Lázaro Rosso [Fabra]
¿Universidad «desarrollista» o Universidad democrática?

Tal es el dilema con que se enfrentan los universitarios españoles al empezar el curso 1965-1966.

El verano ha sido pródigo en iniciativas políticas del gobierno. A primera vista, parecen medidas de tipo coyuntural, dictadas por el propósito a corto plazo de frenar un movimiento –el universitario– que amenazaba con desbordarle. Creo, sin embargo, que una mera visión «coyuntural» es insuficiente, peligrosamente insuficiente. La realidad es que, quizá por primera vez en muchos años, nos hallamos ante una política universitaria franquista coherente y concebida a largo plazo. La coherencia de esta política puede resumirse en una palabra: «desarrollismo». Es decir, inserción de la Universidad en una perspectiva de desarrollo neocapitalista, tecnocratizante, apolítico. Las premisas de la operación son, por un lado, una cierta modernización de las estructuras universitarias y, por otro lado, la eliminación de los focos de resistencia política, la neutralización de profesores y estudiantes. Claro está que en la operación entran, también, elementos coyunturales –por ejemplo, ciertos elementos de la represión contra el movimiento estudiantil.

Pero incluso estas medidas se inscriben en una concepción a largo plazo, desarrollista. La demostración más clara es la estructura del nuevo SEU.

En efecto, cuando los estudiantes hicieron saltar en pedazos, el curso pasado, el viejo SEU, el gobierno pasó por unos momentos de perplejidad. Vaciló entre una política de represión pura y una política de neutralización del movimiento estudiantil –es decir, de aceptación parcial de sus reivindicaciones. En un primer momento manejó ambas armas, pero sin emplear ninguna de ellas a fondo. Finalmente, promulgó el decreto de reestructuración del SEU, decreto en el que confluyen elementos de ambas políticas pero en el que predomina ya una concepción a largo plazo. No vamos a entrar aquí en un análisis detallado de sus características. En esencia consiste en una aceptación del principio electivo, pero eliminando sus implicaciones democráticas. Distingue dos esferas: la académica (apuntes, horarios, asignaturas, &c.) y la extraacadémica (actividades culturales, deportivas, políticas, en sentido amplio), y reduce la aplicación del principio electivo a la primera. La segunda sigue controlada directamente por el gobierno a través de la comisaría del SEU. Reduce, además, el número de consejeros elegidos (pasan de diez [108] a dos por curso) y establece una serie de limitaciones a la elegibilidad (buen expediente académico y disciplinario, &c.), cuya particularización queda sometida, además, al arbitrio de la administración, es decir a la potestad reglamentaria de ésta, sin intervención alguna de los estudiantes. El ministro de Educación, Lora Tamayo, resumió bastante bien la intención del decreto en el discurso pronunciado en la inauguración de curso, en Sevilla: «Las reuniones ahora pueden desarrollarse con plena libertad –dijo– pero en el ambiente recogido de una «mesa redonda», más adecuada para una seria y eficaz actuación». «... la situación de estudiante –complementó– es meramente de tránsito y no define por sí misma otra personalidad que la que le confiere su pertenencia como alumno al centro docente donde cursa sus estudios. Desmembrado de la comunidad universitaria no tiene otra representación que la que, por su edad, le corresponda como ciudadano y es obvio que su actuación como tal estudiante no puede exceder de la que le es propia en el marco de la función universitaria a la que figura adscrito». Dicho de otra manera: el estudiante a sus libros. Nada de política. Y en el área de «sus libros», un mínimo de libertad de elección, apariencia de una verdadera libertad y base posible, además, de un futuro consentimiento a los poderes constituidos –o de una neutralización política, por lo menos.

Las demás medidas del gobierno constituyen una combinación de violencia pura y simple, de corrupción y de reestructuración «desarrollista», pero todas ellas inscritas en el mismo contexto. Son, en esencia, las siguientes: a) Decapitación radical de un primer brote activista entre los catedráticos y, sobre todo, de un primer intento serio de acción unida de los dos sectores, el docente y el estudiantil. La expulsión de los catedráticos López Aranguren, Tierno Galván y García Calvo y la expulsión temporal de Aguilar Navarro y Montero Díaz ha sorprendido a muchos por su violencia. Vista en el contexto del «desarrollismo» la violencia es, sin embargo, perfectamente explicable. Constituye, al mismo tiempo, una prueba de fuerza, un intento de saber sin equívocos hasta dónde llega el vigor de la oposición entre los catedráticos, es decir, un intento de saber hasta dónde puede ir en esta primera etapa y qué métodos pueden utilizarse para neutralizar este elemento de resistencia; b) Mantenimiento de Lora Tamayo en el Ministerio de Educación. Si algún ministro fracasó radicalmente en su gestión, el año pasado, fue éste. Todo el mundo le consideraba condenado a corto plazo. Su proyecto de reestructuración de las Facultades universitarias era rechazado por todos. Sin embargo el Opus ha impuesto su permanencia en el cargo y ha hecho aprobar su proyecto de ley. Es decir, le ha otorgado un voto de confianza para el futuro inmediato, signo de continuidad de una política; c) Adopción de una serie de medidas claramente policiacas en la Universidad, esencialmente concebidas para luchar contra los estudiantes: facultades a los rectores para abrir expedientes a los estudiantes rebeldes, posibilidad de deportación de éstos a otras universidades, regulación de la prensa estudiantil, prohibición de reuniones de cámaras y de asambleas, prohibición de la asistencia a clase de los alumnos libres, amenaza de pasar a la condición de libre a todos los estudiantes que no voten en las elecciones previstas para poner en marcha el nuevo SEU. Y, junto a esto, matriculación masiva de policías en las diversas facultades, ingreso de bedeles-policía nombramiento de autoridades académicas especialmente adictas a la línea dura (en Barcelona, por ejemplo, han sido nombrados rector y vicerrector, respectivamente, los doctores García Valdecasas, de Medicina, y Fenech, de Derecho, verdaderos gángsters de la vida universitaria).

Es decir, una serie de medidas que tienden a decapitar radicalmente los intentos de institucionalización democrática en la Universidad y a meter a los estudiantes, sea como sea, en el nuevo SEU.

Junto a ellas, el gobierno ha adoptado medidas claramente sobornadoras. Ha concedido a los catedráticos el coeficiente más elevado –5’5– para la elevación de los sueldos y ha aprobado un proyecto de reestructuración de las Facultades –el citado proyecto Lora Tamayo. Un poco más atrás, Tamayo– que no resuelve los problemas de fondo pero crea nuevos intereses –establecimiento de departamentos, del cargo de profesor agregado, &c., y se presenta a los ojos de los sectores menos politizados, más técnicos –o tecnocráticos– como el primer paso de una verdadera solución. Se trata, en definitiva, de insertar a la Universidad en el marco de un «desarrollismo» tecnocrático, despolitizado. El gobierno sabe que esta perspectiva no es precisamente la de los sectores más dinámicos de la Universidad y toma medidas para quebrar las resistencias que, indudablemente, se manifestarán. Al mismo tiempo, introduce elementos de división para ganarse un sector y oponerlo al otro, es decir, para reducir la lucha al plano exclusivamente universitario y presentarse como el defensor [109] de los intereses verdaderamente universitarios, científicos, frente a los intereses exclusivamente políticos.

Esta es, a nuestro entender, la línea del gobierno. Parece claro, entonces, que la respuesta tampoco puede ser «coyuntural» y mucho menos aún «sectorial». Es decir, estamos ante una línea global. Y la respuesta ha de serlo también.

Concretamente: se trata de apoyarse en los puntos fuertes del movimiento universitario democrático, con una respuesta que sea, a la vez respuesta y alternativa democrática, antidesarollista.

En el momento de escribir estas líneas, el curso acaba de comenzar. En el sector antifranquista asistimos a algunas vacilaciones –especialmente entre catedráticos y profesores– pero es indudable que hay una conciencia bastante clara de las dimensiones de la lucha.

Los estudiantes –en algunos distritos, por lo menos– plantean la acción en términos de reforzamiento de las posiciones adquiridas el curso pasado, de institucionalizacion de los órganos ya creados en la práctica, y de oposición total al nuevo SEU. La línea es muy coherente, la más coherente posible. Ahora bien, ya de entrada se plantean algunos problemas tácticos importantes. A nuestro entender, el objetivo esencial en esta primera etapa consiste en imposibilitar la puesta en marcha del nuevo SEU, es decir, asegurar el boicot de las elecciones oficiales. Hay varias vías de acción posibles, en cuyo análisis no entraremos de momento por razones obvias. Lo esencial no es, sin embargo, la lucha puramente defensiva contra el nuevo SEU sino la creación de un vacío institucional que permita el planteamiento de una alternativa democrática en la práctica. De aquí la importancia de la elaboración, a escala de todos los distritos, de una verdadera alternativa (estatutos, órganos, departamentos, &c.) y de su puesta en marcha.

Al mismo tiempo, se trata de reforzar al máximo la colaboración entre estudiantes, catedráticos y profesores no numerarios, es decir, presentar un frente unido, global, frente al ataque global. Esto es tanto más necesario cuanto que las sanciones contra los catedráticos madrileños tienden, precisamente, a impedirlo, a perpetuar las distancias tradicionales entre los diversos sectores universitarios. Es cierto que subsisten obstáculos serios. La actitud de los catedráticos ante la expulsión de sus compañeros ha sido vacilante. Ha habido algunas actitudes radicales, inequívocas –la dimisión del doctor Valverde, de la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona–, y otras menos espectaculares pero igualmente serias –tomas de posición de algunos catedráticos en las clases inaugurales, firma de escritos de protesta, tomas de posición colectivas (como la de la Facultad de Derecho de Oviedo), &c. En general, sin embargo, han predominado las actitudes de pasividad, de vacilación o de abstención pura y simple. Entre el profesorado no numerario, las diferencias son aún más notables. Por un lado hay núcleos, extremadamente sensibilizados y activos, que sirven de puente muy útil para los contactos entre profesores y estudiantes. La mayoría, sin embargo, son víctimas de la precariedad de su situación, productos del feudalismo de las cátedras o del condicionamiento personal de su dedicación universitaria –cuando hay dedicación. Ahora bien, la situación de este profesorado es tan precaria –institucional y económicamente– y la ley de reestructuración de las Facultades la ignora hasta tal punto que no exageramos si vemos en este estrato un centro potencial de serias resistencias al «desarrollismo». El gobierno lo sabe y se apresta a aprovechar la escasa defensa institucional de este sector del profesorado para eliminar sus representantes más activos.

El problema es, pues, global. Insistimos en ello. E insistimos en la necesidad de una respuesta que también lo sea. Global no sólo en el sentido de unitaria, de general, sino también en el sentido de respuesta alternativa. No es posible quedarse en la pura defensa de unas estructuras que a nadie gustan. El régimen propone cambios. Y hay que luchar contra ellos en nombre de otros cambios, de una alternativa al desarrollismo. Esta es, quizá, la principal tarea del movimiento universitario: elaborar teóricamente y empezar a institucionalizar prácticamente una alternativa democrática al desarrollismo. La elaboración teórica y práctica de esta alternativa pasa, esencialmente, por el momento sindical, pero tiene que ir más allá, para ser realmente efectiva. Tiene que insertarse en una visión global de la problemática española, de sus posibilidades de desarrollo; tiene que responder al ataque directo del franquismo pero debe pensar ya en trascenderle.

Lazaro Rosso