REPÚBLICA NICARAGUA
CONSTITUCIÓN
PREÁMBULO
NOSOTROS,
Representantes del Pueblo de Nicaragua, reunidos en Asamblea Nacional
Constituyente,
EVOCANDO la lucha de nuestros antepasados
indígenas.
El espíritu de unidad centroamericana y la
tradición combativa de nuestro
Pueblo que,
inspirado en el ejemplo del General JOSE DOLORES ESTRADA, ANDRES
CASTRO y
ENMANUEL MONGALO, derrotó al dominio filibustero y la intervención
norteamericana
en la Guerra Nacional.
La gesta anti intervencionista de BENJAMÍN
ZELEDON.
Al General de Hombres Libres, AUGUSTO C.
SANDINO, Padre de la Revolución
Popular y
Anti-imperialista.
La acción heroica de RIGOBERTO LOPEZ PÉREZ
indicador del principio del fin de
la
dictadura.
El ejemplo de CARLOS FONSECA, el más alto
continuador de la herencia de
Sandino,
fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y Jefe de la
Revolución.
A todas las generaciones de Héroes y Mártires
que forjaron y desarrollaron la
lucha de
liberación por la independencia nacional.
EN NOMBRE del pueblo nicaragüense; de todos
los partidos y organizaciones
democráticas,
patrióticas y revolucionarias de Nicaragua; de sus hombres y
mujeres; de
sus obreros y campesinos; de su gloriosa juventud; de sus heroicas
madres; de
los cristianos que desde su fe en Dios se han comprometido e
insertado en
la lucha por la liberación de los oprimidos; de sus intelectuales
patrióticos;
y de todos los que con su trabajo productivo contribuyen a la
defensa de
la Patria.
De los que luchan y ofrendan sus vidas frente
a la agresión imperialista para
garantizar
la felicidad de las nuevas generaciones.
POR la institucionalización de las conquistas
de la Revolución y la
construcción
de una nueva sociedad que elimine toda clase de explotación y logre
la igualdad
económica, políticas y social de los nicaragüenses y el respeto
absoluto de
los derechos humanos.
POR LA PATRIA, POR LA REVOLUCIÓN, POR LA
UNIDAD DE LA NACIÓN Y POR LA PAZ.
PROMULGAMOS
LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
TITULO I
PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES
CAPITULO
ÚNICO
ARTICULO
1o.- La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son
derechos
irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda
injerencia
extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento
de
menoscabar esos derechos, atentan contra la vida del pueblo. Es deber de
todos los
nicaragüenses preservar y defender estos derechos.
ARTICULO 2.- La soberanía nacional reside en
el pueblo y la ejerce a través de
instrumentos
democráticos, decidiendo y participando libremente en la
construcción
y perfeccionamento del sistema económico, político y social de la
nación. El
poder político lo ejerce el pueblo, por medio de sus representantes
libremente
elegidos por sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, sin
que ninguna
otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o
representación.
También podrá ejercerlo de manera directa por medio del
referéndum y
del plebiscito y otros procedimientos que establezcan la presente
Constitución
y las leyes.
ARTICULO 3.- La lucha por la paz y por el
establecimiento de un orden
internacional
justo, son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense.
Por ello nos
oponemos a todas las formas de dominación y explotación
colonialista
e imperialista y somos solidarios con todos los pueblos que luchan
contra la
opresión y la discriminación.
ARTICULO 4.- El Estado promoverá y
garantizará los avances de carácter social y
político
para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el
desarrollo
humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, protegiéndolos
contra toda
forma de explotación, discriminación y exclusión.
ARTICULO 5.- Son principios de la nación
nicaragüense: la libertad; la
justicia; el
respeto a la dignidad de la persona humana; el pluralismo político,
social y
étnico; el reconocimiento a las distintas formas de propiedad; la libre
cooperación
internacional; y el respeto a la libre autodeterminación de los
pueblos.
El
pluralismo político asegura la existencia y participación de todas las
organizaciones
políticas en los asuntos económicos, políticos y sociales del
país, sin
restricción ideológica, excepto aquellos que pretenden el
restablecimiento
de todo tipo de dictadura o de cualquier sistema
antidemocrático.
El Estado
reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los
derechos,
deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los
de mantener
y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de
organización
social y administrar sus asuntos locales; así como mantener las
formas
comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las
mismas, todo
de conformidad con la ley. Para las comunidades de la Costa
Atlántica se
establece el régimen de autonomía en la presente Constitución.
Las
diferentes formas de propiedad: pública, privada, asociativa, cooperativa y
comunitaria
deberán ser garantizadas y estimuladas sin discriminación para
producir
riquezas, y todas ellas dentro de su libre funcionamiento deberán
cumplir una
función social. Nicaragua fundamenta sus relaciones internacionales
en la
amistad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los
Estados. Por
tanto, se inhibe y proscribe todo tipo de acción política, militar,
económica,
cultural y religiosa, y la intervención en los asuntos internos de
otros
Estados. Reconoce el principio de solución pacífica de las controversias
internacionales
por los medios que ofrece el derecho internacional, y proscribe
el uso de
armas nucleares y otros medios de destrucción masiva en conflictos
internos e
internacionales; asegurar el asilo para los perseguidos políticos y
rechaza todo
subordinación de un Estado respecto a otro.
Nicaragua se
adhiere a los principios que conforman el Derecho Internacional
Americano
reconocido y ratificado soberanamente.
Nicaragua
privilegia la integración regional y propugna por la reconstrucción de
la Gran
Patria Centroamericana.
TITULO II
SOBRE EL
ESTADO
CAPITULO
ÚNICO
ARTICULO 6.-
Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano, unitario e
indivisible.
ARTICULO 7.- Nicaragua es una república
democrática, participativa y
representativa.
son órganos del gobierno: el Poder Legislativo, el Poder
Ejecutivo,
el Poder Judicial y el Poder Electoral.
ARTICULO 8.- El pueblo de Nicaragua es de
naturaleza multiétnica y parte
integrante
de la nación centroamericana.
ARTICULO 9.- Nicaragua defiende firmemente la
unidad centroamericana, apoya y
promueve
todos los esfuerzos para lograr la integración política y económica y
la
cooperación en América Central, así como los esfuerzos por establecer y
preservar la
paz en la región. Nicaragua aspira a la unidad de los pueblos de
América
Latina y el Caribe, inspirada en los ideales de Bolívar y Sandino. En
consecuencia,
participará con los demás países centroamericanos y
latinoamericanos
en la creación o elección de los organismos necesarios para
tales fines.
Este principio se regulará por la legislación y los tratados
respectivos.
ARTICULO 10.- El territorio nacional se
localiza entre los océanos Atlántico y
Pacífico y
las repúblicas de Honduras y Costa Rica. Comprende las islas y cayos
adyacentes,
el suelo y el subsuelo, el mar territorial, las plataformas
continentales,
los zócalos submarinos, el espacio aéreo y la estratosfera. Los
límites
precisos del territorio nacional se fijan por leyes y tratados.
ARTICULO 11.- El español es el idioma oficial
del Estado. Las lenguas de las
Comunidades
de la Costa Atlántica de Nicaragua también atendrán uso oficial en
los casos
que establezca la ley.
ARTICULO 12.- La ciudad de Managua es la
capital de la República y sede de los
poderes del
Estado. En circunstancias extraordinarias, éstos se podrán
establecer
en otras partes del territorio nacional.
ARTICULO 13.- Los símbolos patrios son: el
Himno Nacional, la Bandera y el
Escudo
establecidos por la ley que determina sus características y usos.
ARTICULO 14.- El Estado no tiene religión
oficial.
TITULO III
LA
NACIONALIDAD NICARAGÜENSE
CAPITULO
ÚNICO
ARTICULO
15.- Los nicaragüenses son nacionales o nacionalizados.
ARTICULO 16.- Son nacionales:
Los nacidos en el territorio nacional. Se
exceptúan los hijos de extranjeros en
servicio
diplomático, los de funcionarios extranjeros al servicio de
organizaciones
internacionales o los de enviados por sus gobiernos a desempeñar
trabajos en
Nicaragua, a menos que optaren por la nacionalidad nicaragüense.
Los hijos de padre o madre nicaragüense.
Los nacidos en el extranjero de padre o
madre que originalmente fueron
nicaragüenses, siempre y cuando lo
solicitaren después de alcanzar la mayoría
de edad o emancipación.
Los infantes de padres extranjeros nacidos a
borde de aeronaves y
embarcaciones nicaragüenses, siempre que
ellos lo solicitaren.
ARTICULO 17.-
Los centroamericanos de origen tiene derecho de optar a la
nacionalidad
nicaragüense, si necesidad de renunciar a su nacionalidad y pueden
solicitarla
ante autoridad competente cuando residan en Nicaragua.
ARTICULO 18.- La Asamblea Nacional podrá
declarar nacionales a extranjeros que
se hayan
distinguido por méritos extraordinarios al servicio de Nicaragua.
ARTICULO
19.- Los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su
nacionalidad
y mediante solicitud ante autoridad competente, cuando cumplieren
los
requisitos y condiciones que establezcan las leyes de la materia.
ARTICULO 20.- Ningún nacional puede ser
privado de su nacionalidad, excepto que
adquiera
voluntariamente otra; tampoco perderá su nacionalidad nicaragüense
cuando
adquiera la de otro país centroamericano o hubiera convenio de doble
nacionalidad.
ARTICULO 21.- La adquisición, pérdida y
recuperación de la nacionalidad serán
regulados
por las leyes.
ARTICULO 22.- En los casos de doble
nacionalidad se procede conforme los
tratados y
el principio de reciprocidad.
TITULO IV
DERECHOS,
DEBERES Y GARANTÍAS DEL PUEBLO NICARAGÜENSE
CAPITULO I
DERECHOS
INDIVIDUALES
ARTICULO
23.- El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona
humana. En Nicaragua
no hay pena de muerte.
ARTICULO 24.- Toda persona tiene deberes para
con la familia, la comunidad, la
patria y la
humanidad. Los derechos de cada persona están limitados por los
derechos de
los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del
bien común.
ARTICULO 25.- Toda persona tiene derecho:
A la libertad individual.
A su seguridad.
Al reconocimiento de su personalidad y
capacidad jurídica.
ARTICULO
26.- Toda persona tiene derecho:
A su vida privada y la de su familia.
A la inviolabilidad de su domicilio, su
correspondencia y sus comunicaciones
de todo tipo.
Al respeto de su honra y reputación.
A conocer toda información que sobre ella
hayan registrado las autoridades
estatales, así como el derecho de saber por
qué y con qué finalidad tiene esa
información.
El domicilio
sólo puede ser allanado por orden escrita de juez competente,
excepto:
si los que habitaren en una casa
manifestaren que allí se está cometiendo un
delito o de ella se pidiera auxilio;
si por incendio, inundación u otra causa
semejante, se hallare amenazada la
vida de los habitantes o de la propiedad;
cuando se denunciare que personas extrañas
han sido vistas en una morada, con
indicios manifiestos de ir a cometer un
delito;
en caso de persecución actual e inmediata de
un delincuente;
para rescatar a la persona que sufra
secuestro.
En todos los casos se procederá de acuerdo a
la ley.
La ley fija
los casos y procedimientos para el examen de documentos privados,
libros
contables y sus anexos, cuando sea indispensable para esclarecer asuntos
sometidos al
conocimiento de los tribunales de justicia o por motivos fiscales.
Las cartas,
documentos y demás papeles privados substraídos ilegalmente no
producen
efecto alguno en juicio o fuera de él.
ARTICULO
27.- Todas las personas son iguales ante la ley y tiene derechos a
igual
protección. No habrá discriminación por motivo de nacimiento,
nacionalidad,
credo político, raza, sexo, idioma religión, opinión, origen,
posición
económica o condición social. Los extranjeros tienen los mismos deberes
y derechos
que los nicaragüenses, con la excepción de los derecho políticos y
los que
establezcan las leyes; no pueden intervenir en los asuntos políticos del
país. El
Estado respeta y garantiza los derechos reconocidos en la presente
Constitución
a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén
sujetas a su
jurisdicción.
ARTICULO 28.- Los nicaragüenses que
encuentren en el extranjero gozan del
amparo y
protección del Estado, los que se hacen efectivos por medio de sus
representaciones
diplomáticas y consulares.
ARTICULO 29.- Toda persona tiene derecho a la
libertad de conciencia, de
pensamiento
y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas
coercitivas
que puedan penoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su
credo,
ideología o creencia.
ARTICULO 30.- Los nicaragüenses tienen
derecho a expresar libremente su
pensamiento
en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral,
escrita o
por cualquier otro medio.
ARTICULO 31.- Los nicaragüenses tienen
derecho a circular y fijar residencia en
cualquier
parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país.
ARTICULO 32.- Ninguna persona está obligada a
hacer lo que la ley no mande, ni
impedida de
hacer lo que ella no prohibe.
ARTICULO 33.- Nadie puede ser sometido a
detención o prisión arbitraria ni ser
privado de
su libertad salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un
procedimiento
legal. En consecuencia:
La detención sólo podrá efectuarse en virtud
de mandamiento escrito de juez
competente o de las autoridades expresamente
facultadas por la ley, salvo el
caso de flagrante delito.
Todo detenido tiene derecho:
2.1 A ser informado sin demora en idioma o
lengua que comprenda y en forma
detallada, a que se informe de su
detención por parte de la policía, y él
mismo informar a su familia o a quien
estime conveniente; y también a ser
tratado con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano.
2.2 A ser puesto en libertad o a la orden
de autoridad competente dentro del
plazo de las cuarenta y ocho horas posteriores
a su detención.
Una vez cumplida la pena impuesta, nadie
deberá continuar deteniendo después
de dictarse la orden de excarcelación por la
autoridad competente.
Toda detención ilegal causa responsabilidad
civil y penal en la autoridad que
la ordene o ejecute.
Los organismos correspondientes procurarán
que los procesados y los condenados
guarden prisión en centros diferentes.
ARTICULO
34.- Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las
siguientes
garantías mínimas:
A que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad conforme a
la ley.
A ser juzgado sin dilaciones por tribunal
competente establecido por la ley.
No hay fuero atractivo. Nadie puede ser
sustraído de su juez competente ni
llevado a jurisdicción de excepción.
A ser sometido al juicio por jurados en los
casos determinados por la ley. Se
establece el recurso de revisión.
A que se garantice su intervención y defensa
desde el inicio del proceso y a
disponer de tiempo y medios adecuados para
su defensa.
A que se le nombre defensor de oficio cuando
en la primera intervención no
hubiera designado defensor o cuando no fuere
habido, previo llamamiento por
edicto. El procesado tiene derecho a comunicarse
libre y privadamente con su
defensor.
A ser asistido gratuitamente por un
interprete, si no comprende o no habla el
idioma empleado por el tribunal.
A no ser obligado a declarar contra sí mismo
ni contra su cónyuge o compañero
en unión de hecho estable, o sus parientes
dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, ni a
confesarse culpable.
A que se le dicte sentencia dentro de los
términos legales en cada una de las
instancias del proceso. A recurrir ante un
tribunal superior a fin de que su
caso sea revisado cuando hubiese sido
condenado por cualquier delito.
A no ser procesado nuevamente por el delito
por el cual fue condenado o
absuelto mediante sentencia firme.
A no ser procesado ni condenado por acto u
omisión que, al tiempo de
cometerse, no esté previamente calificado en
la ley de manera expresa e
inequívoca como punible, ni sancionado con
pena no prevista en la ley. Se
prohibe dictar leyes proscriptivas o aplicar
al reo penas o tratos infamantes.
El proceso penal deberá ser público. El
acceso de la prensa y el público en
general podrá ser limitado por
consideraciones de moral y orden público.
El ofendido será tenido como parte en los
juicios, desde el inicio de los
mismos y en todas las instancias.
ARTICULO
35.- Los menores no pueden ser sujeto ni objeto de juzgamiento ni
sometidos a
procedimiento judicial alguno. Los menores transgresores no pueden
ser
conducidos a los centros de readaptación penal y serán atendidos en centros
bajo la
responsabilidad del organismo especializado. Una ley regulará esta
materia.
ARTICULO 36.- Toda persona tiene derecho a
que se respete su integridad física,
psíquica y
moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a
tratos
crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye
delito y
será penado por la ley.
ARTICULO 37.- La pena no transciende de la
persona del condenado. No se
impondrá
pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta
años.
ARTICULO 38.- La ley no tiene efecto
retroactivo, excepto en materia penal
cuando
favorezca al reo.
ARTICULO 39.- En Nicaragua, el sistema
penitenciario es humanitario y tiene
como
objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la
sociedad.
Por medio del sistema progresivo promueve la unidad familiar, la
salud, la
superación educativa, cultural y la ocupación productiva con
remuneración
salarial para el interno. Las penas tiene un carácter reeducativo.
Las mujeres
condenadas guardarán prisión en centros penales distintos a los de
los hombres
y se procurará que los guardas sean del mismo sexo.
ARTICULO 40.- Nadie será sometido a
servidumbre. La esclavitud y la trata de
cualquier
naturaleza, están prohibidas en todas sus formas.
ARTICULO 41.- Nadie será detenido por deudas.
Este principio no limita los
mandatos de
autoridad judicial competente por incumplimiento de deberes
alimentarios.
Es deber de cualquier ciudadano nacional o extranjero pagar lo que
adeuda.
ARTICULO 42.- En Nicaragua se reconoce y
garantiza el derecho del refugio y el
asilo. El
refugio y el asilo amparan únicamente a los perseguidos por luchar en
pro de la
democracia, la paz, la justicia, y los derechos humanos.
La ley
determinará la condición de aislado o refugiado político de acuerdo con
los
convenios internacionales ratificados por Nicaragua. En caso se resolviera
la expulsión
de un aislado, nunca podrá enviársele al país donde fuese
perseguido.
ARTICULO 43.- En Nicaragua no existe
extradición por delitos políticos o
comunes
conexos con ellos, según calificación nicaragüense. La extradición por
delitos
comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales. Los
nicaragüenses
no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional.
ARTICULO 44.- Se garantiza el derecho de
propiedad privada de los bienes
muebles e
inmuebles, de los instrumentos y medios de producción.
En virtud de
la función social de la propiedad, este derecho está sujeto, por
causa de
utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones
que en
cuanto a su ejercicio le impongan las leyes. Los bienes inmuebles
mencionados
en el párrafo primero pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a
la ley,
previo pago en efectivo de justa indemnización.
Tratándose
de la expropiación de latifundios incultivados, para fines de reforma
agraria, la
ley determinará la forma, cuantificación, plazos de pagos e
intereses
que se reconozcan en concepto de indemnización.
Se prohibe
la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta
disposición,
responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos.
ARTICULO 45.- Las personas cuyos derechos
constitucionales hayan sido violados
o estén en
peligro de serlo, pueden interponer el recurso de exhibición personal
o de amparo,
según el caso y de acuerdo con la Ley de Amparo.
ARTICULO 46.- En el territorio nacional toda
persona goza de la protección
estatal y
del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del
irrestricto
respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la
plena
vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los
Derechos
Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre,
en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el
Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las
Naciones
Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la
Organización
de Estados Americanos.
CAPITULO II
DERECHOS
POLÍTICOS
ARTICULO
47.- Son ciudadanos los nicaragüenses que hubieran cumplido dieciséis
años de
edad. Sólo los ciudadanos gozan de los derechos políticos consignados en
la
Constitución y las leyes, sin más limitaciones que las que se establezcan por
razones de
edad. Los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena
corporal
grave o penas accesorias específicas y por sentencia ejecutoriada de
interdicción
civil.
ARTICULO 48.- Se establece la igualdad
incondicional de todos los nicaragüenses
en el goce
de sus derechos políticos, en el ejercicio de los mismos y en el
cumplimiento
de sus deberes y responsabilidades, existe igualdad absoluta entre
el hombre y
la mujer. Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que
impidan de
hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva
en la vida
política, económica y social del país.
ARTICULO 49.- En Nicaragua tienen derecho de
constituir organizaciones los
trabajadores
de la ciudad y del campo, las mujeres, los jóvenes, los productores
agropecuarios,
los artesanos, los profesionales, los técnicos, los
intelectuales,
los artistas, los religiosos, las Comunidades de la Costa
Atlántica y
los pobladores en general, sin discriminación alguna, con el fin de
lograr la
realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y
participar
en la construcción de una nueva sociedad. Estas organizaciones se
formarán de
acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos,
tendrán una
función social y podrán o no tener carácter partidario, según su
naturaleza y
fines.
ARTICULO 50.- Los ciudadanos tienen derecho
de participar en igualdad de
condiciones
en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Por medio de la ley
se
garantizará, nacional y localmente, la participación efectiva del pueblo.
ARTICULO 51.- Los ciudadanos tienen derecho a
elegir y ser elegido; en
elecciones
periódicas y optar a cargos públicos salvo las limitaciones
contempladas
en esta Constitución Política.
Es deber del
ciudadano desempeñar los cargos de jurado y otros de carácter
concejil,
salvo excusa calificada por la ley.
ARTICULO 52.- Los ciudadanos tienen derecho
de hacer peticiones, denunciar
anomalías y
hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los
Poderes del
Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o
respuesta y
de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley
establezca.
ARTICULO 53.- Se reconoce el derecho de
reunión pacífica; el ejercicio de este
derecho no
requiere permiso previo.
ARTICULO
54.- Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y
movilización
pública de conformidad con la ley.
ARTICULO 55.- Los ciudadanos nicaragüenses
tienen derecho de organizar o
afiliarse a
partidos políticos, con el fin de participar, ejercer y optar al
poder.
CAPITULO III
DERECHOS
SOCIALES
ARTICULO
56.- El Estado prestará atención especial en todos sus programas a los
discapacitados
y los familiares de caídos y víctimas de guerra en general.
ARTICULO 57.- Los nicaragüenses tienen el
derecho al trabajo acorde con
naturaleza
humana.
ARTICULO 58.- Los nicaragüenses tienen
derecho a la educación y a la cultura.
ARTICULO 59.- Los nicaragüense tienen
derecho, por igual, a la salud. El Estado
establecerá
las condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación
y
rehabilitación. Corresponde al Estado dirigir y organizar los programas,
servicios y
acciones de salud y promover la participación popular en defensa de
la misma.
Los ciudadanos tienen la obligación de acatar las medidas sanitarias
que se
determinen.
ARTICULO 60.- Los nicaragüenses tienen
derecho de habitar en un ambiente
saludable;
es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del
medio
ambiente y de los recursos naturales.
ARTICULO 61.- El Estado garantiza a los
nicaragüenses el derecho a la seguridad
social para
su protección integral frente a las contingencias sociales de la
vida y el
trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley.
ARTICULO 62.- El Estado procurará establecer
programas en beneficio de los
discapacitados
para su rehabilitación física, psicosocial y profesional y para su
ubicación
laboral.
ARTICULO 63.- Es derecho de los nicaragüenses
estar protegidos contra el
hambre. El
Estado promoverá programas que aseguren una adecuada disponibilidad
de alimentos
y una distribución equitativa de los mismos.
ARTICULO 64.- Los nicaragüenses tienen
derecho a una vivienda digna, cómoda y
segura que
garantice la privacidad familiar. El Estado promoverá la realización
de este
derecho.
ARTICULO 65.- Los nicaragüenses tienen
derecho al deporte, a la educación
física, a la
recreación y al esparcimiento. El Estado impulsará la práctica del
deporte y la
educación física, mediante la participación organizada y masiva del
pueblo, para
la formación integral de los nicaragüenses. Esto se realizará con
programas y
proyectos especiales.
ARTICULO 66.- Los nicaragüenses tienen
derecho a la información veraz. Este
derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas, ya
sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro
procedimiento
de su elección.
ARTICULO 67.- El derecho de informar es una
responsabilidad social y se ejerce
con estricto
respeto a los principios establecidos en la Constitución. Este
derecho no
puede estar sujeto a censura, sino a responsabilidades ulteriores
establecidas
en la ley.
ARTICULO 68.- Los medios de comunicación,
dentro de su función social, deberán
contribuir
al desarrollo de la nación.
Los
nicaragüenses tienen derecho de acceso a los medios de comunicación social y
al ejereicio
de aclaración cuando sean afectados en sus derechos y garantías.
El Estado
vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a
intereses
extranjeros o al monopolio económico de algún grupo. La ley regulará
esta
materia.
La
importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de
comunicación
social escritos, radiales y televisivos, así como la importación,
circulación
y venta de libros, folletos, revistas, materiales escolares y
científicos
de enseñanzas, diarios y otras publicaciones periódicas, estarán
exentas de
toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales.
Los medios
de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser
objeto de
censura previa. En ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o
cuerpo del
delito, la imprenta o sus accesorios ni cualquier otro medio o equipo
destinado a
la difusión del pensamiento.
ARTICULO 69.- Todas las personas, individual
o colectivamente, tienen derecho a
manifestar
sus creencias religiosas en privado o en público, mediante el culto,
las
prácticas y su enseñanza. Nadie puede eludir la observancia de las leyes ni
impedir a
otros el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes
invocando
creencias o disposiciones religiosas.
CAPITULO IV
DERECHOS DE
LA FAMILIA
ARTICULO
70.- La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho
a la
protección de ésta y del Estado.
ARTICULO 71.- Es derecho de los nicaragüenses
constituir una familia. Se
garantiza el
patrimonio familiar, que es inembargable y exento de toda carga
pública. La
ley regulará y protegerá estos derechos.
La niñez
goza de protección especial y de todos los derechos de su condición
requiere,
por lo cual tiene plena vigencia la Convención Internacional de los
Derechos del
Niño y la Niña.
ARTICULO
72.- El matrimonio y la unión de hecho estable están protegidos por el
Estado;
descansan en el acuerdo voluntario del hombre y la mujer y podrán
disolverse
por mutuo consentimiento o por la voluntad de una de las partes. La
ley regulará
esta materia.
ARTICULO 73.- Las relaciones familiares
descansan en el respeto, solidaridad e
igualdad
absoluta de derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer.
Los padres
deben atender el mantenimiento del hogar y la formación integral de
los hijos
mediante el esfuerzo común, con iguales derechos y responsabilidades.
Los hijos a
la vez, están obligados a respetar y ayudar a sus padres. Estos
deberes y
derechos se cumplirán de acuerdo con la legislación de la materia.
ARTICULO 74.- El Estado otorga protección
especial al proceso de reproducción
humana. La
mujer tendrá protección especial durante el embarazo y gozará de
licencia con
remuneración salarial y prestaciones adecuadas de seguridad social.
Nadie podrá
negar empleo a las mujeres aduciendo razones de embarazo ni
despedirlas
durante éste o en el período postnatal; todo de conformidad con la
ley.
ARTICULO 75.- Todos los hijos tienen iguales
derechos. No se utilizarán
designaciones
discriminatorias en materia de filiación. En la legislación común,
no tienen
ningún valor las disposiciones o clasificaciones que disminuyan o
nieguen la
igualdad de los hijos.
ARTICULO 76.- El Estado creará programas y
desarrollará centros especiales para
velar por
los menores; éstos tienen derecho a las medidas de prevención,
protección y
educación que su condición requiere, por parte de su familia, de la
sociedad y
el Estado.
ARTICULO 77.- Los ancianos tienen derecho a
medidas de protección por parte de
la familia,
la sociedad y el Estado.
ARTICULO 78.- El Estado protege la paternidad
y maternidad responsable. Se
establece el
derecho de investigar la paternidad y la maternidad.
ARTICULO 79.- Se establece el derecho de
adopción en interés exclusivo del
desarrollo
integral del menor. La ley regulará esta materia.
CAPITULO V
DERECHOS
LABORALES
ARTICULO
80.- El trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El trabajo
de los
nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de
la sociedad,
de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación.
El Estado
procurará la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses,
en
condiciones que garanticen los derechos fundamentales de la persona.
ARTICULO 81.- Los trabajadores tienen derecho
de participar en la gestión de
las
empresas, por medio de sus organizaciones y de conformidad con la ley.
ARTICULO 82.- Los trabajadores tienen derecho
a condiciones de trabajo que les
aseguren en
especial:
Salario igual por trabajo igual en idénticas
condiciones, adecuado a su
responsabilidad socia, sin discriminaciones
por razones políticas, religiosas,
sociales, de sexo o de cualquier otra clase,
que les asegure un bienestar
compatible con la dignidad humana.
Ser remunerado en moneda de curso legal en
su centro de trabajo.
La inembargabilidad del salario mínimo y las
prestaciones sociales, excepto
para protección de su familia y en los
términos que establezca la ley.
Condiciones de trabajo que les garanticen la
integridad física, la salud, la
higiene y la disminución de los riesgos
profesionales para hacer efectiva la
seguridad ocupacional del trabajador.
Jornada laboral de ocho horas, descanso
semanal, vacaciones, remuneración por
los días feriados nacionales y salario por
décimo tercer mes de conformidad
con la ley.
Estabilidad en el trabajo conforme a la ley
e igual oportunidad de ser
promovido, sin más limitaciones que los
factores de tiempo, servicio,
capacidad, eficiencia y responsabilidad.
Seguridad social para protección integral y
medios de subsistencia en casos de
invalidez, vejez, riesgos profesionales,
enfermedad y maternidad; y a sus
familiares en casos de muerte, en la forma y
condiciones que determinen la
ley.
ARTICULO
83.- Se reconoce el derecho a la huelga. ARTICULO 84.- Se prohibe el
trabajo de
los menores, en labores que puedan afectar su desarrollo normal o su
ciclo de
instrucción obligatoria. Se protegerá a los niños y adolescentes contra
cualquier
clase de explotación económica y social.
ARTICULO 85.- Los trabajadores tiene derecho
a su formación cultural,
científica y
técnica; el Estado la facilitará mediante programas especiales.
ARTICULO 86.- Todo nicaragüense tiene derecho
a elegir y ejercer libremente su
profesión u
oficio y a escoger un lugar de trabajo sin más requisitos que el
título académico
y que cumpla una función social.
ARTICULO 87.- En Nicaragua existe plena
libertad sindical. Los trabajadores se
organizarán
voluntariamente en sindicatos y éstos podrán constituirse conforme
lo establece
la ley. Ningún trabajador está obligado a pertenecer a determinado
sindicato,
ni renunciar al que pertenezca. Se reconoce la plena autonomía
sindical y
se respeta el fuero sindical.
ARTICULO 88.- Se garantiza el derecho
inalienable de los trabajadores para que,
en defensa
de sus intereses particulares o gremiales, celebren con los
empleadores:
Contratos individuales.
Convenios colectivos. Ambos de conformidad
con la ley.
CAPITULO VI
DERECHOS DE
LAS COMUNIDADES DE LA COSTA ATLÁNTICA
ARTICULO
89.- Las Comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del
pueblo
nicaragüense y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas
obligaciones.
Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de
preservar y
desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional; dotarse de
sus propias
formas de organización social y administrar sus asuntos locales
conforme a
sus tradiciones. El Estado reconoce las formas comunales de propiedad
de las
tierras de las Comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el
goce, uso y
disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.
ARTICULO 90.- Las Comunidades de la Costa
Atlántica tienen derecho a la libre
expresión y
preservación de sus lenguas, arte y cultura. El desarrollo de su
cultura y
sus valores enriquece la cultura nacional. El Estado creará programas
especiales
para el ejercicio de estos derechos.
ARTICULO 91.- El Estado tiene la obligación
de dictar leyes destinadas a
promover
acciones que aseguren que ningún nicaragüense sea objeto de
discriminación
por razón de su lengua, cultura y origen.
TITULO V
DEFENSA
NACIONAL
CAPITULO
ÚNICO
ARTICULO
92.- El Ejército de Nicaragua es la institución armada para la defensa
de la
soberanía, de la independencia y de la integridad territorial.
Sólo en
casos excepcionales el Presidente de la República, en Consejo de
Ministros,
podrá, en apoyo de la Policía Nacional, ordenar la intervención del
Ejército de
Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada
p0or grandes
desórdenes internos, calamidades o desastres naturales.
Se prohibe
el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio
nacional.
Podrá autorizarse el tránsito o estacionamiento de naves, aeronaves y
maquinarias
extranjeras militares para fines humanitarios, siempre que sean
solicitadas
por el Gobierno de la República y ratificados por la Asamblea
Nacional.
ARTICULO
93.- El Ejército de Nicaragua es una institución nacional, de carácter
profesional,
apartidista, apolítica, obediente y no deliberante. Los miembros
del Ejército
deberán recibir capacitación cívica y en materia de derechos
humanos.
Los delitos
y faltas estrictamente militares cometidos por miembros del ejército
y la
policía, serán conocidos por los tribunales militares establecidos por ley.
Los delitos
y faltas comunes cometidos por los militares y policías serán
conocidos
por los tribunales comunes.
En ningún
caso los civiles podrán ser juzgados por tribunales militares.
ARTICULO
94.- Los miembros del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional no
podrán
desarrollar actividades político partidistas ni desempeñar cargo alguno
en
organizaciones políticas. Tampoco podrán optar a cargos públicos de elección
poular si no
hubieren renunciado de su calidad de militar o de policía en
servicio
activo, por lo menos un año antes de las elecciones en las que
pretendan
participar.
La
organización, estructuras, actividades, escalafón, ascensos, jubilaciones y
todo lo
relativo al desarrollo operacional de estos organismos, se regirán por
la ley de la
materia.
ARTICULO
95.- El Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la
Constitución
Político a a la que guardará respeto y obediencia. Estará sometido a
la autoridad
civil que será ejercida directamente por el Presidente de la
República en
su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, o a través
del
ministerio correspondiente.
No pueden
existir mas cuerpos armados en el territorio nacional, ni rangos
militares
que los establecidos por la ley.
ARTICULO
96.- No habrá servicio militar obligatorio y se prohibe toda forma de
reclutamiento
forzoso para integrar el Ejército de Nicaragua y la Policía
Nacional.
Se prohibe a
los organismos del ejército y la policía y a cualquier otra
institución
del Estado, ejercer actividades de espionaje político.
ARTICULO
97.- La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil. Tiene
por misión
garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la
prevención y
persecución del delito y los demás que le señale la ley. La Policía
Nacional es
profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. La
Policía
Nacional se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la
que guardará
respeto y obediencia. Está sometida a la autoridad civil que será
ejercida por
el Presidente de la República a través del ministerio
correspondiente.
Dentro de
sus funciones, la Policía Nacional auxiliará al poder jurisdiccional.
La
organización interna de la Policía Nacional se fundamenta en la jerarquía y
disciplina
de sus mandos.
TITULO VI
ECONOMÍA
NACIONAL, REFORMA AGRARIA Y FINANZAS PUBLICAS
CAPITULO I
ECONOMÍA
NACIONAL
ARTICULO
98.- La función principal del Estado en la economía es desarrollar
materialmente
el país, suprimir el atraso y la dependencia heredados; mejorar
las
condiciones de vida del pueblo y realizar una distribución cada vez más
justa de la
riqueza.
ARTICULO 99.- El Estado es responsable de
promover el desarrollo integral del
país, y como
gestor del bien común deberá garantizar los intereses y las
necesidades
particulares, sociales, sectoriales de la nación. Es responsabilidad
del Estado
proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y de gestión
económica y
empresarial privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria y
mixta para
garantizar la democracia económica y social.
El ejercicio
de las actividades económicas corresponde primordialmente a los
particulares.
Se reconoce el rol protagónico de la iniciativa privada, la cual
comprende en
un sentido amplio, a grandes, medianas y pequeñas empresas,
microempresas,
empresas cooperativas, asociativas y otras.
El Banco
Central es el ente estatal regulador del sistema monetario. Los bancos
estatales y
otras instituciones financieras del Estado serán instrumentos
financieros
de fomento, inversión y desarrollo, y diversificarán sus créditos
con énfasis
en los pequeños y medianos productores. Le corresponde al Estado
garantizar
su existencia y funcionamiento de manera irrenunciable.
El Estado
garantiza la libertad de empresa y el establecimiento de bancos y
otras
instituciones financieras, privadas y estatales, que se regirán conforme a
las leyes de
la materia. Las actividades de comercio exterior, seguros y
reaseguros
estatales y privados serán regulados por la ley.
ARTICULO 100.- El Estado promulgará la Ley de
Inversiones Extranjeras, a fin de
que
contribuya al desarrollo económico-social del país, sin detrimento de la
soberanía nacional.
ARTICULO 101.- Los trabajadores y demás
sectores productivos, tienen el derecho
de
participar en la elaboración, ejecución y control de los planes económicos.
ARTICULO 102.- Los recursos naturales son
patrimonio nacional. La preservación
del ambiente
y la conservación, desarrollo y explotación racional de los
recursos
naturales corresponden al Estado; éste podrá celebrar contratos de
explotación
racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera.
ARTICULO 103.- El Estado garantiza la
coexistencia democrática de las formas de
propiedad
pública, privada, cooperativa, asociativa y comunitaria; todas ellas
forman parte
de la economía mixta, están supeditadas a los intereses superiores
de la Nación
y cumplen una función social.
ARTICULO 104.- Las empresas que se organicen
bajo cualquiera de las formas
de propiedad
establecidas en esta Constitución, gozan de igualdad ante la ley y
las
políticas económicas del Estado. La iniciativa económica es libre.
Se garantiza
el pleno ejercicio de las actividades económicas, sin más
limitaciones
que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes.
ARTICULO
105.- Es obligación del Estado promover, facilitar y regular la
prestación
de los servicios públicos básicos de energía, comunicación, agua,
transporte,
infraestructura vial, puertos y aeropuertos a la población, y es
derecho
inalienable de la misma el acceso a ellos. Las inversiones privadas y
sus
modalidades y las concesiones de explotación a sujetos privados en estas
áreas serán
reguladas por la ley en cada caso.
Los
servicios de educación, salud y seguridad social, son deberes indeclinables
del Estado,
que está obligado a prestarlos sin exclusiones, a mejorarlos y
ampliarlos.
Las instalaciones e infraestructura de dichos servicios propiedad
del Estado,
no pueden ser enajenados bajo ninguna modalidad.
Se garantiza
la gartuidad de la salud para los sectores vulnerables de la
población,
priorizando el cumplimiento de los programas materno-infantil. Los
servicios
estatales de salud y educación deberán ser ampliados y fortalecidos.
Se garantiza
el derecho de establecer servicios privados en las áreas de salud y
educación.
Es deber del
Estado garantizar el control de calidad de bienes y servicios y
evitar la
especulación y el acaparamiento de los bienes básicos de consumo.
CAPITULO II
REFORMA
AGRARIA
ARTICULO
106.- La reforma agraria es instrumento fundamental para la
democratización
de la propiedad y la justa distribución de la tierra, y es un
medio que
constituye parte esencial para la promoción y estrategia global de la
reconstrucción
ecológica y el desarrollo económico sostenible del país. La
reforma
agraria tendrá en cuenta la relación tierra-hombre socialmente
necesaria;
también se garantiza las propiedades a los campesinos beneficiarios
de la misma,
de acuerdo con la ley.
ARTICULO
107.- La reforma agraria eliminará el latifundio ocioso y se hará
prioritariamente
con tierras del Estado. Cuando la expropiación de latifundios
ociosos
afecte a propietarios privados, se hará cumpliendo con lo estipulado en
el Artículo
44 de esta Constitución. La reforma agraria eliminará cualquier
forma de
explotación a los campesinos, a las comunidades indígenas del país y
promoverá
las formas de propiedad compatibles con los objetivos económicos y
sociales de
la nación establecidos en esta Constitución. El régimen de propiedad
de las
tierras de las comunidades indígenas se regulará de acuerdo a la ley d
ela materia.
ARTICULO 108.- Se garantiza la propiedad de
la tierra a todos los propietarios
que la
trabajen productiva y eficientemente. La ley establecerá regulaciones
particulares
y excepciones, de conformidad con los fines y objetivos de la
reforma agraria.
ARTICULO
109.- El Estado promoverá la asociación voluntaria de los campesinos en
cooperativas
agrícolas, sin discriminación de sexo y de acuerdo con sus recursos
facilitará
los medios materiales necesarios para elevar su capacidad técnica y
productiva,
a fin de mejorar las condiciones de vida de los campesinos.
ARTICULO 110.- El Estado promoverá la
incorporación voluntaria de pequeños y
medianos
productores agropecuarios a los planes de desarrollo económico y social
del país,
bajo formas asociativas e individuales.
ARTICULO 111.-Los campesinos y demás sectores
productivos tienen derecho de
participar
en la definición de las políticas de transformación agraria, por
medio de sus
propias organizaciones.
CAPITULO III
DE LAS
FINANZAS PUBLICAS
ARTICULO
112.- La Ley de Presupuesto General de la República tiene vigencia
anual y su
objeto es regular los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios
de la
administración pública. La ley determinará los límites de gastos de los
órganos del
Estado y deberá mostrar las distintas fuentes y destinos de todos
los ingresos
y egresos, los que serán concordantes entre sí.
La Asamblea
Nacional podrá modificar el proyecto del presupuesto enviado por el
Presidente
de la República, pero no se puede crear ningún gasto extraordinario
sino por ley
y mediante creación y fijación, al mismo tiempo, de los recursos
para
financiarlos. La Ley del Régimen Presupuestario regulará esta materia.
Toda
modificación al Presupuesto General de la República que suponga aumento o
disminución
de los créditos, disminución de los ingresos o transferencias entre
distintas
instituciones, requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional. La
Ley Anual
del Presupuesto no puede crear tributos.
ARTICULO
113.- Corresponde al Presidente de la República la formulación del
Proyecto de
Ley Anual del Presupuesto el que deberá someter para su discusión y
aprobación a
la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley de esa materia.
El Proyecto
de Ley Anual de Presupuesto deberá contener, para información de la
Asamblea
Nacional, los presupuestos de los entes autónomos y gubernamentales y
de las
empresas del Estado.
ARTICULO
114.- Corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la Asamblea
Nacional la
potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos. El
sistema
tributario debe tomar en consideración la distribución de la riqueza y
de las
rentas. Se prohiben los tributos o impuestos de carácter confiscatorio.
Estarán
exentas del pago de toda clase de impuestos los medicamentos, vacunas y
sueros de
consumo humano, lo mismo que los insumos y materia
prima
necesarios para la elaboración de esos productos, de conformidad con la
clasificación
y procedimientos que se establezcan.
ARTICULO 115.- Los impuestos deben ser
creados por ley que establezca su
incidencia,
tipo impositivo y las garantías a los contribuyentes. El Estado no
obligará a
pagar impuestos que previamente no estén establecidos en una ley.
TITULO VII
EDUCACIÓN Y
CULTURA
CAPITULO
ÚNICO
ARTICULO
116.- La educación tiene como objetivo la formación plena e integral
del
nicaragüense; dotarlo de una conciencia crítica, científica y humanista;
desarrollar
su personalidad y el sentido de su dignidad y capacitarlo para
asumir las
tareas de interés común que demanda el progreso de la nación; por
consiguiente,
la educación es factor fundamental para la transformación y el
desarrollo
del individuo y la sociedad.
ARTICULO 117.- La educación es un proceso
único, democrático, creativo y
participativo
que vincula la teoría con la práctica, el trabajo manual con el
intelectual
y promueve la investigación científica. Se fundamenta en nuestros
valores
nacionales, en el conocimiento de nuestra historia, de la realidad, de
la cultura
nacional y universal y en el desarrollo constante de la ciencia y de
la técnica;
cultiva los valores propios del nuevo nicaragüense, de acuerdo con
los
principios establecidos en la presente Constitución, cuyo estudio deberá ser
promovido.
ARTICULO 118.- El Estado promueve la
participación de la familia, de la
comunidad y
del pueblo en la educación y garantiza el apoyo de los medios de
comunicación
social a la misma.
ARTICULO 119.- La educación es función
indeclinable del Estado. Corresponde a
éste
planificarla, dirigirla y organizarla. El sistema nacional de educación
funciona de
manera integrada y de acuerdo con planes nacionales. Su organización
y
funcionamiento son determinados por la ley. Es deber del Estado formar y
capacitar en
todos los niveles y especialidades al personal técnico y
profesional
necesario para el desarrollo y transformación del país.
ARTICULO 120.- Es papel fundamental del
magisterio nacional la aplicación
creadora de
los planes y políticas educativas. Los maestros tienen derecho a
condiciones
de vida y trabajo acordes con su dignidad y con la importante
función
social que desempeñan; serán promovidos y estimulados de acuerdo con la
ley.
ARTICULO 121.- El acceso a la educación es
libre e igual para todos los
nicaragüenses.
La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los centros
del Estado.
La enseñanza secundaria es gratuita en los centros del Estado, sin
perjuicio de
las contribuciones voluntarias que puedan hacer los padres de
familia.
Nadie podrá ser excluído en ninguna forma de un centro estatal por
razones
económicas. Los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa
Atlántica
tienen derecho en su región a la educación intercultural en su lengua
materna, de
acuerdo con la ley.
ARTICULO 122.- Los adultos gozarán de
oportunidades para educarse y desarrollar
habilidades
por medio de programas de capacitación y formación. El Estado
continuará
sus programas educativos para suprimir el analfabetismo.
ARTICULO 123.- Los centros privados dedicados
a la enseñanza pueden funcionar
en todos los
niveles, sujetos a los preceptos establecidos en la presente
Constitución.
ARTICULO 124.- La educación en Nicaragua es
laica. El Estado reconoce el
derecho de
los centros privados dedicados a la enseñanza y que sean de
orientación
religiosa, a impartir religión como materia extracurricular.
ARTICULO 125.- Las universidades y centros de
educación técnica superior gozan
de autonomía
académica, financiera, orgánica y administrativa, de acuerdo con la
ley.
Estarán
exentos de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales,
regionales,
municipales. Sus bienes y rentas no podrán ser objeto de
intervención,
expropiación ni embargo, excepto cuando la obligación que se haga
valer, tenga
su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales.
Los
profesores, estudiantes y trabajadores administrativos participarán en la
gestión
universitaria. Las universidades y centros de educación técnica
superior,
que según la ley deben ser financiados por el Estado, recibirán una
aportación
anual del seis por ciento del Presupuesto General de la República, la
cual se
distribuirá de acuerdo con la ley. El Estado podrá otorgar aportaciones
adicionales
para gastos extraordinarios de dichas universidades y centros de
educación
técnica superior.
Se garantiza
la libertad de cátedra. El Estado promueve y protege la libre
creación,
investigación y difusión de las ciencia, la tecnología, las artes y
las letras y
garantiza y protege la propiedad intelectual.
ARTICULO 126.- Es deber del Estado promover
el rescate, desarrollo y
fortalecimiento
de la cultura nacional, sustentada en la participación creativa
del pueblo.
El Estado apoyará la cultura nacional en todas sus expresiones, sean
de carácter
colectivo o de creadores individuales.
ARTICULO 127.- La creación artística y
cultural es libre e irrestricta. Los
trabajadores
de la cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de
expresión.
El Estado procurará facilitarles los medios necesarios para crear y
difundir sus
obras y protege su derecho de autor.
ARTICULO 128.- El Estado protege el
patrimonio arqueológico, histórico,
lingüístico,
cultural y artístico de la nación.
TITULO VIII
DE LA
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO
CAPITULO I
PRINCIPIOS
GENERALES
ARTICULO
129.- Los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, son
independientes
entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a
los
intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente
Constitución.
ARTICULO 130.- La nación nicaragüense se
constituye en un Estado Social de
Derecho.
Ningún cargo concede a quien lo ejerce, más funciones que las que le
confieren la
Constitución y las leyes.
Todo
funcionario del Estado debe rendir cuenta de sus bienes antes de asumir su
cargo y
después de entregarlo. La ley regula esta materia.
Los
funcionarios públicos de cualquier Poder del Estado, elegidos directa e
indirectamente;
los ministros y viceministros de Estado; los presidentes o
directores
de entes autónomos y gubernamentales; y los embajadores de Nicaragua
en el
exterior, no pueden obtener concesión alguna del Estado. Tampoco podrán
actuar como
apoderados o gestores de empresas públicas o privadas, nacionales o
extranjeras,
en contrataciones de éstas con el Estado. La violación de esta
disposición
anula las concesiones o ventajas obtenidas y causa la pérdida d ela
representación
y el cargo.
La Asamblea
Nacional, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los
diputados,
deberá autorizar previamente y declarar la privación de la inmunidad.
Sin este
procedimiento los funcionarios públicos, que conforme la presente
Constitución
gozan de inmunidad personal, no podrán ser detenidos ni procesados,
excepto en
causas relativas a los derechos de la familia y laborales. Dicha
inmunidad es
renunciable. La ley regulará la materia.
En los casos
de privación de la inmunidad por causas penales contra el
Presidente y
el Vicepresidente de la República, una vez privados de ella, es
competente
para procesarlos la Corte Suprema de Justicia en pleno.
En todos los
poderes del Estado y sus dependencias, así como en las
instituciones
creadas en esta Constitución, no se podrán hacer recaer
nombramientos
en personas que tengan parentesco cercano con la autoridad que
hace el
nombramiento y en su caso, con la persona de donde hubiere emanado esta
autoridad.
Para los nombramientos de los funcionarios principales regirá la
prohibición
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La ley
regulará
esta materia.
Esta
prohibición no comprende el caso de los nombramientos que correspondan al
cumplimiento
de la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Docente, de Carrera
Judicial, de
Carrera del Servicio Exterior y demás leyes similares que se
dictaren.
ARTICULO
131.- Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos
directa o
indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de
sus
funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales. Deben
atender y
escuchar sus problemas y procurar resolverlos. La función pública se
debe ejercer
a favor de los intereses del pueblo.
El Estado,
de conformidad con la ley, será responsable patrimonialmente de las
lesiones
que, como consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios
públicos en
el ejercicio de su cargo, sufran los particulares en sus bienes,
derechos e
intereses, salvo los casos de fuerza mayor. El Estado podrá repetir
contra el
funcionario o empleado público causante de la lesión.
Los
funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la
violación de
la Constitución, por falta de probidad administrativa y por
cualquier
otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones. También
son
responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso,
negligencia
y omisión en el ejercicio del cargo. Las funciones civiles no
podrán ser
militarizadas. El servicio civil y la carrera administrativa serán
regulados
por la ley.
CAPITULO II
PODER
LEGISLATIVO
ARTICULO
132.- El Poder Legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional por
delegación y
mandato del pueblo. La Asamblea Nacional está integrada por
noventa
diputados con sus respectivos suplentes elegidos por voto universal,
igual,
directo, libre y secreto, mediante el sistema de representación
proporcional.
En carácter nacional de acuerdo con lo que se establezca en la Ley
Electoral se
elegirán veinte diputados y en las circunscripciones
departamentales
y regiones autónomas setenta diputados.
Se establece
la obligatoriedad de destinar porcentaje suficiente del Presupuesto
General de
la República a la Asamblea Nacional.
ARTICULO 133.- También forman parte de la
Asamblea nacional como Representantes
propietarios
y suplentes respectivamente, los candidatos a Presidente y
Vicepresidente
de la República que, habiendo participado en la elección
correspondiente,
no hayan sido elegidos; en este caso, deben contar en la
circunscripción
nacional con un número de votos igual o superior al promedio de
los
cocientes regionales electorales.
ARTICULO 134.- Para ser Diputado se requiere
de las siguientes calidades:
Ser nacional de Nicaragua.
Estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos.
Haber cumplido veintiún años de edad.
Haber residido o trabajado en forma continua
en el país los dos años
anteriores a la elección, salvo que
cumpliere misiones diplomáticas o
trabajare en organismos internacionales o
realizare estudios en el extranjero.
Además, haber nacido o residido en los
últimos dos años en el departamento o
región autónoma por el cual se pretende
salir electo.
No podrán
ser candidatos a diputados propietarios o suplentes:
Los ministros, viceministros de Estado,
magistrados del Poder Judicial, del
Consejo Supremo Electoral, el Contralor
General de la República, el Procurador
de los Derechos Humanos, y los alcaldes, a
menos que hayan renunciado al cargo
doce meses antes de la elección.
Los que hubieren renunciado a la
nacionalidad nicaragüense, salvo que la
hubiesen recuperado al menos cinco años
antes de verificarse la elección.
Los ministros de cualquier culto religioso,
salvo que hubieren renunciado a su
ejercicio al menos doce meses antes de la
elección.
ARTICULO
135.- Ningún Representante ante la Asamblea Nacional puede obtener
concesión
alguna del Estado ni ser apoderado o gestor de empresas públicas,
privadas o
extranjeras en contrataciones de éstas con el Estado. La violación de
esta
disposición anula las concesiones o ventajas obtenidas y causa la pérdida
de la
representación.
ARTICULO
136.- Los diputados de la Asamblea Nacional serán elegidos para un
período de
cinco años, que se contarán a partir de su instalación, el nueve de
enero del
año siguiente al de la elección.
ARTICULO 137.- Los Representantes,
propietarios y suplentes, electos para
integrar la
Asamblea Nacional prestarán la promesa de ley ante el Presidente del
Consejo
Supremo Electoral. La Asamblea Nacional será instalada por el Consejo
Supremo
Electoral.
ARTICULO 138.- Son atribuciones de la
Asamblea Nacional:
Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así
como reformar y derogar los
existentes.
La interpretación auténtica de la ley.
Conceder amnistía e indulto por su propia
iniciativa o por iniciativa del
Presidente de la República.
Solicitar informes a los ministros y
viceministros del Estado, presidentes o
directores de entes autónomos y
gubernamentales. También podrá requerir su
comparecencia personal e interpelación. La
comparecencia será obligatoria,
bajo los mismos apremios que se observan en
el procedimiento judicial.
Si como consecuencia de la interpelación, la
Asamblea Nacional por mayoría
absoluta de sus miembros, considera que hay
lugar a formación de causa, el
funcionario interpelado perderá desde ese
momento su inmunidad.
Otorgar y cancelar la personalidad jurídica
a las asociaciones civiles.
Conocer, discutir y aprobar el proyecto de
Ley Anual de Presupuesto General de
la República y ser informada periódicamente
de su ejercicio conforme al
procedimiento establecido en la Constitución
y en la ley.
Elegir a los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, de listas separadas
propuestas para cada cargo por el Presidente
de la República y por diputados
de la Asamblea Nacional, en consulta con las
asociaciones civiles pertinentes.
El plazo para presentar las listas será de
quince días, contados a partir de
la convocatoria de la Asamblea Nacional para
su elección. Si no hubiere listas
presentadas por el Presidente de la
República, bastarán las propuestas por los
diputados de la Asamblea Nacional. Se
elegirá a cada magistrado con el voto
favorable de por lo menos el 60 por ciento
de los diputados de la Asamblea
Nacional.
Elegir a los magistrados propietarios y
suplentes del Consejo Supremo
Electoral, de listas separadas propuestas
para cada cargo por el Presidente de
la República y por los diputados de la
Asamblea Nacional, en consulta con las
asociaciones civiles pertinentes. El plazo
para presentar las listas será de
quince días contados a partir de la
convocatoria de la Asamblea Nacional para
su elección. Si no hubiere listas
presentadas por el Presidente de la
República, bastarán las propuestas por los
diputad os de la Asamblea Nacional.
Se eligirá a cada magistrado con el voto
favorable de por lo menos 60 por
ciento de los diputados de la Asamblea
Nacional.
Elegir al Superintendente y
Vicesuperintendente General de Bancos y otras
Instituciones Financieras, de listas
propuestas por le Presidente de la
República. Elegir al Contralor y
Subcontralor General de la República de
listas separadas propuestas por el
Presidente de la República y por diputados
de la Asamblea Nacional. El plazo para
presentar listas será de quince días
contados a partir de la convocatoria de la
Asamblea Nacional para su elección.
Si no hubiere listas presentadas por el
Presidente de la República, bastarán
las propuestas por los diputados. El
Procurador y Subprocurador de Derechos
Humanos serán electos por la Asamblea
Nacional de listas propuestas por los
diputados, en consulta con las asociaciones
civiles pertinentes. Los candidatos propuestos deberán ser electos con el voto
favorable de por lo menos
60 por ciento de los diputados de la
Asamblea Nacional.
Los candidatos propuestos para los cargos
mencionados en los incisos 7, 8 y 9
no deberán tener vínculos de parentesco
entre sí, no con el Presidente de la
República, ni con los diputados proponentes,
en el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad.
Además, no deberán ser miembros de las
juntas directivas nacionales,
departamentales y municipales de partidos
políticos y, si lo fueren, deberán cesar en
sus funciones partidarias al ser
electos. No podrán ser candidatos a
Contralor y Subcontralor General de la
República quienes al momento de su
nombramiento se desempeñaren como
ministros, viceministros, presidentes o
directores de entes autónomos o
gubernamentales, o de bancos estatales o
instituciones financieras del Estado,
o hubiesen desempeñado estos cargos durantes
los seis meses anteriores a su
designación.
La Asamblea Nacional, a través de comisiones
especiales, podrá convocar
audiencias con los candidatos. Los
candidatos deberán estar debidamente
calificados para el cargo y su postulación
deberá acompañarse de la
documentación que se les solicitare.
Conocer, admitir y decidir sobre las faltas
definitivas de los diputados de la
Asamblea Nacional. Son causas de falta
definitiva y en consecuencia acarrean
la pérdida de la condición de Diputado, las
siguientes:
renuncia al cargo;
fallecimiento;
condena mediante sentencia firme a pena de
privación de libertad o de
inhabilitación para ejercer el cargo, por
delito que merezca pena más que
correccional, por un término igual o mayor
que el resto de su período;
abandono de sus funciones parlamentarias
durante sesenta días continuos
dentro de una misma legislatura sin causa
justificada ante la Junta
Directiva de la Asamblea Nacional;
contravención a lo dispuesto en el tercer
párrafo del Artículo 130 ;
recibir retribución de fondos estatales,
regionales o municipales, por cargo
o empleo en otros poderes del Estado o
empresas estatales, salvo caso de
docencia o del ejercicio de la medicina.
Si un diputado aceptare desempeñar
cargo en otros poderes d el Estado, sólo
podrá reincorporarse a la Asamblea
Nacional cuando hubiese cesado en el otro
cargo;
incumplimiento de la obligación de
declarar sus bienes ante la Contraloría
General de la República al momento de la
toma de posesión del cargo.
Conocer y admitir las renuncias y resolver
sobre destituciones de los
funcionarios mencionados en los incisos 7, 8
y 9 por las causas y
procedimientos establecidos en la ley.
Aprobar o rechazar los tratados, convenios,
pactos, acuerdos y contratos
internacionales: de carácter económico; de
comercio internacional; de
integración regional; de defensa de seguridad;
los que aumenten el
endeudamiento extremo o comprometan el
crédito de la nación; los que vinculan
el ordenamiento jurídico del Estado.
Dichos instrumentos deberán ser presentados
a la Asamblea Nacional en un plazo
de quince días a partir de su suscripción,
solamente podrán ser dictaminados y
debatidos en lo general y deberán ser
aprobados o rechazados en un plazo no
mayor de sesenta días a partir de su
presentación en la Asamblea Nacional.
Vencido el plazo, se tendrá por aprobado
para todos los electos legales.
Aprobar todo lo relativo a los símbolos
patrios.
Crear órdenes honoríficas y distinciones de
carácter nacional.
Crear y otorgar sus propias órdenes de
carácter nacional.
Recibir en sesión solamente al Presidente y
Vicepresidente de la República,
para escuchar el informe anual.
Elegir su Junta Directiva.
Crear omisiones permanentes, especiales y de
investigación.
Conceder pensiones de gracia, y conceder
honores a servidores distinguidos de
la patria de la humanidad.
Determinar la división política y
administrativa del territorio nacional.
Conocer y hacer recomendaciones sobre las
políticas y planes de desarrollo
económico y social del país.
Llenar las vacantes definitivas del
Vicepresidente de la República y del
Presidente y el Vicepresidente, cuando éstas
se produzcan simultáneamente.
Autorizar la salida del territorio nacional
al Presidente de la República
cuando su ausencia sea mayor de quince días,
y la del Vicepresidente, en caso
de ausencia del territorio nacional del
Presidente.
Recibir de las autoridades judiciales o
directamente de los ciudadanos, las
acusaciones o quejas presentadas en contra
de los funcionarios que gozan de
inmunidad, para conocer y resolver sobre las
mismas.
Dictar o reformar su estatuto y reglamento
interino.
Autorizar o negar la salida de tropas del
territorio nacional.
Crear, aprobar, modificar o suprimir los
tributos y aprobar los planes de
arbitrios municipales.
Aprobar, rechazar o modificar el decreto del
Ejecutivo que declara la
suspensión de derechos y garantías
constitucionales o el Estado de
Emergencia, así como sus prórrogas.
Recibir anualmente los informes del
Contralor General de la República, del
Procurador de Derechos Humanos; del
Superintendente de Bancos y otras
Instituciones Financieras; y del presidente
del Banco Central, sin perjuicio
de otras informaciones que le s sean
requeridas.
Nombrar al Procurador para la Defensa de los
Derechos Humanos. La ley regulará
su funcionamiento.
Celebrar sesiones ordinarias y
extraordinarias.
Las demás que le confieren la Constitución y
las leyes.
ARTICULO
139.- Los Representantes estarán exentos de responsabilidad por sus
opiniones y
votos emitidos en la Asamblea Nacional y gozan de inmunidad conforme
a la ley.
ARTICULO
140.- Tiene iniciativa de ley:
Cada uno de los diputados de la Asamblea
Nacional, quienes además gozan del
derecho de iniciativa de decretos,
resoluciones y declaraciones legislativas.
El Presidente de la República.
La Corte Suprema de Justicia, el Consejo
Supremo Electoral, los consejos
regionales autónomos y los concejos
municipales, en materias propias de su
competencia.
Los ciudadanos. En este caso la iniciativa
deberá ser respaldada por un número
no menor de cinco mil firmas. Se exceptúan
las leyes orgánicas, tributarias o
de carácter internacional y las de amnistía
y de indultos.
ARTICULO
141.- El quórum para las sesiones de la Asamblea Nacional se constituye
con la mitad
más uno del total de los diputados que la integran.
Los
proyectos de ley, decretos, resoluciones, acuerdos y declaraciones requerirán
para su
aprobación, del voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados
presentes,
salvo en los casos en que la Constitución exija otra clase de
mayoría.
Toda
iniciativa de ley deberá ser presentada con su correspondiente exposición
de motivos
en Secretaría de la Asamblea Nacional.
Todas las
iniciativas de ley presentadas, una vez leídas ante el plenario de la
Asamblea
Nacional, pasarán directamente a comisión.
En caso de
iniciativa urgente del Presidente de la República, la Junta Directiva
podrá
someterla de inmediato a discusión del plenario si se hubiera entregado el
proyecto a
los diputados con cuarenta y ocho horas de anticipación.
Los
proyectos de códigos y de leyes extensas, a criterio del plenario pueden ser
considerados
y aprobados por capítulos.
Recibido el
dictamen de la comisión dictaminadora, este será leído ante el
plenario y
será sometido a debate en lo general, si es aprobado, será sometido a
debate en lo
particular.
Una vez
aprobado el proyecto de ley por la Asamblea Nacional, será enviado al
Presidente
de la República para su sanción, promulgación y publicación, salvo
aquellos que
no requieren tales trámites. No necesitan sanción del Poder
Ejecutivo
las reformas a la Constitución y las leyes constitucionales, ni los
decretos aprobados
por la Asamblea Nacional. En caso de que el Presidente de la
República no
promulgara ni publicara el proyecto de las reformas a la
Constitución
o a las leyes constitucionales; y cuando no sancionare, promulgare
ni publicare
las demás leyes en un plazo de quince días, el Presidente de la
Asamblea
Nacional mandará a publicarlas por cualquier medio de comunicación
social
escrito, entrando en vigencia desde dicha fecha, sin perjuicio de su
posterior
publicación en la Gaceta, Diario Oficial, la que deberá hacer mención
de la fecha
de su publicación en los medios de comunicación social.
Las leyes
serán reglamentadas cuando ellas expresamente así lo determinen. La
Junta
Directiva de la Asamblea Nacional encomendará la reglamentación de las
leyes a la
comisión respectiva, para su aprobación en el plenario, cuando el
Presidente
de la República no lo hiciere en el plazo establecido.
Las leyes
sólo se derogan o se reforman por otras leyes y entrarán en vigencia a
partir del
día de su publicación en la Gaceta, Diario Oficial, excepto cuando
ellas mismas
establezcan otra modalidad.
Cuando la
Asamblea Nacional apruebe reformas sustanciales a las leyes, podrá
ordenar que
su texto íntegro con las reformas incorporadas sea publicado en La
Gaceta,
Diario Oficial, salvo las reformas a los códigos.
Las
iniciativas de ley presentadas en una legislatura y no sometidas a debate,
serán
consideradas en la siguiente legislatura. Las que fueren rechazadas, no
podrán ser
consideradas en la misma legislatura.
ARTICULO
142.- El Presidente de la República podrá vetar total o parcialmente un
proyecto de
ley dentro de los quince días siguientes a aquél en que lo haya
recibido. Si
no ejerciere esta facultad ni sancionara, promulgara y publicara el
proyecto, el
Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley en
cualquier
medio de difusión nacional escrito.
El
Presidente de la República, en el caso del veto parcial, podrá introducir
modificaciones
o supresiones al articulado de la ley.
ARTICULO 143.- Un proyecto de ley vetado
total o parcialmente por el Presidente
de la
República deberá regresar a la Asamblea Nacional con expresión de los
motivos del
veto; ésta podrá rechazarlo con el voto de la mitad más uno del
total de sus
Representantes, en cuyo caso el Presidente de la Asamblea Nacional
mandará a
publicar la ley.
CAPITULO III
PODER
EJECUTIVO
ARTICULO
144.- El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, quien
es Jefe de
Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua.
ARTICULO
145.- El Vicepresidente de la República desempeña las funciones que le
señale la
presente Constitución Política, y las que le delegue el Presidente de
la República
directamente o a través de ley.
Asimismo
sustituirá en el cargo al Presidente, en casos de falta temporal o
definitiva.
ARTICULO
146.- La elección del Presidente y Vicepresidente de la República se
realiza
mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto. Serán
elegidos
quienes obtengan la mayoría relativa de votos.
ARTICULO 147.- En ningún caso podrán ser
elegidos Presidente o Vicepresidente
de la
República los candidatos que no obtuvieren como mayoría relativa al menos
el 45 por
ciento de los votos válidos. Si ninguno de los candidatos alcanzare
este
porcentaje, se realizará una segunda elección entre los que hubiesen
obtenido el
primero y segundo lugar, y será electo el que obtenga el mayor
número de
votos.
Para ser
Presidente o Vicepresidente de la República se requiere de las
siguientes
calidades:
Ser nacional de Nicaragua.
Estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos.
Haber cumplido veinticinco años de edad.
Haber residido o trabajado en forma continua
en el país los cinco años
anteriores a la elección, salvo que
cumpliere misión diplomática o estudios en
el extranjero.
No podrá ser
candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República:
el que ejerciere o hubiere ejercido en
propiedad la Presidencia de la
República en cualquier tiempo del período en
que se efectúa la elección para
el período siguiente, ni el que la hubiera
ejercido por dos períodos
presidenciales;
el Vicepresidente de la República o el
llamado a reemplazarlo, si hubiere
ejercido su cargo o el Presidente en
propiedad durante los doce meses
anteriores a la fecha en que se efectúa la
elección para el período siguiente;
los parientes dentro del cuarto grado de
consaguinidad, y los que sean o hayan
sido parientes dentro del segundo grado de
afinidad del que ejerciere o
hubiere ejercido en propiedad la presidencia
de la República en cualquier
tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente;
los que encabecen o financien un golpe de
Estado; los que alteren el orden
constitucional y como consecuencia de tales
hechos asuman la jefatura del
gobierno y ministerios o viceministerios, o
magistraturas en otros poderes del
Estado;
los ministros de cualquier culto religioso,
salvo que hubieren renunciado a su
ejericio al menos doce meses antes de la
elección;
el Presidente de la Asamblea Nacional, los
ministros, viceministros de Estado,
magistrados de la Corte Suprema de Justicia
y del Consejo Supremo Electoral,
el Contralor y el Subcontralor General de la
República, el Procurador y
Subprocurador de Derechos Humanos, y el
Concejal que estuviere ejerciendo el
cargo de Alcalde, a menos que hayan
renunciado al cargo doce meses antes de la
elección;
los que hubieren renunciado en alguna
oportunidad a la nacionalidad
nicaragüense.
ARTICULO
148.- El Presidente y Vicepresidente del a República electos tomarán
posesión de
sus cargos ante la Asamblea Nacional, en sesión solemne, y prestarán
la promesa
de ley ante el Presidente de la Asamblea Nacional.
El
Presidente y Vicepresidente ejercerán sus funciones por un período de cinco
años, que se
contarán a partir de su toma de posesión el día diez de enero del
año
siguiente de la elección. Dentro de este período gozarán de inmunidad, de
conformidad
con la ley.
ARTICULO
149.- El Presidente de la República podrá salir del país en ejercicio
de su cargo,
por un período menor de quince días sin ninguna autorización. Para
un período mayor
de quince días y menor de treinta requerirá previa autorización
de la
Asamblea Nacional. En este último caso corresponderá al Vicepresidente de
la República
el ejercicio de la función de gobierno de la Presidencia.
También
podrá salir del país el Presidente de la República, por un tiempo no
mayor de
tres meses con permiso de la Asamblea Nacional, siempre que deposite el
ejercicio de
la presidencia en el Vicepresidente; pero si la ausencia pasare de
tres meses,
cualquiera que fuera la causa, perderá el cargo por ese solo hecho,
salvo que la
Asamblea nacional considere el caso de fuerza mayor y prorrogue el
permiso por
un tiempo prudencial.
La salida
del país del Presidente sin autorización de la Asamblea Nacional, por
un período
en que esta autorización fuera necesaria o por un período mayor que el
autorizado,
se entenderá como abandono de su cargo.
En caso de
falta temporal del Presidente de la República, el Vicepresidente no
podrá salir
sin previa autorización de la Asamblea nacional. Su salida sin dicha
autorización
se entenderá como abandono del cargo.
Si el
Vicepresidente de la República estuviera ausente del país y el Presidente
de la
República también tuviera que salir del territorio nacional en ejercicio
de su cargo,
las funciones administrativas las asumirá el ministro
correspondiente,
según el orden de precedencia legal.
En ningún
caso podrá salir del país el Presidente de la República que tuviere
causa
criminal pendiente que mereciere pena más que correccional.
Son faltas
temporales del Presidente de la República:
Las ausencias temporales del territorio
nacional por más de quince días.
La imposibilidad o incapacidad temporal
manifiesta para ejercer el cargo,
declarada por la Asamblea Nacional y
aprobada por los dos tercios de los
diputados.
Además de
las establecidas en el presente artículo, son faltas definitivas del
Presidente y
Vicepresidente de la República:
la muerte;
la renuncia, cuando le sea aceptada por la
Asamblea Nacional;
la incapacidad total permanente declarada
por la Asamblea Nacional, aprobada
por los dos tercios de los diputados.
En caso de
falta temporal el Presidente de la República, asumirá sus funciones
el
Vicepresidente.
En caso de
imposibilidad o incapacidad temporal y simultánea del Presidente y
Vicepresidente,
ejercerá interinamente la presidencia de la República el
Presidente
de la Asamblea Nacional. Mientras ejerza interinamente la presidencia
de la
República, será sustituido en su cargo por el Primer Vicepresidente de la
Asamblea
Nacional.
Por falta
definitiva del Presidente de la República asumirá el cargo por el
resto del
período el Vicepresidente y la Asamblea Nacional deberá elegir un
nuevo
Vicepresidente.
En caso de
falta definitiva del Vicepresidente de la República, la Asamblea
Nacional
nombrará a quien deba sustituirlo en el cargo.
Si faltaren
definitivamente el Presidente y el Vicepresidente de la República,
asumirá las
funciones del primero el Presidente de la Asamblea Nacional o quien
haga sus
veces. La Asamblea Nacional deberá nombrar a quienes deban sustituirlo
dentro de
las primeras setenta y dos horas de haberse producido las vacantes.
Los así
nombrados ejercerán sus funciones por el resto del período.
En todos los
casos mencionados, la Asamblea Nacional elegirá a los sustitutos de
entre sus
miembros.
ARTICULO
150.- Son atribuciones del Presidente de la República, las siguientes:
Cumplir la Constitución Política y las
leyes, y hacer que los funcionarios
bajo su dependencia también las cumplan.
Representar a la nación.
Ejercer la facultad de iniciativa de ley y
el derecho al veto, conforme se
establece en la presente Constitución.
Dictar decretos ejecutivos en materia
administrativa.
Elaborar el proyecto del Ley del Presupuesto
General de la República y
presentarlo a consideración de la Asamblea
Nacional para su aprobación, y
sancionarlo y publicarlo una vez aprobado.
Nombrar y remover a los ministros y viceministros
de Estado, presidentes o
directores de entes autónomos y
gubernamentales, jefes de misiones
diplomáticas y demás funcionarios, cuyo
nombramiento o remoción no esté
determinado de otro modo en la Constitución
y en las leyes.
Solicitar al Presidente de la Asamblea
Nacional la convocatoria de sesiones
extraordinarias durante el período de receso
de la Asamblea Nacional para
legislar sobre asuntos de urgencia.
Dirigir las relaciones internacionales de la
República. Negociar, celebrar y
firmas los tratados, convenios o acuerdos y
demás instrumentos que establece
el inciso 12) del Artículo 138 de la
Constitución Política, para ser aprobados
por la Asamblea Nacional.
Decretar y poner en vigencia la suspensión
de derechos y garantías en los
casos previstos por esta Constitución
Política, y enviar el decreto
correspondiente a la Asamblea Nacional en un
plazo no mayor de setenta y dos
horas para su aprobación, modificación o
rechazo.
Reglamentar las leyes que lo requieran en un
plazo no mayor de sesenta días.
Otorgar órdenes honoríficas y
condecoraciones de carácter nacional.
Organizar y dirigir el gobierno.
Dirigir la economía del país, determinando
la política y el programa económico
social.
Crear un Consejo Nacional de Planificación
Económica Social que le sirva de
apoyo para dirigir la política económica y
social del país. En el Consejo
estarán representados las organizaciones
empresariales, laborales,
cooperativas, comunitarias y otras que
determine el Presidente de la
República.
Proponer a la Asamblea Nacional, listas de
candidatos para la elección de los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
del Consejo Supremo Electoral,
del Contralor y Subcontralor General de la
República y del Superintendente y
Vicesuperintendente de Bancos y otras
instituciones financieras.
Presentar a la Asamblea Nacional,
personalmente o por medio del
Vicepresidente, el informe anual y otros
informes y mensajes especiales.,
Proporcionar a los funcionarios del Poder
Judicial el apoyo necesario para
hacer efectivas sus providencias sin demora
alguna.
Las demás que le confieran esta Constitución
y las leyes.
ARTICULO
151.- El número, organización y competencia de los ministerios de
Estado, de
los entes autónomos y gubernamentales y de los bancos estatales y
demás
instituciones financieras del Estado, serán determinados por la ley. Los
ministros y
viceministros gozan de inmunidad.
Los decretos
y providencias del Presidente de la República deben ser refrendados
por los
ministros de estado de las respectivas ramas, salvo aquellos acuerdos
que se
refieren a nombramiento o remoción de sus ministros o viceministros de
Estado.
El Consejo
de Ministros será presidido por el Presidente de la República y, en
su defecto,
por el Vicepresidente. El Consejo de Ministros estará integrado por
el
Vicepresidente de la República y los ministros de Estado. Sus funciones son
determinadas
por la Constitución.
Los
ministros y viceministros de Estado y los presidente o directores de entes
autónomos o
gubernamentales, serán personalmente responsables de los actos que
firmaren o
autorizaren y solidariamente de los que subscribieren o acordaren con
el Presidente
de la República o con los otros ministerios de Estado.
Los
ministros y viceministros de Estado y los presidentes o directores de entes
autónomos o
gubernamentales, proporcionarán a la Asamblea Nacional las
informaciones
que se les pidan relativas a los negocios de sus respectivas
ramas, ya
sea en forma escrita o verbal. También pueden ser interpelados por
resolución
de la Asamblea Nacional.
ARTICULO
152.- Para ser Ministro, Viceministro, Presidente o Director de entes
autónomos y
gubernamentales, y embajadores se requiere de las siguientes
calidades:
Ser nacional de Nicaragua.
Estar en pleno goce de sus derechos
políticos y civiles.
Haber cumplido veinticinco años de edad.
No podrán
ser ministros, viceministros, presidentes o directores de entes
autónomos o
gubernamentales, y embajadores:
los militares en servicio activo;
los que desempeñen simultáneamente otro
cargo en alguno de los poderes del
Estado;
los que hubieren renunciado en alguna
oportunidad a la nacionalidad
nicaragüense, salvo que la hubiesen
recuperado al menos cinco años antes del
nombramiento;
los que hubieren recaudado o administrado
fondos públicos o municipales, sin
estar finiquitadas sus cuentas;
los deudores morosos de la Hacienda Pública;
los que estén comprendidos en el sexto
párrafo del Artículo 130 de ésta
Constitución.
ARTICULO
153.- Los Ministros, Viceministros, Presidentes o Directores de entes
autónomos y
gubernamentales son responsables de sus actos, de conformidad con la
Constitución
y las leyes.
CAPITULO IV
DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ARTICULO
154.- La Contraloría General de la República es el organismo rector del
sistema de
control de la administración pública y fiscalización de los bienes y
recursos del
Estado.
ARTICULO
155.- Corresponde a la Contraloría General de la República:
Establecer el sistema de control que de
manera preventiva asegure el uso
debido de los fondos gubernamentales.
El control sucesivo sobre la gestión del
Presupuesto General de la República.
El control, examen y evaluación de la
gestión administrativa y financiera de
los entes públicos, los subvencionados por
el Estado y las empresas públicas o
privadas con participación de capital
público.
ARTICULO
156.- La Contraloría General de la República es un organismo
independiente
sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes;
gozará de
autonomía funcional y administrativa. El Contralor informará de su
gestión
personalmente a la Asamblea Nacional cada año, o cuando ésta lo
solicite.
La
Contraloría deberá hacer públicos los resultados de sus investigaciones, y
cuando de
los mismos se presumieran responsabilidades penales, deberá enviar su
investigación
a los tribunales de justicia, bajo el apercibimiento de
encubridor,
si no lo hiciera, de los delitos que posteriormente se determinara
cometieron
los investigados.
El Contralor
y el Subcontralor General de la República serán electos por la
Asamblea
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 9) del Artículo
138, para un
período de seis años, dentro del cual gozarán de inmunidad.
ARTICULO
157.- La ley determinará la organización y funcionamiento de la
Contraloría
General de la República.
CAPITULO V
PODER
JUDICIAL
ARTICULO
158.- La justicia emana del pueblo y será impartida en sus nombre y
delegación
por el Poder Judicial, integrado por los Tribunales de Justicia que
establezca
la ley.
ARTICULO 159.- Los tribunales de justicia
forman un sistema unitario, cuyo
órgano
superior es la Corte Suprema de Justicia. EL Poder Judicial recibirá no
menos de
cuatro por ciento del Presupuesto General de la República. Habrá
tribunales
de apelación, jueces de distrito, jueces locales, cuya organización y
funcionamiento
será determinado por la ley. Se establece la carrera judicial que
será
regulada por la ley.
Las
facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponden
exclusivamente
al Poder Judicial. Los tribunales militares sólo conocerán las
faltas y
delitos estrictamente militares, sin perjuicio de las instancias y
recursos
ante la Corte Suprema de Justicia.
ARTICULO 160.- La administración de la
justicia garantiza el principio de la
legalidad;
protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la
ley en los
asuntos o procesos de su competencia.
ARTICULO 161.- Para ser Magistrado de los
tribunales de justicia se requiere:
Ser nacional de Nicaragua y no haber
renunciado a la nacionalidad
nicaragüense, salvo que la hubieren recuperado
por lo menos en los últimos
cinco años anteriores a su elección.
Ser abogado de moralidad notoria, haber
ejercido una judicatura o la profesión
por lo menos durante diez años, o haber sido
magistrado de los tribunales de
apelaciones durante cinco años cuando se
opte para ser Magistrado de la
Suprema Corte de Justicia.
Estar en pleno goce de sus derechos
políticos y civiles.
Haber cumplido treinta y cinco años de edad
y no ser mayor de setenta y cinco
años al día de la elección.
No haber sido suspendido en el ejercicio de
la abogacía o del notariado por
resolución judicial firme.
No ser militar en servicio activo, o
siéndolo, no haber renunciado por lo
menos doce meses antes de la elección.
ARTICULO
162.- El período de los magistrados de la Corte suprema de Justicia
será de
siete años y el de los magistrados de los tribunales de apelaciones de
cinco años.
Únicamente podrán ser separados de sus cargos por las causas
previstas en
la Constitución y la ley. Los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia
gozan de inmunidad.
ARTICULO
163.- La Corte Suprema de Justicia estará integrada por doce
magistrados
electos por la Asamblea Nacional.
La Corte
Suprema de Justicia se integrará en Salas, que estarán conformadas con
un número no
menor de tres magistrados cada una: Civil, Penal, de lo
Constitucional
y de lo Contencioso-Administrativo, cuya organización e
integración
se acordará entre los mismos magistrados. La Corte Plena conocerá y
resolverá
los recursos de inconstitucionalidad de la ley y los conflictos de
competencia
y constitucionalidad entre los poderes del Estado.
Los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia toman posesión de su cargo ante
la Asamblea
Nacional, previa promesa de ley, y eligen de entre ellos a su
Presidente
por mayoría de votos, para un período de un año pudiendo ser
reelectos.
ARTICULO
164.- Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
Organizar y dirigir la administración de
justicia.
Conocer y resolver los recursos ordinarios y
extraordinarios que se presenten
contra las resoluciones de los tribunales de
justicia de la República, de
acuerdo con los procedimientos establecidos
por ley.
Conocer y resolver los recursos de amparo
por violación de los derechos
establecidos en la Constitución, de acuerdo
a la Ley de Amparo.
Conocer y resolver los recursos por
inconstitucionalidad de la ley.
Nombrar a los magistrados de los tribunales
de apelaciones.
Resolver sobre las solicitudes de extradición
de ciudadanos de otros países y
denegar las de los nacionales.
Nombrar o destituir a los jueces, médicos
forenses y registradores públicos
de la propiedad inmueble y mercantil de todo
el país, de conformidad con la
Constitución y la ley.
Extender autorización para el ejercicio de
las profesiones de abogado y
notario, lo mismo que suspenderlos y
rehabilitarlos de conformidad con la ley.
Conceder autorización para la ejecución de
sentencias pronunciadas por
tribunales extranjeros.
Conocer y resolver los conflictos
administrativos surgidos entre los
organismos de la administración pública, y
entre éstos y los particulares.
Conocer y resolver los conflictos que surjan
entre los municipios, o entre
éstos y los organismos del gobierno central.
Conocer y resolver los conflictos de
competencia y constitucionalidad entre
los poderes del Estado.
Conocer y resolver los conflictos de
constitucionalidad, entre el gobierno
central y los gobiernos municipales y de las
regiones autónomas de la Costa
Atlántica.
Dictar su reglamento interno y nombrar al
personal de su dependencia.
Las demás atribuciones que le confieran la
Constitución y las leyes.
ARTICULO
165.- Los Magistrados y Jueces en su actividad judicial, son
independientes
y sólo deben obediencia a la Constitución y a la ley; se regirán
entre otros,
por los principios de igualdad, publicidad y derecho a la defensa.
La justicia
en Nicaragua es gratuita.
ARTICULO 166.- La administración de justicia
se organizará y funcionará con
participación
popular, que será determinada por las leyes. Los miembros de los
Tribunales
de Justicia, sean abogados o no, tiene iguales facultades en el
ejercicio de
sus funciones jurisdiccionales.
ARTICULO 167.- Los fallos y resoluciones de
los Tribunales y Jueces son de
ineludible
cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y
las personas
naturales y jurídicas afectadas.
CAPITULO VI
PODER
ELECTORAL
ARTICULO
168.- Al Poder Electoral corresponde en forma exclusiva la
organización,
dirección y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y
referendos.
ARTICULO 169.- El Poder Electoral está integrado
por el Consejo Supremo
Electoral y
demás organismos electorales subordinados.
ARTICULO 170.- El Consejo Supremo Electoral
estará integrado por cinco
magistrados
con sus respectivos suplentes elegidos por la Asamblea Nacional, de
conformidad
con las disposiciones contenidas en el inciso 8) del Artículo 138.
El
Presidente del Consejo Supremo Electoral será electo por la Asamblea Nacional
con el 60
por ciento de los votos de los diputados y tendrá a su cargo la
administración
de la institución. El período del Presidente del Consejo Supremo
Electoral
será el mismo de los magistrados.
ARTICULO
171.- Para ser Magistrado del Consejo Supremo Electoral se requiere:
Ser nacional de Nicaragua.
Estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos.
Haber cumplido treinta años de edad y no ser
mayor de setenta y cinco años al
día de la elección.
No podrán
ser magistrados del Consejo Supremo Electoral:
los parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad
de los candidatos a Presidente y
Vicepresidente de la República.
En el caso de que ya se encontrase electo
antes de las elecciones
presidenciales, estará implicado y por tal
razón inhibido de ejercer durante
todo el proceso electoral, debiendo
incorporar a su suplente;
los que ejerzan cargos de elección popular o
sean candidatos a algunos de
ellos;
los funcionarios o empleados de otro Poder
del Estado en cargos retribuidos
con fondos fiscales, regionales o
municipales, salvo en lo relacionado al
ejercicio de la docencia o la medicina;
el militar en servicio activo, o el que ya
no siéndolo, no hubiere renunciado
por lo menos doce meses antes de la
elección;
los que hubieren renunciado en alguna
oportunidad a la nacionalidad
nicaragüense y no la hubieren recuperado por
lo menos cinco años antes de la
elección.
ARTICULO
172.- Los magistrados del Consejo Supremo Electoral ejercerán su
función
durante un período de cinco años a partir de su toma de posesión, dentro
de este período
gozan de inmunidad.
ARTICULO
173.- El Consejo Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones:
Organizar y dirigir las elecciones,
plebiscitos o referendos que se convoquen
de acuerdo con lo establecido en la
Constitución y en la ley.
Nombrar a los miembros de los demás
organismos electorales, de acuerdo con la
Ley Electoral.
Elaborar el calendario electoral.
Aplicar las disposiciones constitucionales y
legales referentes al proceso
electoral.
Conocer y resolver en última instancia de
las resoluciones que dicten los
organismos electorales subordinados y de las
reclamaciones e impugnaciones que
presenten los partidos políticos.,p>
Dictar de conformidad con la ley de la
materia, las medidas pertinentes para
que los procesos electorales se desarrollen
en condiciones de plena garantía.
Demandar de los organismos correspondientes,
condiciones de seguridad para los
partidos políticos participantes en las
elecciones.
Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las
elecciones,
plebiscitos y referendos, y hacer la
declaratoria definitiva de los
resultados.
Dictar su propio reglamento.
Organizar bajo su dependencia el Registro
Central del Estado Civil de las
Personas, la cedulación ciudadana y el
padrón electoral.
Otorgar la personalidad jurídica como
partidos políticos, a las agrupaciones
que cumplan los requisitos establecidos por
ley.
Cancelar y suspender la personalidad
jurídica de los partidos políticos que no
logren al menos la elección de un diputado
en las elecciones de autoridades
generales, y en los otros casos que regula
la ley de la materia.
Vigilar y resolver los conflictos sobre la
legitimidad de los representantes y
directivos de los partidos políticos y sobre
el cumplimiento de disposiciones
legales que se refieran a los partidos
políticos, sus estatutos y reglamentos.
Las demás que le confieran la Constitución y
las leyes.
De las resoluciones
del Consejo Supremo en materia electoral no habrá recurso
alguno,
ordinario ni extraordinario.
ARTICULO
174.- Los Magistrados del Consejo Supremo Electoral, propietarios y
suplentes
tomarán posesión de sus cargos ante el Presidente de la Asamblea
Nacional
previa promesa de ley.
TITULO IX
DIVISIÓN
POLÍTICO ADMINISTRATIVA
CAPITULO I
DE LOS
MUNICIPIOS
ARTICULO
175.- Arto. 175. El territorio nacional se dividirá para su
administración,
en departamentos, regiones autónomas de la Costa Atlántica y
municipios.
Las leyes de la materia determinarán su creación, extensión, número,
organización,
estructura y funcionamiento de las diversas circunscripciones
territoriales.
ARTICULO
176.- El Municipio es la unidad base de la división política
administrativa
del país.
ARTICULO
177.- Los municipios gozan de autonomía política, administrativa y
financiera.
La administración y gobiernos de los mismos corresponde a las
autoridades
municipales.
La autonomía
no exime ni inhibe al Poder Ejecutivo ni a los demás poderes del
Estado, de
sus obligaciones y responsabilidades con lo municipios. Se establece
la
obligatoriedad de destinar un porcentaje suficiente del Presupuesto General
de la
República a los municipios del país, el que se distribuirá priorizando a
los
municipios con menos capacidad de ingresos. El porcentaje y su distribución
serán
fijados por la ley.
La autonomía
es regulada conforme la Ley de Municipios, que requerirá para su
aprobación y
reforma de la votación favorable de la mayoría absoluta de los
diputados.
Los
gobiernos municipales tienen competencia en materia que incida en el
desarrollo
socio-económico de su circunscripción. En los contratos de
explotación
racional de los recursos naturales ubicados en el municipio
respectivo,
el Estado solicitará y tomará en cuenta la opinión de los gobiernos
municipales
antes de autorizarlos.
La Ley de
Municipios deberá incluir, entre otros aspectos, las competencias
municipales,
las relaciones con el gobierno central, con los pueblos indígenas
de todo el
país y con todos los poderes del Estado, y la coordinación
interinstitucional.
ARTICULO
178.- El Alcalde, el Vicealcalde y los concejales serán elegidos por el
pueblo
mediante el sufrago universal, igual, directo, libre y secreto de
conformidad
con la ley. Serán electos Alcalde y Vicealcalde, los candidatos que
obtengan la
mayoría relativa de los votos. Los concejales serán electos por
representación
proporcional, de acuerdo con el cociente electoral. El Alcalde y
el
Vicealcalde solo podrán ser reelectos por un período. La reelección del
Alcalde y
Vicealcalde no podrá ser para el período inmediato siguiente.
Para ser
Alcalde se requiere de las siguientes calidades:
Ser nacional de Nicaragua.
Estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos.
Haber cumplido veintiún años de edad.
Haber residido o trabajado de forma continua
en el país los dos años
anteriores a la elección, salvo que
cumpliera misiones diplomáticas o estudio
en el extranjero. Además, haber nacido en el
municipio por el cual se pretende
salir electo o haber residido en él los últimos
dos años.
El período de las autoridades municipales
será de cuatro años, contados a
partir de la toma de posesión del cargo ante
el Consejo Supremo Electoral.
No podrán ser candidatos a Alcalde los
ministros y viceministros de Estado, a
menos que hayan renunciado a sus cargos doce
meses antes de la elección.
Los
concejales, el Alcalde y el Vicealcalde podrán perder su condición por las
siguientes
causas:
renuncia del cargo;
por muerte;
condena mediante sentencia firme a pena de
privación de libertad o
inhabilitación para ejercer el cargo, por
delito que merezca pena más que
correccional por un término igual o mayor al
de su período;
abandono de sus funciones durante sesenta
días continuos;
contravención a lo dispuesto en el tercer
párrafo del Artículo 130 de la
Constitución;
incumplimiento de la obligación de declarar
sus bienes ante la Contraloría
General de la República, al momento de la
toma de posesión del cargo;
haber sido declarado incurso de malos manejos
de los fondos de la Alcaldía,
según resolución de la Contraloría General
de la República.
En los casos
de los inciso d) y e), el Concejo Municipal correspondiente deberá
aprobar una
resolución declarando que el Alcalde o Concejal ha incurrido en la
circunstancia
que motiva la pérdida de su condición.
Dicha
resolución o los documentos públicos o auténticos que acrediten las
circunstancias
establecidas en los otros numerales deberá ser remitida al
Consejo
Supremo Electoral, acompañando el nombre del sustituto, que será el
Vicealcalde
cuando se sustituya el Alcalde, o cualquiera de los concejales
electos
cuando se sustituya al Vicealcalde, o la solicitud de declaración de
propietario
para el de los concejales.
El Consejo
Supremo Electoral procederá en un término no menor de quince días a
tomar la
promesa de ley y darle posesión del cargo.
Las
limitaciones de los concejales para trabajar en la administración municipal,
así como el
régimen de dietas, serán regulados por la ley.
ARTICULO 179.- El Estado promoverá el
desarrollo integral y armónico de las
diversas partes
del territorio nacional.
CAPITULO II
COMUNIDADES
DE LA COSTA ATLÁNTICA
ARTICULO
180.- Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de vivir
y
desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus
tradiciones
históricas y culturales. El Estado garantiza a esta comunidades el
disfrute de
sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad
comunal y la
libre elección de sus autoridades y representantes. Asimismo
garantiza la
preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres.
ARTICULO 181.- El Estado organizará, por
medio de una ley, el régimen de
autonomía
para los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa
Atlántica,
la que deberá contener, entre otras normas las atribuciones de sus
órganos de
gobierno, su relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los
municipios,
y el ejercicio de sus derechos. Dicha ley, para su aprobación y
reforma,
requerirá de la mayoría establecida para la reforma a las leyes
constitucionales.
Las
concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos
naturales
que otorga el Estado en las regiones autónomas de la Costa Atlántica,
deberán
contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo correspondiente.
Los miembros
de los consejo regionales autónomos de la Costa Atlántica podrán
perder su
condición por las causas y los procedimientos que establezca la ley.
TITULO X
SUPREMACÍA
DE LA CONSTITUCIÓN, SU REFORMA Y DE LAS LEYES CONSTITUCIONALES
CAPITULO I
DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
ARTICULO
182.- La Constitución Política es la carta fundamental de la República;
las demás
leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes,
tratados,
órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones.
ARTICULO 183.- Ningún poder del Estado,
organismo de gobierno o funcionario
tendrá otra
autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la
Constitución
Política y las leyes de la República.
ARTICULO 184.- Son Leyes Constitucionales: La
Ley Electoral, la Ley de
Emergencia y
la Ley de Amparo, que se dicten bajo la vigencia de la Constitución
Política de
Nicaragua.
ARTICULO 185.- El Presidente de la República
en Consejo de Ministros podrá
De crear para
la totalidad o parte del territorio nacional y por tiempo
determinado
y prorrogable, la suspensión de derechos y garantías cuando así lo
demande la
seguridad de la nación, las condiciones económicas o en caso de
catástrofe
nacional. La Ley de Emergencia regulará sus modalidades.
ARTICULO 186.- El Presidente de la República
no podrá suspender los derechos y
garantías
establecidos en los artículos 23, 24, 25 numeral 3), 26 numeral 3),
27, 29, 33
numeral 2.1) parte final y los numerales 3 y 5), 34 excepto los
numerales 2
y 8), 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51,
56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 primer párrafo, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 89, 90 y 91.
CAPITULO II
CONTROL CONSTITUCIONAL
ARTICULO
187.- Se establece el Recurso por Inconstitucionalidad contra toda ley,
decreto o
reglamento, que se oponga a lo prescrito por la Constitución Política,
el cual
podrá ser interpuesto por cualquier ciudadano.
ARTICULO 188.- Se establece el Recurso de
Amparo en contra de toda disposición,
acto o
resolución y en general en contra de cada acción u omisión de cualquier
funcionario,
autoridad o agente de los mismo que viole o trate de violar los
derechos y
garantías consagrados en la Constitución
Política.
ARTICULO 189.- Se establece el Recurso de
Exhibición Personal en favor de
aquellos,
cuya libertad, integridad física y seguridad, sean violadas o estén en
peligro de
serlo.
ARTICULO 190.- La Ley de Amparo regulará los
recursos establecidos en este
capítulo.
CAPITULO III
REFORMA
CONSTITUCIONAL
ARTICULO
191.- La Asamblea Nacional está facultada para reformar parcialmente la
presente
Constitución Política y para conocer y resolver sobre la iniciativa de
reforma
total de la misma. La iniciativa de reforma parcial corresponde al
Presidente
de la República o a un tercio de los representantes ante la Asamblea
Nacional. La
iniciativa de reforma total corresponde a la mitad más uno de los
Representantes
ante la Asamblea Nacional.
ARTICULO 192.- La iniciativa de reforma
parcial deberá señalar el o los
artículos
que se pretenden reformar con expresión de motivos; deberá ser enviada
a una
comisión especial que dictaminará en un plazo no mayor de sesenta días. El
proyecto de
reforma recibirá a continuación el trámite previsto para la
formación de
la ley. La iniciativa de reforma parcial deberá ser discutida en
dos
legislaturas.
ARTICULO 193.-La iniciativa de reforma total
seguirá los mismos trámites
fijados en
el artículo anterior, en lo que sea conducente a su presentación y
dictamen. Al
aprobarse la iniciativa de reforma total, la Asamblea Nacional
fijará un
plazo para la convocatoria de elecciones de Asamblea Nacional
Constituyente.
La Asamblea Nacional conservará su mandato hasta la instalación
de la nueva
Asamblea Nacional Constituyente. Mientras no se apruebe por l a
Asamblea
Nacional Constituyente la nueva Constitución, seguirá en vigencia la
presente
Constitución.
ARTICULO 194.- La aprobación de la reforma
parcial requerirá del voto favorable
del sesenta
por ciento de los Representantes. En el caso de aprobación de la
iniciativa
de reforma total se requerirá los dos tercios del total de
Representantes.
El Presidente de la República promulgará la reforma parcial y en
éste caso no
podrá ejercer el derecho al veto.
ARTICULO 195.- La reforma de las leyes
constitucionales se realizará de acuerdo
al
procedimiento establecido para la reforma parcial de la Constitución, con la
excepción
del requisito de las dos legislaturas.