REPÚBLICA DEL  PARAGUAY

 

 

 

CONSTITUCIÓN

 

 

 

 

PREÁMBULO

El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en

Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad

humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia,

reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa,

participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacionales,

e integrado a la comunidad internacional, SANCIONA Y PROMULGA esta Constitución.

 

Asunción, 20 de junio de 1992

PARTE I.

DE LAS DECLARACIONES FUNDAMENTALES, DE LOS DERECHOS, DE LOS DEBERES Y DE LAS

GARANTÍAS

TÍTULO I.

DE LAS DECLARACIONES FUNDAMENTALES

Artículo 1 - DE LA FORMA DEL ESTADO Y DE GOBIERNO

La República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye

en Estado social de derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la

forma que se establecen esta Constitución y las leyes.

La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa,

participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana.

Artículo 2 - DE LA SOBERANÍA

En la República del Paraguay y la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce,

conforme con lo dispuesto en esta Constitución.

Artículo 3 - DEL PODER PUBLICO

El pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio. El gobierno es

ejercido por los poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de

separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos

poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o

colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público.

La dictadura está fuera de ley.

TÍTULO II.

DE LOS DERECHOS, DE LOS DEBERES Y DE LAS GARANTÍAS

CAPÍTULO I.

DE LA VIDA Y DEL AMBIENTE

SECCIÓN I.

DE LA VIDA

Artículo 4 - DEL DERECHO A LA VIDA

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su

protección, en general, desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte.

Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica,

así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la liberta de las

personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines científicos o

médicos.

Artículo 5 - DE LA TORTURA Y DE OTROS DELITOS

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o

degradantes.

El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el

secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles.

Artículo 6 - DE LA CALIDAD DE VIDA

La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que

reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los

impedimentos de la discapacidad o de la edad.

El Estado también fomentará la investigación sobre los factores de población y

sus vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del

ambiente y con la calidad de vida de los habitantes.

SECCIÓN II.

DEL AMBIENTE

Artículo 7 - DEL DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE

Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente

equilibrado.

Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la

conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su

conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la

legislación y la política gubernamental pertinente.

Artículo 8 - DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas

por la ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique

peligrosas.

Se prohibe la fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, la

posesión o el uso de armas nucleares, químicas y biológicas, así como la

introducción al país de residuos tóxicos. La ley podrá extender ésta prohibición

a otros elementos peligrosos; asimismo, regulará el tráfico de recursos

genéticos y de su tecnología, precautelando los intereses nacionales.

El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente

importará la obligación de recomponer e indemnizar.

CAPÍTULO II

DE LA LIBERTAD

Artículo 9 - DE LA LIBERTAD Y DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

 Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad.

 

Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no

prohibe.

Artículo 10 - DE LA PROSCRIPCIÓN DE LA ESCLAVITUD Y OTRAS SERVIDUMBRES

Están proscritas la esclavitud, las servidumbres personales y la trata de

personas. La ley podrá establecer cargas sociales en favor del Estado.

Artículo 11 - DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

Nadie será privado de su libertad física o procesado, sino mediando las causas y

en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes.

Artículo 12 - DE LA DETENCIÓN Y DEL ARRESTO

Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente,

salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena

corporal. Toda persona detenida tiene derecho a:

  que se le informe, en el momento del hecho, de la causa que lo motiva, de su

  derecho a guardar silencio y a ser asistida por un defensor de su confianza.

  En el acto de la detención, la autoridad está obligada a exhibir la orden

  escrita que la dispuso;

  que la detención sea inmediatamente comunicada a sus familiares o personas que

  el detenido indique;

  que se le mantenga en libre comunicación, salvo que, excepcionalmente, se

  halle establecida en su incomunicación por mandato judicial competente, la

  incomunicación no regirá respecto a su defensor, y en ningún caso podrá

  exceder del término que prescribe la ley;

  que disponga de un intérprete, si fuere necesario, y a

  que sea puesta, en un plazo no mayor de veinticuatro horas, a disposición del

  magistrado judicial competente, para que éste disponga cuanto corresponda en

  derecho.

Artículo 13 - DE LA NO PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR DEUDAS

No se admite la privación de la libertad por deuda, salvo mandato de autoridad

judicial competente dictado por incumplimiento de deberes alimentarios o como

sustitución de multas o fianzas judiciales.

Artículo 14 - DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY

Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado

o al condenado.

Artículo 15 - DE LA PROHIBICIÓN DE HACERSE JUSTICIA POR SI MISMO

Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni reclamar sus derecho con violencia.

Pero, se garantiza la legítima defensa.

Artículo 16 - DE LA DEFENSA EN JUICIO

La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda

persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes,

independientes e imparciales.

Artículo 17 - DE LOS DERECHOS PROCESALES

En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o

sanción, toda persona tiene derecho a:

  que sea presumida su inocencia;

  que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el

  magistrado para salvaguardar otros derechos;

  que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho

  del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales;

  que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir

  procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales

  establecidas en los casos previstos por la ley procesal;

  que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su elección;

  que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de

  medios económicos para solventarlo;

  la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de

  copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en

  libre comunicación;

  que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas;

  que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación

  de las normas jurídicas;

  el acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones

  procesales, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos. El

  sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley, y a

  la indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial.

Artículo 18 - DE LAS RESTRICCIONES DE LA DECLARACIÓN

Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra

la persona con quien está unida ni contra sus parientes dentro del cuarto grado

de consanguinidad o segundo de afinidad inclusive.

Los actos ilícitos o la deshonra de los imputados no afectan a sus parientes o

allegados.

Artículo 19 - DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

La prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las

diligencias del juicio. En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo

mayor al de la pena mínima establecida para igual delito, de acuerdo con la

calificación del hecho efectuada en el auto respectivo.

Artículo 20 - DEL OBJETO DE LAS PENAS

Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los

condenados y la protección de la sociedad.

Quedan proscritas la pena de confiscación de bienes y la de destierro.

Artículo 21 - DE LA RECLUSIÓN DE LAS PERSONAS

Las personas privadas de su libertad serán recluidas en establecimientos

adecuados, evitando la promiscuidad de sexos. Los menores no serán recluidos con

personas mayores de edad.

La reclusión de personas detenidas se hará en lugares diferentes a los

destinados para los que purguen condena.

Artículo 22 - DE LA PUBLICACIÓN SOBRE PROCESOS

La publicación sobre procesos judiciales en curso debe realizarse sin

prejuzgamiento.

El procesado no deberá ser presentado como culpable antes de la sentencia

ejecutoriada.

Artículo 23 - DE LA PRUEBA DE LA VERDAD

La prueba de la verdad y de la notoriedad no serán admisibles en los procesos

que se promoviesen con motivo de publicaciones de cualquier carácter que afecten

al honor, a la reputación o a la dignidad de las personas, y que se refieran a

delitos de acción penal privada o a conductas privadas que esta Constitución o

la ley declaran exentas de la autoridad pública.

Dichas pruebas serán admitidas cuando el proceso fuera promovido por la

publicación de censuras a la conducta pública de los funcionarios del Estado, y

en los demás casos establecidos expresamente por la ley.

Artículo 24 - DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA IDEOLÓGICA

Quedan reconocidas la libertad religiosa, la de culto y la ideológica, sin más

limitaciones que las establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna

confesión tendrá carácter oficial.

Las relaciones del Estado con la iglesia católica se basan en la independencia,

cooperación y autonomía.

Se garantizan la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones

religiosas, sin más limitaciones que las impuestas en esta Constitución y las

leyes.

Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus

creencias o de su ideología.

Artículo 25 - DE LA EXPRESIÓN DE LA PERSONALIDAD

Toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad, a la

creatividad y a la formación de su propia identidad e imagen.

Se garantiza el pluralismo ideológico.

Artículo 26 - DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA

Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión

del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que

las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley

que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos

comunes cometidos por medio de la prensa.

Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como

igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales

fines.

Artículo 27 - DEL EMPLEO DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El empleo de los medios de comunicación es de interés público; en consecuencia,

no se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento.

No se admitirá la prensa carente de dirección responsable.

Se prohibe toda práctica discriminatoria en la provisión de insumos para la

prensa, así como interferir las frecuencias radioeléctricas y obstruir, de la

manera que fuese, la libre circulación, la distribución y la venta de

periódicos, libros, revistas o demás publicaciones con dirección o autoría

responsable.

Se garantiza el pluralismo informativo.

La ley regulará la publicidad a los efectos de la mejor protección de los

derechos del niño, del joven, del analfabeto, del consumidor y de la mujer.

Artículo 28 - DEL DERECHO A INFORMARSE

Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable

y ecuánime.

Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las

modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este

derecho sea efectivo.

Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o

ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo

medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los

demás derechos compensatorios.

Artículo 29 - DE LA LIBERTAD DE EJERCICIO DEL PERIODISMO

El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está

sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de

comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a

actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de

información.

El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin

censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su

responsabilidad haciendo constar su disenso.

Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo

intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme con la

ley.

Artículo 30 - DE LAS SEÑALES DE COMUNICACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

La emisión y la propagación de las señales de comunicación electromagnética son

del dominio público del Estado, el cual, en ejercicio de la soberanía nacional,

promoverá el pleno empleo de las mismas según los derechos propios de la

República y conforme con los convenios internacionales ratificados sobre la

materia.

La ley asegurará, en igualdad de oportunidades, el libre acceso al

aprovechamiento del espectro electromagnético, así como al de los instrumentos

electrónicos de acumulación y procesamiento de información pública, sin más

límites que los impuestos por las regulaciones internacionales y las normas

técnicas. Las autoridades asegurarán que estos elementos no sean utilizados para

vulnerar la intimidad personal o familiar y los demás derechos establecidos en

esta Constitución.

Artículo 31 - DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ESTADO

Los medios de comunicación dependientes del Estado serán regulados por ley en su

organización y en su funcionamiento, debiendo garantizarse el acceso democrático

y pluralista a los mismos de todos los sectores sociales y políticos, en

igualdad de oportunidades.

Artículo 32 - DE LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE MANIFESTACIÓN

Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas

y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser

obligadas a participar de tales actos. La ley sólo podrá reglamentar su

ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando

derechos de terceros y el orden público establecido en la ley.

Artículo 33 - DEL DERECHO A LA INTIMIDAD

La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son

inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público

establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad

pública.

 Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de

la imagen privada de las personas.

Artículo 34 - DEL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LOS RECINTOS PRIVADOS

Todo recinto privado es inviolable. Sólo podrá ser allanado o clausurado por

orden judicial y con sujeción a la ley. Excepcionalmente podrá serlo, además, en

caso de flagrante delito o para impedir su inminente perpetración, o para evitar

daños a la persona o a la propiedad.

Artículo 35 - DE LOS DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS

Los documentos identificatorios, licencias o constancias de las personas no

podrán ser incautados ni retenidos por las autoridades. Estas no podrán

privarlas de ellos, salvo los casos previstos en la ley.

Artículo 36 - DEL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y LA

COMUNICACIÓN PRIVADA

El patrimonio documental de las personas es inviolable. Los registros,

cualquiera sea su técnica, los impresos, la correspondencia, los escritos, las

comunicaciones telefónicas, telegráficas o de cualquier otra especie, las

colecciones o reproducciones, los testimonios y los objetos de valor

testimonial, así como sus respectivas copias, no podrán ser examinados,

reproducidos, interceptados o secuestrados sino por orden judicial para casos

específicamente previstos en la ley, y siempre que fuesen indispensables para el

esclarecimiento de los asuntos de competencia de las correspondientes

autoridades. La ley determinará modalidades especiales para el examen de la

contabilidad comercial y de los registros legales obligatorios.

Las pruebas documentales obtenidas en violación o lo precripto anteriormente

carecen de valor en juicio.

En todos los casos se guardará estricta reserva sobre aquello que no haga

relación con lo investigado.

Artículo 37 - DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE LA CONCIENCIA

Se reconoce la objeción de conciencia por razones éticas o religiosas para los

casos en que esta Constitución y la ley la admitan.

Artículo 38 - DEL DERECHO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES DIFUSOS

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las

autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del

hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los

intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan

a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio

colectivo.

Artículo 39 - DEL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN JUSTA Y ADECUADA

Toda persona tienen derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los

daños o perjuicios de que fuere objeto por parte del Estado. La ley reglamentará

este derecho.

Artículo 40 - DEL DERECHO A PETICIONAR A LAS AUTORIDADES

Toda persona, individual o colectivamente y sin requisitos especiales, tienen

derecho a peticionar a las autoridades, por escrito, quienes deberán responder

dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine. Se reputará

denegada toda petición que no obtuviese respuesta en dicho plazo.

Artículo 41 - DEL DERECHO AL TRANSITO Y A LA RESIDENCIA

Todo paraguayo tienen derecho a residir en su Patria. Los habitantes pueden

transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o de

residencia, ausentarse de la República o volver a ella y, de acuerdo con la ley,

incorporar sus bienes al país o sacarlos de él. Las migraciones serán

reglamentadas por la ley, con observancia de estos derechos.

El ingreso de los extranjeros sin radicación definitiva en el país será regulado

por la ley, considerando los convenios internacionales sobre la materia.

Los extranjeros con radicación definitiva en el país no serán obligados a

abandonarlo sino en virtud de sentencia judicial.

Artículo 42 - DE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

Toda persona es libre de asociarse o agremiarse con fines lícitos, así como

nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación. La forma de

colegiación profesional será reglamentada por ley. Están prohibidas las

asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Artículo 43 - DEL DERECHO DE ASILO

El Paraguay reconoce el derecho de asilo territorial y diplomático a toda

persona perseguida por motivos o delitos políticos o por delitos comunes

conexos, así como por sus opiniones o por sus creencias. Las autoridades deberán

otorgar de inmediato la documentación personal y el correspondiente salvo

conducto.

Ningún asilado político será trasladado compulsivamente al país cuyas

autoridades lo persigan.

Artículo 44 - DE LOS TRIBUTOS

 Nadie estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios

personales que no hayan sido establecidos por la ley. No se exigirán fianzas

excesivas ni se impondrán multas desmedidas.

Artículo 45 - DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS NO ENUNCIADOS

La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución no

debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad

humana, no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá

ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía.

CAPÍTULO III

DE LA IGUALDAD

Artículo 46 - DE LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS

Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se

admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los

factores que las mantengan o las propicien.

Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán

consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios.

Artículo 47 - DE LAS GARANTÍAS DE LA IGUALDAD

El Estado garantizará a todos los habitantes de la República:

  la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los

  obstáculos que la impidiesen;

  la igualdad ante las leyes;

  la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más

  requisitos que la idoneidad, y

  la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la

  naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura.

Artículo 48 - DE LA IGUALDAD DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales,

económicos y culturales. El Estado promoverá las condiciones y creará los

mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los

obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación

de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional.

CAPÍTULO IV

DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA

Artículo 49 - DE LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA

La familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y se garantizará su

protección integral. Esta incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, a

los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores

y sus descendientes.

Artículo 50 - DEL DERECHO A CONSTITUIR FAMILIA

Toda persona tiene derecho a constituir familia, en cuya formación y

desenvolvimiento la mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y

obligaciones.

Artículo 51 - DEL MATRIMONIO Y DE LOS EFECTOS DE LAS UNIONES DE HECHO

La ley establecerá las formalidades para la celebración del matrimonio entre el

hombre y la mujer, los requisitos para contraerlo, las causas de separación, de

disolución y sus efectos, así como el régimen de administración de bienes y

otros derechos y obligaciones entre cónyuges.

Las uniones de hecho entre el hombre y la mujer, sin impedimentos legales para

contraer matrimonio, que reúnan las condiciones de estabilidad y singularidad,

producen efectos similares al matrimonio, dentro de las condiciones que

establezca la ley.

Artículo 52 - DE LA UNIÓN EN MATRIMONIO

La unión en matrimonio del hombre y la mujer es uno de los componentes

fundamentales en la formación de la familia.

Artículo 53 - DE LOS HIJOS

Los padres tienen el derecho y la obligación de asistir, de alimentar, de educar

y de amparar a sus hijos menores de edad. Serán penados por la ley en caso de

incumplimiento de sus deberes de asistencia alimentaria.

Los hijos mayores de edad están obligados a prestar asistencia a sus padres en

caso de necesidad.

La ley reglamentará la ayuda que se debe prestar a la familia de prole numerosa

y a las mujeres cabeza de familia.

Todos los hijos son iguales ante la ley. Esta posibilitará la investigación de

la paternidad. Se prohibe cualquier calificación sobre la filiación en los

documentos personales.

Artículo 54 - DE LA PROTECCIÓN AL NIÑO

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño

su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos

protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el

tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad

competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores.

Los derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente.

Artículo 55 - DE LA MATERNIDAD Y DE LA PATERNIDAD

La maternidad y la paternidad responsables serán protegidas por el Estado, el

cual fomentará la creación de instituciones necesarias para dichos fines.

Artículo 56 - DE LA JUVENTUD

Se promoverán las condiciones para la activa participación de la juventud en el

desarrollo político, social, económico y cultural del país.

Artículo 57 - DE LA TERCERA EDAD

Toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La

familia, la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante

servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud,

vivienda, cultura y ocio.

Artículo 58 - DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EXCEPCIONALES

Se garantizará a las personas excepcionales la atención de su salud, de su

educación, de su recreación y de su formación profesional para una plena

integración social.

El Estado organizará una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e

integración de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, a quienes

prestará el cuidado especializado que requieran.

Se les reconocerá el disfrute de los derechos que esta Constitución otorga a

todos los habitantes de la República, en igualdad de oportunidades, a fin de

compensar sus desventajas.

Artículo 59 - DEL BIEN DE LA FAMILIA

Se reconoce como institución de interés social el bien de familia, cuyo régimen

será determinado por ley. El mismo estará constituido por la vivienda o el fundo

familiar, y por sus muebles y elementos de trabajo, los cuales serán

inembargables.

Artículo 60 - DE LA PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

El Estado promoverá políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el

ámbito familiar y otras causas destructoras de su solidaridad.

Artículo 61 - DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y DE LA SALUD MATERNO INFANTIL

El Estado reconoce el derecho de las personas a decidir libre y responsablemente

el número y la frecuencia del nacimiento de sus hijos, así como a recibir, en

coordinación con los organismos pertinentes educación, orientación científica y

servicios adecuados, en la materia.

Se establecerán planes especiales de salud reproductiva y salud materno infantil

para la población de escasos recursos.

CAPÍTULO V

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Artículo 62 - DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y GRUPOS ÉTNICOS

Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos

como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado

paraguayo.

Artículo 63 - DE LA IDENTIDAD ÉTNICA

Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y

a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen derecho,

asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social,

económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus

normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior siempre

que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta

Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho

consuetudinario indígena.

Artículo 64 - DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA

Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en

extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus

formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas

tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles,

imprescriptibles, no susceptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones

contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo.

Se prohibe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de

los mismos.

Artículo 65 - DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

Se garantiza a los pueblos indígenas el derecho a participar en la vida

económica, social, política y cultural del país, de acuerdo con sus usos

consuetudinarios, ésta Constitución y las leyes nacionales.

Artículo 66 - DE LA EDUCACIÓN Y LA ASISTENCIA

El Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas

especialmente en lo relativo a la educación formal. Se atenderá, además, a su

defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la

contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural.

Artículo 67 - DE LA EXONERACIÓN

 Los miembros de los pueblos indígenas están exonerados de prestar servicios

sociales, civiles o militares, así como de las cargas públicas que establezca la

ley.

CAPÍTULO VI

DE LA SALUD

Artículo 68 - DEL DERECHO A LA SALUD

El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona

y en interés de la comunidad.

Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades,

pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes.

Toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca

la ley, dentro del respeto a la dignidad humana.

Artículo 69 - DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Se promoverá un sistema nacional de salud que ejecute acciones sanitarias

integradas, con políticas que posibiliten la concertación, la coordinación y la

complementación de programas y recursos del sector público y privado.

Artículo 70 - DEL RÉGIMEN DE BIENESTAR SOCIAL

La ley establecerá programas de bienestar social mediante estrategias basadas en

la educación sanitaria y en la participación comunitaria.

Artículo 71 - DEL NARCOTRÁFICO, DE LA DROGADICCIÓN Y DE LA REHABILITACIÓN

El Estado reprimirá la producción, y el tráfico ilícitos de las sustancias

estupefacientes y demás drogas peligrosas, así como los actos destinados a la

legitimación del dinero proveniente de tales actividades. Igualmente combatirá

el consumo ilícito de dichas drogas. La ley reglamentará la producción y el uso

medicinal de las mismas.

Se establecerán programas de educación preventiva y de rehabilitación de los

adictos, con la participación de organizaciones privadas.

Artículo 72 - DEL CONTROL DE CALIDAD

El Estado velará por el control de la calidad de los productos alimenticios,

químicos, farmacéuticos y biológicos, en las etapas de producción, importación y

comercialización. Asimismo facilitará el acceso de factores de escasos recursos

a los medicamentos considerados esenciales.

CAPÍTULO VII

DE LA EDUCACIÓN Y DE LA CULTURA

Artículo 73 - DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y DE SUS FINES

Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como

sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus

fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la

libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la

integración de los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los principios

democráticos; la afirmación del compromiso con la Patria, de la identidad

cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de

los contenidos educativos de carácter discriminatorio.

La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son

objetivos permanentes del sistema educativo.

Artículo 74 - DEL DERECHO DE APRENDER Y DE LA LIBERTAD DE ENSEÑAR

Se garantizan el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades al acceso a

los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin

discriminación alguna.

Se garantiza igualmente la libertad de enseñar, sin más requisitos que la

idoneidad y la integridad ética, así como el derecho a la educación religiosa y

al pluralismo ideológico.

Artículo 75 - DE LA RESPONSABILIDAD EDUCATIVA

La educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la

familia, en el Municipio y en el Estado.

El Estado promoverá programas de complemento nutricional y suministro de útiles

escolares para los alumnos de escasos recursos.

Artículo 76 - DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO

La educación escolar básica es obligatoria. En las escuelas públicas tendrá

carácter gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica,

agropecuaria, industrial y la superior o universitaria, así como la

investigación científica y tecnológica.

La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado,

con la participación de las distintas comunidades educativas. Este sistema

abarcará a los sectores públicos y privados, así como al ámbito escolar y

extraescolar.

Artículo 77 - DE LA ENSEÑANZA EN LENGUA MATERNA

La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua

oficial materna del educando. Se instruirá asimismo en el conocimiento y en el

empleo de ambos idiomas oficiales de la República

En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se

podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales.

Artículo 78 - DE LA EDUCACIÓN TECNICA

El Estado fomentará la capacitación para el trabajo por medio de la enseñanza

técnica, a fin de formar los recursos humanos requeridos para el desarrollo

nacional.

Artículo 79 - DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES

La finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores será

la formación profesional superior, la investigación científica y la tecnológica,

así como la extensión universitaria.

Las universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de gobierno

y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los

planes de desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y la de la

cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley,

la cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su

ejercicio.

Artículo 80 - DE LOS FONDOS PARA BECAS Y AYUDAS

La ley preverá la constitución de fondos para becas y otras ayudas, con el

objeto de facilitar la formación intelectual, científica, técnica o artística de

las personas con preferencia de las que carezcan de recursos.

Artículo 81 - DEL PATRIMONIO CULTURAL

Se arbitrarán los medios necesarios para la conservación, el rescate y la

restauración de los objetos, documentos y espacios de valor histórico,

arqueológico, paleontológico, artístico o científico, así como de sus

respectivos entornos físicos, que hacen parte del patrimonio cultural de la

Nación.

El Estado definirá y registrará aquellos que se encuentren en el país y, en su

caso, gestionará la recuperación de los que se hallen en el extranjero. Los

organismos competentes se encargarán de la salvaguarda y del rescate de las

diversas expresiones de la cultura oral y de la memoria colectiva de la Nación,

cooperando con los particulares que persigan el mismo objetivo. Quedan

prohibidos el uso inapropiado y el empleo desnaturalizante de dichos bienes, su

destrucción, su alteración dolosa, la remoción de sus lugares originarios y su

enajenación con fines de exportación.

Artículo 82 - DEL RECONOCIMIENTO A LA IGLESIA CATOLICA

Se reconoce el protagonismo de la Iglesia Católica en la formación histórica y

cultural de la Nación.

Artículo 83 - DE LA DIFUSIÓN CULTURAL Y DE LA EXONERACION DE LOS IMPUESTOS

Los objetos, las publicaciones y las actividades que posean valor significativo

para la difusión cultural y para la educación, no se gravarán con impuestos

fiscales ni municipales. La ley reglamentará estas exoneraciones y establecerá

un régimen de estímulo para introducción e incorporación al país de los

elementos necesarios para el ejercicio de las artes y de la investigación

científica y tecnológica, así como para su difusión en el país y en el

extranjero.

Artículo 84 - DE LA PROMOCIÓN DE LOS DEPORTES

El Estado promoverá los deportes, en especial los de carácter no profesional,

que estimulen la educación física, brindando apoyo económico y exenciones

impositivas a establecerse en la ley. Igualmente, estimulará la participación

nacional en competencias internacionales.

Artículo 85 - DEL MINIMO PRESUPUESTARIO

Los recursos destinados a la educación en el Presupuesto General de la Nación no

serán inferiores al veinte por ciento del total asignado a la Administración

Central, excluidos los préstamos y las donaciones.

CAPÍTULO VIII

DEL TRABAJO

SECCIÓN I

DE LOS DERECHOS LABORALES

Artículo 86 - DEL DERECHO AL TRABAJO

Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito,

libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas.

La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga

al trabajador son irrenunciables.

Artículo 87 - DEL PLENO EMPLEO

El Estado promoverá políticas que tiendas al plano empleo y a la formación

profesional de recursos humanos, dando preferencia al trabajador nacional.

Artículo 88 - DE LA NO DISCRIMINACION

No se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos,

de sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales.

 

El trabajo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas o mentales

será especialmente amparado.

Artículo 89 - DEL TRABAJO DE LAS MUJERES

Los trabajadores de uno y otro sexo tienen los mismos derechos y obligaciones

laborales, pero la maternidad será objeto de especial protección, que

comprenderá los servicios asistenciales y los descansos correspondientes, los

cuales no serán inferiores a doce semanas. La mujer no será despedida durante el

embarazo, y tampoco mientras duren los descansos por maternidad.

La ley establecerá el régimen de licencias por paternidad.

Artículo 90 - DEL TRABAJO DE LOS MENORES

Se dará prioridad a los derechos del menor trabajador para garantizar su normal

desarrollo físico, intelectual y moral.

Artículo 91 - DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y DE DESCANSO

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de ocho horas

diarias y cuarenta y ocho horas semanales, diurnas, salvo las legalmente

establecidas por motivos especiales. La ley fijará jornadas más favorables para

las tareas insalubres, peligrosas, penosas, nocturnas o las que se desarrollen

en turnos continuos rotativos.

Los descansos y las vacaciones anuales serán remunerados conforme con la ley.

Artículo 92 - DE LA RETRIBUCIÓN DEL TRABAJO

El trabajador tienen derechos a disfrutar de una remuneración que le asegure, a

él y a su familia, una existencia libre y digna.

La ley consagrará el salario vital mínimo, el aguinaldo anual, la bonificación

familiar, el reconocimiento de un salario superior al básico por horas de

trabajo insalubre o riesgoso, y las horas extraordinarias, nocturnas y en días

feriados. Corresponde, básicamente, igual salario por igual trabajo.

Artículo 93 - DE LOS BENEFICIOS ADICIONALES AL TRABAJADOR

El Estado establecerá un régimen de estímulo a las empresas que incentiven con

beneficios adicionales a sus trabajadores. Tales emolumentos serán

independientes de los respectivos salarios y de otros beneficios legales.

Artículo 94 - DE LA ESTABILIDAD Y DE LA INDEMNIZACION

El derecho a la estabilidad del trabajador queda garantizado dentro de los

límites que la ley establezca, así como su derecho a la indemnización en caso de

despido injustificado.

Artículo 95 - DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador

dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión

a todos los sectores de la población.

Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o

mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado.

Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines

específicos y; estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las

inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio.

Artículo 96 - DE LA LIBERTAD SINDICAL

Todos los trabajadores públicos y privados tienen derecho a organizarse en

sindicatos sin necesidad de autorización previa. Quedan exceptuados de este

derecho los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Policiales. Los empleadores

gozan de igual libertad de organización. Nadie puede ser obligado a pertenecer a

un sindicato.

Para el reconocimiento de un sindicato, bastará con la inscripción del mismo en

el órgano administrativo competente.

En la elección de las autoridades y en el funcionamiento de los sindicatos se

observarán las prácticas democráticas establecidas en la ley, la cual

garantizará también la estabilidad del dirigente sindical.

Artículo 97 - DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS

Los sindicatos tienen el derechos a promover acciones colectivas y a concertar

convenios sobre las condiciones de trabajo.

El Estado favorecerá las soluciones conciliatorias de los conflictos de trabajo

y la concertación social. El arbitraje será optativo.

Artículo 98 - DEL DERECHO DE HUELGA Y DE PARO

Todos los trabajadores de los sectores públicos y privados tienen el derecho a

recurrir a la huelga en caso de conflicto de intereses. Los empleadores gozan

del derecho de paro en las mismas condiciones.

Los derechos de huelga y de paro no alcanzan a los miembros de las Fuerzas

Armadas de la Nación, ni a los de las policiales.

La ley regulará el ejercicio de estos derechos, de tal manera que no afecten

servicios públicos imprescindibles para la comunidad.

Artículo 99 - DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LABORALES

El cumplimiento de las normas laborales y el de las de seguridad e higiene en el

trabajo quedarán sujetos a la fiscalización de las autoridades creadas por la

ley, la cual establecerá las sanciones en caso de su violación.

Artículo 100 - DEL DERECHO A LA VIVIENDA

Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna.

El Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, y

promoverá planes de vivienda de interés social, especialmente las destinadas a

familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento adecuados.

SECCIÓN II

DE LA FUNCIÓN PUBLICA

Artículo 101 - DE LOS FUNCIONARIOS Y DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

Los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del país. Todos los

paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos.

La ley reglamentará las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y

empleados presten servicios, las que, sin perjuicio de otras, son la judicial,

la docente, la diplomática y consular, la de investigación científica y

tecnológica, la de servicio civil, la militar y la policial.

Artículo 102 - DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS Y DE LOS EMPLEADOS

PUBLICOS

Los funcionarios y los empleados públicos gozan de los derechos establecidos en

esta Constitución en la sección de derechos laborales, en un régimen uniforme

para las distintas carreras dentro de los límites establecidos por la ley y con

resguardo de los derechos adquiridos.

Artículo 103 - DEL REGIMEN DE JUBILACIONES

Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de

jubilaciones de los funcionarios y los empleados públicos, atendiendo a que los

organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y

jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán

del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al

Estado.

La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de

tratamiento dispensado al funcionario público en actividad.

Artículo 104 - DE LA DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE BIENES Y RENTAS

Los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a los de elección popular,

los de entidades estatales, binacionales, autárquicas, descentralizadas y, en

general, quienes perciban remuneraciones permanentes del Estado, estarán

obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince

días de haber tomado posesión de su cargo, y en igual término al cesar en el

mismo.

Artículo 105 - DE LA PROHIBICIÓN DE DOBLE REMUNERACION

Ninguna persona podrá percibir como funcionario o empleado público, más de un

sueldo o remuneración simultáneamente, con excepción de los que provengan del

ejercicio de la docencia.

Artículo 106 - DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO PUBLICO

Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los

casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus

funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad

subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase

a abandonar en tal concepto.

CAPÍTULO IX

DE LOS DERECHOS ECONOMICOS Y DE LA REFORMA AGRARIA

SECCIÓN I

DE LOS DERECHOS ECONOMICOS

Artículo 107 - DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su

preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades.

Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de

monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre

concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán

sancionados por la Ley Penal.

Artículo 108 - DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS

Los bienes de producción o fabricación nacional, y los de procedencia extranjera

introducidos legalmente, circularán libremente dentro del territorio de la

República.

Artículo 109 - DE LA PROPIEDAD PRIVADA

Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos

por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla

accesible para todos.

La propiedad privada es inviolable.

Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial,

pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés

social, que será determinada en cada caso por ley. Esta garantizará el previo

pago de una justa indemnización, establecida convencionalmente o por sentencia

judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria,

conforme con el procedimiento para las expropiaciones a establecerse por ley.

Artículo 110 - DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva

de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.

Artículo 111 - DE LAS TRANSFERENCIAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS

Siempre que el Estado resuelva transferir empresas públicas o su participación

en las mismas al sector privado, dará opción preferencial de compra a los

trabajadores y sectores involucrados directamente con la empresa. La ley

regulará la forma en que se establecerá dicha opción.

Artículo 112 - DEL DOMINIO DEL ESTADO

Corresponde al Estado el dominio de los hidrocarburos, minerales sólidos,

líquidos y gaseosos que se encuentre en estado natural en el territorio de la

República, con excepción de las sustancias pétreas, terrosas y calcáreas.

El Estado podrá otorgar concesiones a personas o empresas públicas o privadas,

mixtas, nacionales o extranjeras, para la prospección, la exploración, la

investigación, el cateo o la explotación de yacimientos, por tiempo limitado.

La ley regulará el régimen económico que contemple los intereses del Estado, los

de los concesionarios y los de los propietarios que pudieran resultar afectados.

 

Artículo 113 - DEL FOMENTO DE LAS COOPERATIVAS

El Estado fomentará la empresa cooperativa y otras formas asociativas de

producción de bienes y de servicios, basadas en la solidaridad y la rentabilidad

social, a las cuales garantizará su libre organización y su autonomía.

Los principios del cooperativismo como instrumento del desarrollo económico

nacional, serán difundidos a través del sistema educativo.

SECCIÓN II

DE LA REFORMA AGRARIA

Artículo 114 - DE LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA AGRARIA

La reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar

rural. ella consiste en la incorporación efectiva de la población campesina al

desarrollo económico y social de la Nación. Se adoptarán sistemas equitativos de

distribución, propiedad y tenencia de la tierra; se organizarán el crédito y la

asistencia técnica, educacional y sanitaria; se fomentará la creación de

cooperativas agrícolas y de otras asociaciones similares, y se promoverá la

producción, la industrialización y la racionalización del mercado para el

desarrollo integral del agro.

Artículo 115 - DE LAS BASES DE LA REFORMA AGRARIA Y DEL DESARROLLO RURAL

La reforma agraria y el desarrollo rural se efectuarán de acuerdo con las

siguientes bases:

  La adopción de un sistema tributario y de otras medidas que estimulen la

  producción, desalienten el latifundio y garanticen el desarrollo de la pequeña

  y la mediana propiedad rural, según las peculiaridades de cada zona;

  la racionalización y la regularización del uso de la tierra y de las prácticas

  de cultivo para impedir su degradación, así como el fomento de la producción

  agropecuaria intensiva y diversificada;

  la promoción de la pequeña y de la mediana empresa agrícola;

  la programación de asentamientos campesinos; la adjudicación de parcelas de

  tierras en propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria, previendo la

  infraestructura necesaria para su asentamiento y arraigo, con énfasis en la

  vialidad, la educación y la salud;

  el establecimiento de sistemas y organizaciones que aseguren precios justos al

  productor primario;

  el otorgamiento de créditos agropecuarios, a bajo costo y sin intermediarios;

  la defensa y la preservación del ambiente;

  la creación del seguro agrícola;

  el apoyo a la mujer campesina, en especial a quien sea cabeza de familia;

  la participación de la mujer campesina, en igualdad con el hombre, en los

  planes de la reforma agraria;

  la participación de los sujetos de la reforma agraria en el respectivo

  proceso, y la promoción de las organizaciones campesinas en defensa de sus

  intereses económicos, sociales y culturales.

  el apoyo preferente a los connacionales en los planes de la reforma agraria;

  la educación del agricultor y la de su familia, a fin de capacitarlos como

  agentes activos del desarrollo nacional;

  la creación de centros regionales para el estudio y tipificación agrológica de

  suelos, para establecer los rubros agrícolas en las regiones aptas;

  la adopción de políticas que estimulen el interés de la población en las

  tareas agropecuarias, creando centros de capacitación profesional en áreas

  rurales, y

  el fomento de la migración interna, atendiendo a razones demográficas,

  económicas y sociales.

Artículo 116 - DE LOS LATIFUNDIOS IMPRODUCTIVOS

Con el objeto de eliminar progresivamente los latifundios improductivos, la ley

atenderá a la aptitud natural de las tierras, a las necesidades del sector de

población vinculado con la agricultura y a las previsiones aconsejables para el

desarrollo equilibrado de las actividades agrícolas, agropecuarias, forestales e

industriales, así como al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y

de la preservación del equilibrio ecológico.

La expropiación de los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria

serán establecidas en cada caso por la ley, y se abonará en la forma y en el

plazo que la misma determine.

CAPÍTULO X

DE LOS DERECHOS Y DE LOS DEBERES POLITICOS

Artículo 117 - DE LOS DERECHOS POLITICOS

Los ciudadanos, sin distinción de sexo, tienen el derecho a participar en los

asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, en la forma

que determine esta Constitución y las leyes.

Se promoverá el acceso de la mujer a las funciones públicas.

Artículo 118 - DEL SUFRAGIO

El sufragio es derecho, deber y función pública del elector.

Constituye la base del régimen democrático y representativo. Se funda en el voto

universal, libre, directo, igual y secreto; en el escrutinio público y

fiscalizado, y en el sistema de representación proporcional.

Artículo 119 - DEL SUFRAGIO EN LAS ORGANIZACIONES INTERMEDIAS

Para las elecciones en las organizaciones intermedias, políticas, sindicales y

sociales, se aplicarán los mismos principios y normas del sufragio.

Artículo 120 - DE LOS ELECTORES

Son electores los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio nacional, sin

distinción, que hayan cumplido diez y ocho años.

Los ciudadanos son electores y elegibles, sin más restricciones que las

establecidas en esta Constitución y en la ley.

 Los extranjeros con radicación definitiva tendrán los mismos derechos en las

elecciones municipales.

Artículo 121 - DEL REFERENDUM

El referendum legislativo, decidido por ley, podrá o no ser vinculante. Esta

institución será reglamentada por ley.

Artículo 122 - DE LAS MATERIAS QUE NO PODRAN SER OBJETO DE REFERENDUM

No podrán ser objeto de referendum:

  Las relaciones internacionales, tratados, convenios o acuerdos

  internacionales;

  las expropiaciones;

  la defensa nacional;

  la limitación de la propiedad inmobiliaria;

  las cuestiones relativas a los sistemas tributarios, monetarios y bancarios,

  la contratación de empréstitos, el Presupuestos General de la Nación, y

  las elecciones nacionales, las departamentales y las municipales.

Artículo 123 - DE LA INICIATIVA POPULAR

Se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa popular para proponer al

Congreso proyectos de ley. La forma de las propuestas, así como el número de

electores que deban suscribirlas, serán establecidas en la ley.

Artículo 124 - DE LA NATURALEZA Y DE LAS FUNCIONES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público. Deben expresar

el pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la

orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación

cívica de los ciudadanos.

Artículo 125 - DE LA LIBERTAD DE ORGANIZACIÓN EN PARTIDOS O EN MOVIMIENTOS

POLITICOS

Todos los ciudadanos tienen el derecho a asociarse libremente en partidos y o en

movimientos políticos para concurrir, por métodos democráticos, a la elección de

las autoridades previstas en esta Constitución y en las leyes, así como en la

orientación de la política nacional. La ley reglamentará la constitución y el

funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, a fin de asegurar el

carácter democrático de los mismos.

Sólo se podrá cancelar la personalidad jurídica de los partidos y movimientos

políticos en virtud de sentencia judicial.

Artículo 126 - DE LAS PROHIBICIONES A LOS PARTIDOS Y A LOS MOVIMIENTOS POLITICOS

 

Los partidos y los movimientos políticos, en su funcionamiento, no podrán:

  recibir auxilio económico, directivas o instrucciones de organizaciones o

  Estados extranjeros;

  establecer estructuras que, directa o indirectamente, impliquen la utilización

  o la apelación a la violencia como metodología del quehacer político, y

  constituirse con fines de sustituir por la fuerza el régimen de libertad y de

  democracia, o de poner en peligro la existencia de la República.

CAPÍTULO XI

DE LOS DEBERES

Artículo 127 - DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Toda persona está obligada al cumplimiento de la ley, la crítica a las leyes es

libre, pero no está permitido predicar su desobediencia.

Artículo 128 - DE LA PRIMACIA DEL INTERES GENERAL Y DEL DEBER DE COLABORAR

En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general.

todos los habitantes deben colaborar en bien del país, prestando los servicios y

desempeñando las funciones definidas como carga pública, que determinen esta

Constitución y la ley.

Artículo 129 - DEL SERVICIO MILITAR

Todo paraguayo tiene la obligación de prepararse y de prestar su concurso para

la defensa armada de la Patria.

A tal objeto, se establece el servicio militar obligatorio. La ley regulará las

condiciones en que se hará efectivo este deber.

El servicio militar deberá cumplirse con plena dignidad y respeto hacia la

persona. En tiempo de paz, no podrá exceder de doce meses.

Las mujeres no prestarán servicio militar sino como auxiliares, en caso de

necesidad, durante conflicto armado internacional.

Quienes declaren su objeción de conciencia prestarán servicio en beneficio de la

población civil, a través de centros asistenciales designados por ley y bajo

jurisdicción civil. La reglamentación y el ejercicio de este derecho no deberán

tener carácter punitivo ni impondrán gravámenes superiores a los establecidos

para el servicio militar.

Se prohibe el servicio militar personal no determinado en la ley, o para

beneficio o lucro particular de personas o entidades privadas.

La ley reglamentará la contribución de los extranjeros a la defensa nacional.

Artículo 130 - DE LOS BENEMERITOS DE LA PATRIA

Los veteranos de la guerra del Chaco, y los de otros conflictos armados

internacionales que se libren en defensa de la Patria, gozarán de honores y

privilegios; de pensiones que les permitan vivir decorosamente; de asistencia

preferencial, gratuita y completa a su salud, así como de otros beneficios,

conforme con lo que determine la ley.

En los beneficios económicos les sucederán sus viudas e hijos menores o

discapacitados, incluidos los de los veteranos fallecidos con anterioridad a la

promulgación de esta Constitución.

Los beneficios acordados a los beneméritos de la Patria no sufrirán

restricciones y serán de vigencia inmediata, sin más requisito que su

certificación fehaciente.

Los ex prisioneros de guerra bolivianos, quienes desde la firma del Tratado de

Paz hubiesen optado por integrarse definitivamente al país, quedan equiparados a

los veteranos de la guerra del chaco, en los beneficios económicos y

prestaciones asistenciales.

CAPÍTULO XII

DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Artículo 131 - DE LAS GARANTÍAS

Para hacer efectivos los derechos consagrados en esta Constitución, se

establecen las garantías contenidas en este capítulo, las cuales serán

reglamentadas por la ley.

Artículo 132 - DE LA INCONSTITUCIONALIDAD

La corte suprema de Justicia tiene facultad para declarar la

inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales,

en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley.

Artículo 133 - DEL HABEAS CORPUS

Esta garantía podrá ser interpuesto por el afectado, por sí o por interpósita

persona, sin necesidad de poder por cualquier medio fehaciente, y ante cualquier

Juez de Primera Instancia de la circunscripción judicial respectiva.

El Hábeas Corpus podrá ser:

  Preventivo: en virtud del cual toda persona, en trance inminente de ser

  privada ilegalmente de su libertad física, podrá recabar el examen de la

  legitimidad de las circunstancias que, a criterio del afectado, amenacen su

  libertad, así como una orden de cesación de dichas restricciones.

  Reparador: en virtud del cual toda persona que se hallase ilegalmente privada

  de su libertad puede recabar la rectificación de las circunstancias del caso.

  El magistrado ordenará la comparecencia del detenido, con un informe del

  agente público o privado que lo detuvo, dentro de las veinticuatro horas de

  radicada la petición. Si el requerido no lo hiciese así, el Juez se

  constituirá en el sitio en el que se halle recluida la persona, y en dicho

  lugar hará juicio de méritos y dispondrá su inmediata libertad, igual que si

  se hubiere cumplido con la presentación del detenido y se haya radicado el

  informe. Si no existiesen motivos legales que autoricen la privación de su

  libertad, la dispondrá de inmediato; si hubiese orden escrita de autoridad

  judicial, remitirá los antecedentes a quien dispuso la detención.

  Genérico: en virtud del cual se podrán demandar rectificación de

  circunstancias que, no estando contempladas en los dos casos anteriores,

  restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. Asimismo, esta

  garantía podrá interponerse en casos de violencia física, psíquica o moral que

  agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su libertad.

La ley reglamentará las diversas modalidades del hábeas corpus, las cuales

procederán incluso, durante el Estado de excepción. El procedimiento será breve,

sumario y gratuito, pudiendo ser iniciado de oficio.

Artículo 134 - DEL AMPARO

Toda persona que por un acto u omisión, manifestamente ilegítimo, de una

autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro

inminente de serlo en derechos o garantías consagradas en esta Constitución o en

la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía

ordinaria, puede promover amparo ante el magistrado competente. el procedimiento

será breve, sumario, gratuito, y de acción popular para los casos previstos en

la ley.

El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía, o para

restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida.

Si se tratara de una cuestión electoral, o relativa a organizaciones políticas,

será competente la justicia electoral.

El Amparo no podrá promoverse en la tramitación de causas judiciales, ni contra

actos de órganos judiciales, ni en el proceso de formación, sanción y

promulgación de las leyes.

La ley reglamentará el respectivo procedimiento. Las sentencias recaídas en el

Amparo no causarán estado.

Artículo 135 - DEL HABEAS DATA

Toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre si misma, o

sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter público,

así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podrá

solicitar ante el magistrado competente la actualización, la rectificación o la

destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus

derechos.

Artículo 136 - DE LA COMPETENCIA Y DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS

Ningún magistrado judicial que tenga competencia podrá negarse a entender en las

acciones o recursos previstos en los artículos anteriores; si lo hiciese

injustificadamente, será enjuiciado y, en su caso, removido.

En las decisiones que dicte, el magistrado judicial deberá pronunciarse también

sobre las responsabilidades en que hubieran incurrido las autoridades por obra

del proceder ilegítimo y, de mediar circunstancias que prima facie evidencien la

perpetración de delito, ordenará la detención o suspensión de los responsables,

así como toda medida cautelar que sea procedente para la mayor efectividad de

dichas responsabilidades. Asimismo, si tuviese competencia, instruirá el

sumario, pertinente y dará intervención al Ministerio Público; si no la tuviese,

pasará los antecedentes al magistrado competente par su prosecución.

PARTE III

DEL ORDENAMIENTO POLITICO DE LA REPUBLICA

TÍTULO I

DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO

CAPÍTULO I

DE LAS DECLARACIONES GENERALES

Artículo 137 - DE LA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION

La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios

y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el

Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en

consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación

enunciado.

Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos

previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y

penarán en la ley.

Esta Constitución no perderá su vigencia ni dejará de observarse por actos de

fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone.

Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo

establecido en esta Constitución.

Artículo 138 - DE LA VALIDEZ DEL ORDEN JURIDICO

Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los

medios a su alcance. En la hipótesis de que esa persona o grupo de personas,

invocando cualquier principio o representación contraria a esta constitución,

detenten el poder público, sus actos se declaren nulos y sin ningún valor, no

vinculantes y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia

a la opresión, queda dispensado de su cumplimiento.

Los estados extranjeros que, por cualquier circunstancia, se relacionen con

tales usurpadores no podrán invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo suscrito o

autorizado por el gobierno usurpador, para exigirlo posteriormente como

obligación o compromiso de la República del Paraguay.

Artículo 139 - DE LOS SIMBOLOS

Son símbolos de la República del Paraguay:

  el pabellón de la República;

  el sello nacional, y

  el himno nacional.

La ley reglamentará las características de los símbolos de la República no

previstos en la resolución del Congreso General Extraordinario del 25 de

noviembre de 1942, y determinando su uso.

Artículo 140 - DE LOS IDIOMAS

El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe.

Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las

modalidades de utilización de uno y otro.

Las lenguas indígenas, así como las de otras minorías, forman parte del

patrimonio cultural de la Nación.

CAPÍTULO II

DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Artículo 141 - DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Los tratados internacionales validamente celebrados, aprobados por ley del

Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados,

forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el

Artículo 137.

Artículo 142 - DE LA DENUNCIA DE LOS TRATADOS

Los tratados internacionales relativos a los derechos humanos no podrán ser

denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda de esta

Constitución.

Artículo 143 - DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

La República del Paraguay, en sus relaciones internacionales, acepta el derecho

internacional y se ajusta a los siguientes principios:

  la independencia nacional;

  la autodeterminación de los pueblos;

  la igualdad jurídica entre los Estados;

  la solidaridad y la cooperación internacional;

  la protección internacional de los derechos humanos;

  la libre navegación de los ríos internacionales;

  la no intervención, y

  la condena a toda forma de dictadura, colonialismo e imperialismo.

Artículo 144 - DE LA RENUNCIA A LA GUERRA

La República del Paraguay renuncia a la guerra, pero sustenta el principio de la

legítima defensa. Esta declaración es compatible con los derechos y obligaciones

del Paraguay en su carácter de miembro de la Organización de las Naciones Unidas

y de la Organización de Estados Americanos, o como parte en tratados de

integración.

Artículo 145 - DEL ORDEN JURIDICO SUPRANACIONAL

La República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros Estados, admite

un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos

humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo, en lo

político, económico, social y cultural.

Dichas decisiones sólo podrán adoptarse por mayoría absoluta de cada Cámara del

Congreso.

CAPÍTULO III

DE LA NACIONALIDAD Y DE LA CIUDADANIA

Artículo 146 - DE LA NACIONALIDAD NATURAL

Son de nacionalidad paraguaya natural:

  las personas nacidas en el territorio de la República;

  los hijos de madre o padre paraguayo quienes, hallándose uno o ambos al

  servicio de la República, nazcan en el extranjero;

  los hijos de madre o padre paraguayo nacidos en el extranjero, cuando aquéllos

  se radiquen en la República en forma permanente, y

  los infantes de padres ignorados, recogidos en el territorio de la República.

La formalización del derecho consagrado en el inciso 3. se efectuará por simple

declaración del interesado, cuando éste sea mayor de dieciocho años. Si no los

hubiese cumplido aún, la declaración de su representante legal tendrá validez

hasta dicha edad, quedando sujeta a ratificación por el interesado.

Artículo 147 - DE LA NO PRIVACIÓN DE LA NACIONALIDAD NATURAL

Ningún paraguayo natural será privado de su nacionalidad, pero podrá renunciar

voluntariamente a ella.

Artículo 148 - DE LA NACIONALIDAD POR NATURALIZACION

Los extranjeros podrán obtener la nacionalidad paraguaya por naturalización si

reúnen los siguientes requisitos:

  mayoría de edad:

  radicación mínima de tres años en territorio nacional;

  ejercicio en el país de alguna profesión, oficio, ciencia, arte o industria, y

 

  buena conducta, definida en la ley.

Artículo 149 - DE LA NACIONALIDAD MULTIPLE

La nacionalidad múltiple podrá ser admitida mediante tratado internacional por

reciprocidad de rango constitucional entre los Estados del natural de origen y

del de adopción.

Artículo 150 - DE LA PERDIDA DE LA NACIONALIDAD

Los paraguayos naturalizados pierden la nacionalidad en virtud de ausencia

injustificada de la República por más de tres años, declarada judicialmente, o

por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad.

Artículo 151 - DE LA NACIONALIDAD HONORARIA

Podrán ser distinguidos con la nacionalidad honoraria, por ley del congreso, los

extranjeros que hubiesen prestado servicios eminentes a la República.

Artículo 152 - DE LA CIUDADANIA

Son ciudadanos:

  toda persona de nacionalidad paraguaya natural, desde los dieciocho años de

  edad, y

  toda persona de nacionalidad paraguaya por naturalización, después de dos años

  de haberla obtenido.

Artículo 153 - DE LA SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA CIUDADANIA

Se suspende el ejercicio de la ciudadanía:

  por la adopción de otra nacionalidad, salvo reciprocidad internacional;

  por incapacidad declarada en juicio, que impida obrar libremente y con

  discernimiento, y

  cuando la persona se hallara cumpliendo condena judicial, con pena privativa

  de libertad.

La suspensión de la ciudadanía concluye al cesar legalmente la causa que la

determina.

Artículo 154 - DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL

La ley establecerá las normas sobre adquisición, recuperación y opción de la

nacionalidad, así como sobre la suspensión de la ciudadanía.

El Poder Judicial tendrá competencia exclusiva para entender en estos casos.

CAPÍTULO IV

DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REPUBLICA

SECCIÓN I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 155 - DEL TERRITORIO, DE LA SOBERANÍA Y DE LA INENAJENABILIDAD

El territorio nacional jamás podrá ser cedido, transferido, arrendad, ni en

forma alguna enajenado, aún temporalmente, a ninguna potencia extranjera. Los

Estados que mantengan relaciones diplomáticas con la República, así como los

organismos internacionales de los cuales ella forma parte, sólo podrán adquirir

los inmuebles necesarios para la sede de sus representaciones, de acuerdo con

las prescripciones de la ley. En estos casos, quedará siempre a salvo la

soberanía nacional sobre el suelo.

Artículo 156 - DE LA ESTRUCTURA POLITICA Y LA ADMINISTRATIVA

A los efectos de la estructuración política y administrativa del Estado, el

territorio nacional se divide en departamentos, municipios y distritos, los

cuales, dentro de los límites de esta Constitución y de las leyes, gozan de

autonomía política, administrativa y normativa para la gestión de sus intereses,

y de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.

Artículo 157 - DE LA CAPITAL

La Ciudad de la Asunción es la Capital de la República y asiento de los poderes

del Estado. Se constituye en Municipio, y es independiente de todo Departamento.

La ley fijará sus límites.

Artículo 158 - DE LOS SERVICIOS NACIONALES

La creación y el funcionamiento de servicios de carácter nacional en la

jurisdicción de los departamentos y de los municipios serán autorizadas por ley.

 

Podrán establecerse igualmente servicios departamentales, mediante acuerdos

entre los respectivos departamentos y municipios.

Artículo 159 - DE LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

La creación, la fusión o la modificación de los departamentos y sus capitales,

los municipios y los distritos, en sus casos, serán determinadas por la ley,

atendiendo a las condiciones socioeconómicas, demográficas, ecológicas,

culturales e históricas de los mismos.

Artículo 160 - DE LAS REGIONES

Los departamentos podrán agruparse en regiones, para el mejor desarrollo de sus

respectivas comunidades. Su constitución y su funcionamiento serán regulados por

la ley.

SECCIÓN II

DE LOS DEPARTAMENTOS

Artículo 161 - DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL

El gobierno de cada departamento será ejercido por un gobernador y por una junta

departamental. Serán electos por voto directo de los ciudadanos radicados en los

respectivos departamentos, en comicios coincidentes con las elecciones

generales, y durarán cinco años en sus funciones.

El gobernador representa al Poder Ejecutivo en la ejecución de la política

nacional. No podrá ser electo.

La ley determinará la composición y las funciones de las juntas departamentales.

 

Artículo 162 - DE LOS REQUISITOS

Para ser gobernador ser requiere:

  ser paraguayo natural;

  tener treinta años cumpliendo, y

  ser nativo del departamento y con radicación en el mismo por un año cuanto

  menos. En el caso de que el candidato no sea oriundo del departamento, deberá

  estar radicado en él durante cinco años como mínimo. Ambos plazos se contarán

  inmediatamente antes de las elecciones.

Las inhabilidades para candidatos a gobernadores serán las mismas que para

Presidente y Vicepresidente de la República.

 Para ser miembro de la junta departamental rigen los mismos requisitos

establecidos para cargo de gobernador, con excepción de la edad, que deberá ser

la de veinticinco años cumplidos.

Artículo 163 - DE LA COMPETENCIA

Es de competencia del gobierno departamental:

  coordinar sus actividades con las de las distintas municipalidades del

  departamento; organizar los servicios departamentales comunes, tales como

  obras públicas, provisión de energía, de agua potable y los demás que afecten

  conjuntamente a más de un Municipio, así como promover las asociaciones de

  cooperación entre ellos;

  preparar el plan de desarrollo departamental, que deberá coordinarse con el

  Plan Nacional de Desarrollo, y elaborar la formulación presupuestaria anual, a

  considerarse en el Presupuesto General de la Nación;

  coordinar la acción departamental con las actividades del gobierno central, en

  especial lo relacionado con las oficinas de carácter nacional del

  departamento, primordialmente en el ámbito de la salud y en el de la

  educación;

  disponer la integración de los Consejos de Desarrollo Departamental, y

  las demás competencias que fijen esta Constitución y la ley.

Artículo 164 - DE LOS RECURSOS

Los recursos de la administración departamental son:

  la porción correspondiente de impuestos, tasas y contribuciones que se definan

  y regulen por esta constitución y por la ley;

  las asignaciones o subvenciones que les destinen el Gobierno nacional;

  las rentas propias determinadas por ley, así como las donaciones y los

  legados, y

  los demás recursos que fije la ley.

Artículo 165 - DE LA INTERVENCION

Los departamentos y las municipalidades podrán ser intervenidos por el Poder

Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, en los siguientes casos:

  a solicitud de la junta departamental o de la municipal, por decisión de la

  mayoría absoluta;

  por desintegración de la junta departamental o de la municipal, que

  imposibilite su funcionamiento, y

  por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración

  de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República.

La intervención no se prolongará por más de noventa días, y si de ella resultase

la existencia del caso previsto en el inciso 3., la Cámara de Diputados por

mayoría absoluta, podrá destituir al gobernador o al intendente, o la junta

departamental o la municipal, debiendo el Tribunal Superior de Justicia

Electoral convocar a nuevos comicios para constituir las autoridades que

reemplacen a las que hayan cesado en sus funciones, dentro de los noventa días

siguientes a la resolución dictada por la Cámara de Diputados.

SECCIÓN III

DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 166 - DE LA AUTONOMIA

Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica

que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y

normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.

Artículo 167 - DEL GOBIERNO MUNICIPAL

El gobierno de los municipios estará a cargo de un intendente y de una junta

municipal, los cuales serán electos en sufragio directo por las personas

habilitadas legalmente.

Artículo 168 - DE LAS ATRIBUCIONES

Serán atribuciones de las municipalidades, en su jurisdicción territorial y con

arreglo a la ley:

  la libre gestión en materias de su competencia, particularmente en las de

  urbanismo, ambiente, abasto, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia

  sanitaria y social, instituciones de crédito, cuerpos de inspección y de

  policía;

  la administración y la disposición de sus bienes;

  la elaboración de su presupuesto de ingresos y egresos;

  la participación en las rentas nacionales;

  la regulación del monto de las tasas retributivas de servicios efectivamente

  prestados, no pudiendo sobrepasar el costo de los mismos;

  el dictado de ordenanzas, reglamentos y resoluciones;

  el acceso al crédito privado y al crédito público, nacional e internacional;

  la reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la

  de otras materias relativas a la circulación de vehículos, y

  las demás atribuciones que fijen esta Constitución y la ley.

Artículo 169 - DEL IMPUESTO INMOBILIARIO

Corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los

tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Su recaudación será

competencia de las municipalidades. El setenta por ciento de lo recaudado por

cada municipalidad quedará en propiedad de la misma, el quince por ciento en la

del departamento respectivo y el quince por ciento restante será distribuido

entre las municipalidades de menores recursos, de acuerdo con la ley.

Artículo 170 - DE LA PROTECCIÓN DE RECURSOS

Ninguna institución del Estado, ente autónomo, autárquico o descentralizado

podrá apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades.

Artículo 171 - DE LAS CATEGORIAS Y DE LOS REGIMENES

Las diferentes categorías y regímenes de municipalidades serán establecidos por

ley, atendiendo a las condiciones de población, de desarrollo económico, de

situación geográfica, ecológica, cultural, histórica y a otros factores

determinantes de su desarrollo.

Las municipalidades podrán asociarse entre sí para encarar en común la

realización de sus fines y, mediante ley, con municipalidades de otros países.

CAPÍTULO V

DE LA FUERZA PUBLICA

Artículo 172 - DE LA COMPOSICION

La Fuerza Pública está integrada, en forma exclusiva, por las fuerza militares y

policiales.

Artículo 173 - DE LAS FUERZAS ARMADAS

Las Fuerzas Armadas de la Nación constituye una institución nacional que será

organizada con carácter permanente, profesional, no deliberante, obediente,

subordinada a los poderes del Estado y sujeta a las disposiciones de esta

constitución y de las leyes. Su misión es la de custodiar la integridad

territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas,

conformes con esta Constitución y las leyes. Su organización y sus efectivos

serán determinados por la ley.

Los militares en servicio activo ajustarán su desempeño a las leyes y

reglamentos, y no podrán afiliarse a partido o a movimiento político alguno, ni

realizar ningún tipo de actividad política.

Artículo 174 - DE LOS TRIBUNALES MILITARES

Los tribunales militares solo juzgarán delitos o faltas de carácter militar,

calificados como tales por la ley, y cometidos por militares en servicio activo.

Sus fallos podrán ser recurridos ante la justicia ordinaria.

Cuando se trate de un acto previsto y penado, tanto por la ley penal común como

por la ley penal militar no será considerado como delito militar, salvo que

hubiese sido cometido por un militar en servicio activo y en ejercicio de

funciones castrenses. En caso de duda de si el delito es común o militar, se lo

considerará como delito común. Sólo en caso de conflicto armado internacional, y

en la forma dispuesta por la ley, estos tribunales podrán tener jurisdicción

sobre personas civiles y militares retirados.

Artículo 175 - DE LA POLICIA NACIONAL

La Policía Nacional es una institución profesional, no deliberante, obediente,

organizada con carácter permanente y en dependencia jerárquica del órgano del

Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación.

Dentro del marco de esta Constitución y de las leyes, tiene la misión de

preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la

seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención

de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo

dirección judicial, investigar los delitos. La ley reglamentará su organización

y sus atribuciones.

El mando de la Policía Nacional será ejercido por un oficial superior de su

cuadro permanente. Los policías en servicio activo no podrán afiliarse a partido

o a movimiento político alguno, ni realizar ningún tipo de actividad política.

La creación de cuerpos de policía independientes podrá ser establecida por ley,

la cual fijará sus atribuciones y respectivas competencias, en el ámbito

municipal y en el de los otros poderes del Estado.

CAPÍTULO VI

DE LA POLITICA ECONOMICA DEL ESTADO

SECCIÓN I

DEL DESARROLLO ECONOMICO NACIONAL

Artículo 176 - DE LA POLITICA ECONOMICA Y DE LA PROMOCION DEL DESARROLLO

La política económica tendrá como fines, fundamentalmente, la promoción del

desarrollo económico, social y cultural.

El Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización racional de

los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y

sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de

acrecentar el patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la población. El

desarrollo se fomentará con programas globales que coordinen y orienten la

actividad económica nacional.

Artículo 177 - DEL CARACTER DE LOS PLANES DE DESARROLLO

Los planes nacionales de desarrollo serán indicativos para el sector privado, y

de cumplimiento obligatorio para el sector público.

SECCIÓN II

DE LA ORGANIZACIÓN FINANCIERA

Artículo 178 - DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

 Para el cumplimiento de sus fines, el Estado establece impuestos, tasas,

contribuciones y demás recursos; explota por sí, o por medio de concesionarios

los bienes de su dominio privado, sobre los cuales determina regalías,

"royalties", compensaciones u otros derechos, en condiciones justas y

convenientes para los intereses nacionales; organiza la explotación de los

servicios públicos y percibe el canon de los derechos que se estatuyan; contrae

empréstitos internos o internacionales destinados a los programas nacionales de

desarrollo; regula el sistema financiero del país, y organiza, fija y compone el

sistema monetario.

Artículo 179 - DE LA CREACIÓN DE TRIBUTOS

Todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido

exclusivamente por la ley, respondiendo a principios económicos y sociales

justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional.

Es también privativo de la ley determinar la materia imponible, los sujetos

obligados y el carácter del sistema tributario.

Artículo 180 - DE LA DOBLE IMPOSICION

No podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la

obligación tributaria. En las relaciones internacionales, el Estado podrá

celebrar convenios que eviten la doble imposición, sobre la base de la

reciprocidad.

Artículo 181 - DE LA IGUALDAD DEL TRIBUTO

La igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter

confiscatorio. Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva

de los habitantes y a las condiciones generales de la economía del país.

TÍTULO II

DE LA ESTRUCTURA Y DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

CAPÍTULO I

DEL PODER LEGISLATIVO

SECCIÓN I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 182 - DE LA COMPOSICION

El Poder Legislativo será ejercido por el Congreso, compuesto de una Cámara de

senadores y otra de diputados.

Los miembros titulares y suplentes de ambas Cámaras serán elegidos directamente

por el pueblo; de conformidad con la ley.

Los miembros suplentes sustituirán a los titulares en caso de muerte, renuncia o

inhabilidad de éstos, por el resto del período constitucional o mientras dure la

inhabilidad, si ella fuere temporal. En los demás casos, resolverá el reglamente

de cada Cámara.

Artículo 183 - DE LA REUNIÓN EN CONGRESO

Sólo ambas Cámaras, reunidas en Congreso, tendrán los siguientes deberes y

atribuciones:

  recibir el juramento o promesa, el asumir el cargo, del Presidente de la

  República, del Vicepresidente y de los miembros de la Corte Suprema de

  Justicia;

  conceder o denegar al Presidente de la República el permiso correspondiente,

  en los casos previstos por esta Constitución;

  autorizar la entrada de fuerzas armadas extranjeras al territorio de la

  República y la salida la exterior de las nacionales, salvo casos de mera

  cortesía;

  recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otros países, y

  los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución.

El Presidente de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados presidirán

las reuniones del Congreso en carácter de Presidente y Vicepresidente,

respectivamente.

Artículo 184 - DE LAS SESIONES

Ambas Cámaras del congreso se reunirán anualmente en sesiones ordinarias, desde

el primero de julio de cada año hasta el 30 de junio siguiente con un período de

receso desde el veinte y uno de diciembre al primero de marzo, fecha ésta en la

que rendirá su informe el Presidente de la República. Las dos Cámaras se

convocarán a sesiones extraordinarias o prorrogarán sus sesiones por decisión de

la cuarta parte de los miembros de cualquiera de ellas; por resolución de los

dos tercios de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, o por decreto

del Poder Ejecutivo. El Presidente del Congreso o el de la Comisión Permanente

deberán convocarlas en el término perentorio de cuarenta y ocho horas.

 Las prórrogas de sesiones será efectuadas del mismo modo. Las extraordinarias se

convocarán para tratar un orden del día determinado, y se clausurarán una vez

que éste haya sido agotado.

Artículo 185 - DE LAS SESIONES CONJUNTAS

Las Cámaras sesionarán conjuntamente en los casos previstos en esta Constitución

en el Reglamento del Congreso, donde se establecerán las formalidades

necesarias.

El quórum legal se formará con la mitad más uno del total de cada Cámara. Salvo

los casos en que esta Constitución establece mayorías calificadas, las

decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes.

Para las votaciones de las Cámaras del Congreso se entenderá por simple mayoría

la mitad más uno de los miembros presentes; por mayoría de dos tercios, las dos

terceras partes de los miembros presentes; por mayoría absoluta, el quórum

legal, y por mayoría absoluta de dos tercios, las dos terceras partes del número

total de miembros de cada cámara.

Las disposiciones previstas en este Artículo se aplicarán también a las sesiones

de ambas cámaras reunidas en Congreso.

El mismo régimen de quórum y mayorías se aplicará a cualquier órgano colegiado

electivo previsto por esta Constitución.

Artículo 186 - DE LAS COMISIONES

Las cámaras funcionarán en pleno y en comisiones unicamerales o bicamerales.

Todas las comisiones se integrarán, en lo posible, proporcionalmente, de acuerdo

con las bancadas representadas en las Cámaras.

Al inicio de las sesiones anuales de la legislatura, cada Cámara designará las

comisiones asesoras permanentes. Estas podrán solicitar informes u opiniones de

personas y entidades públicas o privadas, a fin de producir sus dictámenes o de

facilitar el ejercicio de las demás facultades que corresponden al Congreso.

Artículo 187 - DE LA ELECCIÓN Y DE LA DURACION

Los senadores y diputados titulares y suplentes serán elegidos en comicios

simultáneos con los presidenciales.

Los legisladores durarán cinco años en su mandato, a partir del primero de julio

y podrán ser reelectos.

Las vacancias definitivas o temporarias de la Cámara de Diputados serán

cubiertas por los suplentes electos en el mismo departamento, y las de la Cámara

de Senadores por los suplentes de la lista proclamada por la Justicia Electoral.

 

Artículo 188 - DEL JURAMENTO O PROMESA

 En el acto de su incorporación a las cámaras, los senadores y diputados

prestarán juramento o promesa de desempeñarse debidamente en el cargo y de obrar

de conformidad con lo que prescribe esta Constitución.

Ninguna de las cámaras podrá sesionar, deliberar o adoptar decisiones sin la

presencia de la mayoría absoluta. Un número menor podrá, sin embargo, compeler a

los miembros ausentes a concurrir a las sesiones en los términos que establezca

cada Cámara.

Artículo 189 - DE LAS SENADURIAS VITALICIAS

Los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores

vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y

hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto.

Artículo 190 - DEL REGLAMENTO

Cada Cámara redactará su reglamento. Por mayoría de dos tercios podrá amonestar

o a percibir cualquiera de sus miembros, por inconducta en el ejercicio de sus

funciones, y suspenderlo hasta sesenta días sin goce de dieta. Por mayoría

absoluta podrá removerlo por incapacidad física o mental, declarada por la Corte

Suprema de Justicia. En los casos de renuncia, se decidirá por simple mayoría de

votos.

Artículo 191 - DE LAS INMUNIDADES

Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones

que emita en el desempeño de sus funciones. Ningún Senador o Diputado podrá ser

detenido, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo

que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso,

la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta

de inmediato del hecho a la Cámara respectiva y al juez competentes, a quien

remitirá los antecedentes a la brevedad.

Cuando se formase causa contra un Senador o un Diputado ante los tribunales

ordinarios, el juez lo comunicará, con copia de los antecedentes, a la Cámara

respectiva, la cual examinará el mérito del sumario, y por mayoría de dos

tercios resolverá si ha lugar o no desafuero, para ser sometido a proceso. En

caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros.

Artículo 192 - DEL PEDIDO DE INFORMES

Las Cámaras pueden solicitar a los demás poderes del Estado, a los entes

autónomos, autárquicos y descentralizados, y a los funcionarios públicos, los

informes sobre asuntos de interés público que estimen necesarios, exceptuando la

actividad jurisdiccional.

 Los afectados están obligados a responder los pedidos de informe dentro del

plazo que se les señale, el cual no podrá ser menor de quince días.

Artículo 193 - DE LA CITACIÓN Y DE LA INTERPELACION

Cada Cámara. por mayoría absoluta, podrá citar e interpelar individualmente a

los ministros y a otros altos funcionarios de la Administración Pública, así

como a los directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y

descentralizados, a los de entidades que administren fondos del Estado y a los

de las empresas de participación estatal mayoritaria, cuando se discuta una ley

o se estudie un asunto concerniente a sus respectivas actividades. Las preguntas

deben comunicarse al citado con una antelación mínima de cinco días. Salvo justa

causa, será obligatorio para los citados concurrir a los requerimientos,

responder a las preguntas y brindar toda la información que les fuese

solicitada.

La ley determinará la participación de la mayoría y de la minoría en la

formulación de las preguntas.

No se podrá citar, interpelar al Presidente de la República, al Vicepresidente

ni a los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional.

Artículo 194 - DEL VOTO DE CENSURA

Si el citado no concurriese a la Cámara respectiva, o ella considerara

insatisfactorias sus declaraciones, ambas Cámaras, por mayoría absoluta de dos

tercios, podrá emitir un voto de censura en su contra y recomendar su remoción

del cargo al Presidente de la República o al superior jerárquico.

Si la moción de censura no fuese aprobada, no se presentará otra sobre el mismo

tema respecto al mismo Ministro o funcionario citados, en ese período de

sesiones.

Artículo 195 - DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACION

Ambas Cámaras del congreso podrán construir comisiones conjuntas de

investigación sobre cualquier asunto de interés público, así como sobre la

conducta de sus miembros.

Los directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y

descentralizados, los de las entidades que administren fondos del Estado, los de

las empresas de participación estatal mayoritaria, los funcionarios públicos y

los particulares están obligados a comparecer ante las dos Cámaras y

suministrarles la información y las documentaciones que se les requiera. La ley

establecerá las sanciones por el incumplimiento de esta obligación.

El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder

Ejecutivo y los magistrados judiciales, en materia jurisdiccional, no podrán ser

investigados.

La actividad de las comisiones investigadoras no afectará las atribuciones

privativas del Poder Judicial, ni lesionará los derechos y garantías consagrados

por esta constitución, sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales

ni menoscabarán las resoluciones judiciales, sin perjuicio del resultado de la

investigación, que podrá ser comunicado a la justicia ordinaria.

Los jueces ordenarán, conforme a derecho, las diligencias y pruebas que se les

requiera, a los efectos de la investigación.

Artículo 196 - DE LAS INCOMPATIBILIDADES

Podrán ser electos, pero no podrán desempeñar funciones legislativas, los

asesores de reparticiones públicas, los funcionarios y los demás empleados a

sueldo del Estado o de los municipios, cualquiera sea la denominación con que

figuren y el concepto de sus retribuciones, mientras subsista la designación

para dichos cargos.

Se exceptúan de las incompatibilidades establecidas en este Artículo, el

ejercicio parcial de la docencia y el de la investigación científica.

Ningún Senador o Diputado puede formar parte de empresas que exploten servicios

públicos o tengan concesiones del Estado, ni ejercer la asesoría jurídica o la

representación de aquellas, por sí o por interpósita persona.

Artículo 197 - DE LAS INHABILIDADES

No pueden ser candidatos a senadores ni a diputados:

  los condenados por sentencia firme a penas privativas de libertas, mientras

  dure la condena;

  los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de la función

  pública, mientras dure aquella;

  los condenados por la comisión de delitos electorales, por el tiempo que dure

  la condena;

  los magistrados judiciales, los representantes del Ministerio Público, el

  Procurador General de la República, el Subcontador, y los miembros de la

  Justicia Electoral;

  los ministros o religiosos de cualquier credo;

  los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades

  nacionales o extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales, o de

  ejecución de obras o provisión de bienes al Estado;

  los militares y policías en servicio activo;

  los candidatos a Presidente de la República o a Vicepresidente, y

  los propietarios o copropietarios de los medios de comunicación.

Los ciudadanos afectados por las inhabilitaciones previstas en los incisos 4, 5,

6, y 7, y deberán cesar en su inhabilidad para ser candidatos noventa días, por

lo menos, antes de la fecha de inscripción de sus listas en el Tribunal Superior

de Justicia Electoral.

Artículo 198 - DE LA INHABILIDAD RELATIVA

No podrán ser electos senadores ni diputados los ministros del Poder ejecutivo;

los subsecretarios de Estado; los presidentes de Consejos o administradores

generales de los entes descentralizados, autónomos, autárquicos, binacionales o

multinacionales, los de empresas con participación estatal mayoritaria, y los

gobernadores e intendentes, si no renuncian a sus respectivos cargos y se les

acepta las mismas por lo menos noventa días antes de la fecha de las elecciones.

 

Artículo 199 - DE LOS PERMISOS

Los Senadores y diputados solo podrán aceptar cargos de Ministro o de

diplomático. Para desempeñarlos, deberán solicitar permiso a la Cámara

respectiva, a la cual podrán reincorporarse al término de aquellas funciones.

Artículo 200 - DE LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Cada Cámara constituirá sus autoridades y designará a sus empleados.

Artículo 201 - DE LA PERDIDA DE LA INVESTIDURA

Los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya

previstos, por las siguientes causas:

  la violación del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en

  esta Constitución, y

  el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.

Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos.

Artículo 202 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones del Congreso:

  velar por la observancia de esta Constitución, de las leyes;

  dictar los códigos y demás leyes, modificarlos o derogarlos, interpretando

  esta Constitución;

  establecer la división política del territorio de la República, así como la

  organización regional, departamental y municipal;

  legislar sobre materia tributaria;

  sancionar anualmente la ley del Presupuesto General de la Nación;

  dictar la Ley Electoral;

  determinar el régimen legal de la enajenación y el de adquisición de los

  bienes fiscales, departamentales y municipales;

  expedir resoluciones y acuerdos internos, como asimismo formular

  declaraciones, conforme con sus facultades;

  aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por

  el Poder ejecutivo;

  aprobar o rechazar la contratación de empréstitos;

  autorizar, por tiempo determinado, concesiones para la explotación de

  servicios públicos nacionales, multinacionales o de bienes del Estado, así

  como para la extracción y transformación de minerales sólidos, líquidos y

  gaseosos;

  dictar leyes para la organización de la administración de la República, para

  la creación de entes descentralizados y para el ordenamiento del crédito

  público;

  expedir leyes de emergencia en los casos de desastre o de calamidad pública;

  recibir el juramento promesa constitucional del Presidente de la República, el

  del Vicepresidente y el de los demás funcionarios, de acuerdo con lo

  establecido en esta Constitución;

  recibir del Presidente de la República, un informe sobre la situación general

  del país, sobre su administración y sobre los planes de gobiernos; en la forma

  dispuesta en esta Constitución;

  aceptar o rechazar la renuncia del Presidente de la República y la del

  Vicepresidente;

  prestar los acuerdos y efectuar los nombramientos que esta Constitución

  prescribe, así como las designaciones de representantes del Congreso en otros

  órganos del Estado;

  conceder amnistías;

  decidir el traslado de la Capital de la República a otro punto del territorio

  nacional, por mayoría absoluta de dos tercios de los miembros de cada Cámara;

  aprobar o rechazar, en todo o en parte y previo informe de la Contraloría

  General de la República, el detalle y la justificación de los ingresos y

  egresos de las finanzas públicas sobre la ejecución presupuestaria;

  reglamentaria la navegación fluvial, la marítima, la aérea y la espacial, y

  los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución.

SECCIÓN II

DE LA FORMACIÓN Y LA SANCIÓN DE LAS LEYES

Artículo 203 - DEL ORIGEN Y DE LA INICIATIVA

Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras del Congreso, a

propuestas de sus miembros; a proposición del Poder ejecutivo; a iniciativa

popular o a la de la Corte Suprema de Justicia, en los casos y en las

condiciones previstas en esta Constitución y en la ley.

Las excepciones en cuanto al origen de las leyes a favor de una u otra Cámara o

del Poder Ejecutivo son, en exclusividad, las establecidas expresamente en esta

Constitución.

Todo proyecto de ley será presentado con una exposición de motivos.

Artículo 204 - DE LA APROBACIÓN Y DE LA PROMULGACIÓN DE LOS PROYECTOS

 Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de origen, pasará inmediatamente para

su consideración a la otra Cámara. Si ésta, a su vez, lo aprobase, el proyecto

quedará sancionado y, si el Poder Ejecutivo le prestara su aprobación, lo

promulgará como ley y dispondrá su publicación dentro de los cinco días.

Artículo 205 - DE LA PROMULGACIÓN AUTOMATICA

Se considerará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que no fuese

objetado ni devuelto a la Cámara de origen en el plazo de seis día hábiles, si

el proyecto contiene hasta diez artículos; de doce días hábiles si los artículos

son más de viente. en todos estos casos, el proyecto quedará automáticamente

promulgado y se dispondrá su publicación.

Artículo 206 - DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECHAZO TOTAL

Cuando un proyecto de ley, aprobado por una de las Cámaras, fuese rechazado

totalmente por la otra, volverá a aquella para una nueva consideración. Cuando

la Cámara de origen se ratificase por mayoría absoluta, pasará de nuevo a la

revisora, la cual solo podrá volver a rechazarlo por mayoría absoluta de dos

tercios y, de no obtenerla, se reputará sancionado el proyecto.

Artículo 207 - DEL PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN PARCIAL

Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de origen, que haya sido parcialmente

modificado por la otra, pasará a la primera, donde solo se discutirá cada una de

las modificaciones hechas por la revisora.

Para estos casos, se establece lo siguiente:

  si todas las modificaciones se aceptasen, el proyecto quedará sancionado;

  si todas las modificaciones se rechazasen por mayoría absoluta, pasarán de

  nuevo a la Cámara revisora y, si ésta se ratificase en su sanción anterior por

  mayoría absoluta, el proyecto quedará sancionado; si no se ratificase, quedará

  sancionado el proyecto aprobado por la Cámara de origen, y

  si por parte de las modificaciones fuesen aceptadas y otras rechazadas, el

  proyecto pasará nuevamente a la Cámara revisora, donde solo se discutirán en

  forma global las modificaciones rechazadas, y si se aceptasen por mayoría

  absoluta, o se las rechacen, el proyecto quedará sancionado en la forma

  resuelta por ella.

El proyecto de ley sancionado, con cualquiera de las alternativas previstas en

este Artículo, pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Artículo 208 - DE LA OBJECIÓN PARCIAL

Un proyecto de ley, parcialmente objetado por el Poder Ejecutivo, será devuelto

a la Cámara de origen para su estudio y pronunciamiento sobre las objeciones. Si

ésta Cámara las rechazara por mayoría absoluta, el proyecto pasará a la Cámara

revisora, donde seguirá igual trámite. Si ésta también rechazara dichas

objeciones por la misma mayoría, la sanción primitiva quedará confirmada, y el

Poder Ejecutivo lo promulgará y lo publicará. Si las Cámaras desistieran sobre

las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de ese año.

Las objeciones podrán ser total o parcialmente aceptadas o rechazadas por ambas

Cámaras del Congreso. Si las objeciones fueran total o parcialmente aceptadas,

ambas Cámaras podrán decidir, por mayoría absoluta, la sanción de la parte no

objetada del proyecto de ley, en cuyo caso éste deberá ser promulgado y

publicado por el Poder Ejecutivo.

Las objeciones serán tratadas por la Cámara de origen dentro de los sesenta días

de su ingreso a la misma, y en idéntico caso por la Cámara revisora.

Artículo 209 - DE LA OBJECIÓN TOTAL

Si un proyecto de ley fuese rechazado totalmente por el Poder Ejecutivo, volverá

a la Cámara de origen, la cual lo discutirá nuevamente. Si ésta confirmara la

sanción inicial por mayoría absoluta, pasará a la Cámara revisora; si ésta

también lo aprobase por igual mayoría, el Poder Ejecutivo lo promulgará y

publicará. Si las Cámaras disintieran sobre el rechazo total, el proyecto no

podrá repetirse en las sesiones de ese año.

Artículo 210 - DEL TRATAMIENTO DE URGENCIA

El Poder Ejecutivo podrá solicitar el tratamiento urgente de proyectos de ley

que envíe al Congreso. En estos casos, el proyecto será tratado por la Cámara de

origen dentro de los treinta días de su recepción, y por la revisora en los

treinta días siguientes. El proyecto se tendrá por aprobado si no se lo

rechazara dentro de los plazos señalados.

El tratamiento de urgencia podrá ser solicitado por el Poder Ejecutivo aún

después de la remisión del proyecto, o en cualquier etapa de su trámite. En

tales casos, el plazo empezará a correr desde la recepción de la solicitud.

Cada Cámara, por mayoría de dos tercios, podrá dejar sin efecto, en cualquier

momento, el trámite de urgencia, en cuyo caso el ordinario se aplicará a partir

de ese momento.

El Poder Ejecutivo, dentro del período legislativo ordinario, podrá solicitar al

Congreso únicamente tres proyectos de ley de tratamiento urgente, salvo que la

Cámara de origen, por mayoría de dos tercios, acepte dar dicho tratamiento a

otros proyectos.

Artículo 211 - DE LA SANCIÓN AUTOMATICA

Un proyecto de ley presentado en una Cámara u otra, y aprobado por la Cámara de

origen en las sesiones ordinarias, pasará a la Cámara revisora, la cual deberá

despacharlo dentro del término improrrogable de tres meses, cumplido el cual, y

mediando comunicación escrita del Presidente de la Cámara de origen a la Cámara

revisora, se reputará que ésta le ha prestado su voto favorable, pasando al

Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. El término indicado quedará

interrumpido desde el veintiuno de diciembre hasta el primero de marzo. La

Cámara revisora podrá despachar el proyecto de ley en el siguiente período de

sesiones ordinarias, siempre que lo haga dentro del tiempo que resta para el

vencimiento del plazo improrrogable de tres meses.

Artículo 212 - DEL RETIRO O DEL DESISTIMIENTO

El Poder Ejecutivo podrá retirar del Congreso los proyectos de ley que hubiera

enviado, o desistir de ellos, salvo que estuviesen aprobados por la Cámara de

origen.

Artículo 213 - DE PUBLICACIÓN

La ley no obliga sino en virtud de su promulgación y su publicación. Si el Poder

Ejecutivo no cumpliese el deber de hacer publicar las leyes en los términos y en

las condiciones que esta Constitución establece, el Presidente del congreso o,

en su defecto, el Presidente de la Cámara de Diputados, dispondrá su

publicación.

Artículo 214 - DE LAS FORMULAS

La fórmula que se usará en la sanción de las leyes es: "El Congreso de la Nación

paraguaya sanciona con fuerza de ley". Para la promulgación de las mismas, la

fórmula es: "Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el

Registro Oficial".

Artículo 215 - DE LA COMISIÓN DELEGADA

Cada Cámara, con el voto de la mayoría absoluta, podrá delegar en comisiones el

tratamiento de proyectos de ley, de resoluciones y de declaraciones. Por simple

mayoría, podrá retirarlos en cualquier estado antes de la aprobación, rechazo o

sanción por la comisión.

 No podrán ser objetos de delegación el Presupuesto General de la Nación, los

códigos, los tratados internacionales, los proyectos de ley de carácter

tributario y castrense, los que tuviesen relación con la organización de los

poderes del Estado y los que se originasen en la iniciativa popular.

Artículo 216 - DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

El proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación será presentado

anualmente por el Poder Ejecutivo, a más tardar el primero de septiembre, y su

consideración por el Congreso tendrá prioridad absoluta. Se integrará una

comisión bicameral la cual, recibido el proyecto, lo estudiará y presentará

dictamen a sus respectivas Cámaras en un plazo no mayor de sesenta días

corridos. Recibidos los dictámenes, la Cámara de Diputados se abocará al estudio

del proyecto en sesiones plenarias, y deberá despacharlo en un plazo no mayor de

quince días corridos. La Cámara de Senadores dispondrá de igual plazo para el

estudio del proyecto, con las modificaciones introducidas por la Cámara de

Diputados, y si las aprobase, el mismo quedará sancionado. En caso contrario, el

proyecto volverá con las objeciones a la otra Cámara, la cual se expedirá dentro

del plazo de diez días corridos, exclusivamente sobre los puntos discrepantes

del Senado, procediéndose en la forma prevista en el Art. 208, inciso 1., 2. y

3., siempre dentro del plazo de diez días corridos.

Todos los plazos establecidos en este Artículo son perentorios, y la falta de

despacho de cualquiera de los proyectos se entenderá como aprobación. Las

Cámaras podrán rechazar totalmente el proyecto presentado a su estudio por el

Poder Ejecutivo, solo por mayoría absoluta de dos tercios en cada una de ellas.

Artículo 217 - DE LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO

Si el Poder Ejecutivo, por cualquier razón, no hubiese presentado al Poder

Legislativo el proyecto de Presupuesto General de la Nación dentro de los plazos

establecidos, o el mismo fuera rechazado conforme con el Artículo anterior,

seguirá vigente el Presupuesto del ejercicio fiscal en curso.

SECCIÓN III

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

Artículo 218 - DE LA CONFORMACIÓN

Quince días antes de entrar en receso, cada Cámara designará por mayoría

absoluta a los senadores y a los diputados quienes, en número de seis y doce

como titulares y tres y seis como suplentes, respectivamente, conformarán la

comisión Permanente del congreso, la cual ejercerá sus funciones desde el

comienzo del período de receso del congreso hasta el reinicio de las sesiones

ordinarias.

Reunidos los miembros titulares de la Comisión Permanente, designarán Presidente

y demás autoridades, y de ello se dará aviso escrito a los otros poderes del

Estado.

Artículo 219 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones de la Comisión Permanente del Congreso:

  velar por la observancia de esta Constitución y de las leyes;

  dictar su propio reglamento;

  convocar a las Cámaras a sesiones preparatorias, con el objeto de que la

  apertura anual del congreso se efectúe en tiempo oportuno;

  convocar y organizar las sesiones extraordinarias de ambas Cámaras, de

  conformidad con lo establecido en esta constitución;

  autorizar al Presidente de la República, durante el receso del Congreso, a

  ausentarse temporalmente del territorio nacional, en los casos previstos en

  esta Constitución, y

  los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución.

Artículo 220 - DE LOS INFORMES FINALES

La Comisión Permanente del Congreso, al término de su actuación, prestará a cada

Cámara un informe final de las mismas, y será responsable ante éstas de las

medidas que hubiese adoptado o autorizado.

SECCIÓN IV

DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Artículo 221 - DE LA COMPOSICIÓN

La Cámara de Diputados es la Cámara de la representación departamental. Se

compondrá de ochenta miembros titulares como mínimo, y de igual número de

suplentes, elegidos directamente por el pueblo en colegios electorales

departamentales. La ciudad de la Asunción constituirá un Colegio Electoral con

representación en dicha Cámara. Los departamentos serán representados por un

diputado titular y un suplente, cuanto menos; el Tribunal Superior de Justicia

Electoral, antes de cada elección y de acuerdo con el número de electores de

cada departamento, establecerá el número de bancas que corresponda a cada uno de

ellos. La ley podrá acrecentar la cantidad de diputados conforme con el aumento

de los electores.

Para se electo diputado titular o suplente se requiere la nacionalidad paraguaya

natural y haber cumplido veinticinco años.

Artículo 222 - DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:

  iniciar la consideración de los proyectos de ley relativos a la legislación

  departamental y a la municipal;

  designar o proponer a los magistrados y funcionarios, de acuerdo con lo que

  establece esta constitución y la ley;

  prestar acuerdo para la intervención de los gobiernos departamentales y

  municipales, y

  las demás atribuciones exclusivas que fije esta Constitución.

SECCIÓN V

DE LA CAMARA DE SENADORES

Artículo 223 - DE LA COMPOSICIÓN

La Cámara de Senadores se compondrá de cuarenta y cinco miembros titulares como

mínimo, y de treinta suplentes, elegidos directamente por el pueblo en una sola

circunscripción nacional. La ley podrá acrecentar la cantidad de senadores,

conforme con el aumento de los electores.

Para ser electo senador titular o suplente se requieren la nacionalidad

paraguaya natural y haber cumplido treinta y cinco años.

Artículo 224 - DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LA CAMARA DE SENADORES

Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores:

  iniciar la consideración de los proyectos de ley relativos a la aprobación de

  tratados y de acuerdos internacionales;

  prestar acuerdo para los ascensos militares y los de la Policía Nacional,

  desde el grado de Coronel del Ejército o su equivalente en las otras armas y

  servicios, y desde el de Comisario Principal para la Policía Nacional;

  prestar acuerdo para la designación de los embajadores y ministros

  plenipotenciarios en el exterior;

  designar o proponer a los Magistrados y funcionarios de acuerdo con lo que

  establece esta constitución;

  autorizar el envío de fuerzas militares paraguayas permanentes al exterior,

  así como el ingreso de tropas militares extranjeras al país;

  prestar acuerdo para la designación del Presidente y los directores de la

  Banca Central del Estado;

  prestar acuerdo para la designación de los directores paraguayos de los entes

  binacionales, y

  las demás atribuciones exclusivas que fije esta Constitución.

SECCIÓN VI

DEL JUICIO POLITICO

Artículo 225 - DEL PROCEDIMIENTO

El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder

Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del

Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el

Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo

podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por

delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.

La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos

tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos

tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y,

en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos, En

los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la

justicia ordinaria.

CAPÍTULO II

DEL PODER EJECUTIVO

SECCIÓN I

DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DEL VICEPRESIDENTE

Artículo 226 - DEL EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República.

Artículo 227 - DEL VICEPRESIDENTE

Habrá un Vicepresidente de la República quién, en caso de impedimento o ausencia

temporal del Presidente o vacancia definitiva de dicho cargo, lo sustituirá de

inmediato, con todas sus atribuciones.

Artículo 228 - DE LOS REQUISITOS

Para ser Presidente de la República o Vicepresidente se requiere:

  tener nacionalidad paraguaya natural;

  haber cumplido treinta y cinco años, y

  estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Artículo 229 - DE LA DURACIÓN DEL MANDATO

El Presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años

improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el quince de

agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso. El

Vicepresidente sólo podrá ser electo Presidente para el período posterior, si

hubiese cesado en su cargo seis meses antes de los comicios generales. Quien

haya ejercido la presidencia por más de doce meses no podrá ser electo

Vicepresidente de la República.

Artículo 230 - DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

El Presidente de la República y el Vicepresidente serán elegidos conjunta y

directamente por el pueblo, por mayoría simple de votos, en comicios generales

que se realizarán entre noventa y ciento veinte días antes de expirar el período

constitucional vigente.

Artículo 231 - DE LA ASUNCIÓN DE LOS CARGOS

En caso de que, en la fecha en la cual deban asumir sus funciones el Presidente

de la República y el Vicepresidente, no hayan sido proclamados en la forma

dispuesta por esta Constitución, o fueran anuladas las elecciones, el Presidente

cesante entregará el mando al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien

lo ejercerá hasta que se efectúe la transmisión, quedando en suspenso en sus

funciones judiciales.

Artículo 232 - DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS CARGOS

El Presidente de la República y el Vicepresidente tomarán posesión de sus cargos

ante el Congreso, prestando el juramento o la promesa de cumplir con fidelidad y

patriotismo sus funciones constitucionales. Si el día señalado el congreso no

alcanzara el quórum para reunirse, la ceremonia se cumplirá ante la Corte

Suprema de Justicia.

Artículo 233 - DE LAS AUSENCIAS

El Presidente de la República, o quien lo esté sustituyendo en el cargo, no

podrá ausentarse del país sin dar aviso previo al Congreso y a la Corte Suprema

de Justicia. Si la ausencia tuviere que ser por más de cinco días, se requerirá

la autorización de la Cámara de Senadores. Durante el receso de las Cámaras, la

autorización será otorgada por la Comisión Permanente del Congreso.

En ningún caso, el Presidente de la República y el Vicepresidente podrán estar

simultáneamente ausentes del territorio nacional.

Artículo 234 - DE LA ACEFALIA

En caso de impedimento o ausencia del Presidente de la República, lo reemplazará

el Vicepresidente, y a falta de éste y en forma sucesiva, el Presidente del

Senado, el de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia.

El Vicepresidente electo asumirá la presidencia de la República si ésta quedase

vacante antes o después de la proclamación del Presidente, y la ejercerá hasta

la finalización del período constitucional.

Si se produjera la vacancia definitiva de la Vicepresidencia durante os tres

primeros años del período constitucional, se convocará a elecciones para

cubrirla. Si la misma tuviese lugar durante los dos últimos años, el Congreso,

por mayoría absoluta de sus miembros, designará a quien debe desempeñar el cargo

por el resto del período.

Artículo 235 - DE LAS INHABILIDADES

Son inhábiles para ser candidatos a Presidente de la República o Vicepresidente:

 

  Los ministros del Poder Ejecutivo, los viceministros o subsecretarios y los

  funcionarios de rango equivalente, los directores generales de reparticiones

  públicas y los presidentes de consejos, directores, gerentes o administradores

  generales de los entes descentralizados, autárquicos, autónomos, binacionales

  o multinacionales, y los de empresas con participación estatal mayoritaria;

  los magistrados judiciales y los miembros del Ministerio Público;

  el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el

  Subcontralor, el Procurador General de la República, los integrantes del

  Consejo de la Magistratura y los miembros del Tribunal Superior de Justicia

  Electoral;

  los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades

  nacionales o extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales, o de

  ejecución de obras o provisión de bienes al Estado;

  los ministros de cualquier religión o culto;

  los intendentes municipales y los gobernadores;

  los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas de la Nación y los de

  la Policía Nacional, salvo que hubieran pasado a retiro un año antes, por lo

  menos, del día de los comicios generales;

  los propietarios o copropietarios de los medios de comunicación, y

  el cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, o

  segundo de afinidad, de quien se encuentre en ejercicio de la presidencia al

  realizarse la elección, o la haya desempeñado por cualquier tiempo en el año

  anterior a la celebración de aquélla.

En los casos previstos en los incisos 1., 2., 3. y 6., los afectados deben haber

renunciado y dejado de ejercer sus respectivos cargos, cuanto menos seis meses

antes del día de las elecciones, salvo los casos de vacancia definitiva de la

Vicepresidencia.

Artículo 236 - DE LA INHABILIDAD POR ATENTAR CONTRA LA CONSTITUCION

Los jefes militares o los caudillos civiles de un golpe de Estado, revolución

armada o movimientos similares que atenten contra el orden establecido por esta

Constitución, y que en consecuencia asuman el Poder Ejecutivo o mando militar

propio de oficiales generales, quedan inhabilitados para el ejercicio de

cualquier cargo público por dos períodos constitucionales consecutivos, sin

perjuicio de sus respectivas responsabilidades civiles y penales.

Artículo 237 - DE LAS INCOMPATIBILIDADES

El Presidente de la República y el Vicepresidente no pueden ejercer cargos

públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco

pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna,

debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones.

Artículo 238 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA

Son deberes y atribuciones de quien ejerce la presidencia de la República:

  representar al Estado y dirigir la administración general del país;

  cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes;

  participar en la formación de las leyes, de conformidad con esta Constitución,

  promulgarlas y hacerlas publicar, reglamentarlas y controlar su cumplimiento;

  vetar, total o parcialmente, las leyes sancionadas por el Congreso, formulando

  las observaciones u objeciones que estime convenientes;

  dictar decretos que, para su validez, requieren el refrendo del Ministro del

  ramo;

  nombrar y remover por sí a los ministros del Poder Ejecutivo, al Procurador

  General de la República y a los funcionarios de la Administración Pública,

  cuya designación y permanencia en los cargos no estén reglados de otro modo

  por esta Constitución o por la ley;

  el manejo de las relaciones exteriores de la República. En caso de agresión

  externa, y previa autorización del Congreso, declarar el Estado de Defensa

  Nacional o concertar la paz; negociar y firmar tratados internacionales;

  recibir a los jefes de misiones diplomáticas de los países extranjeros y

  admitir a sus cónsules y designar embajadores, con acuerdo del Senado;

  dar cuenta al Congreso, al inicio de cada período anual de sesiones, de las

  gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo, así como informar de la situación

  general de la República y de los planes para el futuro;

  es Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, cargo que no se

  delega. De acuerdo con la ley, dicta los reglamentos militares, dispone de las

  Fuerzas Armadas, organiza y distribuye. Por sí, nombrar y remover a los

  comandantes de la Fuerza Pública. Adopta las medidas necesarias para la

  defensa nacional. Provee, por sí los grados en todas las armas, hasta el de

  teniente coronel o sus equivalentes y, con acuerdo del Senado, los grados

  superiores;

  indultar o conmutar las penas impuestas por los jueces y tribunales de la

  República, de conformidad con la ley, y con informe de la Corte Suprema de

  Justicia;

  convocar a sesiones extraordinarias al Congreso, a cualquiera de las Cámaras o

  a ambas a la vez, debiendo éstas tratar sólo aquellos asuntos sometidos a su

  respectiva consideración;

  proponer al Congreso proyectos de ley, los cuales podrán ser presentados con

  solicitud de urgente consideración, en los términos establecidos en ésta

  Constitución;

  disponer la recaudación e inversión de las rutas de la República, de acuerdo

  con el Presupuesto General de la Nación y con las leyes, rindiendo cuenta

  anualmente al Congreso de su ejecución;

  preparar y presentar a consideración de las Cámaras el proyecto anual de

  Presupuesto General de la Nación;

  hacer cumplir las disposiciones de las autoridades creadas por esta

  Constitución, y

  los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución.

Artículo 239 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE DE LA

REPUBLICA

Son deberes y atribuciones de quien ejerce la Vicepresidencia de la República:

  sustituir de inmediato al Presidente de la República, en los casos previstos

  por esta Constitución;

  representar al Presidente de la República nacional e internacionalmente, por

  designación del mismo, con todas las prerrogativas que le corresponden a

  aquél, y

  participar de las deliberaciones del Consejo de Ministros y coordinar las

  relaciones entre el Poder Ejecutivo y el legislativo.

SECCIÓN II

DE LOS MINISTROS Y DEL CONSEJO DE MINISTROS

Artículo 240 - DE LAS FUNCIONES

La dirección y la gestión de los negocios públicos están confiadas a los

ministros del Poder Ejecutivo, cuyo número y funciones serán determinados por la

ley. En caso de ausencia temporal de uno de ellos, lo sustituirá uno de los

viceministros del ramo.

Artículo 241 - DE LOS REQUISITOS, DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y DE LAS INMUNIDADES

 

Para ser Ministro se exigen los mismos requisitos que para el cargo de Diputado.

Tienen, además, iguales incompatibilidades que las establecidas para el

Presidente de la República, salvo el ejercicio de la docencia. No pueden ser

privados de su libertad, excepto en los casos previstos para los miembros del

Congreso.

Artículo 242 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MINISTROS

Los ministros son los jefes de la administración de sus respectivas carteras, en

las cuales, bajo la dirección del Presidente de la República promueven y

ejecutan la política relativa a las materias de su competencia.

Son solidariamente responsable de los actos de gobierno que refrendan.

Anualmente, presentarán al Presidente de la República una memoria de sus

gestiones, la cual será puesta a conocimiento del Congreso.

Artículo 243 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS

Convocados por el Presidente de la República, los Ministros se reúnen en Consejo

a fin de coordinar las tareas ejecutivas, impulsar la política del gobierno y

adoptar decisiones colectivas:

Compete a dicho Consejo:

  deliberar sobre todos los asuntos de interés público que el Presidente de la

  República someta a su consideración, actuando como cuerpo consultivo, así como

  considerar las iniciativas en materia legislativa, y

  disponer la publicación periódica de sus resoluciones.

SECCIÓN III

DE LA PROCURADURIA DE GENERAL DE LA REPUBLICA

Artículo 244 - DE LA COMPOSICIÓN

La Procuraduría General de la República está a cargo de un procurador General y

de los demás funcionarios que determine la ley.

Artículo 245 - DE LOS REQUISITOS, Y DEL NOMBRAMIENTO

El procurador General de la República debe reunir los mismos requisitos exigidos

para ser Fiscal General del Estado. Es nombrado y removido por el Presidente de

la República. Las incompatibilidades serán establecidas en la ley.

Artículo 246 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones del procurador General de la República:

  representar y defender, judicial o extrajudicialmente los intereses

  patrimoniales de la República;

  dictaminar en los casos y con los efectos señalados en las leyes;

  asesorar jurídicamente a la Administración Pública en la forma que determine

  la ley, y

  los demás deberes y atribuciones que fije la ley.

CAPÍTULO III

DEL PODER JUDICIAL

SECCIÓN I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 247 - DE LA FUNCIÓN Y DE LA COMPOSICION

El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpuesta, la cumple

y la hace cumplir.

La administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la

Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados, en la forma

que establezcan esta Constitución y la ley.

Artículo 248 - DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Queda garantizada la independencia del Poder Judicial. Sólo éste puede conocer y

decidir en actos de carácter contencioso.

En ningún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, podrán

arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta

Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni

intervenir de cualquier modo n los juicios. Actos de esta naturaleza conllevan

nulidad insanable. Todo ello sin perjuicio de las decisiones arbitrales en el

ámbito del derecho privado, con las modalidades que la ley determine para

asegurar el derecho de defensa y las soluciones equitativas.

Los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus

magistrados, quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por cinco

años consecutivos, además de las penas que fije la ley.

Artículo 249 - DE LA AUTARQUIA PRESUPUESTARIA

El Poder Judicial goza de autonomía presupuestaria. En el Presupuesto General de

la Nación se le asignará una cantidad no inferior al tres por ciento del

presupuesto de la Administración Central.

El presupuesto del Poder Judicial será aprobado por el congreso, y la

Contraloría General de la República verificará todos sus gastos e inversiones.

Artículo 250 - DEL JURAMENTO O PROMESA

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia prestarán juramento o promesa ante

el Congreso, al asumir sus cargos. Los integrantes de los demás tribunales y de

los juzgados lo harán ante la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 251 - DE LA DESIGNACION

Los miembros de los tribunales y juzgados de toda la República serán designados

por la Corte Suprema de Justicia, a propuesta en terna del Consejo de la

Magistratura.

Artículo 252 - DE LA INAMOVILIDAD DE LOS MAGISTRADOS

Los magistrados son inamovibles en cuanto al cargo, a la sede o al grado,

durante el término para el cual fueron nombrados. No pueden ser trasladados ni

ascendidos sin su consentimiento previo y expreso. Son designados por períodos

de cinco años, a contar de su nombramiento.

Los magistrados que hubiesen sido confirmados por dos períodos siguientes al de

su elección, adquieren la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad

establecido para los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 253 - DEL ENJUICIAMIENTO Y DE LA REMOCIÓN DE LOS MAGISTRADOS

Los magistrados judiciales sólo podrán ser enjuiciados y removidos por la

comisión de delitos, o mal desempeño de sus funciones definido en la ley, por

decisión de un Jurado de enjuiciamiento de magistrados. Este estará integrado

por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de

la Magistratura, dos senadores y dos diputados; éstos cuatro últimos deberán ser

abogados. La ley regulará el funcionamiento del Jurado de enjuiciamiento de

magistrados.

Artículo 254 - DE LAS INCOMPATIBILIDADES

Los magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo

público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación

científica, a tiempo parcial. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o

actividad profesional o política alguna, no desempeñar cargos en organismos

oficiales o privados, partidos, asociaciones o movimientos políticos.

Artículo 255 - DE LAS INMUNIDADES

Ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las

opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. No podrá ser detenido o

arrestado sino en caso de flagrante delito que merezca pena corporal. Si así

ocurriese la autoridad interviniente debe ponerlo bajo custodia en su

residencia, comunicar de inmediato el hecho a la Corte Suprema de Justicia, y

remitir los antecedentes al juez competente.

Artículo 256 - DE LA FORMA DE LOS JUICIOS

Los juicios podrán ser orales y públicos, en la forma y en la medida que la ley

determine.

Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la ley. La

crítica a los fallos es libre.

El proceso laboral será total y estará basado en los principios de inmediatez,

economía y concentración.

Artículo 257 - DE LA OBLIGACIÓN DE COLABORAR CON LA JUSTICIA

Los órganos del Estado se subordinan a los dictados de la ley, y las personas

que ejercen funciones al servicios del mismo están obligadas a prestar a la

administración de justicia toda la cooperación que ella requiera para el

cumplimiento de sus mandatos.

SECCIÓN II

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 258 - DE LA INTEGRACIÓN Y DE LOS REQUISITOS

La Corte Suprema de Justicia estará integrada por nueve miembros. Se organizarán

en salas, uno de las cuales será constitucional, elegirá de su seno, cada año, a

su Presidente. Sus miembros llevarán el título de Ministro.

Sus requisitos para integrar la Corte Suprema de Justicia, tener nacionalidad

paraguaya natural, haber cumplido treinta y cinco años, poseer título

universitario de Doctor en Derecho y gozar de notoria honorabilidad. Además,

haber ejercido efectivamente durante el término de diez años, cuanto menos, la

profesión, la magistratura judicial o la cátedra universitaria en materia

jurídica, conjunta, separada o sucesivamente.

Artículo 259 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

  ejercer la superintendencia de todos los organismos del Poder Judicial y

  decidir, en instancia única, los conflictos de jurisdicción y de competencia,

  conforme con la ley;

  dictar su propio reglamento interno. Presentar anualmente, una memoria sobre

  las gestiones realizadas, el Estado, y las necesidades de la justicia nacional

  a los Poderes Ejecutivo y Legislativo;

  conocer y resolver en los recursos ordinarios que la ley determine;

  conocer y resolver, en instancia original, los hábeas corpus, sin perjuicio de

  la competencia de otros jueces o tribunales;

  conocer y resolver sobre inconstitucionalidad;

  conocer y resolver en el recurso de casación, en la forma y medida que

  establezca la ley;

  suspender preventivamente por sí o a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de

  Magistrados por mayoría absoluta de votos de sus miembros, en el ejercicio de

  sus funciones, a magistrados judiciales enjuiciados, hasta tanto se dicte

  resolución definitiva en el caso;

  supervisar los institutos de detención y reclusión;

  entender en las contiendas de competencias entre el Poder Ejecutivo y los

  gobiernos departamentales y entre éstos y los municipios, y

  los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución y las leyes.

Artículo 260 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL

Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional:

  conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros

  instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones

  contrarias a esta Constitución en cada caso concreto, y en fallo que sólo

  tendrá efecto con relación a este caso, y

  decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o

  interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta

  Constitución.

El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la

Corte Suprema de Justicia, y por vía de la excepción en cualquier instancia, en

cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte.

Artículo 261 - DE LA REMOCIÓN Y CESACIÓN DE LOS MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo podrán ser removidos por

juicio político. Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años.

SECCIÓN III

DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Artículo 262 - DE LA COMPOSICION

El Consejo de la Magistratura está compuesto por:

  un miembro de la Corte Suprema de Justicia, designado por ésta;

  un representante del Poder Ejecutivo;

  un Senador y un Diputado, ambos nominados por su Cámara respectiva;

  dos abogados de la matrícula, nombrados por sus pares en elección directa;

  un profesor de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional, elegido

  por sus pares, y

  un profesor de las facultades de Derecho con no menos de veinte años de

  funcionamiento, de las Universidades privadas, elegido por sus pares.

La ley reglamentará los sistemas de elección pertinentes.

Artículo 263 - DE LOS REQUISITOS Y DE LA DURACION

Los miembros del Consejo de la magistratura deben reunir los siguientes

requisitos:

Ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta y cinco años, poseer

título universitario de abogado, y, durante el término de diez años cuanto

menos, haber ejercido efectivamente la profesión, o desempeñado funciones en la

magistratura judicial, o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica,

conjunta, separado o alternativamente.

Durará años en sus funciones y gozarán de iguales inmunidades que los Ministros

de la Corte Suprema de Justicia. Tendrán las incompatibilidades que establezca

la ley.

Artículo 264 - DE LOS DEBERES Y DE LA ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura:

  proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia,

  previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y

  aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con

  acuerdo del Poder ejecutivo;

  proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de

  selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de

  los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales;

  elaborar su propio reglamente, y

  los demás deberes y atribuciones que fijen esta Constitución y las leyes.

Artículo 265 - DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y DE OTRAS MAGISTRATURAS Y ORGANISMOS

AUXILIARES

Se establece el tribunal de cuentas. La ley determinará su composición y su

competencia.

La estructura y las funciones de las demás magistraturas judiciales y de

organismos auxiliares, así como las de la escuela judicial, serán determinadas

por la ley.

SECCIÓN IV

DEL MINISTERIO PUBLICO

Artículo 266 - DE LA COMPOSICIÓN Y DE LAS FUNCIONES

El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales

del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento

de sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el Fiscal General del Estado y los

agentes fiscales, en la forma determinada por la ley.

Artículo 267 - DE LOS REQUISITOS

Para ser Fiscal General del Estado se requiere tener nacionalidad paraguaya;

haber cumplido treinta y cinco años, poseer título universitario de abogado,

haber ejercido efectivamente la profesión o funciones o la magistratura judicial

o la cátedra universitaria en materia jurídica durante cinco años cuanto menos,

conjunta, separada o sucesivamente. Tiene las mismas incompatibilidades e

inmunidades que las establecidas para los magistrados del Poder Judicial.

Artículo 268 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones del Ministerio Público:

  velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales;

  promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el

  medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos

  indígenas;

  ejercer acción penal en los casos en que, para iniciarla o proseguirla, no

  fuese necesaria instancia de parte, sin perjuicio de que el juez o tribunal

  proceda de oficio, cuando lo determine la ley;

  recabar información de los funcionarios públicos para el mejor cumplimiento de

  sus funciones, y

  los demás deberes y atribuciones que fije la ley.

Artículo 269 - DE LA ELECCIÓN Y DE LA DURACION

El Fiscal General del Estado tiene inamovilidad. Dura cinco años en sus

funciones y puede ser reelecto. Es nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo

del Senado, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura.

Artículo 270 - DE LOS AGENTES FISCALES

Los agentes fiscales son designados, en la misma forma que establece esta

Constitución para los jueces. Duran en sus funciones y son removidos con iguales

procedimientos. Además, tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades que

las determinadas para los integrantes del Poder Judicial.

Artículo 271 - DE LA POSESIÓN DE LOS CARGOS

El Fiscal General del Estado presta juramento o promesa ante el Senado, mientras

los agentes fiscales lo efectúan ante la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 272 - DE LA POLICIA JUDICIAL

La ley podrá crear una Policía Judicial, dependiente del Poder Judicial, a fin

de colaborar directamente con el Ministerio Público.

SECCIÓN V

DE LA JUSTICIA ELECTORAL

Artículo 273 - DE LA COMPETENCIA

La convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, la supervisión y

la vigilancia de los actos y de las cuestiones derivados de las elecciones

generales, departamentales y municipales, así como de los derechos y de los

títulos de quienes resulten elegidos, corresponden exclusivamente a la Justicia

Electoral.

Sin igualmente de su competencia las cuestiones provenientes de todo tipo de

consulta popular, como asimismo lo relativo a las elecciones y al funcionamiento

de los partidos y de los movimientos políticos.

Artículo 274 - DE LA INTEGRACIÓN

La Justicia Electoral está integrada por un Tribunal Superior de Justicia

Electoral, por los tribunales, por los juzgados, por las fiscalías y por los

demás organismos a definirse en la ley, la cual determinará su organización y

sus funciones.

Artículo 275 - DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

El Tribunal Superior de Justicia Electoral estará compuesto de tres miembros,

quienes serán elegidos y removidos en la forma establecida para los ministros de

la Corte Suprema de Justicia.

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral deberán reunir los

siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta y

cinco años, poseer título universitario de abogado, y, durante el término de

diez años, cuanto menos, haber ejercido efectivamente la profesión, o

desempeñado funciones en la magistratura judicial, o ejercido la cátedra

universitaria en materia jurídica, conjunta, separada o alternativamente.

La ley fijará en qué casos sus resoluciones serán recurribles ante la Corte

Suprema de Justicia, la cual lo resolverá en procedimiento sumarísimo.

CAPÍTULO IV

DE OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

SECCIÓN I

DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

Artículo 276 - DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

El Defensor del Pueblo es un comisionado parlamentario cuyas funciones son la

defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la

profesión de los intereses comunitarios. En ningún caso tendrá función judicial

ni competencia ejecutiva.

Artículo 277 - DE LA AUTONOMIA, DEL NOMBRAMIENTO Y DE LA REMOCION

El Defensor del Pueblo gozará de autonomía e inamovilidad. Es nombrado por

mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados, de una terna propuesta por el

Senado, y durará cinco años en sus funciones, coincidentes con el período del

Congreso. Podrá ser reelecto. Además, podrá ser removido por mal desempeño de

sus funciones, con el procedimiento del juicio político establecido en esta

Constitución.

Artículo 278 - DE LOS REQUISITOS, DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y DE LAS INMUNIDADES

 

El Defensor del Pueblo deberá reunir los mismos requisitos exigidos para los

Diputados, y tiene las mismas incompatibilidades e inmunidades que las de los

magistrados judiciales. Durante su mandato no podrá formar parte de ningún poder

del Estado ni ejercer actividad político partidaria alguna.

Artículo 279 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo:

  recibir e investigar denuncias, quejas y reclamos contra violaciones de los

  derechos humanos y otros hechos que establecen esta Constitución y la ley.

  requerir de las autoridades en sus diversos niveles, incluyendo los de los

  órganos policiales y los de seguridad en general, información para el mejor

  ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna. Podrá

  acceder a los sitios donde se denuncie la comisión de tales hechos. Es también

  de su competencia actuar de oficio;

  emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a los derechos

  humanos;

  informar anualmente de sus gestiones a las Cámaras del Congreso;

  elaborar y divulgar informes sobre la situación de los derechos humanos que, a

  su juicio, requieran pronta atención pública, y

  los demás deberes y atribuciones que fije la ley.

Artículo 280 - DE LA REGULACIÓN DE SUS FUNCIONES

Las funciones del Defensor del Pueblo serán reguladas por la ley a fin de

asegurar su eficacia, pudiendo nombrarse defensores departamentales o

municipales.

SECCIÓN II

DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Artículo 281 - DE LA NATURALEZA, DE LA COMPOSICIÓN Y DE LA DURACION

La Contraloría General de la República es el órgano de control de las

actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las

municipalidades, en la forma determinada por esta Constitución y por la ley.

Gozará de autonomía funcional y administrativa.

Se compone de un Contralor y un Subcontralor, quienes deberán ser de

nacionalidad paraguaya, de treinta años cumplidos, graduados en Derecho o en

Ciencias Económicas, Administrativas o Contables. Cada uno de ellos será

designado por la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, de sendas ternas de

candidatos propuestos por la Cámara de Senadores, con idéntica mayoría.

Durarán cinco años en sus funciones, los cuales no serán coincidentes con los

del mandato presidencial. Podrán ser confirmados en el cargo sólo por un período

más, con sujeción a los mismos trámites. Durante tal lapso gozarán de

inamovilidad, no pudiendo ser removidos sino por la comisión de delitos o por

mal desempeño de sus funciones.

Artículo 282 - DEL INFORME Y DEL DICTAMEN

El Presidente de la República, en su carácter de titular de la administración

del Estado, enviará a la Contraloría la liquidación del presupuesto del año

anterior, dentro de los cuatro meses del siguiente. En los cuatro meses

posteriores, la Contraloría deberá elevar informe y dictamen al Congreso, para

que los consideren cada una de las Cámaras.

Artículo 283 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones del Contralor General de la República:

  el control, la vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos y del

  patrimonio del Estado, los de las entidades regionales o departamentales, los

  de las municipalidades, los del Banco Central y los de los demás bancos del

  Estado o mixtos, los de las entidades autónomas, autárquicas o

  descentralizadas, así como los de las empresas del Estado o mixtas;

  el control de la ejecución y de la liquidación del Presupuesto General de la

  Nación;

  el control de la ejecución y de la liquidación de los presupuestos de todas

  las reparticiones mencionadas en el inciso 1, como asimismo el examen de sus

  cuentas, fondos e inventarios;

  la fiscalización de las cuentas nacionales de las empresas o entidades

  multinacionales, de cuyo capital participe el Estado en forma directa o

  indirecta, en los términos de los respectivos tratados;

  el requerimiento de informes sobre la gestión fiscal y patrimonial a toda

  persona o entidad pública, mixta o privada que administre fondos, servicios

  públicos o bienes del Estado, a las entidades regionales o departamentales y a

  los municipios, todas las cuales deben poner a su disposición la documentación

  y los comprobantes requeridos para el mejor cumplimiento de sus funciones;

  la recepción de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios

  públicos, así como la formación de un registro de las mismas y la producción

  de dictámenes sobre la correspondencia entre tales declaraciones, prestadas al

  asumir los respectivos cargos, y las que los aludidos funcionarios formulen al

  cesar en ellos.

  la denuncia a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo de todo delito siendo

  solidariamente responsable, por omisión o desviación, con los órganos

  sometidos a su control, cuando éstos actuasen con deficiencia o negligencia, y

 

  los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución y las leyes.

Artículo 284 - DE LAS INMUNIDADES, DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y DE LA REMOCIÓN

El Contralor y el Subcontralor tendrán las mismas inmunidades e

incompatibilidades prescritas para los magistrados judiciales. En cuanto a su

remoción, se seguirá el procedimiento establecido para el juicio político.

SECCIÓN III

DE LA BANCA CENTRAL DEL ESTADO

Artículo 285 - DE LA NATURALEZA, DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

Se establece una Banca Central del Estado, en carácter de organismos técnico.

Ella tiene la exclusividad de la emisión monetaria, y conforme con los objetivos

de la política económica del Gobierno Nacional, participa con los demás

organismos técnicos del Estado, en la formulación de las políticas monetaria,

crediticia y cambiaria, siendo responsable de su ejecución y desarrollo, y

preservando la estabilidad monetaria.

Artículo 286 - DE LAS PROHIBICIONES

Se prohibe a la Banca Central del Estado:

  acordar créditos, directa o indirectamente, para financiar el gasto público al

  margen del presupuesto, excepto:

    los adelantos de corto plazo de los recursos tributarios presupuestos para

    el año respectivo, y

    en caso de emergencia nacional, con resolución fundada del Poder Ejecutivo y

    acuerdo de la Cámara de Senadores.

  adoptar acuerdo alguno que establezca, directa o indirectamente, normas o

  requisitos diferentes o discriminatorios y relativos a personas, instituciones

  o entidades que efectúan operaciones de la misma naturaleza, y

  operar con personas o entidades no integradas al sistema monetario o

  financiero nacional, salvo organismos internacionales.

Artículo 287 - DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL FUNCIONAMIENTO

La ley regulará la organización y funcionamiento de la Banca Central del Estado,

dentro de las limitaciones previstas en esta Constitución.

La Banca Central del Estado rendirá cuentas al Poder Ejecutivo y al Congreso

Nacional sobre la ejecución de las políticas a su cargo.

TÍTULO III

DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Artículo 288 - DE LA DECLARACIÓN, DE LAS CAUSALES, DE LA VIGENCIA Y DE LOS

PLAZOS

En caso de conflicto armado internacional, formalmente declarado o no, o de

grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta

Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella, el

Congreso o el Poder Ejecutivo podrán declarar el Estado de Excepción en todo o

en parte del territorio nacional, por un término de sesenta días como máximo. En

el caso de que dicha declaración fuera efectuada por el Poder ejecutivo, la

medida deberá ser aprobada o rechazada por el Congreso dentro del plazo de

cuarenta y ocho horas.

Dicho término de sesenta días podrá prorrogarse por períodos de hasta treinta

días sucesivos, para lo cual se requerirá mayoría absoluta de ambas Cámaras.

Durante el receso parlamentario, el Poder Ejecutivo podrá decretar, por única

vez, el Estado de Excepción por un plazo no mayor de treinta días, pero deberá

someterlo dentro de los ocho días a la aprobación o rechazo del Congreso, el

cual quedará convocado de pleno derecho a sesión extraordinaria, únicamente para

tal efecto.

El decreto o la ley que declare el Estado de Excepción contendrá las razones y

los hechos que se invoquen para su adopción, el tiempo de su vigencia y el

territorio afectado, así como los derechos que restrinja.

Durante la vigencia del Estado de Excepción, el Poder ejecutivo sólo podrá

ordenar, por decreto y en cada caso, las siguientes medidas: la detención de las

personas indiciadas de participar en algunos de esos hechos, su traslado de un

punto a otro de la República, así como la prohibición o la restricción de

reuniones públicas y de manifestaciones.

En todos los casos, las personas indiciadas tendrán la opción de salir del país.

 

El Poder Ejecutivo informará de inmediato a la Corte suprema de Justicia sobre

los detenidos en virtud del Estado de Excepción y sobre el lugar de su detención

o traslado, a fin de hacer posible una inspección judicial.

Los detenidos en razón del Estado de Excepción permanecerán en locales sanos y

limpios, no destinados a reos comunes, o guardarán reclusión en su propia

residencia. Los traslados se harán siempre a sitios poblados y salubres.

El Estado de Excepción no interrumpirá el funcionamiento de los poderes del

Estado, la vigencia de esta Constitución ni, específicamente, el hábeas corpus.

El Congreso, por mayoría absoluta de votos, podrá disponer en cualquier momento

el levantamiento del Estado de Excepción, si considerase que cesaron las causas

de su declaración.

Una vez que finalice el Estado de Excepción, el Poder Ejecutivo informará al

Congreso, en un plazo no mayor de cinco días, sobre lo actuado durante la

vigencia de aquél.

TÍTULO IV

DE LA REFORMA Y DE LA ENMIENDA DE LA CONSTITUCION

Artículo 289 - DE LA REFORMA

La reforma de esta Constitución sólo procederá luego de diez años de su

promulgación.

Podrán solicitar la reforma el veinticinco por ciento de los legisladores de

cualquiera de las Cámaras del Congreso, el Presidente de la República o treinta

mil electores, en petición firmada.

La declaración de la necesidad de la reforma sólo será aprobada por mayoría

absoluta de dos tercios de los miembros de cada Cámara del Congreso.

Una vez decidida la necesidad de la reforma, el Tribunal Superior, de Justicia

Electoral llamará a elecciones dentro del plazo de ciento ochenta días, en

comicios generales que no coincidan con ningún otro.

El número de miembros de la Convención Nacional Constituyente no podrá exceder

del total de los integrantes del Congreso. Sus condiciones de elegibilidad, así

como la determinación de sus incompatibilidades, serán fijadas por ley.

Los convencionales tendrán las mismas inmunidades establecidas para los miembros

del Congreso.

Sancionada la nueva Constitución por la Convención Nacional Constituyente,

quedará promulgada de pleno derecho.

Artículo 290 - DE LA ENMIENDA

 Transcurridos tres años de promulgada esta Constitución, podrán realizarse

enmiendas a iniciativa de la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de

las Cámaras del Congreso, del Presidente de la República o de treinta mil

electores, en petición firmada.

 El texto íntegro de la enmienda deberá ser aprobado por mayoría absoluta en la

Cámara de origen. Aprobado el mismo, se requerirá igual tratamiento en la Cámara

revisora. Si en cualquiera de las Cámaras no se reuniese la mayoría requerida

para su aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda, no pudiendo volver a

presentarla dentro del término de un año.

 Aprobada la enmienda por ambas Cámaras del Congreso, se remitirá el texto al

Tribunal Superior de Justicia Electoral para que, dentro del plazo de ciento

ochenta días, se convoque a un referéndum. Si el resultado de este es

afirmativo, la enmienda quedará sancionada y promulgada, incorporándose al texto

institucional.

 Si la enmienda es derogatoria, no podrá promoverse otra sobre el mismo tema

antes de tres años.

 No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la

reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la

composición, la duración de mandatos a los atribuciones de cualquiera de los

poderes del Estado, o las disposiciones de los Capítulos I, II, III y IV del

Título II, de la Parte I.

Artículo 291 - DE LA POTESTAD DE LA CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE

 La Convención Nacional Constituyente es independiente de los poderes

constituídos. Se limitará, durante el tiempo que duren sus deliberaciones, a sus

labores de reforma, con exclusión de cualquier otra tarea. No se arrogará las

atribuciones de los poderes del Estado, no podrá sustituir a quienes se hallen

en ejercicio de ellos, ni acortar o ampliar su mandato.

TÍTULO V

DE LAS DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 1.- Esta Constitución entra en vigencia desde la fecha. Su promulgación

se opera de pleno derecho a la hora veinticuatro de la misma.

 El proceso de elaboración de esta Constitución, su sanción, su promulgación y

las disposiciones que la integran, no están sujetas a revisión jurisdiccional,

ni a modificación alguna, salvo lo dispuesto para su reforma o enmienda.

 Queda derogada la Constitución del 25 de agosto de 1967 y su enmienda del año

1977; sin perjuicio de lo que se dispone en el presente título.

Artículo 2.- El Presidente de la República, el Presidente del Congreso y el

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, prestaran juramento o promesa de

cumplir y hacer cumplir esta Constitución, ante la Convención Nacional

Constituyente el día veinte de junio de 1992.

Artículo 3.- El Presidente de la República, los Senadores y los Diputados

continuarán en sus funciones respectivas hasta que asuman las nuevas autoridades

nacionales que serán elegidas en las elecciones generales a realizarse en 1993.

Sus deberes y atribuciones serán los establecidos por esta Constitución, tanto

para el Presidente de la República como para el Congreso, el cual no podrá ser

disuelto. Hasta tanto asuman los senadores y diputados que sean electos en las

elecciones generales de 1993, el proceso de formación y sanción de las leyes se

regirá por lo que disponen los artículos 154/167 de la Constitución de 1967.

Artículo 4.- La próxima elección para designar Presidente de la República,

Vicepresidente, Senadores y Diputados, Gobernadores y miembros de las Juntas

Departamentales se realizará simultáneamente en la fecha que determine el

Tribunal Electoral de la Capital, la que deberá ser fijada para el lapso

comprendido entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1993. Estas autoridades

asumirán sus funciones el 15 de agosto de 1993, a excepción de los miembros del

Congreso que lo harán el 1 de julio del mismo año.

Artículo 5.- Los demás magistrados y funcionarios seguirán en sus cargos hasta

completar el periodo que hubiese determinado para cada uno de ellos la

Constitución de 1967 y si, llegado ese momento, todavía no fueran nombrados sus

sucesores, continuará en funciones interinamente hasta que se produzca su

sustitución.

 Ellos podrán ser reemplazados por otros funcionarios y magistrados que serán

designados interinamente y de acuerdo con los mecanismos establecidos por la

Constitución de 1967. Los funcionarios y magistrados así designados durarán en

sus cargos hasta el momento en que sean designados sus sustitutos de acuerdo con

los mecanismos que determina esta Constitución.

 También continuarán en funciones el Contralor General y el Subcontralor, hasta

tanto se designen los funcionarios que determina el artículo281 de esta

Constitución.

Artículo 6.- Hasta tanto se realicen los comicios generales, en 1993, para

elegir Presidente de la República, Vicepresidente, Senadores, Diputados,

Gobernadores y miembros de las Juntas Departamentales, seguirá, en función los

mismos organismos electorales; Junta Electoral Central, Junta Electoral

Seccional y Tribunales Electorales, los que se regirán por el código electoral

en todo aquello que no contradiga a esta Constitución.

Artículo 7.- La designación de funcionarios y magistrados que requieran la

intervención del Congreso o de cualquiera de sus Cámaras o para cargos de

instituciones creadas por esta Constitución o con integración diferente a la que

establecía la de 1967, no podrá efectuarse sino después que asuman las

autoridades nacionales que serán elegidas en el año 1993, con excepción de lo

preceptuado en el Artículo 9, de este título.

Artículo 8.- Los Magistrados Judiciales que sean confirmados a partir de los

mecanismos ordinarios establecidos en esta Constitución adquieren la inmovilidad

permanente a que se refiere el 2o. párrafo del Art. 252. "De la inmovilidad de

los magistrados", a partir de la segunda confirmación.

Artículo 9.- Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados serán

designados a propuesta de los respectivos poderes dentro de los sesenta días de

promulgada esta Constitución. Hasta tanto se integre el Consejo de la

Magistratura, los representantes que responden a ese cuerpo será cubiertos por

un profesor de cada facultad de Derecho, a propuesta de sus respectivos Consejos

Directivos. A este jurado se le deferirá el conocimiento y el juzgamiento de

todas las denuncias actualmente existentes ante la Corte Suprema de Justicia.

Hasta que se dicte la Ley respectiva, regirá en lo pertinente la Ley 879/81,

Código de Organización Judicial.

 La duración en sus respectivos cargos de los miembros del Jurado de

Enjuiciamiento de Magistrados que sean designados en virtud de lo que dispone

este Artículo, será fijada por ley.

Artículo 10.- Hasta tanto se designe Procurador General, los funcionarios

actuales que se desempeñan en el área respectiva quedan investidos de las

atribuciones que determina el Artículo 246.

Artículo 11.- Hasta tanto se dicte una Ley Orgánica Departamental, los

Gobernadores y las Juntas Departamentales estarán integradas por un mínimo de

siete miembros y un máximo de veintiún miembros. El Tribunal Electoral de

Asunción establecerá el número de miembros de las Juntas Departamentales,

atendiendo a la densidad electoral de los departamentos.

Artículo 12.- Las Sedes actuales de las Delegaciones de Gobierno, pasarán de

pleno derecho y a título gratuito a ser propiedad de los gobiernos

departamentales.

Artículo 13.- Si al 1 de octubre de 1992 siguen sin estar organizados

electoralmente los Departamentos de Chaco y Nueva Asunción los dos Diputados que

corresponden a estos Departamentos, serán elegidos en los colegios electorales

de los Departamentos de Presidente Hayes,  Boquero y Alto Paraguay, de acuerdo

con el caudal electoral de estos.

Artículo 14.- La investidura de Senador Vitalicio alcanza al ciudadano que

ejerce la Presidencia de la República a la fecha de sanción de esta

Constitución, sin que beneficie a ninguno anterior.

Artículo 15.- Hasta tanto se reúna una nueva Convención Nacional Constituyente,

los que participaron en esta gozarán del trato de "Ciudadano Convencional".

Artículo 16.- Los bienes adquiridos por la Convención o donados a ella que

forman parte de su patrimonio serán transferidos a título gratuito al Poder

Legislativo.

Artículo 16.- Los bienes adquiridos por la Convención o donados a ella que

forman parte de su patrimonio serán transferidos a título gratuito al Poder

Legislativo.

Artículo 17.- El depósito y conservación de toda la documentación producida por

la Convención Nacional Constituyente tales como los diarios y las actas y de

sesiones plenarias y las de comisión redactora serán confiados a la Banca

Central del Estado, a nombre y disposición del Poder Legislativo, hasta que, por

Ley, se disponga su remisión y guarda en el Archivo Nacional.

Artículo 18.- El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato la edición oficial de

10.000 ejemplares de esta Constitución en los idiomas castellano y guaraní.

 En caso de duda de interpretación, se estará al texto redactado en idioma

castellano.

 A través del sistema educativo, se fomentará el estudio de la Constitución

Nacional.

Artículo 19.- A los efectos de las limitaciones que establece esta Constitución

para la reelección de los cargos electivos de los diversos poderes del Estado,

se computara el actual periodo inclusive.

Artículo 20.- El texto original de la Constitución Nacional será firmado, en

todas sus hojas por el Presidente y los Secretarios de la Convención Nacional

Constituyente.

 El Acta final de la Convención, por la cual se aprueba y asienta el texto

completo de esta Constitución, será firmada por el Presidente y los Secretarios

de la Convención Nacional Constituyente. La firmarán también los Convencionales

que deseen hacerlo de modo que se forme un solo documento cuya custodia será

confiada al Poder Legislativo.

 Queda sancionada esta Constitución. Dada en el recinto de deliberaciones de la

Convención Nacional Constituyente a los veinte días del mes de junio de mil

novecientos noventa y dos, en la ciudad de la Asunción, Capital de la República

del Paraguay.