JUAN CARLOS PORTANTIERO
EN
SOCIEDADES CONFLICTIVAS
1.
El problema
En
el cuadro de una situación mundial que algunos observadores tienden a definir
como una mutación civilizadora, es decir, como algo más (y distinto) de una
crisis coyuntural que podría encontrar más o menos rápidamente una recomposición
a través de algún principio reunificador, la situación de América Latina parece
ir más allá de un desequilibrio funcional en las relaciones entre economía y
política. Aun cuando naturalmente ese tipode crisis exista y genere efectos de
ingobernabilidad en la mayoría de las sociedades del continente, los desajustes
aparecen como expresión de inquietudes más profundas y totales. Podría decirse
que la crisis, al desplazarse hacia un campo de mutaciones sociales y
culturales, ataca la estabilidad sostenida sobre consensos valorativos y se
instala en el “mundo vital” de los hombres.
A
partir de allí tiene sentido la pregunta sobre escenarios posibles que diseñen
los rasgos de los cambios por venir, no para intentar modelos utópicos de una
sociedad perfecta, transparente, finalmente cerrada, sino modelos de conflicto y
de reglas para procesarlos. En una palabra: para imaginar un espacio
institucional capaz de contener a las tensiones que producen los cambios y que
éstos realimentan. Por cierto que este ejercicio debe saber de la precariedad de
toda proyección política que no tome en cuenta que, alrededor del ahogo que
significan los servicios de la deuda externa, se abren muy concretas
posibilidades de redefinición drástica de las reglasdel juego y por tanto de los
escenarios. No quiero hablar ni de la necesidad ni de la inminencia de una
situación tal, pero creo que, como oscura presencia de una bomba de tiempo cuyo
reloj no sabemos controlar, no puede dejar de tener un espacio en nuestras
reflexiones, aun cuando ese lugar —como es mi caso— no pueda ser teorizado. En
síntesis: si después de la orgía de transnacionalización financiera de los años
70 el sistema de acreedores y deudores estalla, es indudable que esa explosión
puede colocar en el desván del olvido a cualquier escenario imaginado
sociológicamente.
Con
estas limitaciones, una primera consideración del problema de la consolidación
de la democracia en sociedades conflictivas debería llevarnos a la necesidad de
discriminar, dentro de ese universo complejo que es Latinoamérica, entre
situaciones que poseen un amplio rango de variación. La preocupación de estas
notas se dirigirá hacia un tipo de ellas, en donde se han dado situaciones de
ingobernabilidad bajo experiencias autoritarias de derecha, pero a la vez no es
plausible pensar en la imposición de un orden nuevo por vía de la estructuración
de un espacio político “revolucionario”.
Estas
situaciones,que se colocan en una posición equidistante entre las que
caracterizan a las sociedades postindustriales y las propias de las zonas más
atrasadas del Tercer Mundo, abarcan, en verdad, el mayor potencial de
acumulación demográfica, económica y tecnológica de América Latina. Expresan un
universo social que, aunque injusto, económicamente estancado y políticamente
agobiado por la herencia de autoritarismos de diverso signo, ni carece de la
tradición de un estado liberal de derecho, ni de grandes movimientos políticos
de masas, ni está viviendo o acaba de vivir recientemente procesos de
modernización que acentúan las desigualdades sociales y liberan nuevas élites
para la dirección revolucionaria de marginales urbanos y rurales encadenados a
situaciones de extrema miseria.
En
las sociedades que tomaremos como referencia no se trata de fundar un
Estado desde las ruinas de una situación patrimonialista que se muestra incapaz
de controlar los efectos de la modernización —como en algunos escenarios de
América Central y del Caribe— sino de superar, mediante la estabilización de
gobiernos democráticos, una doble crisis: por un lado, la de los populismos
ligados con un momento social de la industrialización difícilmente repetible, y
por otro,
la
de los autoritarismos militares que buscaron, mediante la imposición violenta de
una tecnología represiva, ajustar esas sociedades a las nuevas condiciones del
mercado mundial. Su desafío, en condiciones económicas de enorme restricción, y
frente a una melancolía colectiva por el populismo y a la lógica acumulación
reivindicativa provocada por el autoritarismo, es el de constituir no solo un
gobierno sino también, en el mismo movimiento, un sistema, lo que obviamente
implica operar con dos lógicas de acción política diferentes. Todo ello, por
añadidura, en el interior de un cuadro sociopolítico muy complejo en el que
variados actores cuentan con recursos de poder como para poner en marcha
mecanismos permanentes de veto recíproco.
2.
La doble tarea
Tratar
de constituir a la vez un gobierno y un sistema parece imponer, como requisito,
una gran centralización del poder. En ese sentido, tal situación se acercaría a
la propia de los procesos de fundación revolucionaria de Estados, recientemente
aludidos. Ello es así porque en ambos casos se trata de poner en funcionamiento
un espacio de reglas constitutivas, o sea, una dimensión en la que se
definen los límites de la legitimidad; las nuevas reglas de juego con que el
sistema va a operar. La política adquiere, en esos momentos, un sentido
preferentemente autorreferencial: las luchas políticas son, en primer lugar,
luchas para definir la política.
Pero
las similitudes se agotan aquí. En la consolidación de las situaciones
“revolucionarias”, el juego político se irá centralizando cada vez más hasta
llegar a una situacion en la cual las reglas normativas propias del grupo
que ocupa el centro del proceso de toma de decisiones se identifican con las
reglas constitutivas, igualando al sistema con el gobierno y eliminando
de raíz toda disidencia.
La
definición de la política que se impone a las situaciones democráticas, en
contraposición con las revolucionarias, obliga en cambio a un juego plural que
descarta la posibilidad de identificacion de los dos tipos de reglas: el
gobierno no puede igualarse al sistema.
Este
es el terreno de dificultad y de desafío en que se coloca desde luego el proceso
de consolidación de la democracia tras la transición entre la dictadura
autoritaria y el retorno a las formas republicanas. Pero el desafío, a la vez,
no puede ser soslayado porque marca la única manera realista de constituir un
orden político estable para una sociedad compleja y
conflictiva.
3.
Confrontar y acordar.
El
grupo que controla el poder político tras una experiencia autoritaria de derecha
en una sociedad que no acepta el autoritarismo de izquierda, debe hacerse cargo
de una tarea múltiple: 1) gobernar, esto es, diferenciarse de sus adversarios;
2) acordar, con la oposición y con los principales actores sociales, la
constitución de un sistema; 3) proteger (a sí mismo y al balbuceante sistema)
del autoritarismo inercial que viene de atrás. Los tres objetivos implican el
cumplimiento de papeles contradictorios, agrupados alrededor de dos tareas
centrales: confrontar y concertar. La primera alude a los fines de todo gobierno
como parcialidad; la segunda a la presencia de una instancia de emergencia
nacional en la que deben pactarse las bases de la legitimidad del Estado; las
reglas constitutivas de un sistema, de una “gramática política”. Ello no puede
sino surgir de una elaboración contractual y no es un proceso ex nihilo, sino
que recoge elementos de continuidad con la tradición ideal y los tipos de acción
colectiva anteriores al momento preautoritario.
Para
el grupo que ocupa el gobierno en el primer estadio del proceso de
consolidación, la dificultad reside en que debe tomar simultáneamente el punto
de vista del sistema, como su garante más comprometido, y el punto de vista de
una parcialidad, buscando diferenciarse de la oposición e intentando constituir
montos crecientes de poder político propio.
¿Cuándo,
con quiénes y sobre cuáles temas concretos concierta o confronta? Imposibilitado
de imponer autoritariamente una fusión entre su programa y el sistema, el
gobierno vive en el riesgo de enfrentarse en “issues” sobre los cuales
sería necesario acordar y de pactar cuando en términos
de
su individualidad política debería diferenciarse. Con el agravante del enorme
precio que toda la sociedad puede pagar por sus errores de cálculo en la medida
en que, por la precariedad institucional en que la etapa se desenvuelve, su
fracaso tiene la posibilidad de ser el fracaso del
sistema.
4.
Facciosidad y “empate”.
¿Cómo
resolver ese dilema que hoy afrontan típicamente la Argentina y Bolivia, pero
que, mutatis mutandi, no sería absurdo pensar que vivirán próximamente
otras sociedades sudamericanas crisis fiscal del Estado y de acumulación privada
de capital que tiende a colocar todos los choques sectoriales en una situación
de “suma cero”?
Ha
quedado señalado que las sociedades postautoritarias enfrentadas a este dilema
son densas; esto es, fuertemente conflictivas y movilizadas. Esa condición que
impide la estabilización de las dictaduras y bloquea las salidas
revolucionarias, opera también como restricción desestabilizante para el momento
de la consolidación democrática: ningún actor social acepta que sus demandas se
transformen en “variable de ajuste” para el sistema. No hay que olvidar que, en
ausencia de una prolongada estabilidad institucional que haya legitimado un
conjunto de reglas constitutivas, las sociedades movilizadas tienden a volverse
sociedades facciosas, a agotar su acción en conflictualidades
negativas.
En
este punto es posible retornar a la jaqueada hipótesis teórica del “empate”
sociopolítico, exasperada en las situaciones en consideración por la escasa
flexibilidad del sistema económico, cuando éste debería ser más sensible a las
“órdenes” del sistema político. Pero, sin descuidar los condicionamientos
económicos del sistema de vetos recíprocos, es oportuno destacar que el impacto
del “empate” sobre un sistema político débil tiene que ver con las formas
históricas de constitución de los actores sociales y con su grado de
representación, lo que implica un problema relativamente autónomo: la relevancia
económica no está linealmente asociada con el grado de influencia política y
social.
Cabría
aclarar, para no “satanizar” el tema del “empate”, que la existencia de
capacidad de veto de los actores sociales es lo que permite compensar en el
plano político las desigualdades posicionales en la esfera de la apropiación
económica. Más que un instrumento perverso en sí mismo es el resultado histórico
del proceso de democratización del poder. Su “perversidad” es funcional y no
substancial: lo es cuando en una situación en la que sería necesario y posible
consolidar mecanismos regulados de negociación democrática, se transforma en un
mecanismo que bloquea facciosamente el desarrollo de la sociedad. Así planteado,
genera situaciones pendulares de inmovilidad y de violencia, como doble forma de
corrupción de las relaciones de conflicto y negociación que deben caracterizar
un desarrollo democrático.
5.
Corporaciones y partidos.
En
las sociedades en que el “empate” adquiere estas características (y los
desarrollos intermedios sudamericanos son ejemplos típicos, contrastantes con la
desorganización “tercermundista” o la extrema institucionalización de algunos
“países centrales”), el pluralismo social se resuelve ilusoriamente en el plano
político como una suma de corporativismos: en esas condiciones parece evidente
que las reglas del juego democrático son extremadamente
improbables.
Pero
lo mismo que en el caso del “empate”, la corporativización de la política en las
sociedades complejas no es un mal intrínseco que deba ser exorcizado. Es un
producto del crecimiento de la participación de los sectores subalternos, que
obligan a redefinir el papel de los partidos y de la burocarcia estatal en el
proceso de toma de decisiones. Todo Estado moderno supone algún grado de
corporativización: no hay en la actualidad regímenes corporativos abstractamente
diferenciados de otros no corporativos, porque ya no tiene asidero real la
metáfora del viejo liberalismo sobre la separación entre orden social y orden
político. Estado y sociedad son dos sistemas interpenetrados por una cantidad
creciente de relaciones mutuas que se organizan en el sistema político y desde
allí se proyectan hacia el gobierno.
El
problema de que se trata no es el de la ausencia o presencia de las
corporaciones, sino de la manera en que ellas se compensan con otras
instituciones en el funcionamiento de un sistema democrático: el peso excesivo
de las corporaciones es indicativo de la escasa densidad del sistema de
partidos, con lo que el equilibrio se resuelve teóricamente con el
potenciamiento de éste y no con la minimización o destrucción del mundo
corporativo.
Al
margen del propio papel del gobierno, que es de síntesis pero no de síntesis
pasiva, una lista mínima de actores sociales significativos en las sociedades en
consideración nos hablaría del sistema de partidos, de los grupos funcionales
(sindicatos y cámaras patronales, en especial) y de instituciones como las
Fuerzas Armadas y la Iglesia. Las características de cada uno de esos grupos
varía de país en país, así como su grado de influencia relativa y las
constelaciones de otras fuerzas que pueden rodear a ese núcleo de poder de
hecho. Construir un sistema democrático significa reformular los rasgos de
particularismo de cada uno en función de los papeles que deberían cumplir en una
nueva totalidad. En rigor, es esa reformulación la que puede calificar el
proceso como de consolidación de una nueva gramática
política.
Este
complicado juego de relaciones coloca en primer plano a la ya aludida doble
función de los gobiernos que pasan por la consolidación democrática y por su
dilema permanente: ¿concertar o gobernar? ¿aceptar los puntos de vista del
opositor o diferenciarse? ¿construir alternativas para barrer electoralmente al
adversario o abrir compuertas de participación? La decisión no es simple y las
zonas de ambigüedad que genera son fuentes de
inestabilidad.
Hay
situaciones de democratización, como las del sur de Europa, en donde este
problema se planteó de manera diferente de como lo están viviendo hoy algunas
sociedades sudamericanas. En Portugal, por ejemplo, si bien no se creó una
situación revolucionaria típica, la presencia protagónica de las Fuerzas Armadas
en la derrota del autoritarismo permitió, superados varios conflictos internos,
que ellas se colocaran como garantes del nuevo sistema, liberando de esa función
a los sucesivos partidos de gobierno. En España fue la figura de la monarquía la
que cumplió ese papel. No es de prever ningún caso latinoamericano, actual o
futuro, en el que esos garantes sistemáticos aparezcan. Pareciera que ellos sólo
podrían constituirse desde una elaboración contractual: como se ha dicho, las
luchas políticas tienen por primer objetivo definir la política, poner las bases
de la legitimidad del Estado mediante la constitución de una unidad de poder y
la puesta en marcha de una participación plural, regulada, de intereses y
demandas.
¿Quién
se hace cargo de esa labor? No hay a la vista ninguna institución del tipo de la
monarquía y, de los actores que surgen de la lista mínima recientemente trazada,
obviamente no podrían hacerlo las Fuerzas Armadas —que fueron las principales
garantes del autoritarismo— y la Iglesia, que quiere jugar ese papel y de hecho
lo hace en cuanto puede, tiene sólo una capacidad complementaria y periférica
para cumplirlo. Quedan el sistema de partidos y las corporaciones. Esto es, los
dos grupos de actores tradicionalmente enredados en la dinámica perversa del
empate.
6.
Concertación y optimismo racional.
Dicho
lo que ya se ha dicho, parece claro que estas sociedades social y culturalmente
plurales e institucionalmente conflictivas deben acometer, en situaciones
económicamente muy difíciles, la relación entre movilización e
institucionalización para evitar tanto el “pretorianismo de masas” que acompañó
tradicionalmente a las experiencias democráticas hasta desestabilizarlas y el
“parlamentarismo negro” con que se expresa la concertación en los momentos de
reacción autoritaria.
Una
primera respuesta en la intención de zanjar el dilema aparece como obvia: el
camino que queda es el de la concertación; el desarrollo político debe ser
planificado entre los actores sociales más salientes como única garantía para la
construcción de una sociedad estable. pero su resolución es menos simple de lo
que parece y no fácilmente superable por actos de voluntad: no se trata de
maldad de los sujetos ni de un egoísmo irracional, sino del producto de lógicas
de acción contrapuestas.
El
defecto principal del argumento que privilegia la planificación política (y que
suele explayarse en modelos de acuerdo social y político muy estructurados) es
su optimismo racionalizador, que toma como un dato lo que en rigor es el
problema: la existencia de un centro de poder que puede cargar sobre sí la tarea
de organizar el espacio contractual. Algunos autores han llamado la atención
sobre una suerte de “hipertrofia de lo decidible” que acompañaría a ese tipo de
pensamiento.
La
forma histórica más perfecta de esa concertación democrática es la llamada
triangular: interacción entre gobierno, empresarios y sindicalismo, con
eje en el sistema de partidos, cumpliendo fluidamente con una función de
selección y reducción de las demandas a los efectos de armonizar el ciclo
económico con el ciclo político. Así se ha expresado el compromiso
socialdemócrata en ciertas áreas centrales.
Así
“filtrada” la sociedad, la democracia puede ser estable sin los temores de la
zona de alto riesgo de la ingobernabilidad. Pero la dificultad de ese modelo
institucionalista y estatista parece ser que, al menos en nuestras sociedades,
tras los desastres de los autoritarismos y en medio de los temblores de la
crisis económica y del estrangulamiento de la deuda, la decisión óptima,
racional y apriorística del planificador colocado en el centro del sistema no
existe como dato, porque es el sistema lo que no está constituido. La
racionalidad, en todo caso, llegará a posteriori como producto de reequilibrios
permanentes entre insumos sociales y respuestas políticas que se van
recomponiendo parcialmente. Si la principal actividad política debe consistir en
la construcción de las reglas de la política, resulta vano pensar en un espacio
ya constituido en el que una pluralidad de actores colocan sus demandas
sectoriales al lado de sus ofertas, como un mercado de bienes
negociables.
El
eje de ambigüedad que dificulta ese esquema de concertación está dado por la
indefinición de los roles —entre particularistas y universalistas— de los
actores sociales, incluyendo entre ellos, además de los partidos y las
corporaciones, al propio gobierno. Podría decirse que el núcleo de una verdadera
legitimidad democrática debería hallarse en la vitalidad que pueda poseer el
régimen de partidos para agregar intereses colectivos, subordinando las
articulaciones parciales que de los mismos hacen las corporaciones. Pero es
éste, precisamente, el punto débil de estos sistemas políticos que, con sus
falencias, arrastran las instituciones a un terreno de
inestabilidad.
Esto
coloca una primera zona de problemas, pero no lo agota. La situación de las
corporaciones en relación con los partidos; la sobrepresentación y la
sobrerrepresentación de ciertos actores; las presiones facciosas de Fuerzas
Armadas e Iglesia sobre los núcleos de decisión; los cuestionamientos a la
autenticidad representativa de algunas organizaciones; todos estos —y otros—
déficit del funcionamiento democrático se suman a la presencia de una cultura
política intolerante en la que pierden predominio las formas de conducta
cooperativa imprescindibles para cualquier proyecto de política concertada.
Parece obvio que esto repliega más aún a los gobiernos encargados de conducir la
estabilización hacia su zona problemática situada entre el particularsimo de
grupos y la necesidad del pacto; entre la confrontación y el
acuerdo.
Las
condiciones de un marcado bipartidismo, donde la oposición se concentra casi
exclusivamente en un partido, agravan esta situación y más aún cuando el poder
electoral y el poder social no coinciden, es decir, cuando el gobierno debe
enfrentar un opositor que, además de pisarle los talones en las urnas, le
bloquea la posibilidad de coaliciones sociales. Una forma bimodal de la política
acentúa necesariamente los rasgos “schmittianos” del conflicto como
enfrentamiento amigo/enemigo. En estas condiciones de altísima competencia,
cuando el partido del gobierno y el de la oposición rivalizan encarnizadamente
para trasnformarse en eje de hegemonías, las posibilidades de constituir, por
ejemplo, gobiernos de coalición al servicio de “programas de emergencia
nacional” aparecen como bastante remotas. En tanto cada una de las grandes
fuerzas en pugna ponen su éxito en la derrota del adversario, aun formas más
módicas de convivencia, como aquellas que implican la coexistencia de disenso
programático y consenso sobre las reglas, también se hacen
difíciles.
7.
Hacia un pluralismo conflictivo.
A
esta altura es evidente que el principal alimento para estas reflexiones es el
caso argentino actual, aunque por cierto Bolivia podría dar también una parte
aun más dramática de material sobre el tema. Un tema que puede reaparecer en
otras situaciones nacionales con parecidos problemas.
Especificando
sobre la Argentina un poco más, parece claro que el obstáculo más evidente
(obstáculo político, es claro; dejo fuera el handicap enorme de la
crisisproductiva y la deuda externa) reside en la manera en que puede
desarrollarse la relación entre gobierno y
oposición en el marco de una cultura política altamente
corporativizada.
A
esta última la entiendo en una doble dimensión, ya mencionada fugazmente: como
existencia de una densa (y extensa) red asociativa que establece un mapa
organizacional complejo y potencialmente productivo para la negociación
democrática, pero también como el predominio, en el comportamiento de los
actores, de una lógica particularista que hace muy difícil la puesta en marcha
de reglas solidarias, constitutivas de una fuerte lealtad al sistema
institucional.
Estos
dos significados operan contradictoriamente y se vuelcan sobre las
características del marcado bipartidismo que, después de muchas décadas (diría
que por primera vez en una historia surcada por la vigencia de partidos
hegemónicos) define el sistema político. Aunque ambos partidos influyen sobre un
parecido espacio interclasista, es evidente que el control que el peronismo
mantiene sobre el movimiento obrero organizado, aunque menos monolítico que
antes y también menos significativo por los cambios que han tenido lugar en la
estructura de clases, es una herramienta principal para el bloqueo o el veto de
las decisiones gubernamentales. Por cierto que esta situación da por resultado
serias dificultades para una concertación convocada desde el gobierno, en la
medida en que éste no tiene interés en abrirle, vía los sindicatos, cuotas de
poder a su principal competidor político.
A
estos elementos coyunturales habría que agregar otros aspectos vinculados con
las tradiciones ideológicas de ambos partidos. El diagnóstico que la Unión
Cívica Radical ha hecho de la actual crisis argentina destaca el carácter
pernicioso de la presencia de organizaciones corporativas en el esquema
institucional, que con su actitud desbordan la acción de los partidos y generan
focos permanentes de autoritarismo. El discurso político de la Unión Cívica
Radical está fuertemente centrado en la relación ciudadano-partidos-Parlamento
como base de la legitimidad del Estado, lo que remata en una gran desconfianza
frente a formas complementarias de representación de los intereses, a las que
percibe como opciones enfrentadas al sistema democrático.
El
peronismo, por su parte, que a partir del peso que en su estructura tiene el
sector sindical siempre ha colocado la concertación como un punto fundamental de
su doctrina (por encima de la interacción entre los partidos), atraviesa por un
proceso de crisis que acentúa los elementos de desintegración que siempre
estuvieron presentes en él. Las pugnas por el liderazgo vacante y el impacto de
la derrota electoral de 1983 han incrementado las tendencias centrífugas. Así,
como arma de presión sobre el Estado pero también como instrumento de lucha para
reforzar su papel en el interior del movimiento, el sindicalismo acentúa los
rasgos de su cultura sectorial, en competencia por su identidad con la dirección
política.
Podría
pensarse —y sería plausible hacerlo, a mi juicio— que una ruptura de ese
bipartidismo extremo ayudaría a superar la inestabilidad, en la medida que
podría dirigir hacia el parlamento y por lo tanto a los partidos la principal
responsabilidad de la negociación sobre las reglas constitutivas del sistema. Si
las decisiones debieran tomarse a través de una negociación plural que diera
margen para un juego de coaliciones variables entre fuerzas quizás la
consolidación del sistema sería menos trabajosa, aunque sí lo fuera la actividad
del gobierno. Descartadas —por inviables pero en mi óptica también por
indeseables— las salidas “movimientistas” o del tipo “Gran Coalición” que
destacan el monolitismo del poder, esta forma de negociación permanente entre un
espectro político menos polarizado puede desplazar el enfrentamiento bloqueante
entre gobierno y oposición y, además, substraer a la política de las presiones
particularistas encarnadas en las corporaciones.
En
este caso estaríamos lejos de un modelo de concertación “triangular” y ordenado
y más cerca de lo que llamaría un pluralismo conflictivo en el que el
compromiso último de los actores en lugar de colocarse desde una racionalidad
a priori, centrada en el Estado, sobre el que llegan, ya filtradas, las
demandas sociales, se constituye sobre el reequilibrio y la compensación
permanente de dispersas capacidades de presión, políticas y corporativas. Un
modelo de ese tipo no es extravagante: desde hace 40 años funciona la relación entre sociedad y
Estado en Italia, por ejemplo. Creo que una previsión de ese tipo aparece como
la más probable para tránsitos hacia la consolidación democrática en sociedades
movilizadas como las de América del Sur. Mucho más probable, al menos, que la
ilusión de recuperar imágenes de “movimiento nacional”, propias de etapas de
mayor homogeneidad y simplicidad sociocultural, o de postular modelos
estrictamente “socialdemócratas” característicos de sociedades como las del
norte de Europa, en las que poder social y poder político tienden a coincidir y
en donde aparece como factible —al menos cuando coinciden con un ciclo económico
expansivo— organizar la unidad política y el compromiso social desde un
principio de racionalidad prefigurado.
En
otras condiciones, de fragmentacion del poder social y político y de
multiplicación de actores significativos, la consolidación de la democracia,
considerada de manera realista, ha de ser mucho más azarosa y dependerá sobre
todo de un pluralismo conflictivo y relativamente descentrado, en el que una
cantidad de actores en competencia logran articular una racionalidad a
posteriori del sistema, como adaptamiento recíproco, que no es el resultado
de un pacto constitutivo sino de múltiples y variables acuerdos que se redefinen
constantemente y van consolidando las lealtades al
sistema.
¿Se
trata de una previsión excesivamente pesimista? Este potencial “ser” de la
consolidación de la democracia en sociedades conflictivas y fragmentadas, en
donde nadie puede por sí asumir el rol de garante del sistema, ha de resultar
mucho más tenso y riesgoso que un “deber ser” montado sobre la idea prefigurada
de una gran concertación previa. El sistema a crear es una tarea múltiple que
compromete al gobierno, a la oposición parlamentaria y a las organizaciones
sectoriales: en una palabra, a la capacidad, no siempre en condiciones de ser
prevista, de construir sistemas de compensaciones como resultado de los
choques.
Otra
mirada sobre la cuestión hecha en términos de ingeniería constitucional o de
racionalidad planificadora me parece, cuando menos, escasamente realista. Quizás
en el desarrollo de este ejercicio —por mucho tiempo bajo amenaza— de
construcción plural de un consenso democrático pueda lograrse una superación de
la etapa facciosa de la cultura política.
El
papel de los generadores de “buen sentido”, alojados en el gobierno, en la
oposición y en la opinión pública, espacio en el que los intelectuales deberán
tener un papel fundamental, es decisivo para salvaguardar la posibilidad de una
democracia estable. Allí está la principal responsabilidad, tender los puentes
que puedan resolver el tránsito sobre un abismo secular de estas sociedades: la
carencia de una solidaridad social que favorezca la existencia de un sistema de
reglas por encima de los particularismos exacerbados.
Se
agradece la donación de la presente obra a la Cátedra de Informática y
Relaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina.
http://www.hipersociologia.org.ar/base.html