ALAIN
ROUQUIÉ
PODER
MILITAR Y SOCIEDAD POLÍTICA EN LA ARGENTINA
I.
hasta 1943
Capítulo
1
La
Argentina moderna:
sociedad
y sistema político
En
una de esas paradojas a las que es afecto, Jorge Luis Borges sostiene “que
solamente los países nuevos tienen pasado; es decir, recuerdo autobiográfico de
él; es decir, tienen historia viva”. (1) Nunca se tendrá demasiado
presente esta afirmación del autor de El Aleph para comprender la vida
política contemporánea de su país.
El
conocimiento del telón de fondo histórico, que es necesario para la
inteligibilidad de los fenómenos políticos en los Estados europeos colmados de
historia, se torna indispensable en un país de organización económica y social
tardía donde la historia moderna se confunde realmente con el presente. La
irrupción aparentemente imprevisible del ejército argentino en la palestra
política no podría interpretarse sin relacionar ese fenómeno con la
configuración social moldeada por esa breve historia, sin ubicarla dentro de la
evolución acelerada de las estructuras estatales. La crisis de legitimidad que
se encuentra en el origen de la inestabilidad política crónica remite, sin duda
alguna, a las relaciones sociales y a la posición que en ellas ocupa la élite
gubernamental. Asimismo, las características propias del ejército argentino y su
rol efectivo dependen, tanto de la ubicación de los militares en la
estratificación social, como de sus funciones dentro del aparato del Estado. Y
todos estos datos son a su vez inseparables de la formación reciente de las
bases económicas de la existencia nacional. Es así como las actitudes, las
previsiones y las representaciones de la “clase política”, de los detentadores
del poder social y de los responsables de la actividad económica, reflejan el
tipo de desarrollo seguido por el país. Es verdad que el auge del poder militar
coincide, por otro lado, con la erosión de un sistema económico que hizo
próspera a la Argentina.
Estos
aspectos diversos de la realidad nacional no son solamente la tela de fondo o el
horizonte móvil sobre los que se destacaría la intervención política del
ejército. Son los elementos que constituyen la planta motriz de la maquinaria
social con la cual, el ejército, como fuerza política, se convirtió poco a poco
en una pieza esencial. Su análisis es fundamental para la comprensión del poder
militar.
El
nacimiento de una nación.
“Polo
latino de América” (2), “Eldorado contemporáneo” (3),
tales son, entre algunos de los más modernos, los títulos ditirámbicos que los
visitantes europeos concedían a la argentina a principios de siglo. Cuando el
presidente Figueroa Alcorta recibió a la infanta Isabel de Borbón para la
fastuosa celebración del primer centenario de la Independencia, en mayo de 1910,
la antigua colonia española parecía por fin merecer su nombre. En Europa se
decía por entonces: “rico como un argentino”. A la opulenta élite social de ese
nuevo “granero del mundo” le placía repartir su tiempo libre entre las orillas
del Río de la Plata y los bordes del Sena, entre el corso de Palermo y el paseo
del Bois de Boulogne, no sin temer, es verdad, ser confundida con los
“rastacueros” derrochones de misteriosa fortuna que abundaban en el París de la
belle époque. Es por eso que el optimismo de los dirigentes argentinos no
tenía límites. Embriagados por las alabanzas que repartían publicistas y hombres
de letras no todos desinteresados en torno de la Gran República del Plata, no
imaginaban más que un futuro de progreso indefinido a imagen y semejanza del
prodigioso crecimiento de los treinta años anteriores.
Sin
embargo, el territorio de la Argentina actual no fue siempre tan rico en
promesas. La rápida expansión que conoció el país a principios de siglo es de
reciente data. En razón de su situación geográfica y de las características
propias de la conquista española, las colonias del Río de la Planta se mostraban
poco atrayentes, en efecto, para la metrópoli. Estaban desprovistas de metales
preciosos y de yacimientos mineros importantes. Además, con excepción de las
regiones del noroeste, desde Córdoba hasta Salta, que se encontraban bajo el
influjo económico del Alto Perú, estas posesiones españolas estaban casi
despobladas, a no ser por algunas tribus nómades y belicosas de cultura
primitiva. Aisladas de las grandes corrientes económicas y comerciales del
imperio español (4) parecían, pues, condenadas a
vegetar.
La
marginalidad del Río de la Plata hasta el fin del siglo XVIII y su
insignificante participación en el comercio exterior de la América colonial se
debían a dos razones: por un lado, la organización técnica del sistema comercial
español y, por el otro, la política colonial de la corona.
La
apertura ocasional del régimen colonial y sobre todo la organización en
gran escala del contrabando, con la ayuda y la complicidad de los intereses
comerciales británicos, permitieron sin embargo algún crecimiento en Buenos
Aires a partir del siglo XVIII. Puerta de acceso de los productos manufacturados
extranjeros y puerto de exportación para el cuero y la carne salada, Buenos
Aires se convirtió de a poco en el nuevo polo de crecimiento del Virreinato del
Río de la Plata que fue creado en 1776.
Se
desprende de esta breve evocación histórica que el aprovechamiento de las
colonias del Río de la Plata preocupaba muy poco a la metrópoli. La subpoblación
del territorio argentino es la consecuencia directa de esta negligencia. Según
las mejores estimaciones, la población argentina sobrepasaba apenas el medio
millón de habitantes en tiempos de la Revolución de 1810 (5). La
existencia de inmensas extensiones deshabitadas explica las características
singulares de la Argentina moderna. De ello resulta también el sentimiento,
profundamente enraizado en la conciencia argentina, de pertenecer a un país
nuevo sin tradición colonial ni pasado precolombino. A pesar de que las
provincial del noroeste estuvieron plenamente integradas con la economía
colonial sudamericana, como principales proveedoras de tejidos, frutas y bestias
de carga del Alto Perú, y de que Buenos Aires cuenta en la actualidad con más de
cuatro siglos de existencia, la Argentina moderna, fundada en las tierras
vírgenes de la pampa, ignora oficialmente a los componentes de una época
colonial pobre en realizaciones significativas. La tabla rasa histórica viene a
agregarse al vacío geográfico. Es por eso que el carácter desértico e
inexplotado de la Argentina de principios del siglo XIX ha sido el punto de partida de todos los
proyectos de transformación nacional.
Así,
Sarmiento y Alberdi los dos fundadores intelectuales de la “segunda Argentina”,
coincidieron en denunciar esa situación y proponer soluciones en sus principales
obras. “El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión, escribe
Sarmiento en las primeras líneas de Facundo, publicado en 1845, el
desierto la rodea por todas partes, se le insinúa en las entrañas...”
(6) Juan Bautista Alberdi le hace eco en sus Bases y puntos de
partida para la organización política de la República Argentina, obra
redactada en 1852: “Pero ¿cuál es la Constitución que mejor conviene al
desierto? La que sirve para hacerlo desaparecer... Luego éste debe ser el fin
político, y no puede ser otro... Así, en América gobernar es poblar”.
(7) La fórmula tuvo éxito. Los dirigentes políticos se inspiraron en
el proyecto “civilizador” de estos ideólogos de la organización nacional.
Abrieron el país a la Europa de la revolución industrial. La gran disponibilidad
internacional de hombres y de capitales así como la transformación del comercio
internacional constituían entonces una coyuntura altamente favorable. La
Argentina se convirtió en una “nación de inmigrantes” que los economistas no
dudan en catalogar entre las regiones of recent settlement,
(8) junto con Australia, Canadá y Nueva Zelandia ¿Y quién se
extrañaría de que Theodore Herzl, fundador del sionismo, se interrogara todavía
en 1897: “Palestina o Argentina?” (9), mientras buscaba la tierra más
conveniente para crear un Estado judío?
El
carácter masivo de la inmigración europea ha dado a la Argentina de nuestros
días una fisonomía propia en el arco iris étnico de América Latina. Incluso
algunos han querido ver en ella simplemente un “anexo de Europa en el hemisferio
sur”(10) Durante su visita a Buenos Aires en el año del centenario de
la Independencia, Georges Clemenceau, viajero penetrante, identificó a una
nación compuesta “por hombres antiguos trasplantados, aplastados como nosotros
por el peso de una larga historia”. (11) Esa fórmula, retomada en la
actualidad por un antropólogo brasileño, opone los “pueblos nuevos” del
continente, nacidos del mestizaje a los “pueblos trasplantados”, descendientes
de la inmigración, a la cabeza de los cuales se encuentra la Argentina.
(12)
De
hecho, la Argentina no nació con la inmigración, a pesar de haber experimentado
la mayor transfusión de población de todos los países del mundo en el siglo XIX.
Por cierto, no se ha terminado la polémica entre los que pretenden que la
auténtica Argentina fue sepultada por la marea inmigratoria y los argentinos que
creen que su país sólo comenzó a existir a fines del siglo XIX, cuando se
integró humanamente y económicamente con Europa. Con todo, el flujo inmigratorio
no se estableció en un espacio abierto. Los recién llegados descubrieron un país
que poseía una cultura, una organización política, antiguas estructuras sociales
y, sobre todo, un grupo dirigente emprendedor y seguro de sí mismo que apelaba a
la inmigración para servir a sus propios intereses. Los sociólogos han estudiado
la influencia decisiva de la “sociedad receptora” en la asimilación de
los inmigrantes (13). No dejaron de señalar el carácter híbrido de la
Nación Argentina. La yuxtaposición de rasgos culturales criollos y extranjeros
constituyó la principal característica de esta “sociedad en transición”.
(14) En 1910 se podría haber dicho, parafraseando la sentencia de
Massimo d’Azeglio a propósito de la unidad italiana: “Ahora la Argentina está
hecha, pero hay que hacer a los argentinos”. Sea lo que fuere, la gigantesca
mutación social y cultural que sufrió la Argentina entre 1860 y 1914 dio a luz
una nueva nación. Vamos a examinar brevemente sus bases económicas antes de
describir su contextura social y su régimen político.
Las
bases materiales del proceso
social.
El
crecimiento de una economía agropastoril de
exportación.
La
“libertad de comercio”, que fue el principal objetivo de la Revolución de Mayo,
si bien contribuyó eficazmente a arruinar la economía de las provincias
interiores, incapaces de resistir la competencia de los productos manufacturados
europeos, no enriqueció a la Argentina. En Buenos Aires, puerto por excelencia,
un pequeño grupo de importadores y de intermediarios del comercio británico
accedió a una modesta prosperidad. El grueso de la nación, presa de los choques
de las fuerzas centrífugas y de las luchas intestinas entre los “federales”,
defensores de las libertades provinciales y de las economías tradicionales, y
los “unitarios” liberales centralistas, inclinados hacia Europa, recién salía de
su sopor colonial. Es verdad que el país estaba todavía semidesierto: a la
ausencia de mano de obra y a la exigüidad del mercado interno se agregaban las
dificultades en las comunicaciones. La baja densidad del tejido social
acrecentaba la inseguridad permanente que producían las frecuentes incursiones
de los indios en las zonas de reciente implantación europea. Además, en la
primera mitad del siglo XIX, la producción nacional limitada a los cueros y a la
carne de los saladeros presentaba un interés todavía escaso para el mercado
mundial. Estas diversas desventajas explican la organización tardía de la
economía argentina moderna.
Sólo
cuando se hayan dado las precondiciones económicas y políticas el grupo
dirigente podrá poner en práctica el proyecto de modernización y transformación
integral del país, elaborado por “pensadores” de la organización nacional como
Alberdi y Sarmiento. Los maestros de “La utopía argentina” pretendieron insertar
a su país en el concierto de naciones civilizadas “trayendo Europa a América”,
inspirados por el éxito fascinante de los Estados Unidos de Norteamérica que, en
menos de un siglo, gracias al flujo de hombres y de capitales, edificaron una
poderosa nación agrícola e industrial. Ese proyecto fue posible cuando, como
consecuencia del progreso técnico y de la baja de los costos de los transportes
marítimos y terrestres, la economía mundial se reorganizó bajo la égida de Gran
Bretaña, primer Estado industrial, sobre la base de una división internacional
del trabajo que tuvo en cuenta las “ventajas económicas comparativas”. Por otra
parte, el apaciguamiento de los antagonismos entre los grupos dirigentes de las
diferentes provincias, la desaparición progresiva de las luchas civiles y de las
tentaciones separatistas, así como la “solución definitiva” dada al problema
indio por una vigorosa y despiadada campaña militar, permitieron liberar los
recursos políticos y territoriales de la gran mutación. En adelante la Argentina
podía “asegurar los beneficios de la libertad... para todos los hombres del
mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, según la fórmula generosa
inscripta en el preámbulo de la Constitución liberal promulgada en 1853. El
carácter aparentemente voluntario de ese proceso es un aspecto de la
organización económica argentina y de su proyección social que no debe
desdeñarse, aunque en realidad haya sido inducido desde el exterior y organizado
en interés de un centro de poder europeo. Los dividendos políticos que recibió
la élite ilustrada, que “concibió” y guió esa metamorfosis nacional, no deberían
ser subestimados.
La
unificación de un mercado mundial en el cual se integraría la Argentina y la
unidad de la sociedad política nacional se efectuaron a través de movimientos
convergentes entre 1860 y 1880. La industrialización de los países europeos y su
creciente especialización en la industria manufacturera abrieron, gracias a la
mejora de los transportes, los mercados europeos a la producción de productos
alimenticios de los países templados de ultramar. Las inversiones de las
metrópolis del viejo mundo en las actividades destinadas a producir para los
países industrializados y a facilitar la comercialización de esa producción,
apresuraron la modernización de las naciones “periféricas”. El movimiento
internacional de capitales tomó, a partir de 1875, una importancia desconocida
hasta entonces. La expansión del comercio mundial adoptó un ritmo acelerado y
continuo desde 1860, por el impulso de la potencia hegemónica, verdadero “taller
del mundo”.
Mientras
los primeros kilómetros de vías férreas se pusieron en servicio en la Argentina,
entre 1857 y 1860, la presidencia de Mitre, en 1882 marcó, con el retorno de
Buenos Aires al seno de la Confederación, el fin de la secesión de la provincia
más rica, consiguiente a la promulgación de la Constitución de 1853 y a la
culminación de la unidad nacional. En lo sucesivo, la provincia dominante
impondría sus decisiones a las demás y pondría término así a la dispersión
geográfica del poder. La inmigración que estaba incluida en la Constitución
(15) y era deseada por los gobiernos, fue oficialmente fomentada y
organizada por una ley, a partir de 1876, durante la presidencia de Nicolás
Avellaneda. Por fin, en 1880, el país definitivamente pacificado y unificado
pudo ingresar en la era del crecimiento económico y del universo de curvas
ascendentes.
En
efecto, la “federalización” de Buenos Aires (16) impidió desde
entonces los enfrentamientos entre las autoridades nacionales y las de la
provincia más poderosa. Cierto es que esa victoria a lo Pirro de los federales
estuvo lejos de restablecer el equilibrio entre Buenos Aires y “el interior”,
pero las élites provinciales aumentaron su participación en el poder. Tal fue el
precio que garantizó una paz interna duradera. Las luchas entre federales y
unitarios o entre provinciales y porteños pertenecían a un pasado perimido. Los
intereses divergentes y las tensiones entre las oligarquías locales no
desaparecieron, pero, prosperidad mediante, los intereses comunes prevalecieron
generalmente. La integración -pero no la unificación- de una élite política
nacional posibilitó al fin un crecimiento sostenido. La apertura a la actividad
económica de quince mil leguas cuadradas (o sea cuarenta millones de hectáreas)
de tierras fértiles situadas al sur de la pampa, al terminar la “campaña del
desierto” en 1880, consolidó el nuevo dinamismo de la economía argentina del que
la expansión territorial interna seguirá siendo un factor
importante.
La
coincidencia de condiciones internacionales favorables y de la voluntad del
grupo dirigente de sacar partido de las posibilidades apenas explotadas del país
no tardó en dar sus frutos. Si bien los historiadores argentinos se remontan a
1880 para ubicar los comienzos de la Argentina moderna, es desde 1889, con
motivo de la Exposición Universal de París, que el mundo entero descubrió las
realizaciones espectaculares de la Gran República del Sur. “Aquí no se habla más
que de la República Argentina”, escribe con orgullo el vicepresidente
Pellegrini, llegado a París para inaugurar el pabellón argentino.
(17) La crisis de 1890, consecuencia de la imprudencia financiera y
del exceso de endeudamiento externo, disminuirá apenas ese interés. “Crisis de
progreso”, repetirán a cual más los dirigentes argentinos cuyo optimismo
permanecerá inalterable. Pero el alcance mundial de un crac financiero surgido
en el mercado de Londres a causa del desequilibrio de las finanzas
argentinas, muestra bastante bien el lugar ocupado por este país en el concierto
financiero internacional. Simboliza también la fuerza y la debilidad de ese
“milagro argentino” que algunas cifras bastan para evocar.
La
primera tarea que se imponía a los dirigentes argentinos era la de dotar al país
con los recursos humanos necesarios para su aprovechamiento. El éxito de una
inmigración europea enérgicamente fomentada modificó la fisonomía humana de
la Argentina en menos de cincuenta años. Mientras que el país recibió
alrededor de 160.000 extranjeros entre 1861 y 1870, de 1881 a 1890 la cantidad
de inmigrantes llego a 841.000, y a 1.764.000 entre 1901 y 1910. (18)
En total, la Argentina recibió 6.330.000 inmigrantes de 1857 a 1930, lo que deja
un saldo neto de 3.385.000, considerando la entrada y salida de los trabajadores
temporarios. Cuando se tiene en cuenta que la Argentina tenía en 1869, fecha del
primer censo oficial, 1.737.000 habitantes, se puede juzgar la rapidez del ritmo
de crecimiento de la población y la importancia relativa de los extranjeros en
la formación de la sociedad argentina moderna.
Hasta
1914 parecía evidente que la población argentina se duplicaría cada veinte años
gracias al flujo inmigratorio: en efecto, llegó a 3.954.000 habitantes en 1895,
y a 7.885.000 en 1914. Los habitantes nacidos en el extranjero constituían sólo
el 12,1% de la población total en 1869, pero el 25,5% en 1895, y más del 30% en
el momento del tercer censo en 1914. (19) Y además hay que precisar
que la distribución de los extranjeros en el territorio nacional fue muy
desigual. “Proporciones del orden del 70 u 80% de extranjeros en muchas áreas
geográficas, centros urbanos y categorías socioeconómicas” (20) no
son raras. Es así como en 1914 casi el 50% de los habitantes de la Capital
Federal no son de nacionalidad argentina, mientras que en las provincias pobres
del centro, como Catamarca o Santiago del Estero, no se encontraba más de un 3 %
de extranjeros. En líneas generales, son evidentemente las zonas ricas de La
Pampa y del Litoral y también la Capital Federal, las que atraen el mayor número
de inmigrantes. Así nació la segunda Argentina, esa “Argentina universal”
cantada por Rubén Darío, que acogía al europeo y enviaba los productos de su
tierra fecunda al viejo mundo:
“y
sangre universal absorbe
para dar vida al orbe entero”.
(21)
De
hecho, si bien la mayoría de los pueblos de Europa han aportado su contingente
de inmigrantes a la Argentina, la inmigración de origen latino predomina
ampliamente. (22) No es indiferente para el equilibrio y la
cohesión de esta antigua colonia española que el 80% aproximadamente de los
extranjeros que se establecieron en su territorio hayan sido italianos o
españoles. Entre 1857 y 1936, los italianos formaban el 47,4% de los recién
llegados, y los españoles el 32,3%. La incorporación de esa masa extranjera,
culturalmente cercana de la sociedad receptora pero procedente de las zonas
atrasadas de la Europa mediterránea y no de las “razas dinámicas” y prestigiosas
de los países anglosajones con que soñaban Alberdi y Sarmiento, se realizó en
condiciones que marcarían por mucho tiempo el equilibrio social y el sistema
político argentinos.
El
flujo de capitales europeos completó la llegada masiva de mano de obra. Según un
estudio británico publicado en 1911, el total de inversiones extranjeras en la
Argentina habría llegado a 500 millones de libras esterlinas en 1910.
(23) Gran Bretaña, banquero mundial, fue desde luego, el primer
proveedor de esos capitales. Al finalizar 1914, contribuía con la mitad de las
inversiones privadas en Argentina. (24) En 1913, sobre casi 1.000
millones de libras de títulos públicos y privados latinoamericanos cotizados en
la Bolsa de Londres, la parte de la Argentina se elevaba a 357 millones.
(25) En 1889, entre el 40 y el 50% de las inversiones británicas en
el extranjero se colocaban en ese país. Por último, en 1914 la Argentina recibió
la mitad de los capitales privados extranjeros invertidos en toda América
Latina. Vemos así su importancia económica y financiera al comenzar el
siglo.
La
expansión de la red ferroviaria, a la cual se destinó más del 30% del capital
británico (26) entre 1885 y 1890, constituyó el medio y la prueba del
dinamismo de la economía exportadora. Construida en abanico alrededor del puerto
de Buenos Aires, la red ferroviaria permitió integrar progresivamente todas las
zonas productivas del país con el mercado internacional. Terminó con el
aislamiento regional y unificó el mercado interno, abierto en adelante a los
productos manufacturados importados. La extensión total de la red paso de 10
kilómetros en 1857 a 9.254 en 1890.
Llegó
a 33.478 kilómetros en 1913, (27) resolviendo así el problema de la
inmensidad territorial en la cual Sarmiento veía antaño, en su Facundo,
una debilidad nacional insuperable.
Ese
flujo de hombres y capitales estaba evidentemente al servicio de una producción
que no dejaba de incrementarse. Los progresos de la ganadería, y particularmente
el crecimiento del ganado bovino, estaban a la altura de las excepcionales
condiciones naturales de la pampa, de una demanda internacional sostenida y del
progreso de los transportes. La Argentina poseía, según estimaciones dignas de
fe, 13 millones de cabezas de ganado vacuno en 1875, las que ascendieron a 21,7
millones en 1895 y llegaron a 29,1 millones en 1908. (28) El
mejoramiento cualitativo del ganado mediante la introducción de razas
seleccionadas se efectuó paralelamente a ese crecimiento numérico. El cercado de
los campos que acompañó a la transformación de la ganadería cambió completamente
el paisaje y el medio humano rurales. El alambrado, signo de poder, de
modernización técnica y símbolo de la propiedad, marcó el fin de los rebaños de
raza criolla semisalvaje y de los gauchos errantes. (29) Según
Ezequiel Martínez Estrada, el año 1880 es el añoo de la “muerte del gaucho”.
(30) La primitiva “cantera de cuero” que fue la pampa a principios
del siglo XIX se convirtió en una “fábrica de carne” dotada de un importante
capital fijo y cuidadosamente compartimentada. Por lo demás, la Argentina fue el
segundo país del mundo por su ganado ovino, que aumentó a 20 millones de cabezas
entre 1875 y 1895.
La
necesidad de disponer de praderas artificiales para obtener una mejor producción
de carne y el elevado número de campesinos entre los inmigrantes europeos dieron
un nuevo impulso a la agricultura, muy descuidada hasta alrededor de 1895. El
arrendamiento de parcelas destinadas a cultivos agrícolas y situadas en las
mejores tierras permitiría que la agricultura se implantase lenta pero
sólidamente hasta convertirse, una vez diversificada, en una de las primeras
actividades del país. La superficie cultivada se duplicó entre 1895 y 1903,
pasando de 4,9 a 10,6 millones de hectáreas. (31) Se duplicó de nuevo
en 1914 aproximándose a los 22 millones de hectáreas. La importancia de la
agricultura en el plano social merece ser señalada. Con la aparición de nuevas
capas rurales intermedias, ha contribuido a la evolución de la sociedad
argentina más que ninguna otra actividad.
El
crecimiento vertiginoso del comercio exterior puso de manifiesto el éxito
innegable del proyecto de integración de la economía argentina al mercado
mundial. De 1869 a 1914, el comercio internacional argentino decuplicó su
valor. (32) Las exportaciones casi se triplicaron entre 1900 y 1909.
El comercio exterior argentino ocupó el segundo lugar en el continente americano
detrás del de los Estados Unidos. Gran Bretaña, su primer cliente pero también
su primer proveedor, vendía más a esta lejana nación sudamericana que a los
súbditos británicos del Canadá. (33) Por el valor per cápita de sus
importaciones Argentina se ubicó en el tercer lugar mundial detrás de Bélgica y
Holanda, pero delante de cuarenta países, entre ellos Alemania y Gran
Bretaña.
La
expansión del comercio argentino en el mundo se debió sobre todo a la
diversificación de su economía rural. El hecho que se destaca al respecto fue la
modificación ocurrida en la composición de las exportaciones. La participación
de los productos agrícolas, especialmente cereales y lino, en el conjunto de las
exportaciones se incrementó sin cesar, siendo casi nula antes de 1880. Mientras
que en el quinquenio 1880‑1884 los productos ganaderos representaban todavía el
89% del total de las exportaciones, frente al 6,5% de los productos agrícolas, a
partir del quinquenio 1900‑1904 la agricultura y la ganadería se equilibraron y
se repartieron el valor global de las exportaciones más o menos en mitades.
(34) Esa transformación de la composición del comercio exterior es
tanto más impactante cuanto que hasta alrededor de 1875 la Argentina importaba
trigo. Hacia fines de la década de 1870, exportaba las primeras toneladas de
trigo candeal. Hacia 1906, la Argentina vendía al exterior un promedio anual de
2,8 toneladas de trigo. (35)
En
el orden de las exportaciones de productos ganaderos los cambios ocurridos son
igualmente perceptibles. La introducción de los “frigoríficos” en la década del
80 representó una verdadera revolución. El crecimiento de las exportaciones de
carne va acompañado por la declinación de la preponderancia lanera. Las carnes
argentinas penetraron en los mercados europeos al tiempo que los procedimientos
de conservación frigorífica provocaban la instalación de amplios
establecimientos industriales, capaces de procesar anualmente miles de toneladas
de carne, que necesitaban inversiones considerables. En 1910, la Argentina
proveía los dos tercios de la carne de vaca que se consumía en Gran Bretaña.
(36)
El
“frigorífico” tuvo también consecuencias sociales. Las técnicas de conservación
de la carne imponían una cierta racionalización de la ganadería. La utilización
de métodos de “refrigeración”, chilled beef, en lugar de “congelamiento”
permitía obtener productos de mejor calidad, pero acentuaba la especialización
de los ganaderos. La división de los productores entre criadores, estancieros
tradicionales que se dedicaban a la ganadería extensiva, e invernadores,
empresarios que se ocupaban del engorde utilizando las mejores pasturas y que
servían de intermediarios entre los primeros y los frigoríficos, fue una
consecuencia directa del chilled.(37) A esto podríamos agregar
la penetración y, más tarde, la preponderancia de las sociedades industriales
extranjeras en un sector particularmente decisivo de la economía argentina. Sin
olvidar la aparición de un proletariado numeroso que trabajaba en condiciones
muy duras y que tendría una participación muy activa en las luchas sociales de
principios de siglo. Observamos así que al mismo tiempo que la economía se
volvía más compleja y eficaz, la sociedad argentina se diversificaba
sustancialmente.
Si
bien las estadísticas económicas pueden dar cuenta del crecimiento vertiginoso
de la riqueza argentina, y si bien la imagen de la “pampa ilimitada” surcada por
vías férreas, cuadriculada por los alambrados, donde se suceden al infinito las
fértiles pasturas y los sembrados de cereales, evoca la opulencia del nuevo
paisaje agrario, era en Buenos Aires donde podía percibirse el clima de una
época y el perfil de una sociedad. En 1869, Buenos Aires no era todavía más que
una “gran aldea” bastante austera de 225.000 habitantes, de casas de un sólo
piso y de calles polvorientas. En 1914, con sus 2 millones de habitantes, se
presentaba como “la capital de un continente”. (38) La ciudad creció
desmesuradamente: en 1869, el 13% de la población vivía en ella; en 1914,
agrupaba más del cuarto de la población total del país. (39) Esta
macrocefalia, de la cual los argentinos se sienten orgullosos, tiene diversas
causas. Proviene principalmente del monopolio del comercio de importación que
ejerce el puerto de Buenos Aires. (40) Simboliza también un tipo de
sociedad y el estilo de vida de su élite.
Buenos
Aires, en efecto, refleja el optimismo arrogante del grupo dirigente que se
adjudicaba naturalmente la paternidad de la prosperidad nacional. Vitrina del
país, indicio de su futura grandeza, la Capital Federal no tenía nada que
envidiar en lujo y en comodidades a las capitales europeas que imitaba. Pero
este “segundo París”, del que no renegaría el barón Haussmann, lleva también la
impronta de la desmesura americana y de la euforia económica. Administradores
que pensaban en grande hicieron trazar “la avenida más larga del mundo” y
edificar un teatro mayor que el Opera de París. “Una de las particularidades de
Buenos Aires, escribe Clemenceau en 1910, es que uno no puede ver donde
termina”. (41) Se puede al menos apreciar su riqueza y su modernismo:
los urbanistas más estimados, los mejores arquitectos, los escultores más
famosos y hasta el mármol, las piedras y la madera vinieron de Europa. Todos los
estilos arquitectónicos se entremezclan, observa además Clemenceau,
apresurándose en agregar: “y sobre todo el estilo
llamativo”.
Las
mansiones de los ricos estancieros eran palacios fastuosos en los cuales
triunfaba el estilo fin de siglo. Pero su lujo ostentatorio simbolizaba tanto el
éxito nacional como el triunfo individual de sus propietarios. Esos monumentos a
la vanidad encarnaban el proyecto de la “generación del 80”: la victoria
definitiva de la “civilización” europea sobre la “barbarie” americana. Por eso
se respira en Buenos Aires “una atmósfera embriagante” (42) que muy a
menudo perturba a los dirigentes argentinos, afectándolos con delirios de
grandeza ante el espectáculo de una prosperidad innegable y repentina que sólo
atribuyen a sus méritos. “Tomad la historia de la humanidad de todos los tiempos
y de todos los pueblos, escribe enfáticamente el autor de una obra conmemorativa
del centenario de la Independencia, (43) recorred una por una todas
sus páginas, y decid luego cuál es la agrupación formada por hombres, cuál es la
nacionalidad que en un sólo siglo de existencia soberana, y con el número de
habitantes que cuenta la Argentina, ha podido llegar no sólo a reunir la colosal
fortuna, las inmensas riquezas materiales que posee ésta, sino también alcanzar
el grado de civilización y cultura que ha alcanzado la patria de los héroes de
Mayo”.
Los
límites y las debilidades de una economía abierta
Sin
embargo, esa prosperidad tan rápida como vistosa es frágil. En efecto, en ese
brillante panorama no faltan las sombras. Para comenzar, hay que señalar la
vulnerabilidad de un sistema económico estrechamente ligado al mercado
internacional y a los centros de decisión europeos. La actividad económica y los
recursos financieros de la Argentina se encuentran subordinados al comercio
externo. El país exporta productos alimenticios y materias primas e importa
bienes manufacturados y combustibles. En el caso de que se produzca una mala
cosecha, las importaciones bajarán a continuación de las exportaciones,
provocando una contracción generalizada de la actividad económica. El Estado no
puede correr el riesgo de reactivarla por medio del gasto público ya que el
presupuesto, esencialmente alimentado por los derechos de aduana depende del
nivel de las importaciones.
Además,
la Argentina necesitaba capitales extranjeros para construir la infraestructura
necesaria para el comercio exterior (puertos, vías férreas) y para equipar y
embellecer las ciudades. A principios de siglo, “90% de los empréstitos internos
eran colocados en el extranjero”. (44) El total del “pasivo”
-empréstitos públicos e inversiones de las empresas privadas- llegaba a 922
millones de pesos oro en 1892, mientras que el saldo de la balanza comercial no
era más que de 21 millones de pesos oro y las exportaciones ascendían a 113
millones de pesos. (45) Durante los períodos de “vacas gordas” y para
mantener elevado el nivel de las importaciones, la Argentina contrataba nuevos
empréstitos para afrontar el pago de los servicios de la deuda pública.
Asimismo, “la entrada de nuevas inversiones cubría una proporción elevada de los
intereses del capital extranjero”. (46) La élite dirigente concebía
como un ideal al endeudamiento externo; demostraba el crédito internacional de
que gozaba la República y, por lo tanto, el prestigio nacional. Contraer
empréstitos e hipotecar la riqueza del futuro no asustaba en lo más mínimo a los
dirigentes argentinos.
La
economía del país se ve amenazada por mayores peligros, más allá de esas
debilidades coyunturales. En primer lugar, el carácter casi espontáneo de una
expansión basada en el uso extensivo de tierras extremadamente fértiles, con
costos de producción muy bajos, tiene límites. La incorporación de nuevas
tierras y el mantenimiento del consumo interno en un nivel bajo y estable son
las condiciones indispensables para preservar las “ventajas comparativas” de que
goza la producción agropecuaria argentina. Suponiendo que nada variara, la
prosperidad argentina podría proseguir indefinidamente sólo a ese
precio.
Por
otro lado, el buen funcionamiento de la economía argentina depende de la
estructura del mercado internacional y del lugar preponderante que ocupan en él
las potencies europeas. Un desequilibrio duradero del mercado mundial, la
ruptura de las grandes corrientes de intercambio, el debilitamiento de la
especulación internacional en caso de repliegue de Europa, y la economía
argentina deberá reconvertirse o verse condenada al
estancamiento.
En
la eventualidad, las cosas no serán fáciles para la Argentina. La debilidad
relativa del mercado interno sacrificado al desarrollo exógeno, el bajo nivel
del ahorro utilizable ‑“la riqueza se inmoviliza a menos que tome el camino del
extranjero” (47)‑ y la especulación desenfrenada con las propiedades
rurales y urbanas no facilitan la adaptación a los azares de la evolución
económica mundial. Algunos autores han denunciado la “participación casi
exclusivamente pasiva de los argentinos en el proceso de su propio crecimiento”.
(48) Si bien tal juicio incluye una parte de exageración, es cierto
que la rapidez de la gigantesca mutación económica que se realizó en
aproximadamente treinta años, y que dio a luz a la Argentina moderna, conformó
un conjunto de valores, de comportamientos económicos y de expectativas, tanto
en el orden de la producción como del consuno, que contribuyeron a que el
sistema económico se volviera particularmente rígido en su
conjunto.
Otra
particularidad negativa de las estructuras de la economía argentina se debe a la
distribución de la propiedad rural. En un país de inmigración masiva y de
economía agraria exportadora, la distribución desigual de la tierra constituye
un dato esencial sobre el cual conviene insistir. Condiciona la composición de
la población activa, la evolución social y el control del poder político.
Algunas cifras permiten precisar la importancia del problema. Según el censo
agropecuario de 1914, 25.000 explotaciones (49) de más de 1.000
hectáreas comprendían 127 millones de hectáreas sobre un total de 162 millones,
mientras que 281.000 explotaciones de menos de 1.000 hectáreas se repartían el
resto, o sea 35 millones de hectáreas; las 2.000 explotaciones de más de 10.000
hectáreas abarcaban 54 millones de hectáreas y, por último, 506 estancias de más
de 25.000 hectáreas se repartían, 29 millones de hectáreas. Pero en la misma
fecha la mitad de los explotadores no eran propietarios y el 70% de los
arrendatarios y de los aparceros no eran argentinos.
La
conformación histórica de la propiedad rural argentina explica fácilmente su
concentración en pocas manos. Paradójicamente, cuando se produjo la inmigración
masiva, las mejores tierras de ese país casi desierto fueron ocupadas
jurídicamente. En efecto, desde 1817, los poderes públicos atribuyeron tierras
en propiedad con la mayor facilidad. Unas veces para reforzar la “frontera” mal
defendida contra los indios, otras veces para recompensar a los militares que
habían participado en las campañas de rechazo de las tribus no sometidas, pero
las más para superar las permanentes dificultades del Tesoro. Tierras vírgenes,
que nada costaban al estado, y cuyo valor futuro nadie sospechaba, eran vendidas
a bajo precio por legua cuadrada (2.500 hectáreas) para pagar a los acreedores o
concedidas graciosamente por el poder a los adeptos o como recompensas por
servicios prestados. El Estado se desprendió así de inmensas extensiones de
tierras ricas y bien ubicadas que se valorizaron rápidamente gracias a los
ferrocarriles y a la desaparición de la amenaza india. Cuando se tuvo necesidad
de tierras públicas para emprender una colonización sistemática, que asegurara
una población estable y equilibrada del país y que sentara las bases de una
economía armoniosamente desarrollada, los poderes públicos no dispusieron más
que de extensiones difícilmente accesibles o de zonas agrícolas
marginales.(50)
Con
relación a la masa de recién llegados, el porcentaje de inmigrantes afectados
por la colonización o que pudieron convertirse en propietarios por otros medios
permanece pues relativamente modesto. La dificultad para acceder a la propiedad
constituye una de las características distintivas del proceso inmigratorio
argentino. La distribución de la población y su composición social se originan
en gran medida en ese aspecto de la estructura productiva. El grupo tradicional
de grandes propietarios y sus representantes en el poder no concebían a la
inmigración más que como una fuente de mano de obra barata, a pesar de su
admiración por el modelo norteamericano. La clase dominante de grandes
estancieros no favorecía al pequeño agricultor independiente porque necesitaba
mano de obra barata de gran movilidad para construir la infraestructura
económica, aprovechar transitoriamente las tierras, realizar tareas agrícolas
estacionales y lograr un buen funcionamiento de los servicios que su tren de
vida requería.
Por
eso, la “frontera” que, al sur de la pampa, separaba hasta 1880 los territorios
explotados de las zonas amenazadas por las incursiones de los indios, no era un
frente pionero abierto como en América del Norte. Cuando esa frontera fue
suprimida por la “campaña del desierto”, las nuevas tierras incorporadas al
patrimonio nacional no se destinaron a la colonización: fueron vendidas, en
parte por adelantado, para cubrir los gastos de la expedición del general Roca.
Así funcionaban todavía los mecanismos tradicionales de distribución y de
concentración de la propiedad en la época en que los poderes públicos fomentaban
la inmigración masiva.
Por
otro lado, la permanencia de una inflación continua a partir de 1880, que
provocó la transferencia de ingresos de los trabajadores y de todos los sectores
de la actividad nacional a los intereses agropecuarios exportadores, reforzó el
poder económico de éstos y alejó todavía más a los recién llegados de la
posibilidad de adquirir tierras. (51) La valorización ininterrumpida
de la propiedad rural y la orientación del sistema bancario ampliamente abierto
a los ganaderos y a los grandes propietarios, gracias al crédito hipotecario,
constituyeron obstáculos suplementarios para la difusión de la propiedad rural y
favorecieron su concentración. Una gran figura de la Argentina finisecular saca
la lección de la época de la siguiente manera: “Con el llamado latifundio hemos
llegado al progreso actual y a nuestras estupendas capacidades económicas y de
producción. El sistema de la gran propiedad nos hizo ricos, pues”.
(52) Por cierto, podía parecer que los grandes dominios respondían
mejor a las necesidades de la explotación agropecuaria extensiva que dictaba la
nueva coyuntura económica y el mercado internacional. Lo cual no impidió que se
constituyera en el origen de numerosos problemas sociales y políticos
ulteriores.
Las
consecuencias del acaparamiento de las mejores tierras productivas por un
reducido grupo de grandes propietarios aparecen claramente en la composición y
en las fluctuaciones del flujo migratorio. No solamente se distingue una
categoría particular de inmigrantes, la inmigración golondrina de los
trabajadores europeos estacionales que retornan a su país de origen una vez
terminadas las cosechas, sino que el número elevado de retornos definitivos
indica las dificultades de muchos inmigrantes para radicarse definitivamente en
el país. El saldo del balance migratorio supera apenas al 50% del total de
entradas entre 1820 y 1937. Tanto más fácilmente puede atribuirse a las
estructuras agrarias una parte de las responsabilidades en ese elevado
porcentaje de emigraciones cuanto que los inmigrantes se declaraban agricultores
en un 75% hasta 1890 y en una proporción apenas menor después. (53)
Es evidente que esos inmigrantes, provenientes en su mayoría de las capas más
pobres de sociedades con predominio rural, aspiraban a la propiedad y que la
frustración de esos campesinos sin tierra que venían a América para mejorar su
suerte fue negativa para el país receptor.
Si,
por un lado, es evidente que el “estimulante de la propiedad rural” es el más
apto para atraer nuevos habitantes a un país subpoblado, también es cierto, por
el otro, que la posesión de una parcela contribuye a retenerlos permanentemente.
A las limitaciones directas e indirectas que se les presentaban a los
trabajadores extranjeros para acceder al status de propietario conviene agregar
las condiciones de los arrendamientos nada propicias para “ligar con el país y
con su destino” (54) al locatario de una parcela. En efecto, los
arrendamientos rurales eran casi sin excepciones de muy corta duración en la
zona pampeana y en el litoral. (55) Constituían incluso una especie
de contrato de locación de servicios que dejaban poca libertad al arrendatario.
La obligación de restituir las tierras sembradas en las zonas agrícolas de la
provincia de Buenos Aires y el deseo de los propietarios de las mejores tierras
de pasar sin trabas de la agricultura a la ganadería según las tendencias del
mercado hacían que muy a menudo el arrendatario abandonara su explotación y “no
dejara en ella ni siquiera un árbol para recordar su paso”. (56) Es evidente que esa
movilidad deseada por el grupo que detentaba el poder económico constituyó un
factor desfavorable para el proceso de formación de una sociedad nacional
integrada y coherente. Los grandes propietarios no estimaban en modo alguno
necesario compartir la riqueza agropecuaria, origen del prestigio social y motor
de la economía, con los recién llegados, así como no mostraron jamás interés en
incorporarlos definitivamente a la comunidad nacional y, por consiguiente, a la
sociedad política argentina.
Es
por eso que se asiste al curioso fenómeno de una inmigración masiva de origen
esencialmente rural que se establece mayoritariamente en las ciudades. La
superurbanización de la Argentina se debe conjuntamente al flujo migratorio, al
estrangulamiento de las estructuras agrarias y a la deformación de una economía
extravertida. En 1914, el 25% de la población vivía en aglomeraciones de más de
1.000 habitantes, y más del 25% en la ciudad de Buenos Aires únicamente; en ese
mismo año, el 68,5% de los inmigrantes italianos y el 78% de los españoles
vivían en el sector urbano. (57) Todo acontecía como si la élite
dirigente, que debía su prosperidad a la división internacional del trabajo,
hubiera tratado de recrear en su provecho una especialización similar en el
interior del país. Un prestigioso financista argentino apunta en un estudio
publicado inmediatamente después de la primera guerra mundial: “La especialidad
del argentino “nativo” es la cría de ganado mientras que el comercio y la
industria están exclusivamente en manos de extranjeros”. (58) En
efecto, en 1914 los extranjeros formaban más de la mitad de la población activa
en los sectores secundario y terciario. En 1895, el 90% de los propietarios de
establecimientos industriales eran extranjeros. En 1918, sobre más de 47.000
empresarios industriales, 31.500 no eran argentinos.
(59)
Sin
embargo, no debe creerse que la “industria” se presentaba como un nuevo poder
económico autónomo opuesto a los intereses agropecuarios. Como la agricultura en
sus comienzos, el comercio y la industria estaban subordinados a la
producción primaria. El término industria encubría realidades muy diferentes en
la Argentina de esa época: esencialmente, una multitud de talleres
semiartesanales y empresas de acondicionamiento o de elaboración de productos
primarios, que se situaban en la prolongación de la actividad agrícola y
pastoril. Los intereses industriales se insertaban pues estrechamente en el
sistema “agroexportador” que dirigían los grandes
propietarios.
La
modernización y la expansión económicas sin una real industrialización,
que se llevaron a cabo en las condiciones que acabamos de ver dieron a la
distribución de la población activa argentina ciertas características
inesperadas para un país agrícola. En 1914 se fijaba de la siguiente manera:
sector primario, 28%; secundario, 35,7%; terciario, 35,9%. El sociólogo Sergio
Bagú señala a este respecto que los porcentajes son muy cercanos a los que
corresponden a la estructura de la población activa de Francia en 1954.
(60) No porque los niveles de desarrollo sean idénticos sino porque
las cifras encubren realidades muy distintas. El sector secundario argentino no
corresponde a las manufacturas, y menos aún a la industria pesada. El
terciario, cuya preponderancia fue considerada por mucho tiempo como una
característica de las sociedades industriales, esta abultado, en este caso, por
el comercio minorista, los intermediarios y los servicios de todo tipo
exigidos por la opulencia de las ciudades y por el lujo de los particulares.
Este es un factor económico cuyas consecuencias en las estructuras sociales y en
la evolución nacional son fácilmente perceptibles El sobredimensionamiento del
terciario casi parasitario y la poca autonomía del secundario respecto del
sector primario exportador constituyen todavía uno de los puntos
débiles de la frágil prosperidad de la Argentina moderna.
Una
sociedad inconclusa
La
sociedad argentina anterior a “la era militar” era tal como la conformaron la
evolución histórica antes esbozada y las estructuras económicas cuyas
principales articulaciones vimos. La inmigración internacional masiva, que duró
medio siglo, no perturbó el esquema esencialmente dualista del período colonial:
lo transformó adjuntándole un nuevo elemento. La complejidad de la sociedad
argentina moderna es el resultado de dos fuerzas contradictorias: por una parte,
el legado de la colonización española, y por la otra, el impacto de la
inmigración masiva.
Desde
principios del siglo XX hasta la segunda guerra mundial, esta sociedad se
caracterizó por cierta fluidez. En ella puede distinguirse “una jerarquía
variada de posiciones sociales”; pero apenas si se puede hablar de clases en el
sentido sociológico, es decir “grupos cerrados de dignidad desigual”, con un
status relativamente hereditario y a los cuales sus miembros tienen conciencia
de pertenecer. (61)
La
capilaridad social es grande, por lo menos hasta cierto nivel de la escala
social. En un país de inmigración no puede ser de otra manera. La división en
clases “estables”, con límites culturales marcados, se efectúa poco a poco y el
ascenso de los recién llegados es todavía relativamente fácil. Las grandes
esperanzas nacidas en las cubiertas de los transatlánticos no zozobran
irremediablemente en el puerto de Buenos Aires. La aspiración fundamental de los
inmigrantes de mejorar su condición, que es la razón misma de su partida
de Europa, le da un colorido particular a la sociedad entera. La lucha por la
vida y en pos del éxito es en ella, como en la de los Estados Unidos, la
motivación esencial, a menudo fuera de toda norma moral y de todo sentimiento de
pertenencia a una comunidad. El individualismo desenfrenado y la inestabilidad
de ese “conglomerado de apetitos anárquicos”, denunciados por los autores
nacionalistas, (62) se deben al desarraigo de la mayoría de sus
elementos. La atomización de la sociedad argentina está inscripta en su
formación.
Si
bien es prematuro hablar de clases sociales en la Argentina de la primera mitad
del siglo XIX, la existencia de grupos sociales distintos y jerarquizados no es
menos indiscutible. En líneas generales, pueden percibirse tres conjuntos de
grupos estratificados: una estrecha franja superior que presenta, en lo que a
ella se refiere, la mayor parte de las características de una verdadera clase
social; debajo, una miríada de grupos que podrían calificarse como medios o
capas intermedias; en el nivel inferior, el proletariado y el subproletariado
que constituyen más del 55% del cuerpo social. (63) Diversos factores
concurren para dar un carácter fragmentario a esa sociedad. La estratificación
social está en función del status obtenido por cada grupo, pero el prestigio en
el seno de la sociedad global y “la desigual dignidad” de cada segmento social
obedecen a criterios a la vez geográficos, étnicos y
cronológicos.
Con
exclusión de los primitivos
habitantes del territorio argentino y de sus descendientes mestizos, cuyo
representante más conocido es el gaucho pampeano, que ocupan irremediablemente,
según parece, las jerarquías inferiores, la sedimentación social de los
componentes europeos se efectuó en capas sucesivas según la fecha de ingreso al
país y la nacionalidad de origen. A diferencia de otras naciones de inmigrantes
que constituían verdaderos espacios abiertos desprovistos de puntos de
referencia antiguos y sólidos, tales como Nueva Zelandia, la Argentina no
conoció en absoluto una verdadera nivelación social sino una multiplicación de
categorías de prestigio jerarquizadas.
Arriba
de la pirámide social se ubican las “antiguas familias” cuyo ascendiente fue
descripto pertinentemente por un periodista francés que visitó el país en 1912:
“La incógnita, el misterio que flota alrededor de los recién llegados en todos
los países de inmigración escribe Jules Huret, (64) otorgan a las
“antiguas familias”, honorables ellas, ya se sabe, una situación aparte,
privilegiada y en suma justificable”.
En
este país sin aristocracia, la memoria familiar hace las veces de rancio
abolengo: La antigüedad de los linaje es muy relativa. La línea divisoria entre
las familias con antiguos orígenes y los recién llegados se sitúa alrededor de
1870-1880, cualquiera fuese, por lo demás, la posición económica vez éstos.
Instalada antes de esa fecha, una familia puede pasar por “tradicional”. Perdido
entre la multitud miserable de inmigrantes, el extranjero no era más que un
“gringo” de quien desconfiaba instintivamente el argentino de antes y hacia
quien no podía esconder un sentimiento de superioridad: ¿Acaso no era él el
huésped generoso que invitaba a un pobre a su mesa?
A
esas divisiones cronológicas se agrega una sutil discriminación por
nacionalidades que es inversamente proporcional a su participación en el
contingente inmigratorio. El italiano mayoritario, emprendedor y bueno para todo
es el más despreciado. El español, incluso, es considerado con desdén. Por
cierto, un Fernández de origen peninsular, instalado en la provincia de Buenos
Aires en época de Rosas, es un “criollo” notable; pero su homónimo desembarcado
en 1890 no es más que un “gallego” que se confunde con la masa de criados,
changadores y peones originarios de las provincias menos favorecidas de la madre
patria. Si además de esto se tiene en cuenta la multiplicidad de las
ascendencias nacionales, los prejuicios favorables mantenidos por las “familias
tradicionales” hacia ciertas nacionalidades y la mayor o menor facilidad con que
un inmigrante era aceptado como argentino, pudiendo incluso incorporarse a la
“alta sociedad”, en razón de su origen étnico y de su nombre, se entenderá
entonces la complejidad desconcertante del espectro social. Así, un anglosajón
recién llegado se beneficiará con el aura atribuido a los laboriosos súbditos
del imperio británico. Asimismo, un lechero vasco verá facilitado su ascenso
social por la abundancia de patronímicos euskara en el Gotha argentino.
Son los hijos de los inmigrantes, por supuesto, quienes más sentirán esas
modulaciones de la conciencia social que, de hecho, se fundamentan todas en el
“reconocimiento” selectivo del grupo dominante.
Las
categorías superiores: una oligarquía “natural”
El
grupo dominante es el eje de la sociedad argentina. Las alineaciones sociales se
ordenan en función de sus normas y valores: él otorga el prestigio que detenta
totalmente. Para sus miembros, la Argentina está formada sólo por tres “clases”
(en el sentido de grupos de status): la “gente distinguida” (la “gente”, o la
“gente bien” o bien la “gente decente”) en la cúspide; el populacho indistinto,
la “chusma”, abajo del todo; y entre los dos una población entremezclada,
bulliciosa, deseosa de confundirse
con los “olímpicos” que a veces se califica peyorativamente como “medio pelo”.
(65) Esta estratificación caricaturesca pero muy interiorizada no es
solamente subjetiva. Así, el grupo dominante argentino, “la élite establecida”,
no corresponde al conjunto de categorías superiores definidas desde el punto de
vista económico. Los extranjeros, numerosos al frente del comercio y de la
industria, están excluidos y las familias demasiado recientes no participan en
él. Finalmente, un millar de familias, apenas un centenar de hombres, detenta el
poder social y constituye “una verdadera oligarquía, núcleo de la sociedad
criolla”. (66) Se trata realmente de una oligarquía, en el sentido en
que los sociólogos emplean el término en la actualidad, más bien que de una
élite social. (67) Su reclutamiento restringido, su impermeabilidad y
la importancia de los vínculos personales y de las relaciones familiares en su
seno distinguen a este grupo prestigioso de una élite abierta. El acceso a esta
capa social relativamente estanca no responde a criterios funcionales o
institucionales sino a posiciones jerárquicas heredadas.
Conviene,
pues, circunscribir a esta oligarquía y analizar sus características
particulares. En principio, es decir de la manera más restrictiva, este grupo
está formado por los descendientes de las “antiguas familias” que han “hecho” a
la Argentina moderna. Tanto los fundadores de la nación soberana, “guerreros de
la Independencia” u hombres de Estado de la emancipación cuyos linajes se
remontan a la época colonial, como los edificadores de la economía agropastoril
y los administradores del proyecto civilizador, de la segunda Argentina, de
origen mucho más reciente, forman parte de esta categoría. En este país casi
nuevo los lustros son siglos y “la historia autobiográfica”, para retomar la
fórmula de Borges, ennoblece rápidamente. “No se nota diferencia, escribe Huret,
entre el aire de orgullo que toma un estanciero al decir que su abuelo plantó
los arboles de su estancia hace medio siglo y la digna tranquilidad de un
descendiente de los cruzados cuando explica que su escudo de armas figuró en la
batalla de Bouvines a la sombra del estandarte de Felipe Augusto”.
(68)
Así
pues, los primeros europeos que ocuparon y valorizaron las tierras desérticas,
fundaron pueblos en sus propiedades y dejaron sus nombres a los espacios
vírgenes, pertenecieron de derecho y de hecho a la oligarquía. Esos “héroes
epónimos” de los cuales el escritor español Grandmontagne nos ha trazado
atractivas semblanzas en sus cuentos, esos fundadores que pensaban “que no hay
posteridad más bella que la creación de un pueblo” (69) formaban
parte de una oligarquía “natural”, de una élite histórica que todos los
argentinos reconocen y respetan.
Huelga
decir que la base del poder social de esta capa superior es la propiedad de la
tierra. Es verdad que en los orígenes de las “grandes familias tradicionales” se
encuentra frecuentemente al comercio y a las finanzas. Pero la posesión de
tierras pone los verdaderos cimientos del prestigio oligárquico. No podía ser de
otra manera. ¿No es la producción agropecuaria exportada el motor de la
economía? La influencia de esta aristocracia terrateniente se vio reforzada
además por su semimonopolio territorial y por la idea ampliamente divulgada
entre los inmigrantes, en su mayoría de origen campesino, de que la verdadera
riqueza y el bien supremo radicaban en la posesión de la
tierra.
El
doble origen del poder de la oligarquía, antigüedad familiar o función histórica
por un lado, gran propiedad por el otro, daba cierta heterogeneidad a este grupo
social. La oligarquía tenía su jerarquía interna y sus parientes pobres. Los
provincianos conspicuos, viejas familias coloniales del interior que dejaron su
nombre en la historia de la Independencia y de las guerras civiles, pero cuyas
propiedades se encontraban fuera de las zonas de expansión, eran integrados al
grupo porque su poder local era útil al círculo dominante. Asimismo, en ciertas
provincias con agricultura moderna, los grandes propietarios que producían para
el mercado interno y que habían adquirido posiciones locales envidiables, se
incorporaban poco a poco en función de su origen nacional al grupo dirigente. Es
el caso de los barones azucareros de Tucumán o, en menor medida, de los
empresarios viticultores de la región de Cuyo (Mendoza y San Juan). En otros
casos, fortunas comerciales o industriales recientes, a pesar de la compra
ritual de campos, hacen antesala: estos nuevos ricos no son admitidos en los
clubes y en los salones distinguidos. A fuerza de méritos, quizás sus hijos o
sus nietos... Sea como fuere, la oligarquía tenía un centro geográfico: su
círculo interno estaba formado por los más grandes ganaderos de la
provincia de Buenos Aires. Esos estancieros pertenecían a la famosa Sociedad
Rural Argentina, que formaba con el Jockey Club y con el Club del Progreso los
tres bastiones tradicionales de la oligarquía triunfante.
Esta
élite establecida reunía, pues, a los “dueños de la tierra”, pero sus miembros
no se conformaban con poseer extensas propiedades rurales y grandes rebaños. Su
dominio de la economía era más completo. Tenían en sus manos todos los hilos de
la actividad nacional. “Esas antiguas familias son todopoderosas. Casi nada
importante se hace en el país sin ellas y fuera de ellas”. (70)
Conscientes de su poder, los miembros de la oligarquía esperaban obtener de su
posición privilegiada un provecho exclusivo. “Argos de cien ojos... Briareo con
cien brazos, esta élite está atenta a las buenas ocasiones para comprar y vender
tierras, se entera de los informes confidenciales sobre las cotizaciones de la
Bolsa, sabe qué grandes empresas van a crearse y qué concesiones forestales
restan por acordar, conoce los proyectos para la construcción de fábricas, de
frigoríficos, de molinos, de ingenios, de ferrocarriles, de puertos, los
contratos previstos para la provisión de maquinarias, las próximas grandes
obras...” (71)
Burgueses
y capitalistas por su actividad de financistas y empresarios, prontos a adoptar
la innovación que hará prosperar sus negocios y reforzará su poder económico,
los miembros de la oligarquía se asemejaban a los aristócratas por su estilo de
vida y por sus valores sociales. El estanciero próspero era un “gran señor de
las colonias cuya morada era un palacio agreste que tenía algo de granja y algo
de castillo”. (72) En la mayoría de los casos era un propietario
ausente que, sin embargo, hacía construir en sus tierras casas señoriales de un
lujo inesperado y convertía su estancia en “la forma más suntuosa de la
propiedad primitiva”. En efecto, ese decorado es simbólico. La casa de campo
estilo Tudor o el palacio renacentista que se yerguen, incongruentes, en el
medio de la pampa están vacíos la mayor parte del año, pero imponen una imagen
de autoridad y traducen la distancia social infranqueable que separa al
estanciero de sus peones, de los pequeños funcionarios del pueblo vecino o de
sus encandilados subordinados. No nos equivoquemos, el patrón es más familiar
con sus servidores de lo que los “burgueses conquistadores” de Europa supieron
serlo jamás, porque no mantiene con ellos relaciones funcionales de superior a
subordinados sino relaciones “paternalistas” de persona importante a individuo
insignificante. Es una diferencia de naturaleza que justifica la condescendencia
del gran señor protector de sus súbditos.
Esa
“conciencia de clase”, o aun de casta, no es más que un aspecto manifiesto de la
distribución del poder social. Para sus miembros, la oligarquía Argentina se
caracteriza por su perfecta e indiscutible legitimidad. Los otros grupos
sociales, particularmente los de origen inmigratorio, comparten generalmente tal
opinión. Nadie puede disputarles la preeminencia a los descendientes de los
fundadores de la Argentina moderna... El tiempo mismo de la historia argentina,
con sus extensas zonas silenciosas que preceden a un período de intenso ritmo,
refuerza el poder de un grupo dirigente sin igual y, por lo tanto, sin
competencia. La oligarquía no sucede ni a lejanas y misteriosas jerarquías
precolombinas, ni a una pomposa aristocracia colonial. Por lo demás, la
Argentina no conoció ciclos económicos sucesivos capaces de hacer surgir, para
arruinarlos después, efímeros grupos dirigentes. (74) Ella es la
élite única y natural que condujo al país a la prosperidad y que lo reveló al
mundo. Herederos de los padres fundadores, los “patricios” argentinos -como
gustaban hacerse llamar- consideraban que tenían derecho de manejar el destino
del país. Los “eupátridas” se proponían ejercer un poder hereditario sobre la
“masa amorfa” de peones y sobre la “clientela complaciente” de gringos que
debían su presencia en suelo argentino nada más que a su buena voluntad. En
efecto, el inmigrante sólo era un visitante. Debía saber conservar su lugar y
aceptar la suerte que tuviera. La tríada social argentina no puede dejar de
evocar a la ciudad antigua. Son varios los autores que esbozaron una
comparación. ¿No deben respetar, tanto el gringo como el “meteco” o del
“cliente”, las leyes del “patriciado” que los acoge y alimenta generosamente?
Las masas criollas ¿No forman la “plebe” sin derechos -y sin tribuno todavía- o,
mejor dicho, un pueblo de “ilotas” desposeídos, apegados a una tierra que antaño
les pertenecía? (75)
A
pesar de todo, no habría que creer que el poder de la oligarquía era de
naturaleza feudal o arcaica, (76) ni imaginar un despotismo
tradicionalista o reaccionario. La oligarquía argentina era un grupo social
modernizador. El proyecto de transformación nacional puesto en marcha a partir
de 1880 se proponía introducir “la civilización europea” en el país de los
querandíes y de los ranqueles. Liberal y cosmopolita, la élite establecida
ejercía sobre el país una dominación ilustrada. Defendía ferozmente sus
privilegios, pero se apoyaba en la razón: animadora del progreso, su
conservadorismo se teñía de filosofía positivista. Así, rechazando todo lo que
representaba a la tradición hispana —luego colonial y católica- asimilada con el
obscurantismo más odioso, era resueltamente volteriana y fácilmente
anticlerical. El conflicto con la Iglesia a propósito de la enseñanza y
del casamiento civil, durante las presidencias de Roca y de Juárez Celman,
revela claramente la mentalidad del grupo dirigente. Como escribe uno de los
representantes más brillantes de la “generación del 80”, Miguel Cané, la élite
argentina se caracteriza por un “espíritu abierto a la poderosa evolución del
siglo, con fe en la ciencia, y en el progreso humano”. (77) Esos
valores y la imagen que los miembros de la élite establecida tienen de sí mismos
y de su legitimidad no merecerían tanta atención si no estuvieran difundidos en
el conjunto del cuerpo social, formando así la opinión pública. “El secreto de
su poder”, escribe un ensayista contemporáneo, “es una especie de poder
tentacular que impregna todas las instituciones sin mostrarse”. (78)
La prensa y la escuela son los dos conductos institucionales para esa
infiltración ideológica que contribuye a moldear las mentalidades. Los dos
diarios argentinos más importantes, La Nación, fundada por el general Mitre, y La Prensa
son instituciones nacionales hoy día centenarias. Por lo menos hasta 1945,
nadie ponía en duda la autoridad de la “prensa seria” que se leía reverentemente
en todas partes. Estos órganos, propiedad de grandes familias, reflejan los
intereses del grupo dominante. Su trayectoria ideológica se adaptó con mayor o
mejor fortuna e inteligencia: no varió. La escuela pareció a los dirigentes
argentinos, preocupados por el peligro de desnacionalización, una forma de
arraigar en el país a los hijos de extranjeros. En lugar del apego a la tierra
que pocos poseen, la admiración por los prohombres de la patria elegida por sus
padres para huir de la ancestral miseria europea, parecía capaz de incorporar a
los nuevos argentinos a la defensa de los valores tradicionales. La
escolarización más amplia tenía que afianzar la cohesión nacional. La
“canonización laica” (79) de los héroes civiles (Rivadavia,
Sarmiento, Mitre, etc.), precursores o antepasados de la oligarquía, asegura de
hecho la continuidad de la evolución argentina. El dogma patriótico permite
hacer compartir por todos los ciudadanos los valores dominantes. La exaltación
del pasado refuerza el peso presente del grupo dirigente. Entonces, casi se
podría decir que criticar a la oligarquía es una actitud anti
Argentina.
Así
reconocida por las otras categorías sociales y dotada de una legitimidad que sus
innegables logros económicos vuelven ejemplar, la oligarquía puede ejercitar sin
esfuerzo ni violencia una coacción que, a pesar de ser esencialmente asimétrica,
nadie la considera sin reciprocidad. (80) Sobre todo los emigrantes
son proclives a acreditar al patriciado de la república pastoril las
oportunidades que les son ofrecidas para mejorar su condición. Por último, y lo
que es más, gracias al contenido de una instrucción ampliamente difundida y a la
prensa, el grupo dominante incluso puede “controlar a distancia” los asuntos
públicos y la evolución de la sociedad, después de haber dictado su código
social y su concepción de la existencia a los grupos
intermedios.
Las
capas medias: un mosaico heteróclito
Entre
el proletariado de las ciudades y del campo y la élite establecida se extiende
una vasta zona de grupos muy diversos que a veces se llaman la clase media. En
1914 se estimaba que, desde el punto de vista económico, cerca del 41% de la
población activa no pertenecía ni a las capas inferiores ni a las categorías
superiores. (81) Pero, ni el lugar ocupado en el proceso de
producción, ni el estilo de vida o la fortuna, ni el status o el prestigio dan
coherencia a este conglomerado social. En efecto, ¿qué tienen en común el rico
exportador italiano de Rosario y el almacenero español, el viticultor francés de
Mendoza y el abogado o el médico argentino, el ganadero galés de la Patagonia y
el viajante de comercio alemán o el empleado bancario porteño? Sin embargo, la
noción misma de clase media se convirtió en uno de los mitos impulsores y en
algo así como el eje ficticio de la sociedad argentina. Se puede señalar todo lo
que una imagen semejante le debe a la ideología del grupo dominante. Pero, por
sobre todo, traduce bien el apego a un modelo de sociedad abierta, “sin clases”,
así como la importancia subjetiva y real de la movilidad vertical. Expresa
además negativamente los tropismos esenciales de un proceso de estratificación
polarizado en los extremos: la comprobación por parte de la franja superior de
estas capas medias del carácter cerrado y exclusivo de “la élite establecida”; y
la aversión por parte de los que forman la franja inferior, cercanos al
proletariado, a ser confundidos, siendo europeos, con una masa criolla
radicalmente distinta, a la vez que la esperanza tenaz de elevarse en la
jerarquía social.
Las
capas medias son esencialmente de origen inmigratorio, (82) pero no
comprenden solamente a extranjeros y a hijos de inmigrantes. Debe ubicarse en
los grupos intermedios a familias más antiguas, conocidas como honorables, que
sufren una situación económica precaria o tienen un débil prestigio por
distintas razones históricas. Se las encuentra tanto en el medio ambiente rural
como en las zonas urbanas. (83) Medianos propietarios de las zonas
marginales, pequeños ganaderos del litoral, familias de funcionarios venidos a
menos o mal pagos y negociantes arruinados por la competencia de rivales más
exitosos no pertenecen de ningún modo a la élite establecida sino que se
confunden con los recién llegados. Su actitud para con éstos y su solidaridad
esporádica, varía en función de la mayor o menor facilidad que encuentran para
identificarse con la oligarquía, o para ingresar efectivamente en
ella.
En
estos grupos intermedios conviene separar a los inmigrantes de sus hijos que son
argentinos de primera generación. Aun cuando el comportamiento de las capas
superiores para con ellos es prácticamente idéntico. Como vimos, los dirigentes
argentinos no facilitaron en nada el arraigo definitivo de los inmigrantes. No
estimularon la fijación de extranjeros ni en el terreno económico, ni en el
orden jurídico. Es por eso que la legislación argentina no previó un sistema de
naturalización rápido o ventajoso. Es verdad que la Constitución de 1853 concede
a los extranjeros los mismos derechos que a los nacionales sin combinarlos con
algunos de los deberes correspondientes, especialmente en materia de
fiscalidad y de servicio militar (artículo 20). Además, la protección
consular de que gozaba la mayoría de los inmigrantes, y que a menudo resultaba
útil en caso de disturbios o ante las exacciones de algunos funcionarios
locales, contribuyó a disuadirlos de convertirse en ciudadanos argentinos, sin
decir nada de las dificultades morales que podía significar el abandono de la
nacionalidad original sin una contrapartida apreciable. Por lo que no es extraño
que la cantidad de naturalizaciones haya sido prácticamente despreciable, al
menos mientras prosiguió el flujo migratorio. (84) Por otra parte,
lejos de intentar asimilarse o de manifestar interés por la vida de su país de
adopción, los inmigrantes se reagruparon por nacionalidades, principalmente en
asociaciones de socorros mutuos (85), publicaron boletines y diarios
en su idioma materno y siguieron vinculados con su país de origen, contribuyendo
así a la atomización de la sociedad argentina en general y de las capas medias
en particular.
No
sucede lo mismo con sus hijos. Los argentinos de primera generación no
conocen otra patria que no sea el país donde nacieron. La mayoría de las veces,
olvidan o repudian la lengua y la cultura de sus padres, mientras que estos
depositan en ellos todas sus esperanzas de ascenso social. Privados de la
posibilidad de ocupar un lugar envidiable en el aparato productivo, los hijos de
inmigrantes se esfuerzan en incorporarse a la sociedad tradicional, cuyos
valores han asimilado plenamente, gracias a los títulos universitarios y al
ejercicio de profesiones liberales. El conformismo “ascensional” de los hijos de
inmigrantes no es, por otro lado, un fenómeno propio de la República Argentina.
Esos nuevos argentinos, fascinados por el estilo de vida distante y fastuoso y
por el exclusivismo histórico de la oligarquía, se identifican gustosos con las
capas superiores, en la medida en que su éxito profesional se los permite.
Aspirantes de la oligarquía así como el empleado es, según M. Crozier,
“aspirante de la burguesía”, (86) estas nuevas capas medias calcan su
comportamiento del de la élite establecida. Pero su vinculación con el país y su
deseo de promoción no tardan en tropezar con el monopolio económico y social de
la oligarquía. La movilidad social, estrictamente limitada a las categorías “de
menos importancia estratégica en la estructura económico‑social”,
(87) limita su ascenso. La acumulación de tensiones que resulta de
tal situación es un factor decisivo del proceso social argentino. Para la élite
tradicional, un hijo de extranjero no es del todo un argentino o por lo menos no
es suficientemente argentino para ocupar ciertas funciones. En 1957, todavía,
los adversarios de la candidatura de un hijo de italianos futuro presidente de
la República, le reprocharán agriamente lo reciente de su ascendencia nacional.
(88)
En
busca de las clases populares argentinas
En
la base de la escala social, también hay que distinguir entre los trabajadores
manuales de origen inmigratorio y el proletariado criollo del campo más o menos
fuertemente mestizado. Los primeros, cualquiera que sea su grado de calificación
anterior, ocupan cuando llegan a la Argentina cualquier empleo y generalmente
los más rudos y mal pagos. Pero tratan de acceder a una situación mejor o bien
conservan la ilusión de que su condición de trabajadores manuales es sólo
transitoria. Su status no es fijo. La mayoría de esos inmigrantes tiene poca
conciencia de pertenecer a la clase obrera. Por lo demás, la movilidad
ascendente masiva transforma rápidamente a los proletarios en miembros de la
clase media a la cual sus aspiraciones los asimilan en cuanto se insertan en la
sociedad argentina. Evidentemente, no es el caso de los militantes obreros
europeos que traen a la Argentina su pasado de luchas y su cultura proletaria.
Éstos no son más que una ínfima minoría, pero asustan al grupo dirigente que los
denuncia como peligrosos para la soberanía nacional. En 1902 se votó una ley (la
Ley de Residencia), que sería oportunamente exhumada varias veces hasta el
presente, para autorizar al gobierno a expulsar sin otra forma de proceso a los
extranjeros que se juzgaba subversivos cualquiera fuese la duración de su
estadía en la Argentina. Una legislación tal, en flagrante contradicción con la
Constitución de 1853, indica como se mantiene cuidadosamente al margen de la
vida nacional al proletariado extranjero.
El
problema con los trabajadores criollos es muy diferente. Descendientes de los
primeros habitantes, no cabe duda de su arraigo en el terruño argentino. Sin
embargo, para los miembros de una élite establecida que consideran que la
Argentina es el “único país blanco al sur del Canadá”, su existencia es, si no
problemática, por lo menos desdeñable. Es verdad que forman parte del paisaje
humano y que contribuyen en mínima medida con el sistema productivo, pero en
ningún caso pertenecen a la sociedad política.
La
mentalidad de la oligarquía conservó la marca del clima positivista en el que se
desarrolló. El darwinismo social fundamenta racionalmente sus prejuicios sobre
la superioridad de la raza blanca. Es verdad, como escribe Magnus Mörner, que a
principios de siglo “las ideas racistas se confundían con la ciencia moderna”.
(89) Por lo demás, los precursores de la organización nacional habían
mostrado el camino. Para Sarmiento la civilización es europea y “las razas
americanas” son irremediablemente inferiores. Su presencia en suelo argentino es
un obstáculo para el triunfo de las “luces” y del progreso. En América, “todo lo
que no es europeo es bárbaro”, insiste Alberdi, quien agrega: “Haced pasar el
roto, el gaucho, el cholo, unidad elemental de nuestras
masas populares, por todas las transformaciones del mejor sistema de
instrucción: en cien años no haréis de el un obrero inglés, que trabaja,
consume, vive digna y confortablemente”. (90) El “racismo ilustrado”
releva así la quisquillosa “pigmentocracia” colonial (91) que impedía
el ascenso de las “castas” de sangre mezclada.
Juzgado
incapaz de progresar y de aprender, no apto para el progreso -quizás porque
rehusa dejarse proletarizar-, el mestizo, con quien compite el inmigrante
europeo, es confinado a las tareas rurales más conformes con su “salvajismo”
innato ya que son las menos productivas. Sin embargo, sería totalmente inexacto
hablar de problema racial en Argentina en la primera mitad del siglo XX. La
diseminación geográfica de la masa de criollos y el carácter limitado de sus
rasgos somáticos o culturales distintivos, tanto como el tipo de control
ejercido por la oligarquía, evitaron conjuntamente la aparición de una situación
conflictiva. Por otro lado, si bien se tiene vergüenza de la existencia de
mestizos, se está orgulloso del coraje primitivo del centauro de la pampa cuyo
mito compensador se elabora a medida que los hijos de los “gringos” reclaman con
más insistencia su lugar bajo el sol. Además, el estanciero es paternal con los
peones nacidos en sus tierras. En la medida, es cierto, en que los subalternos
saben conservar su lugar, en que el “guaso del campo” no pretende compararse con
los “señores”, el prejuicio no tiene ninguna necesidad de ser
discriminatorio.
Lo
cual no quiere decir que sea conveniente hablar de mestizos en la alta sociedad;
y mencionar la presencia india en la Argentina está tan fuera de lugar como
revelar una tara lejana y olvidada en una familia honorable. Sin embargo, la
presencia ausente del criollo de tez cobriza no puede dejar de llamar la
atención al observador desprejuiciado. Ya en la Exposición Universal de París,
en 1889, el contraste entre la blancura de los turistas y de los oficiales y las
características étnicas de los veinte soldados “achinados” de guardia ante el
pabellón argentino, había impresionado a la opinión francesa. (92)
Clemenceau, que se complace en ver lo que se le desea esconder, insiste con una
condescendencia sólida en los claros indicios de sangre autóctona existentes en
el organismo social argentino: “el aporte de sangre india no puede ignorarse...
sin salir de Buenos Aires es imposible pasar por alto algunos buenos ejemplares
de mestizos indios en la policía o en el cuerpo de bomberos, por ejemplo... En
cuanto salí de la provincia de Buenos Aires para subir hacia el norte, el
mestizaje se me apareció triunfante”. (93)
Sin
embargo, el mestizo es discreto. Perdido en la inmensidad de la República
pastoril, casi no se le ve. En un país prodigiosamente rico, lleva una vida
miserable. Al margen de la prosperidad. A veces, un visitante extranjero más
perspicaz o más audaz capta en una instantánea reveladora la miseria silenciosa
de las masas criollas. Es la otra cara del milagro argentino. El gaucho se
resignó a convertirse en peón. Quizás espera ser llamado a la existencia
repitiendo los versos proféticos del Martín Fierro, epopeya nacional y
réquiem para una Argentina difunta:
“Tiene
el gaucho que aguantar
Hasta
que lo trague el hoyo
O
hasta que venga algún criollo
En
esta tierra a mandar”. (94)
El
sistema político
Puede
parecer extraño que todavía no hayamos abordado el aspecto propiamente político
de la Argentina moderna. Es verdad que nos explayamos sobre las particularidades
del crecimiento económico y sobre las modalidades de la estratificación social y
que intentamos circunscribir al grupo poseedor, de la riqueza y de la influencia
social. Pero se habrá comprendido fácilmente, al seguir ese desarrollo impuesto
por la historia y por la sociología, que la concentración del poder económico y
del prestigio en manos de una verdadera oligarquía implicaba un cierto orden
político. El análisis social ya es una descripción del sistema de poder. El
grupo dominante es naturalmente un grupo dirigente. La preponderancia
oligárquica se prolonga en el aparato estatal, que la refuerza. El poder
político está siempre estrechamente ligado a la riqueza y al poder social. A
partir de 1880, la esfera política goza de una autonomía muy reducida en la
Argentina.
EL
ANTIGUO RÉGIMEN
Así,
las estructuras y los mecanismos de la vida pública, que son tributarios de las
actitudes y de las representaciones de un grupo dirigente históricamente
exclusivo —pero no totalmente impermeable al talento—, son legitimados
socialmente. Los “eupátridas” consideran que el Estado les pertenece de derecho.
La riqueza y la posición social abren las puertas a la “clase política”. El
poder sobre todo prepara para el poder: la sabiduría política es considerada el
privilegio de las familias consulares. El oficio de gobernante no se aprende, se
hereda. La “conciencia de grupo” de la oligarquía constituye su fuerza política.
El Parlamento y los gabinetes ministeriales son otros tantos círculos
distinguidos donde los clubmen de la élite se
reúnen.
“La
política se reduce a una política estrictamente personal, señala Huret,
acostumbrado a las querellas ideológicas y hasta metafísicas de la Tercera
República; nadie se agrupa para sostener un principio, una doctrina política,
económica o social. No se es ni librecambista, ni proteccionista, ni
conservador, ni liberal, ni socialista, se es partidario de éste o de aquél.
Así, al estar de acuerdo en las ideas rectoras de gobierno, los adversarios no
son de ningún modo enemigos. Forman parte de los mismos círculos, frecuentan los
mismos ambientes”. (95)
En
efecto, esa clase política restringida y homogénea trata de manejar al país como
a una gran estancia que debe producir al menor costo y para el mayor beneficio
de sus accionistas. La continua expansión, que justifica esa forma de gobierno,
aboga por una despolitización de los asuntos públicos. Habiendo sido dada la
orientación esencial una vez por todas entre 1870 y 1880 sólo queda administrar
la prosperidad. Para eso, como dice en el Parlamento el presidente Juárez
Celman, el hombre de “la crisis de progreso” de 1890, las leyes políticas son
“innecesarias”, únicamente se requieren “leyes que fomenten el progreso del
país... por el aumento... de sus producciones, de sus industrias...”
(96) La divisa del presidente Roca “Paz y Administración” es la del
régimen y de la época. (97) Para el grupo dirigente, impregnado de
positivismo, la administración de las cosas está de acuerdo con los intereses
del país. Las ideas dividen y debilitan el esfuerzo productivo; el ideal del
régimen oligárquico es entonces expulsar la política, es decir, de hecho, la
competencia por el poder.El mismo Juárez Celman dice muy claramente en uno de
sus mensajes presidenciales al Congreso: “Acabo de hablaros de los hechos
relativos a lo que en el lenguaje tradicional... se llama la política. La
materia prima de ese capítulo como lo habéis podido notar, comienza a ser
escasa, para bien de nuestra patria y pronto habremos de prescindir de ella o
transportar su sentido a los hechos administrativos, que ninguna conexión tengan
con los movimientos electorales...” (98)
En
tales condiciones, es evidente que permitir el acceso al poder de grupos recién
llegados, y por lo tanto inexperimentados, sólo podría hacer peligrar el futuro
del país. La oligarquía y sus representantes políticos están obligados entonces,
nobleza obliga, a mantener entre sus manos expertas las riendas del Estado. Como
escribe en 1912 un oponente del régimen: “Constitucionalmente el gobierno está
abierto a todas las influencias; pero, de hecho, ha estado siempre sometido al
de algunas familias influyentes, al de nuestras familias conocidas, que
oficialistas u opositores siempre han sabido repartirse la posesión de todos los
puestos públicos importantes, ejerciendo un verdadero patronato sobre los
inferiores... Así ha llegado a formarse esa clase que gobierna por sí y para sí,
y que afirma su superioridad, fundada en la riqueza y el poder” (99) Es verdad que esa
desigualdad política, inscripta en las estructuras de la economía y en el perfil
de la formación social, no es ratificada en modo alguno por la
Constitución.
La
ley fundamental de 1853, inspirada en la Constitución de los Estados Unidos,
establece un sistema presidencial, democrático y representativo, basado por lo
tanto en la soberanía popular. Pero, si bien en ella se proclama solemnemente la
igualdad jurídica (artículos 14 y 16), nada se ha previsto para imponer la
igualdad política de los ciudadanos. El sistema electoral no se define en
absoluto sino que se deja a la discreción del Congreso. Así, en la práctica, la
“democracia” esta firmemente “dirigida” por las personas de buena posición. Tal
monopolio del poder encuentra su justificación en un liberalismo elitista que
racionaliza el rechazo de la “voluntad colectiva”, a la que se juzga “ciega,
caprichosa e irracional”. Eduardo Wilde, brillante ministro del Interior de
Juárez Celman, resume bien el pensamiento condescendiente de sus pares al
respecto cuando escribe: “El sufragio universal es el triunfo de la ignorancia
universal”. (100) Belín Sarmiento lo apoya, a pesar de ser un
empedernido oponente del régimen al que califica como “República muerta”, al
agregar: “El sufragio universal en las repúblicas sudamericanas, si la
falsificación no lo corrigiera, pondría a merced de la parte más ignorante y
destituida de la sociedad, las anteriores conquistas de la civilización.
Produciría una disminución de la razón central y haría bajar el centro de
gravedad intelectual y moral”. (101)
Sin
averiguar las fuentes europeas de tal actitud ‑Taine y Renan de seguro‑ podemos
reconocer en ella la autosatisfacción altanera de los “unitarios” urbanos y
cosmopolitas de la primera mitad del siglo XIX. La doctrina oficial del
empirismo oligárquico se alimenta con el pensamiento político de los
intelectuales unitarios cuya síntesis ha hecho Esteban Echeverría en el Dogma
socialista, aparecido en 1846, donde puede leerse
particularmente:
“La
razón colectiva sólo es soberana, no la voluntad colectiva... De aquí resulta
que la soberanía del pueblo sólo puede residir en la razón del pueblo, y que
sólo es llamada a ejercerla la parte sensata y racional de la comunidad
social.
“La
parte ignorante queda bajo la tutela y salvaguardia de la ley dictada por el
consentimiento uniforme del pueblo racional.
“La
democracia, pues, no es el despotismo absoluto de las masas ni de las mayorías,
es el régimen de la razón”. (102)
Según
este liberalismo aristocrático y conservador, “la razón colectiva” no puede
encarnarse, sin duda alguna, más que en los círculos ilustrados, entre los
beneficiarios del ocio y la cultura, por lo tanto en los poseedores de la
riqueza. La sociedad les reconoce a los más aptos y mejor formados el derecho y
el deber de conducir los asuntos públicos por un “plebiscito tácito”.
(103) La soberanía popular no reside en el campo, donde se esconde la
barbarie denunciada por Sarmiento, ni entre las miserables hordas de inmigrantes
desarraigados. Se nos dirá que todo eso es una instancia superada por la
conciencia política argentina. Sin embargo, su resurgimiento constituye hasta
hoy día un elemento permanente del pensamiento político del grupo dominante.
Cada vez que el pueblo pierda la confianza de la oligarquía lo veremos surgir de
nuevo. El escepticismo de los dirigentes respecto de la capacidad del pueblo
para ejercer sus derechos políticos fundamenta racionalmente la superioridad
política de las “capacidades” históricas, es decir de las “familias
tradicionales”, y determina la práctica del antiguo régimen tanto a nivel de sus
estructuras como a nivel de los mecanismos de transmisión del
poder.
A
partir de la primera presidencia del general Roca, en 1880 el funcionamiento
concreto del sistema político depende de lo que se ha llamado la Liga de
Gobernadores. Antes de ser elegido, el presidente es designado por los
gobernadores de las catorce provincias (104) que, como se dice
entonces, tienen la situación en sus manos. Esos ciudadanos importantes, pilares
del orden político, expresión y garantía de la propiedad territorial, aseguran
su control sobre la vida provincial mediante una red de caciques locales, a
veces populares y la mayor parte de las veces investidos con funciones
ejecutivas (intendentes, comisarios, jueces de paz). El gobernador provee todos
los empleos públicos y es al mismo tiempo el gran elector del presidente.
(105) Senadores y diputados nacionales no son representantes de los
electorados de su circunscripción sino representantes del gobernador que los ha
escogido y a quien deben obediencia. La mayoría de las veces, por lo demás, el
cargo de senador nacional se reserva para el gobernador saliente, que puede así
controlar a su sucesor y preparar su reelección.
Una
organización política procede de esa Liga de Gobernadores: el Partido
Autonomista Nacional encargado de dar un aspecto institucional y moderno al
sistema empírico de acuerdos y negociaciones que trata de aportar a las campañas
políticas un mínimo de calor popular. También levanta “la bandera de las
autonomías provinciales”, que queda bien con sus orígenes. En realidad, de
partido no tiene más que el nombre.
La
ratificación electoral de los candidatos “oficiales” obliga a los gobernadores a
utilizar probados métodos que la conciencia democrática generalmente condena.
Porque el sufragio es en teoría universal. Es verdad que la ley electoral
facilita, hasta 1902 y de 1904 a 1912, las victorias masivas: diputados o
electores presidenciales (106) son elegidos mediante el escrutinio de
listas por simple mayoría de votos; la representación de las minorías no está
prevista. Pero, para asegurarse una buena elección se prefiere recurrir
al variado arsenal del fraude electoral. La mayoría de las veces entre los años
1880 y 1890, no era raro que el “partido” más poderoso se adueñara de las urnas
por la fuerza o que impidiera a su rival acercárseles. Cada candidato iba a las
elecciones como a la guerra, seguido por la tropa de electores en armas. “Ganar
una elección es ganar una batalla”. (107) La literatura argentina de
la época nos ha dejado coloridas descripciones de esas costumbres políticas
pintorescas que permitían a la “razón colectiva” imponerse.
(108)
A
principios de siglo, observadores y hombres políticos están de acuerdo en
señalar que, teniendo en cuenta que el progreso del saber trae aparejada la
evolución de las costumbres, las operaciones electorales se han pacificado. Los
votos ya no se arrancan a punta de fusil sino que se compran, y “hacia el final
del escrutinio, un voto puede llegar a doscientos pesos”. (109)
Algunos ven en eso un enorme progreso social. Carlos Pellegrini, por su parte,
considera que la venta de los sufragios prueba la libertad del elector “porque
no hay voto más evidentemente libre que el voto que se vende”. (110)
Otros, nostálgicos de los tiempos heroicos de la “política brava”, lamentan esta
venalidad. “Antes, la política era anarquía entusiasta, escribe en 1912 el
ensayista Levillier, (111) se empequeñeció, se volvió venal burguesa,
filistea y, si es posible, más inmoral, aunque menos
nociva”.
Se
puede estar a favor o en contra del reclutamiento de electores por dinero, pero
lo cierto es que se está lejos de una práctica democrática efectiva. Por
supuesto, el escrutinio no es secreto ni obligatorio y, especialmente, la
inscripción en las listas electorales depende de la buena voluntad de las
autoridades. Además, debido al peligro corrido, y luego a una abstención
voluntaria y política, a principios de siglo la participación es generalmente
insignificante. En 1907, en Mendoza, sobre 17.000 inscriptos hubo 1.955
votantes; (112) el año anterior se habían anulado las elecciones en
la Capital Federal en las que participaron sólo 3.583 electores sobre 1.200.000
habitante. (113) Como puede apreciarse, todos los mecanismos
electorales están dirigidos a perpetuar a los gobernantes establecidos. Pero
hace falta que los gobernados den su consentimiento, aunque sea pasivo, a esas
parodias electorales.
LA
DEMOCRACIA DE LAS
“VACAS
GORDAS”
Puede
preguntarse por qué la oligarquía argentina se impuso las apremiantes
limitaciones del sufragio universal, a las que intenta eludir. ¿Para qué puede
servir, de acuerdo con las intenciones de sus creadores y de sus usufructuantes,
un régimen de democracia representativa que funciona de hecho según normas
particularistas totalmente extrañas al modelo institucional elegido? En
principio, hay que señalar que la fachada parlamentaria de la dominación
oligárquica es un símbolo de modernización, y esta comprobación banal es válida
para toda América Latina. La Argentina sólo puede incorporarse a la civilización
europea adoptando las instituciones de las naciones adelantadas. Por añadidura,
la sanción de la soberanía popular da una dimensión política a la legitimidad
del grupo dirigente. Por lo demás, para los conservadores más lúcidos la
democracia y el sufragio universal constituyen un lejano ideal cuya puesta en
práctica inmediata sólo podría provocar grandes perturbaciones. Es necesario,
entonces, “educar al soberano” para que un día pueda asegurar libremente la
preponderancia de los “mejores” y, mientras tanto, adaptar el ideal a una
realidad poco satisfactoria institucionalizando el fraude.
Es
curioso observar cuánto preocupa a los políticos argentinos de fines de siglo
este problema de las “costumbres políticas”. Parece reconocerse unánimemente, en
teoría, la necesidad de una reforma del sufragio. ¿Homenaje del vicio a la
virtud que realizan los beneficiarios del sufragio restringido y controlado?
Quizás, pero también reflejo de una nueva preocupación: el auge amenazador de
una oposición popular organizada y la liquidación del sistema estructurado por
el general Roca.
En
1891 nació la Unión Cívica Radical (UCR), primer partido político dotado con una
organización nacional y estructurado con miras a la conquista del poder. Su
programa: la Constitución. Fundada por grandes nombres del establishment
social (114) y por descendientes de antiguas familias acomodadas
que rehusaban avalar el juego fraudulento del régimen “falaz y descreído”, la
UCR, cuyo objetivo declarado era la honestidad política, atrajo rápidamente a
nuevas capas sociales de origen inmigratorio que aspiraban a participar en la
vida política. Una pequeña burguesía dinámica, que reclamaba su lugar bajo el
sol del “milagro” argentino, se reconoció en el movimiento radical y formó el
grueso de sus filas.
Junto
a los radicales, el Partido Socialista, fundado en 1896 según modelo europeo, se
propuso defender los intereses de la clase obrera naciente. Su reclutamiento se
efectuó casi íntegramente en el medio urbano y entre los trabajadores
inmigrados. Reformas sociales y representación parlamentaria, constituían los
objetivos inmediatos de los socialistas argentinos. La agitación anarquista que
se desarrollaba paralelamente en los mismos medios era menos respetuosa del
marco político. Pero su basamento sindical la convertía en una fuerza
difícilmente integrable.
Sin
embargo, mientras la Argentina proseguía su ascenso en el campo económico, el
sistema empírico de poder entraba en crisis. Los tiempos habían cambiado desde
la primera presidencia de Roca. La sociedad argentina, más diferenciada, era
sobre todo menos maleable. La coalición muy débil de grupos políticos locales y
el acuerdo momentáneo de personalidades provinciales no bastaban ya para
encuadrar a un país en plena efervescencia. La Argentina casi centenaria no
tenía un régimen político a su medida. Ahora bien, el grupo en el poder estaba
dividido acerca de la solución que debía darse a las demandas de las capas
medias y de la clase obrera, mantenidas hasta entonces al margen de la sociedad
política. ¿Había que desactivar, mediante recetas homeopáticas, la situación
explosiva creada por prácticas electorales que no permitían la representación de
las “minorías”, o debían aceptarse, por el contrario, las reglas de juego que
proponía la oposición, y derrotarla en su propio terreno?
Al
principio parece elegirse la primera solución que es, por cierto, menos costosa
para los detentadores del poder. En 1902, una nueva ley electoral instaura el
escrutinio uninominal con la finalidad de asegurar la representación de las
minorías. (115) en efecto, ella permite que sea elegido el primer
diputado socialista de América Latina. (116) Pero Quintana, nuevo
presidente (1904-1906), la hace anular por el Congreso. La considera peligrosa
porque debilita al régimen en el momento en que se encuentra amenazado por las
maquinaciones revolucionarias del partido radical. Quintana prefiere entonces
llamar al gobierno a desertores del radicalismo (117) y tratar de
llegar a un acuerdo con ciertos sectores de la UCR. Su sucesor, Figueroa Alcorta
(1906-1910), seguirá la misma política con más amplitud. Sin embargo, la
descomposición del régimen prosigue: las relaciones del presidente con el
Congreso ya no son francas como antes, las relaciones de la Casa Rosada con los
gobernadores provinciales, base del statu quo político, padecen graves
tensiones. Por otra parte, la agitación anarquista crece. Sangrientos atentados
empañan la euforia que acompaña la preparación de las fiestas del Centenario.
Huelgas cada vez más frecuentes y seguidas marcan, de 1907 a 1911, el ascenso de
un movimiento obrero organizado y combativo. (118) La brutalidad de
la represión enrarece aun más el clima social ya pesado. Para prevenir los
peligros que lo amenazan por todos lados, se hace necesario reformar un régimen
ya perimido.
En
adelante, la apertura política es una obligación tanto más apremiante cuanto que
la UCR se mantiene activa y gana terreno. El movimiento radical, que, desde su
nacimiento, rechaza cualquier acuerdo con los grupos en el poder, ha decretado
la total abstención electoral hasta tanto el sufragio no sea libre y no esté
garantizado. A partir de 1902, impulsado por Hipólito Yrigoyen, el radicalismo
vive en una semiclandestinidad, conspirando contra el régimen y preparando “la
revolución del sufragio universal” por medio de la insurrección armada. El haber
rechazado las cartas marcadas del régimen otorga a la Unión Cívica Radical una
amplia base popular. Envuelta por un aura “revolucionaria” atrae a los descontentos de todas las
clases sociales y amenaza seriamente en lo sucesivo al orden establecido. Las
“revoluciones” de 1893 y sobre todo la de febrero de 1905 desataron un agitado
mar de fondo que sacudió bruscamente al casco carcomido del régimen que boga a
la deriva. A los ojos de las clases dirigentes para quienes, según la expresión
atribuida al general Roca, “las revoluciones no se cotizan en la Bolsa de
Londres”, abstención y rebelión pueden arruinar el crédito externo del país y su
prosperidad interna. Por otra parte, si bien el gobierno había logrado contener
hasta entonces la oleada revolucionaria, la importante participación de
militares de todos los grados en las últimas insurrecciones radicales hacía
temer que no siempre sería así.
El
año 1910 se vio perturbado por la agitación anarquista. Año del Centenario, fue
también un año de elecciones presidentes. Esa coincidencia hace aparecer en los
ambientes oficiales el espectro de una “revolución” radical más intensa que las
precedentes, que impediría a Roque Sáenz Peña, el presidente “elegido” (por su
predecesor y gracias al fraude electoral habitual), asumir el poder. Es
verosímil que se sobrestimara la capacidad de la Unión Cívica Radical, todavía
desorganizada por la derrota del alzamiento de 1905. Sea lo que fuere, como
señala un conservador que formaba parte por entonces del poder: “Las gentes se
precaven y los negocios se retraen. Las alarmas son permanentes... Se duerme
sobre las armas. Se sufre una ‘guerra de nervios’”. (119) Sea que el
peligro haya sido real, sea que los políticos encumbrados hayan sido víctimas de
una “alucinación colectiva” provocada por el estado de la opinión, el nuevo
presidente prefirió tomar contacto, antes de la fecha fatídica, con Yrigoyen, el
jefe de los radicales. Le dio seguridades para que su movimiento renunciara a la
violencia y levantara la abstención. A cambio, Sáenz Peña se comprometía a
promulgar una reforma electoral que asegurara la libertad del sufragio y la
representación de las minorías.
Una
vez en el poder, el presidente mantuvo su palabra. La ley que lleva desde
entonces su nombre fue promulgada efectivamente el 13 de febrero de 1912.
(120) Ella prevé la inscripción de los ciudadanos en las listas
electorales de acuerdo con los registros de matriculación militar -las
autoridades políticas locales están así excluidas de las operaciones, un sistema
de “lista incompleta a una vuelta” (dos tercios más un tercio) y la
multiplicación de los atrios para votar. En lo sucesivo, el voto es secreto y
obligatorio. El partido radical logró su objetivo cívico: la participación de
todos los ciudadanos en la vida de la nación y la “liberación del hombre por el
sufragio universal”. Sáenz Peña, atento a las apremiantes demandas populares
¿era consciente de asestar un golpe mortal al grupo ultra conservador de la
élite a la cual pertenecía, permitiendo así las victorias electorales del
“populacho” como se ha sostenido?
(121) En otros términos, la nueva ley electoral ¿es una noche
del “4 de agosto”* argentina o forma parte de un proyecto concreto en auxilio
del antiguo régimen?
Notemos
primero que esa reforma política es el resultado de un acuerdo en la cumbre
dentro de la mejor tradición oligárquica repudiada por el partido radical. El
jefe de la oposición acepta su integración al sistema con la garantía de una
representación equitativa. “De hoy en más, declara el presidente en su mensaje
de apertura de la Asamblea Nacional el 22 de mayo de 1911, no habrá abstenciones
nocivas a la vida republicana, ni amenazas ni violencias contra el orden
gobernante...” (122) Los
hombres del antiguo régimen, que habían tenido tendencia a sobrestimar la
capacidad insurreccional de la UCR, no creían en sus posibilidades electorales.
Pensaban sin duda que el electorado, deseoso de paz y de progreso material,
rechazaría libremente el pasado tumultuoso del partido de la “conspiración”
permanente. Los dirigentes, satisfechos y deslumbrados por su propio éxito,
juzgaban, más confusamente, que el elector votaría sin titubear por las
capacidades históricas comprobadas, es decir por las familias consulares y sus
adictos. En realidad, la ley Sáenz Peña, como la reforma de 1902, tendía a
permitir la representación de las minorías o, más exactamente, de la primera
minoría. Dicho de otro modo, según la intención de sus promotores, permitía la
incorporación del radicalismo al sistema con el cometido de ser una oposición a
Su Majestad. (123) No se trataba pues de liberar al sufragio, sino de
afianzar la estabilidad política del país. Eso era no contar con el ímpetu
popular desencadenado por la mística “regeneracionista” de los
radicales.
En
segundo lugar, esa integración del radicalismo representó un mal menor. Dando
una representación a la primera minoría, y sólo a ella, el poder elaboró una ley
a medida del radicalismo, tendencia moderada de la oposición, que no se proponía
subvertir el sistema económico y social sino ampliar la participación en la
prosperidad nacional. El radicalismo era una valla de contención contra un
peligro más grave para las categorías dirigentes: el ascenso de un proletariado
extranjero combativo y portador de avanzadas ideologías.
Sáenz
Peña lo señala a una Asamblea mal elegida, reticente a adoptar una ley de la que
percibe más la amenaza que la necesidad: “Yo no temo, lo repito, la legalidad...
lo que he temido para nuestro porvenir, es representarme a la República
debilitada en su nacionalismo, es concebir una nación sin ciudadanos, ni
soberanía interior, neutralizada por el cosmopolitismo, que no tiene en nuestro
suelo, divisa ni bandera”. (124) El radicalismo, partido popular,
profundamente afianzado en la realidad argentina, muy impregnado de nacionalismo
criollo, debe facilitar la asimilación de los nuevos argentinos salidos de la
marea inmigratoria. Como lo subraya un autor profundamente antirradical: “...el
grupo radical criollo de verdad y amante de las tradiciones patrias, repudiador
de los trabajos disolventes, de ‘los gringos’ del socialismo y el
anarquismo...”, parecía a muchos el remedio más indicado “contra la horda
extranjera y antiargentina”. (125) Se está lejos del suicidio
político de la oligarquía. Soltaba lastre, por cierto, pero solamente a nivel
político para acrecentar su poderío social. Le confiaba al radicalismo la misión
de vehiculizar la ideología dominante en los grupos sociales
marginales.
Faltaba
todavía aislar a esa minoría inquieta dentro de límites prudentes. El grupo
dirigente estaba dividido respecto de los medios a utilizar para lograr ese
objetivo. Ahora bien, el tipo de solución elegida condicionó la estabilidad
ulterior de la vida política argentina. Resultó poco a poco que la fuerza
electoral de la UCR estaba lejos de ser desdeñable. El partido de Yrigoyen
crecía con sectores de todos los grupos sociales impresionados por una
propaganda ahora pública, que había limado sus asperezas insurrecionales sin
perder nada de su discurso mesiánico.
Además,
el avance radical atrajo a los oportunistas dispuestos a abandonar la bandera
del antiguo régimen. Fueron numerosos los conservadores que se jugaron la carta
radical porque suponían que la política de lo peor era la mejor, que los
radicales en el poder mostrarían rápidamente su incapacidad de políticos sin
experiencia y que se descalificarían por mucho tiempo. Otras tomaron la misma
actitud porque creyeron que la infiltración del movimiento radical por los
miembros de la élite y la solidez —o la inercia— de las estructuras del Estado,
dentro de las que se colocaría la administración de Yrigoyen, bastarían para
mantener sus privilegios políticos. Entonces, estaban listos a cambiar para que
nada cambiara.
Esos
comportamientos ingenuamente maquiavélicos, esas intenciones tortuosas y llenas
de peligros para el orden institucional no eran compartidos por la fracción más
lúcida de los conservadores. Éstos pensaban, por el contrario, que debían
proporcionarse los medios para derrotar a los radicales en una competencia
electoral libre, con la ventaja reservada a los detentadores del poder. El
vicepresidente Victorino de la Plaza pronunció un discurso muy claro en ese
sentido, el 27 de mayo de 1914 para la apertura del Congreso. Se felicitó por el
“renacimiento del civismo”, pero deploró que los moderados y los conservadores
no hubieran formado un verdadero partido dotado con un programa de gobierno.
(126) Un sistema bipartidista equilibrado, y por lo tanto estable,
quizás no estaba lejos de las intenciones del legislador de la reforma
electoral.
Un
grupo de hombres políticos de primerísimo nivel respondió a los deseos de de la
Plaza, convertido en presidente en agosto de 1914, después del fallecimiento de
Sáenz Peña. Desde 1914 hasta 1916, esos políticos conservadores, entre los
cuales se hallaba uno de los promotores directos de la nueva ley electoral, el
antiguo ministro del Interior, Indalecio Gómez, y el ministro de Finanzas de
Sáenz Peña, José María Rosa, trataron de crear un partido de gobierno moderno,
capaz de movilizar a la opinión publica y de ganar las elecciones contra la UCR.
En diciembre de 1914 se reunió una asamblea constitutiva del nuevo movimiento,
bajo la presidencia de Lisandro de la Torre, notable dirigente de una importante
y original organización política de la provincia de Santa Fe. Se elaboro un
manifiesto que subraya la adhesión de los signatarios al “sufragio irrestricto e
inviolable como único medio de llegar al fin de (sus) aspiraciones”.
(127) Fue elegido un comité directivo provisorio. En él se
encontraban los grandes nombres de la “aristocracia” provincial, de los que
volveremos a hablar (Carlos Ibarguren, Julio A. Roca, el general José F.
Uriburu), así como los ministros del antiguo régimen (Joaquín V. González, José
María Rosa). Las personas influyentes y los conservadores de todas las
provincias fueron invitados a reagruparse en el nuevo partido, bautizado Partido
Demócrata Progresista (PDP) por de la Torre. Representaba, en 1914, lo que fue
la Liga de Gobernadores en 1880: la organización política de un grupo dirigente
seguro de sí mismo, que sabía adaptarse a las circunstancias y que no temía
abrirse prudentemente a nuevas fuerzas sociales.
Probablemente
esa apertura hizo fracasar al Partido Demócrata Progresista. Los conservadores
de Buenos Aires, muy reticentes desde el comienzo, decidieron mantenerse
apartados del nuevo partido. En ocasión de las elecciones presidenciales de
1916, Marcelino Ugarte, ambicioso caudillo de la provincia argentina más rica,
rehusó avalar la candidatura de Lisandro de la Torre. En realidad, se trataba
menos de una oposición personal que de un desacuerdo profundo sobre la
orientación del nuevo partido.
Los
dirigentes políticos de Buenos Aires y los grandes ganaderos de la provincia,
que los apoyaban, podían aceptar si era necesario la preponderancia de las
provincias del interior en el nuevo partido: la Liga de Gobernadores ya estaba
edificada sobre un equilibrio aparente entre las provincias pobres del centro y
la opulenta provincia de Buenos Aires. Pero el Partido Demócrata Progresista
quería ser algo más que un partido intrascendente. Lisandro de la Torre, jefe de
un partido local de la activa provincia de Santa Fe, la Liga del Sur,
representaba a la pampa gringa, al litoral agrícola y cosmopolita y a los ricos
comerciantes italianos de Rosario, fuerzas en movimiento que no aceptaban la
tutela de las personalidades tradicionales. Además, el programa elaborado por el
PDP estaba muy alejado de la ortodoxia librecambista, pieza fundamental del
éxito y del poder oligárquicos, que ni siquiera la Unión Cívica Radical
cuestionaba. (128) Entonces, el remedio fue peor que la enfermedad.
Los “preponderantes” de Buenos Aires prefirieron, en lo que a ellos concernía,
atenerse a los métodos probados para ganar las elecciones. Por su clara,
oposición sabotearon una experiencia conservadora que quizás hubiera cambiado el
aspecto político de la Argentina contemporánea.
Lisandro
de la Torre se presentó igualmente en las elecciones presidenciales bajo la
bandera del Partido Demócrata Progresista, amputado de Buenos Aires: “Acepté la
candidatura, escribe, sin esperanzas ya en el triunfo, pero con la gran
aspiración de disciplinar y reforzar al PDP en la lucha, para que más adelante,
bajo el gobierno radical, pudiera ser un gran partido de oposición
constitucional capaz de fiscalizar los actos gubernativos y de llegar algún día
al poder, día quizás no lejano, pues consideraba entonces, como hoy, que el
partido radical no conseguiría gobernar ni siquiera mediocremente”.
(129) En realidad, el PDP no se convirtió jamas en un verdadero
partido nacional. Heredero de la Liga del Sur, apenas si sobrepasó los límites
de la provincia de Santa Fe. El fracaso
de los conservadores modernos fue definitivo. La oligarquía, el grupo
dirigente tradicional, jamás consiguió dar vida a una verdadera fuerza política
nacional capaz de medirse con partidos populares.
Las distintas transformaciones del
conservadorismo no fueron más que coaliciones o ligas electorales sin futuro,
construidas sobre la base de agrupaciones locales embrionarias o celosas de su
autonomía.
El
bipartidismo, que parece tomar forma a partir de 1916, es pues precario y tanto
más inestable cuanto que el socio electoral más débil es el que representa el
poder económico y social. Claro es que un buen observador de la realidad
latinoamericana podía todavía escribir en 1929: “La Argentina es en la
actualidad uno de los Estados más estables y más civilizados, no sólo de América
Latina sino también del mundo, y allí una revolución es tan improbable como en
Inglaterra”. (130) Todo concurrirá para darle aparentemente razón
porque el grupo dominante parecía haber aceptado de bastante buen grado el
veredicto del sufragio popular y la extensión de la participación política a las
nuevas capas, teniendo en cuenta sobre todo, que el radicalismo, sin proyecto
económico de recambio, sólo se proponía “democratizar” la prosperidad resultante
del sistema agroexportador. No amenazaba pues, a los detentadores del poder
económico —salvo en algunos aspectos secundarios—, ni al equilibrio social que
por el contrario reforzaba. El grupo dirigente podía avenirse muy bien a esa
“democracia de vacas gordas”. Por su control de los resortes de la economía
nacional, por su monopolio histórico del prestigio y por su manejo exclusivo de
un eficaz aparato ideológico, controlaba el poder político a
distancia.
Pero
no nos equivoquemos al respecto: la legitimidad del poder legal está
condicionada a la vez por su eficacia (131) para asegurar la
prosecución de la expansión agropastoril y por el respeto a las reglas de juego
oligárquicas. Que una administración popular se muestre indulgente o débil ante
los movimientos sociales, o que el partido en el gobierno trate de definir una
política económica que se aleje de la doctrina liberal y del modelo de
crecimiento extravertido, y la crisis de legitimidad se iniciará. Que lleguen
por último los años de “vacas flacas”, y los “preponderantes” tratarán de
retomar las riendas del poder por cualquier medio excepto el legal, del que
desconfían con razón. En el sistema político de la Argentina moderna, la
legitimidad no se comparte, a lo sumo puede delegarse momentáneamente. Un
régimen ineficiente desde el punto de vista de la oligarquía es un régimen
condenado si no debe su legitimidad más que a la elección popular. Como Napoleón
III que pretendía “haber salido de la legalidad para restablecer el derecho” los
restauradores del antiguo orden se esforzarán por salir de la legalidad para
restablecer la legitimidad de los gobernantes que “la ciega ley del número”
había interrumpido.
NOTAS
1.- Borges (Jorge Luis), Evaristo
Carriego, Buenos Aires, Emecé, 1967, pág. 20.
2.- Sisson (H. D.), Le pôle latin de l’
Amerique. La Republique Argentine. Description, étude sociale et histoire,
París, Plon, 1910, 328 págs.
3.- Koebel (W. H.), Modern Argentine. The
Eldorado of today. With notes on Uruguay and Chile, Londres, Griffiths,
1907, 380 págs.
4.- Ver Bagú (Sergio), Economía de la
sociedad colonial. Ensayo de historia comparada de América Latina, Buenos
Aires, El Ateneo, 1949, págs. 128-129.
5.- Según cálculos efectuados por los
demógrafos a partir de datos oficiales y de estimaciones de viajeros o de
geógrafos. Ver Mader (J. A.),
Evolución demográfica argentina desde 1810 a 1869, Buenos Aires, Eudeba,
1969, págs. 21‑23.
6.- Sarmiento (Domingo F.). Facundo.
Civilización y barbarie, Buenos Aires, Espasa‑Calpe, 1962, págs.
9‑10.
7.- Alberdi (Juan Bautista), Bases y
puntos de partida para la organización política de la República
Argentina, Buenos Aires, Eudeba, 1966, pág.
178.
8.- Cf. Nurkse (Ragnar), “Patterns of trade
and development”, en International trade and finance. Estocolmo,
Almquist & Wiksel, 1965, pág. 49.
9.- Herzl (Théodore), L’ Etat juif, Essai
d’ une solution de la question
juive (edición aumentada con una introducción de Baruch Hagani), París,
Librairie Lipschutz, 1926, pág. 94.
10.-
Gunther (John), L’ Amerique Latine, París. Editions de l’ Arbre, 1943,
pág. 48.
11.-
Clemenceau (Georges), Notes de voyage dans l´Amerique du Sud.
Argentine,
Uruguay, Brésil,
París, Hachette, 1911, pág. 5.
12.-
Ribeiro (Darcy), Las Américas y la civilización, 111. Los pueblos
transplantados, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1969, 210
págs.
13.-
Especialmente los trabajos de Juan F. Marsal sobre el retorno de los inmigrantes
a su país de origen. Ver particularmente las notas apéndices de la autobiografía
de un inmigrante catalán, que él publicó con el título de: Hacer la América.
Autobiografía de un inmigrante español en la Argentina, Buenos Aires,
Editorial del Instituto, 1969, 434 págs.
14.-
Ver Germani (Gino), “La inmigración masiva y su papel en la modernización del
país” en Política y sociedad en una época de transición. De la
sociedad tradicional a la sociedad de masas, Buenos Aires, Paidós, 1962,
págs. 180-216.
15.-
Artículo 25: “El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá
restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio
argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar
las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.
16.-
Buenos Aires forma un distrito federal cuya administración corresponde en
adelante al gobierno nacional.
17.-
Pellegrini (Carlos), Discursos y escritos (Selección y estudio preliminar
de José María Bustillo), Buenos Aires, Estrada, 1959, pág.
XCI.
18.-
Davie (Maurice R.), World immigration, Nueva York, Macmillan, 1936, pág.
449.
19.-
Ibid., pág 450 y Germani (Gino), “La inmigración masiva y su papel en la
modernización del país” art. citado, pág. 185.
20.-
Germani (Gino), Ibíd., pág. 199.
21.-
Darío (Rubén), Canto a la Argentina, Buenos Aires, Espasa‑Calpe, 1949,
pág. 33. (La primera edición data de 1910).
22.-
Davie (Maurice R.), op. cit., pág. 451, enumera no menos de quince
naciones, cada una de las cuales ha provisto una cuota superior a 12.000
inmigrantes entre 1857 y 1926. Debe señalarse que las diferentes nacionalidades
de los emigrantes de los imperios turco y austro‑húngaro no se
especifican.
23.- Twentieth
century impressions of Argentina. Its history, people, commerce , industries and
resources, Londres, Lloyd’s Greater Britain Publishing Company, 1911, pág.
8.
24.- United Nations
(Naciones Unidas), External financing in Latin America, Nueva York, 1965,
pág. 17.
25.- Twentieth
century impressions of Argentina, op. cit.
26.- Ferns (H. S.),
Britain and Argentina in the XIXth century, Oxford, Oxford
University Press, 1960, pág. 421.
27.-
Ver Cortés Conde (Roberto), Gallo (Ezequiel), La formación de la Argentina
moderna. Buenos Aires, Paidós, 1967, pág. 47, cuadro
IX.
28.-
Cifras citadas en Ortiz (Ricardo M.), Historia económica de la Argentina,
Buenos Aires, Pampa y Cielo, 1964, tomo II, págs. 50 y 63.
29.-
Según Noel H. Sbarra, en su Historia del alambrado en la Argentina,
Buenos Aires, Eudeba, 1964, pág. 94. La Argentina importó, entre 1876 y
1907, 1.805.000 toneladas de alambre, ¡con las que, “alzando un alambrado de
siete hilos, podría rodearse ciento cuarenta veces el perímetro de la
República”!
30.-
Martínez Estrada (Ezequiel), Radiografía de la Pampa, Buenos Aires,
Losada. 1953, pág. 50.
31.-
Censo Nacional Agropecuario, 1937 (Ley 12.343). Agricultura, pág.
XIX.
32.-
Cortés Conde (Roberto), Gallo (Ezequiel), op. cit. pág.
34.
33.- Ver Twentieth
century impressions of Argentina, op. cit., y también Platt (D. C.),
“British diplomacy in Latin America since the emancipation”, Interamerican
economic affairs, invierno de 1967, pág. 21.
34.-
Ortiz (Ricardo M.), op. cit., tomo I. pág. 312.
35.-
Cortés Conde (Roberto), Gallo, (Ezequiel), op. cit., pág. 40 y Ortiz
(Ricardo M.), op. cit., tomo II. pág. 89.
36.- Twentieth
century impressions of Argentina, op. cit., pág. 8.
37.-
Ortiz (Ricardo M.), op. cit., tomo II, págs 26-31 y Giberti (Horacio),
Historia económica de la ganadería argentina, Buenos Aires,
Solar/Hachette, 1961, pág. 179.
38.-
Clemenceau (Georges), op. cit., pág. 22.
39.-
Germani (Gino), Estructura social de la Argentina, Buenos Aires, Raigal,
1955, pág. 74.
40.-
La aduana de Buenos Aires controlaba, hacia 1905, el 803 0/00 de las
importaciones, según Martínez (Albert), Lewandowski (Maurice), L’ Argentine
du XXe siècle, París, A. Colin, 1912 (4ª edición), pág.
237.
41.-
Clemenceau (Georges), op. cit., pág. 28.
42.-
Huret (Jules), En Argentine. De la Plata à la Cordillère des Andes,
París, Fasquelle, 1913, pág. 75. El
autor es un corresponsal del diario Le Figaro. Nos dejó, en dos preciosos
volúmenes, una notable descripción de la sociedad y de la economía argentinas
hacia 1910.
43.-
Chueco (Manuel C.), La República Argentina en su primer centenario, s.
c., 1910, tomo I, pág. 531.
44.-
Williams (John D.), El comercio internacional argentino en un régimen de
papel moneda inconvertible. 1880‑1900, Buenos Aires, Facultad de Ciencias
Económicas, 1912. pág. 11.
45.- Williams (John D.),
op. cit., pág. 61, Martínez (Albert), Lewandowski (Maurice), op. cit.,
pág. 226.
46.-
Ferrer (Aldo), La economía argentina. Las etapas de su desarrollo y problemas
actuales, México, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1963, págs.
126-127.
47.-
Martínez (Albert), Lewandowski (Maurice), op. cit., pág. XV.
48.-
Dufourq (Esteban), El país de los argentinos, Buenos Aires, Pleamar,
1966, pág. 5.
49.-
Tercer censo nacional, 1914, tomo V, pág. 3 (Explotaciones
agropecuarias). Ver también Taylor (Carl
C.), Rural life in Argentina, Bâton Rouge, Louisiana State University,
1947, pág. 191.
50.-
Ver particularmente Schopflocher (Roberto), Historia de la colonización
argentina, Buenos Aires, Raigal, 1955, 97 págs.; Oddone (Jacinto), La
burguesía terrateniente argentina, Buenos Aires, Líbera, 1967 (4ª edición),
284 págs.
51.-
Sobre los mecanismos de la inflación, ver el trabajo de Williams (John D.),
op. cit., pág. 9; Ferrer (Aldo), op. cit., págs. 135-136, examina
más particularmente la incidencia de la depreciación del dinero en la
distribución del ingreso.
52.-
Ayarragaray (Lucas), Cuestiones y problemas argentinos contemporáneos,
Buenos Aires, s. e., 1937, pág. 161, citado por Cortés Conde (Roberto), y Gallo
(Ezequiel), op. cit., pág. 60.
53.-
Germani (Gino), “La inmigración masiva y su papel en la modernización del país”,
art. citado, pág. 89.
54.-
Martínez (Albert), Lewandowski (Maurice), op. cit., pág.
113.
55.-
Son generalmente inferiores a cinco años en toda esa zona. En otras regiones,
que no se dedican a cultivos anuales, a menudo los arrendamientos son más
prolongados en función de la duración de los ciclos productivos. Es así como los
viticultores de la provincia de Mendoza, o los agricultores productores de
frutas de la provincia de Corrientes, gozan de condiciones de estabilidad muy
superiores. Ver Taylor (Carl C.), op. cit., cuadros XXVIII y XX; Huret
(Jules), op. cit., pág. 228.
56.-
Martínez (Albert), Lewandowski (Maurice), op. cit., pág.
113.
57.- Cornblit (Oscar),
“European immigrantes in Argentina. Industry and politics” en Veliz (Claudio),
ed., The politics of conformity in Latin America, Londres, Oxford
University Press, 1967; pág. 223.
58.-
Tornquinst (Ernesto), El desarrollo económico de la República Argentina en
los últimos cincuenta años, Buenos Aires, s. e., 1920, pág.
XX.
59.-
Ibid., pág. 34.
60.-
Bagú (Sergio), Evolución histórica de la estratificación social en la
Argentina, Caracas, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales,
Universidad Central, pág. 33. Para la población en Francia, ver Fourastié
(Jean), Le grand espoir du XXe siècle, París, Gallimard, 1963, pág. 133,
cuadro 25.
61.-
Para una reflexión sobre las definiciones sociológicas de las clases sociales,
ver Aron (Raymond) “Science et conscience de la societé”. Archives
européennes de sociologie,
I (1), 1960, págs. 1-30 y Crozier (Michel), “Classes sans conscience ou
préfiguration de la societé sans classe”, ibid, I (2), 1960, págs.
233-247.
Por
cierto, en la Argentina existen clases en el sentido estrictamente lógico de
categorías de elementos que tienen uno o más rasgos en común; asimismo, no puede
dudarse de que en la sociedad argentina pueden distinguirse clases en el sentido
marxista del término, si se las entiende no sólo como una jerarquía variada de
posiciones sociales (“Manifiesto comunista” en Marx (K.), Oeuvres, París, Gallimard, 1965,
tomo I, pág. 162), sino además como grupos que ocupan posiciones diferentes en
el proceso de producción. Por lo demás, para Marx y los marxistas la conciencia
de pertenecer a uno de esos grupos es esencial para su existencia: Karl Marx en
el Manifiesto fija como uno de los principales objetivos de los
comunistas la “constitución del proletariado en clase” (ibíd., pág. 174).
La clase social no es enteramente un dato, en parte es construida. Algunos
autores piensan, por otro lado, que en la Argentina, aún más que en los Estados
Unidos, el esquema marxista de las clases sociales inspirado por la evolución
social del viejo mundo no es operatorio. El escollo está constituido por la
importancia considerable de la “clase media” que, en su mayoría, no agrupa a
pequeños o medianos propietarios sino a profesionales independientes y a
asalariados. Desde un punto de vista marxista ¿Tales grupos participan de la
apropiación privada de la plusvalía o venden a la “burguesía” su fuerza de
trabajo? Además, se ha preguntado quien produce la plusvalía en el sistema
pastoral extensivo, en el corazón de la economía argentina. A diferencia de los
sistemas de plantación o de las haciendas arcaicas, la plusvalía provendría,
según ciertos autores, principalmente en razón del bajo nivel del “trabajo
acumulado”, de la “renta diferencial” procurada de manera casi natural por
incomparables condiciones de producción. Dar al respecto a Laclau (Ernesto),
“Modos de producción, sistemas económicos y población excedentes. Aproximación
histórica de los casos argentino y chileno”, Revista latinoamericana de
sociología, 2, 1969, págs. 276-312. Todo esto no reduce para nada la
consistencia y la extensión de los antagonismos entre grupos o conjuntos de
grupos, se le dé o no a ese fenómeno el nombre de “lucha de clases”.
62.-
Especialmente Manuel Gálvez, novelista popular y ensayista. Ver
Rouquié (Alain), “Manuel Gálvez, écrivain politique. Contribution à l’étude du
nationalisme argentin”, Cahiers des Amériques latines, 3-4, 1970, pág.
96.
63.-
Ver Ortiz (Ricardo M.), op. cit., tomo II, pág.
191.
64.-
Huret (Jules), op. cit., págs. 2-3.
65.-
Esos términos afectivos, reservados generalmente para la conversación o la
polémica sociopolítica, aparecen como categorías estables y reconocidas en las
memorias de un notorio conservador, Ángel Carrasco, Lo que yo vi desde el
80. Hombres y episodios de la transformación nacional, Buenos Aires,
Procmo, 1947, pág. 354. Ver también, una crítica corrosiva y apasionada de esta
distinción, en el libro de Arturo Jauretche, El medio pelo en la sociedad
argentina. Apuntes para una sociología nacional, Buenos Aires, Peña Lillo,
1966, 369 págs.
66.-
Huret (Jules), op. cit., pág. 2.
67.-
Ver Graciarena (Jorge), Poder y clases sociales en el desarrollo de América
Latina, Buenos Aires, Paidós, 1967, capítulo II: “De la oligarquía a la
élite de poder: una transición incompleta”; y sobre todo los trabajos de
François Bourricaud sobre las categorías dirigentes en el Perú, “Remarques sur
l’oligarchie péruvienne”, Revue française de science politique, XIV (4),
págs. 675-708
y “La classe dirigeante péruvienne: oligarchie et industriels”, Revue
générale belge, diciembre de 1967, págs. 3-53. Para localizar y comprender
la función de la oligarquía argentina, seguimos aproximadamente el esquema
propuesto por François Bourricaud en “Régles du jeu en situation d’anomie, le
cas péruvien”, Sociologie du travail 3, 1967, págs.
330-334.
68.-
Huret (Jules), op. cit., pág. 2.
69.-
Grandmontagne (Francisco). “Los epónimos” en Los inmigrantes prósperos,
Madrid, Aguilar, 1960, págs. 19-40.
70.-
Huret (Jules), op. cit., pág. 4.
71.-
Huret (Jules), En Argentine. De Buenos Aires ou Grand Chaco, París,
Fasquelle, 1911, pág. 36.
72.-
Clemenceau (Geroges), op. cit., págs. 155-156.
73.-
Para un documentado análisis de “la mentalidad de la oligarquía paternalista”
ver Pérez Amuchástegui (A. J.), Mentalidades argentinas (1860-1930),
Buenos Aires, Eudeba, 1965, págs. 16-19.
74.-
Como en el Brasil por ejemplo, donde a principios de siglo la oligarquía
republicana, propietaria de las plantaciones de café del sur, sucede a la
aristocracia del azúcar del nordeste, sostén de la monarquía
imperial.
75.-
El paralelo entre las estructuras argentinas y las de la antigua Roma o de la
antigua Grecia, cuyas reminiscencias clásicas agradaban a principios de siglo a
unos pocos autores antioligárquicos, es más frecuente en la actualidad en la
pluma de escritores de la “izquierda nacionalista”. Ver Wilmart (Raimundo),
“Patricios, clientes, plebeyos. Roma antigua y Argentina moderna; comparaciones
y sugestiones”, Revista argentina de ciencias políticas, noviembre 12 de
1912, págs. 129-138, que fue una de las primeras publicaciones sobre el tema;
más recientemente, Spilimbergo (Jorge Enea), Nacionalismo oligárquico y
nacionalismo revolucionario, Buenos Aires, Amerindia, 1958, pág.
23.
76.-
Se ha comprobado que el sector precapitalista de la economía argentina fue
absorbido por las necesidades de la expansión y en razón de la subpoblación del
país. La afluencia de mano de obra extranjera indica cuan unificado estaba el
mercado de trabajo desde 1880. Ver
al respecto Furtado (Celso), “Dévelopment et stagnation en Amérique latine”.
Annales. Economies. Sociétes. Civilisations,
enero-febrero de 1966, pág. 15.
77.-
Citado por Romero (José Luis), Las ideas políticas en la Argentina,
México, Fondo de Cultura Económico, 1959 (3° edición), pág.
197.
78.-
Hernández Arregui (J. J.), La formación de la conciencia nacional
(1930-1960). Buenos Aires, Hachette, 1960, pág. 92.
79.-
Sobre el “catecismo nacional”, ver las anotaciones de Huret (Jules), De la Plata à la Cordillère des Andes,
op. cit., pág. 398; asimismo, las reflexiones de Pérez Amuchástegui (A.
J.), op. cit., pág. 74.
80.-
Utilizamos los términos empleados por F. Bourricaud para definir la dominación
oligárquica. Ver
“Remarques sur l’oligarchie péruvienne”, art. citado, pág.
676.
81.-
Según Ortiz (Ricardo M.), op. cit., tomo II, pág.
191.
82.-
para la importancia de los inmigrantes dentro de la población activa y en la
jerarquía social, ver Germani (Gino), “La movilidad social en la Argentina” en
Lipset (Seymour Martin), Bendix (Reinhard), Movilidad social en la sociedad
industrial, Buenos Aires, Eudeba, 1963, págs. 358-363, así como Beyhaut
(Gustavo), Cortés Conde (Roberto), Gorostegui (Haydée), torrado (Susana), “Los
inmigrantes en el sistema ocupacional argentino”, en Di Tella (Torcuato),
Germani (Gino), Graciarena (Jorge), y otros, Argentina, sociedad de
masas, Buenos Aires, Eudeba, 1965, págs. 119-122.
83.-
En efecto, la Argentina no tiene, como otras sociedades latinoamericanas, una
jerarquía social doble; una de tipo dualista propia del campo, otra claramente
pluralista limitada a las zonas urbanas.
84.-
0,1% en 1895 y 0,9% en 1914 según Germani (Gino), “La inmigración masiva y su
papel en la modernización del país”, art. cit., pág. 203. En 1910, para tomar un
año con mucha inmigración, Argentina recibe 345.275 extranjeros, pero sólo 2.422
piden ser naturalizados argentinos. Ver Tornquist (Ernesto), op. cit.,
pág. 12.
85.-
Su cantidad pasa de 41 a 559 entre 1864 y 1910 según Bagú (Sergio), op.
cit., pág. 59.
86.-
Crozier (Michel), “L’ambiguité de la conscience de classe chez les employés et
les petits fonctionnaires”, Cahiers internationaux de sociologie, XVIII,
1955, pág. 86.
87.-
Beyhaut (Gustavo) y otros, “Los inmigrantes en el sistema ocupacional
argentino”, art. cit., pág. 119.
88.-
Se trata del presidente Arturo Frondizi cuyo patriotismo, o mejor dicho cuyo
auténtico sentimiento nacional, es puesto en duda por Esteban Rey en su panfleto
¿Es Frondizi un nuevo Perón?, Buenos Aires, Lucha Obrera, 1957, págs. 13
y 14. Por otra parte, Frondizi parece haber experimentado penosamente su
condición de hijo de extranjero, puesto que llegará a calificar de “odio racial”
a las reacciones hostiles de los “viejos” argentinos hacia los “gringos”, en
Luna (Félix), Diálogos con Frondizi, Buenos Aires, Desarrollo, 1962, pág.
153.
89.-
Mörner (Magnus), La métissage dans l’histoire de l’Amérique latine,
París, Fayard, 1971, pág. 165. Para
convencerse es suficiente recorrer las obras de los “sociólogos” argentinos de
principios de siglo. Aun los más brillantes y adelantados como José Ingenieros
adoptan una sociología “biológica” sacada de Spencer, que es a la vez una
ideología racista y la última palabra europea en ciencias
humanas.
90.-
Alberdi (Juan Bautista), op. cit., pág. 68.
91.-
Mórner (Magnus), op. cit., pág. 69, y para la Argentina colonial Endrek
(Emiliano), El mestizaje en Córdoba. Siglo XVIII y principios de
XIX, Córdoba, Universidad Nacional de..., Facultad de Filosofía y
Humanidades, Instituto de Estudios Americanistas, 1966, pág.
151.
92.-
Pellegrini (Carlos), op. cit., pág. XCI.
93.-
Clemenceau (Georges), op. cit., pág. 99.
94.-
Hernández (José), Martín Fierro (1° edición aparecida en 1872), canto
XII, verso 858.
95.-
Huret (Jules), En Argentine, De la Plata à la Cordillère des Andes, op.
cit., pág. 494.
96.-
Mabragaña (H), Los mensajes, Buenos Aires, Compañía General de Fósforos,
1910, tomo IV, 1881-1890, pág. 259. Citado por Cornblit (Oscar), “La generación
del 80 y su proyecto”, en Argentina, sociedad de masas, op. cit., pág.
DR.
97.-
Es también el ideal de los fundadores de la República en Brasil que adoptan como
divisa: “Orden y progreso”. Porfirio Díaz, en Méjico, y su círculo de
“científicos” encaran similarmente la acción
gubernamental.
98.-
Mabragaña (H.) op. cit., pág. 215.
99.-
Maupas (Leopoldo), “Trascendencias políticas de la nueva ley electoral”,
Revista argentina de ciencias políticas, julio 12 de 1912, pág.
424.
100.-
Citado por Etchepareborda (Roberto), La revolución argentina del 90,
Buenos Aires, Eudeba, 1966, pág. 9.
101,-
Belin Sarmiento (Augusto), Una república muerta, Buenos Aires, s.e.,
1892, pág. 104.
102.-
Echeverría (Esteban), Dogma socialista y otras páginas políticas, Buenos
Aires, Estrada, 1948, pág. 157.
103.-
Según la expresión de Joaquín V. González en su libro El juicio del siglo o
cien años de historia argentina, Buenos Aires, Librería La Facultad, 1913,
pág. 202.
104.-
La Argentina tiene entonces 14 provincias. Los 10 territorios nacionales (nueve
en realidad porque uno de ellos desaparecerá), que abarcan casi la mitad de la
superficie del país, son administrados directamente por el poder federal. Serán
admitidos al rango de provincia muy progresivamente y sobre todo después de
1945. En la actualidad, la Argentina está dividida en 22 provincias y un
territorio nacional (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur),
además de la Capital Federal.
105.-
José Nicolás Matienzo fue quien explicitó con mayor claridad esas estructuras de
poder en su clásico libro, El gobierno representativo federal en la República
Argentina, Buenos Aires, Coni Hermanos, 1910. Ver especialmente las páginas
208 a 250.
106.-
En efecto, el presidente es elegido en segundo grado (artículo 81 de la
Constitución).
107.-
González (Joaquín V.), op. cit., pág. 143.
108.-
Ver particularmente las novelas y los cuentos de Roberto J. Payró (Divertidas
aventuras del nieto de Juan Moreira y Pago Chico).
109.-
Huret (Jules), En Argentine. De la Plata à la Cordillère des Andes, op.
cit., pág. 502.
110.-
Pellegrini (Carlos), op. cit., pág. 57.
111.-
Levillier (Robert), Les origines argentines. La formation d’un grand
peuple, París, Charpentier et Fasquelle, 1912, pág.
283.
112.-
La Prensa, 30 de septiembre de 1908, citado en Bagú (Sergio),
Evolución histórica de la estratificación en la Argentina, op. cit., pág.
81.
113.-
Del Mazo (Gabriel), El radicalismo. Ensayo sobre su historia y doctrina, I,
Desde sus orígenes hasta la conquista de la República representativa y primer
gobierno radical, Buenos Aires, Bure, 1957, pág. 121.
114.-
Entre los signatarios de la Carta Orgánica de la UCR y entre los miembros de las
primeras convenciones nacionales y de los primeros comités del partido, se
advierte una elevada proporción de nombres prestigiosos: Alvear, Pueyrredón,
Beccar Varela, Santa Coloma, Quesada, Rodríguez Larreta, Saguier, Ocampo, Paz,
etc.
115.-
Y más precisamente de los socialistas como surge de los discursos pronunciados
por el ministro del Interior de la segunda presidencia del general Roca, Joaquín
V. González, quien defendió, en 1901-1902, esa audaz reforma alegando que “el
ideal de las clases obreras modernas” es “hacerse oír en las asambleas
legislativas” y que “la causa profunda de las perturbaciones de la época reside
en que las clases obreras no tienen sus propios representantes en el Congreso”.
Ver González (J. V.), La reforma electoral argentina. Discursos del
ministro del Interior Dr. Joaquín V. González (1901-1902), Buenos Aires,
[Didot], 1903, pág. 134.
116.-
Se trata de Alfredo L. Palacios (1880-1965).
117.-
Como Torino y Rodríguez Larreta.
118.-
Hubo 231 huelgas en 1907 y 298 en 1910. La cantidad de jornadas de trabajo
perdidas es oficialmente de 911.656 en 1907; llega a 1.431.457 en 1911. El
movimiento se calma despúes. En 1912 se baja a 99 huelgas y 328.086 jornadas
perdidas. Ver Estadística de las huelgas, Buenos Aires, Ministerio del
Interior, Departamento Nacional del Trabajo, División de Estadística, 1940,
cuadro 19.
119.-
Cárcano (Ramón J.), Mis primeros ochenta años, Buenos Aires, Plus Ultra,
1965 (primera edición en 1943), pág. 279.
120.-
La ley 8871 estipula el régimen electoral y las modalidades del sufragio. La ley
8130, del año anterior, había introducido la reforma de las listas electorales.
Cf. Cantón (Darío), Materiales para el estudio de la sociología política en
la Argentina, Buenos Aires, Editorial del Instituto, 1969, tomo I, pág.
LXIX.
121.-
Pérez Amuchástegui (A. J.), op. cit., págs. 34 y
375.
*
Fecha del abandono de los privilegios feudales por la nobleza durante la
Revolución francesa.
122.-
Sáenz Peña (Roque), La reforma electoral y temas de política internacional
argentina, Buenos Aires, Raigal, 1952, pág. 110.
123.-
Ver Joaquín V. González, La reforma electoral argentina, op. cit., pág.
114.
124.-
Mensaje de apertura del 7 de junio de 1912 en Sáenz Peña (Roque), op.
cit., pág. 114.
125.-
Bosch (Mariano G.), Historia del radicalismo. La UCR, 1891-1930, Buenos
Aires, s.e., 1931, pág. 87.
126.-
Ibarguren (Carlos), La historia que he vivido, Buenos Aires, Eudeba 1969
(edición definitiva revisada y corregida por el autor), pág.
267.
127.-
Ibid., pág. 282.
128.-
Ese proyecto de programa fue publicado por Ibarguren, vicepresidente del nuevo
partido, en La Nación del 16 de octubre de 1915.
129.-
Citado por Larra (Raúl), Lisandro de la Torre, el solitario de Pinas,
Buenos Aires, Hemisferio, 1956 (1° edición en 1942), pág.
138.
130.- Jane (Cecil)
Liberty and despotism in Spanish America, with a preface by Salvador de
Madariaga, Nueva York, Cooper Square Publisher Inc., 1966 (1° edición: The
Oxford University Press, 1929), pág. 173.
131.-
Sobre el carácter subjetivo de la legitimidad y su relación con la eficacia
concebida en función de los “valores dominantes”, ver Lipset (Seymour Martin),
L’homme et la politique, París, Le Seuil, 1963, “Conflit social
légitimité et démocratie”, págs. 89-109.
Se
agradece la donación de la presente obra a la Cátedra de Informática y
Relaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina.
http://www.hipersociologia.org.ar/base.html