REPÚBLICA DE PANAMÁ
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
PREAMBULO
Con el fin
supremo de fortalecer la Nación, garantizar la libertad, asegurar la
democracia y
la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover
la justicia
social, el bienestar general y la integración regional, e invocando
la
protección de Dios, decretamos la Constitución Política de Panamá.
TÍTULO I
EL ESTADO
PANAMEÑO
Artículo 1.-
La Nación panameña está organizada en Estado soberano e
independiente,
cuya denominación es República de Panamá. Su gobierno es
unitario,
republicano, democrático y representativo.
Artículo 2.-
El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo
ejerce el
Estado conforme
está
Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativos,
Ejecutivos y
Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en
armónica
colaboración.
Artículo 3.-
El territorio de la República de Panamá comprende la superficie
terrestre,
el mar territorial, la plataforma continental submarina, el subsuelo
y el espacio
aéreo entre Colombia y Costa Rica de acuerdo con los tratados de
límites
celebrados por Panamá y esos estados.
El
territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni
temporal ni
parcialmente, a otros Estados.
Artículo 4.-
La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional.
Artículo 5.-
El territorio del Estado panameño se divide políticamente en
Provincias,
éstas a su vez en Distritos y los Distritos en corregimientos.
La ley podrá
crear otras divisiones políticas, ya sea para sujetarlas a
regímenes
especiales o por razones de conveniencia administrativa o de servicio
público.
Artículo 6.-
Los símbolos de la Nación son el himno, la bandera y el escudo de
armas
adoptados por la Ley 34 de 1949.
Artículo 7.-
El español es el idioma oficial de la República.
TÍTULO II
NACIONALIDAD
Y EXTRANJERIA
Artículo 8.-
La nacionalidad panameña se adquiere por el nacimiento, por la
naturalización
o por disposición constitucional.
Artículo 9.-
Son panameños por nacimientos:
Los nacidos en el territorio nacional.
Los hijos de padre o madre panameños por
nacimiento nacidos fuera del
territorio de la República, si aquellos
establecen su domicilio en el
territorio nacional.
Los hijos de padre o madre panameños por
naturalización nacidos fuera del
territorio nacional, si aquellos establecen
su domicilio en la República de
Panamá y manifiesten su voluntad de acogerse
a la nacionalidad panameña a más
tardar un año después de su mayoría de edad.
Artículo
10.- Pueden solicitar la nacionalidad panameña por naturalización:
Los extranjeros con 5 años consecutivos de
residencia en el territorio de la
República si, después de haber alcanzado su
mayoría de edad, declaran su
voluntad de naturalizarse, renuncian
expresamente a su nacionalidad de origen
o a la que tengan y comprueban que poseen el
idioma español y conocimientos
básicos de geografía, historia y
organización política panameña.
Los
extranjeros con tres años consecutivos de residencia en el territorio de
la República que tengan hijos nacidos en
ésta de padre o madre panameños o
cónyuge de nacionalidad panameña, si hacen
la declaración y presentan la
comprobación de que trata el aparte
anterior.
Los nacionales por nacimiento, de España o
de un Estado latinoamericano, si
llenan los mismos requisitos que en su país
de origen se exigen a los
panameños para naturalizarse.
Artículo
11.- Son panameños sin necesidad de carta de naturaleza, los nacidos en
el
extranjero adoptados antes de cumplir siete años por nacionales panameños, si
aquellos
establecen su domicilio en la República de Panamá y manifiestan su
voluntad de
acogerse a la nacionalidad panameña a más tardar un año después de
su mayoría
de edad.
Artículo
12.- La Ley reglamentará la naturalización. El Estado podrá negar su
solicitud de
carta de naturaleza por razones de moralidad, seguridad,
salubridad,
incapacidad física o mental.
Artículo
13.- La nacionalidad panameña de origen o adquirida por el nacimiento
no se
pierde, pero la renuncia expresa o tácita de ella suspenderá la
ciudadanía.
La
nacionalidad panameña derivada o adquirida por la naturalización se perderá
por las
mismas causas.
La renuncia
expresa de la nacionalidad se produce cuando la persona manifiesta
por escrito
al ejecutivo su voluntad de abandonarla; y la tácita, cuando se
adquiere
otra nacionalidad o cuando se entra al servicio de un Estado enemigo.
Artículo
14.- La inmigración será regulada por la Ley en atención a los
intereses
sociales, económicos y de demográficos del país.
Artículo
15.- Tanto los nacionales como los extranjeros que se encuentran en el
territorio
de la República, estarán sometidos a la Constitución y a las Leyes.
Artículo
16.- Los panameños por naturalización no están obligados a tomar las
armas contra
su estado de origen.
TÍTULO III
DERECHOS Y
DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES
Capítulo 1o.
Garantías
Fundamentales
Artículo
17.- Las autoridades de la República están instituidas para proteger en
su vida,
honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los
extranjeros
que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los
derechos y
deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la
Constitución
y la Ley.
Artículo
18.- Los particulares solo son responsables ante las autoridades por
infracción
de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por
esas mismas
causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en
el ejercicio
de éstas.
Artículo
19.- No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por
razón de
raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.
Artículo
20.- Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley; pero esta
podrá, por
razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y
economía
nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de
determinadas
actividades a los extranjeros en general. Podrán, asimismo, la Ley
o las
autoridades, según las circunstancias, tomar medidas que afecten
exclusivamente
a los nacionales de determinados países en caso de guerra o de
conformidad
con lo que se establezca en tratados internacionales.
Artículo
21.- Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de
mandamiento
escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las
formalidades
legales y por motivo previamente definido en la Ley. Los ejecutores
de dicho
mandamiento están obligados a dar copia de él, al interesado si la
pidiere.
El
delincuente sorprendido in fraganti puede ser aprendido por cualquier persona
y debe ser
entregado inmediatamente a la autoridad.
Nadie puede
ser detenido más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de
la autoridad
competente. Los servidores públicos que violen este precepto tiene
como sanción
la pérdida del empleo, sin el juicio de las penas que para el
efecto
establezca la ley.
No hay
prisión, detención o arresto por deudas u obligaciones puramente civiles.
Artículo
22.- Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma
que le sea
comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos
constitucionales
y legales correspondientes.
Las personas
acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se
presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que
le haya
asegurado todos las garantías establecidas para su defensa. Quien sea
detenido
tendrá derecho desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las
diligencias
policiales y judiciales.
La Ley
reglamentará esta materia.
Artículo
23.- todo individuo detenido fuera de los casos y ala forma que
prescriben
esta Constitución y la Ley, será puesto en libertad a petición suya o
de otra
persona, mediante el recurso de habeas corpus que podrá ser interpuesto
inmediatamente
después de la detención y sin consideración a la pena aplicable.
el recurso
se tramitará con prelación a otros casos pendientes mediante
procedimiento
sumarísimo, sin que el trámite pueda ser suspendido por razón de
horas o días
inhábiles.
Artículo
24.- El Estado no podrá extraditar a sus nacionales ni a los
extranjeros
por delitos políticos.
Artículo
25.- Nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o
de policía,
contra sí mismo, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad
o segundo de afinidad.
Artículo
26.- El domicilio o residencia son inviolables. Nadie puede entrar en
ellos sin el
consentimiento de su dueño, a no ser por mandato escrito de
autoridad
competente y para fines específicos, o para socorrer a víctimas de
crímenes o
desastres.
Los
servidores públicos de trabajo, de seguridad social y de sanidad pueden
practicar,
previa identificación, visitas domiciliarias o de cumplimiento de las
leyes
sociales y de salud pública.
Artículo
27.- Toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional
y cambiar de
domicilio o e residencia sin más limitaciones que las impongan las
Leyes o
reglamentos de tránsito fiscales, de salubridad y de inmigración.
Artículo
28.- El sistema penitenciario se funda en principios de seguridad,
rehabilitación
y de defensa social. Se prohíbe la aplicación de medidas que
lesionen la
integridad física, mental o moral de los detenidos.
Se
establecerá la capacitación de los detenidos en oficios que les permitan
reincorporarse
útilmente a la sociedad.
Los
detenidos menores de edad estarán sometidos a un régimen especial de
custodia,
protección y educación.
Artículo
29.- La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y
no pueden
ser ocupados o examinados sino por disposición de autoridad
competente,
para fines específicos y mediante formalidades legales. En todo caso
se guardará
reserva sobre los asuntos ajenos al objeto de la ocupación o del
examen.
Igualmente,
las comunicaciones telefónicas privadas son inviolables y no podrán
ser
interceptadas. El registro de papeles se practicará siempre en presencia del
interesado o
de una persona de su familia, o en su defecto, de dos vecinos
honorables
del mismo lugar.
Artículo
30.- No hay pena de muerte, de expatriación, ni de confiscación de
bienes.
Artículo 31.-
Solo serán penados los hechos declarados punibles por Ley anterior
a su
perpetración y exactamente aplicable al acto imputado.
Artículo
32.- Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los
trámites
legales, ni más de una vez por la misma causa penal, política o
disciplinaria.
Artículo
33.- Pueden penar sin juicio previo, en los casos y dentro de lo
precisos
términos de la Ley:
Los servidores públicos que ejerzan mando y
jurisdicción, quienes pueden
imponer multas o arrestos a cualquiera que
los ultraje o falte al respeto en
el acto en que estén desempeñando las
funciones de su cargo o con motivo del
desempeño de las mismas.
Los jefes de la Fuerza Pública, quienes
pueden imponer penas de arresto a sus
subalternos para contener una
insubordinación, un motín o por falta
indisciplinaria.
Los capitanes de buques o aeronaves quienes
estando fuera de puerto tienen
facultad para contener una insubordinación o
motín o mantener el orden a
bordo, y para detener provisionalmente a
cualquier delincuente real o
presunto.
Artículo
34.- En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional o
legal, en
detrimento de laguna persona, el mandato superior no exime de
responsabilidad
a el agente que lo ejecuta. Se exceptúan los miembros de la
Fuerza
Pública cuando estén en servicio en cuyo caso la responsabilidad recae
únicamente
sobre el superior jerárquico que imparte la orden.
Artículo
35.- Es libre la profesión de todas las religiones, así como el
ejercicio de
todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral
cristiana y
la orden público. Se reconoce que la religión católica es la de la
mayoría de
los panameños.
Artículo
36.- Las asociaciones religiosas tienen capacidad jurídica y ordenan y
administran
sus bienes dentro de los límites señalados por la Ley, lo mismo que
las demás
personas jurídicas.
Artículo
37.- Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra,
por escrito
o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero
existen las
responsabilidad legales cuando por alguno de estos medios se atente
contra la
reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o
el orden
público.
Artículo
38.- Los habitantes de la República tienen derecho de reunirse
pacíficamente
y sin armas para fines lícitos. Las manifestaciones o reuniones al
aire libre
no están sujetas a permiso y sólo se requiere para efectuarlas aviso
previo a la
autoridad administrativa local, con anticipación de veinticuatro
horas.
La autoridad
puede tomar medidas de policía para prevenir o reprimir abusos en
el ejercicio
de este hecho, cuando la forma que se ejerza cause o pueda causar
perturbación
del tránsito, alteración del orden público o violación de los
derechos de
derechos de terceros.
Artículo
39.- Es permitido formas compañías, asociaciones y fundaciones que no
sean
contrarias a la moral o al orden lega, las cuales pueden obtener su
reconocimiento
como personas jurídicas. No se otorgará reconocimiento a las
asociaciones
inspiradas en ideas o teorías basadas en la pretendida superioridad
de una raza
o de un grupo étnico, o que justifiquen o promuevan la
discriminación
racial.
La
capacidad, el reconocimiento y el régimen de las sociedades y demás personas
jurídicas se
determinarán por la Ley panameña.
Artículo
40.- Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio
sujeta a los
reglamentos que establezca la Ley en lo relativo a idoneidad,
moralidad,
previsión y seguridad sociales, colegiación, salud pública,
sindicación
y cotizaciones obligatorias.
No se
establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones
liberales y
de los oficios y las artes.
Artículo
41.- Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas
respetuosas
a los servidores públicos por motivos de interés social o
particular,
y el de obtener pronta resolución.
El servidor
público ante quien se presente una petición, consulta o queja deberá
resolver
dentro del término de treinta días.
La Ley
señalará las sanciones que corresponden a la violación de esta norma.
Artículo
42.- Los Ministros de los cultos religiosos, además de las funciones
inherentes a
su misión, sólo podrán ejercer los cargos públicos que se
relacionen
con la asistencia social, la educación o la investigación científica.
Artículo
43.- Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden
público o de
interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal
la Ley
favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando
hubiese
sentencia ejecutoriada.
Artículo
44.- Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley
por personas
jurídicas o naturales.
Artículo 45.-
La propiedad privada implica obligación para su dueño por razón de
la función
social que debe llenar.
Por motivos
de utilidad pública o de interés social definidos en la Ley, puede
haber
expropiación mediante juicio especial e indemnización.
Artículo
46.- Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de
utilidad o
de interés social resultaren en conflicto los derechos de
particulares
con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado
deberá ceder
al interés del público o social.
Artículo
47.- En caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de
interés
social urgente, que exijan medidas rápidas, el Ejecutivo puede decretar
la
expropiación u ocupación de la propiedad privada.
Cuando fuese
factible la devolución del objeto ocupado, la ocupación solo será
por el
tiempo que duren las circunstancias que la hubieren causado.
El Estado es
siempre responsable por toda expropiación que así lleve a cabo el
ejecutivo y
por los daños y perjuicios causados por la ocupación, y pagará su
valor cuando
haya cesado el motivo determinante de la expropiación u ocupación.
Artículo
48.- Nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto, que no
estuvieren
legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la forma
prescrita
por las leyes.
Artículo
49.- Todo autor, artista o inventor goza de la propiedad exclusiva de
su obra o
invención durante el tiempo y en la forma que establezca la ley.
Artículo
50.- Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier
servidor
público, una orden de hacer o no hacer, que viole los derechos y
garantías
que está constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea
revocada a
petición suya o de cualquiera persona.
El recurso
de amparo de garantías constitucionales a que este artículo se
refiere, se
tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de
los
tribunales judiciales.
Artículo
51.- En caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace
la paz y el
orden público, se podrá declarar en estado de urgencia toda la
República o
parte de ella y suspender temporalmente, de modo parcial o total,
los efectos
de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 44 de la
Constitución.
El estado de
urgencia y la suspensión de los efectos de las normas
constitucionales
citadas serán declarados por el Organo Ejecutivo mediante
decreto
acordado en Consejo de Gabinete. El Organo Legislativo, por derecho
propio o a
instancia del Presidente de la República, deberá conocer de la
declaratoria
del estado referido si el mismo se prolonga por más de diez días y
confirmar o
revocar, total o parcialmente, las decisiones adoptadas por el
Consejo de
Gabinete, relacionadas con el estado de urgencia.
Al cesar la
causa que haya motivado la declaratoria del estado de urgencia, el
Organo
Legislativo, si estuviese reunido, o, si no lo estuviere, el Consejo de
Gabinete
levantará el estado de urgencia.
Capítulo 2o.
La Familia
Artículo
52.- El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La
ley
determinará lo relativo al estado civil.
El Estado
protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará
el derecho
de estos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y
previsión
sociales.
Igualmente
tendrán derecho a esta protección los ancianos y enfermos desvalidos.
Artículo
53.- El matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la
igualdad de
derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley.
Artículo
54.- La unión de hecho entre personas legalmente capacitadas para
contraer
matrimonio, mantenida durante cinco años consecutivos en condiciones de
singularidad
y estabilidad, surtirá todos los efectos del matrimonio civil.
Para este
fin bastará que las partes interesadas soliciten conjuntamente al
registro
civil la inscripción de matrimonio de hecho, el cual podrá tramitarse
por
intermedio de los corregidores. Cuando no se haya efectuado esa solicitud el
matrimonio
podrá comprobarse, para los efectos de la reclamación de sus
derechos,
por uno de los cónyuges u otro interesado, mediante los trámites que
determine la
ley. Podrán, no obstante, oponerse a que se haga la inscripción o
impugnarla
después de hecha el Ministerio Público en interés de la moral y de la
ley, o los
terceros que aleguen derechos susceptibles de ser afectados por la
inscripción,
si la declaración fuere contraria a la realidad de los hechos.
Artículo
55.- La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que tienen
los padres
en relación con los hijos.
Los padres
están obligados a alimentar, educar y proteger a sus hijos para que
obtengan una
buena crianza y un adecuado desarrollo físico y espiritual, y éstos
a
respetarlos y asistirlos.
La ley
regulará el ejercicio de la patria potestad de acuerdo con el interés
social y el
beneficio de los hijos.
Artículo
56.- Los padres tienen para con sus hijos habidos fuera del matrimonio
los mismo
deberes que respecto de los nacidos en él. Todos los hijos son iguales
ante la Ley
y tienen el mismo derecho hereditario en las sucesiones intestadas.
La Ley
reconocerá los derechos de los hijos menores o inválidos y de los padres
desvalidos
en las sucesiones testadas.
Artículo
57.- La ley regulará la investigación de la paternidad. Queda abolida
toda
calificación sobre la naturaleza de la filiación. No se consignará
declaración
alguna que establezca diferencia en los nacimiento o sobre el estado
civil de los
padres en las actas de inscripción de aquellos, ni en ningún
atestado,
partida de bautismo o certificado referente a la filiación.
Se concede
facultad al padre del hijo nacido con anterioridad a la vigencia de
esta
constitución para ampararlo con lo dispuesto en este artículo, mediante la
rectificación
de cualquier acta o atestado en los cuales se halle establecida
clasificación
alguna con respecto a dicho hijo. No se requiere para esto el
consentimiento
de la madre. Si el hijo es mayor de edad, éste debe otorgar su
consentimiento.
En los actos
de simulación de paternidad , podrá objetar esta medida quien se
encuentre
legalmente afectado por el acto.
La Ley
señalará el procedimiento.
Artículo
58.- El Estado velará por el mejoramiento social y económico de la
familia y
organizará el patrimonio familiar determinando la naturaleza y cuantía
de los
bienes que deben constituirlo, sobre la base de que es inalienable e
inembargable.
Artículo
59.- El Estado creará un organismo destinado a proteger la familia con
el fin de:
Promover la paternidad y la maternidad
responsables mediante la educación
familiar.
Institucionalizar la educación de los
párvulos en centros especializados para
atender aquéllos cuyos padres o tutores así
lo soliciten.
Proteger a los menores y ancianos, y
custodiar y readaptar socialmente a los
abandonados, desamparados, en peligro moral
o con desajustes de conducta.
La ley
organizará y determinará el funcionamiento de la jurisdicción especial de
menores la
cual, entre otras funciones, conocerá sobre la investigación de la
paternidad,
el abandono de familia y los problemas de conducta juvenil.
Capítulo 3o.
El Trabajo
Artículo
60.- El trabajo es un derecho y un deber del individuo, y por lo tanto
es una
obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a
promover el
pleno empleo y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias
a una
existencia decorosa.
Artículo
61.- A todo trabajador al servicio del Estado o de empresas públicas o
privadas o
de individuos particulares se le garantiza su salario o sueldo
mínimo. Los
trabajadores de la empresa que la Ley determine participarán en las
utilidades
de las mismas, de acuerdo con las condiciones económicas del país.
Artículo
62.- La Ley establecerá la manera de ajustar periódicamente el salario
o sueldo
mínimo del trabajador, con el fin de cubrir las necesidades normales de
su familia,
mejorar su nivel de vida, según las condiciones particulares de cada
región y de
cada actividad económica; podrá determinar asimismo el método para
fijar
salarios o sueldos mínimos por profesión u oficio.
En los
trabajos por tarea o pieza, es obligatorio que quede asegurado el salario
mínimo por
pieza o jornada.
El mínimo de
todo salario o sueldo es inembargable, salvo las obligaciones
alimenticias
en la forma que establezca la Ley. Son también inembargables los
instrumentos
de labor de los trabajadores.
Artículo
63.- A trabajo igual en idénticas condiciones, corresponde siempre
igual
salario o sueldo, cualesquiera que sean las personas que lo realicen, sin
distinción
de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas políticas o
religiosas.
Artículo
64.- Se reconoce el derecho de sindicación a los empleadores,
asalariados
y profesionales de todas clases para los fines de su actividad
económica y
social.
El ejecutivo
tendrá un tiempo improrrogable de treinta días para admitir o
rechazar la
inscripción de un sindicato.
La Ley
regulará lo concerniente al reconocimiento por el Ejecutivo de los
sindicatos,
cuya personería jurídica quedará determinada por la inscripción.
El Ejecutivo
no podrá disolver un sindicato sino cuando se aparte
permanentemente
de sus fines y así lo declare tribunal competente mediante
sentencia
firme.
Las
directivas de estas asociaciones estarán integradas exclusivamente de
panameños.
Artículo
65.- Se reconoce el derecho de huelga. La ley reglamentará su ejercicio
y podrá
someterlo a restricciones especiales en los servicios públicos que ella
determine.
Artículo
66.- La jornada máxima de trabajo diurno es de ocho horas y la semana
laborable de
hasta cuarenta y ocho: la jornada máxima nocturna no será mayor de
siete horas
y las horas extraordinarias serán remuneradas con recargo.
La jornada
máxima podrá ser reducida hasta seis horas diarias para los mayores
de catorce
años y menores de dieciocho. Se prohibe el trabajo a los menores de
catorce años
y el nocturno a los menores de dieciséis, salvo las excepciones que
establezca
la Ley. Se prohibe igualmente el empleo de menores hasta catorce años
en calidad
de sirvientes domésticos y el trabajo de los menores y de las mujeres
en
ocupaciones insalubres.
Además del
descanso semanal, todo trabajador tendrá derecho a vacaciones
remuneradas.
La Ley podrá
establecer el descanso semanal remunerado de acuerdo con las
condiciones
económicas y sociales del país y el beneficio de los trabajadores.
Artículo
67.- Son nulas, y por lo tanto, no obligan a los contratantes, aunque
se expresen
en un convenio de trabajo o en otro pacto cualquiera, las
estipulaciones
que impliquen renuncia, disminución, adulteración o dejación de
algún
derecho reconocido a favor del trabajador. La Ley regulará todo lo
relativo al
contrato de trabajo.
Artículo
68.- Se protege la maternidad de la mujer trabajadora. La que esté en
estado de
gravidez no podrá ser separada de su empleo público o particular por
esta causa.
Durante un mínimo de seis semanas procedentes al parto y las ocho
que le
siguen, gozará de descanso forzoso retribuido del mismo modo que su
trabajo y
conservará el empleo y todos los derechos correspondientes a su
contrato. al
incorporarse la madre trabajadora a su empleo no podrá ser
despedida
por el término de un año, salvo en casos especiales previstos en la
Ley, la cual
reglamentará además, las condiciones especiales de trabajo de la
mujer en
estado de preñez.
Artículo
69.- Se prohibe la contratación de trabajadores extranjeros que puedan
rebajar las
condiciones de trabajo o las normas de vida del trabajador nacional.
La Ley
regulará la contratación de Gerentes, Directores Administrativos y
Ejecutivos,
técnicos y profesionales extranjeros para servicios públicos y
privados,
asegurando siempre los derechos de los panameños y de acuerdo con el
interés
nacional.
Artículo
70.- Ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa y sin las
formalidades
que establezca la Ley. Esta señalará las causas justas para el
despido, sus
excepciones especiales y la indemnización correspondiente.
Artículo
71.- El Estado o la empresa privada impartirán enseñanza profesional
gratuita al
trabajador. La Ley reglamentará la forma de prestar este servicio.
Artículo
72.- Se establece la capacitación sindical. Será impartida
exclusivamente
por el Estado y las organizaciones sindicales panameñas.
Artículo
73.- Todas las controversias que originen las relaciones entre el
capital y el
trabajo, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo que se
ejercerá de
conformidad con lo dispuesto por la Ley.
Artículo
74.- La Ley regulará las relaciones entre el capital y el trabajo,
colocándolas
sobre una base de justicia social y fijando una especial protección
estatal en
beneficio de los trabajadores.
Artículo
75.- Los derechos y garantías ejercidas en este Capítulo serán
considerados
como mínimos a favor de los trabajadores.
Capítulo 4o.
Cultura
Nacional
Artículo
76.- El Estado reconoce el derecho de todo ser humano a participar en
la cultura y
por tanto debe fomentar la participación de todos los habitantes de
la República
en la cultura nacional.
Artículo
77.- La cultura nacional esta constituida por las manifestaciones
artísticas,
filosóficas y científicas producidas por el hombre en Panamá a
través de
las épocas.
El Estado
promoverá, desarrollará y custodiará este patrimonio cultural.
Artículo
78.- El Estado velará por la defensa, difusión y pureza del idioma
español.
Artículo
79.- El Estado formulará la política científica nacional destinada a
promover el
desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Artículo
80.- El Estado reconoce la individualidad y el valor universal de la
obra
artística; auspiciará y estimulará a los artistas nacionales divulgando sus
obras a
través de sistemas de orientación cultural y promoverá a nivel nacional
el
desarrollo del arte en todas sus manifestaciones mediante instituciones
académicas,
de divulgación y de recreación.
Artículo
81.- Constituyen el patrimonio histórico de la Nación los sitios y
objetos
arqueológicos, los documentos, los monumentos históricos y otros bienes
muebles o
inmuebles que sean testimonio del pasado panameño. El Estado decretará
la
expropiación de los que se encuentren en manos de particulares. La Ley
reglamentará
lo concerniente a su custodia, fundada en la primacia histórica de
los mismos y
tomará las providencias necesarias para conciliarla con la
factibilidad
de programas de carácter comercial, turístico, industrial y de
orden
tecnológico.
Artículo
82.- El Estado fomentará el desarrollo de la cultura física mediante
instituciones
deportivas, de enseñanza y de recreación que serán reglamentadas
por la Ley.
Artículo
83.- El Estado reconoce que las tradiciones folclóricas constituyen
parte
medular de la cultura nacional y por tanto promoverá su estudio,
conservación
y divulgación, estableciendo su primacía sobre manifestaciones o
tendencias
que la adulteren.
Artículo
84.- Las lenguas aborígenes serán objeto de especial estudio,
conservación
y divulgación y el Estado promoverá programas de alfabetización
bilingüe en
las comunidades indígenas.
Artículo
85.- Los medios de comunicación social son instrumentos de información,
educación,
recreación y difusión cultural y científica. Cuando sean usados para
la
publicidad o la difusión de propaganda, estas no deben ser contrarias a la
salud, la
moral, la educación, formación cultural de la sociedad y la conciencia
nacional. La
Ley reglamentará su funcionamiento.
Artículo
86.- El Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las
comunidades
indígenas nacionales, realizará programas tendientes a desarrollar
los valores
materiales, sociales y espirituales propios de cada uno de sus
culturas y
creará una institución para el estudio, conservación, divulgación de
las mismas y
de sus lenguas, así como la promoción del desarrollo integral de
dichos
grupos humanos.
Capítulo
5o
Educación
Artículo
87.- Todos tienen derecho a la educación y la responsabilidad de
educarse. El
Estado organiza y dirige el servicio público de la educación
nacional y
garantiza a los padres de familia el derecho de participar en el
proceso
educativo de sus hijos.
La educación
se basa en la ciencia, utiliza sus métodos. Fomenta su crecimiento
y difusión y
aplica sus resultados para asegurar el desarrollo de la persona
humana y de
la familia, al igual que la afirmación y fortalecimiento de la
Nación
panameña como comunidad cultural y política.
La educación
es democrática y fundada en principios de solidaridad humana y
justicia
social.
Artículo
88.- La educación debe atender el desarrollo armónico e integral del
educando
dentro de la convivencia social, en los aspectos físico, intelectual y
moral,
estético y cívico y debe procurar su capacitación para el trabajo útil en
interés
propio y en beneficio colectivo.
Artículo
89.- Se reconoce que es finalidad de la educación panameña fomentar en
el
estudiante una conciencia nacional basada en el conocimiento de la historia y
los
problemas de la patria.
Artículo
90.- Se garantiza la libertad de enseñanza y se reconoce el derecho de
crear
centros docentes particulares con sujeción a la Ley. El Estado podrá
intervenir
en los establecimientos docentes particulares para que cumplan en
ellos los
fines nacionales y sociales de la cultura y la formación intelectual,
moral,
cívica y física de los educandos.
La educación
pública es la que imparten las dependencias oficiales y la
educación
particular es la impartida por las entidades privadas.
Los
establecimientos de enseñanza, sean oficiales o particulares, están abiertos
a todos los
alumnos, sin distinción de raza posición social, ideas políticas,
religión o
naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores.
La Ley
reglamentará tanto la educación pública como la educación particular.
Artículo
91.- La educación oficial es gratuita en todos los niveles
pre-universitarios.
Es obligatorio el primer nivel de enseñanza o educación
básica
general.
La gratuidad
implica para el Estado proporcionar al educando todos los útiles
necesarios
para su aprendizaje mientras complete su educación básica general.
La gratuidad
de la educación no impide el establecimiento de un derecho de
matrícula
pagada en los niveles no obligatorios.
Artículo
92.- La Ley determinará la dependencia estatal que elaborará y aprobará
los planes
de estudios, los programas de enseñanza y los niveles educativos, así
como la
organización de un sistema de nacional de orientación educativa, todo
ellos de
conformidad con as necesidades nacionales.
Artículo
93.- Se establece la educación laboral, como una modalidad no regular
de sistema
de educación, con programas de educación básica y capacitación
especial.
Artículo
94.- Las empresas particulares cuyas operaciones alteren
significativamente
la población escolar en un área determinada, contribuirán a
atender las
necesidades educativas de conformidad con las normas oficiales y las
empresas
urbanizadoras tendrán esta misma responsabilidad en cuanto a los
sectores que
desarrollen.
Artículo
95.- Sólo se reconocen los títulos académicos y profesionales expedidos
por el
Estado o autorizados por éste de acuerdo con la Ley. La Universidad
Oficial del
Estado fiscalizará a las universidades particulares aprobadas
oficialmente
para garantizar los títulos que expidan y revalidará los de
universidades
extranjeras en los casos que la Ley establezca.
Artículo
96.- La educación se impartirá en el idioma oficial, pero por motivos
de interés
público la Ley podrá permitir que en algunos planteles ésta se
imparta
también en idioma extranjero.
La enseñanza
de la historia de Panamá y de la educación cívica será dictada por
panameños.
Artículo
97.- La Ley podrá crear incentivos económicos en beneficio de la
educación
pública y de la educación particular, así como para la edición de
obras
didácticas nacionales.
Artículo
98.- El Estado establecerá sistemas que proporcionen los recursos
adecuados
para otorgar becas, auxilios u otras prestaciones económicas a los
estudiantes
que lo merezcan o lo necesiten.
En igualdad
de circunstancias se preferirá a los económicamente más necesitados.
Artículo
99.- La Universidad Oficial de la República es autónoma. Se le reconoce
personería
jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo. tiene
facultad
para organizar sus estudios y designar y separar su personal en la
forma que
determine la Ley. Incluirá en sus actividades el estudio de los
problemas
nacionales así como la difusión de la cultura nacional. Se dará igual
importancia
a la educación universitaria impartida en Centros Regionales que a
la otorgada
en la capital.
Artículo
100.- Para hacer efectiva la autonomía económica de la Universidad, el
Estado la
dotará de lo indispensable para su instalación, funcionamiento y
desarrollo
futuro, así como del patrimonio de que trata el Artículo anterior y
de los
medios necesarios para acrecentarlo.
Artículo
101.-Se reconoce la libertad de cátedra sin otras limitaciones que las
que, por
razones de orden público, establezca el Estatuto Universitario.
Artículo
102.- La excepcionalidad del estudiante, en todas sus manifestaciones,
será
atendida mediante educación especial, basada en la investigación científica
y
orientación educativa.
Artículo
103.-Se enseñará la religión católica en las escuelas públicas, pero su
aprendizaje
y la asistencia a los cultos religiosos no serán obligatorios cuando
lo soliciten
sus padres o tutores.
Artículo
104.-El Estado desarrollará programas de educación y promoción para
grupos
indígenas ya que poseen patrones culturales propios, a fin de lograr su
participación
activa en la función ciudadana.
Capítulo
6o.
Salud,
Seguridad Social y Asistencia Social
Artículo
105.- Es función esencial del Estado velar por la salud de la población
de la
República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la
promoción ,
protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y
la obligación
de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico,
mental y
social.
Artículo
106.-En materia de salud, corresponde primordialmente al Estado el
desarrollo
de las siguientes actividades, integrando las funciones de
prevención,
curación y rehabilitación:
Desarrollar una política nacional de
alimentación y nutrición que asegure un
óptimo estado nutricional para toda la
población, al promover la
disponibilidad, el consumo y el
aprovechamiento biológico de los alimentos
adecuados.
Capacitar al individuo y a los grupos
sociales, mediante acciones educativas,
que difundan el conocimiento de los deberes
y derechos individuales y
colectivos en materia de salud personal y
ambiental.
Proteger la salud de la madre, del niño y
del adolescente, garantizando una
atención integral durante el proceso de
gestación, lactancia, crecimiento y
desarrollo en la niñez y adolescencia.
Combatir las enfermedades transmisibles
mediante el saneamiento ambiental, el
desarrollo de la disponibilidad de agua
potable y adoptar medidas de
inmunización, profilaxis y tratamiento,
proporcionadas colectivamente o
individualmente, a toda la población.
Crear, de acuerdo con las necesidades de
cada región, establecimientos en los
cuales se preste servicio de salud integral
y suministren medicamentos a toda
la población. Estos servicios de salud y
medicamentos serán proporcionados
gratuitamente a quienes carezcan de recursos
económicos.
Regular y vigilar el cumplimiento de las
condiciones de salud y la seguridad
que deban reunir los lugares de trabajo,
estableciendo una política nacional
de medicina e higiene industrial y laboral.
Artículo
107.- El Estado deberá desarrollar un apolítica nacional de
medicamentos
que promueva la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad
y control de
los medicamentos para toda la población del país.
Artículo
108.- Es deber del Estado establecer una política de población que
responda a
las necesidades del desarrollo social y económico del país.
Artículo
109.- Todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios
económicos
de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener
trabajo
retribuido. Los servicios de seguridad social serán prestados o
administrados
por entidades autónomas y cubrirán los casos de enfermedad,
maternidad,
invalidez, subsidio de familia, vejez, viudez, orfandad, paro
forzoso,
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y las demás
contingencias
que puedan ser objetos de previsión y seguridad social. La Ley
proveerá la
implantación de tales servicios a medida que las necesidades lo
exijan.
El Estado
creará establecimientos de asistencia y previsión sociales. Son tareas
fundamentales
de éstos la rehabilitación económica y social de los sectores
dependientes
o carentes de recursos y la atención de los mentalmente incapaces,
los enfermos
crónicos, los inválidos indigentes y de los grupos que no hayan
sido
incorporados al sistema de seguridad social.
Artículo
110.- El Estado podrá crear fondos complementarios con el aporte y
participación
de los trabajadores de las empresas públicas y privadas a fin de
mejorar los
servicios de seguridad social en materia de jubilaciones. La Ley
reglamentará
esta materia.
Artículo
111.- Los sectores gubernamentales de salud, incluyendo sus
instituciones
autónomas y semiautónomas, intégranse orgánica y funcionalmente.
La Ley
reglamentará esta materia.
Artículo
112.- Las comunidades tienen el deber y el derecho de participar en la
planificación,
ejecución y evaluación de los distintos programas de salud.
Artículo
113.- El Estado establecerá una política nacional de vivienda destinada
a
proporcionar el goce de este derecho social a toda la población, especialmente
a los
sectores de menor ingreso.
Capítulo
7o.
Régime
Ecológico
Artículo
114.- Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva
en un
ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los
alimentos
satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida
humana.
Artículo
115.- El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen
el deben de
propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la
contaminación
del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la
destrucción
de los ecosistemas.
Artículo
116.- El Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las
medidas
necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la
fauna
terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas, se
lleven a
cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure
su
preservación, renovación y permanencia.
Artículo
117.- La Ley reglamentará el aprovechamiento de los recursos naturales
no
renovables, a fin de evitar que del mismo se deriven perjuicios sociales,
económicos y
ambientales.
Capítulo
8o.
Régime
Agrario
Artículo
118.- El Estado prestará atención especial al desarrollo integral del
sector
agropecuario, fomentará el aprovechamiento óptimo del suelo, velará por
su
distribución racional y su adecuada utilización y conservación a fin de
mantenerlo
en condiciones productivas y garantizará el derecho de todo
agricultor a
una existencia decorosa.
Artículo
119.- El Estado no permitirá la existencia de áreas incultas,
improductivas
y ociosas y regulará las relaciones de trabajo en el agro,
fomentando
una máxima productividad y justa distribución de los beneficios de
ésta.
Artículo
120.- El Estado dará atención especial a las comunidades campesinas e
indígenas
con el fin de promover su participación económica, social y política
en la vida
nacional.
Artículo
121.- El correcto uso de la tierra agrícola es un deber del propietario
para con la
comunidad y será regulado por la Ley de conformidad con su
clasificación
ecológica a fin de evitar la subutilización y disminución de su
potencial
productivo.
Artículo
122.- Para el cumplimiento de los fines de la política agraria, el
Estado
desarrollará las siguientes actividades:
Dotar a los campesinos de las tierras de
labor necesarias y regular el uso de
las aguas. La Ley podrá establecer un
régimen especial de propiedad colectiva
para las comunidades campesinas que lo
soliciten.
Organizar la asistencia crediticia para
satisfacer las necesidades de
financiamiento de la actividad agropecuaria
y, en especial, del sector de
escasos recursos y sus grupos organizados y
dar atención especial al pequeño y
mediano productor.
Tomar medidas para asegurar mercados
estables y precios equitativos a los
productos y para impulsar el establecimiento
de entidades, corporaciones y
cooperativas de producción,
industrialización, distribución y consumo.
Establecer medios de comunicación y
transporte para unir las comunidades
campesinas e indígenas con los centros de
almacenamiento distribución y
consumo.
Colonizar nuevas tierras y reglamentar la
tenencia y el uso de las mismas y de
las que se integren a la economía como
resultado de la construcción de nuevas
carreteras.
Estimular el desarrollo del sector agrario
mediante asistencia técnica y
fomento de la organización, capacitación,
protección, tecnificación y demás
formas que la Ley determine.
Realizar estudios de la tierra a fin de
establecer la clasificación agrológica
del suelo panameño.
La política
establecida para este Capítulo será aplicable a las comunidades
indígenas de
acuerdo con los métodos científicos de cambio cultural.
Artículo
123.- El Estado garantiza a las comunidades indígenas la reserva de las
tierras
necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su
bienestar
económico y social. La Ley regulará los procedimientos que deban
seguirse
para lograr esta finalidad y las delimitaciones correspondientes dentro
de las
cuales se prohíbe la apropiación privada de las tierras.
Artículo
124.- Se establece la jurisdicción agraria y la Ley determinará la
organización
y distribución de sus tribunales.
TÍTULO IV
DERECHOS
POLÍTICOS
Capítulo 1o.
De la
Ciudadanía
Artículo
125.- Son ciudadanos de la República todos los panameños mayores de
dieciocho
años, sin distinción de sexo.
Artículo
126.- Los derechos políticos y la capacidad para ejercer cargos
públicos con
mando y jurisdicción, se reservan a los ciudadanos panameños.
Artículo
127.-El ejercicio de los derechos ciudadanos se suspende:
Por la causa expresada en el artículo 13 de
esta Constitución.
Por pena conforme a la Ley.
Artículo
128.- La Ley regulará la suspensión y recobro de la ciudadanía.
Capítulo
2o.
El Sufragio
Artículo
129.- El sufragio es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. El
voto es
libre, igual, universal, secreto y directo.
Artículo
130.- Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y
honradez del
sufragio. Se prohiben:
El apoyo oficial directo o indirecto a
candidatos a puestos de elección
popular, aun cuando fueren velados los
medios empleados a tal fin.
Las actividades de propaganda y afiliación
partidista en las oficinas
públicas.
La exacción de cuotas o contribuciones a los
empleados públicos para fines
políticos, aun a pretexto de que son
voluntarias.
Cualquier acto que impida o dificulte a un
ciudadano obtener, guardar o
presentar personalmente su cédula de
identidad.
La Ley
tipificará los delitos electorales y señalará las sanciones respectivas.
Artículo
131.- Las condiciones de elegibilidad para ser candidatos a cargo de
elección
popular, por parte de funcionarios públicos, serán definidas en la Ley.
Artículo
132.- Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren
a la
formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos
fundamentales
para la participación política, sin perjuicio de la postulación
libre en la
forma prevista en la Ley.
La Ley
reglamentará el reconocimiento y subsistencia de los partidos políticos,
sin que, en
ningún caso, pueda establecer que el número de los votos necesarios
para su
subsistencia sea superior al cinco por ciento de los votos válidos
emitidos en
las elecciones para Presidente, Legisladores o Representantes de
Corregimientos,
según la votación favorable al partido.
Artículo 133.-
No es lícita la formación de partidos que tengan por base el
sexo, la
raza, la religión o que tiendan a destruir la forma democrática de
Gobierno.
Artículo
134.- Los partidos políticos tendrán derecho, en igualdad de
condiciones,
al uso de los medios de comunicación social que el Gobierno Central
administre y
a recabar y recibir informes de todas las autoridades públicas
sobre
cualquier materia de su competencia, que no refieran a las relaciones
diplomáticas
reservadas.
Artículo
135.- El Estado podrá fiscalizar y contribuir a los gastos en que
incurran las
personas naturales y los partidos políticos en los procesos
electorales.
la Ley determinará y reglamentará dichas fiscalizaciones y
contribuciones,
asegurando la igualdad de erogaciones de todo partido o
candidato.
Capítulo
3o.
El Tribunal
Electoral
Artículo
136.- Con el objeto de garantizar la libertad, honradez y eficacia del
sufragio
popular, establécese un Tribunal autónomo. Se le reconoce personería
jurídica,
patrimonio propio y derecho de administrarlo. Interpretará y aplicará
privativamente
la Ley Electoral, dirigirá, vigilará y fiscalizará la inscripción
de hechos
vitales, defunciones, naturalización y demás hechos y actos jurídicos
relacionados
con el estado civil de las personas; la expedición de la cédula de
identidad
personal y las fases del proceso electoral.
El Tribunal
tendrá jurisdicción en toda la República y se compondrá de tres
Magistrados
que reúnan los mismos requisitos que exigen para ser Magistrado de
la Corte
Suprema de Justicia, los cuales serán designados para un período de
diez años,
así: uno por el Organo Legislativo, otro por el Organo Ejecutivo y el
tercero por
Corte Suprema de Justicia, entre personas que no formen parte de la
autoridad
nominadora. Para cada principal se nombrarán en la misma forma dos
suplentes,
quienes no podrán ser funcionarios del Tribunal Electoral.
Los
Magistrados del Tribunal Electoral son responsables ante la Corte Suprema de
Justicia por
las faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y
les son
aplicables los artículos 202, 205, 207, 208, 209 y 213 con las sanciones
que
determine la ley.
Artículo
137.- El Tribunal Electoral tendrá además de las que le confiere la
Ley, las
siguientes atribuciones que ejercerá, excepto las
consignadas
en los numerales 5 y 7:
Efectuar las inscripciones de nacimientos,
matrimonios, defunciones,
naturalizaciones y demás hechos y actos
jurídicos relacionados con el estado
civil de las personas y hacer las
anotaciones precedentes en las respectivas
inscripciones.
Expedir la cédula de identidad personal.
Reglamentar la Ley Electoral, interpretarla
y aplicarla y conocer de las
controversias que originen su aplicación.
Sancionar las faltas y delitos contra la
libertad y pureza del sufragio y de
conformidad con la Ley.
Levantar el Censo Electoral.
Organizar, dirigir y fiscalizar el registro
de electores y resolver las
controversias, quejas y denuncias que al
respecto ocurrieren.
Tramitar los expedientes de las solicitudes
de migración y naturalización.
Nombrar los miembros de las corporaciones
electorales, en los cuales se deberá
garantizar la representación de los partidos
políticos legalmente
constituidos. La Ley reglamentará esta
materia.
Las
decisiones del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo y
una vez
cumplidos los trámites de Ley, serán definitivas, irrevocables y
obligatorias.
Se exceptúa
lo referente al recurso de inconstitucionalidad.
Artículo
138.- La Fiscalía Electoral es una agencia de instrucción independiente
y
coadyuvante del Tribunal Electoral.
El Fiscal
Electoral será nombrado por el Organo Ejecutivo sujeto a la aprobación
del Organo
Legislativo, por un período de diez años; deberá llenar los mismos
requisitos
que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y tendrá
iguales
restricciones. Sus funciones son:
Salvaguardar los derechos políticos de los
ciudadanos.
Vigilar la conducta oficial de los
funcionarios públicos en lo que respecta a
los derechos y deberes políticos
electorales.
Perseguir los delitos y contravenciones
electorales.
Ejercer las demás funciones que señale la
Ley.
Artículo
139.-Las autoridades públicas están obligadas a acatar y cumplir las
órdenes y
decisiones emanadas de los funcionarios de la jurisdicción electoral,
prestando a
éstos la obediencia, cooperación y ayuda que requieren para el
desempeño de
sus atribuciones. La omisión o negligencia en el cumplimiento de
tal
obligación será sancionada de acuerdo con lo que disponga la Ley.
TÍTULO V
EL ÓRGANO
LEGISLATIVO
Capítulo 1o.
Asamblea
Legislativa
Artículo
140.- El Organo Legislativo estará constituido por una corporación
denominada
Asamblea Legislativa cuyos miembros serán elegidos mediante
postulación
partidista y votación popular directa, conforme esta constitución lo
establece.
Artículo
141.- La Asamblea Legislativa se compondrá de los Legisladores que
resulten
elegidos en cada Circuito Electoral, de conformidad con las bases
siguientes:
Cada Provincia y la Comarca de San Blas se
dividirán en Circuitos Electorales.
La Provincia de Darién y la Comarca de San
Blas tendrán dos Circuitos
Electorales cada una, y en éstos se elegirá
un Legislador por cada Circuito
Electoral.
Los actuales Distritos Administrativos que,
según el último Censo Nacional de
Población, excedan de cuarenta mil
habitantes, formarán un Circuito Electoral
cada uno y en tales circuitos se elegirá un
Legislador por cada treinta mil
habitantes y uno más por residuo que no baje
de diez mil. El Distrito de
Panamá se dividirá a su vez en cuatro
Circuitos Electorales, de conformidad
con el numeral cinco de este artículo y
según lo disponga la Ley. En los
Circuitos Electorales en que debe elegir a
dos o más Legisladores, la elección
se hará conforme al sistema de
representación proporcional que establezca la
Ley.
Excepto la Provincia de Darién, la Comarca
de San Blas y los Distritos
Administrativos actuales a que se refiere el
numeral tres, anterior, en cada
Provincia habrá tantos Circuitos Electorales
cuantos correspondan a razón de
uno por cada treinta mil habitantes y uno
más por residuo que no baje de diez
mil, según el último Censo Nacional de
Población, previa deducción de la
población que corresponde a los actuales
Distritos Administrativos de que
trata el numeral tres. En cada uno de dichos
Circuitos Electorales se eligirá
un Legislador.
Cada Circuito Electoral tendrá un máximo de
cuarenta mil habitante y un mínimo
de veinte mil habitantes, pero la Ley podrá
crear Circuitos Electorales que
excedan el máximo o reduzcan el mínimo anteriores,
para tomar en cuenta las
divisiones políticas actuales, la proximidad
territorial, la concentración de
la población indígena, los lazos de
vecindad, las vías de comunicación y los
factores históricos y culturales, como
criterios básicos para el agrupamiento
de la población en Circuitos Electorales.
Los partidos políticos que hubieren
alcanzado el número de votos exigidos para
subsistir como tales, y que no hayan logrado
la elección de un Legislador en
algún Circuito Electoral, tienen derecho a
que se les adjudique un escaño de
Legislador. La adjudicación se hará en favor
del candidato que hubiere
obtenido mayor número de votos para
Legislador, dentro de su partido.
Unicamente los partidos políticos podrán postular
candidatos para Legislador.
A cada
Legislador corresponde dos suplentes, elegidos de igual modo y el mismo
día que
aquél, los cuales lo reemplazarán en sus faltas, según el orden de su
elección.
Después de
la primera elección de Legisladores de que trata el presente
artículo, la
Ley podrá establecer, para la conformación de los Circuitos
Electorales,
pautas distintas a las contenidas en esta disposición, pero tomando
en cuenta,
como punto de partida, para la estructuración de los Circuitos
Electorales,
la división política administrativa actual de Distritos.
Artículo
142.- Los legisladores serán elegidos por un período de cinco años, el
mismo día en
que se celebre la elección ordinaria de Presidente y Vicepresidente
de la República.
Artículo
143.- La Asamblea Legislativa se reunirá por derecho propio, sin previa
convocatoria,
en la Capital de la República, en sesiones que durarán ocho meses
en el lapso
de un año, dividido en dos legislaturas ordinarias de cuatro meses
cada una.
Dichas legislaturas se extenderán del primero de septiembre hasta el
treinta y
uno de diciembre y el primero de marzo al treinta de junio. También se
reunirá la
asamblea Legislativa, en legislatura extraordinaria, cuando sea
convocada
por el Organo Ejecutivo durante el tiempo que ésta señale, para
conocer
exclusivamente de los asuntos que dicho Organo someta a su
consideración.
Artículo
144.- Los Legisladores actuarán en interés de la Nación y representan
en la
Asamblea Legislativa a sus respectivos partidos políticos y a los
electores de
su Circuito Electoral.
Artículo
145.- Los partidos políticos podrán revocar el mandato de los
Legisladores
principales o suplentes que hayan postulado, para lo cual cumplirán
los
siguiente requisitos y formalidades:
Las causales de revocatoria y el
procedimiento aplicable deberán estar
previstos en los Estatutos del Partido.
Las causales deberán referirse a violaciones
graves de los Estatutos y de la
plataforma ideológica, política o
programática del partido y haber sido
aprobadas mediante resolución dictada por el
Tribunal Electoral con
anterioridad de la fecha de postulación.
El afectado tendrá derecho, dentro de su
Partido, a ser oído y a defenderse en
dos instancias.
La decisión del Partido en que se adopte la
revocatoria de mandato estará
sujeta a recurso del cual conocerá
privativamente el Tribunal Electoral y que
tendrá efecto suspensivo.
Los Partidos
políticos también podrán revocar el mandato de los Legisladores
principales
y suplentes que hayan renunciado expresamente y por escrito de su
Partido.
Artículo
146.- Se denominarán sesiones judiciales las dedicadas al ejercicio de
las
atribuciones jurisdiccionales de la Asamblea Legislativa, sea cual fuere el
tiempo en
que se celebren y la forma como dicha Asamblea Legislativa hubiere
sido
convocada. Su celebración no alterará la continuidad y la duración de una
legislatura,
y sólo terminará cuando la Asamblea hubiese fallado la causa
pendiente.
Para ejercer funciones jurisdiccionales, la Asamblea Legislativa
podrá
reunirse por derecho propio, sin previa convocatoria.
Artículo
147.- Para ser Legislador se requiere:
Ser panameño por nacimiento, o por
naturalización con quince años de
residencia en el país después de haber
obtenido la nacionalización.
Ser ciudadano en ejercicio.
Haber cumplido por lo menos veintiún años de
edad en la fecha de la elección.
No haber sido condenado por el Organo por
delito contra la administración
pública con pena privativa de la libertad, o
por el Tribunal Electoral por
delito contra la libertad y pureza del
sufragio.
Ser residente del Circuito Electoral
correspondiente por lo menos durante el
año inmediatamente anterior a la
postulación.
Artículo
148.- Los miembros de la Asamblea Legislativa no son legalmente
responsables
por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo.
Artículo
149.- Cinco días antes del período de cada legislatura, durante ésta y
hasta cinco
días después, los miembros de la Asamblea Legislativa gozarán de
inmunidad.
En dicho período no podrán ser perseguidos ni detenidos por causas
penales o
policivas, sin previa autorización de la Asamblea Legislativa.
Esta
inmunidad no surte efecto cuando el Legislador renuncie a la misma o en
caso de
flagrante delito.
El
Legislador podrá ser demandado civilmente, pero no podrán decretarse
secuestros u
otras medidas cautelares sobre su patrimonio, desde el día de su
elección
hasta el vencimiento de su período.
Artículo
150.- Los legisladores principales y suplentes, cuando éstos últimos
estén
ejerciendo el cargo, no podrán aceptar ningún empleo público remunerado.
Si lo
hicieren, se producirá la vacante absoluta del cargo de Legislador
principal o
suplente, según sea el caso. Se exceptúan los nombramientos de
Ministros,
viceministro, Director General o Gerente de entidades autónomas o
semiautónomas
y Agentes Diplomáticos, cuya aceptación produce vacante
transitoria
por el tiempo que se desempeñe el cargo. El ejercicio de los cargos
de maestro o
profesor en centros de educación oficial o particular es compatible
con la
calidad de Legislador.
Artículo
151.- Los Legisladores devengarán los emolumentos que señale la Ley,
los cuales
serán imputables al Tesoro Nacional, pero su aumento sólo será
efectivo
después de terminar el período de la Asamblea Legislativa que lo
hubiere
aprobado.
Artículo
152.- Los Legisladores no podrán hacer por si mismo, ni por
interpuestas
personas, contrato alguno con el Organismo del Estado o con
instituciones
o empresas vinculados a éste, ni admitir de nadie poder para
gestionar
negocios ante esos Organos, instituciones o empresas.
Quedan
exceptuados los casos siguientes:
Cuando el Legislador hace uso personal o profesional de servicios
públicos o
efectúe operaciones corrientes de la misma
índole con instituciones o empresas
vinculadas al Estado.
Cuando se trate de contratos con
cualesquiera de los Organos o entidades
mencionadas en este artículo, mediante
licitación, por sociedades que no
tengan el carácter de anónimas y de las
cuales sea socio un Legislador,
siempre que la participación de éste en
aquellas sea de fecha anterior a su
elección para el cargo.
Cuando, mediante licitación o sin ella,
celebran contratos con tales Organos o
entidades, sociedades anónimas de las cuales
no pertenezca un total de más del
veinte por ciento de acciones del capital
social, a uno o más Legisladores.
Cuando el Legislador actúe en beneficio de
la profesión de abogado, fuera del
período de sesiones o dentro de éste
mediante licencia.
En los casos
de los numerales uno, dos y tres de este artículo, el Legislador
perderá
inmunidad para todo lo que se relaciones con tales contratos o
gestiones.
Artículo
153.- La función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea
Legislativa
y consiste en expedir las Leyes necesarias para el cumplimiento de
los fines y
el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta
Constitución
y en especial para lo siguiente:
Expedir, modificar, reformar o derogar los
Códigos Nacionales.
Expedir la Ley general de sueldos propuesta
por el Organo Ejecutivo.
Aprobar o desaprobar, antes de su
ratificación, los tratados y los convenios
internacionales que celebre el Organo
Ejecutivo.
Intervenir en la aprobación del presupuesto
del Estado, según se establece en
el Título IX de esta Constitución.
Declarar la guerra y facultar al Organo
Ejecutivo para concertar la paz.
Decretar amnistía por delitos políticos.
Establecer o reformar la división política
del territorio nacional.
Determinar la ley, el peso, valor, forma,
tipo y denominación de la moneda
nacional.
Disponer de la aplicación de los bienes
nacionales a usos públicos.
Establecer impuestos y contribuciones
nacionales, rentas y monopolios
oficiales para atender los servicios
públicos.
Dictar las normas generales o específicas a
las cuales deben sujetarse el
Organo Ejecutivo, las entidades autónomas y
semiautónomas, las empresas
estatales y mixtas cuando, con respecto a
éstas últimas, el Estado tenga su
control administrativo, financiero o
accionario, para los siguientes efectos:
negociar o contratar empréstitos; organizar
el crédito público; reconocer la
deuda nacional y arreglar su servicio; fijar
y modificar los aranceles, tasas
y demás disposiciones concernientes al
régimen de las aduanas. <12 Determinar,
a propuesta del Organo Ejecutivo, la
estructura de la administración nacional
mediante la creación de Ministerios,
Entidades Autónomas, Semiautónomas,
Empresas Estatales y demás establecimientos
públicos, y distribuir entre ellos
las funciones y negocios de la
Administración, con el fin de asegurar la
eficacia de las funciones administrativas.
Organizar los servicios públicos
establecidos en esta Constitución; expedir o
autorizar la expedición del Pacto Social y
los Estatutos de las sociedades de
economía mixta y las Leyes orgánicas de las
empresas industriales o
comerciales del Estado, así como dictar las
normas correspondientes a las
carreras previstas en el título XI.
Decretar las normas relativas a la
celebración de contratos en los cuales sea
parte o tenga interés el Estado o algunas de
sus entidades o empresas.
Aprobar o improbar los contratos en los
cuales sea parte o tenga interés el
Estado o alguna de sus entidades o empresas,
si su celebración no estuviere
reglamentada previamente conforme al numeral catorce o si algunas
estipulaciones contractuales no estuvieren
ajustada a la respectiva Ley de
autorizaciones.
Conceder al Organo Ejecutivo, cuando éste lo
solicite, y siempre que la
necesidad lo exija, facultades
extraordinarias precisas, que serán ejercidas,
durante el receso de la Asamblea
Legislativa, mediante Decretos-Leyes.
La Ley en que se confieren dichas facultades
expresará específicamente la
materia y los fines que serán objeto de los
Decretos-Leyes y no podrá
comprender las materias previstas en los
numerales tres, cuatro y diez de este
artículo ni el desarrollo de las garantías
fundamentales, el sufragio, el
régimen de los partidos y la tipificación de
delitos y sanciones. La Ley de
facultades extraordinaria expira al
iniciarse la legislatura ordinaria
subsiguiente.
Todo Decreto-Ley que el Ejecutivo expida en
el ejercicio de las facultades que
se le confieren deberá ser sometido al
Organo Legislativo para que legisle
sobre la materia en la legislatura ordinaria
inmediatamente siguiente a la
promulgación del Decreto-Ley de que se
trate. el Organo Legislativo podrá en
todo tiempo y a iniciativa propia derogar,
modificar o adicionar sin
limitación de materias los Decretos-Leyes
así dictados.
Dictar el Reglamento Orgánico de su régimen
interno.
Artículo
154.- Son funciones judiciales de la Asamblea Legislativa:
Conocer de las acusaciones o denuncias que
se presenten contra el Presidente
de la República y los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia; juzgarlos
si a ellos diere lugar, por actos ejecutados
en el ejercicio de sus funciones
en perjuicio del libre funcionamiento del
poder público o violatorios de la
Constitución o las Leyes.
Conocer de las acusaciones o denuncias que
se presenten contra los miembros de
la Asamblea Legislativa y determinar si hay
lugar en formación de causa, caso
en el cual autorizará el enjuiciamiento del
Legislador de que se trate por el
delito que específicamente se le impute.
Artículo
155.- Son funciones administrativas de la Asamblea Legislativa:
Examinar las credenciales de sus propios
miembros y decidir si han sido
expedidas en la forma que prescribe la Ley.
Admitir o rechazar la renuncia del
Presidente y de los Vicepresidentes de la
República.
Conceder licencia al Presidente de la
República cuando se la solicite y
autorizarlo para ausentarse del territorio
nacional, conforme a lo dispuesto
en esta Constitución.
Aprobar o improbar los nombramientos de los
Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, del Procurador General de la
Nación, Procurador de la Administración
y lo demás que haga el Ejecutivo y que por
disposición de esta Constitución o
la Ley requieran la ratificación de la
Asamblea Legislativa.
Nombrar al Contralor General de la
República, y al Subcontralor de la
República, al Magistrado del Tribunal
Electoral y a su suplente que le
corresponda conforme a esta Constitución.
Nombrar, con sujeción a lo previsto en esta
Constitución y el Reglamento
Interno, las Comisiones permanentes de la
Asamblea Legislativa y las
Comisiones de Investigación sobre cualquier
asunto de interés público, para
que informen al pleno a fin de que dicte las
medidas que considere apropiadas.
Dar votos de censura contra los Ministros de
Estado cuando éstos, a juicio de
la Asamblea Legislativa, sean responsables
de actos atentatorios o ilegales, o
de errores graves que hayan causado
perjuicio a los a los intereses del
Estado. Para que el voto de censura sea
exequible se requiere que sea
propuesto por escrito con seis días de
anticipación a su debate, por no menos
de la mitad de los Legisladores, y aprobado
con el voto de las dos terceras
partes de la Asamblea.
Examinar y aprobar o deslindar
responsabilidades sobre la Cuenta General del
Tesoro que el Ejecutivo le presente, con el
concurso del Contralor General de
la República.
Citar o requerir los funcionarios que nombre
o ratifique el Organo
Legislativo, a los Ministros de Estado, a
los Directores Generales o Gerentes
de todas las entidades autónomas,
semiautónomas, organismos descentralizados,
empresas industriales o comerciales del
Estado, así como a los de empresas
mixtas a las que se refiere el numeral once
del artículo 153, para que rindan
los informes verbales o escritos sobre las
materias propias de su competencia,
que la Asamblea Legislativa requiera para el
mejor desempeño de sus funciones
o para conocer los actos de la
Administración, salvo lo dispuesto en el
artículo 157, numeral 7. Cuando los informes
deban ser verbales, las
citaciones se harán con anticipación no
menor de cuarenta y ocho horas y
formularse en cuestionario escrito y
específico. Los funcionarios que hayan de
rendir el informe deberán concurrir y ser
oídos en la sesión para la cual
fueron citados, sin perjuicio de que el
debate continúe en sesiones
posteriores por decisión de la Asamblea
Legislativa. Tal debate no podrá
extenderse a asuntos ajenos al cuestionario
específico.
Rehabilitar a los que hayan perdido derechos
inherentes a la ciudadanía.
Aprobar, reformar o derogar el decreto de
estado de urgencia y la suspensión
de las garantías constitucionales, conforme
a lo dispuesto en esta
Constitución.
Artículo
156.- Todas las Comisiones de la Asamblea Legislativa serán elegidas
por ésta
mediante un sistema que garantice la representación proporcional de la
minoría.
Artículo
157.- Es prohibido a la Asamblea Legislativa:
Expedir Leyes que contraríen la letra o el
espíritu de esta Constitución.
Inmiscuirse por medio de resoluciones en
asuntos que son de la privativa
competencia de otros Organos del Estado.
Reconocer a cargo del Tesoro Público
indemnizaciones que hayan sido
previamente declaradas por las autoridades
competentes y votar partidas para
pagar becas, pensiones, jubilaciones,
gratificaciones o erogaciones que no
hayan sido decretadas conforme a las Leyes
generales preexistentes.
Decretar actos de proscripción o persecución
contra personas o corporaciones.
Incitar o compeler a los funcionarios
públicos para que adopten determinadas
medidas.
Hacer nombramientos distintos de los que les
correspondan de acuerdo con esta
Constitución y las Leyes.
Exigir al Organo Ejecutivo comunicación de
las instrucciones dadas a los
Agentes Diplomáticos o informes sobre
negociaciones que tengan carácter
reservado.
Ordenar o autorizar otras partidas y
programas no previstos en Presupuesto
General del Estado, salvo en casos de
emergencia así declarados expresamente
por el Organo Ejecutivo.
Delegar cualquiera de las funciones que le
correspondan, salvo lo previsto en
el numeral 16 del artículo 153.
Dar votos de aplausos o de censura respecto
de actos del Presidente de la
República.
Capítulo 2o.
Formación de
las Leyes
Artículo
158.- Las Leyes tienen su origen en la Asamblea Legislativa y se
dividen así:
Orgánicas, las que se expidan en
cumplimiento de los numerales
1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 16 del
artículo 153.
Ordinarias, las que expidan en relación con
los demás numerales de dicho
artículo.
Artículo
159.- Las leyes serán propuestas:
Cuando sean orgánicas:
Por Comisiones permanentes de la Asamblea
Legislativa.
Por los Ministros de Estado, en virtud de
autorización del Consejo de
Gabinete.
Por la Corte Suprema de Justicia, el
Procurador General de la Nación y el
Procurador de la Administración, siempre
que se trate de la expedición o
reformas de los Códigos Nacionales.
Cuando sean ordinarias, por cualquier
miembro de la Asamblea Legislativa,
Ministros de Estado o los Presidentes de los
Consejos Provinciales, en virtud
de autorización del Consejo de Gabinete y
del Consejo Provincial
respectivamente.
Todos los
funcionarios antes mencionados tendrán derecho a voz en las sesiones
de la
Asamblea Legislativa. En el caso de los Presidentes de los Consejos
Provinciales,
los mismos tendrán derecho a voz cuando se trate de proyectos de
Leyes
presentados por éstos.
Las Leyes
orgánicas necesitan para su expedición del voto favorable en segundo y
tercer
debates, de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea
Legislativa.
Las ordinarias sólo requerirán la aprobación de la mayoría de los
Legisladores
asistentes a las sesiones correspondientes.
Artículo
160.- Ningún proyecto será Ley de la República si no ha sido aprobado
por la
Asamblea Legislativa en tres debates, en días distintos y sancionado por
el Ejecutivo
en la forma que dispone esta Constitución.
Es primer
debate de todo proyecto de Ley el que se le da en la Comisión de que
trata el
artículo anterior.
Un proyecto
de Ley puede pasar a segundo debate cuando la mayoría de la Asamblea
Legislativa,
a solicitud de uno de sus miembros, revocare el dictamen de la
Comisión y
diere su aprobación al proyecto.
Artículo
161.- Todo proyecto de Ley que no hubiere sido presentado por una de
las
Comisiones será pasado por el Presidente de la Asamblea Legislativa a una
Comisión
ad-hoc para que lo estudie y discuta dentro de un término prudencial.
Artículo 162.-
Aprobado un proyecto de Ley pasará al Ejecutivo, y si éste lo
sancionare
lo mandará a promulgar como Ley. En caso contrario, lo devolverá con
objeciones a
la Asamblea Legislativa.
Artículo
163.- El Ejecutivo dispondrá de un término máximo de treinta días
hábiles para
devolver con objeciones cualquier proyecto.
Si el
Ejecutivo una vez transcurrido el indicado término no hubiese devuelto el
proyecto con
objeciones no podrá dejar de sancionarlo y hacerlo promulgar.
Artículo
164.- El proyecto de Ley objetado en su conjunto por el Ejecutivo,
volverá a la
Asamblea Legislativa, a tercer debate. Si lo fuere sólo en parte,
volverá a
segundo, con el único fin de formular las objeciones formuladas.
Si
consideradas por la Asamblea Legislativa las objeciones el proyecto fuere
aprobado por
los dos tercios de los Legisladores que componen la Asamblea
Legislativa,
el Ejecutivo lo sancionará y promulgará sin poder presentar nuevas
objeciones.
Si no obtuviere la aprobación de este número de Legisladores, el
proyecto
quedará rechazado.
Artículo
165.- Cuando el Ejecutivo objetará un proyecto por inexequible y la
Asamblea
Legislativa, por la mayoría expresada, insistiere en su adopción, aquél
lo pasará a
la Corte Suprema de Justicia para que decida sobre su
inconstitucionalidad.
El fallo de la Corte que declare el proyecto
constitucional,
obliga al Ejecutivo a sancionarlo y hacerlo promulgar.
Artículo
166.- Si el Ejecutivo no cumpliere con el deber de sancionar y de hacer
promulgar
las Leyes, en los términos y según las condiciones que este Título
establece,
las sancionará y hará promulgar el Presidente de la Asamblea
Legislativa.
Artículo
167.- Toda Ley será promulgada dentro de los seis días hábiles que
siguen al de
su sanción y comenzará a regir desde su promulgación, salvo que
ellas misma
establezca que rige a partir de una fecha posterior. La promulgación
extemporánea
de una Ley no determina su inconstitucionalidad.
Artículo
168.- Las Leyes podrán ser motivadas y al texto de ellas precederá la
siguiente
fórmula:
LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DECRETA:
Artículo
169.- Los proyectos de Ley que queden pendientes en un período de
sesiones,
sólo podrán ser considerados como proyectos nuevos.
TÍTULO VI
EL ÓRGANO
EJECUTIVO
Capítulo 1o.
Presidente y
Vicepresidente de la República
Artículo
170.- El Organo Ejecutivo está constituido por el Presidente de la
República y
los Ministros de Estado, según las normas de esta Constitución.
Artículo
171.- El Presidente de la República ejerce sus funciones por sí solo o
con la
participación del Ministro del ramo respectivo, o con la de todos los
Ministros en
Consejo de Gabinete, o en cualquier otra forma que determine esta
Constitución.
Artículo
172.- El Presidente de la República será elegido por sufragio popular
directo y
por la mayoría de votos para un período de cinco años. Con el
Presidente
de la República serán elegidos y de la misma manera y por igual
período un
Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente, quienes
reemplazarán
al Presidente en sus faltas, conforme a lo prescrito en los
artículo
182, 183 y 184 de esta Constitución.
Artículo
173.- Los ciudadanos que hayan sido elegidos Presidentes o
Vicepresidentes
no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los dos períodos
presidenciales
inmediatamente siguientes.
Artículo
174.- Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere:
Ser panameño por nacimiento.
Haber cumplido treinta y cinco años de edad.
Artículo
175.- No podrán ser elegidos ni Presidente ni Vicepresidentes de la
República
quienes hayan sido condenados por el Organo Judicial en razón de
delito
contra la administración pública.
Artículo
176.- El Presidente y Vicepresidente de la República tomarán posesión
de sus
respectivos cargos el día primero de septiembre siguiente al de su
elección y
prestarán juramento en estos términos: "Juro a Dios y a la Patria
cumplir
fielmente la Constitución y las Leyes de la República".
El ciudadano
que no profese creencia religiosa podrá prescindir de la invocación
a Dios en su
juramento.
Artículo
177.- Si por cualquier motivo el Presidente o los Vicepresidentes de la
República no
pudieran tomar posesión ante la Asamblea Legislativa lo harán ante
la Corte
Suprema de Justicia; si no fuere posible ante un Notario Público y, en
efecto de
éste ante dos testigos hábiles.
Artículo
178.- Son atribuciones que ejerce pos sí sólo el Presidente de la
República:
Nombrar y separa libremente a los Ministros
de Estado.
Coordinar la labor de la administración y
los establecimientos públicos.
Velar por la conservación del orden público.
Adoptar las medidas necesarias para que la
Asamblea Legislativa se reúna el
día señalado por la constitución o el
Decreto mediante el cual haya sido
convocada a sesiones extraordinarias.
Presentar el principio de cada legislatura,
el primer día de sus sesiones
ordinarias, un mensaje sobre los asuntos de
la administración.
Objetar los proyectos de Leyes por
considerarlos inconvenientes o
inexequibles.
Invalidar las órdenes o disposiciones que
dicte un Ministro de Estado en
virtud del artículo 181.
Las demás que le correspondan de conformidad
con La Constitución o la Ley.
Artículo
179.- Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la
participación
del Ministro respectivo:
Sancionar y promulgar las Leyes, obedecerlas
y velar por su exacto
cumplimiento.
Nombrar a los Jefes y Oficiales de la Fuerza
Pública con arreglo al Escalafón
Militar y disponer el uso de la misma.
Nombrar y separar libremente a los
Gobernadores de las Provincias.
Informar al Organo Legislativo de las
vacantes producidas en los cargos que
éste debe proveer.
Vigilar la recaudación y administración de
las rentas nacionales.
Nombrar, con arreglo a lo dispuesto en el
Título XI, a las personas que deban
desempeñar cualesquiera cargos o empleos
nacionales cuya provisión no
corresponda a otro funcionario o
corporación.
Enviar al Organo Legislativo, dentro del
término establecido en el artículo
267, el proyecto del Presupuesto General del
Estado para el año fiscal
siguiente, salvo que la fecha de toma de
posesión del Presidente de la
República coincida con la iniciación de
dichas sesiones. En este caso el
Presidente de la República deberá hacerlo
dentro de los primeros cuarenta días
de sesiones de la misma.
Celebrar contratos administrativos para la
prestación de servicios y ejecución
de obras públicas, con arreglo a lo que
dispongan la Constitución y la Ley.
Dirigir las relaciones exteriores; celebrar
tratados y convenios públicos, los
cuales serán sometidos a la consideración
del Organo Legislativo y acreditar y
recibir agente diplomáticos y consulares.
Dirigir, reglamentar e inspeccionar los
servicios establecidos en esta
Constitución.
Nombrar a los Jefes, Gerentes y Directores
de las entidades públicas
autónomas, semiautónomas y de las empresas
estatales, según lo dispongan las
Leyes respectivas.
Decretar indultos por delitos políticos,
rebajar penas y conceder libertad
condicional a los reos de delitos comunes.
Conferir grados militares de acuerdo con las
disposiciones legales
correspondientes.
Reglamentar las Leyes que lo requieren para
su mejor cumplimiento, sin
apartarse en ningún caso de su texto ni de
espíritu.
Conceder a los nacionales que lo soliciten
permiso para aceptar cargos de
gobiernos extranjeros, en los casos que sea
necesario de acuerdo con la Ley.
Ejercer las demás atribuciones que le
correspondan de acuerdo con esta
Constitución y la Ley.
Artículo
180.- Son atribuciones que ejercen los vicepresidentes de la República.
Reemplazar al Presidente de la República,
por su orden, en caso de falta de
temporal o absoluta del Presidente.
Asistir con voz, pero sin voto, a las
sesiones del Consejo de Gabinete.
Asesorar al Presidente de la República en
las materias que éste determine.
Asistir y representar al Presidente de la
República en actos públicos y
congresos nacionales o internacionales o en
misiones especiales que el
Presidente les encomiende.
Artículo
181.- Los actos de Presidente de la República, salvo los que pueda
ejercer por
sí solo, no tendrán valor si no son refrendados por el Ministro de
Estado
respectivo, quien se hace responsable de ellos.
Las órdenes
y disposiciones que un Ministro de Estado expida por instrucciones
del
Presidente de la República son obligatorias y sólo podrán ser invalidadas
por éste por
ser contrarias a la Constitución o la Ley, sin perjuicio de los
recursos a
que haya lugar.
Artículo
182.- El Presidente y los Vicepresidentes de la República podrán
separarse de
sus cargos mediante licencia que cuando no exceda de noventa días
les será
concedida por el Consejo de Gabinete. Para la separación por más de
noventa
días, se requerirá licencia de la Asamblea Legislativa.
Durante el
ejercicio de la licencia que se conceda al Presidente de la República
para
separarse de su cargo, éste será reemplazado por el Primer Vicepresidente
de la
República y, en defecto de éste por el Segundo vicepresidente. Quien
reemplace al
Presidente tendrá el título de Encargado de la Presidencia de la
República.
Cuando por
cualquier motivo las faltas del Presidente no pudieren ser llenadas
por los
Vicepresidentes, ejercerá la Presidencia uno de los Ministros de Estado,
que éstos
elegirán por mayoría de votos, quien debe cumplir los requisitos
necesarios
para ser Presidente de la República, y tendrá el título de Ministro
Encargado de
la Presidencia de la República.
En los
plazos señalados por este artículo y los siguiente se incluirán los días
inhábiles.
Artículo
183.- El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio
nacional, en
cada ocasión, sin pedir licencia de cargo:
Por un período máximo de hasta diez días sin
necesidad de autorización alguna.
Por un período que exceda de diez días y no
sea mayor de treinta días, con
autorización del Consejo de Gabinete.
Por un período mayor de treinta días, con la
autorización de la Asamblea
Legislativa.
Si el
Presidente se ausentará por más de diez días, se encargará de la
Presidencia
el Primer Vicepresidente, y en efecto de éste el Segundo
Vicepresidente.
Quien ejerza
el cargo tendrá el título de Encargado de la Presidencia de la
República.
Si el Segundo Vicepresidente no pudiera encargarse, lo hará uno de
los
Ministros de Estado, según lo establecido en el artículo 182.
Artículo
184.- Por falta absoluta del Presidente de la República, asumirá el
cargo el
Primer Vicepresidente por el resto del período, y en defecto de éste el
Segundo
Vicepresidente.
Cuando el
Primer Vicepresidente asuma el cargo de Presidente, el Segundo
Vicepresidente
pasará a ejercer el cargo de Primer Vicepresidente.
Cuando por
cualquier motivo la falta absoluta del Presidente no pudiere ser
llenada por
los Vicepresidentes, ejercerá la Presidencia uno de los Ministros de
Estado, que
éstos elegirán por mayoría de votos, quien debe cumplir con los
requisitos
necesarios para ser Presidente de la República, y tendrá el título de
Ministro
Encargado de la Presidencia.
Cuando la
falta absoluta del Presidente y de los Vicepresidentes se produjera
por lo menos
dos años antes de la expiración del período presidencial, el
Ministro
encargado de la Presidencia convocará a elecciones de Presidente y
Vicepresidentes
para una fecha no posterior a cuatro meses, de modo que los
ciudadanos
electos tomen posesión dentro de los seis meses siguientes a la
convocatoria,
por el resto del período. El decreto respectivo será expedido a
más ocho
días después de la asunción del cargo por dicho Ministro Encargado.
Artículo
185.- Loa emolumentos que la Ley asigne al Presidente y Vicepresidentes
de la
República podrán ser modificados, pero el cambio entrará a regir en el
período
presidencial siguiente.
Artículo
186.- El Presidente y Vicepresidentes de la República sólo son
responsables
en los casos siguientes:
Por extralimitación de sus funciones
constitucionales.
Por actos de violencia o coacción en el
curso del proceso electoral; por
impedir la reunión de la Asamblea
Legislativa; por obstaculizar el ejercicio
de las funciones de ésta o de los demás
organismos o autoridades públicas que
establece la Constitución.
Por delitos contra la personalidad
internacional del Estado o contra la
administración pública.
En los dos
primeros casos, la pena será de destitución y de inhabilitación para
ejercer
cargo público por el término que fije la Ley.
En el tercer
caso, se aplicará el derecho común.
Artículo
187.- No podrá ser elegido Presidente de la República:
El ciudadano que llamado a ejercer la
Presidencia por falta absoluta del
titular, la hubiera ejercido en cualquier
tiempo durante los tres años
inmediatamente anteriores al período para el
cual se hace la elección.
Los parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad
del Presidente de la República que haya
ejercido sus funciones en el período
inmediatamente anterior a los del ciudadano
indicado en el numeral uno de este
artículo.
Artículo
188.- No podrá ser elegido Vicepresidente de la República:
El Presidente de la República que hubiere
desempeñado sus funciones en
cualquier tiempo, cuando la elección del
Vicepresidente de la República sea
para el período siguiente al suyo.
Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad
del Presidente de la República, para el
período que sigue a aquel en el que el
Presidente de la República hubiere ejercido
el cargo.
El ciudadano que como Vicepresidente de la
República hubiere ejercido el cargo
de Presidente de la República en forma
permanente en cualquier tiempo durante
los tres años anteriores al período para el
cual se hace elección.
Los parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad
del ciudadano expresado en el numeral
anterior para el período inmediatamente
siguiente a aquél en que éste hubiere
ejercido la Presidencia de la República.
Los parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad
del Presidente de la República.
Capítulo 2o.
Los
Ministros de Estado
Artículo
189.- Los Ministros de Estado son los Jefes de sus respectivos ramos y
participan
con el Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones,
de acuerdo
con esta Constitución y la Ley.
Artículo
190.- La distribución de los negocios entre los Ministros de Estado se
efectuará de
conformidad con la Ley, según sus afinidades.
Artículo
191.- Los Ministros de Estado deben ser panameños por nacimiento, haber
cumplido
veinticinco años de edad y no haber sido condenados por el Organo
Judicial por
delito la administración pública, con pena privativa de la
libertad.
Artículo
192.- No podrán ser nombrados Ministros de Estado los parientes del
Presidente
de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad,
ni ser miembros de un mismo Gabinete personas unidades entre sí por
los
expresados grados de parentesco.
Artículo
193.- Los Ministros de Estado entregarán personalmente a la Asamblea
Legislativa
un informe o memoria anual sobre el estado de los negocios de su
Ministerio y
sobre las reformas que juzguen oportuno introducir.
Capítulo
3o.
El Consejo
de Gabinete
Artículo
194.- El Consejo de Gabinete es la reunión del Presidente de la
República,
quien lo presidirá, o del encargado de la Presidencia, con los
Vicepresidentes
de la República y los Ministros de Estado.
Artículo
195.- Son funciones del Consejo de Gabinete:
Actuar como cuerpo consultivo en los asuntos
que someta a su consideración el
Presidente de la República y en los que deba
ser oído por mandato de la
Constitución o de la Ley.
Acordar con el Presidente de la República
los nombramientos de los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia del
Procurador General de la Nación, del
Procurador de la Administración, y de sus
respectivos suplentes, con sujeción
a la aprobación de la Asamblea Legislativa.
Acordar la celebración de contratos, la
negociación de empréstitos y la
enajenación de bienes nacionales muebles o
inmuebles, según lo determine la
Ley.
Acordar con el Presidente de la República
que éste pueda transigir o someter a
arbitraje los asuntos litigiosos en que el
Estado sea parte, para lo cual es
necesario el concepto favorable del
Procurador General de la Nación.
Decretar, bajo la responsabilidad colectiva
de todos sus miembros, el estado
de urgencia y la suspensión de las normas
constitucionales pertinentes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
51 de esta Constitución.
Requerir de los funcionarios públicos,
entidades estatales y empresas mixtas
los informes que estime necesarios o
convenientes para el despacho de los
asuntos que deba considerar y citar a los
primeros y a los representantes de
las segundas que rindan informes verbales.
Negociar y contratar empréstitos; organizar
el crédito público; reconocer la
deuda nacional y arreglar su servicios;
fijar y modificar los aranceles, tasas
y demás disposiciones concernientes al
régimen de aduanas, con sujeción a las
normas previstas en las Leyes a que se
refiere el numeral 11 del artículo 153.
Mientras el Organo Legislativo no haya
dictado Ley o Leyes que contengan las
normas generales correspondientes, el Organo
Ejecutivo podrá ejercer estas
atribuciones y enviará al Organo Legislativo
copia de todos los Decretos que
dicte en ejercicio de esta facultad.
Dictar el reglamente de su régimen interno y
ejercer las demás funciones que
le señale la Constitución o la Ley.
Capítulo 4o.
El Consejo
General De Estado
Artículo
196. (Derogado por el Acto Legislativo No. 2 de 1994)
Artículo
197. (Derogado por el Acto Legislativo No. 2 de 1994)
TÍTULO VII
LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Capítulo 1o.
Organo
Judicial
Artículo
198.- La administración de justicia es gratuita, expedita e
ininterrumpida.
La gestión y
actuación de todo proceso se surtirá en papel simple y no estarán
sujetas a
impuesto alguno.
Las
vacaciones de los Magistrados, Jueces y empleados judiciales no
interrumpirán
el funcionamiento continuo de los respectivos tribunales.
Artículo
199.- El Organo Judicial esta constituido por la Corte Suprema de
Justicia,
los Tribunales y los Juzgados que la Ley establezca.
Artículo
200.- La Corte Suprema de Justicia estará compuesta del número de
Magistrados
que determine la Ley, nombrados mediante acuerdos del Consejo de
Gabinete,
con sujeción a la aprobación del Organo Legislativo, para un período
de diez
años. La falta absoluta de un Magistrado será cubierta mediante nuevo
nombramiento
por el resto del período respectivo.
Cada dos
años se designarán dos Magistrados, salvo en los casos en que por razón
del número
de Magistrados que integren la corte, se nombren más de dos o menos
de dos
Magistrados. Cuando se aumente el número de Magistrados de la Corte, se
harán los
nombramientos necesarios para tal fin, y la Ley respectiva dispondrá
lo adecuado
para mantener el principio de nombramientos escalonados.
Cada Magistrado
tendrá un suplente nombrado en igual forma que el principal y
por el mismo
período, quien lo reemplazará en sus faltas, conforme a la Ley.
La Ley
dividirá la Corte en Salas, formadas por tres Magistrados permanentes
cada una.
Artículo 201.-
Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere:
Ser panameño por nacimiento.
Haber cumplido treinta y cinco años de edad.
Hallarse en pleno goce de los derechos
civiles y políticos.
Ser graduado en Derecho y haber inscrito el
título universitario en la oficina
que la Ley señale.
Haber completado un período de diez años
durante el cual haya ejercido
indistintamente la profesión de abogado,
cualquier cargo del Organo Judicial o
de Tribunal Electoral que requiera título
universitario en Derecho, o haber
sido profesor de Derecho en un
establecimiento de enseñanza universitaria.
Se reconoce
la validez de las credenciales para ser Magistrado de la Corte
Suprema de
Justicia, otorgadas de acuerdo con disposiciones constitucionales
anteriores.
Artículo
202.- La persona que haya sido condenada por delito doloso, mediante
sentencia
ejecutoriada proferida por un Tribunal de Justicia, no podrá
desempeñar
cargo alguno en el Organo Judicial.
Artículo 203.-
La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones
constitucionales
y legales, las siguientes:
La guarda de la integridad de la
Constitución para la cual la Corte en pleno
conocerá y decidirá, con audiencia del
Procurador General de la Nación o del
Procurador de la Administración, sobre la
inconstitucionalidad de la Leyes,
decretos, acuerdos, resoluciones y demás
actos que por razones de fondo o de
forma impugne ante ella cualquier persona.
Cuando en un proceso público el funcionario
encargado de impartir justicia
advirtiere o se lo advirtiere alguna de las
partes que la disposición legal o
reglamentaria aplicable al caso es
inconstitucional, someterá la cuestión al
conocimiento del pleno pronunciamiento por parte
de ésta, y continuará el
curso del negocio hasta colocarlo en estado
de decidir.
Las partes sólo podrán formular tales
advertencias una vez por instancia.
La jurisdicción contencioso-administrativa
respecto de los actos, omisiones,
prestación defectuosa o deficiente de los
servicios públicos, resoluciones,
órdenes o disposiciones que ejecuten,
adopten, expidan o que incurran en el
ejercicio de sus funciones o pretextando
ejercerlas, los funcionarios públicos
o entidades nacionales provinciales
municipales y de las entidades públicas
autónomas o semiautónomas. A tal fin, la
Corte Suprema de Justicia con
audiencia del Procurador de la
Administración, podrá anular los casos acusados
de ilegalidad; restablecer el derecho
particular violado; estatuir nuevas
disposiciones en reemplazo de las impugnadas
y pronunciarse prejudicialmente
acerca del sentido y alcance de un acto
administrativo o de su valor legal.
Podrán acogerse a la jurisdicción
contencioso-administrativa las personas
afectadas por el acto, resolución, orden o
disposición de que se trate; y, en
ejercicio de la acción pública, cualquier
persona natural o jurídica
domiciliada en el país.
Las decisiones de la Corte en el ejercicio
de las atribuciones señaladas en
este artículo son finales, definitivas,
obligatorias y deben publicarse en la
Gaceta Oficial.
Artículo
204.- No se admitirán recursos de inconstitucionalidad ni de amparo de
garantías
constitucionales contra los fallos de Corte Suprema de Justicia ó sus
Salas.
Artículo
205.- Los Magistrados y Jueces principales no podrán desempeñar ningún
otro cargo
público, excepto el de profesor para la enseñanza del Derecho en
establecimientos
de educación universitaria.
Artículo
206.- En los Tribunales y Juzgados que la Ley establezca, los
Magistrados
serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia y los Jueces por su
superior
jerárquico. El personal subalterno será nombrado por el Tribunal o Juez
respectivo.
Todos estos nombramientos serán hechos con arreglo a la Carrera
Judicial,
según lo dispuesto en el Título XI.
Artículo
207.- Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de
sus
funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley; pero
los
inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que dicten sus
superiores
jerárquicos al revocar o reformar, en virtud de recursos legales, las
resoluciones
proferidas por aquéllos.
Artículo
208.- Los Magistrados y los Jueces no serán dispuestos ni suspendidos
ni
trasladados en el ejercicio de sus cargos, sino en los casos y con las
formalidades
que disponga la Ley.
Artículo
209.- Los cargos del Organo Judicial son incompatibles con toda
participación
en la política, salvo la emisión del voto en las elecciones, con
el ejercicio
de la abogacía o del comercio y con cualquier otro cargo
retribuido,
excepto lo previsto en el artículo 205.
Artículo
210.- Los sueldos y asignaciones de los Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia
no serán inferiores a los de los Ministros de Estado. Toda supresión
de empleos
en el ramo Judicial se hará efectiva al finalizar el período
correspondiente.
Artículo
211.- LA Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la Nación
formularán
los respectivos Presupuestos del Organo Judicial y del Ministerio
Público y
los remitirán oportunamente al Organo Ejecutivo para su inclusión en
el proyecto
de Presupuesto General del sector público. El Presidente de la Corte
y el
Procurador podrán sustentar, en todas las etapas de los mismos, los
respectivos
proyectos de Presupuesto.
Los
presupuestos del Organo Judicial y del Ministerio Público, no serán
inferiores,
en conjunto, al dos por ciento de los ingresos corrientes del
Gobierno
Central.
Sin embargo,
cuando esta cantidad resultare superior a la requerida para cubrir
las
necesidades propuestas por el Organo Judicial y el Ministerio Público, el
Organo
Ejecutivo incluirá el excedente en otros renglones de gastos o
inversiones
en el proyecto de Presupuesto del Gobierno Central, para que la
Asamblea
Legislativa determine lo que proceda.
Artículo
212.- Las Leyes procesales que se aprueben se inspirarán entre otros,
en los
siguientes principios:
Simplificación de los trámites, economía
procesal y ausencia de formalismos.
El objeto del proceso es el reconocimiento
de los derechos designados en la
Ley substancial.
Artículo
213.- Los Magistrados y Jueces no podrán ser detenidos ni arrestados
sino en
virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial competente para
juzgarlos.
Artículo
214.- La Ley arbitrará los medios para prestar asesoramiento y defensa
jurídica a
quienes por su situación económica no puedan procurárselos por sí
mismos,
tanto a través de los organismos oficiales creados al efecto, como por
intermedio
de las asociaciones profesionales de abogados reconocidas por el
Estado.
Artículo
215.- Se instituye el juicio por jurados. La Ley determinará las causas
que deban
decidirse por este sistema.
Capítulo
2o.
El
Ministerio Público
Artículo
216.- El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de
la Nación,
el Procurador de la Administración, los Fiscales y Personeros y por
los demás
funcionarios que establezca la Ley. Los Agentes del Ministerio Público
podrán
ejercer por delegación, conforme lo determine la Ley, las funciones del
Procurador
General de la Nación.
Cada Agente
del Ministerio Público tendrá dos suplentes quienes lo reemplazarán
en su orden,
en las ausencias temporales y en las absolutas mientras se llene la
vacante.
Artículo
217.- Son atribuciones del Ministerio Público:
Defender los intereses del Estado o del
Municipio.
Promover el cumplimiento o ejecución de las
Leyes, sentencias judiciales y
disposiciones administrativas.
Vigilar la conducta oficial de los
funcionarios públicos y cuidar que todos
desempeñen cumplidamente sus deberes.
Perseguir los delitos y contravenciones de
disposiciones constitucionales o
legales.
Servir de consejeros jurídicos a los
funcionarios administrativos.
Ejercer las demás funciones que determine la
Ley.
Artículo
218.- Para ser Procurador General de la Nación y Procurador de la
Administración
se necesitan los mismos requisitos que para ser Magistrado de la
Corte
Suprema de Justicia. Ambos serán nombrados por un período de diez años.
Artículo
219.- Son funciones especiales del Procurador General de la Nación:
Acusar ante la Corte Suprema de Justicia a
los funcionarios públicos cuyo
juzgamiento corresponda a esta Corporación.
Velar porque los demás Agentes del
Ministerio Público desempeñen fielmente su
cargo, y que se les exija responsabilidad
por faltas o delitos que cometan.
Artículo 220.-Rigen
respecto a los Agentes del Ministerio Público las mismas
disposiciones
que para los funcionarios judiciales establecen los artículos 202,
205, 207,
208, 209 y 213
Artículo
221.- El Procurador General de la Nación y el Procurador de la
Administración
y sus suplentes serán nombrados del mismo modo que los
Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia.
Los Fiscales
y Personeros serán nombrados por sus superiores jerárquicos. El
personal
subalterno será nombrado por el Fiscal o Personero respectivo. Todos
estos
nombramientos serán hechos con arreglo a la Carretera Judicial, según lo
dispuesto en
el Título XI.
TÍTULO VIII
REGIMENES
MUNICIPAL Y PROVINCIAL
Capítulo 1o.
Representantes
de Corregimientos
Artículo
222.- Cada Corregimiento elegirá a su Representante y su suplente por
votación
popular directa, por un período de cinco años.
Los
Representantes de Corregimientos podrán ser reelegidos indefinidamente.
Artículo
223.- Para ser Representante de Corregimiento se requiere:
Ser panameño por nacimiento o haber
adquirido, en forma definitiva, la
nacionalidad panameña diez años antes de la
elección.
Haber cumplido dieciocho años de edad.
No haber sido condenado por el Organo
Judicial en razón de delito contra la
administración pública, con pena privativa
de la libertad y pureza del
sufragio.
Ser residente del Corregimiento que
representa por lo menos el año
inmediatamente anterior a la elección.
Artículo
224.- La representación se perderá por las siguientes causas:
El cambio voluntario de residencia a otro
Corregimiento.
La condena judicial fundada en delito.
La revocatoria del mandato, conforme lo
reglamente la Ley.
Artículo
225.- En caso de vacante temporal o absoluta de la representación
principal
del Corregimiento, se encargará el Representante suplente. Cuando se
produzca
vacante absoluta del principal y del suplente, deberán celebrarse
elecciones
dentro de los seis meses siguientes para elegir nuevo Representante y
su respectivo
suplente.
Artículo
226.- Los Representantes de Corregimientos no podrán ser nombrados para
cargos
públicos remunerados por el respectivo Municipio. La infracción de este
precepto
vicia de nulidad el nombramiento.
Produce
vacante absoluta del cargo de Representante de Corregimiento el
nombramiento
en el Organo Judicial, en el Ministerio Público o en el Tribunal
Electoral; y
transitoria, la designación para Ministro de Estado, Jefe de
Institución
Autónoma o Semiautónoma, de Misión Diplomática y Gobernador de la
Provincia.
Artículo
227.- Los Representantes de Corregimientos no son legalmente
responsables
por las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo, como
miembros del
Consejo Provincial.
Artículo
228.- Los Representantes de Corregimientos devengarán una remuneración
que será
pagada por el Tesoro Nacional o Municipal, según determine la Ley.
Capítulo
2o.
El Régimen
Municipal
Artículo
229.- El Municipio es la organización política autónoma de la comunidad
establecida
en un Distrito.
La
Organización municipal será democrática y responderá al carácter
esencialmente
administrativo del gobierno local.
Artículo
230.- Los Municipios tienen la función de promover el desarrollo de la
comunidad, y
la realización del bienestar social y colaborarán para ello con el
Gobierno
Nacional. La Ley podrá señalar las partes de las rentas que los
Municipios
asignarán al respecto y en especial a la educación, tomando en cuanta
la
población, ubicación y desarrollo económico y social del Distrito.
Artículo
231.- Las autoridades principales tienen el deber de cumplir y hacer
cumplir la
Constitución y Leyes de la República, los decretos y órdenes del
Ejecutivo y
las resoluciones de los tribunales de la justicia ordinaria y
administrativa.
Artículo
232.- Ningún servidor público municipal podrá ser suspendido ni
destituido
por las autoridades administrativas nacionales.
Artículo
233.- El Estado complementará la gestión municipal, cuando ésta sea
insuficiente,
en casos de epidemia, grave alteración del orden público u otros
motivos de
interés general, en la forma que determine la Ley.
Artículo
234.- En cada Distrito habrá una corporación que se denominará Consejo
Municipal,
integrada por todos los Representantes de Corregimientos que hayan
sido
elegidos dentro del Distrito.
Si en algún
Distrito existieren menos de cinco Corregimientos, se eligirán por
votación
popular directa, según el procedimiento y el sistema de representación
proporcional
que establezca la Ley, los Concejales necesarios para que, en tal
caso, el
número de integrantes del Consejo Municipal sea de cinco.
El Consejo
designará un Presidente y un Vicepresidente, de su seno. Este último
reemplazará
al primero en sus ausencias.
Artículo
235.- Por iniciativa popular y mediante el voto de los Concejos, pueden
dos o más
Municipios solicitar su fusión en uno o asociarse para fines de
beneficio
común. La Ley establecerá el procedimiento correspondiente.
Con iguales
requisitos pueden los Municipios de una Provincia unificar su
régimen,
estableciendo un tesoro y una administración fiscales comunes. En este
caso podrá
crearse un Consejo Intermunicipal cuya composición determinará la
Ley.
Artículo
236.- Los ciudadanos tiene el derecho de iniciativa y de referéndum en
los asuntos
atribuidos a los Consejos.
Artículo
237.- La Ley podrá disponer de acuerdo con su capacidad económica y
recursos
humanos de los Municipios, cuales se regirán por el sistema de síndicos
especializados
para prestar los servicios que aquélla establezca.
Artículo
238.- Habrá en cada Distrito un Alcalde, Jefe de la Administración
Municipal, y
dos suplentes, elegidos por votación popular directa por un período
de cinco
años.
La Ley
podrá, sin embargo, disponer que en todos los Distritos o en uno o más de
ellos, los
Alcaldes y sus suplentes sean de libre nombramiento y remoción del
Organo
Ejecutivo.
Artículo
239.- Habrá en cada Distrito un Tesorero, elegido por el Consejo, para
un período
que determinará la Ley y quien será el Jefe de la oficina o
departamento
de recaudación de las rentas municipales y de la pagaduría.
La Ley
dispondrá que en aquellos Distritos cuyo monto rentístico llegue a la
suma que
ella determine, se establezca una oficina o departamento de auditoría a
cargo de un
funcionario que será nombrado por la Contraloría General de la
República.
Artículo
240.- Los Alcaldes tendrán, además de los deberes que establece el
artículo 231
de esta Constitución y la Ley, las atribuciones siguientes:
Presentar proyectos de acuerdos,
especialmente el de Presupuesto de Rentas y
Gastos.
Ordenar los gastos de la administración
local ajustándose al Presupuesto y a
los reglamentos de contabilidad.
Nombrar y remover a los Corregidores y a los
demás funcionarios públicos
municipales cuya designación no corresponda
a otra autoridad, con sujeción a
lo que dispone el Título XI.
Promover el progreso de la comunidad
municipal y velar pro el cumplimiento de
los deberes de sus funcionarios públicos.
Artículo
241.- Los Alcaldes y Corregidores recibirán por sus servicios una
remuneración
que será pagada por el Tesoro Nacional o Municipal, según lo
determine la
Ley.
Artículo
242.- Son municipales los impuestos que no tengan incidencia fuera del
Distrito,
pero la Ley podrá establecer excepciones para que determinados
impuestos
sean municipales a pesar de tener esa incidencia. Partiendo de esa
base, la Ley
establecerá con la debida separación las rentas y gastos nacionales
y los
municipales.
Artículo
243.- Serán fuentes de ingreso municipal, además de las que señale la
Ley conforme
al artículo anterior, las siguientes:
El producto de sus áreas o ejidos lo mismo
que de sus bienes propios.
Las tasas por el uso de sus bienes o
servicios.
Los derechos sobre espectáculos públicos.
Los impuestos sobre expendio de bebidas
alcohólicas.
Los derechos, determinados por la Ley, sobre
extracción de arena, piedra de
cantera, tosca, arcilla, coral, cascajo y
piedra caliza.
Las multas que impongan las autoridades
municipales.
Las subvenciones estatales y donaciones.
Los derechos sobre extracción de madera,
explotación y tala de bosques.
El impuesto de degüello de ganado vacuno y
porcino que se pagará en el
Municipio de donde proceda la res.
Artículo
244.- Los Municipios podrán crear empresas municipales o mixtas para la
explotación
de bienes o servicios.
Artículo
245.- El Estado no podrá conceder exenciones de derechos, tasa o
impuestos
municipales. Los Municipios sólo podrán hacerlo mediante acuerdo
municipal.
Artículo
246.- Los Municipios podrán contratar empréstitos previa autorización
del Organo
Ejecutivo. La Ley determinará el procedimiento.
Artículo
247.- En cada Corregimiento habrá una Junta Comunal que promoverá el
desarrollo
de la colectividad y velará por la solución de sus problemas.
Las Juntas
Comunales podrán ejercer funciones de conciliación voluntaria y otras
que la Ley
señale.
Artículo
248.- La Junta Comunal estará compuesta por el Representante de
Corregimiento,
quien la presidirá, por el Corregidor y cinco ciudadanos
residentes
del Corregimiento escogidos en la forma que determine la Ley.
Las Juntas
Comunales podrán requerir la cooperación y asesoramiento de los
funcionarios
públicos nacionales o municipales y de los particulares.
La Ley podrá
establecer un régimen especial para las Juntas Comunales que
funcionará
en comunidades que no estén administrativamente constituidas en
Municipios o
Corregimientos.
Capítulo
3o.
El Régimen
Provincial
Artículo
249.- En cada Provincia habrá un Gobernador de libre nombramiento y
remoción del
Organo Ejecutivo, quien será representante de éste en su
circunscripción.
Cada
Gobernador tendrá un suplente designado también por el Organo Ejecutivo.
La Ley
determinará las funciones y deberes de los Gobernadores.
Artículo
250.- Las Provincias tendrán el número de Distritos que la Ley
disponga.
Artículo
251.- En cada Provincia funcionará un Consejo Provincial, integrado por
todos los
Representantes de Corregimientos de la respectiva Provincia y los
demás
miembros que la Ley determine al reglamentar su organización y
funcionamiento,
ateniendo estos últimos únicamente derecho a voz.
Cada Consejo
Provincial elegirá su Presidente y su Junta Directiva, dentro de
los
respectivos Representantes de Corregimientos y dictará su reglamento
interno. El
Gobernador de la Provincia y los Alcaldes de Distrito asistirán con
derecho a
voz a las reuniones del Consejo Provincial.
Artículo
252.- Son funciones del Consejo Provincial, sin perjuicio de otras que
la Ley
señale, las siguientes:
Actuar como órgano de consulta del
Gobernador de la Provincia, de las
autoridades provinciales y de las
autoridades nacionales en general.
Requerir informes de los funcionarios
nacionales, provinciales y municipales
en relación con asuntos concernientes a la
Provincia.
Para estos efectos, los funcionarios
provinciales y municipales están
obligados, cuando los Consejos Provinciales
así lo soliciten, a comparecer
personalmente ante éstos a rendir informes
verbales.
Los funcionarios nacionales pueden rendir
sus informes por escrito.
Preparar cada año, para la consideración del
Organo Ejecutivo, el plan de
obras públicas, de inversiones y de
servicios de la Provincia y fiscalizar su
ejecución.
Supervisar la marcha de los servicios
públicos que se presten en su respectiva
Provincia.
Recomendar a la Asamblea Legislativa los
cambios que estime convenientes en
las divisiones políticas de la Provincia.
Solicitar a las autoridades nacionales y
provinciales estudios de programas de
interés provincial.
Artículo
253.- El Consejo Provincial se reunirá en sesiones ordinarias una vez
al mes, en
la capital de la Provincia o en el lugar de la Provincia que el
Consejo
determine, y en sesiones extraordinarias cuando lo convoque su
Presidente o
a solicitud no menos de la tercera parte de sus miembros.
TÍTULO IX
LA HACIENDA
PÚBLICA
Capítulo 1o.
Bienes y
Derechos del Estado
Artículo
254.- Pertenecen al Estado:
Los bienes existentes en el territorio que
pertenecieron a la República de
Colombia.
Los derechos y acciones que la República de
Colombia poseyó como dueña, dentro
o fuera del país, por razón de la soberanía
que ejerció sobre el territorio
del Istmo de Panamá.
Los bienes, rentas, fincas, valores,
derechos y acciones que pertenecieron al
extinguido departamento de Panamá.
Las tierras baldías o indultadas.
Las riquezas del subsuelo, que podrán ser
explotadas por empresas estatales o
mixtas o ser objeto de concesiones o
contratos para su explotación según lo
establezca la Ley.
Los derechos mineros otorgados y no
ejercidos dentro del término y condiciones
que fije la Ley, revertirán al Estado.
Las salinas, las minas, las aguas
subterráneas y termales, depósitos de
hidrocarburos, las canteras y los
yacimientos de toda clase que no podrán ser
objeto de apropiación privada, pero podrán
ser explotados directamente por el
Estado, mediante empresas estatales o
mixtas, o ser objeto de concesión u
otros contratos para su explotación, por
empresas privadas. La Ley
reglamentará todo lo concerniente a las
distintas formas de explotación
señaladas en este ordinal.
Los monumentos históricos, documentos y
otros bienes que son testimonio del
pasado de la Nación. La Ley señalará el
procedimiento por medio del cual
revertirán el Estado tales bienes cuando se
encuentren bajo la tenencia de
particulares por cualquier título.
Los sitios y objetos arqueológicos, cuya
explotación, estudio y rescate serán
regulados por la Ley.
Artículo
255.- Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no
pueden ser
objeto de apropiación privada.
El mar territorial y las aguas lacustres
fluviales; las playas y riberas de
las mismas y de los ríos navegables y los
puertos y esteros. Todos estos
bienes son de aprovechamiento libre y común,
sujetos a la reglamentación que
establezca la Ley.
Las tierras y las aguas destinadas a
servicios públicos y a toda clase de
comunicaciones.
Las tierras y las aguas destinadas o que el
Estado destine a servicios
públicos de irrigación, de producción
hidroeléctrica, de desagües y
acueductos.
El espacio aéreo, la plataforma continental
submarina, el lecho y el subsuelo
del mar territorial.
Los demás bienes que la Ley defina como de
uso público.
En todos los
casos en que los bienes de propiedad privada se conviertan por
disposición
legal en bienes de uso público, el dueño de ellos será indemnizado.
Artículo
256.- Las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de
los bosques
y para la utilización de agua, de medios de comunicación o
transporte y
de otras empresas de servicio público, se inspirarán en el
bienestar
social y el interés público.
Artículo
257.- La riqueza artística e histórica del país constituye el
patrimonio
cultural de la Nación y estará bajo la salvaguarda del Estado el cual
prohibirá su
destrucción, explotación o transmisión.
Artículo
258.- La facultad de emitir moneda pertenece al Estado, el cual podrá
transferirla
a bancos oficiales de emisión, en la forma que determine la Ley.
Artículo
259.- No habrá en la República papel moneda de curso forzoso.
Artículo
260.- La Ley creará y reglamentará bancos oficiales o semioficiales que
funcionen
como entidades autónomas vigiladas y determinará las cantidades
subsidiarias
de éste con respecto a las obligaciones que esas instituciones
contraigan.
La Ley reglamentará el régimen bancario.
Artículo
261.- La Ley procurará, hasta donde sea posible, dentro de la necesidad
de arbitrar
fondos públicos y de proteger la producción nacional, que todo
impuesto
grave al contribuyente en proporción directa a su capacidad económica.
Artículo
262.- Podrán establecerse por la Ley, como arbitrio rentístico,
monopolios
oficiales sobre artículos importados o que no se produzcan en el
país.
Al
establecer un monopolio en virtud del cual quede privada cualquier persona
del
ejercicio de una industria o negocio lícito, el Estado resarcirá previamente
a las
personas o empresas cuyo negocio haya sido expropiado en los términos a
que se
refiere este artículo.
Artículo
263.- La ejecución o reparación de obras nacionales, las compras que se
efectúen con
fondos del Estado, de sus entidades autónomas o semiautónomas o de
los
Municipios y la venta o arrendamiento de bienes pertenecientes a los mismos
se harán,
salvo las excepciones que determine la Ley, mediante licitación
pública.
La Ley
establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor
beneficio
para el Estado y plena justicia en la adjudicación.
Capítulo
2o.
El
Presupuesto General del Estado
Artículo
264.- Corresponde al Organo Ejecutivo la elaboración del proyecto de
Presupuesto
General del Estado y al Organo legislativo su examen, modificación,
rechazo o
aprobación.
Artículo
265.- El presupuesto tendrá carácter anual y contendrá la totalidad de
las
inversiones, ingresos y egresos del sector público, que incluye las
entidades
autónomas, semiautónomas y empresas estatales.
Artículo
266.- El Organo Ejecutivo celebrará consultas presupuestarias con las
diferentes
dependencias y entidades del Estado. La Comisión de Presupuesto de la
Asamblea
Legislativa participará en dichas consultas.
Artículo
267.- En el presupuesto elaborado por el Organo ejecutivo los egresos
estarán
equilibrados con los ingresos y deberá presentarse a la Asamblea
legislativa
al menos tres meses antes de la expiración del Presupuesto del año
fiscal en
curso, salvo el caso especial del artículo 179, numeral 7.
Artículo
268.- La Asamblea Legislativa podrá eliminar o reducir las partidas de
los egresos
previstos en el proyecto de Presupuesto, salvo las destinadas al
servicio de
la deuda pública, al cumplimiento de las demás obligaciones
contractuales
del Estado y al financiamiento de las inversiones públicas
previamente
autorizadas por la Ley.
La Asamblea
legislativa no podrá aumentar ninguna de las erogaciones previstas
en el
proyecto de Presupuesto o incluir una nueva erogación, sin la aprobación
del Consejo
de Gabinete, ni aumentar el cálculo de los ingresos sin el concepto
favorable
del Contralor General de la República.
Si conforme
a lo previsto en este artículo, se eleva el cálculo de los ingresos
o si se
elimina o disminuye alguna de las partidas de egresos, la Asamblea
legislativa
podrá aplicar las cantidades así disponibles a otros gastos o
inversiones,
siempre que obtenga la aprobación del Consejo de Gabinete.
Artículo
269.- Si el proyecto de Presupuesto General del Estado no fuere votado
a más tardar
el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia
el proyecto
propuesto por el Organo Ejecutivo, el cual lo adoptará mediante
decisión de
Consejo de Gabinete.
Artículo
270.- Si la Asamblea legislativa rechaza el proyecto de presupuesto
General del
Estado, se considera automáticamente prorrogado el Presupuesto del
ejercicio
anterior hasta que se apruebe el nuevo Presupuesto y también
automáticamente
aprobadas las partidas previstas en el proyecto de Presupuesto
rechazado
respecto al servicio de la deuda pública, el cumplimiento de las demás
obligaciones
contractuales del Estado y el financiamiento de las inversiones
públicas
previamente autorizadas por la ley.
Artículo
271.- Cualquier crédito suplementario o extraordinario referente al
Presupuesto
vigente, será solicitado por el órgano Ejecutivo y aprobado por la
Asamblea
legislativa en la forma que señale la Ley.
Artículo
272.- La Asamblea Legislativa no podrá expedir leyes que deroguen o
modifiquen
las que establezcan ingresos comprendidos en el Presupuesto, sin que
al mismo
tiempo establezca nuevas rentas sustitutivas o aumente las existentes,
previo
informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad
fiscal de
las mismas.
Artículo
273.- No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido autorizado
de acuerdo
con la constitución o la Ley. Tampoco podrá transferirse ningún
crédito a un
objeto no previsto en el respectivo Presupuesto.
Artículo
274.- Todas las entradas y salidas de los tesoros públicos deben estar
incluidas y
autorizadas en el Presupuesto respectivo. No se percibirán entradas
por
impuestos que la Ley no haya establecido ni se pagarán gastos no previstos
en el
Presupuesto.
Capítulo
3o.
La
Contraloría General de la República
Artículo
275.- Habrá un organismo estatal independiente denominado Contraloría
General de
la República, cuya dirección estará a cargo de un funcionario público
que se
denominará Contralor General, secundado por un Subcontralor, quienes
serán
nombrados por un período igual al del Presidente de la República, dentro
del cual no
podrán ser suspendidos ni removidos sino por la Corte Suprema de
Justicia, en
virtud de causas definidas por la ley. Ambos serán nombrados para
que entren
en funciones a partir de primero de enero después de iniciado cada
período
presidencial ordinario.
Para ser
Contralor y Subcontralor de la República se requiere ser ciudadano
panameño por
nacimiento; tener título universitario y treinta y cinco años o más
de edad y no
haber sido condenado por el Organo Judicial con pena privativa de
la libertad
en razón de delito contra la administración pública.
Artículo
276.- Son funciones de la Contraloría General de la República, además
de las que
le señale la Ley, las siguientes:
Llevar las cuentas nacionales, incluso
referentes a las deudas interna y
externa.
Fiscalizar, regular y controlar todos los
actos de manejo de fondos y otros
bienes públicos, a fin de que se realicen
con corrección según lo establece la
Ley.
La Contraloría determinará los casos en que
ejercerá tanto el control previo
como el posterior sobre los actos de manejo,
al igual que aquellos en que sólo
ejercerá este último.
Examinar, intervenir y fenecer las cuentas
de los funcionarios públicos,
entidades o personas que administren,
manejen o custodien fondos u otros
bienes públicos. Lo atinente a la
responsabilidad penal corresponde a los
tribunales ordinarios.
Realizar inspecciones e investigaciones
tendientes a determinar la corrección
o incorrección de las operaciones que
afecten patrimonios públicos y, en su
caso, presentar las denuncias respectivas.
Recabar de los funcionarios públicos
correspondientes informes sobre la
gestión fiscal de las dependencias públicas,
nacionales provinciales,
municipales, autónomas o semiautónomas y de
las empresas estatales.
Establecer y promover la adopción de las
medidas necesarias para que se hagan
efectivos los créditos a favor de las
entidades públicas.
Demandar la declaratoria de
inconstitucionalidad, o de la ilegalidad, según
los casos de las leyes y demás actos
violatorios de la Constitución o de la
Ley que afecten patrimonios públicos.
Establecer los métodos de contabilidad de
las dependencias públicas señaladas
en el numeral 5 de este artículo.
Informar a la Asamblea Legislativa y el
Organo Ejecutivo sobre el estado
financiero de la Administración Pública y
emitir concepto sobre la vialidad y
conveniencia de la expedición de créditos
suplementales o extraordinarios.
Dirigir y formar la estadística nacional.
Nombrar los empleados de sus departamentos
de acuerdo con esta Constitución y
la Ley.
Presentar al Organo Ejecutivo y a la
Asamblea Legislativa el informe anual de
sus actividades.
Juzgar las cuentas de sus Agentes y sus
empleados de manejo cuando surjan
reparos de las misas por razón de supuestas
irregularidades.
TÍTULO X
LA ECONOMÍA
NACIONAL
Artículo
277.- El ejercicio de las actividades económicas corresponde
primordialmente
a los particulares; pero el Estado las orientará, dirigirá,
reglamentará,
reemplazará o creará, según las necesidades sociales y dentro de
las normas
del presente Título, con el fin de acrecentar la riqueza nacional y
de asegurar
sus beneficios para el mayor número posible de los habitantes del
país.
El Estado
planificará el desarrollo económico y social mediante organismos o
departamentos
especializados cuya organización y funcionamiento determinará la
Ley.
Artículo
278.- Para realizar los fines de que trata el artículo anterior, la ley
dispondrá
que se tomen las medidas siguientes:
Crear comisiones de técnicos o de
especialistas para que estudien las
condiciones y posibilidades en todo tipo de
actividades económicas y formulen
recomendaciones para desarrollarlas.
Promover la creación de empresas
particulares que funcionen de acuerdo con las
recomendaciones mencionadas en el parte anterior,
establecer empresas
estatales e impulsar la creación de las
mixtas, en las cuales participará el
Estado, y podrá crear las estatales, para
atender las necesidades sociales y
la seguridad e intereses públicos.
Fundar instituciones de crédito y de fomento
o establecer otros medios
adecuados con el fin de dar facilidades a
los que se dediquen a actividades
económicas en pequeña escala.
Establecer, centros teórico-prácticos para
la enseñanza del comercio, la
agricultura, la ganadería y el turismo, los
oficios y las artes, incluyendo en
estas últimas las manuales, y para la
formación de obreros y directores
industriales especializados.
Artículo
279.- El Estado intervendrá en toda clase de empresas dentro de la
reglamentación
que establezca la Ley, para ser efectiva la justicia social a que
se refiere
la presente Constitución y en especial, para lo siguientes fines:
Regular por medio de organismos especiales
las tarifas, los servicios y los
precios de los artículos de cualquier
naturaleza, y especialmente los de
primera necesidad.
Exigir la debida eficacia en los servicios y
la adecuada calidad de los
artículos mencionados en el aparte anterior.
Coordinar los servicios y la producción de
artículos.
La Ley definirá los artículos de primera
necesidad.
Artículo
280.- La mayor parte del capital de las empresas privadas de utilidad
pública que
funcionen en el país, deberán ser panameñas, salvo las excepciones
que
establezca la Ley, que también deberá definirlas.
Artículo
281.- El Estado creará por medio de entidades autónomas o semiautónomas
o por otros
medios adecuados, empresas de utilidad pública. En igual forma
asumirá,
cuando así fuere necesario al bienestar colectivo y mediante
expropiación
o indemnización, el domino de las empresas de utilidad pública
pertenecientes
a particulares, si en cada caso lo autoriza la Ley.
Artículo
282.- El Estado podrá crear en las áreas o regiones cuyo grado de
desarrollo
social y económico lo requiera, instituciones autónomas o
semiautónomas,
nacionales, regionales o municipales, que promuevan el desarrollo
integral del
sector o región y que podrán coordinar los programas estatales y
municipales
en cooperación con los Consejos Municipales o Intermunicipales. La
Ley
reglamentará la organización, jurisdicción, financiamiento y fiscalización
de dichas
entidades de desarrollo.
Artículo
283.- Es deber del Estado el fomento y fiscalización de las
cooperativas
y para tales fines creará las instituciones necesarias. La Ley
establecerá
un régimen especial para su organización funcionamiento,
reconocimiento
e inscripción que será gratuita.
Artículo
284.- El Estado regulará la adecuada utilización de la tierra de
conformidad
con su uso potencial y los programas nacionales de desarrollo, con
el fin de
garantizar su aprovechamiento óptimo.
Artículo
285.- Ningún gobierno extranjero ni entidad o institución oficial o
semioficial
extranjera podrán adquirir el dominio sobre ninguna parte del
territorio
nacional, salvo cuando se trate de las sedes de embajadas de
conformidad
con lo que disponga la Ley.
Artículo
286.- Las personas naturales o jurídicas extranjeras y las nacionales
cuyo capital
sea extranjero, en todo o en parte, no podrán adquirir la propiedad
de tierras
nacionales o particulares situadas a menos de diez kilómetros de las
fronteras.
El
territorio insular sólo podrá enajenarse para fines específicos de desarrollo
del país y
bajo las siguientes condiciones:
Cuando no sea considerado área estratégica o
reservada para programas
gubernamentales.
Cuando sea declarado área de desarrollo
especial y se haya dictado legislación
sobre su aprovechamiento, siempre que se
garantice la Seguridad Nacional.
La
enajenación del territorio insular no afecta la propiedad del Estado sobre
los bienes
de uso público.
En los casos
anteriores se respetarán los derechos legítimamente adquiridos al
entrar a
regir esta Constitución; pero los bienes correspondientes podrán ser
expropiados
en cualquier tiempo mediante pago de la indemnización adecuada.
Artículo
287.- No habrá bienes que no sean de libre enajenación ni obligaciones
irredimibles,
salvo lo dispuesto en el artículo 58 y 123. Sin embargo valdrán
hasta
término máximo de veinte años las limitaciones temporales al derecho de
enajenar y
las condiciones o modalidades que suspendan o retarden la redención
de las
obligaciones.
Artículo
288.- Sólo podrán ejercer el comercio al pro menor:
Los panameños por nacimiento.
Los individuos que al entrar en vigencia
esta Constitución estén naturalizados
y sean casados con nacional panameño o
panameña o tengan hijos con nacional
panameño o panameña.
Los panameños por naturalización que no se
encuentren en el caso anterior,
después de tres años de la fecha en que
hubieren obtenido su carta definitiva.
Las personas jurídicas nacionales o
extranjeras y las naturales extranjera que
a la fecha de la vigencia de esta Constitución
estuvieren ejerciendo el
comercio por menor de acuerdo con la ley.
Las personas jurídicas formadas por
panameños o por extranjeros facultados
para ejercerlo individualmente de acuerdo
con este artículo, y también las
que, sin estar constituidas en la forma aquí
expresadas, ejerzan el comercio
al por menor en el momento de entrar en
vigencia de esta Constitución. Los
extranjeros no autorizados para ejercer el
comercio al por menor no podrán sin
embargo, tener participación en aquellas
compañías que vendan productos
manufacturados por ellas mismas.
Ejercer el comercio al pro menor significa
dedicarse a la venta al consumidor
o a la representación o agencia de empresas
productoras mercantiles o
cualquiera otra actividad que la Ley
clasifique como perteneciente a dicho
comercio.
Se exceptúan
de esta regla los casos en que el agricultor o fabricante de
industrias
manuales vendan sus propios productos. La ley establecerá un sistema
de
vigilancia y sanciones para impedir que quienes de acuerdo con este artículo
no puedan
ejercer el comercio al por menor, lo hagan por medio de interpuesta
persona o en
cualquier otra forma fraudulenta.
Artículo
289.- Se entiende por comercio al por mayor el que no está comprendido
en la
disposición anterior, y podrá ejercerlo toda persona natural o jurídica.
La ley
podrá, sin embargo, cuando exista la necesidad de proteger el comercio al
por mayor
ejercido por panameños, restringir el ejercicio de dicho comercio por
los
extranjeros. pero las restricciones no perjudicarán en ningún caso a los
extranjeros
que se encuentren ejerciendo legalmente de comercio al por mayor al
entrar en
vigor las correspondientes disposiciones.
Artículo
290.- Es prohibido en el comercio y en la industria toda combinación,
contrato o
acción cualquiera que tienda a restringir o imposibilitar el libre
comercio y
la competencia y que tenga efectos de monopolio en perjuicio del
público.
Pertenece a
este género la práctica de explotar una sola persona natural o
jurídica
series o cadenas de establecimientos mercantiles al por menor en forma
que haga
ruinosa o tienda a eliminar la competencia del pequeño comerciante o
industrial.
Habrá acción
popular para impugnar ante los tribunales la celebración de
cualquier
combinación, contrato o acción que tenga por objeto el establecimiento
de prácticas
monopolizadoras. La Ley regulará esta materia.
Artículo
291.- La Ley reglamentará la caza, la pesca y el aprovechamiento de los
bosques, de
modo que permita asegurar su renovación y la permanencia de sus
beneficios.
Artículo
292.- La explotación de juegos de suerte y azar y de actividades que
originen
apuestas sólo podrán efectuarse por el Estado.
La ley
reglamentará los juegos así como toda actividad que origine apuestas,
cualquiera
que sea el sistema de ellas.
Artículo
293.- No habrá monopolios particulares.
TÍTULO XI
LOS
SERVIDORES PÚBLICOS
Capítulo 1o.
Disposiciones
Fundamentales
Artículo
294.- Son servidores públicos las personas nombradas temporal o
permanente
en cargos del Organo Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los
Municipios,
entidades autónomas o semiautónomas; y en general, las que perciban
remuneración
del Estado.
Artículo
295.- Los servidores públicos serán de nacionalidad panameña sin
discriminación
de raza, sexo, religión o creencia y militancia política. Su
nombramiento
y remoción no será potestad absoluta y discrecional de ninguna
autoridad,
salvo lo que al respecto dispone esta Constitución.
Los
servidores públicos se regirán por el sistema de méritos; y la estabilidad
en sus
cargos estará condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el
servicio.
Artículo
296.- Los estudiantes y egresados de instituciones educativas prestarán
servicios
temporales a la comunidad antes de ejercer libremente su profesión u
oficio por
razón de Servicio Civil obligatorio instituido por la presente
Constitución.
La ley reglamentará esta materia.
Capítulo
2o.
Principios
Básicos de la Administración de Personal
Artículo
297.- Los deberes y derechos de los servidores públicos, así como los
principios
para los nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados,
destituciones,
cesantia y jubilaciones serán determinados por la Ley.
Los
nombramientos que recaigan en el personal de carrera se harán con base en el
sistema de
mérito.
Los
servidores públicos están obligados a desempeñar personalmente sus funciones
a las que se
dedicarán el máximo de sus capacidades y percibirán por las mismas
una
remuneración justa.
Artículo
298.- Los servidores públicos no podrán percibir dos o más sueldos
pagados por
el estado, salvo los casos especiales que determine la Ley, ni
desempeñar
puestos con jornadas simultáneas de trabajo.
Las
jubilaciones de los servidores públicos se fundarán en estudios actuariales
y
proporciones presupuestarias razonables.
Artículo
299.- El Presidente y Vicepresidentes de la República, los Magistrados
de la Corte
Suprema de Justicia, de los Tribunales ordinarios y especiales, el
Procurador
General de la Nación y el de la Administración, los Jueces, los
Ministros de
Estado, el Contralor General de la República, el Presidente de la
Asamblea
Legislativa, los Directores Generales, Gerentes o jefes de entidades
autónomas,
los Directores Nacionales y Provinciales de los servicios de Policía,
empleados o
funcionarios públicos de manejo conforme al Código Fiscal, deben
presentar al
inicio y término de sus funciones, una declaración jurada de su
estado
patrimonial, la cual deberán hacer en un término de diez días hábiles a
partir de la
toma de posesión del cargo y diez días hábiles a partir de la
separación.
El Notario
realizará esta diligencia sin costo alguno.
Esta
disposición tiene efectos inmediatos, sin perjuicio de su reglamentación
por medio de
Ley.
Capítulo
3o.
Organización
de la Administración de Personal
Artículo
300.- Se instituyen las siguientes carreras en los servicios públicos
conforme a
los principios del sistema de méritos:
La Carrera Administrativa.
La Carrera judicial.
La Carrera Docente.
La Carrera Diplomática y Consultar.
La Carrera Sanitaria.
La Carrera Militar.
Las otras que la Ley determine.
La Ley
regulará la estructura y organización de estas carreras de conformidad
con las
necesidades de la Administración.
Artículo
301.- Las dependencias oficiales funcionarán a base de un Manual de
Procedimientos
y otro de Clasificación de Puestos.
Artículo
302.- No forman parte de las carreras públicas:
Los servidores públicos cuyo nombramiento
regula esta Constitución.
Los Directores y Subdirectores Generales de
entidades autónomas y
semiautónomas, los servidores públicos
nombrados por tiempo determinado o por
períodos fijos establecidos por la Ley o los
que sirvan cargos ad honoren.
El personal de secretaría y de servicio
inmediatamente adscrito a los
servidores públicos que no forman parte de
ninguna carrera.
Los servidores públicos con mando y jurisdicción
que no estén dentro de una
carrera.
Los profesionales, técnicos o trabajadores
manuales que se requieran para
servicios temporales, interinos o
transitorios en los Ministerios o en las
instituciones autónomas y semiautónomas.
Los servidores públicos cuyos cargos estén
regulados por el Código de Trabajo.
Los Jefes de Misiones Diplomáticas que la
Ley determine.
Capítulo 4o.
Disposiciones
Generales
Artículo
303.- Las disposiciones contenidas en los artículos 202, 205, 207, 208,
209 y 213,
se aplicarán con preceptos establecidos en este Título.
Artículo
304.- Los servidores públicos no podrán celebrar por si mismos o por
interpuestas
personas, contratos con la entidad u organismo en que trabajen
cuando éstos
sean lucrativos y de carácter ajeno al servicio que prestan.
TÍTULO XII
DEFENSA
NACIONAL Y SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo
305.- La República de Panamá no tendrá ejército. Todos los panameños
están
obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la
integridad
territorial del Estado.
Para la
conservació del orden público, la protección de la vida, honra y bienes
de quienes
se encuentren bajo jurisdicción del Estado y para la prevención de
hechos
delictivos, la Ley organizará los servicios de policía necesarios, con
mandos y
escalafón separados.
Ante amenaza
de agresión externa podrán organizarse temporalmente, en virtud de
la ley,
servicios especiales de policía para la protección de las fronteras y
espacios
jurisdiccionales de la República. El Presidente de la República es el
jefe de
todos los servicios establecidos en el presente Título; y éstos, como
agentes de
la autoridad, estarán subordinados al poder civil; por tanto,
acatarán las
órdenes que emitan la autoridades nacionales, provinciales o
municipales
en el ejercicio de sus funciones legales.
Artículo
306.- Los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no
podrán hacer
manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o
colectiva.
Tampoco podrán intervenir en la política partidista, salvo la emisión
del voto. El
desacato a la presente norma será sancionado con la destitución
inmediata
del cargo, además de las sanciones que establezca la Ley 2
Artículo
307.- Sólo el gobierno podrá poseer armas y elementos de guerra. Para
su
fabricación, importación y exportación, se requerirá permiso previo del
Ejecutivo.
la ley definirá las armas que no deban considerarse como de guerra y
reglamentará
su importación, fabricación y uso.
TÍTULO XIII
REFORMA DE
LA CONSTITUCIÓN
Artículo
308.- La iniciativa para proponer reformas constitucionales corresponde
a la
Asamblea Legislativa, al Consejo de Gabinete o a la Corte Suprema de
Justicia, y
las reformas deberán ser aprobadas por uno de los siguientes
procedimientos:
Por un Acto Legislativo aprobado en tres
debates por la mayoría absoluta de
los miembros de la Asamblea Legislativa, el
cual debe ser publicado en la
Gaceta Oficial y transmitido por el Organo
Ejecutivo a dicha Asamblea, dentro
de los primeros cinco días de las sesiones
ordinarias siguientes a las
elecciones para la renovación del órgano
Legislativo, a efecto de que, en esta
última legislatura, sea nuevamente debatido
y aprobado sin modificación, en un
solo debate, por la mayoría absoluta de los
miembros que la integran.
Por un Acto Legislativo aprobado en tres
debates por la mayoría absoluta de
los miembros de la Asamblea Legislativa, en
una legislatura, aprobado
igualmente, en tres debates, por mayoría
absoluta de los miembros de la
mencionada Asamblea, en la legislatura
inmediatamente siguiente. En ésta se
podrá modificar el texto aprobado en la
legislatura anterior. El acto
legislativo aprobado de esta forma deberá
ser publicado en la Gaceta Oficial y
sometido a consulta popular directa mediante
referéndum que se celebrará en la
fecha que señale la Asamblea Legislativa,
dentro de un plazo que no podrá ser
menor de tres meses ni exceder de seis
meses, contados desde la aprobación del
Acto Legislativo por la segunda legislatura.
El Acto Legislativo aprobado con arreglo a
cualquiera de los dos
procedimientos anteriores, empezará a regir
a partir de su publicación en la
Gaceta oficial, la cual deberá hacerse por
el Organo Ejecutivo, dentro de los
diez días hábiles que siguen a su
ratificación por parte de la Asamblea
Legislativa, o dentro de los treinta días
hábiles siguientes a su aprobación
mediante referéndum, según fuere el caso,
sin que la publicación posterior a
dichos plazos sea causa de
inconstitucionalidad.
TÍTULO XIV
EL CANAL DE
PANAMÁ
Artículo
309.- El Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la
Nación
panameña; permanecerá abierto al tránsito pacífico e ininterrumpido de
las naves de
todas las naciones y su uso estará sujeto a los requisitos y
condiciones
que establezcan esta Constitución, la ley y su Administración.
Artículo
310.- Se crea una persona jurídica autónoma de Derecho Público, que se
denomina
Autoridad del Canal de Panamá, a la que corresponderá privativamente,
la
administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento y modernización
del Canal de
Panamá y sus actividades conexas, con arreglo a las normas
constitucionales
y legales vigentes, a fin que funcione de manera segura,
continua,
eficiente y rentable. Tendrá patrimonio propio y derecho de
administrarlo.
A la
Autoridad del Canal de Panamá corresponde la responsabilidad por la
administración,
mantenimiento, uso y conservación de los recursos hidráulicos de
la cuenca
hidrográfica del Canal de Panamá, constituidos por el agua de, los
lagos y sus
corrientes tributarías, en coordinación con los organismos estatales
que la Ley
determine. Los planes de construcción, uso de las aguas, utilización,
expansión,
desarrollo de los puertos y de cualquiera otra obra o construcción en
las riberas
del Canal de Panamá, requerirán la aprobación previa de la Autoridad
del Canal de
Panamá.
La Autoridad
del Canal de Panamá no estará sujeta al pago de impuestos,
derechos,
tasas, cargos, contribuciones o tributos, de carácter nacional o
municipal,
con excepción de las cuotas de seguridad social, el seguro educativo,
los riesgos
profesionales y las tasas por servicios públicos, salvo lo dispuesto
en el
Artículo 7.
Artículo
311.- La Autoridad del Canal de Panamá y todas aquellas instituciones y
autoridades
de la República vinculadas al sector marítimo, formarán parte de la
estrategia
marítima nacional. El Organo Ejecutivo propondrá al Organo
Legislativo
la Ley que coordine todas estas instituciones para, promover el
desarrollo
socio-económico del país.
Artículo
312.- La administración de la Autoridad del Canal de Panamá estará a
cargo de una
Junta Directiva compuesta por once directores, nombrados así:
Un director designado por el Presidente de
la República, quien presidirá la
Junta Directiva y tendrá la condición de
Ministro de Estado para Asuntos del
Canal.
Un director asignado por el Organo
Legislativo que será de su libre
nombramiento y remoción.
Nueve directores nombrados por el Presidente
de la República, con acuerdo del:
Consejo de Gabinete y ratificados por el
Organo Legislativo, por mayoría
absoluta de sus miembros.
La Ley
establecerá los requisitos para ocupar el cargo de director, garantizando
la
renovación escalonada de los directores señalados en el numeral 3 de este
artículo, en
grupos de tres y cada tres años. A partir de la primera renovación,
el período
de todos los directores será de nueve años.
Artículo
313.- La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades y
atribuciones,
sin perjuicio de otras que la Constitución y la Ley determinen:
Nombrar y remover al Administrador y al Sub
administrador del Canal determinar
sus atribuciones, de acuerdo con la Ley.
Fijar los peajes, tasas y derechos por el
uso del Canal y sus. servicios
conexos, sujetos a la aprobación final del
Consejo de Gabinete.
Contratar empréstitos, previa aprobación del
Consejo de Gabinete y dentro de
los límites establecidos en la Ley.
Otorgar concesiones para la prestación de
servicios a la Autoridad del Canal
de Panamá y a las naves que lo transiten.
Proponer los límites de la cuenca
hidrográfica del Canal para la aprobación
del Consejo de Gabinete y la Asamblea
Legislativa.
Aprobar privativamente los reglamentos que
desarrollen las normas generales
que dicte el Organo Legislativo a propuesta
del Organo Ejecutivo, sobre el
régimen de contratación, compras y todas las
materias necesarias para el mejor
funcionamiento, mantenimiento, conservación,
y modernización del Canal, dentro
de la estrategia marítima nacional.
Todas aquéllas que establezcan esta Constitución
y la Ley.
Artículo
314. -La Autoridad del Canal de Panamá adoptará un sistema de
planificación
y administración financiera trienal conforme al cual aprobará,
mediante
resolución motivada, su proyecto de presupuesto anual, que no formará
parte del
Presupuesto General del Estado.
La Autoridad
del Canal de Panamá presentará su proyecto de Presupuesto al
Consejo de
Gabinete, que a su vez, lo someterá a la consideración de la Asamblea
Legislativa
para su examen, aprobación o rechazo, según lo dispuesto en el
Capítulo 2º,
Título IX de esta Constitución.
En el
Presupuesto se establecerán las contribuciones a la seguridad social y los
pagos de las
tasas por servicios públicos prestados" así como el traspasa de los
excedentes
económicos al Tesoro Nacional, una vez cubiertas los costos :de
operación,
inversión, funcionamiento, mantenimiento, modernización ampliación
del Canal y
las reservas necesarias para contingencias, previstas de acuerdo a
la Ley y su
Administración.
La ejecución
del presupuesto estará a cargo del Administrador del Canal y será
fiscalizada
por la Junta Directiva, o quien ésta designe, y solamente mediante
control
posterior, por 1a Contraloría General de la República.
Artículo
315.- La Autoridad del Canal de Panamá pagará anualmente al Tesoro
Nacional
derechos por tonelada neta: del Canal de Panamá, o su equivalente,
cobrados a
las naves sujetas su equivalente, cobrados a las naves sujetas al
pago de
peajes que transiten por el Canal de Panamá. Estos derechos serán
fijados por
la Autoridad del Canal de Panamá y no serán inferiores a los que
deberá
percibir la República de Panamá por igual concepto al 31 de diciembre de
1999
Por razón de
su tránsito por el Canal de Panamá, las naves, su carga o
pasajeros,
sus propietarios, armadores o su funcionamiento, así como 1a
Autoridad
del Canal de Panamá, no serán sujeto de ningún otro gravamen nacional
o municipal
Artículo
316.- La Autoridad del Canal de Panamá estará sujeta a un régimen
laboral especial
basado en un sistema de méritos y adoptará un Plan General de
Empleo que
mantendrá como mínimo, las condiciones derechos laborales similares a
los
existentes al 31 de diciembre de 1999. A los trabajadores permanentes, y
aquéllos que
deban acogerse a la Jubilación especial en ese año cuyas posiciones
se
determinen necesarias de acuerdo a las normas aplicables, que les garantizará
la
contratación con beneficios y condiciones iguales a los que les correspondan
hasta esa
fecha.
La Autoridad
del Canal de Panamá contratará, preferentemente, a nacionales
panameños.
La Ley Orgánica regulará la contratación de empleados extranjeros
garantizando
que no rebajen las condiciones o normas de vida del empleado
panameño. En
consideración al servicio público internacional esencial que presta
el Canal, su
funcionamiento no podrá interrumpirse por causa alguna.
Los
conflictos laborales entre los trabajadores del Canal de Panamá y su
Administración
serán resueltos entre los trabajadores o los sindicatos y la
Administración,
siguiendo los mecanismos de dirimencia que se establezcan en la
Ley. El
arbitraje constituirá la última instancia administrativa.
Artículo
317.- El régimen contenido en este título solo podrá ser desarrollado
por Leyes que
establezcan normas generales. La Autoridad del Canal de Panamá
podrá
reglamentar estas materias y enviará copia de todos los reglamentos que
expida en el
ejercicio de esta facultad al Organo Legislativo, en un término no
mayor de
quince días calendario.
TÍTULO XV
DISPOSICIONES
FINALES Y TRANSITORIAS0
Capítulo 1º
Disposiciones
Finales
Artículo
318.- Esta Constitución entrará en vigencia a partir del 11 de octubre
de 1972.
Artículo
319.- Los tratados o convenios internacionales que celebre el órgano
ejecutivo
sobre el Canal de esclusas, su zona adyacente y la protección de dicho
Canal a
nivel del mar o de un tercer juegos de esclusas, deberán ser aprobados
por el
órgano Ejecutivo, y luego de su aprobación serán sometidos a referéndum
nacional,
que no podrá celebrarse antes de los tres meses siguientes a la
aprobación
legislativa.
Ninguna
enmienda, reserva o entendimiento que se refiera a dichos tratados o
convenios
tendrá validez sino cumple con los requisitos del inciso anterior.
Esta
disposición se aplicará también a cualquier contrato que celebre el Organo
Ejecutivo
con alguna empresa o empresas particulares o pertenecientes a otro
Estado o
Estados, sobre la construcción de un Canal a nivel del mar o de un
tercer juego
de esclusas.
Artículo
320.- Quedan derogadas todas las Leyes y demás normas jurídicas que
sean
contrarias a esta constitución, salvo las relativas a la patria potestad y
alimentos,
las cuales seguirán vigentes en las partes que sean contrarias a esta
constitución
por un término no mayor de doce meses a partir de su vigencia.
Capítulo
2º
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
Artículo
321.- Se adoptan las siguientes disposiciones transitorias:
Por regla general, las disposiciones de la
presente reforma constitucional
tienen vigencia inmediata, a partir de su
promulgación, excepto en los
siguientes casos:
Que alguna regla transitoria señale una
fecha distinta para que se inicie
dicha vigencia.
Que se mantenga temporalmente la vigencia
de Títulos o artículos específicos
de la Constitución de 1972 que quedarán
sustituidos o reformados.
El Presidente y los Vicepresidentes de la
República que sean elegidos en
1984 tomarán posesión en sus cargos al
vencerse el actual período
presidencial.
Las disposiciones de la Constitución de
1972 relativas al Organo Ejecutivo,
a la Asamblea Nacional de Representantes
de Corregimientos, excepto el
artículo 140, al Consejo Nacional de
Legislación y a los Regímenes Municipal
y Provincial continuarán en vigencia hasta
que venzan los actuales períodos.
Las disposiciones del Título V (Organo
Legislativo), Título VI (Organo
Ejecutivo) y el Título VIII (Regímenes
Municipal y Provincial), tendrán
vigencia a partir de su promulgación, en
lo que respecta a la materia de las
elecciones de 1984.
Las disposiciones de la Constitución de
1972 relativas al Organo Judicial
continuarán en vigencia hasta la
promulgación de las presentes reformas
constitucionales.
Las disposiciones de esta reforma
constitucional relativas al Título IX, en
cuanto al Presupuesto General del Estado,
iniciarán su vigencia con respecto
al Presupuesto de 1985.
Los actuales Magistrados del Tribunal
Electoral ejercerán sus cargos hasta
cuando venza el período para el cual
fueron nombrados.
El nuevo período del Procurador General de
la Nación y del Procurador de la
Administración comenzará el primero de
enero de 1985.
El nuevo período del Contralor y del
Subcontralor General comenzará el
primero de enero de 1985.
El Tribunal Electoral, previa consulta con
los partidos políticos inscritos,
presentará al Consejo Nacional de
Legislación, dentro del término de treinta
días calendario, contados a partir de la
vigencia de este artículo
transitorio, el proyecto de Ley
reglamentaria de las elecciones de 1984 para
escoger Presidente y Vicepresidentes de la
República, Legisladores, Alcaldes
de Distritos, Representantes de
Corregimientos y miembros de los Consejos
Municipales. Si dentro del plazo de
sesenta días calendario contado a partir
de la presentación del proyecto de Ley
antes mencionado, la Ley Electoral no
ha sido dictada, las elecciones de 1984 se
regirán por un Reglamento de
Elecciones que expedirá el Tribunal
Electoral, en consulta con los partidos
políticos legalmente constituidos. En este
caso, el Tribunal Electoral
dictará los Decretos que la ejecución del
Reglamento de Elecciones exija, y
en éste - se incluirán las disposiciones
reglamentarias que la Constitución
adscribe a la Ley.
Hasta tanto sean creadas y demarcadas las
Comarcas Indígenas de la
República, la Ley creará un circuito
electoral formado por los
Corregimientos del oriente de la Provincia
de Chiriquí habitados
mayoritariamente por la población guaymí,
en el cual ésta elegirá un
Legislador principal y sus respectivos
suplentes, como miembros de la
Asamblea Legislativa.
Se reconoce el nombramiento de los
actuales Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia. Para asegurar la designación
sucesiva de Magistrados, por
períodos que venzan en distintas fechas,
los actuales Magistrados
permanecerán en sus cargos hasta cuando
cumplan los requisitos para su
jubilación o hasta cuando sean
reemplazados mediante nuevos nombramientos. A
partir del primero de diciembre de 1985,
se harán nuevos nombramientos de
dos Magistrados principales y suplentes,
para que entren en funciones desde
el primero de enero de 1986, en reemplazo
de aquellos que hubieren cumplido
los requisitos para su jubilación. Si
hubiere más de dos Magistrados que
tuvieren ese derecho, se reemplazará a los
dos que tengan mayor edad.
A partir del primero de diciembre de 1987,
se harán nuevos nombramientos de
dos Magistrados principales y suplentes,
para que entren en funciones desde
el primero de enero de 1988, en reemplazo
de los dos Magistrados que, en la
primera fecha, hubieren cumplido los
requisitos para la jubilación, o que
estuvieron más próximos a cumplirlos, de
acuerdo con la legislación vigente.
A partir del primero de diciembre de 1989,
se harán nuevos nombramientos de
dos Magistrados principales y suplentes,
para que entren en funciones, a
partir del primero de enero de 1990, en
reemplazo de los dos Magistrados que
en la primera fecha, hubieren cumplido los
requisitos para la jubilación o
que estuvieron más próximos a cumplirlos,
de acuerdo con la legislación
vigente.
A partir del primero de diciembre de 1991,
se harán nuevos nombramientos de
dos Magistrados principales y suplentes,
para que entren en funciones desde
el primero de enero de 1992, en reemplazo
de los dos Magistrados que, en la
primera fecha, hubieren cumplido los
requisitos para la jubilación, o que
estuvieron más próximos a cumplirlos, de acuerdo
con la legislación vigente.
A partir del primero de diciembre de 1992,
se hará el nombramiento de un
Magistrado y su suplente, para que entren
en función desde el primero de
enero de 1993, en reemplazo del Magistrado
que a fines de 1992 se le vence
su período.
En el caso de que cualquiera de los
actuales Magistrados no tenga derecho a
1 a jubilación conforme a la legislación
vigente al momento de que se provea
su reemplazo antes del vencimiento de su
periodo, se le reconoce por mandato
de esta disposición el derecho a continuar
percibiendo sus emolumentos,
inclusive gastos de representación, hasta
el fin del período respectivo.
El Tribunal Electoral dictará el Decreto
reglamentario en que conste la
división. en Circuitos Electorales que
servirá de base a la elección de
Legisladores en 1984, conforme a las
respectivas disposiciones de esta
reforma constitucional incluyendo aquellas
que ésta adscribe a la Ley.
En vista de que las presentes reformas
constitucionales modifican y eliminan
artículos de la Constitución de 1972, e
introducen en ella artículos nuevos,
quedando numerosos artículos sin
modificar, se faculta al Organo Ejecutivo
para que, de ser aprobadas estas reformas
constitucionales, elabore una
ordenación sistemática de las
disposiciones no reformadas y de las nuevas
disposiciones en forma de texto único, que
tenga una numeración corrida de
artículos, comenzando con el número uno,
con las debidas menciones de
artículos puestas en orden, y que publique
este texto único de la
Constitución en la Gaceta Oficial en el
término de veinte días contados a
partir de la fecha en que el Tribunal
Electoral dé a conocer el resultado
del referéndum.
El mismo texto único se publicará en folleto
de edición oficial, para los
fines de su amplia difusión.
Artículo
322.- En lo que no contradiga lo dispuesto en esta Constitución la
Autoridad
del Canal de Panamá integrará a su organización la estructura
administrativa
y operacional existente en la Comisión del Canal de Panamá al 31
de diciembre
de 1999, incluyendo sus departamentos, oficinas, posiciones, normas
vigentes,
reglamentos y convenciones colectivas vigentes, hasta que sean
modificados
de acuerdo a la Ley.
Por cuanto
el título que se adiciona a la Constitución vigente mediante este
acto
legislativo introduce artículos nuevos, se faculta al Organo Ejecutivo para
que elabore
una ordenación sistemática de las nuevas disposiciones sustituyendo
el Título
XIV "Disposiciones Finales" de la Constitución Política de la
República de
Panamá, por el nuevo título aprobado, de forma tal que el título
nuevo
relativo a "El Canal de Panamá" pase a ser el Título XIV con una
numeración
corrida comenzando por el Artículo 309 y así sucesivamente y el
Título XIV
actual pase a ser Título XV.
Se faculta,
asimismo, al Organo Ejecutivo para que publique el nuevo texto único
de la
Constitución en la Gaceta Oficial una vez el presente Acto Legislativo
haya sido
aprobado por la próxima Asamblea Legislativa que resulte elegida en
mayo de
1994.
Dada en la
ciudad de Panamá, a los once días del mes de octubre de mil
novecientos
setenta y dos y reformada por los Actos Reformatorios N' 1 y N' 2,
de 5 y 25 de
octubre de 1978, respectivamente, por el Acto Constitucional
aprobado el
veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y tres, y por los
Actos
Legislativos Nº 1 de 1993 y Nº 2 de 1994.