que se abre en 1969 origina respuestas autónomas
que, sin embargo todavía hoy, se expresan más en el plano “social” que en el
“político”.
Para
el capital monopolista la crisis obliga a rehabilitar el espacio de la política,
en tanto es en él donde aparecen como posibles todavía —aunque cada vez más
limitadamente— tentativas de integración que el plano económico-social rechaza.
Esa reivindicación de un escenario que en 1966 se creyó clausurado, equivale a
la principal derrota del proyecto hegemónico del capital monopolista,
aprovechada por las otras clases dominantes que habían sido subordinadas durante
el primer tramo de la Revolución Argentina.
El
primer desertor en la aplicación de las formas “puras” de la dominación
neocapitalista dependiente fué el propio aparato militar. Al asumir el poder en
1966, las Fuerzas Armadas justificaron la intervención en base al planteo de
objetivos trascendentes, en términos de “empresa nacional”. No se evocaron
entonces —al menos de manera principal” necesidades de defensa del Orden frente
a la Subversión, sino fines positivos: “modernizar” el país, encauzarlo hacia la
“grandeza” superando la parálisis a que lo habrían llevado las pujas facciosas,
intersectoriales, encarnadas en los partidos políticos. Así lo razonaba la
retórica del “Mensaje de la Junta Revolucionaria al Pueblo Argentino” emitido el
28 de junio de 1966: “Hoy, como en todas las etapas decisivas de nuestra
historia, las Fuerzas Armadas
interpretando el más alto interés común, asumen la responsabilidad irrenunciable
de asegurar la unión nacional y posibilitar el bienestar general, incorporando
al país los modernos elementos de la cultura, la ciencia y la técnica, que al
operar una transformación substancial lo sitúen donde le corresponde por la
inteligencia y el valor humano de sus habitantes y la riqueza que la Providencia
depositó en su territorio”.
En
la literatura militar de la época, el programa era presentado de manera más
particularizada. Uno de los teóricos del golpe, que al asumir el nuevo gobierno
fué designado secretario del Consejo Nacional de Seguridad, el general Osiris
Villegas, consideraba que la Revolución Argentina debía encarnar un nuevo
“proyecto nacional” destinado a reemplazar el vigente desde fines del siglo
anterior. “Estamos viviendo —decía— la finalización del período de transición
del país agrícola-ganadero, de estructura armónica dependiente, hacia el país
industrializado”. Y agregaba: “No puede trazarse una política fundada en el
interés nacional si no se reconoce la situación argentina de país en vías de
desarrollo. Este es un concepto económico que hace al tipo de estructura de
producción que tiene el país. La política fundada en el interés nacional supone
el esfuerzo acelerado para transformar esa estructura de producción en una
similar a la de las sociedades industriales. Exige la construcción de industria
básica, la promoción de las actividades de la nueva revolución industrial, de la
energía nuclear, la electrónica o la cibernética. Reclama la revolución técnica
en el campo. Supone, simultáneamente, un gran esfuerzo tecnológico que coordine
los esfuerzos de la universidad, las empresas y el Estado en la tarea de
modernización”. (12)
Todo
este “mesianismo” se resolvió con la asociación entre el Estado y el capital
monopolista, como sustento de la modernización y la
grandeza.
Pero
esta sociedad no puede ser visualizada como un simple “arreglo” entre intereses
inmediatos coincidentes. En la medida en que las Fuerzas Armadas constituyen una
fuerza social, sus relaciones con el universo de las clases se hallan mediadas
por la ideología. Como institución del Estado en la que la especificidad de sus
funciones debe ser justificada en términos de las necesidades de la Nación y no
de sus parcialidades, las Fuerzas Armadas siguen siempre una determinada
“doctrina”, que le otorga sentido a sus acciones y en la que tratan de
socializar a sus cuadros. Es a través de esa ideología que puede reconstruirse
la relación de las Fuerzas Armadas con otras fuerzas sociales y, por lo tanto,
la coincidencia o disidencia con intereses de clase, expresadas como
“proyecto”.
Durante
todo un largo período —especialmente a partir de los años 40— la doctrina
militar predominante estaba basada en el concepto clásico de “Nación en armas” y
en la hipótesis de guerra provocada por un enemigo externo a las fronteras
geográficas. Ponía énfasis por o tanto, no sólo en la necesidad de
autosuficiencia económica —o que derivaba en reclamos de proteccionismo
industrial y de impulso a una industria pesada que pudiera resolver los
problemas específicamente profesionales de abastecimiento— sino también en la
necesidad de control nacional sobre el sistema de decisiones globales de la
economía. Esto llevaba a reforzar los roles del Estado y a concebir la política
económica como política de protección de la economía como un todo. El grueso de
la literatura militar de esos años parte de un doble supuesto: no hay defensa
nacional posible sin base industrial propia; esa base industrial no implica
solamente crecimiento económico sino también el control estatal sobre las
decisiones básicas de inversión.
Hacia
los años 60 esa doctrina cambia. Tras un período de “vacío” en que las Fuerzas
Armadas se desintegran en pugnas internas, un nuevo proyecto, cuyas condiciones
organizacionales son planteadas por los llamados
“azules”
en 1962-63, reemplaza al anterior como dador de sentido para el comportamiento
militar. La interconexión entre Seguridad y Desarrollo será desde entonces la
nueva clase estratégica presentada por los militares como “empresa
nacional”.
El
enemigo se ha “interiorizado”; el enfrentamiento básico tiene lugar dentro de
las fronteras y la “guerra subversiva” es el nuevo tema de preocupación. La
función principal de las Fuerzas Armadas es garantizar la Seguridad dentro de
las fronteras. A partir de esto, si se mantiene el énfasis sobre la necesidad de
crecimiento industrial —porque éste es un respaldo, al disipar tensiones
sociales, de la seguridad— pasa a segundo plano el principio del control
nacional sobre las decisiones económicas; no importa tanto quién dirige el
desarrollo; lo decisivo es que la nación se modernice.
En
1966, el jefe del Estado Mayor General del Ejército planteó en una conferencia
militar continental, estos principios. “El desarrollo puede definirse como la
expresión de un conjunto de cambios en las estructuras mentales y en los hábitos
sociales de un pueblo que lo pone en estado de aumentar en forma permanente su
producto real global. El desarrollo es a la seguridad lo que la causa al efecto,
el origen a la consecuencia, lo principal a lo secundario. Sin desarrollo la
seguridad es utopía tanto en el orden particular o nacional como en el orden
general o internacional”. (13)
Estos
cambios en la orientación estratégica de las Fuerzas Armadas, pegadas al esquema
cosmopolita de “bipolaridad mundial” planteado por el Pentágono, que relega a
los ejércitos de los países independientes a funciones de policía interna,
coinciden en la Argentina con la crisis del modelo de industrialización
sustitutiva y con la consolidación de poderosos sectores oligopólicos en las
ramas más dinámicas de la industria. En su urgencia por el Desarrollo como
garantía de la Seguridad, las Fuerzas Armadas parecen encontrarse con la única
posibilidad para sacar al país del estancamiento: poner en práctica las
políticas diseñadas por el capital monopolista ya que, si no se plantea la
alternativa de que sea el Estado quien tome en sus manos la responsabilidad
principal del crecimiento económico, la tarea deberá recaer forzosamente en los
sectores privados más poderosos y concentrados, los únicos que tienen la
posibilidad de dinamizar un proyecto económico.
Este
esquema funcionó satisfactoriamente en el primer período de la Revolución
Argentina, como lo señalara uno de los principales propagandistas civiles de la
nueva coalición: lo que estaba consolidándose en la Argentina era “una
oligarquía político-militar-empresaria, empeñada en asegurar el proceso de
industrialización a través de grandes inversiones en la infraestructura y
dispuesta a contener, por lo tanto las prematuras presiones de los sectores
populares”. (14)
Pero
este proceso no se desarrolló libre de tensiones, tensiones que sólo hubieran
podido ser relegadas con la presencia visible de efectos económicos favorables,
que permitieran el rápido pasaje del “tiempo económico” al “tiempo
social”.
En
el tercer año de vigencia del plan, las Fuerzas Armadas se encontraron con que
la suma de obstáculos políticos y sociales que imponía la “grandeza” por esa vía
era tal, que determinaba costos demasiados elevados y, por añadidura, hacía más
vulnerable aún la seguridad.
Los
reclamos del capital mediano y pequeño y de la burguesía agraria; las
explosiones regionales que abarcaban zonas de desigual desarrollo económico, político
y social; la situacción de exasperación de los asalariados que desbordaba, en
los hechos, los intentos conciliadores de la burocracia sindical y el
descontento generalizado de la pequeña burguesía expropiada políticamente y
sometida a una creciente pauperización, crearon una acumulación de fuerzas
opositoras al proyecto monopolista tan poderosa, abrieron una crisis social tan
honda, que precipitó la fractura de monolitismo militar: a través de esas
grietas se filtró el reclamo político de las otras clases propietarias,
subordinadas desde 1966 al capital monopolista. Había fracasado la posibilidad
de consolidar una oligarquía militar-industrial que hiciera compatibles los
intereses de las Fuerzas Armadas con los de los grupos más concentrados de la
industria y las finanzas, verdadera clave del proyecto hegemónico
neo-dependiente, tal como lo certifica contemporáneamente el caso
brasileño.
Desde
ese momento la ecuación que relacionaba Seguridad con Desarrollo, depositando a
éste en manos del capital monopolista, comenzó a perder sentido; la Revolución
Argentina dejó de aparecer como realización de
ese
proyecto nacional que las Fuerzas Armadas se habían propuesto en 1966. El tema
de la Seguridad, a secas pasó a ser prioritario, para conjugarse a partir de
entonces con modelos políticos de salidas institucionales, más que con modelos
económicos de acumulación.
La
mayor velocidad que adquirió la conjunción de intereses contrapuestos al plan,
en relación con la lentitud en el pasaje del “tiempo de la acumulación” al de la
“distribución” enajenó también al otro soporte prevista por el modelo
neocapitalista de desarrollo: la burocracia sindical.
Uno
de los presupuestos de la dominación del capital monopolista es el control de la
fuerza de trabajo. Y si ese objetivo pasa por una primera etapa de disciplina
forzosa asegurada por la violencia, reconoce una segunda de “participación”. La
clave, para la primera fase, es la eficacia de la política de ingresos, esto es,
el poner en marcha las mejores condiciones para la acumulación de capital en
favor de los grupos más concentrados de la economía. “El eficiente
funcionamiento de la política de ingresos —señala Krieger Vasena— es primordial
para el desarrollo con estabilidad y aun cuando aisladamente cada uno pueda
pretender más de lo que le corresponde en esta transición, el gobierno ha de
mantenerse inflexible ante presiones que, analizadas en conjunto y desde un
plazo superior, no son atendibles.”
En
la segunda etapa, una vez sometida políticamente, la burocracia sindical, la
orientación del Estado no consiste en procurar su desaparición o su
debilitamiento institucional, sino su subordinación al plan del capital como un
mecanismo consensual importante, como un reaseguro contra la movilización
popular.
La
estrategia del capital monopolista incluye como supuesto la posibilidad de
promover la existencia de sectores obreros privilegiados que pueden conseguir
que en las ramas industriales de más alta productividad se paguen salarios
mayores que en aquellas con menor desarrollo tecnológico. De esta expectativa
pudo participar un sector de la burocracia sindical, pero en realidad fué
distinta; en el período 1966-68 el bloque salarial perjudicó tanto a unos como a
otros, acentuando la homogeneidad de la clase obrera como grupo explotado por el
capital (15). Al cumplirse los dos años de la Revolución argentina ninguna
fracción dentro de los trabajadores podía ser computada como soporte objetivo de
la coalición con que el capital monopolista buscaba fundar su
hegemonía.
Sin
embargo, en junio de 1966, al ser derrocado el gobierno legal, la burocracia
sindical no ocultó un prudente
entusiasmo. “El movimiento militar que el 27 de junio tomó el poder —dice una
declaración de la CGT del 29 de ese mes— constituye un hecho nuevo e
históricamente asume una gran responsabilidad, ante la atenta expectativa que
indiscutiblemente ha concitado en el país”. Los primeros pasos del nuevo
gobierno parecen incluso, satisfacer algunas de sus esperanzas de coparticipar
de la situación política creada, confirmando la impresión de que podrían ser
reconstruidos los lazos —rotos desde 1955— entre burocracia sindical y Fuerzas
Armadas.
Ese
clima duró poco, sin embargo. La primera ofensiva brutal descargada por los
militares en el poder tendió a desmantelar drásticamente las zonas de
“ineficiencia” del sistema económico: trabajo en los puertos, ferrocarriles,
industria azucarera tucumana. El golpe, aún era selectivo. La burocracia
sindical trató de mantener las negociaciones, especulando con la posibilidad de
ganar para sí a los sectores “nacionalistas” del elenco gubernamental y de las
Fuerzas Armadas. Pero la designación de Krieger Vasena como ministro de
Economía, a fines de 1966, desvanece todos los sueños: la presencia de ese
gerente de los monopolios como arquitecto del plan económico de la Revolución
Argentina, confirma que las Fuerzas Armadas han decidido transformarse en sostén
del neocapitalismo dependiente.
En
marzo de 1967 la CGT se rinde frente a la fuerza militar y levanta un paro
general de 48 horas. Pocos días después recibe el golpe de gracia: Krieger
Vasena liquida por dos años las convenciones colectivas de trabajo,
estableciendo que durante ese período será el Estado quien fije los ingresos de
los asalariados. La burocracia sindical pierde así toda influencia en el mercado
de trabajo, viéndose compelida a ocuparse solamente de cuestiones mutuales o
asistenciales. El arma poderosa que significaba discutir cada año los salarios y
las condiciones de trabajo es quitada de sus manos.
A
partir de ese momento y hasta la crisis social y política de 1969-70, la
burocracia sindical, doblegada por el poder, se repliega. Un sector, el
vandorista, se aísla de gobierno, pero no lo combate. Otro, el llamado
participacionista, insiste en mantener lazos con las Fuerzas Armadas, a partir
del supuesto de que éstas pueden ser aisladas del establishment. La pretensión
resultó absolutamente vana. Entre 1966 y 1969 la homogeneidad
de
la coalición Fuerzas Armadas-establishment fue casi perfecta y el papel
adjudicado a la burocracia sindical era el de la subordinación: en la medida en
que mantuviera la desmovilización de los trabajadores podía obtener, como
categoría, concesiones aisladas, frutos de la corrupción que el poder
prodiga.
Hasta
1969, en que el proceso sufrió un viraje, la burocracia sindical fue,
pasivamente, un instrumento del plan de los monopolios. Como la burguesía media,
con la que ha fusionado su proyecto político, fué forzada al repliegue. Si en
1966 el total de jornadas perdidas por conflictos de trabajo fué de 1.912.826
(de los cuales 1.542.933 lo fueron en los seis primeros meses), en 1967 la cifra
descendió a 244.844 jornadas y en 1968 a algo más de 23.500, el valor más bajo
desde 1956.
Sólo
el debilitamiento del poder y la crisis política posterior al Cordobazo, que
tenderán a aislar al establishment de las Fuerzas Armadas y a rehabilitar el
peso de los partidos políticos, y con él la influencia del viejo capitalismo
urbano y rural, alentará nuevamente a la burocracia sindical. Para obtener un
grado de consenso que ayude a dar salida a la crisis de 1970, cuando la
violencia “pura” se había mostrado insuficiente como garantía de
desmovilización, la burocracia sindical es nuevamente convocada. Rota la coraza
de coerción con que los militares habían protegido la hegemonía del capital
monopolista, las otras clases dominantes subordinadas entran en la mesa de
negociaciones; deben ser aceptadas como partes.
A
partir de allí crece otra vez la influencia política de la burocracia sindical,
en tanto ella se transforma en el eje de coincidencias económico-sociales entre
los representantes directos del capital nacional y los partidos políticos,
expresadas en los sucesivos pactos programáticos entre la Confederación General
Económica (CGE), la Confederación General del Trabajo y los principales partidos
políticos. Esos pactos, en los que la burocracia sindical ha jugado un rol
primordial, expresan las expectativas de reingreso al poder de las clases
propietarias subordinadas en 1966.
La
burocracia sindical en la Argentina opera así su pasaje histórico de las
posiciones del “reformismo obrero” a las de “reformismo burgués”, insertándose
explícitamente en el sistema del capital. Esta calificación que, en general,
parece válida para el sindicalismo en casi todas partes tiene, en el proceso
social argentino, aspectos particulares que deben ser
destacados.
En
primer lugar parece necesario agregar que se trata de una de las instituciones
con mayor poder en la sociedad civil; un poder que hace valer en el espacio
político a partir de su número, de su capacidad de convocatoria y de su riqueza
de recursos económicos.
Además,
ese poder se ha fundado sobre características muy precisas de la historia
posterior al derrocamiento del nacionalismo popular en 1955: la burocracia
sindical ha debido asumir, desde
entonces, dos papeles: el clásico de negociación de las condiciones de venta de
la fuerza de trabajo y otro “sui generis”, determinado por la proscripción del
peronismo, que transformó a los sindicatos en los principales representantes
políticos de la clase trabajadora.
Ambos
papeles —uno, “político”; otro, “profesional”— sólo se separan abstractamente:
las condiciones concretas de funcionamiento del aparato sindical entrelazan
permanentemente ambas funciones, tornando a menudo, contradictorios a sus
comportamientos. Por un lado, “profesionalmente”, debe justificar su condición
de columna vertebral del nacionalismo popular en un proceso que busca la
restauración en el poder.
En
este andarivel peligroso que combina el diálogo con la oposición, aparece una
determinación cuyo peso es decisivo para entender las actitudes de la burocracia
sindical: la dependencia con relación al Estado, cualquiera que sea el bloque de
fuerzas que lo controle.
El
peso del Estado sobre la burocracia sindical es enorme y las armas legales para
controlar sus pasos abarcan todos los grados: desde la intervención lisa y llana
por funcionarios gubernamentales hasta el ahogo económico por el bloqueo de sus
fondos. Un eje decisivo de la actividad de la burocracia sindical pasa, por lo
tanto, a través de sus relaciones con el poder político, para impedir que éste
ponga en marcha medidas “disciplinarias”, económicas o
administrativas.
Todo
ello obliga a que la burocracia sindical despliegue siempre una estrategia
tendiente a comparticipar del poder; esto es, que busque, más allá de sí misma y
de sus componentes corporativos, coaliciones con otras
fuerzas
sociales. Pasado el llamado período de la “resistencia peronista”, toda la
trayectoria política de la burocracia sindical se estructura con el objetivo de
terminar con el “aislamiento” abierto en 1955 y recuperar su influencia sobre el
aparato estatal, a través de la búsqueda de coaliciones con otras fuerzas
sociales. Un jalón de ese proceso es la restitución que, en 1961, el
desarrollismo en el poder efectúa de la CGT, intervenida desde 1955,
devolviéndole a los dirigentes gremiales parte del poder de regateo político del
que habían sido despojados tras el derrocamiento de Perón.
Esa
política de alianzas desplazada por la burocracia sindical marca una clara línea
de tendencia. El “modelo de sociedad” y las medidas económico-sociales que
propugna la CGT desde los años 60 hasta la actualidad, no difieren virtualmente
de los reclamos del capital nacional, agrupado en la CGE. Un análisis de esa
orientaciones nos llevaría a comprobar que el objetivo político de la burocracia
sindical es recrear las condiciones que contribuyeron a la gestación de la
coalición sobre la que se fundó el peronismo, a mediados de la década del 40:
sus interlocutores principales para ese fin no pueden ser otros que los
representantes del capital nacional y los grupos nacionalistas de las Fuerzas
Armadas. En ese sentido, el “nacional desarrollismo” programático de la CGT
supone algo más que un movimiento táctico o una decisión oportunista: es la
forma específica en que la burocracia sindical busca asumir la representación
política de las masas peronistas; es su proyecto histórico de largo plazo el
modo de su inserción en la política de poder. Todo ello, claro está, de manera
insanablemente más mediocre que en 1945: ni esta burguesía es la de entonces, ni
estas Fuerzas Armadas son las de entonces; ni esta burocracia sindical está inspirada en el reformismo
movilizador de los dirigentes gremiales de la década del
40.
El
proyecto hegemónico del capital monopolista no es el mismo que posee la
burocracia sindical, ni siquiera por parte de quienes fueron llamados
“participacionistas” y buscaron permanentemente la negociación con Onganía. Sin
embargo, es un hecho que alentaron el golpe de 1966 y que se rindieron en la
etapa más dura de la Revolución argentina, sin movilizar consecuentemente sus
fuerzas. ¿Por qué es la complicidad con un proyecto que no compartían? Las
razones de diverso nivel, ilustran el complejo papel que la burocracia sindical
cumple en la sociedad argentina.
Desde
el punto de vista de sus proyectos políticos a largo plazo ya descriptos, un
elemento importante para explicar la tregua concedida es el carácter militar del
gobierno de Onganía. Para el nacional-desarrollismo de los sindicatos, las
Fuerzas Armadas constituyen sus principales aliados; los copartícipes con
quienes se busca negociar toda propuesta tendiente a reconstruir la coalición
gobernante entre 1946 y 1955.
Otro
elemento es la dependencia que la burocracia sindical tiene frente a quienes
controlan el poder político, a fin de asegurar su supervivencia como
institución. Basta la modificación de un artículo de un reglamento, para que la
riqueza económica de los sindicatos se desintegre. Quienquiera que esté en el
poder puede lograr, siempre que lo controle efectivamente, alguna forma de
“colaboración” de la burocracia sindical.
Pero
esto sería insuficiente, porque omitiría el análisis de algunos aspectos
específicos de la complicada trama de relaciones que se establecen entre la
burocracia sindical —considerada ahora en su dimensión “profesional”— y el
capital monopolista en momentos en que este sector consolida su hegemonía sobre
el resto de las clases dominantes, subordinando a los sectores que la burocracia
sindical estima como sus principales aliados políticos. El sindicalismo
argentino, en tanto ha abandonado el “reformismo obrero” por el “reformismo
burgués”, ha integrado su suerte a la del capitalismo. El hecho de que, en el
interior de esa elección, prefiera como garantía para sus intereses —no sólo
sociales sino políticos— al modelo nacional-desarrollista de la burguesía media,
que busca negociar la
dependencia, no impide que esa actitud pueda ser relativizada coyunturalmente.
Como la ofensiva hegemónica del capital monopolista arriba a su punto más alto,
acorazada tras todo el peso del poder militar, importantes sectores de la
burocracia sindical, especialmente los ligados a las grandes empresas, partiendo
de lo que perciben como “solidez” casi invulnerable del proyecto neocapitalista,
tratan de negociar por su cuenta a fin de obtener el mejor partido posible de la
nueva situación. Si el capital monopolista hubiera ganado la carrera contra
reloj planteada desde 1966 entre el “tiempo de acumulación” y el “tiempo de
distribución” y hubiera podido, por lo tanto, introducir cuñas objetivas de
diferenciación en el interior de la clase trabajadora, es altamente probable que
la burocracia sindical se hubiera
fragmentado también, a partir de la contraposición de dos modelos distintos de
participación en el desarrollo capitalista.
Pero,
cuando el conjunto de la clase trabajadora estalla en movilización contra el
sistema y plantea, borrosamente, la construcción de una nueva oposición social,
haciendo trastabillar el “milenarismo” que Onganía buscó
construir
a través de la coalición entre Fuerzas Armadas y establishment y obliga a un
repliegue del capital monopolista en el plano político la burocracia
sindical retoma sus proyectos
originales. Desde ese momento, en conjunción con los empresarios de la CGE,
subraya su autonomía frente al capital monopolista y se transforma en el núcleo
social destinado a marcar los horizontes del reformismo rehabilitado tras la
crisis de 1970:
Explícitamente
desde entonces el programa económico-social conjunto de la CGE y la CGT unifica
a todos los partidos y Fuerzas Armadas, como propuesta reformista tendiente a
fortalecer el sistema político.
De
retorno del fracaso hegemónico del capital monopolista, el sindicalismo es hoy
el principal soporte para poner en marcha cualquier programa reformista de
dependencia negociada entre el capital monopolista y el capital nacional, cuyos
actores sociales principales deberán ser los partidos políticos, las Fuerzas
Armadas y la burocracia sindical. El principal soporte, porque el acuerdo deberá
basarse, ya no en una desmovilización de las masas a través de la violencia
desnuda, sino en la posibilidad de controlar la movilización existente, a partir
de instrumentar formas reformistas que permitan un mínimo
consensual.
LOS
OBSTACULOS PARA LA “BRASILEIZACION”
El
eje de sentido de este análisis de la crisis argentina son las contradicciones
secundarias, internas al capitalismo. La elección —ya ha sido señalado— no
implica transmutar estos antagonismos en los principales en el nivel social,
sino a marcar el peso predominante que los mismos efectivamente tienen aún en el
espacio político. Lo que interesa destacar es la capacidad de resistencia
política que, a través de distintas fuerzas sociales, tiene en la Argentina el
viejo capitalismo urbano y rural frente al proyecto hegemónico
neodependiente.
La
literatura económica, sociológica y política corriente sobre la dependencia en
América Latina, tiende a enfatizar —casi siempre por la proximidad empírica que
en relación a sus análisis teóricos tiene el caso brasileño— dos aspectos
complementarios. Por un lado, la virtual desaparición, como fuerza con capacidad
de iniciativa política, de la burguesía no monopolista. Por el otro, la
disolución de los movimientos populistas. Ninguna de esas dos proposiciones que,
vistas por el historiador futuro pueden ser válidas, permiten explicar la
coyuntura política argentina. Las fuerzas polares que se enfrentan en la
contradicción social principal no tienen una expresión política eficaz, y ese
escenario está primordialmente ocupado por representantes de proyectos que,
residuales desde el punto de vista del desarrollo económico-social, acumulan un
enorme poder de veto político aunque no tengan similar fuerza para poner en
práctica sus decisiones. Este es el rasgo político que diferencia a la Argentina del resto
de Latinoamérica, especialmente de los dos modelos “límite” que suelen
utilizarse como punto de referencia para medir las relaciones entre las nuevas
formas de dependencia imperialista y las fuerzas sociales locales: Perú y
Brasil.
El
caso brasileño es el más interesante para intentar un sumario análisis
comparativo. Como hemos señalado, la “Revolución Brasileña” de 1964 y la
Revolución Argentina de 1966 tienen puntos de partida similares: la voluntad de
establecer un sistema burocrático-autoritario para instrumentar un desarrollo de
las relaciones capitalistas bajo la hegemonía de la burguesía
monopolista.
Sin
embargo, a medida que el proceso fué desarrollándose en la Argentina, las
dificultades para viabilizarlo aumentaron su intensidad hasta hacerlo fracasar
políticamente. Si es cierto que la determinante de ese fracaso fué la
resistencia activa de las clases populares, también lo es que el principal
beneficiario político de la crisis es el reformismo burgués, expresado en los
partidos políticos y en la burocracia sindical y sostenido en los límites que
traza el proyecto posible de la burguesía no monopolista, económicamente a la
defensiva pero políticamente a la ofensiva. (16)
Entre
1967 y 1968, al cumplirse el primer trienio del golpe de Estado dado por los
militares brasileños, una crisis similar a la que estalla en la Argentina en
1970, se instala en el sistema político de ese país. El año 1968 es, en Brasil,
un año de escalada en la ofensiva de los perjudicados por la nueva situación:
grandes movilizaciones estudiantiles, extensión de las luchas obreras, primera
aparición de la guerrilla y consolidación de toda la oposición civil en el
Frente Amplio, una coalición en la que confluye todo el sistema de partidos,
desde los comunistas hasta Carlos Lacerda, para jaquear al poder
militar.
El
desenlace de ese proceso será, sin embargo, el fortalecimiento de la hegemonía
del capital monopolista, a través de la consolidación de una oligarquía
militar-industrial que barre totalmente a la oposición.
La
respuesta que las Fuerzas Armadas pudieron dar entonces a la ofensiva combinada
de los políticos tradicionales y del movimiento obrero y estudiantil, consistió
en galvanizar aún más el aparato autoritario y forzar la marcha en la
realización de los panes económicos neodependientes. La decisión de volcar todo
el peso de Estado a favor del modelo de capitalismo monopólico dependiente, fue
lo que permitió el llamado “milagro”: a costa de cada vez más marginalidad y
diferenciación social y económica, de concentración de la riqueza y aumento de
la miseria relativa de las grandes masas populares, el sistema probó su
dinamismo, mostrando que sus límites no se hallan en las leyes de la economía
sino en los movimientos del sistema político. Si el capital monopolista dispone
de Poder necesario para desbaratar las primeras resistencias y acelerar la
marcha en lugar de detenerla, puede conseguir éxitos en sus metas
desarrollistas.
Esta
decisión es la que no pudo implementarse en la Argentina: la crisis social y
política de 1969-70 arrastrará a su caída al autoritarismo militar de Onganía y
planteará, nuevamente, una situación de vacío hegemónico.
Aunque
la dirección causal puede ser discutida, es un hecho que la crisis política de
1970 aparece como punto de partida de un descenso en los indicadores de
crecimiento económico que habían manifestado un alza sostenido durante el bienio
anterior, en el cual, además, habían descendido significativamente las tasas de
inflación. Como ha sido señalado, “el plan Krieger Vasena lleva a la economía
argentina a un punto en el que, dadas las situaciones estructurales que
condicionaron aquella coyuntura, la única alternativa al desorden económico es
la continuidad del plan. Sin embargo, dicha continuidad implicaba acentuar aún
más ferozmente la explotación de la clase obrera y la pauperización de la
pequeña burguesía el irritar más también la situación de parte de los sectores
dominantes, especialmente la oligarquía terrateniente.”
(17)
Es
decir, que en 1970 la opción dinámica para el sistema hubiera sido, desde la
lógica económica, la continuidad del plan, pero esa lógica chocaba contra techos
políticos y sociales que no involucraban solamente a las clases populares sino
que abarcaban a sectores de la burguesía, lo suficientemente poderosos
políticamente como para frustrar la hegemonía monopolista.
Pero
ese poder de resistencia, que contribuyó a desbaratar el plan de Krieger Vasena
y que desembarcó a Onganía del Estado tiene, a su vez, límites para revertir el
proceso; límites económicos, sociales y políticos que dificultan, hasta tornarla
improbable, una asimilación del tipo de hegemonía consolidada en el Perú por la
revolución militar de 1968.
Entre
junio de 1970, en que es derrocado Onganía, y marzo de 1971, en que toma el
poder Lanusse, tiene lugar en la Argentina un paréntesis significativo: el breve
período presidencial del general Levingston. El interés de ese lapso interno a
la Revolución Argentina consiste en que, durante el mismo y a través del
ministerio de Economía de Aldo Ferrer, el capital nacional llega al punto más
alto, desde la caída de Perón en 1955, en sus intentos por influir sobre las
decisiones del Estado.
Aunque
finalmente fracasaron, Levingston-Ferrer buscaron poner en marcha un proyecto
reformista que, en lo económico-social, aspiraba a asociar al capital nacional
con el Estado. No se trataba de un proyecto nacionalista revolucionario de
capitalismo de Estado, sino de una más módica “argentinización” de la economía,
a través de la utilización del importante poder de compra del Estado y de una
redistribución del crédito bancario que favoreciera a los empresarios
nacionales.
La
estructura de ese poder debía basarse en una coalición entre Fuerzas Armadas,
burocracia sindical y la tecnocracia ligada a las organizaciones corporativas en
que se agrupa el capital nacional, dejando fuera de proceso a los partidos
políticos. Pero la clave para el funcionamiento de ese bloque era que las
Fuerzas Armadas aceptaran transformarse en el eje dinamizador de un proyecto
reformista que revirtiera el proceso de extranjerización de la
economía.
Desde
el punto de vista de las formas, el modelo propuesto recogía las iniciativas
primeras de la Revolución Argentina, en tanto marginaba al sistema de partidos y
tendía a mantener desmovilizados a los sectores populares. Pero su contenido era
diferente: así como las Fuerzas Armadas habían sido el eje del proyecto
neodependiente,
debían transformarse ahora en principal sostén de un proceso tendiente a
permitir que la burguesía agraria y el capital nacional ganaran posiciones, en
detrimento del capital monopolista, que debía dar un paso al costado y, en
algunos aspectos, sufrir las consecuencias de medidas económicas que lo
perjudicaban.
Un
mes antes de ser derrocado, el gobierno adoptó decisiones que contrariaban
concretos intereses de las grandes compañías petroleras extranjeras y de
empresas como Bunge y Born y Deltec. Estas medidas que efectivamente indicaban
un desplazamiento en el interior de las clases dominantes a favor del capital
nacional, no impidieron, sino en todo caso aceleraron, la crisis
política.
El
estado de movilización de las clases populares, en ascenso desde 1969, creció en
intensidad cuando la economía, a fines de 1970, entraba en un nuevo período
recesivo e inflacionario. El sistema de partidos, por su parte, acentuó su
ofensiva contra un modelo político que lo excluía.
En
medio de esa crisis de legitimidad, las Fuerzas Armadas cargaban ya con un
desgaste suficiente como para que pudieran tener éxito los planteos tendientes a
inducirlas para que se pusieran a la cabeza del proyecto reformista elaborado
por la tecnocracia ligada al capitalismo nacional. La presencia de masas
movilizadas había llevado ya a la cúpula militar a diseñar otro intento de
desemboque para la crisis: la reconciliación con los partidos políticos y la
burocracia sindical.
El
tránsito fugaz de Levingston tiene similitud con el episodio que protagonizara,
en Brasil, el general Alburquerque Lima, líder de la corriente llamada
nacionalista del Ejército, finamente desalojado de toda participación en el
poder. La diferencia está en el proceso posterior al desenlace infeliz para las
corrientes nacionalistas: en Brasil, del fracaso de ese intento resurgirá con
más bríos el proyecto neodependiente; en la Argentina se irá, trabajosamente,
pactando un nuevo empate entre las clases dominantes.
LAS
SALIDAS PARA LAS CRISIS
El
vacío consecuente al fracaso del proyecto hegemónico del capital monopolista
puso desde entonces en el primer plano las contradicciones internas del sistema
capitalista dependiente, pero sobre el fondo de un crecimiento sostenido de la
movilización social de las clases populares en la que el proletariado industrial
introduce, con una fuerza inédita en la Argentina, la problemática socialista.
Se trata, pues, de la crisis de un modelo hegemónico burgués, ante la presencia
de una creciente movilización popular con fuertes elementos
socialistas.
Es
esta movilización la que provoca las dos respuestas orgánicas con las que las
clases propietarias intentan reequilibrar el sistema político. Una respuesta es
el transformismo y está ubicada a la “derecha” del sistema. Otra es el
reformismo, colocada a la “izquierda”. Ambas, aunque enfrentadas, pueden
coexistir en un acuerdo que no significa homogeneidad absoluta, sino integración
conflictiva entre “oficialismo y oposición” en el interior de un sistema
político unificado.
El
transformismo tiene como eje propulsor a las Fuerzas Armadas. El Reformismo, a
las direcciones de los grandes partidos políticos y a la burocracia sindical.
Pero lo que interesa marcar es que el corte principal que separa a ambos
proyectos no es el contenido de sus propuestas económico-sociales sino el de sus
propuestas políticas. Concretamente, el punto de ruptura entre transformismo y
reformismo se refiere al control de la movilización, aunque este problema
político sea matriz de diferenciaciones subsecuentes en otros
planos.
El
derrocamiento de Levingston inaugura la tercera etapa de la Revolución
Argentina, cuyo signo es la dura negociación a fin de reconstruir las bases
sociales del Poder, debilitado por la crisis política que sucede a las
conmociones inauguradas por el Cordobazo.
Esta
tercera etapa se caracteriza por una inversión, propuesta por las Fuerzas
Armadas, de la problemática inicial: ya no se planteará que la solución política
habrá de surgir como consecuencia natural, a largo plazo, del éxito de un modelo
económico, sea éste el del capital monopolista (Onganía-Krieger Vasena) o el de
la asociación del Estado con el capital nacional (Levingston-Ferrer). El orden
de la secuencia se alterará en los proyectos
oficiales:
sólo la obtención de un mínimo de legitimidad podrá garantizar una solución
económica. El objetivo es reconstruir el poder del Estado para todas las
fracciones de las clases dominantes, otorgándole al sistema político el máximo
posible de consenso, con el reaseguro de las Fuerzas Armadas a fin de garantizar
a través de la violencia, el control de la movilización. Este es el sentido del
“Gran Acuerdo Nacional” proyectado, en nombre de la seguridad del sistema, por
los altos mandos de las Fuerzas Armadas. El modelo económico pasa a segundo
plano frente al modelo político: interesa la seguridad, a través de “unir a los
adversarios y combatir a los enemigos”, por encima del
desarrollo.
La
doctrina militar disocia sus elementos claves y el período que arranca en abril
de 1971 no puede identificarse con una orientación precisa en lo económico que
vaya más allá de cierto pragmatismo básico. La disolución del ministerio de
Economía es casi simbólica: parece refrendar que ese campo es un terreno abierto
para la capacidad de presión de las clases y fracciones de
clase.
La
política ocupa el “puesto de mando”; el tema de la legitimidad de poder aparece
como central, y la “reconciliación” para obtener bases de consenso es planteada
como objetivo supremo.
El
elemento indispensable para la construcción de ese mínimo consensual que
reconstruya la integridad del Estado, es la articulación de un acuerdo entre las
Fuerzas Armadas, los partidos políticos y la burocracia sindical. El carácter de
ese acuerdo y el contenido de las fuerzas sociales convocadas para ponerlo en
práctica, determina, de hecho, un repliegue político de capital monopolista, que
debe aceptar un pacto con el capital nacional en el espacio que menos controla,
dada su virtual carencia de representación política partidaria directa: el de la
escena electoral y parlamentaria.
Esta
salida negociada, si no significa la derrota del capital monopolista, en tanto
el desenvolvimiento de la economía sigue un rumbo relativamente autónomo que le
permite acentuar su predominio en ese nivel, importa, en sentido contrario, la
mayor victoria que, dadas las relaciones de fuerza políticas y el carácter
subordinado de sus posiciones en el sistema económico pueden conseguir los
sectores dominantes no monopolistas. Esto es, reubicarse en el poder político,
aun cuando su fuerza real solo alcance para restablecer una situación de empate
y no para instrumentar un proyecto hegemónico alternativo capaz de potenciar un
modelo económico dinámico.
La
burguesía monopolista, al ser desautorizado en corto plazo el “modelo brasileño”
de hegemonía, queda descolocada ahora en el abanico de posibilidades políticas y
debe sacrificar su presencia antagónica a favor de conseguir una mínima
consolidación del sistema de poder, que había sido virtualmente vaciado desde
1969 en adelante. Incapacitada para imponer su modelo, la reconciliación
propuesta se le aparece como una menor que, de todos modos, no llega a
cuestionar su predominio en el mercado económico, aunque deba admitir la
competencia con los otros sectores de la burguesía en el mercado político del
sistema de partidos.
Todo
el proceso protagonizado por las Fuerzas Armadas, los partidos políticos y la
burocracia sindical tras la propuesta lanzada desde el Estado para la
construcción de un Gran Acuerdo Nacional, tiende a afirmar, como tendencia, los
presupuestos básicos de esta tregua que las clases dominantes deben pactar para
salir de la crisis política y colocarse en mejores condiciones para enfrentar la
crisis social. Un problema, el de los métodos más idóneos para el control de la
movilización, sobre el que se impostan luego determinaciones de clase, marca la
cuota mayor de dificultades que se traduce, incluso, en choques violentos, a
partir de las discrepancias, que, como respuestas orgánicas a la situación,
aportan el reformismo y el transformismo.
El
transformismo es la ideología de las Fuerzas Armadas; la fórmula político-social
que asume, en esta etapa de la crisis argentina, la doctrina de la seguridad. Es
el modo “realista de la contra-insurgencia”. Definimos en general al
transformismo como un camino de salida para una situación de crisis orgánica en
el que una de las fracciones
dominantes propone un
programa de mantenimiento del Orden que incluya la absorción de representantes
de fuerzas dominadas. Esta absorción modifica las formas políticas de la
dominación, pero no altera sus contenidos económico-sociales. Aunque utilice
cuadros reformistas para realizar sus fines, un sistema de tipo transformista
intenta la superación de la crisis a través del rechazo de toda reforma
orgánica.
En
el caso argentino actual este proceso se especifica. El transformismo de las
Fuerzas Armadas, como acuerdo con la burocracia sindical y los partidos
políticos, parece dispuesto a aceptar ciertas reformas económico-sociales. Sus
“límites de tolerancia” están básicamente en lo político, en el control de la
movilización popular, en
el
manejo de la seguridad. Las garantías que las Fuerzas Armadas exigían de las
otras partes convocadas para el acuerdo, tuvieron un punto de arranque “máximo”
—la candidatura de Lanusse a la presidencia constitucional— y parece tener ahora
un punto de llegada “mínimo”: la coparticipación en el poder, el control sobre
la movilización a través de la violencia, la responsabilidad indelegable de
garantizar la seguridad contra el “enemigo interior”. Es a partir de esto y no
de la adhesión, como lo fuera en 1966, a un modelo económico explícito, que las
Fuerzas Armadas se transforman en representantes indirectos del mejor programa
posible, en las condiciones actuales, para los monopolios; en el estrato
protector que éstos tienen si el resto de las clases dominantes intenta
aprovechar la movilización popular para recuperar posiciones perdidas en el
sistema económico.
El
reformismo, sustentado en los partidos políticos y en la burocracia sindical,
expresa, en cambio, más directamente intereses económico-sociales. Su contenido
es maximizar las metas del capital nacional frente al modelo de neodependencia,
a través de una asociación con el Estado que ponga en marcha un programa
nacional-desarrollista y que permita negociar la dependencia. Su plataforma es
la de los acuerdos entre la CGE y la CGT: los puntos allí incluidos unifican a
las burocracias políticas de los grandes partidos.
En
estas condiciones se llega a las elecciones del 11 de marzo. Ese día, la fuerza del número se transforma en un
hecho cualitativo: la multitudinaria votación a la coalición hegemonizada por el
peronismo pone en cuestión también al “punto de llegada mínimo”, aceptado por el
transformismo militar tras haber asimilado el irremediable fracaso de los
intentos de “constitucionalizar” la presidencia de Lanusse. Esta puesta en
cuestión, en tanto paraliza la iniciativa política desplegada hasta entonces por
las Fuerzas Armadas, significa el bloqueo más significativo sufrido por el
proyecto hegemónico del capital monopolista, al sancionar su derrota en manos de
la peor coalición posible para sus intereses, en las condiciones
presentes.
Claramente,
el mejor resultado para el capital monopolista de unas elecciones a las que
había sido empujado, era lograr una fragmentación del poder que obligara a una
negociación permanente entre reformismo (dividido casi por mitades entre
oficialismo y oposición) y transformismo, aun cuando el primero mantuviera
formalmente el control del sistema político. Esto es, una versión
institucionalizada del Gran Acuerdo Nacional, bajo la supervisión de las Fuerzas
Armadas. El aluvión de votos desbarató esas intenciones, planteando una ruptura
grave de la continuidad proyectada.
Los
comicios, dado el carácter rotundo del pronunciamiento, dejan virtualmente sin
estrategia al transformismo y en un vacío político al capital monopolista. El
bloque a instalarse pasa a ser liderado por fuerzas representativas de la
burguesía no monopolista, básicamente las burocracias políticas, la burocracia
sindical y las organizaciones representativas directas de los intereses del
capitalismo nacional. En su interior, con una capacidad organizativa menor, pero
expresando con nitidez las expectativas más profundas de la movilización popular
posterior a 1969, coexisten tendencias socialistas, radicadas básicamente en la
juventud y en el sindicalismo de oposición.
Finalmente,
a la derecha, pero todavía en el exterior del sistema, expectantes, sin un
liderazgo claro, se ubican las Fuerzas Armadas, envueltas en el fracaso político
de su grupo dirigente, pero hasta ahora incapaces de revertir ese marginamiento
provocado por la derrota.
Este
gobierno, con contradicciones en su interior entre quienes postulan el
“capitalismo nacional”, quienes reclaman la movilización para el socialismo y
aun aquellos otros que actúan como cuñas larvadas del capital monopolista; que
no goza, además, de un sostén activo por parte de las Fuerzas Armadas sino de un
consentimiento sólo pasivo, resultado de una derrota que no ha sido elaborada,
necesita transformarse rápidamente en poder, esto es, en alternativa hegemónica
tras el fracaso del capital monopolista.
Es
en este punto donde comienza a plantearse, como problema central, el de la
capacidad de la coalición triunfante para poner en marcha una política de
reformas orgánicas que pueda revertir el avanzado proceso de dependencia
económica, cuando hoy, a diferencia de lo que sucedía en la década del 40, ésta
se asienta básicamente en el dominio desde el interior de la estructura
productiva más avanzada.
La
debilidad económica frente al capital monopolista de las clases que le dan
contenido al liderazgo del nuevo proceso sólo podría ser compensada por una
efectiva y profunda asociación con las Fuerzas Armadas que se resuelva en un
proyecto de capitalismo de Estado, algo que en las actuales condiciones de
monopolización de
la
economía argentina se acercaría peligrosamente —para la burguesía local y para
las Fuerzas Armadas preocupadas por el “enemigo interior”— a una vía no
capitalista de desarrollo.
Si
el reformismo nacionalista fracasara en la consolidación de un proyecto
hegemónico basado en la asociación entre el Estado y la burguesía no
monopolista, o si limitara sus ambiciones a una mera negociación de la dependencia aprovechando las nuevas
condiciones del mercado mundial, el retorno al empate y la continuidad de la
situación de crisis social y política resultaría la previsión más verosímil.
Mucho más, en tanto el capitalismo monopolista, que mantendría su predominio en
el nivel económico forzaría nuevamente la búsqueda de la hegemonía en el bloque
de poder.
Para
las clases populares, el proletariado en primer lugar, el triunfo electoral de
marzo significa el pasaje a una nueva etapa de lucha, que librará, obviamente,
en condiciones mucho más favorables que las existentes desde 1955. Cualquier
recrudecimiento de la crisis tiene, ahora, un dato suplementario inexistente a
mediados de los años 60: la presencia de un nuevo movimiento social que, desde
diferentes tiendas organizativas, pero básicamente ahora desde el interior del
propio sistema político, plantea una redefinición de las salidas políticas en
términos de su adecuación con la contradicción social básica generada por el
desarrollo del capitalismo monopolista dependiente en la
Argentina.
NOTAS
*
El cuerpo fundamental de este artículo fue pensado y redactado antes de las
elecciones del 11 de marzo. Las líneas básicas del análisis se mantienen
inalteradas y ninguna de las conclusiones debe ser, a mi juicio, reformada. La
estrepitosa derrota política sufrida por el capital monopolista seis años
después de su ascenso triunfal al poder en andas de la Revolución Argentina, ha
abierto una nueva fase en la lucha de clases que coloca, por primera vez en
décadas, nuevamente a las fuerzas populares ante la posibilidad de revertir a su
favor un proceso; de transformar una situación defensiva, primero en equilibrio
y luego en ofensiva. Pero ese proceso recién se abre: la avalancha de votos
populares no sólo no alcanza por sí sola para tomar el poder sino que tampoco permite excluir del
gobierno a fuerzas
antipopulares que actúan en su propio interior, las que intentarán ahora
negociar la dependencia con el capital monopolista. El 11 de marzo el pueblo
dispuso los funerales del proyecto más coherente elaborado por el capital
monopolista, al derrocar a la camarilla militar que, claramente desde 1966, se
había transformado en principal soporte político de la dependencia. Este es un
hecho histórico, pero a partir de él otra historia debe nacer aún.
1 Antonio Gramsci, Notas sobre
Maquiavelo sobre política y sobre el Estado moderno, Buenos Aires, Nueva Visión, 1972, págs.
71 y 72. La expresión acerca de que deben transformarse en partido, no tiene que
ser tomada en sentido estricto: para Gramsci, un gran diario, por ejemplo, puede
ser calificado como “partido” o “fracción de partido”. Se trata de expresiones
orgánicas que, a partir de intereses de clase, plantean las cuestiones en
conflicto no sólo sobre un plano corporativo, sino sobre un plano
universal.”
2 *arl Marx, Elementos fundamentales
para la crítica de la economía política, tomo 1, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971,
pág. 204.
3 Gramsci, op. cit., pág. 71. La expresión
la toma casi literalmente del Prefacio a la Contribución a la crítica de la
economía política, de
Marx.
4 Mao Tse Tung, Sobre la
contradicción, en Obras
Escogidas, tomo 1 pág. 356.
5 Samir Amin, L’Accumulation a
l’echelle mondiale, París,
1970, pág. 34.
6 Ruy Mauro Marini, “Dialéctica de la
dependencia: la economía exportadora” en Sociedad y Desarrollo, Nº 1, Santiago de Chile, 1972, pág.
37.
7 Amin, op. cit. pág.
34.
8 Gramsci, op. cit., pág.
76.
9 La definición de Lenin sobre “situación
revolucionaria”, en Obras Completas,
tomo XXI, pág. 211/12, Buenos Aires, 1960.
10 Torcuato Di Tella, “Inmovilidad o
coexistencia en la Argentina”, en James Petras y Maurice Zeitlin, América
Latina: ¿Reforma o Revolución?,
tomo 1, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970, pág.
205.
11 Política Económica Argentina, Buenos Aires, 1968, pág.
35.
12 Osiris Villegas, Políticas y
estrategias para el desarrollo y la seguridad nacional, Buenos Aires, 1969, pág.
136.
13 El discurso del general Juan N.
Iavicoli, pronunciado en la Conferencia de Ejércitos Americanos reunida en
Buenos Aires en noviembre de 1966, puede leerse en Clarín del 3 de noviembre de
1966.
14 Columna de Mariano Grondona, en
Primera Plana del 12 de
diciembre de 1967.
15 Cf. Mónica Peralta Ramos, Etapas de
acumulación y alianzas de clases en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972, págs.
62 y
183.
16 En realidad, desde los años 60 la
ofensiva del capital monopolista ha tendido, con éxito, a integrar
subordinadamente a la burguesía nacional en su circuito económico o condenarla a
su desaparición. De acuerdo con estadísticas oficiales, más de once mil empresas
quebraron en los últimos cinco años, debilitando el peso económico del capital
nacional. Pero lo que interesa destacar, más allá de las habituales discusiones
sobre la extinción de la burguesía nacional en la Argentina, es lo siguiente,
dentro de la línea de razonamiento de estas notas: a) la existencia de una
diferenciación contradictoria entre esos grupos y la burguesía monopolista,
basada en intereses; b) la
capacidad, en esa relación conflictiva, de oponer resistencias, de negociar
transacciones. Es que, por encima de su peso económico (mucho mayor que el de
similares fracciones de clase en otros países latinoamericanos), vale su peso
social. Según la clasificación del Censo Industrial 1963-64, las empresas de las
ramas industriales “mediana y escasamente concentradas”, en las que predomina
abiertamente el capital nacional y cuyo destino se liga al del mercado interno,
producían el 43,6% de los bienes industriales y ocupaban el 57,7% del total de
la mano de obra. Este último dato es muy importante en términos de peso social:
puede ayudar a explicar la relación que la burocracia sindical mantiene con las
organizaciones profesionales del empresariado nacional y los reiterados acuerdos
a que han llegado para reclamar en conjunto modificaciones a la política
estatal.
17 Oscar
Braun y Ricardo Kesselman, Argentina 1971: estancamiento estructural y crisis
de coyuntura, Centro de
Estudios de Economía Política, Buenos Aires, 1971, pág. 1 (véase pág. 45 del
presente volumen).
Se
agradece la donación de la presente obra a la Cátedra de Informática y
Relaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina.
http://www.hipersociologia.org.ar/base.html