Tiene la naturaleza coactiva propia del Estado, que actúa (en cuanto Estado de derecho) a través del ordenamiento jurídico expresado en «leyes escritas» que pretenden sistematizar, coordinar y «racionalizar» los conflictos entre las normas éticas y las normas morales, así como los conflictos entre las diversas normas morales que presiden los grupos distintos que coexisten en un mismo Estado. Lo que no quiere decir que estas leyes escritas y solemnemente promulgadas sean siempre compatibles con las normas morales que ellas coordinan, o con las normas éticas: el Estado de derecho puede seguir siendo un estado inmoral o antiético, y ello, aun cuando las normas jurídicas hayan sido «democráticamente establecidas» o consensuadas por los partidos políticos. {SV 80}