LUIS
ALBERTO ROMERO
BREVE
HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA ARGENTINA
Cap.
V
La
economía entre la modernización
y
la crisis
El
programa que en 1958 sintetizó de manera convincente Arturo Frondizi expresaba
una sensibilidad colectiva y un conjunto de convicciones e ilusiones compartidas
acerca de la modernización económica. En parte ésta debía surgir de la promoción
planificada por el Estado, y de una renovación técnica y científica hacia la
cual de 1955 en adelante se volcaron muchos esfuerzos. Así surgieron el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de incidencia
importantísima en su campo, y el menos influyente Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI). La investigación básica y la tecnológica fueron
promovidas desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
creado en 1957, o desde la Comisión Nacional de Energía Atómica, que
frecuentemente actuaron asociados con las universidades. El Consejo Federal de
Inversiones debía regular las desigualdades regionales mientras que el Consejo
Nacional de Desarrollo, creado en 1963, asumiría la planificación global y la
elaboración de planes nacionales de desarrollo. En suma, un conjunto de
instituciones debían poner en movimiento, planificadamente, la palanca de la
inversión pública, la ciencia y la técnica.
Pero
la mayor fe estaba puesta en los capitales extranjeros. Éstos llegaron en
cantidades relativamente considerables entre 1959 y 1961; luego se retrajeron,
hasta que en 1967 se produjo un segundo impulso, aunque en él pesaron mucho las
inversiones de corto plazo. Pero su influencia excedió largamente la de las
inversiones directas. Los inversores tuvieron una gran capacidad para aprovechar
los mecanismos internos de capitalización, ya sea de créditos del Estado o
simplemente del ahorro particular, que juzgaba conveniente canalizarse a través
de las empresas extranjeras. También se instalaron por la vía de la compra o la
asociación con empresas nacionales existentes o su compra, o simplemente por la
concesión de patentes o marcas. Su influencia se notó en la transformación de
los servicios o en las formas de comercialización —los supermercados fueron al
principio lo más característico— y en general en una modificación de los hábitos
de consumo, estimulada por lo que podía llegar a verse y apetecerse a través de
la televisión. La presencia creciente del idioma inglés atestigua el grado de
adaptación a los estilos mundiales que alcanzó la vida
económica.
En
estos primeros años su efecto fue traumático. En la industria, las nuevas ramas
—petróleo, acero, celulosa, petroquímica, automotores— crecieron aceleradamente,
por efectos de la promoción y aprovechando la existencia de un mercado
insatisfecho, mientras que las que habían liderado el crecimiento en la etapa
anterior —textil, calzado, y aun electrodomésticos— se estancaron o
retrocedieron, en parte porque su mercado se había saturado o incluso
retrocedía, y en parte también porque debían competir con nuevos productos, como
fue el caso del hilado sintético, que lo hizo con el algodón en el sector de los
textiles. Por otro lado, aumentó la concentración, sobre todo en la industria,
modificando la estructura relativamente dispersa heredada de la etapa peronista.
En las ramas nuevas, donde pesaron los capitales extranjeros, esto se debió a la
magnitud de las inversiones iniciales requeridas así como a las condiciones
mismas de la promoción estatal, que con excepción de los automotores
garantizaban esa concentración. En las actividades antiguas, tradicionalmente
dispersas, y en un contexto de contracción, algunas empresas con mayor capacidad
de adaptación lograron, gracias a un crédito o a una asociación ventajosa,
crecer a expensas de otras.
En
suma, se creó una brecha entre un sector moderno y eficiente de la economía, en
progresiva expansión, ligado a la inversión o al consumo de los sectores de
mayor capacidad, y otro tradicional, más bien vinculado al consumo masivo, que
se estancaba. La brecha tenía que ver con la presencia de empresas extranjeras,
o su asociación con ellas, de modo que para muchos empresarios locales la
experiencia fue fuertemente negativa. Lo fue, sobre todo, para muchos de los
trabajadores. El empleo industrial tendió a estancarse, sin que el aumento en
las nuevas empresas compensara la pérdida en las tradicionales, y se
deterioraron los ingresos de los asalariados por razones tanto económicas como
políticas: un mayor desahogo empresarial en el mercado de trabajo, debido a los
frutos de la racionalización y la contracción, se sumaba a un recorte en la
capacidad de negociación de las organizaciones sindicales, sobre todo en el
ámbito específico de la empresa y la planta. Así, la participación relativa de
capital y trabajo en el producto bruto interno varió sensiblemente, revelando la
consistencia de la fase acumulativa que se había puesto en marcha: la porción de
los asalariados cayó aproximadamente del 49% del PBI en 1954 —pico máximo de la
etapa peronista— a un 40% hacia 1962.
El
efecto traumático debía compensarse con otro renovador más fuerte y persistente,
que sin embargo se relativizó bastante. Aun en el caso de las actividades
modernas, los inversores nuevos debían moverse en un contexto de características
singulares y arraigadas: el tipo de fábricas heredado de la etapa peronista se
caracterizaba por su escala pequeña, alta integración vertical, elevados costos
y escasa preocupación por la competitividad. Eran más bien grandes talleres que
verdaderas fábricas modernas. Las empresas nuevas —particularmente las de
automotores— tuvieron que adecuar su tecnología y sus formas de organización a
estas realidades, de las que no podían desentenderse, de modo que —como estudió
Jorge Katz— su eficiencia fue mucho menor que en los países de origen. Muchas
empresas vinieron a aprovechar la crema de un mercado protegido y largamente
insatisfecho, antes que a realizar una instalación de riesgo con perspectivas de
largo plazo. Tal lo que ocurrió con las 21 terminales de automotores existentes
en 1965. Pero aun las que tenían planes de largo alcance no estuvieron
dispuestas a sacrificar la protección concedida, que les garantizaba el dominio
del mercado local pero las condenaba a limitarse a él.
En
esos años la sociedad argentina, dominada por la problemática del desarrollo, la
dependencia y el imperialismo, discutió mucho más la magnitud y destino de las
ganancias de estas empresas que su aporte —ciertamente relativo— a la
modernización y competitividad de la economía y particularmente del sector
industrial. Lo cierto es que los capitales extranjeros contribuyeron a mantener
algunos de los mecanismos básicos, tal como se habían conformado en los años
treinta y reforzado en la guerra y la posguerra. Su horizonte siguió siendo el
mercado interno, y al igual que sus antecesoras nacionales, no fue prioritario
alcanzar acá una eficiencia que les permitiera competir en mercados externos, a
los que abastecían desde otras filiales, salvo con estímulos específicos.
Atraídos con regímenes de promoción, pugnaron por mantener las situaciones de
privilegio y hasta extenderlas, y así —junto con las empresas nacionales que
pudieron seguirlos en esa línea— contribuyeron a fortalecer la injerencia de un
Estado que debía garantizar las ventajas especiales.
Pese
a que el gobierno había desarrollado una serie de organismos de planificación,
sus políticas de promoción no tuvieron en cuenta cuestiones claves, como cuándo
dejar de promover, para estimular la competitividad, o la forma de
compatibilizar las necesidades fiscales con la promoción, que generalmente
consistía en la exención de impuestos. Sobre todo, fue una política errática:
hubo bruscas oscilaciones, determinadas en parte por la capacidad de presión de
cada uno de los interesados —como cuando el ministro Pinedo dispuso en 1962 una
devaluación del 80%— y en parte por razones políticas generales —como cuando el
gobierno de Illia anuló los contratos petroleros—, que reforzó en las empresas
la actitud contraria de consolidar los privilegios
obtenidos.
En
los diez años que siguieron al fin del peronismo, la economía no sólo se
transformó sustancialmente sino que, en conjunto, creció, aunque probablemente
menos de lo que se esperaba. En el sector industrial, esto fue el resultado de
un promedio entre el crecimiento de los sectores nuevos —muchos de los cuales
tenían un ciclo de maduración largo— y la retracción de los tradicionales. En el
sector agrícola empezaron a sentirse algunos efectos de los incentivos
cambiarios ocasionales, de las mejoras tecnológicas impulsadas por el INTA o por
grupos de empresarios innovadores, o de la mayor difusión de los tractores,
producidos por plantas industriales recientemente instaladas. Sin ser
espectaculares, los resultados permitieron que la producción alcanzara en
promedio los niveles de 1940, antes del comienzo de la gran contracción. Hubo
también algunas mejoras relativas en el comercio exterior. Todo ello fue la base
de una etapa de crecimiento general sostenido pero moderado, sustentado
principalmente en el mercado interno, iniciada en los años del gobierno de
Illia, que se prolongaría hasta mediados de la década siguiente. Perceptible a
la distancia, esta bonanza relativa permaneció oculta a los contemporáneos, cuya
perspectiva estuvo dominada por los ciclos de expansión y contracción, y las
violentas crisis que los separaban.
Las
crisis estallaron con regularidad cada tres años —1952, 1956, 1959, 1962, 1966—
y fueron puntualmente seguidas por políticas llamadas de estabilización. Desde
un punto de vista estrictamente económico, expresaban las limitaciones que desde
1950 experimentaba el país para un crecimiento sostenido. La expansión del
sector industrial y del comercial y de servicios ligados al mercado interno
dependía en último término de las divisas con las que pagar los insumos
necesarios para mantenerlo en movimiento. Éstas eran provistas por un sector
agropecuario con escasas posibilidades de expandirse, que afrontaba difíciles
condiciones en los mercados mundiales y que era habitualmente usado, a través de
las políticas cambiarias y de precios relativos, para solventar al sector
interno. De ese modo, todo crecimiento de éste significaba un aumento de las
importaciones y concluía en un déficit serio de la balanza de pagos. El
endeudamiento externo, creciente en la época, y la necesidad de cumplir con los
servicios, agregaba un elemento adicional a la crisis y un motivo de interés
para los acreedores y sus agentes. Los planes de estabilización, que recogían la
normativa estándar del Fondo Monetario Internacional —a quien se recurría en la
emergencia—, consistían en primer lugar en una fuerte devaluación, y luego en
políticas recesivas —suspensión de créditos, paralización de obras públicas—,
que reducían el empleo industrial y los salarios, y con ellos las importaciones,
hasta recuperar el equilibrio perdido, creando las condiciones para un nuevo
crecimiento.
Cada
uno de estos ciclos de avance, detención y nuevo avance —capaces de justificar
el difundido pesimismo acerca del futuro de la economía— se inscribía en el
contexto de la puja por el ingreso entre los distintos sectores, que a su vez
formaba parte de la puja política más general, pues al empate político
correspondía un empate económico. En una negociación entre varias partes, los
beneficiados y perjudicados cambiaban en forma permanente, así como las alianzas
y los enfrentamientos. En las fases ascendentes, los intereses de empresarios y
trabajadores industriales podían coincidir, a costa de los sectores
exportadores: esta coincidencia, que fue una de las bases de la alianza
peronista, explica el margen de negociación logrado por los sindicatos luego de
1955. Otras veces —y en estos años fue más frecuente— los empresarios
aprovecharon la coyuntura para capitalizarse intensamente. Con la crisis y la
devaluación había en primer lugar una traslación de ingresos del sector urbano
al rural, pero también de los trabajadores a los empresarios, pues los salarios
reales retrocedían ante la fuerte inflación. También solían perder las empresas
chicas a manos de las grandes, y en esas coyunturas la concentración de la
propiedad avanzó a saltos.
En
suma, la crisis potenció la puja por el ingreso entre aquellos sectores con
capacidad corporativa para negociar y creó la posibilidad de aprovechar una
coyuntura, un cambio de las reglas del juego, producidas desde el poder, y
quedarse con la parte del otro. Se trataba de un juego en el que no había reglas
racionales y previsibles, ni un sector capaz de imponérselas al otro. Si bien la
acción del Estado era decisiva, no se trazaban desde allí políticas autónomas
sino que estaba a disposición de quien pudiera capturarlo un instante, y
utilizarlo para sacar el mayor provecho posible. Hubo entre los sectores
propietarios quienes advirtieron las posibilidades que ofrecía un funcionamiento
tan anormal para los parámetros del capitalismo y descubrieron las ventajas de
la indisciplina. Hubo otros, en cambio, cuyas mejores posibilidades estaban en
el establecimiento del orden y la racionalidad y empezaron a reclamar la
presencia, en el poder político, de quien pudiera cumplir esa
tarea.
VI.
DEPENDENCIA O
LIBERACIÓN,
1966-1976
El
ensayo autoritario
Un
amplio consenso acompañó al golpe del 28 de junio de 1966: los grandes sectores
empresarios y también los medianos y pequeños, la mayoría de los partidos
políticos —con excepción de los radicales, socialistas y comunistas— y hasta
muchos grupos de extrema izquierda, satisfechos del fin de la democracia
“burguesa”. Perón abrió una carta de crédito, aunque recomendó “desensillar
hasta que aclare”, los políticos peronistas fueron algo más explícitos y los
sindicalistas se mostraron francamente esperanzados y concurrieron a la asunción
del nuevo presidente, especulando con la persistencia del tradicional espacio
para la negociación y la presión, y quizá con las posibles coincidencias con un
militar que —como aquel otro— ponía el acento en el orden, la unidad, un cierto
paternalismo y un definido anticomunismo.
Este
crédito amplio y variado tenía que ver con la indefinición inicial entre las
diversas tendencias que coexistían en el gobierno. El estado mayor de las
grandes empresas —el establishment económico— tenía interlocutores
directos en muchos jefes militares. Otros —sobre todo los que rodeaban al
general Onganía— se nutrían en cambio de una concepción mucho más tradicional,
derivada en parte del viejo nacionalismo pero sobre todo de las doctrinas
corporativistas u organicistas que se estaban abriendo paso entre la nueva
derecha. Las contradicciones profundas entre corporativistas y liberales (que ni
creían en las libertades individuales ni en el liberalismo económico ortodoxo)
se disimulaban en una red de contactos sociales e ideas mezcladas, tejidas en la
Escuela de Economía de la Universidad Católica, el Instituto de Ciencias
Políticas de la Universidad del Salvador o en los cursillos de cristiandad que
la Iglesia —lanzada a la conquista de los grupos dirigentes y hábil para
disimular las diferencias— organizaba para militares, jóvenes empresarios o
“tecnócratas de sacristía”.
Así,
de momento privaron las coincidencias. Era necesario reorganizar el Estado,
hacerlo fuerte, con autoridad y recursos, y controlable desde su cima. Para
unos, era la condición de un reordenamiento económico que usara las
tradicionales herramientas keynesianas para romper los bloqueos del crecimiento.
Para otros, era la condición de un reordenamiento de la sociedad, de sus maneras
de organización y representación, que liquidara las formas políticas del
liberalismo, juzgadas nefastas, y creara las bases para otras, naturales,
orgánicas y jerárquicas.
La
primera fase del nuevo gobierno se caracterizó por un “shock
autoritario”. Se proclamó el comienzo de una etapa revolucionaria, y a la
Constitución se le adosó un Estatuto de la Revolución Argentina, por el cual
juró el general Juan Carlos Onganía, presidente designado por la Junta de
Comandantes, que se mantuvo en el poder hasta junio de 1970. Se disolvió el
Parlamento —el presidente concentró en sus manos los dos poderes— y también los
partidos políticos, cuyos bienes fueron confiscados y vendidos, para confirmar
lo irreversible de la clausura de la vida política. Los militares mismos fueron
cuidadosamente apartados de las decisiones políticas, aunque en cuestiones de
seguridad se institucionalizó la representación de las armas por la vía de sus
Comandantes. Los ministerios fueron reducidos a cinco, y se creó una suerte de
Estado Mayor de la Presidencia, integrado por los Consejos de Seguridad,
Desarrollo Económico y Ciencia y Técnica, pues en la nueva concepción el
planeamiento económico y la investigación científica se consideraban insumos de
la seguridad nacional.
Unificadas
las decisiones, se comenzó a encorcetar la sociedad. La represión del comunismo
—uno de los temas que unía a todos los sectores golpistas— se extendió a todas
aquellas expresiones del pensamiento crítico, de disidencia o hasta de
diferencia. El blanco principal fue la Universidad, que era vista como el lugar
típico de la infiltración, la cuna del comunismo, el lugar de propagación de
todo tipo de doctrinas disolventes y el foco del desorden, pues se consideraba
que las manifestaciones en reclamo de mayor presupuesto eran un caso de gimnasia
subversiva. Las universidades fueron intervenidas y se acabó con su autonomía
académica. El 29 de julio de 1966, en la “noche de los bastones largos”, la
policía irrumpió en algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires y
apaleó a alumnos y profesores. A este impromptu, grave, simbólico y
premonitorio, siguió un movimiento importante de renuncias de docentes. Muchos
de ellos continuaron con sus trabajos en el exterior y otros procuraron
trabajosamente reconstruir, subterráneamente, las redes intelectuales y
académicas, por lo general en espacios recoletos, que alguien comparó con las
catacumbas. Mientras tanto en las universidades reaparecieron los grupos
tradicionalistas, clericales y autoritarios que habían predominado antes de
1955.
La
censura se extendió a las manifestaciones más diversas de las nuevas costumbres,
como las minifaldas o el pelo largo, expresión de los males que, según la
Iglesia, eran la antesala del comunismo: el amor libre, la pornografía, el
divorcio. Al igual que en el caso de la Universidad, venía a descubrirse que
amplias capas de la sociedad coincidían con el diagnóstico de los militares o de
la Iglesia acerca de los peligros de la modernización intelectual y con la
necesidad de usar la autoridad para extirpar los males.
Los
gestos de autoridad se repitieron en ámbitos elegidos arbitrariamente, donde más
visible era la generosidad del Estado, o su debilidad frente a las presiones
corporativas. Antes de que se hubiera definido una política económica, se
procedió a reducir drásticamente el personal en la administración pública y en
algunas empresas del Estado, como los ferrocarriles, y se realizó una sustancial
modificación de las condiciones de trabajo en los puertos, para reducir los
costos. Otra medida espectacular fue el cierre de la mayoría de los ingenios
azucareros en la provincia de Tucumán, que venían siendo ampliamente
subsidiados, con el propósito de racionalizar la producción. En todos los casos
la protesta sindical, que fue intensa, resultó acallada con violencia, y si bien
no se derogó la ley de Asociaciones Profesionales —se trataba del punto
principal de la disputa entre corporativistas y liberales— se sancionó una de
Arbitraje Obligatorio, que condicionaba la posibilidad de iniciar huelgas. Poco
quedaba de las esperanzas de los sindicalistas, rudamente golpeados por la
política autoritaria. En febrero de 1967 lanzaron un Plan de Acción, que
recordaba el Plan de Lucha montado contra Illia. Pero en la ocasión tropezaron
con una respuesta muy fuerte: despidos masivos, retiros de personería sindical,
intervenciones a los sindicatos y el uso de todos los resortes que la ley le
daba al Estado para controlar al gremialismo díscolo. El paro tuvo por otra
parte escasa repercusión y la CGT debió reconocer su derrota total y suspender
las medidas.
El
gobierno había encontrado la fórmula política adecuada para operar la gran
reestructuración de la sociedad y la economía. Con la clausura de la escena
política y la corporativa había puesto fin a la puja sectorial, dejando
descolocado al sindicalismo vandorista, protagonista principal de ambas escenas,
y hasta al propio Perón, que se tomó unas vacaciones políticas. Acallado
cualquier ámbito de expresión de las tensiones de la sociedad, y aun de las
mismas opiniones, podía diseñar sus políticas con tranquilidad, sin urgencias
—la revolución no tiene plazos, se decía— y con un instrumento estatal poderoso
en sus manos.
Pero
en los seis primeros meses, y más allá de aquellas acciones espectaculares, no
se había adoptado un rumbo claro en materia económica pues el equipo designado
—de orientación vagamente social cristiana— estaba lejos de conformar al
establishment. El conflicto se resolvió en diciembre de 1966 en favor de
los llamados liberales. El general más afín a ellos, Julio Alsogaray —hermano de
Alvaro— fue designado comandante en jefe del Ejército, y Adalbert Krieger
Vasena, ministro de Economía y Trabajo. Se trataba de un economista surgido del
riñón mismo de los grandes grupos empresarios, con excelentes conexiones con los
centros financieros internacionales y de capacidad técnica reconocida. Krieger
ocupó el centro del gobierno —su influencia se extendía a los ministerios de
Obras Públicas y de Relaciones Exteriores—, pero debió seguir enfrentándose con
los grupos corporativistas, que se concentraron en el Ministerio de Interior
—donde se manejaba la educación, tema clave para la Iglesia— y la Secretaría
General de la Presidencia.
El
plan de Krieger Vasena, lanzado en marzo de 1967, coincidiendo con la debacle de
la CGT, apuntaba en primer término a superar la crisis cíclica —menos aguda que
la de 1962-1963—, y a lograr una estabilización prolongada que eliminara una de
las causas de la puja sectorial. Más a largo plazo, se proponía racionalizar el
funcionamiento de la economía toda y facilitar así el desempeño de las empresas
más eficientes, cuya imposición sobre el conjunto acabaría definitivamente, en
este terreno, con empates y bloqueos.
Contaba
para ello con las poderosas herramientas de un Estado perfeccionado en sus
orientaciones intervencionistas. En el caso de la inflación se recurrió a la
autoridad estatal para regular las grandes variables, asegurar un período
prolongado de estabilidad y desalentar las expectativas inflacionarias.
Sometidos los sindicatos, se congelaron los salarios por dos años, luego de un
módico aumento, y se suspendieron las negociaciones colectivas. También se
congelaron tarifas de servicios públicos y combustibles, y se estableció un
acuerdo de precios con las empresas líderes. El déficit fiscal se redujo con las
racionalizaciones de personal y una recaudación más estricta, pero sobre todo
porque se estableció una fuerte devaluación del 40% y una retención similar
sobre las exportaciones agropecuarias. Con esta medida, la más importante en lo
inmediato, se logró a la vez arreglar las cuentas del Estado, evitar el alza de
los alimentos, impedir que la devaluación fuera aprovechada por los sectores
rurales y asegurar un período prolongado de estabilidad cambiaria, reforzado por
préstamos del Fondo Monetario y una importante corriente de inversiones de corto
plazo. Todo ello permitió establecer el mercado libre de cambios. En lo
inmediato, los éxitos de esta política de estabilización fueron notables: a
mediados de 1969 la inflación se había reducido drásticamente, aunque seguía
siendo elevada para los niveles de los países centrales, y las cuentas del
Estado estaban equilibradas, lo mismo que la balanza de
pagos.
Otros
poderosos instrumentos de intervención estatal fueron utilizados para mantener
el nivel de la actividad económica y estimular a los sectores juzgados más
eficientes. No hubo restricción monetaria ni crediticia. Las inversiones del
Estado fueron considerables, particularmente en obras públicas: la represa
hidroeléctrica de El Chocón, que debía solucionar el fuerte déficit energético,
puentes sobre el Paraná, caminos y accesos a la Capital, a lo que se sumó un
impulso similar de la construcción privada. Las exportaciones no tradicionales
fueron beneficiadas con reintegros de impuestos a insumos importados. Se
estimuló la eficiencia general de la economía mediante una reducción,
ciertamente selectiva, de los aranceles y la eliminación de subsidios a
economías regionales, como la azucarera tucumana o la algodonera chaqueña.
También aquí los éxitos globales fueron notables: creció el producto bruto,
sosteniendo la tendencia de los años anteriores, la desocupación fue en general
baja —aunque las reestructuraciones crearon bolsones de alto desempleo—, los
salarios no cayeron notablemente y la inversión fue en general alta, aunque
concentrada en obras públicas. No hubo un movimiento inversor privado sostenido,
de modo que hacia 1969 el crecimiento parecía alcanzar su
techo.
El
sector más concentrado —predominantemente extranjero— resultó el mayor
beneficiario de esta política, que además de estabilizar, apuntaba a
reestructurar profundamente el mundo empresario y a consolidar de modo
definitivo los cambios esbozados desde 1955. Muchas de las empresas instaladas
en la época de Frondizi empezaron por entonces a producir a pleno, pero además
hubo compras de empresas nacionales por parte de extranjeras —se notó en bancos
o tabacaleras— de manera que la desnacionalización de la economía se hizo más
manifiesta. Sin renunciar a las ventajas de los regímenes de promoción con que
se instalaron, estas empresas se beneficiaron con la situación de estabilidad,
en la cual podían hacer pesar sus ventajas en organización, planeamiento y
racionalidad. Las grandes obras públicas realizadas en esta etapa generalmente
solucionaban sus problemas de transporte o energía, a la vez que creaban
oportunidades atractivas para las que empezaban a operar como contratistas del
Estado, un rubro llamado a crecer considerablemente.
En
cambio, la lista de perjudicados fue amplia. A la cabeza estaban los sectores
rurales; si bien se los estimuló a la modernización y tecnificación —a eso
apuntaba el temido impuesto a la “renta potencial”— se sintieron perjudicados
por lo que consideraban un despojo: las fuertes retenciones a la exportación.
Los sectores empresarios nacionales —que hacían oír su voz a través de la
Confederación General Económica— se quejaban de falta de protección y se
lamentaban de la desnacionalización. Economías provinciales enteras —Tucumán,
Chaco, Misiones— habían recibido verdaderos mazazos al suprimirse protecciones
tradicionales. La lista de maltrechos se completaba con amplios sectores medios,
perjudicados de formas varias, desde la liberación de los alquileres urbanos
hasta el avance de los supermercados en la comercialización minorista, y
naturalmente con los trabajadores.
La
nueva política modificaba profundamente los equilibrios —cambiantes pero
estables— de la etapa del empate, y volcaba la balanza en favor de los grandes
empresarios. La utilización del más tradicional de los instrumentos de política
económica —la transferencia de ingresos del sector rural tradicional al sector
urbano— operaba de un modo nuevo: en lugar de alimentar a éste por la vía del
mayor consumo de los trabajadores y la expansión del mercado interno —clásica en
las alianzas distribucionistas entre empresarios y trabajadores— lo hacía por la
expansión de la demanda autónoma: inversiones, exportaciones no tradicionales, y
un avance en la sustitución de importaciones. Como ha señalado Adolfo Canitrot,
se trataba del proyecto propio y específico de la gran burguesía, que sólo en
estas circunstancias sociales y políticas podía ser propuesto. Sostenido por
quienes gustaban de llamarse liberales, era en realidad una política que si bien
achicaba las funciones del Estado benefactor, conservaba y aun expandía las del
Estado intervencionista. Ni los empresarios querían renunciar a esa poderosa
palanca, ni los militares hubieran aceptado el achique de aquellas partes del
Estado con la que más fácilmente se identificaban: las empresas militares
orientadas de una u otra manera a la Defensa y las mismas empresas del Estado,
que con frecuencia eran llamados a administrar. En estos años la expansión del
Estado parecía perfectamente funcional con la reestructuración del capitalismo,
pero probablemente no se ocultaban a sus beneficiarios los peligros potenciales
de conservar activa una herramienta tan poderosa.
A
lo largo de 1968 empezaron a notarse los primeros indicios del fin de la pax
romana. En marzo, un grupo de sindicalistas contestatarios, encabezados por
Raimundo Ongaro, dirigente gráfico de orientación social cristiana, ganó la
conducción de la CGT, aunque de inmediato los dirigentes más tradicionales la
dividieron. Pero a lo largo de 1968 la CGT de los Argentinos —en torno de la
cual se reunieron activistas de todo tipo— encabezó un movimiento de protesta
que el gobierno pudo controlar combinando amenazas y ofrecimientos. Esta
emergencia contestataria reunió a dos grupos de dirigentes hasta ese momento
enfrentados: el tradicional núcleo vandorista, carente de espacio para su
política, y los llamados “participacionistas”, dispuestos a aceptar las reglas
del juego impuestas por el régimen y a asumir su función de expresión
corporativa, ordenada y despolitizada, del sector laboral de la comunidad. En
ellos centraban sus ilusiones quienes rodeaban a Onganía: concluida la
reestructuración económica —pensaban—, era posible iniciar el “tiempo social”,
con el apoyo de una CGT unida y domesticada. Esta corriente, con representación
en el Ejército, pero fuerte sobre todo por su cercanía a la Presidencia, se sumó
a otra alimentada por las protestas cada vez más generales de la sociedad. Los
sectores rurales eran fácilmente escuchados por los jefes militares, y también
los sectores del empresariado nacional, capaces de tocar una fibra todavía
sensible en ellos: frente a la política económica imperante hay otra
alternativa, decían; es posible un desarrollo más nacional, algo más popular y
más justo.
Todas
estas voces, poco orquestadas todavía, pusieron en tensión la relación entre el
presidente y su ministro de Economía. A mediados de año, Onganía relevó a los
tres Comandantes y reemplazó a Julio Alsogaray —conspicuo liberal— por Alejandro
Lanusse, de momento menos definido. Las voces del establishment salieron
a defender a Krieger Vasena, comenzaron a quejarse del excesivo autoritarismo de
Onganía, de sus veleidades corporativistas y autoritarias, y empezaron a pensar
en una salida política, para la que se ofrecía el general Aramburu y hacía su
aporte el nuevo delegado personal de Perón, Jorge Daniel Paladino. Cuando en
mayo de 1969 estalló el breve pero poderoso movimiento de protesta —el
Cordobazo—, el único capital de Onganía, el mito del orden, se
desvaneció.
Cap
VII
La
economía imaginaria: la gran
transformación
Esa
transformación fue conducida por José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de
Economía durante los cinco años de la presidencia de Videla. Cuando asumió,
debía enfrentar una crisis cíclica aguda —inflación desatada, recesión,
problemas en la balanza de pagos—, complicada por la crisis política y social y
el fuerte desafío de las organizaciones armadas al poder del Estado. La
represión inicial, que descabezó la movilización popular, sumada a una política
anticrisis clásica —más o menos similar a todas las ejecutadas desde 1952—
permitió superar la coyuntura. Pero esta vez las Fuerzas Armadas y los sectores
del establishment que las acompañaban habían decidido ir más lejos. En su
diagnóstico, la inestabilidad política y social crónica nacía de la impotencia
del poder político ante los grandes grupos corporativos —los trabajadores
organizados pero también los empresarios— que alternativamente se enfrentaban,
generando desorden y caos, o se combinaban, unidos por una lógica peculiar, para
utilizar en beneficio mutuo las herramientas poderosas del Estado
intervencionista y benefactor. Una solución de largo plazo debía cambiar los
datos básicos de la economía y así modificar esa configuración social y política
crónicamente inestable. No se trataba de encontrar la fórmula del crecimiento
—pues se juzgaba que a menudo allí anidaba el desorden— sino la del orden y de
la seguridad. Invirtiendo lo que hasta entonces —de Perón a Perón— habían sido
los objetivos de las distintas fórmulas políticas, se buscó solucionar los
problemas que la economía ponía a la estabilidad política, si era necesario a
costa del propio crecimiento económico.
Según
un balance que progresivamente se imponía, cuyas implicaciones ha puesto en
evidencia Adolfo Canitrot, el Estado intervencionista y benefactor, tal como se
había constituido desde 1930, era el gran responsable del desorden social; en
cambio, el mercado parecía el instrumento capaz de disciplinar por igual a todos
los actores, premiando la eficiencia e impidiendo los malsanos comportamientos
corporativos. Este argumento, que como se verá llegó a dominar en los discursos
y en el imaginario, oscureció lo que fue, en definitiva, la solución de fondo:
al final de la transformación que condujo Martínez de Hoz, el poder económico se
concentró de tal modo en un conjunto de grupos empresarios, trasnacionales y
nacionales, que la puja corporativa y la negociación ya no fueron siquiera
posibles. Esta transformación no fue el producto de fuerzas impersonales y
automáticas: requirió de una fuerte intervención del Estado, para reprimir y
desarmar a los actores del juego corporativo, para imponer las reglas que
facilitaran el crecimiento de los vencedores y aun para trasladar hacia ellos,
por la clásica vía del Estado, recursos del conjunto de la sociedad que
posibilitaron su consolidación.
La
ejecución de esa transformación planteaba un problema político, que ha expuesto
Jorge Schvarzer: la conducción económica debía en primer lugar durar en el poder
un tiempo suficientemente prolongado, y luego crear una situación que, más allá
de su permanencia, fuera irreversible. El ministro de Economía y su grupo
permanecieron durante cinco años: la irreversibilidad de la situación que
crearon se manifestó inmediatamente después de su salida, cuando sus sucesores
intentaron cambiar algo el rumbo y fracasaron
rotundamente.
Martínez
de Hoz contó inicialmente con un fuerte apoyo, casi personal, de los organismos
internacionales y los bancos extranjeros —que le permitió sortear varias
situaciones difíciles— y del sector más concentrado del establishment
económico local. La relación con los militares fue más compleja, en parte por
sus profundas divisiones —entre las armas y aun entre fracciones— que se
expresaban en apoyos, críticas o bloqueos a su gestión, y en parte por el peso
que entre ellos tenían muchas ideas y concepciones que en el plan del ministro
debían ser cambiadas, y con las que tuvo que encontrar algún punto de acuerdo.
Fue una relación conflictiva, de potencia a potencia. Los militares juzgaban que
el descabezamiento del movimiento popular, la eliminación de sus grandes
instrumentos corporativos y la fuerte reducción de los ingresos de los sectores
trabajadores debía equilibrarse, por razones de seguridad, con el mantenimiento
del pleno empleo, de modo que la receta recesiva más clásica estaba descartada.
También tenían los militares una visión más tradicional de la cuestión del
Estado, o al menos de la parte de él que aspiraban a manejar en beneficio
personal o corporativo. Pero muchos de los que aceptaron la propuesta básica de
eliminar la participación del Estado en la transferencia de ingresos exigieron
en cambio la supervivencia de las empresas estatales —generalmente conducidas
por oficiales superiores— y la expansión del gasto público, lo que también
bloqueó la clásica receta recesiva y supuso a la larga un fracaso en el plan del
ministro. Las relaciones con los empresarios tampoco fueron fáciles, debido a la
cantidad de intereses sectoriales que debían ser afectados; para imponerse, fue
decisiva la inflexibilidad del ministro, unida a su capacidad de predicador,
mostrando la tierra prometida al final de la travesía del desierto, con una
seguridad mayor cuanto más la realidad parecía desmentir sus pronósticos. Pero
su arma de triunfo principal fue haber colocado durante varios años a la
economía en una situación de inestabilidad tal que sólo era posible seguir
avanzando, guiados por el mismo piloto, so riesgo de una catástrofe; cuando esto
dejó de funcionar, la concentración y el endeudamiento ya habían creado los
mecanismos definitivos de disciplinamiento y control.
Las
primeras medidas del equipo ministerial, que cubrieron largamente el primer año,
no dieron idea del rumbo futuro. Luego de intervenir la CGT y los principales
sindicatos, reprimir a los militantes, intervenir militarmente muchas fábricas,
suprimir las negociaciones colectivas y prohibir las huelgas, se congelaron los
salarios por tres meses con lo que —dada la fortísima inflación— cayeron en
términos reales alrededor de un 40%. El Estado pudo superar su déficit y las
empresas acumular, lo que sumado a los créditos externos rápidamente otorgados
permitió superar la crisis cíclica sin desocupación.
Desde
mediados de 1977 —y a medida que la conducción se afirmaba— comenzaron a
plantearse las grandes reformas, que supusieron trastornar las normas básicas
con que había funcionado la Argentina desde 1930. La reforma financiera acabó
con una de las herramientas del Estado para la transferencia de ingresos entre
sectores: la regulación de la tasa de interés, la existencia de crédito a tasas
negativas y la distribución de este subsidio según normas y prioridades fijadas
por las autoridades. Profundizando un mecanismo que ya operaba desde 1975, se
liberó la tasa de interés, se autorizó la proliferación de bancos e
instituciones financieras y se diversificaron las ofertas —títulos y valores
indexados de todo tipo, emitidos por el Estado, se sumaron a los depósitos a
plazo fijo, preferidos por los ahorristas— de modo que, en un clima altamente
especulativo, la competencia mantuvo alta las tasas de interés, y con ella la
inflación, que el equipo económico prácticamente nunca pudo o quiso reducir. En
la nueva operatoria se mantuvo una norma de la vieja concepción: el Estado
garantizaba no sólo los títulos que emitía sino los depósitos a plazo fijo,
tomados a tasa libre por entidades privadas, de modo que ante una eventual
quiebra devolvía el depósito a los ahorristas. Esta combinación de
liberalización, eliminación de controles y garantía generó un mecanismo que
llevó pronto a todo el sistema a la ruina.
La
segunda gran modificación fue la apertura económica y la progresiva eliminación
de los mecanismos clásicos de protección a la producción local, vigentes desde
1930. Se disminuyeron los aranceles, aunque en forma despareja y selectiva, y
como posteriormente se agregó la sobrevaluación del peso, la industria local
debió enfrentar la competencia avasallante de una masa de productos importados
de precio ínfimo. La fiebre especulativa ganó a toda la población, que para
defender el valor de su salario debía colocarlo a plazo fijo por unos pocos días
o ensayar alguna otra martingala más arriesgada; junto con el alud de productos
importados de precio mínimo fueron los fenómenos salientes de esta
transformación profunda y profundamente destructiva.
La
transformación se completó con la llamada “pauta cambiaria”, una medida de
importancia adoptada en diciembre de 1978, poco después de que el general Videla
fuera confirmado por la Junta Militar por tres años en la presidencia, aventando
amenazas sobre la estabilidad del ministro. El gobierno fijó una tabla de
devaluación mensual del peso, gradualmente decreciente hasta llegar en algún
momento a cero. Se adujo que se buscaba reducir la inflación y establecer alguna
previsibilidad, pero como la inflación subsistió, el peso se revaluó
considerablemente respecto del dólar. La adopción de la pauta cambiaria
coincidió con una gran afluencia de dinero del exterior, originado en el
reciclamiento que los bancos internacionales debían hacer de los dólares
generados por el aumento de los precios del petróleo, que en 1979 volvieron a
subir notablemente. El flujo de dólares —origen del fuerte endeudamiento
externo— fue común en toda América Latina y en muchos países del Tercer Mundo,
pero en la Argentina lo estimuló la posibilidad de tomarlos y colocarlos sin
riesgo aprovechando las elevadas tasas de interés internas, pues el Estado
aseguraba la estabilidad del valor con que serían recomprados. Pero la “tablita”
—tal el nombre popular de la pauta cambiaria— no bastó para reducir ni las tasas
de interés ni la inflación, en buena medida por la incertidumbre creciente a
medida que la sobrevaluación del peso anticipaba una futura y necesaria gran
devaluación. Mientras se constituía la base de la deuda externa, esta
“bicicleta” se agregaba a la “plata dulce” y los “importados coreanos” para
configurar la apariencia folclórica de una modificación sustancial de las reglas
de juego de la economía.
Su
verdadero corazón se hallaba ahora en el sector financiero, donde se
concentraron los beneficios. Se trataba de un mercado altamente inestable, pues
la masa de dinero se encontraba colocada a corto plazo y los capitales podían
salir del país sin trabas, si cambiaba la coyuntura, de modo que, antes que la
eficiencia o el riesgo empresario, allí se premiaba la agilidad y la
especulación. Muchas empresas compensaron sus fuertes quebrantos operativos con
ganancias en la actividad financiera; muchos bancos se convirtieron en el centro
de una importante red de empresas, generalmente endeudadas con ellos y compradas
a bajo precio. Muchas empresas tomaron créditos en dólares, los emplearon en
reequiparse o los colocaron en el circuito financiero, y para devolverlos
recurrieron a nuevos créditos, una cadena de la felicidad que, como era
previsible, en un momento se cortó.
El
momento llegó a principios de 1980. Mientras la economía imaginaria del mercado
financiero rodaba hacia la vorágine, la economía real agonizaba. Las altas tasas
de interés eran inconciliables con las tasas de beneficio, de modo que ninguna
actividad era rentable ni podía competir con la especulación. Todas las empresas
tuvieron problemas, aumentaron las quiebras, y los acreedores financieros, que
comenzaron a ver acumularse los créditos incobrables, buscaron solucionar sus
problemas captando más depósitos, elevando así aún más la tasa de interés, lo
que ponía en evidencia las consecuencias de garantizar los depósitos y a la vez
eliminar los controles a las instituciones financieras. En marzo de 1980,
finalmente, el Banco Central decidió la quiebra del banco privado más grande y
de otros tres importantes, que a su vez eran cabezas de sendos grupos
empresarios. Hubo una espectacular corrida bancaria, que el gobierno logró
frenar a costa de asumir todos los pasivos de los bancos quebrados, que en un
año llegaron a representar la quinta parte del sistema
financiero.
El
problema financiero se agravó a lo largo de 1980, y desde entonces hasta el fin
del gobierno militar la crisis fue una constante. En marzo de 1981 debía asumir
el nuevo presidente, general Roberto Marcelo Viola. Se vislumbraba que Martínez
de Hoz dejaría el ministerio, y con él cesaría la vigencia de la “tablita”,
preanunciada por una masiva emigración de divisas. El gobierno debió endeudarse
para cubrir sus obligaciones —la deuda pública empezó a sumarse a la privada— y
finalmente tuvo que abandonar la paridad cambiaria sostenida. A lo largo de
1981, y ya con la nueva conducción económica, el peso fue devaluado en un 400%,
mientras la inflación recrudecida llegaba al 100% anual. La devaluación fue
catastrófica para las empresas endeudadas en dólares y el Estado, que ya había
absorbido las pérdidas del sistema bancario, terminó en 1982 nacionalizando la
deuda privada de las empresas, muchas de las cuales los propios empresarios ya
habían cubierto con salidas de dólares no declaradas.
La
era de la “plata dulce” terminaba; probablemente muchos de sus beneficiarios no
sufrieron las consecuencias del catastrófico final, pero la sociedad toda debió
cargar con las pérdidas. La suba de las tasas de interés en Estados Unidos
indicó la aparición de un fuerte competidor en la captación de fondos
financieros. En 1982 México anunció que no podía pagar su deuda externa y
declaró una moratoria. Fue la señal. Los créditos fáciles para los países
latinoamericanos se cortaron, mientras los intereses subían espectacularmente, y
con ellos el monto de la deuda. En 1979, ésta era de 8.500 millones de dólares;
en 1981 superaba los 25.000 y a principios de 1984 los 45.000. Los acreedores
externos comenzaron a imponer condiciones. Deshecho el mecanismo financiero, la
deuda externa ocupó su lugar como mecanismo disciplinador.
La
economía real: destrucción y concentración
En
cuanto a la economía “real”, hubo un giro total respecto de las políticas
aplicadas en las décadas anteriores. El valor asignado al mercado interno fue
cuestionado y se reclamó prioridad para las actividades en las que el país tenía
ventajas comparativas y podía competir en el mercado mundial. El criterio de
proteger la industria —a la que se achacó su falta de competitividad— fue
reemplazado por el del premio a la eficiencia, y fue abandonada la idea de que
el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad se asociaban con la
industria. Se trataba de un cuestionamiento similar al del resto del mundo
capitalista, pero la respuesta local fue mucho más destructiva que
constructiva.
La
estrategia centrada en el fortalecimiento del sector financiero, la apertura, el
endeudamiento y —como se verá— el crecimiento de algunos grupos instalados en
distintas actividades, no benefició particularmente a ninguno de los grandes
sectores de la economía. Por el contrario, Martínez de Hoz mantuvo conflictos
con todos, aunque no encontró ninguna resistencia consistente. El sector
agropecuario se encontraba en 1976 en situación óptima: culminaba su formidable
expansión productiva en momentos en que se abrían nuevos mercados,
particularmente el de la Unión Soviética, afectada por el embargo cerealero
norteamericano, al tiempo que el gobierno eliminaba las retenciones a la
exportación. Pero la sobrevaluación del peso llevó a los productores a una
pérdida de ingresos y a una situación crítica, que culminó en 1980-1981. Los
ingresos del sector agropecuario pampeano, que en etapas anteriores subsidiaban
a la industria, en la ocasión se trasladaron al sector financiero y a través de
él a la compra de dólares o de artículos importados. Luego, cuando la debacle
financiera los volvió a colocar en buenas condiciones, la modificación de las
condiciones en los mercados internacionales prolongó su
crisis.
Por
la pérdida de su tradicional protección, la industria sufrió la competencia de
los artículos importados, que se sumó al encarecimiento del crédito, la
supresión de la mayoría de los mecanismos de promoción y la reducción del poder
adquisitivo de la población. El producto industrial cayó en los primeros cinco
años alrededor de un 20%, y también la mano de obra ocupada. Muchas plantas
fabriles cerraron y en conjunto el sector experimentó una verdadera involución.
Lo más grave fue que la reestructuración de la actividad, en lugar de mejorar la
eficiencia supuso, como planteó Jorge Katz, una verdadera regresión. Los
sectores más antiguos e ineficientes, como el textil y el de confecciones,
fueron barridos por la competencia, pero también resultaron muy golpeados
aquellos nuevos, como el metalmecánico o el electrónico, que habían progresado
notablemente. En momentos en que en esos campos se producía en el mundo un
avance tecnológico notable, la brecha que separaba a la Argentina, que se había
reducido en los veinte años anteriores, volvió a ensancharse de manera
irreversible. Las ramas industriales que crecieron y se beneficiaron con la
reestructuración fueron sobre todo las que elaboraban bienes intermedios:
celulosa, siderurgia, aluminio, petroquímica, petróleo, cemento, que emplean
intensamente recursos naturales —mineral de hierro, carbón, madera— y tienen un
efecto dinamizador interno mucho menor que las anteriores. Las escasas empresas
dedicadas a estas actividades, sumadas a las automotrices, se beneficiaron de
los regímenes de promoción establecidos antes de 1975 y que el nuevo gobierno
mantuvo, y también de una protección arancelaria ad hoc, en el caso del
papel de diario o de los automotores. Proyectadas en un tiempo en que se suponía
que el crecimiento industrial se iba a profundizar, estas empresas se
encontraron limitadas por la dimensión del mercado interno, y en muchos casos se
convirtieron en exportadoras.
Si
bien el sector industrial perdió mucha mano de obra, en el conjunto de la
economía la desocupación fue escasa, tal como la conducción militar le había
requerido al ministro. Hubo transferencias de trabajadores, en algunos casos de
las grandes empresas —con más posibilidades de reducir sus costos laborales—
hacia las medianas y pequeñas, y de la industria hacia los servicios; hubo
muchos trabajadores que cambiaron su empleo asalariado por la actividad por
cuenta propia. La mayor expansión se produjo en la construcción y sobre todo en
las obras públicas: el gobierno se embarcó en una serie de grandes proyectos,
algunos relacionados con el Campeonato Mundial de Fútbol y otros con el
mejoramiento de la infraestructura urbana, como las autopistas de la Capital,
aprovechando los créditos externos baratos. En los primeros años el gobierno
hizo un esfuerzo sistemático para mantener los salarios bajos, pese a la escasa
desocupación: hubo una fuerte caída del salario real y de la participación del
ingreso personal en el producto, que pasó del 45% en 1974 al 25% en 1976, para
subir al 39% en 1980. Por entonces, el gobierno permitió una mayor libertad a
los trabajadores para pactar sus condiciones, pero sin la presencia sindical, lo
que estimuló el aumento de las diferencias entre actividades y empresas. A
partir de 1981, la crisis, la inflación y la recesión hicieron descender
drásticamente tanto la ocupación como el salario real. En vísperas de dejar el
poder, los gobernantes militares no podían exhibir en este campo ningún logro
importante.
Cuando
la burbuja financiera se derrumbó, quedó en evidencia que la principal
consecuencia de la brutal transformación había sido —junto con la deuda externa—
una fuerte concentración económica. A diferencia del anterior proceso de
concentración, entre 1958 y 1963, el principal papel no correspondió a las
empresas extranjeras. No hubo en estos años nuevas instalaciones de importancia,
y en cambio algunas grandes empresas se retiraron, y otras vendieron sus
activos, aunque se reservaron el papel de proveedoras de partes y de tecnología,
como en el caso de algunas de las fábricas de automotores. A diferencia de
veinte años atrás, el mercado interno, en franca contracción, resultaba
escasamente atractivo; por otra parte, para estas empresas cuya ventaja residía
en la posibilidad de planificar su actividad a un plazo mediano o largo no era
fácil manejarse en forma eficiente en un medio altamente especulativo, en el que
las decisiones diarias significaban grandes ganancias o grandes pérdidas y donde
los empresarios locales tenían ventaja. Lo cierto es que, junto con algunas
trasnacionales, crecieron de modo espectacular unos cuantos grandes grupos
locales, directamente ligados a un empresario o una familia empresarial
exitosos, como Macri, Pérez Companc, Bulgheroni, Fortabat, o trasnacionales pero
con fuerte base local como Bunge y Born o Techint. Así, el establishment
económico adquirió una fisonomía original.
En
algunos casos estos fue el resultado de la concentración en una rama de
actividad, que coincidió con la reestructuración y racionalización de la
producción y el cierre de plantas ineficientes. Así ocurrió con el acero, y
también con los cigarrillos, una actividad donde tres empresas extranjeras
reunieron toda la actividad. Pero los casos más espectaculares fueron los de los
conglomerados empresariales, que combinaron actividades industriales, de
servicio, comerciales y financieras, tanto por una estrategia de largo plazo de
diversificación y reducción del riesgo como —en el contexto fuertemente
especulativo— por la búsqueda de distintos negocios de rápido rendimiento. Los
grupos que crecieron contaron habitualmente con un banco o una institución
financiera que les permitió manejarse en forma rápida e independiente en el
sector donde, por unos años, se obtuvieron las mayores ganancias; pero muchos de
los grupos que hicieron del banco el centro de su actividad desaparecieron luego
de 1980. Sobrevivieron los que capitalizaron sus beneficios comprando empresas
en dificultades, con las que constituyeron los conglomerados. Lo decisivo fue,
sin embargo, establecer en torno de alguna de las empresas una relación
ventajosa con el Estado.
En
los años en que Martínez de Hoz condujo la economía, el Estado realizó
importantes obras públicas —desde autopistas a una nueva central eléctrica
atómica— para las que contrató a empresas de construcción o de ingeniería. Por
otra parte, las empresas del Estado adoptaron como estrategia privatizar parte
de sus actividades, contratando con terceros el suministro de equipos —como con
los teléfonos— o la realización de tareas, como hizo YPF en las tareas de
extracción, y en torno de esas actividades se constituyeron algunas de las más
poderosas empresas nuevas. Las empresas contratistas del Estado se beneficiaron
primero con las condiciones pactadas y luego con el mecanismo de ajustar los
costos al ritmo de la inflación que, dada la magnitud de ésta y las dificultades
del gobierno para cumplir puntualmente con sus compromisos, terminaba
significando un beneficio mayor aún que el de la obra misma. Otras empresas
aprovecharon los regímenes de promoción, que aunque en general se redujeron,
continuaron existiendo para proyectos específicos. Esos regímenes posibilitaban
importantes reducciones impositivas, avales para créditos baratos, seguros de
cambio para los créditos en dólares, monopolización del mercado interno,
decisivo en el caso del papel de diario, o suministro de energía a bajo costo,
muy importante para las acerías o la fábrica de aluminio. De ese modo muchos
grupos empresarios, a menudo sin experiencia importante en el campo, podían
constituir su capital con mínimos aportes propios.
Esta
política implicaba notables excepciones respecto de las políticas más generales,
en beneficio de empresarios específicos, y era el resultado de capacidades
también específicas para negociar con el Estado, obtener ventajas en los
contratos, mecanismos adicionales de promoción, concesiones en los acuerdos por
“mayores costos”, todo lo cual era el resultado de nuevas formas de colusión de
intereses. Gracias a ellos, estos grupos pudieron crecer sin riesgos, al amparo
del Estado, y en un contexto general de estancamiento. Acumularon una fuerza
tal, que en el futuro resultaría muy difícil revertir las condiciones en que
actuaban, y junto con los acreedores extranjeros se convirtieron en los nuevos
tutores del Estado.
Se
agradece la donación de la presente obra a la Cátedra de Informática y
Relaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina.
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