Documento-plataforma fraccional de Fernando Claudín,
acompañado de las «notas críticas» de la redacción de «Nuestra bandera»

La burguesía agraria

Pasando a la burguesía agraria, campesinos ricos propietarios, capitalistas de las sociedades anónimas y otras empresas agrarias, esta clase está en pleno desarrollo. En el período franquista ha crecido considerablemente su peso específico en la economía agraria. Y por tanto en el conjunto de la economía nacional, así como su peso social y político en el país. La característica de esta clase hace que su situación sea muy contradictoria. Por un lado sus intereses coinciden en lo esencial con la orientación esencial de la política del capital monopolista, que es el desarrollo capitalista del campo. Por otro lado, chocan con las supervivencias feudales que traban ese desarrollo capitalista y con aquellos aspectos de la política del capital monopolista que subordinan la agricultura a la gran industria y tratan de acelerar el desarrollo industrial a costa de la agricultura.

La existencia de la dictadura ha facilitado el desarrollo de esta clase, haciendo posible tanto desde el punto de vista económico como político el forzar el desarrollo capitalista de la agricultura. Pero a medida que ha crecido su fuerza económica y social, a medida que su desarrollo chocaba cada vez más con los obstáculos antes indicados, la necesidad de un mayor margen de libertad para defender sus intereses [88] se ha ido haciendo más imperiosa. Por eso, hoy, la acción de esta clase, utilizando los instrumentos de que dispone: hermandades, cooperativas, posiciones en el sistema del capitalismo monopolista de Estado, &c., es, en general, un factor positivo en el proceso de liquidación de la dictadura y de paso a nuevas formas políticas. En la etapa posterior a la liquidación del franquismo, la importancia social y política de esta clase aumentará más aún. Bajo la presión de las fuerzas obreras y democráticas, de las masas campesinas, la burguesía agraria puede llegar a apoyar ciertas medidas de reforma agraria más o menos importantes dirigidas contra el latifundismo, en las que además de los campesinos pobres y medios podría beneficiarse ella misma. También se intensificará su lucha contra los aspectos de la política del capital monopolista, particularmente política de precios, inversiones, comercio exterior, que la perjudique.

En esta medida la burguesía agraria puede jugar, en esa etapa, un cierto papel antifeudal y antimonopolista, pero sin olvidar que al mismo tiempo será uno de los pilares sociales y políticos fundamentales del orden capitalista en el país. El hecho de que la reforma agraria radical se sitúe entre las primeras tareas de un poder antimonopolista dirigido por la clase obrera, hace que el antimonopolismo de esta clase sea más temeroso, más vacilante que el de la pequeña y media burguesía industrial y comercial que pueden beneficiarse grandemente de esa reforma agraria radical, al ampliar ésta el mercado interior.

Toda la experiencia internacional enseña a esta clase que una vez comenzada en esta época una reforma agraria radical, con un poder popular, y sin éste no hay esa reforma agraria, tarda muy poco en afectarla a ella misma. Hay diferencias indudables entre los campesinos ricos de tipo medio y las grandes empresas agrarias capitalistas, anónimas o individuales. Y con esta diferencia podremos maniobrar en determinadas situaciones, pero hay una comunidad de intereses muy grande entre esas diferentes formas de capitalismo agrario. Hay que tener en cuenta, además, la tendencia actual a diferentes formas de asociación capitalista entre los campesinos ricos para hacer sus explotaciones más rentables y disminuir sus desventajas en relación con las empresas capitalistas agrarias más modernas.

Otra cosa son las formas y el contenido de la acción del sistema de capitalismo monopolista estatal en relación con la agricultura (política agraria, instrumentos de regulación e intervención). Entre estas formas y las explotaciones capitalistas agrarias sí pueden existir y existen serias contradicciones. La clase obrera y las nuevas fuerzas democráticas se benefícian hoy ya de la acción política de esas fuerzas en la medida en que debilita la dictadura y contribuye al proceso de cambios políticos. Podrán beneficiarse aún más en la etapa posterior a la liquidación de la dictadura, en la lucha por determinadas reformas democráticas, políticas y económicas, que no representen un peligro directo para los intereses capitalistas de esa clase, sobre todo en la lucha contra los aspectos de la dirección de la agricultura por el capitalismo monopolista que perjudican al capitalismo agrario.

El aprovechamiento de estas posibilidades exige del Partido, tanto en la etapa actual como en la que seguirá a la liquidación del franquismo, una política muy hábil y flexible, que dirija su filo principal contra las supervivencias feudales y contra esa política e instrumentos del capital monopolista, pero no contra la propiedad capitalista agraria. La lucha contra ésta, y primero contra unas formas que contra otras, será actual en la fase más radical de la revolución democrática, en su fase socialista.

 
Nota crítica

F. C. califica de clase «a la burguesía agraria, campesinos ricos propietarios, capitalistas de las sociedades anónimas y otras empresas agrarias». Aquí el empleo del término clase no parece adecuado: Los marxistas, por lo general, entendemos por clase a la burguesía en su conjunto, y distinguimos en el seno de ésta diferentes capas. Ahora bien, dentro de la burguesía ¿cuál es hoy la diferenciación fundamental, a la que prestan los partidos comunistas una especial atención? La diferenciación entre la burguesía monopolista y la burguesía no monopolista. En cambio, en la terminología empleada por F. C., esa diferenciación esencial desaparece: él mete en «una clase» a una serie de sectores burgueses del campo, mezclando juntos grupos de la burguesía monopolista y de la burguesía no monopolista.

¿Se trata de un simple error de metodología, o hay otra cosa? Todo indica que hay otra cosa porque en todo este punto se observa el esfuerzo [89] de F. C. por aminorar las contradicciones entre la burguesía agraria no monopolista y el capital monopolista. Dice incluso que los intereses de esa «clase» «coinciden en lo esencial con la orientación esencial de la política del capital monopolista». Con éstos y otros planteamientos, F. C. desvirtúa la amplitud y la profundidad reales de la oposición que la política franquista, y más en general, la política del capital monopolista, encuentra en el campo.

Pero esta concepción de F. C. es desmentida por la realidad. Precisamente la oposición de los campesinos ricos a la política del capital monopolista se expresa hoy en las protestas de las Hermandades, en los artículos de numerosos periódicos y revistas. Esta contradicción se agudiza de forma clarísima y se convierte en un factor político serio que contribuye hoy a la descomposición del régimen. Y que mañana ayudará a que el frente de la coalición antimonopolista en el campo pueda ser muy amplio y englobar a sectores de la burguesía agraria.

F. C. asegura que la importancia social y política de la burguesía agraria «aumentará más aún» en el momento de la desaparición de la dictadura franquista. Es una opinión discutible. No es propósito nuestro negar el peso de ese sector del campesinado. Pero queremos dejar anotada esta propensión de F. C. (incluso hablando de un futuro hipotético) a subrayar y exagerar el peso de los sectores burgueses en la correlación de fuerzas. Parece ignorar en cambio que, en unas condiciones de libertades democráticas, los sectores del campo cuyo peso político va a aumentar de verdad, serán los obreros agrícolas y la gran masa de los campesinos pobres y medios.

F. C. escribe que con las diferencias entre los campesinos ricos medios y las empresas monopolistas «podremos maniobrar en determinadas situaciones». Esta expresión nos recuerda viejas formulaciones sectarias desechadas desde hace tiempo en nuestro Partido. La política de alianzas del Partido no estriba en «maniobrar» con estos grupos contra otros. Consiste en sacar a flote, en poner en evidencia coincidencias objetivas que existen: en ese caso concreto, en la lucha contra los latifundios y el capital monopolista. Y el deber del Partido es tomar en sus manos los problemas que angustian o afectan a todas clases y capas antifeudales y antimonopolistas de la sociedad; en elaborar, ante los grandes problemas del país, las soluciones constructivas capaces de dar satisfacción a esas fuerzas; y en forjar así las bases de una verdadera coalición fundada en un programa común, en una coincidencia real de intereses fundamentales.